20240605

Euskadi ha registrado en mayo 1.019.213 afiliados a la Seguridad Social, un nuevo récord, gracias a contabilizar 5.597 cotizantes más que en el mes anterior (0,54%), y 16.627 más que hace un año (+1’66%). En cuanto al paro registrado en las oficinas de Lanbide, los datos de mayo indican que hay en Euskadi un total de 106.422 desempleados, 3.131 menos que el mes anterior, y 853 menos que hace un año (-0,8%). El responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, ha calificado los datos de “positivos, porque evidencian que en materia de empleo y afiliación se mantiene en lo que va de 2024 un vigor suficiente del mercado laboral que se traduce en estas buenas noticias". “De hecho – prosigue Pablo Martín- estamos ante un nuevo récord de afiliados a la Seguridad Social en Euskadi, a lo que se añade que, respecto al número de parados registrados en las oficinas de Lanbide, los poco más de 106.000 desempleados suponen la cifra más baja para un mes de mayo desde antes de la crisis de 2008”.  Además, el responsable de Economía de Confebask destaca que, “con relación al mes anterior, el paro ha bajado de manera importante- en más de 3.000 personas- y lo ha hecho en todos los sectores de actividad”. Así las cosas, y preguntado por lo que queda de 2024, Pablo Martín ha manifestado que, “previsiblemente, va a volver a ser un nuevo año de aumento del empleo y de reducción del paro en línea con nuestras previsiones, con lo que creemos que seguirán las buenas noticias". Ver en Confebask.  

Fue en mayo de 2023 cuando Euskadi superó por primera vez la barrera del millón de cotizantes, después de una fuerte recuperación del mercado laboral. Un año después se mantiene el dinamismo. No solo no se ha perdido esa cota –salvo puntualmente en la temporada estival– sino que se han conquistado nuevos hitos. Así, el empleo encadenó este pasado mayo otro récord histórico, el segundo consecutivo tras el de abril. La Seguridad Social incorporó 5.497 afiliados en el mes, con lo que terminó con 1.019.213. El incremento de cotizantes se sitúa en línea con el año anterior. La hostelería volvió a ejercer de motor del mercado laboral como ocurrió en marzo y abril. Es más, este sector generó uno de cada cuatro puestos de trabajo al sumar 1.125 nuevos cotizantes en el mes hasta alcanzar un total 72.751 afiliados a la Seguridad Social. Esta vez la creación de empleo en Euskadi vino acompañada por una fuerte reducción del paro, que descendió en 3.131 personas hasta cerrar el mes con 106.422 desempleados, el nivel más bajo desde mayo de 2008. El desempleo bajó en todos los sectores, salvo en el colectivo de personas sin empleo anterior, aunque lo hizo especialmente en el ámbito de los servicios, donde salieron de las listas de Lanbide 2.826 personas. Si se analiza lo ocurrido en los últimos doce meses se observa un aumento de 16.627 cotizantes en Euskadi, lo que representa un 1,7%. Se trata de la quinta tasa más baja de toda España –solo algo mejor que la de Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria y Navarra–, donde la media fue del 2,4%. En cuanto al paro, la reducción desde mayo de 2023 es de 853 personas, un 0,8%. La patronal Confebask destacó que son «datos positivos» ya que el empleo sigue marcando máximos. 

