20240619

La patronal se opondrá a reducir la jornada de trabajo de 40 a 38,5 horas este año y a 37,5 horas en 2025, una medida que sostienen les ha venido impuesta por el acuerdo de legislatura entre Sumar y el PSOE. «El problema no son las formas, sino el fondo. Las líneas rojas que estamos dispuestos a pasar es que el Gobierno no me diga cuál es el final. Esto es como que te inviten a jugar un partido pero sabiendo que vas a perder 5-0... y cuidado porque el árbitro va vestido del equipo contrario», denunció ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El dirigente patronal avisó además de que en caso de que el Ministerio de Trabajo no llegue a un acuerdo a este respecto con las empresas, pedirá revertir cualquier modificación de la jornada laboral cuando se produzca un cambio de Gobierno. «Si ellos tienen muy claro cuál es la ley que quieren hacer, que la hagan, pero no estaremos de acuerdo. Y el día que haya un cambio de Gobierno pediremos que se cambie esa ley», advirtió Garamendi. Así, suponiéndose de antemano como los grandes perdedores del partido, la única –y remota– opción de que pudieran sumarse a un acuerdo sería que al menos les dejaran ‘meter un gol’. Y ese tanto en su marcador sería aumentar el número de horas extras que pueden hacer los trabajadores españoles cada año para, así, conseguir una mayor flexibilidad. Esta fue la propuesta que los empresarios pusieron ya encima de la mesa en la negociación que hasta ahora mantenían con los sindicatos y que ha sido un punto de fricción, principalmente con CC OO. «Que esa reducción que puede haber de la jornada se sustituya por horas extraordinarias para nosotros es una línea roja que no podemos aceptar», subrayaron desde la central liderada por Unai Sordo.

La propuesta de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales antes de las vacaciones no gusta a la patronal CEOE ni por la forma ni por el fondo. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, mostró su visible malestar por la premura con la que el Gobierno quiere sacar adelante la medida y ha criticado la manera en que Díaz ha tomado la iniciativa de manera unilateral. «Tiene su aquel que se llame diálogo social al monólogo social», aseguró Garamendi. El Ministerio anunció ayer su intención de acelerar la negociación para la reducción de jornada convocando la mesa tripartita de forma semanal después de que las conversaciones a dos bandas, entre sindicatos y empresarios, no hayan dado lugar a un acuerdo. El presidente de la patronal no ha querido desvelar cuáles son los requisitos o las líneas rojas que CEOE pone encima de la mesa para avanzar en la negociación de la medida, si bien se ha mostrado abierto a abordar temas como la mejora del registro horario o las horas extras, como plantean los sindicatos. «Son temas que hay que mirar y que se puede plantear», señaló. En cualquier caso, el presidente de la patronal ha advertido de que el Ejecutivo, con su planteamiento, no está teniendo en cuenta el impacto que la medida puede tener en los pequeños y medianos empresarios. «Cada vez que se habla del tema laboral se piensa en empresas grandes y se piensa poco en el comercio, en los bares y los barrios, en los autónomos». El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, afirmó que imponer la reducción de la jornada laboral «sin suficiente flexibilidad para las empresas» puede tener «repercusiones en sus costes laborales, en su competitividad y en su dinámica de creación de empleo futuro».

