20240410

ELA y UGT rechazaron ayer el acuerdo alcanzado entre LAB y las patronales Adegi y Arotzgi (asociación de carpinteros de Gipuzkoa) para el nuevo convenio de la industria de la Madera de Gipuzkoa. ELA, segundo sindicato en el sector con un 37,5% de representación, recordó que el último convenio territorial de este colectivo data de 2001 y terminó su vigencia en 2003, año en el cual se realizó la última revisión salarial. Fue el pasado 19 de marzo cuando se constituyó la mesa negociadora de la industria de la madera y las patronales «hicieron entrega de su propuesta, el mismo día de la composición de mesa y sin ni siquiera haber analizado las plataformas sindicales». Ayer, en la primera reunión de negociación, LAB y las patronales Adegi y Arotzgi llegaron a un acuerdo que para ELA no es fruto de «una negociación real» y que «no garantiza la aplicación de lo firmado». «Las subidas en salarios reales son 0% y la reducción de la jornada es escasa teniendo en cuenta la jornada elevada que recoge el convenio», subrayó el sindicato. Por su parte, UGT calificó de «insuficiente» el preacuerdo que, además, «empobrece» a los trabajadores. El sindicato indicó que «tras más de 20 años sin convenio se trata de una propuesta pésima que lejos de dignificar el sector, perpetúa la precariedad de los trabajadores». En este sentido, criticó que «la oferta salarial no garantiza el poder adquisitivo, apenas reduce la jornada y deja atrás mejoras en materias tan importantes como el complemento por incapacidad temporal tanto para los accidentes laborales como para las enfermedades profesionales».

El salario medio de los trabajadores extranjeros en Euskadi es de media un 45,3% inferior al de las personas autóctonas o locales. En otras palabras, que los migrantes que encuentran empleo en el País Vasco ganan la mitad que cualquier vasco. Esta es una de las cifras que recoge el informe presentado ayer por el sindicato ELA para lanzar su campaña contra el racismo en el trabajo y para frenar la discriminación. Una campaña bajo el lema ‘Guztion prekaritatea borrokatu. Hacia un sindicalismo antirracista’, para activar más de 1.500 secciones sindicales en la lucha contra estas lacras sociales. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y la responsable de Acción Social de la central abertzale, Leire Gallego, presentaron ayer la campaña y ofrecieron más cifras ilustrativas de lo que consideraron como «una realidad muy discriminatoria». El sindicato detalló que los datos de empleo, por ejemplo, son «muy graves» y las personas migrantes sufren «en mucha mayor medida la precariedad». En relación a la temporalidad, si la media general en el País Vasco es del 21%, en el caso de las personas migradas esta tasa aumenta hasta el 26,4% en la Comunidad Autónoma Vasca y al 57% en Navarra. En la comunidad foral, de hecho, la cifra de afiliación extranjera es más alta y en zonas como la Ribera, donde se trabaja mucho en el campo, el 20% de la afiliación son de nacionalidad extranjera.

¿Cuáles son y por qué las ciudades más inteligentes y sostenibles del mundo? El Smart City Index 2024 de IMD, publica su quinta edición donde Zúrich (Suiza) vuelve a liderar este ránking como en sus cuatro ediciones anteriores. Le siguen Oslo (Noruega), también en la segunda posición desde el inicio de la clasificación, y Canberra (Australia), que se cuela por primera vez en el top 3. Las ciudades europeas y asiáticas ocupan las primeras posiciones de la lista de este ránking que elabora el centro de Competitividad Mundial del IMD en colaboración con la Organización Mundial de Ciudades Inteligentes y Sostenibles (WeGO) y que se ha convertido en referencia a nivel mundial para evaluar a las ciudades más inteligentes y sostenibles del mundo. Este año ha analizado 142 urbes en base a varios indicadores económicos y tecnológicos, y a través una encuesta a sus ciudadanos sobre aspectos de salud y seguridad, movilidad, inclusividad, actividades, oportunidades y gobernanza. ¿Qué tienen en común las ciudades más inteligentes del mundo? Las 10 primeras del ránking combinan tres cualidades: suelen ser pequeñas (Londres es la única excepción en esa lista); están situadas en regiones con un crecimiento económico relativamente rápido y son ciudades en las que se han aplicado estrategias municipales específicas de forma visible. Bilbao (29ª), Madrid (35ª), Zaragoza (57ª) y Barcelona (81ª) repiten como las cuatro únicas ciudades españolas en el ránking. Bilbao repite como la primera de las españolas porque ha experimentado una transformación urbana muy visible con zonas arquitectónicamente modernas, zonas verdes, carriles bici , etcétera. Madrid, segunda de las españolas y la única que sube posiciones, obtiene una buena puntuación en transporte público, zonas verdes y actividades culturales.