La mano de obra extranjera se ha convertido en el principal motor del crecimiento del mercado laboral tanto en Gipuzkoa, Euskadi como en el conjunto del Estado. Nuestro territorio ha cerrado el pasado mes de mayo con un nuevo récord de afiliación, el tercero consecutivo. Así, con los datos ofrecidos ayer por la Seguridad Social, Gipuzkoa ha añadido otras 1.392 personas, con lo que el total de cotizantes llega ya a las 339.511. Nunca hasta ahora se había acercado tanto a la histórica cifra de los 340.000. El buen comportamiento de la hostelería está detrás de estas buenas cifras al copar más de un tercio (453) de los 1.392 nuevos empleos creados en mayo en Gipuzkoa y registrar también un récord de afiliación desde que existen registros. A la espera de conocer los datos de afiliación extranjera a mediados de mes, desde la Asociación Hostelería Gipuzkoa avanzan que la mayoría de estos nuevos empleos los ocupan trabajadores foráneos. «Así es. Mayo todavía es un mes estable y se encuentra fuera del periodo estival, donde sí habrá mucho estudiante que se incorpore a la hostelería de forma temporal, aunque aún no disponemos de datos oficiales». Los registros de los que sí se disponen a día de hoy son los de afiliación extranjera de abril, que alcanzó los 32.394 cotizantes, a tan solo 23 del récord logrado en septiembre del año pasado. La hostelería es, precisamente, el sector que copa el mayor número de ocupados foráneos en Gipuzkoa, con 5.517, lo que supone uno de cada cuatro puestos de trabajo en este sector. Le sigue la industria, con 3.041 afiliados, y el comercio y reparación de vehículos, con 3.017. De regreso de nuevo a los datos referentes a mayo ofrecidos ayer por la Seguridad Social, no solo la hostelería ha tirado del mercado laboral, también aportan las actividades administrativas y servicios auxiliares, al añadir 271 cotizantes, así como la educación (193), y ya en menor medida, el comercio (111) y la industria (98).

El mercado laboral sigue creciendo con mucha fuerza, aunque impulsado fundamentalmente por dos motores: la hostelería y el sector público. El empleo sumó 220.289 afiliados a la Seguridad Social en mayo con respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 21.321.794 ocupados en promedio, al tiempo que el número de parados se ha reducido en 58.650 desempleados, hasta alcanzar los 2.607.850 parados registrados en los servicios públicos. Con ello, el número de trabajadores alcanza el máximo en la serie estadística. Sin embargo, no es todo el mercado laboral el que crece con fuerza, ya que la mitad de los nuevos puestos de trabajo en lo que va de año se sustentan sobre la hostelería, al tiempo que la educación, la sanidad y los servicios sociales, donde la mayor parte de los sueldos es público, lideran la creación de empleo respecto a mayo del año pasado. El mercado laboral ganó 220.289 afiliados a la Seguridad Social entre abril y mayo, hasta alcanzar los 21.321.794 trabajadores en el quinto mes del año, de acuerdo con los datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este avance se sustentó fundamentalmente sobre la hostelería, que ha sumado 79.686 puestos de trabajo entre abril y mayo. Esto es, uno de cada cuatro nuevos empleos. Aunque es habitual que la hostelería lidere la creación de empleo en primavera, resulta muy llamativo que este avance no solo se mantenga sino que se acelere una vez agotado el efecto rebote tras la pandemia, con el empleo turístico ya en máximos, y dos años después de la reforma laboral que potenció la figura de los contratos fijos indefinidos, que debería haber reducido la estacionalidad en el sector y, por lo tanto, limitado la creación de empleo estos meses. 

Euskadi es la segunda comunidad española en generar la mayor cantidad de empleo dentro de la industria eólica. Destaca, incluso, en medio de un escenario en el que el ecosistema de parques crece de una manera lenta, con sólo cinco complejos de aerogeneradores de gran envergadura, el último de ellos de hace casi dos décadas. Las principales empresas del sector generan alrededor de 5.000 puestos de trabajo directos en Euskadi. Si se incluye su actividad en el exterior, el impacto económico es mucho mayor. En este sentido, es la industria con mayor fuerza, en comparación con la fotovoltaica, que emplea alrededor de 2.000 personas. Aun así, sigue siendo la cuarta comunidad autónoma con menor capacidad instalada, vía generadores. Sin embargo, esta posición contrasta con la fuerza de las compañías de Euskadi. «El principal potencial de estas empresas se encuentra en su presencia global. Aunque sean empresas vascas con sede en Euskadi, venden sus productos y sistemas a fabricantes de aerogeneradores en todo el mundo. No dependen ni del mercado vasco ni del mercado nacional español», explica José Ignacio Hormaeche, director general del Cluster de Energía del País Vasco. «Además, son mayoritariamente empresas industriales con alta capacidad tecnológica y de innovación que han sabido adaptarse y dar respuesta a las demandas del mercado eólico», afirma. Aunque la eólica esté en la cabecera, junto al resto de producción de energía renovable, como la fotovoltaica, hidroeléctrica, biomasa, incluso la eléctrica. Euskadi suma en total un total de 500 MW de potencia. Y la tendencia va en aumento.