Las empresas industriales que planteen el cierre o la reducción de actividad tendrán que comunicarlo nueve meses antes al Ministerio de Industria, y deberán contratar a una consultora que diseñe un plan para minimizar el impacto en la actividad y el empleo, o para buscar nuevos inversores. Según la información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el Gobierno prepara un mecanismo, inspirado en el que se usó con las plantas de Nissan en Barcelona, con el fin de amortiguar las consecuencias de las deslocalizaciones. En un momento en el que todo el sector europeo está sufriendo problemas de competitividad, España ultima un sistema legal que permita ordenar los procesos de reindustrialización. Así se recogía ya en el anteproyecto de la Ley de Industria que se presentó a finales de 2022, pero el ministerio está volviendo a redactarlo para incluir cambios que contemplan lo sucedido en las crisis de la covid, la energética y la de precios. Antes de que acabe junio, el departamento de Jordi Hereu espera lanzar de nuevo el texto a consulta pública. Esta regulación está pendiente de las alegaciones que haga el Ministerio de Trabajo en un informe. El departamento de Yolanda Díaz tendrá que asegurarse de que la estructura creada es compatible con la legislación laboral, y el texto todavía podría cambiar algo según sus aportaciones. Además, pese al complicado contexto político, Industria está iniciando los contactos para lograr el mayor consenso con los partidos en torno a la futura ley. Las empresas afectadas serán aquellas cuyas decisiones conlleven una pérdida significativa de capacidad industrial y cuando, además, la autoridad competente para tramitar su ERE sea el Estado. Es decir, aquellas que están en más de una comunidad y tienen más empleados y repercusión social. También se incluirán aquellos supuestos en los que estén en juego recursos considerados de primera necesidad o de carácter estratégico.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado un nuevo paso para elevar la indemnización para el trabajador por despido improcedente por encima de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Y lo ha hecho aplicando el convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 24 de la Carta Social Europea. Es decir, teniendo en cuenta una compensación complementaria [para el trabajador] “suficiente tanto para disuadir al empleador [empresario] como que sea proporcional al daño sufrido por la víctima [el trabajador]”. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya sentencia con las premisas que defienden la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, así como los sindicatos UGT y CCOO. De hecho, los tres tienen un informe del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa que pide a España que reforme el despido como dice la Carta Social Europea. Incomprensiblemente, no pueden hacer público este informe hasta el 20 de julio. En todo caso, el tribunal catalán sentencia apoyando la indemnización complementaria en un caso como el siguiente: según la sentencia, un trabajador de la administración sanitaria de Cataluña pidió la excedencia por un año, desde el 6 de mayo de 2022, para poder trabajar en la empresa Comsa Service. El 3 de abril de 2023 el trabajador solicita una prórroga de la excedencia por un año más, que le fue concedida el 17 de abril por la administración autonómica. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene previsto abordar en otoño, después de las vacaciones de verano, con la patronal y los sindicatos el encarecimiento de la indemnización por despido. Después de las discusiones sobre la reducción de la jornada laboral, sin recortar el salario, que están manteniendo ahora. Precisamente, Díaz se ha fijado en el convenio 158 de la OIT y en la Carta Social Europea para subir la compensación al trabajador de forma complementaria, como ya explica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (ver información en esta página). La vicepresidenta también quiere revisar la regulación de las causas objetivas del despido que, en principio, tienen una indemnización de 20 días de salario por año de trabajo, hasta una retribución máxima equivalente a un año. Por ejemplo, Díaz no ve bien que el despido pueda ser procedente, entre otras cosas, cuando la empresa pueda “prever” pérdidas, como figura en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. De la misma manera, la vicepresidenta sostiene que, de antemano, el empresario no puede saber cuánto le va a costar el despido del trabajador que contrata. También es verdad que ya ha empezado a sospechar que no le va ser tan fácil hacer la reforma del despido que quiere. Primero, porque es posible que tenga la oposición de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Y, segundo, porque en estos casos el PNV y Junts, la antigua Convergencia, están más cerca de los empresarios vascos y catalanes, respectivamente, que del Gobierno. 