Sener refuerza su división Aeroespacial y de Defensa con la compra de la empresa SCR, especializada en sistemas de control remoto para el transporte no tripulado como los drones o los blancos aéreos. La nueva filial ha sido adquirida a la japonesa NTT y la operación está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. SCR fue fundada en 1994 y según destaca Sener en un comunicado ha producido hasta la fecha más de un millar de plataformas y prestado más de 3.500 servicios de campo. Está presente actualmente en 17 países repartidos por Europa, Oriente Medio, Asia y África. Con esta compra Sener da un paso más en el plan de expansión iniciado en 2018 con la adquisición del grupo de comunicaciones Tryo, perteneciente al ámbito aeroespacial. Ha comprado también Taxtic (empresa de infraestructuras con sede en Australia) y Quark (especializada en centros de datos y ubicada en España). «Son operaciones que se enmarcan en una estrategia de crecimiento centrado en la ingeniería y la tecnología», señaló el consejero delegado de la firma vasca, Jorge Sendagorta.

Indra tiene interés en subir su participación actual del 9,5% en ITP Aero una vez que Bain Capital, fondo de private equity estadounidense que controla la mayoría del capital del fabricante de motores de avión, ponga en marcha su salida del accionariado del grupo. El despegue de la aviación y la Guerra de Ucrania, que han disparado el gasto militar en Defensa en Europa, han impulsado el plan estratégico de ITP Aero, cuya previsión de ebitda para el cierre del ejercicio actual es de unos 300 millones de euros, frente a los 105 millones de euros que tenía 2021, cuando Bain acordó su compra a Rolls-Royce, como publicó este medio el 12 de septiembre. Una fórmula para que Indra eleve su cuota en el capital de ITP Aero sería la de actuar de inversor ancla en la futura salida a Bolsa de la compañía, con un descuento sobre el precio.

Las tres haciendas forales han hecho una última evaluación del coste que va a tener para sus arcas una sentencia del Tribunal Supremo que permite a un buen número de pensionistas reducir su carga tributaria en el Impuesto sobre la Renta. En torno a 324.000 contribuyentes vascos, según las últimas estimaciones, tienen derecho a considerar libre de impuestos una parte de la pensión que reciben de la Seguridad Social porque cuando estaban en activo realizaron aportaciones a mutualidades que quedaron extinguidas en 1979. En la declaración de la Renta de 2023, cuyo periodo de liquidación acaba de comenzar, el impacto será de unos 115,5 millones de euros de menor recaudación para las haciendas vascas. Si a ello se suma que los afectados tienen derecho a reclamar los impuestos que pagaron en exceso en los cuatro años aún no prescritos –de 2019 a 2022– el coste total va a superar con creces los 500 millones de euros. Desde que se iniciaron las primeras reclamaciones a finales del año pasado las cifras han crecido de forma progresiva, conforme las haciendas han podido acceder a la base de datos de la Seguridad Social. En la última semana y con ocasión de las declaraciones de Renta del pasado ejercicio, las diputaciones han actualizado las cifras y han dado a conocer por primer vez el coste estimado de una sentencia que se ha revelado trascendente. Así, Bizkaia ha estimado que aplicar el criterio correcto en la liquidación de la Renta de 2023 va a tener un coste fiscal de 60 millones de euros –un dinero que hubiese ingresado de no existir la sentencia–, mientras que Álava ha cifrado el impacto en 15 millones y Gipuzkoa en 40,5.