Gipuzkoa registra la tercera solicitud administrativa en dos semanas para crear un parque eólico. En esta ocasión, se trata de la firma Green Capital, que proyecta el parque Jarindo, con cuatro aerogeneradores que afectarían a los municipios guipuzcoanos de Eskoriatza y Leintz-Gatzaga y a los alaveses de Aramaio y Legutio, con una potencia bruta instalada de 40 megavatios. En esa zona, la noruega Statkraft también proyecta el parque de Itsaraz, ya en proceso de tramitación, que afecta a Eskoriatza y Aramaio. Hace dos semanas, fueron Arena Power y Energy Power quienes plantearon sendos proyectos de parque eólico en la zona de Eibar y Elgeta y Bergara, en el primer caso, y Hernani, en el segundo. Un boom debido a la necesidad de energía renovable que reclama la industria vasca y la apuesta de Euskadi a través de la nueva Ley de Cambio Climático, aunque los parques eólicos siguen cosechando alegaciones de municipios afectados y protestas de determinados colectivos ecologistas. Green Capital ha cumplimentado el primer trámite, que consiste en la solicitud de la autorización administrativa previa que abre un plazo para que las personas físicas o jurídicas que tengan interés en impulsar un parque en esta zona presenten las correspondientes solicitudes, en virtud del derecho a la competencia. La muga entre Araba y Gipuzkoa es una de las zonas que más opciones ofrece para levantar parques eólicos. De hecho, ahí se hallan los únicos molinos de viento en funcionamiento en Gipuzkoa, los de Elguea-Urkilla en manos de Iberdrola. La noruega Statkfraft, plantea otro parque eólico, el de Itsaraz, con ocho aerogeneradores con una potencia total de 80,6 megavatios.

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, calificó ayer de “transformación radical” el proceso de cambio que se vive en el sistema eléctrico español, que está pasando de un modelo “con grandes plantas de generación ubicadas cerca de los grandes consumidores a otro con miles de parques pequeños y dispersos, y también con una demanda más deslocalizada”. En este nuevo entorno, mucho más desafiante desde el punto de vista del gestor del sistema (REE, integrado en Redeia), pero también repleto de oportunidades económicas, “España debe aprovechar la ventaja competitiva de las renovables para revitalizar nuestra capacidad productiva e industrial”. “Nos encontramos ante una oportunidad sin precedentes en la revolución del modelo industrial y productivo que atraviesa toda Europa. No podemos permitirnos no aprovecharlo”, urgió en la junta de accionistas de la empresa, celebrada ayer en Madrid. España es, recordó Corredor, “el segundo país europeo con más potencia renovable instalada, y eso se traduce en un alivio en la factura de la luz para los ciudadanos y en energía más asequible para nuestra industria”. Los contratos a largo plazo de suministro de energía verde para las empresas “ya son entre un 25% y un 40% más económicos que la media de la UE”. Y los vertidos de energía verde achacables a la saturación o indisponibilidad de la red se mantienen por debajo del 2%, también lejos del promedio continental. La Comisión Europea cree que será necesario duplicar las redes de interconexión entre países en los próximos años. Algo que, en el caso de España, marcha con mucho retraso por el rechazo frontal de Francia a aumentar los cables que les unen a través de los Pirineos. El auge renovable –y, muy especialmente, el de la solar fotovoltaica– ha llevado a la Península Ibérica a sumar ya más de 30 meses consecutivos de saldo exportador de electricidad con el resto de Europa. Una cifra que sería muy superior si las interconexiones se dimensionaran a las necesidades actuales. “Es urgente avanzar en esa vía”, reclamó.