El Observatorio Vasco de la Vivienda acaba de publicar su informe sobre la evolución de esta actividad en 2023, pero también se ha detenido en analizar lo que sucedió en el conjunto del sector de la construcción en la comunidad autónoma. Este sector, clave en el crecimiento económico, aumentó el 2,1% su aportación a la riqueza del País Vasco pero esta tasa se sitúa siete décimas por debajo de lo que sucedió en la economía del conjunto de España en el mismo periodo. Esa evolución negativa de la construcción vasca en comparación con la media española está en sintonía con lo que sucedió en el PIB, que en Euskadi creció el 1,8% frente al 2,5% en España en 2023. La atonía de la actividad industrial, que es la que siempre marca el elemento diferencial y habitualmente positivo de la economía vasca, es una de las claves para explicar ese retroceso, junto a un diferente peso del actual motor de la demanda interna que es la actividad turística. Los primeros datos de 2024 apuntan a una ligera reactivación de la construcción, pero se mantiene el diferencial negativo con el conjunto de España. Son de nuevo siete décimas menos de crecimiento del sector en el arranque del año en Euskadi y todo apunta a que esa tónica se va a mantener a medio plazo. El informe del Observatorio también se detiene en reflejar la pérdida de peso que la construcción tiene en la economía vasca de manera tendencial. En la actualidad representa el 4,8% de la riqueza que se genera en la comunidad autónoma pero esa tasa ha sufrido un recorte importante en los últimos años. En 2010, incluso después de haberse desatado la crisis del sector inmobiliario, la construcción concentraba el 7,8% del PIB vasco. El número de empresas y autónomos que están dados de alta en este sector también ha seguido una tendencia similar y se ha pasado de 34.648 en 2008 a 19.645 a finales de 2023. Por primera vez se bajó de las 20.000. Lo mismo sucede con el empleo. La construcción vasca ocupa en la actualidad a 56.200 personas pero en 2008, justo en el momento en que se desató la crisis que hundió al sector, había en Euskadi 84.600 empleados vinculados a esta actividad. Junto a ello, las empresas constructoras se quejan de la dificultad que tienen ahora para encontrar especialistas o jefes de obra con experiencia, precisamente porque la crisis de 2008 hizo mucho daño en ese tipo de empleos cualificados.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha presentado el grupo alemán Heildelberg Materials para la planta de Cementos Rezola de Añorga afectará a un total de 56 trabajadores, lo que supone algo más de la mitad de la plantilla, ya que en la cementera donostiarra trabajan 102 personas. Así lo trasladó ayer por la tarde el grupo alemán en la primera reunión del periodo de consultas del ERE con el comité de empresa. Una medida que la compañía anunció el lunes de la semana pasada y que conllevará el cierre del horno donde se produce el clínker, el primer proceso del cemento y el más contaminante, y que conllevará el cese de dos tercios de la actividad de la planta de Añorga. Heidelberg Materials explicó la semana pasada que la producción de clínker es la fase en «la que se genera el 100% de las emisiones de CO2 (carbono) de una fábrica de cemento». El grupo alemán se ha comprometido a implementar un plan de prejubilaciones para 15 personas. Para las otras 41, la empresa propone un programa de recolocación interna para 30 trabajadores y una recolocación externa para los 11 restantes. Para todas las personas afectadas a las que no les interesen las opciones de reubicación interna, la compañía ofrecerá soluciones de recolocaciones externas para no dejar a nadie sin solución de continuidad laboral.

Las empresas y organizaciones socias del Basque Health Cluster (BHC) han incorporado en el último año hasta 1.500 personas a sus plantillas y aportan el 2,5% del PIB vasco, en concreto, más de 2.000 millones, según informó ayer en un comunicado el cluster vasco de biosalud y biociencias. Con estas incorporaciones de personal, suman un total de 11.500 profesionales que se elevan hasta los 16.000 si se incluyen las personas que prestan sus servicios de investigación vinculados a la biosalud y las biociencias de los centros tecnológicos, centros de investigación y universidades de Euskadi. Estos datos fueron dados a conocer ayer con motivo de la celebración del BHC Eguna, jornada de debates entorno a la biosalud y que incluía también la asamblea anual del cluster y la renovación de cargos de la Junta directiva del BHC. En el transcurso de la asamblea anual, la directora del Basque Health Cluster, Idoia Muñoz Lizán, mostró su satisfacción por la buena marcha del cluster vasco de empresas de biosalud y biociencias, tanto en creación de nuevo empleo de calidad, con un perfil marcadamente femenino, como en facturación e inversiones en I+D+i.