Las propuestas iniciales del Gobierno en materia de pensiones, cuyo esquema fue trasladado este lunes a empresarios y sindicatos –y que, en parte, endurecen el acceso a las modalidades de jubilación parcial y activa– han despertado las críticas patronales. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, consideró que la intención del Ejecutivo con estas iniciativas es seguir incrementando los costes de las empresas. Por ello, y para concienciar a los trabajadores sobre lo que sus empleadores cotizan por ellos, el líder empresarial aseguró que “las empresas deberían poder pagar a cada uno de los trabajadores el coste salarial real total (incluyendo las cotizaciones que abonan las empresas y los propios empleados y que se detraen de sus retribuciones) y que luego cada uno organizara sus relaciones con la Seguridad Social”. Y añadió: “Esa sería la forma en la que se vería el coste real de los salarios en España”. Así, insistió durante el IV Encuentro del Comercio de CEOE en que en la nómina de cada asalariado, debería “llegar todo el dinero y que sea el trabajador, como se hace con el impuesto de la renta, el que declare qué paga de impuestos o cotizaciones, porque llega un momento en que (el coste laboral total) puede ser casi el doble”. Si bien, en la actualidad los trabajadores ya están en disposición de saber cuánto aportan a la Seguridad, tanto por parte de su empleador con la cuota patronal, como la propia persona trabajadora a través de la comúnmente denominada cuota obrera, ya que obligatoriamente ambas aparecen reflejadas en las nóminas.

La presión fiscal ha subido con intensidad durante el mandato de Pedro Sánchez. Según Eurostat, entre 2018 y 2022, último año del que existen datos comprables, el incremento es de tres puntos del PIB. La cifra es la segunda más elevada de toda la Unión Europea sólo por detrás de los 3,5 puntos porcentuales de Chipre, pero hay otro dato que evidencia todavía más lo relevante del incremento español: es 30 veces superior a la subida registrada en la media de la UE, que es de apenas un 0,1% del PIB. En esta notable diferencia hay dos factores relevante y contrarios que son clave. Por una parte, que durante la crisis derivada de la pandemia la presión fiscal creció con intensidad en España porque el Gobierno rebajó con menos intensidad la carga fiscal y, además, el PIB se desplomó. Y aunque el Producto Interior Bruto se ha recuperado, la carga fiscal también ha seguido repuntando. En cambio, en la mayor parte del resto de países de la UE ocurrió justo lo contrario, esto es, que la suma de impuestos y cotizaciones en relación al PIB se redujo con intensidad o, al menos, subió de un modo mucho más moderado. En Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Holanda o Francia se registraron reducciones en la presión, mientras que en Italia, Alemania, Grecia o Austria los incrementos no superaron, en ningún caso, el punto porcentual. Ese incremento de la presión fiscal en España, además, es un objetivo claro y reconocido por el ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero. Y aunque se han aplicado rebajas fiscales sensibles en impuestos indirectos, el castigo en el IRPF, por ejemplo, es el más elevado de la historia y el esfuerzo en cotizaciones es también muy relevante.

El número de representantes de los trabajadores sube un 8,3% desde el Covid, hasta rozar los 300.000. La mejora del empleo y la reforma laboral inciden en el aumento, que supone más costes para las compañías. España cuenta a cierre de 2023 con 297.874 trabajadores que han sido elegido en los respectivos procesos electorales como representantes sindicales en sus centros de trabajo, lo que supone un 8,3% más de los que había en el país a finales de 2019, justo antes de que irrumpiera la pandemia. Si se comparan con los que había en 2015 (un total de 260.901), el incremento es del 14,2%, según los datos publicados ayer por CCOO. El aumento del número de representantes de los trabajadores es superior al que se ha producido en el número de centros de trabajo en los que ha habido una elección, que a cierre de 2023 se sitúa en 93.530 en España, un 3,2% más que antes de la pandemia. Este número no equivale al número de empresas con representación legal de los trabajadores, ya que se designa una por cada centro de trabajo. Aunque se producen elecciones sindicales en España casi cada día, el sindicato que lidera Unai Sordo procesa los datos cada cuatro años, fecha en la que se producen el grueso de los procesos. A término de 2023, su sindicato es el que cuenta con más representantes (un 35% del total), seguido de UGT (32%) y, a mucha distancia, de USO (4%), CSI-CSIF –mayoritario e nel sector público– (3,7%), ELA (3,1%), FETICO (2,2%) y otros. ¿A qué se debe este aumento de los delegados sindicales? El dinamismo del empleo es el principal responsable, ya que el volumen de las plantillas incide directamente en el número de representantes de los trabajadores que debe tener cada empresa. 