En Euskadi, donde las mujeres representan el 44% de su población activa, solo dos de cada diez puestos en empresas industriales es ocupado por trabajadoras. «Hay que colonizar este espacio para las mujeres», reivindicó ayer la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, durante la jornada Women in Industry organizada por PWN Bilbao (Profesional Women’s Network) en el BEC, al calor de la Bienal de Máquina-Herramienta (BIEMH). La propia cita industrial, que se desarrolla hasta el viernes, sirve de escaparate a esta realidad. «Hay cada vez más mujeres en sectores como el diseño o la organización, pero son minoritarias en mecánica, electrónica... En general, solemos ver que no hay tantas mujeres llamando a nuestras puertas», detalló la responsable de captación y retención de talento en Fagor Automation, Oihane Aizpurua. Lo hizo en un espacio dirigido a captar talento, el Workinn Talent Hubb, donde Lanbide tiene un lugar relevante que recoge más de 200 ofertas de empleo. Desde allí, Marta Cobo recordó que cuentan con programas específicos para impulsar la contratación y formación de mujeres en sectores masculinizados, como Morrokotudak (un apodo que homenajea a las trabajadoras que lavaban el mineral extraído en las minas el pasado siglo). «La realidad es que se acercan más hombres al sector del metal, pero somos un servicio de empleo y en realidad no nos suele llegar tanta gente de este ámbito», razonó, recordando que en la industria la mano de obra suele estar cotizada.

 La investigación contra Indumetal Recycling empezó en 2016. Una fuente anónima alertó a la Guardia Civil y a la Fiscalía de que esta empresa especializada en reciclaje de productos contaminantes incumplía de forma sistemática, en su sede de la localidad vizcaína de Erandio, con sus obligaciones de recuperación de residuos de aparatos electrónicos y vertía las sustancias tóxicas al aire y al río Asua. Aquella denuncia dio inicio a una investigación judicial que ha concluido ahora, ocho años después, con una sentencia firme de conformidad de la Audiencia de Bizkaia. Es decir, los acusados reconocen gran parte de los hechos que se les imputaban a cambio de una reducción de la pena. El proceso judicial se ha extendido tanto en el tiempo (con un parón entre 2020 y julio de 2021) que los cuatro condenados se han visto beneficiados por la atenuante de dilaciones indebidas. Además, los jueces suspenden la ejecución de las penas por un plazo de dos años, siempre y cuando no vuelvan a delinquir. Los hechos probados –que los propios imputados han aceptado– establecen que los responsables de Indumetal, «cada uno en su parcela de responsabilidad», establecieron unos procedimientos «inadecuados» e incumplieron «de forma sistemática» las exigencias legales en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Lo hicieron al menos desde 2013 y hasta el inicio de la investigación en 2016. La empresa –prosigue el fallo judicial– almacenaba «las materias primas y los residuos en lugar y modo inadecuados, al aire libre y sobre una solera agrietada que producía filtraciones, lugar donde igualmente volcaban y rompían los equipos haciéndolos impactar sobre el suelo». Unas prácticas que se realizaban a pesar de que la planta contaba con una nave para la «correcta gestión» de estos residuos. Estos aparatos, con productos altamente contaminantes como el «polvo fluorescentes y el mercurio», se introducían en un aparato que los rompía y los trituraba, lo que provocaba que sus sustancias se liberasen en «el aire, suelo, sedimentos y agua» sin control ni aspiración. Esto provocaba un «riesgo de afección sustancial a la calidad del aire, suelo y agua», de la ría de Asua.

El Gobierno ha decidido acelerar la adopción del nuevo tipo mínimo global del Impuesto de Sociedades para grandes empresas después de que Bruselas amenazara con llevar a España ante la justicia europea por el retraso que acumula en su implementación. En este marco, el Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley de transposición de la directiva comunitaria sobre la materia, dando el pistoletazo de salida a la tramitación parlamentaria de una norma que afectará a 833 multinacionales en España. Así lo detalló ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recordando que el objetivo de la medida es “luchar contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de los beneficios de los grandes grupos multinacionales a lugares de menor fiscalidad” mediante la adopción de la nueva imposición mínima común pactada por 138 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata del llamado Pilar 2, a la espera de un incierto acuerdo sobre el Pilar 1, que implicaría el reparto de la recaudación de las multinacionales digitales entre aquellos territorios en los que operan sin presencia física. “Se trata de avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo, a ser posible armonizado, y basado en la idea, que siempre ha defendido este Gobierno, de que quien más gana, más debe contribuir al conjunto de la sociedad”, reivindicó la vicepresidenta. El nuevo tipo mínimo global del 15% sobre el resultado contable ajustado afectará a las multinacionales y grupos empresariales de gran magnitud, aquellos con un importe neto de cifra de negocio de, al menos, 750 millones de euros anuales, según los estados financieros consolidados de su matriz en, al menos, dos de los últimos cuatro ejercicios, a través de un nuevo tributo complementario al de Sociedades. En el caso de España, detalló la responsable de Hacienda, quedarán sujetos al nuevo gravamen un total de 126 grupos con matriz española y otras 707 multinacionales de matriz extranjera pero con filiales en el país.