Maite Aranzabal asume la presidencia la Fundación Novia Salcedo, dedicada a promover el empleo juvenil, en un momento de intenso debate sobre los salarios de los jóvenes en Euskadi y sobre cómo evitar que se marchen fuera. La economista guipuzcoana considera que una forma de atraerles es a través de las potentes empresas familiares que hay en el País Vasco. Es una realidad que conoce bien porque es hija de Antonio Aranzabal, impulsor del crecimiento de la firma familiar Bombas Itur. Advierte, no obstante, que las nuevas generaciones tienen otros valores y «no quieren vivir solo para trabajar», lo que obliga a adaptarse. Ella –dice– pertenece a una generación acostumbrada a trabajar «de sol a sol» y así lo ha hecho en su trayectoria profesional como alta directiva en empresas como Cortefiel o KA Internacional. "– El debate sobre los salarios de los jóvenes está que arde en Euskadi. El presidente de Kutxabank dijo que eran «extremadamente bajos». ¿Lo comparte?– Lo lógico es que cuando empiezas en un trabajo el salario sea más bajo. Lo importante es que tengas capacidad de ir subiendo y mejorando el sueldo. Quizás este ascenso se ha estancado en los últimos años.– ¿Cree que hay fuga de talento de Euskadi por los bajos salarios?– Tenemos una encuesta reciente que dice que los jóvenes valoran sobre todo el ambiente de trabajo, el salario y desarrollo personal. Puede haber quienes prefieran una experiencia fuera para luego volver. Dicho esto, en Euskadi sí hay cierto problema de arraigo de jóvenes y de empresas que se van porque las compran...Una cosa que Euskadi puede hacer a este respecto es dar a conocer a los jóvenes sus empresas familiares...– Las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores y apuntan como principal causa el desajuste en la formación. ¿Cómo ve este problema? – Creo que es necesario un diagnóstico por parte de las instituciones públicas de hacia dónde se dirige Euskadi y el tipo de perfiles que hacen falta. – Las empresas han puesto en marcha un proyecto para reclutar trabajadores en Latinoamérica. ¿Qué le parece? – Cuando no encuentras el talento lo tendrás que traer de fuera, pero aquí hay mucho por descubrir..."

La estabilidad laboral de los jóvenes ha mejorado en los últimos años gracias a la reforma laboral, que ha propiciado una conversión masiva de contratos temporales en indefinidos, pero todavía tienen salarios más bajos que la media: el sueldo por hora de los menores de 30 años en media equivale al 81,3% del que percibe de media el total de la población en España, por debajo de la media de la Unión Europea (donde esa proporción se sitúa en el 84,7%) y de otros países como Portugal (donde está en el 87,7%). Así lo recoge la Fundación la Caixa a partir de datos de Eurostat en su observatorio Jóvenes, oportunidades y futuro, presentado ayer en Madrid, en el que hacen una radiografía de la situación económica, laboral y social de los jóvenes en el país. Además de tener un salario inferior a la media comunitaria, los jóvenes en España se caracterizan por independizarse mucho más tarde que sus homólogos europeos y por tener su primer hijo –en el caso de las mujeres– a una edad más tardía que el resto de europeos. Resulta paradójico que esos salarios más bajos sean compatibles con una mayor proporción de titulados: «Aunque las cualificaciones tienen un efecto positivo en la empleabilidad, su impacto es limitado, ya que las cualificaciones altas o especializadas a menudo no garantizan una remuneración a la altura de lo esperable, remuneración que en todo caso es inferior a la que se obtiene en los países del norte o el centro de la Unión Europea», recoge el estudio.

Los alumnos vascos se sitúan casi a la cola de España en pensamiento creativo, según la última edición del informe PISA. Con 31,9 puntos de 60, están por debajo de la media de España (32,8) y de la OCDE (32,7) y sólo por delante de Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla. Los estudiantes de Euskadi también obtienen peores resultados que la media en lectura y ciencias; y ligeramente mejores en matemáticas, las otras competencias analizadas. PISA, la prueba educativa más prestigiosa a nivel internacional, está organizado por la OCDE y evalúa las competencias de estudiantes de 15 años de más de 80 países en tres materias troncales (lectura, matemáticas y ciencias) y otra más de tipo «innovador». En esta última edición, celebrada en 2022 y en la que participaron más de 3.000 alumnos vascos, esta competencia ha sido pensamiento creativo. Los datos se han hecho públicos este martes. Es la primera vez que se analiza el pensamiento creativo, por lo que no se puede hacer ninguna comparativa. Para evaluarlo, los estudiantes realizaron cuatro pruebas centradas en «la expresión escrita, la expresión visual, la resolución de problemas sociales y la resolución de problemas científicos». Los resultados, cruzados con una serie de datos y variables, permiten analizar la capacidad de los adolescentes para el pensamiento creativo, entendido éste como la combinación de la imaginación, la fantasía, el pensamiento abstracto y complejo... La nueva ley estatal de educación, la LOMLOE, fija la creatividad como una competencia transversal clave. Preguntado acerca de esta cuestión, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, relativizó ayer los pobres resultados obtenidos por los alumnos de Euskadi. Zupiria señaló, por un lado, que «las diferencias entre estados y comunidades autónomas no son muy grandes». Y, por otro, que «hay multitud de datos que se publican a lo largo del año de diferentes fuentes» cuyo análisis e interpretación son los que «mejor muestran nuestra posición sobre el desarrollo educativo». Entre ellos, la baja tasa de fracaso escolar, el alto porcentaje de titulados universitarios o los «excelentes» datos de la Formación Profesional.