La jubilación parcial se aplica de forma más generalizada en la industria manufacturera. «Es un ataque hacia este sector, que es donde se aplica el contrato relevo», sostienen fuentes del diálogo social. La promesa del Gobierno de impulsar la jubilación parcial y activa para que más trabajadores puedan compaginar el trabajo y la pensión ha caído en saco roto. Así al menos lo denuncian los sindicatos y la patronal después de que el Ministerio de Seguridad Social les haya presentado una propuesta que endurece las condiciones y recorta las pensiones hasta tal punto que lo que conseguirá es que nadie se apunte y desaparezca. Las personas que se acojan a la jubilación parcial tendrán que trabajar todos los días hasta su jubilación completa y no podrán concentrar, como ahora, las jornadas para librar otras. Esta es una de las nuevas obligaciones que pretende implantar el Ejecutivo para la regulación ordinaria que permite adelantar el retiro un máximo de dos años, según se recoge en el documento al que ha tenido acceso este periódico. Operará, por tanto, como una especie de reducción diaria de la jornada, algo que hará mucho menos atractivo este tipo de retiro, puesto que es habitual que los jubilados a tiempo parcial trabajen durante un periodo y descansen otro. Además, este tipo de jubilación será más costosa para las empresas, ya que mejora las condiciones de empleo del trabajador que releva al jubilado, que tendrá una base de cotización de al menos el 75% de la que tiene al que releva, un 10% superior a la actual, ya que ahora no puede ser inferior al 65% del promedio de las bases de cotización correspondientes a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial. A su vez se exige que su contrato indefinido sea a tiempo completo y no amortizable. Por su parte, la cotización del jubilado parcial se mantendrá a tiempo completo y se plantea una cotización «alta» durante los seis años anteriores. 

 El parque eólico marino Vineyard Wind 1, el primero a gran escala de estas características en Estados Unidos y que desarrolla Iberdrola en aguas de Massachusetts, ha sido elegido proyecto del año contra el cambio climático por el Consejo Empresarial Medioambiental (EBC, por sus siglas en inglés) de Nueva Inglaterra, informó ayer la compañía vasca. La instalación, de 806 megavatios (MW), consta de 62 aerogeneradores de más de 800 pies de altura y será la mayor planta de energía renovable de Nueva Inglaterra una vez que esté plenamente operativa. La planta suministrará energía aunos 400.000 hogares y reducirá las emisiones de carbono en más de 1,6 millones de toneladas al año. Además, el proyecto ha creado más de 2.000 puestos de trabajo hasta la fecha y ha aportado 590 millones de dólares (unos 545 millones de euros) a la economía de Massachusetts. El consejero delegado de la filial estadounidense de Iberdrola (Avangrid), Pedro Azagra, se mostró “muy honrado” de recibir este importante galardón, y dio las gracias al Consejo Empresarial Medioambiental “por su colaboración y apoyo en el trabajo conjunto de adopción de medidas urgentes contra el cambio climático”. 