Entrevista con Andrés Rodríguez-Pose, catedrático Princesa de Asturias en Geografía Económica en la London School of Economics, donde dirige el Centro Cañada Blanch, y es asesor habitual de organismos internacionales como la Comisión Europea. Estudioso del fenómeno del populismo, en los últimos años se ha especializado en innovación, tema que centró un foro en Valencia este mes, en el que advirtió de que “Europa está perdiendo el tren...La innovación se hace en grandes y pequeñas empresas, que muchas veces innovan solo una vez. En la Unión Europa, 27 de 270 regiones concentran el 10% de la inversión en I+D. La inversión media en Europa es del 2,1% del PIB y en España, el 1,4%. Pues bien, la innovación aún está más concentrada, en polos como el sur de Alemania, Países Bajos, la región de París o las grandes capitales nórdicas. ¿Y en España? En Madrid, Barcelona y Valencia, pero por intensidad el principal polo es el País Vasco...Europa está perdiendo el tren de la innovación y la competitividad frente a Estados Unidos y China. Europa tiene un problema similar al de España pero en un sentido más amplio: la competitividad. En 2000, la UE representaba un cuarto del PIB a nivel mundial, ahora un 17%. En Europa tenemos 60 millones de personas que viven en regiones con una renta per cápita inferior en términos reales a la del 2000: están en retroceso. Y 75 millones que viven en regiones que no han crecido: están estancadas. Y las que más crecen, no crecen mucho...No se innova lo suficiente. Se ha invertido más en I+D, pero menos que en Estados Unidos. China nos pasó hace tiempo. Europa hace mucha investigación, publica más en cantidad que Estados Unidos, cosa que no pasaba hace unas décadas, pero estamos innovando menos. El número de patentes, que es una manera imperfecta de medir la innovación, pero es la que tenemos, es prácticamente el mismo que hace 20 años...No estamos haciendo los deberes. Para innovar hay que transformar las ideas en actividad que permita mantener nuestra calidad de vida. Somos la envidia de parte del mundo, porque tenemos la mejor calidad de vida. Pero Europa lleva mucho tiempo jugando peligrosamente, viviendo por encima de sus posibilidades...Tener un estado grande, unificado, como Estados Unidos o China, ayuda. Estamos apostando de manera fragmentada y dividida; apostamos por investigación básica frente a la aplicada o por inversión pública en I+D sin apoyar la inversión privada..."

Entrevista con Fernando Valladares Biólogo e investigador del CSIC. sostiene que «la ciencia se ha quedado corta» en sus estimaciones sobre el cambio climático y que, «aunque para muchos ha sido muy agorera» y anunciaba consecuencias «devastadoras», la realidad es peor de lo esperado. «La ciencia siempre abre un abanico de escenarios y en los últimos dos o tres años hemos transitado por los peores, los más duros, los que no eran tan probables. Por ejemplo, se hablaba de que se superaría el grado y medio de calentamiento en el 2030 como pronto, y lo superamos el año pasado». Él se muestra convencido de que «nuestra civilización se está acercando al colapso». Cuando sucede algo así, añade, «los gobernantes desaparecen, no están a la altura del desafío porque no se atreven a dar pasos y lo que ocurre es que se polariza la sociedad». Surge también «el pensamiento mágico, que es lo que caracteriza a la ultraderecha y que es un pensamiento alejado de la realidad. Si tienen un problema de migración, fuera migrantes; si tienen un problema ecológico, fuera la ecología, y si el problema es el euro, fuera el euro. Aprietan el acelerador para darse el tortazo más rápido contra los límites planetarios». Existen recetas para hacer que el planeta sea más sostenible. «No son difíciles de entender y todos de alguna manera las tenemos en la cabeza». Las recetas para evitar el colapso, asegura el investigador, pasan «por enfriar la economía, hay que meterle mano al modelo económico y esto tiene que hacerse con unas referencias que ya las tenemos escritas. En la declaración de Derechos Humanos se ha añadido hace poco el derecho al medio ambiente limpio y natural. Nosotros mismos nos vamos poniendo los objetivos y esto pasa por un cambio de prioridades en el que la economía tiene que estar subordinada a los derechos humanos y no al revés, que es lo que llevamos haciendo casi un siglo».