La economía española no podría funcionar sin las pymes: las sociedades de menos de 50 trabajadores concentran más del 50% del empleo y las pequeñas y medianas empresas suponen el 99% del tejido empresarial nacional. Sin embargo, son las grandes empresas –que, al contrario, escasean– las más productivas, pero es difícil en España crecer en tamaño. “En los últimos 20 años las empresas españolas han frenado su dinámica de crecimiento debido, principalmente, a la regulación y a determinados umbrales fiscales y laborales”, señala el informe El reto del tamaño empresarial en España, publicado ayer por el Instituto Español de Analistas. El informe menciona, en concreto, el umbral de los seis millones de euros a partir del cual el fisco cuenta con un sistema de control distinto encomendado a una unidad especial de grandes contribuyentes y la obligación de usar el Sistema de Intercambio de Información (SII) para el IVA, así como las normativas laborales que se empiezan a aplicar cuando la sociedad cuenta con más de 50 trabajadores, por ejemplo la posibilidad de introducir un comité de empresa. Un trabajo de investigación del Banco de España apunta que “el efecto conjunto de las regulaciones da lugar a un menor número de grandes empresas en España, algo que es una constante desde el año 2000 hasta la fecha”. Esta dificultad para ganar músculo provoca un impacto negativo en la productividad,. 

El Tribunal Supremo fijó ayer en una sentencia cuándo empieza a correr el plazo para que los consumidores puedan reclamar los gastos hipotecarios y su dictamen supone un golpe a la banca. Siguiendo la doctrina marcada por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) establece que los cinco años para la prescripción solo comienzan a contar desde que la cláusula que carga todos los gastos en el cliente es declarada abusiva y nula en sentencia firme. Eso desbarata en gran medida los argumentos esgrimidos por las entidades financieras para considerar prescritas las reclamaciones. Habrá que ver ahora su reacción y, en especial, la de Kutxabank, que había suspendido las devoluciones a la espera de que se pronunciase el Supremo sobre esta cuestión. El conflicto sobre los gastos hipotecarios viene de lejos porque ya hace años que se declararon abusivas las cláusulas que los cargaban en su totalidad a los usuarios. De hecho, ya en 2019 entró en vigor una nueva ley hipotecaria que establecía un reparto. El debate en los últimos tiempos se centraba en cuándo empezaba a correr el plazo de cinco años para poder reclamarlos. Los gastos que se pueden recuperar son los de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como el 50% de los notariales. La cantidad ronda los 800 ó 900 euros para un préstamos de 150.000 euros, cifras que pueden elevarse a 1.000 ó 1.500 euros por los intereses legales desde la firma del crédito. Pues bien, por fin el Supremo ha fijado su posición y sigue la línea que le marcó el Tribunal de la UE. La regla general es que los cinco años no empiezan a contar hasta que haya sentencia firme declarando nula la cláusula, «salvo en aquellos casos en que la entidad prestamista pruebe que, en el marco de sus relaciones contractuales, ese concreto consumidor pudo conocer en una fecha anterior que esa estipulación era abusiva».

Soltec, uno de los mayores grupos españoles de energías renovables, registró un beneficio neto de 1,3 millones de euros en el primer trimestre del año, frente a los números rojos de 9,6 millones de euros del mismo periodo de 2023, al tiempo que obtuvo unos ingresos récord de 121 millones, un 58% más, según la información remitida ayer por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La vuelta a los beneficios se produce en pleno proceso de renegociación con la banca para extender el vencimiento de la deuda que tiene Soltec con un grupo de doce entidades. El pasado 31 de mayo se produjo el vencimiento de diversas líneas de financiación que se remontaban a 2018. In extremis, el grupo logró ampliar los vencimientos hasta noviembre. En los últimos días, Soltec ha contratado los servicios de KPMG para renegociar la deuda con la banca, que afecta a prácticamente la totalidad del endeudamiento financiero del grupo, unos 200 millones de euros. También ha fichado a FTI para que le ayude a rediseñar la estructura de negocio del grupo. El grueso de la deuda está concentrada en un conjunto de doce entidades. Además de los grandes bancos españoles, BBVA, Santander, CaixaBank, Bankinter, Sabadell y otras entidades medianas, como Ibercaja, Cajamar, Liberbank, Banco Cooperativo Español y Banca March; en el grupo de entidades está también Deutsche Bank. Coincidiendo con la renegociación de deuda, Soltec tiene previsto lanzar un nuevo plan estratégico antes de fin de año. Previsiblemente, la buena marcha de los resultados del primer trimestre contribuirá a flexibilizar la negociación de la deuda. El resultado bruto de explotación (ebitda) de la compañía se situó en 11 millones de euros.