El 1 de abril pasará a la historia como el día en que el mercado eléctrico cruzó un umbral que muchos países europeos habían dejado ya atrás: el precio de la luz caía por primera vez por debajo de cero. Lo hizo por la mínima (un céntimo por kilovatio hora), pero el hito volvió a repetirse poco después por una mezcla de factores: la hidráulica, en máximos; el buen tono de la eólica y la fotovoltaica; y algo de efecto contagio. La situación supone un alivio para los más de ocho millones de consumidores que optan por la tarifa regulada y para quienes tienen un contrato indexado al mercado mayorista, pero también un motivo de preocupación en el sector. Los temores se han disparado: de prolongarse, estos valores mínimos en el mercado mayorista terminarán por desincentivar la inversión en proyectos para completar la transición energética. “Tanto en marzo como en los primeros días de abril, los ingresos medios de las centrales fotovoltaicas están siendo inferiores a sus costes medios. Estos precios van a ralentizar la inversión”, sintetiza Natalia Fabra, catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid. La académica llama a reabrir el debate sobre si el actual sistema marginalista es la mejor forma de fijar el precio de la luz. Los productores de energía fotovoltaica capturaron 10 euros por megavatio hora (MWh) inyectado a la red, frente a los entre 30 y 40 euros que necesitan para empezar a ser rentables, según los datos de Javier Revuelta, analista sénior de Afry. La eólica, calcula, se embolsó 14 euros por MWh, lejos de los entre 40 y 50 que requiere. “Es verdad que estamos hablando de un mes, que lo que importa es el año entero y que a partir de junio esas cifras subirán sustancialmente... Pero hay una cosa clara: los productores ya saben que van a cobrar muy poco durante buena parte del año”, explica. Y señala que “el problema de verdad es que cada vez hay más horas a precio cero o muy bajo y que la demanda no termina de despegar”. “Hasta que el Gobierno no encuentre la manera de hacer económicamente viable el almacenamiento, el problema seguirá ahí. Es urgente”, reclama.

Vuelven los descensos. La rentabilidad de las Letras sufrió un ajuste en la subasta realizada ayer por el Tesoro Público en la que se colocaron 5.231 millones de euros en títulos con vencimientos a seis y doce meses. La cuantía se situó en la parte alta de la horquilla de entre 4.500 y 5.500 millones de euros barajada inicialmente. En términos de retorno, las Letras a doce meses ofrecieron un interés medio del 3,42%, lo que supone un descenso de ocho puntos básicos respecto a la última vez que el Tesoro comercializó esta referencia, en la subasta de marzo, cuando experimentó una fuerte subida que propulsó su rentabilidad. Ahora, vuelve de nuevo a unos niveles más moderados y ligeramente superiores a los marcados en febrero. Lo mismo ocurrió con las Letras a seis meses, que eran hasta la subasta de ayer los títulos de deuda a corto plazo con mayor rentabilidad de entre los comercializados por el Tesoro. En la nueva colocación, el interés se fijó en el 3,62%, también ocho puntos básicos por debajo del retorno de la última subasta. Pero más allá del ajuste recogido ayer, la nueva subasta parece marcar un reinicio de la senda descendente en las rentabilidades de la deuda soberana a corto plazo. Con el panorama sobre los recortes de los tipos de interés mucho más despejado ahora que el Banco Central Europeo (BCE) apunta directamente a junio (ver página 20) como la fecha en la que se iniciará la relajación monetaria, los inversores están dispuestos a aceptar intereses más bajos para hacerse con nueva deuda.

Los autónomos comienzan a remontar después del impacto de una pandemia que obligó a muchos a cerrar sus negocios. Así lo refleja el nuevo barómetro publicado ayer por su principal asociación, ATA, que concluye que el arranque de este año ha sido para el colectivo «mejor de lo esperado». Es más, un tercio de los autónomos (concretamente el 34,5%) reconoce que su facturación ha mejorado en el primer trimestre de 2024, incluso más de un 10% para el 14,2%. Otro 31,4% considera que se ha mantenido y solo un 28% afirma que ha disminuido, un porcentaje bastante inferior al de barómetros anteriores. Así, en enero pasado solo un 23% de los autónomos habían registrado un aumento en su actividad. La percepción negativa, por su parte, disminuye ya que los que indicaban que su negocio había ido a peor era del 35,7% en el primer mes del año. La buena marcha de los negocios se refleja también en los datos que detalló el presidente de ATA, Lorenzo Amor, sobre los beneficios que han obtenido de sus actividades, que han crecido de forma significativa en los últimos años. Más concretamente, el rendimiento neto de más de dos millones de autónomos se ha disparado un 33% en apenas cuatro años. 