El Banco Central Europeo (BCE) rebajará mañana sus tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4,25%. Así lo ha confirmado una larga lista de miembros del Consejo de Gobierno, aunque subrayando que solo sería posible “si no hay sobresaltos”. No los ha habido y, con el recorte de las tasas, el BCE dará el primer paso en el camino de la relajación monetaria. Se trata de una senda que no exploraba desde marzo de 2016, cuando redujo el precio del dinero del 0,05% al 0% en el que permanecería hasta la escalada de los últimos dos años. La tasa de depósito sí se había reducido, aunque también toca remontarse a septiembre de 2019. La decisión del BCE no deja lugar a dudas. Existe consenso en el banco central sobre la capacidad de rebajar ligeramente la presión monetaria sin riesgo de que la inflación, que se acerca al objetivo marcado del 2%, vuelva a despegar. Eso sí, la incertidumbre más allá de mañana es elevadísima. Los miembros del BCE han señalado que esperan que la inflación se mantenga en el entorno actual del 2,4% con posibilidad de algunos baches en el camino, hasta que, ya en 2025, se logre su regreso a la zona del 2%. Con el fin de no alterar ese escenario, estudiarán con detenimiento la evolución de los datos que vayan llegando y tomarán sus decisiones con un alto nivel de confianza, lo que necesariamente provoca que los recortes sean más lentos.

Martes negro para la cotización de la banca europea. Los números rojos se impusieron ayer con contundencia en el sector en vísperas de la reunión que mañana mantendrá el Banco Central Europeo (BCE), en la que el organismo acordará previsiblemente su primera rebaja de tipos de interés en ocho años. Aunque ese recorte será mínimo, de 25 puntos básicos, los inversores reculan posiciones tras estos meses de fuertes subidas en las cotizaciones de estas entidades, siendo las españolas e italianas las más afectadas por la huida de los operadores. Más de un 5% se hundió CaixaBank, una de las más expuestas a los movimientos de los tipos del BCE, seguida de Bankinter y Unicredit, que se dejaron más de un 4% al cierre. Solo teniendo en cuenta los seis bancos del Ibex-35 (Santander, BBVA, Bankinter y Unicaja además de los dos mencionados) la pérdida de capitalización superó los 6.100 millones de euros en una sola jornada. Pocas veces se han visto caídas tan pronunciadas que en algunos casos no solo llegaron de la expectativa del fin de los tipos altos que tanto han beneficiado los márgenes del sector en los últimos años. BBVA, por ejemplo, también se vio lastrado por la victoria de Claudia Sheinbaun en las presidenciales mexicanas, ante el temor de un nuevo impuesto a la banca en el país que supone más de 56% de su resultado atribuido. Algo que, a juicio del mercado podría suponer un reto más para sacar adelante su opa sobre Sabadell, que también cedió un 3,4% ayer con los inversores ajustando posiciones teniendo siempre en el horizonte el canje de acciones propuesto de un título nuevo por cada 4,83 de la entidad catalana, que tras el desplome se mueve en 1,85 euros. Con los movimientos de estos días, la prima inicial del 30% ofrecida por BBVA a los accionistas del Sabadell –que depende de lo que ambas entidades hagan en Bolsa–queda limitada al entorno del 6%. En todo caso, el revolcón en las cotizaciones fue generalizado ayer en todos los parqués europeos.