La promesa de aplicar una deducción del 20% en el IRPF autonómico a aquellos residentes en el exterior, españoles o extranjeros, que decidieran instalarse e invertir en Madrid fue uno de los anuncios estrella de Isabel Díaz Ayuso en 2023. Lo anticipó en enero de ese año como parte de su respuesta al Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas del Gobierno de Pedro Sánchez; en febrero aprobó el proyecto de ley, y poco después, en marzo, lo sometió a debate y votación en la Asamblea de Madrid, pero el rechazo de Vox, cuyos votos eran entonces indispensables, y las elecciones del 28-M hicieron que el proyecto decayera. Tras esos comicios, que otorgaron a Ayuso y al PP mayoría absoluta en el Parlamento regional, la presidenta madrileña no solo retomó la medida, sino que, libre ya de las ataduras de los votos de terceros, prometió que ese acicate entraría en vigor en 2024. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba hoy el proyecto de ley que cristaliza esa promesa, dando luz verde a la nueva deducción del 20% en la cuota autonómica del IRPF para atraer inversiones y talento de “contribuyentes procedentes del extranjero” con el objetivo de espolear aún más la creación de empleo y riqueza en la región. La Comunidad de Madrid remitirá hoy mismo el proyecto de ley a la Asamblea regional para que se inicie su tramitación parlamentaria “previa a su votación y entrada en vigor en los próximos meses”, según fuentes del Ejecutivo madrileño, que tiene garantizada su aprobación gracias a la mayoría absoluta de los populares en la cámara autonómica. En cualquier caso y con independencia de cuándo se apruebe, la ley se aplicará con efectos retroactivos desde comienzos de año. “La normativa será aplicable a todas las operaciones que se hayan hecho a partir del 1 de enero” de 2024, señalan las mismas fuentes.

La nueva Vodafone España, gestionada por la firma financiera británica Zegona, ha logrado su primer gran éxito en la nueva estrategia que ha puesto en marcha para ser relevante en el mercado español de servicios mayoristas, es decir, de alquilar a terceros sus redes de banda ancha fija o sus infraestructuras móviles. Vodafone España ultima un acuerdo para atraer a su red móvil al grupo andaluz Procono, que opera con la marca comercial de PTV Telecom. El acuerdo permitirá a Vodafone incorporar a su red móvil a los clientes de telefonía móvil de PTV Telecom, que suman unas 350.000 líneas en total, según han señalado fuentes conocedoras del proceso. El contrato se extenderá durante los próximos cinco años. Hasta el momento, PTV Telecom utilizaba los servicios mayoristas de la red móvil de Orange, ahora Masorange. La transición de la red de Orange a la de Vodafone se realizará tras el verano, en septiembre u octubre.

Vodafone España y los sindicatos constituyeron ayer la mesa de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la operadora, que afectará a un máximo de 1.198 empleados, en torno a un 36% del total. En esta primera reunión, la compañía, propiedad de Zegona desde hace pocas semanas, ha presentado una primera oferta de indemnización de 24 días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades, según UGT. En este nuevo ERE, el quinto de los últimos 11 años, Vodafone España apenas ha superado el mínimo establecido por la legislación actual de 20 días por año y 12 mensualidades. En el anterior ERE de Vodafone España, que tuvo lugar en otoño de 2021, se acordó una indemnización de 50 días por año trabajado, junto con un bonus de 6.000 euros lineal para los empleados con un salario fijo bruto igual o inferior a 30.000 euros anuales. El tope indemnizatorio, sumando ambos conceptos, se situó en 33 mensualidades. En cualquier caso, la negociación acaba de empezar y, lo más probable, es que la oferta de indemnización mejore, junto con una reducción del número de afectados por el ERE. Una de las opciones que se barajan es la inclusión de la voluntariedad. La compañía ha justificado este procedimiento en causas económicas, productivas y organizativas, determinadas por el fuerte deterioro financiero y comercial. 