La inversión en cuidados y atención a personas mayores y dependientes no ha hecho más que crecer en los últimos años y si se quiere dar respuesta a las necesidades de este colectivo deberá seguir aumentando también durante la próxima legislatura. La conquista de una mayor esperanza de vida debe venir acompañada de la garantía de unos cuidados de calidad en una sociedad con necesidades en aumento. Al mismo tiempo que se atiende a una sociedad envejecida, los esfuerzos en materia social se han fijado en combatir la pobreza. La reforma de la RGI aprobada esta pasada legislatura ha ampliado coberturas y la cuantía del subsidio a las más de 53.000 personas que lo reciben en Euskadi, una cifra al alza que ha obligado a aumentar el presupuesto hasta los 467 millones al año. En definitiva, un gasto social creciente para una sociedad con más necesidades. Una sociedad más envejecida. Una de cada nueve personas que vive en el territorio tiene 75 o más años. Hace dos décadas tan solo el 8% de la población rebasaba esa barrera de edad. Esto establece un nuevo máximo en el índice de envejecimiento del territorio, que escala hasta el 164%, lo que significa que ya se contabilizan 164 guipuzcoanos mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Gipuzkoa no envejecía tanto desde hace 23 años. Cada vez hay más mayores y ocho de cada diez prefieren envejecer en su domicilio, lo que obliga a rediseñar el sistema actual de cuidados.

OpenAI y Meta están a punto de lanzar nuevos modelos de inteligencia artificial que, según afirman, serán capaces de razonar y planificar, pasos clave para lograr una cognición sobrehumana. Esta semana, directivos de OpenAI y Meta han señalado que están preparando el lanzamiento de las próximas versiones de sus grandes modelos de lenguaje, los sistemas que impulsan aplicaciones de IA generativa como ChatGPT. Meta iniciará el lanzamiento de Llama 3 en las próximas semanas, mientras que OpenAI, respaldada por Microsoft, ha indicado que su próximo modelo, que se espera se llame GPT-5, llegará “pronto”. “Estamos trabajando para conseguir que estos modelos no solo hablen, sino que razonen, planifiquen... y tengan memoria”, afirma Joelle Pineau, vicepresidenta de investigación sobre IA de Meta. El director de operaciones de OpenAI, Brad Lightcap, explica a Financial Times que la próxima generación de GPT mostrará avances en la resolución de “problemas difíciles” como el razonamiento. “Vamos a empezar a ver una IA capaz de asumir tareas más complejas de una forma más sofisticada”, afirma. “Creo que apenas estamos empezando a arañar la superficie de la capacidad que tienen estos modelos para razonar”.

Por primera vez un alto tribunal se ha pronunciado sobre la responsabilidad de los países en la lucha contra el cambio climático. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, condenó ayer a Suiza por no tomar medidas suficientes en la lucha contra el cambio climático en una sentencia histórica. Las demandantes: una asociación suiza de mujeres mayores que agrupa a más de 2.500 socias y que elevó la causa a la corte en 2020. En otras dos demandas, igual de particulares, el tribunal rechazó la pretensión de un exalcalde francés y seis jóvenes portugueses de responsabilizar a Francia y a otros 31 países por su inacción frente a la crisis climática. En este caso, una condena podría haber tenido consecuencias vinculantes para esos estados, entre ellos España. Diecisiete magistrados se encargaron de analizar las tres causas que enfrentaban a seis jóvenes portugueses, una asociación de ancianas suizas y un ciudadano francés contra 32 países –los veintisiete que forman parte de la Unión Europea (UE), Reino Unido, Suiza, Noruega, Turquía y Rusia–. Los demandantes denunciaban el incumplimiento de las medidas climáticas a las que se comprometieron estos estados en el Acuerdo de París, firmado en 2015, y criticaban la «inacción» de los gobiernos en materia medioambiental. En la causa de la asociación Swiss Senior Women for Climate Protection (Mujeres Mayores Suizas para la Protección del Clima) contra Suiza –la única que resultó exitosa–, el tribunal considera que existen «algunas lagunas críticas» en el marco regulatorio nacional de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero y que el país «no ha cumplido sus objetivos» a este respecto.