Las aerolíneas arrecian en su presión para acelerar la producción de combustibles alternativos (SAF). Además de apuntar a los gobiernos por establecer objetivos sin poner a mano los instrumentos, ahora arremeten contra las petroleras, con las que tienen firmados acuerdos de suministro de SAF, porque éstas siguen apostando por los hidrocarburos y casi no promueven las renovables. “La industria del petróleo y el gas apenas contribuye con un 1% a las inversiones globales en renovables y el 60% de estas proceden de cuatro compañías, de manera que miles de empresas se han quedado ausentes de la transición energética”, apunta la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) en un informe presentado esta semana. La entidad que dirige Willie Walsh, ex consejero delegado de IAG –matriz de Iberia y British Airways–, se ampara en datos de la Agencia Internacional de la Energía para lamentar que las petroleras “invierten un exceso de 400.000 millones de dólares cada año, que podrían desviarse a renovables y SAF”. En concreto, la producción de combustibles alternativos para la aviación se triplicará este año, hasta los 1,5 millones de toneladas, o 1.900 millones de litros, pero solo supondrá un 0,53% de la demanda de todo el carburante que usan las aerolíneas. En Europa, el mandato comunitario exige llegar al 6% en 2030 y se espera alcanzar el 65% en 2050, dentro del objetivo de descarbonización en ese año.

El empresario y ejecutivo Francisco José Riberas Mera, presidente de Gestamp Automoción, ha procedido a una reorganización de su holding familiar, Orilla Asset Management, con un cambio en los órganos de administración. La sociedad, que hasta ahora tenía al propio Riberas como administrador único, ha pasado a tener un consejo de administración en el que el directivo ha asumido los cargos de presidente y consejero delegado. Igualmente, ha dado entrada como consejeros de la firma a sus hijos, Patricia, Mónica y Francisco Riberas López. Este último, además, ostentará el puesto de secretario del consejo de administración, según se reflejaba ayer martes en la edición del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). El movimiento corporativo emprendido por Francisco Riberas en su grupo empresarial familiar, según fuentes cercanas al holding, está motivado en la reorganización del family office para homologarlo con los fondos de inversión en ámbitos como las prácticas del buen gobierno corporativo. El directivo, que acaba de cumplir 60 años, ya ha dado entrada a sus hijos en puestos de gestión en algunas participadas del holding. Por ejemplo, Patricia Riberas López es consejera de General Alquiler de Maquinaria, mientras que los tres hijos son miembros del consejo de administración de Cervezas Gran Vía. Orilla Asset Management, antigua Halekulani, es una de las mayores sociedades familiares españolas. Al cierre de 2022, contaba con más de 20 participaciones financieras de dide ferentes sectores como la agricultura, las finanzas, la industria del aceite, la alimentación, la movilidad o los medios de comunicación, entre otros.

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado decidió ayer citar como investigada a Begoña Gómez el próximo 5 de julio a las 10 de la mañana. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 formalizó así la imputación de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las diligencias abiertas por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. La resolución llegó a escasos cinco días de celebrarse las elecciones europeas, el próximo domingo, y ha sacudido una campaña que ya se estaba moviendo en clave exclusivamente nacional. Peinado dio el paso de llamar a Begoña Gómez tras recibir el aval del tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que vio el recurso de la Fiscalía para archivar la causa. Una resolución conocida la semana pasada que no solo rechazó la petición del Ministerio Público, sino que apreció indicios delictivos para seguir adelante con las diligencias de investigación abiertas por el juez. El respaldo de los tres magistrados del tribunal de apelación a Peinado se ciñó, eso sí, en la necesidad de que éste aclare la relevancia penal de unos hechos concretos: las relaciones empresariales entre Gómez, en su condición de consultora, y Juan Carlos Barrabés, contratista de la administración pública. Horas después de conocerse la decisión, el presidente del Gobierno hizo pública una carta en la que acusa al juez de querer «interferir en el resultado electoral del próximo domingo» y vuelve a señalar a Feijóo y Abascal por la difusión de «bulos y mentiras».