El diseñador de semiconductores Nvidia se convirtió ayer en la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, superando a Apple y Microsoft, y como símbolo de la fiebre por la inteligencia artificial (IA) generativa que impulsa los mercados. Las acciones de Nvidia subieron a media sesión en Wall Street un 3,45%, lo que elevaba su capitalización bursátil hasta los 3,338 billones de dólares, con lo que el fabricante de chips adelantaba a Microsoft, que en ese momento valía 3,321 billones al caer un 0,26%. Como tercera en esta disputa estaba Apple, que cedía un 1,29% y valía en bolsa 3,28 billones de dólares. Los tres gigantes tecnológicos llevan dos semanas luchando por ser la cotizada más valiosa del mundo, pero es la primera vez que Nvidia se coloca en lo más alto del podio. No obstante, Nvidia aún no alcanza el récord absoluto de valor bursátil al que llegó Apple el lunes, en 3,376 billones de dólares. Desde que se lanzó el ChatGPT, el robot conversacional de OpenAI en noviembre de 2022, el precio de Nvidia se ha multiplicado por ocho gracias a la popularidad de sus potentes microchips. La reciente división por 10 de sus acciones, el pasado 7 de junio, contribuyó a aumentar aún más el valor de la empresa al fomentar la demanda por un título más accesible.

Ig Metall, el sindicato alemán que representa a los casi cuatro millones de trabajadores del poderoso sector industrial de Alemania, ha reclamado un aumento salarial del 7% para los próximos doce meses, lo que supondría consolidar las subidas en las nóminas, más allá de los pagos puntuales que han estado recibiendo los trabajadores para contrarrestar los efectos de la inflación. Para los contratos de formación el sindicato reclama una subida de 170 euros extra, mientras que para los grupos salariales más bajos solicita un “componente social” que elimine parte de la presión a la que se ven sometidos. La petición del sindicato ha tenido, por ahora, una acogida fría por parte de la patronal del sector, que es el pilar más robusto de la últimamente maltrecha economía alemana. El Producto Interior Bruto (PIB) de la locomotora de la eurozona creció dos décimas en el primer trimestre del año tras haber caído un 0,3% en el conjunto de 2023. El Índice de Precios de Consumo (IPC) del país se situó en mayo en el 2,4% interanual, dos décimas por encima de la lectura de inflación del mes anterior. Una subida salarial para los empleados de la industria podría tener un efecto dominó en otros sectores, lo que elevaría el consumo, pero también los precios.

Era el momento de las despedidas y Urkullu aprovechó la última reunión con sus consejeros para agradecer su labor y, sobre todo, para ensalzar los resultados de los gobiernos de coalición entre PNV y PSE. El lehendakari puso en valor los acuerdos entre ambos partidos poco antes de la firma del nuevo pacto entre jeltzales y socialistas, cuyo contenido se conocerá mañana y que garantiza la llegada de Imanol Pradales a la Lehendakaritza. El Consejo de Gobierno se reunió como cada martes en la sede de Lehendakaritza, pero la cita fue «extraordinaria», según confesó después Bingen Zupiria, por el aroma a despedida que desprendía. «Hemos hecho cosas que no solemos hacer porque todos sabíamos que era nuestra última reunión», señaló el que ha ejercido de portavoz del Ejecutivo autonómico en este último mandato. En concreto, una vez que los titulares desgranaron los acuerdos que se iban a adoptar, tomaron la palabra de forma excepcional tanto Urkullu como el socialista Iñaki Arriola, vicelehendakari en funciones tras la marcha de Idoia Mendia a Bruselas. Si en algo coincidieron los máximos representantes de PNV y PSE-EE en el Gobierno de coalición, más allá de «reconocer» el trabajo de todos los miembros, fue en reivindicar su «esfuerzo» para limar asperezas.

"...Sabin Etxea, siempre acostumbrada al control férreo de los tempos políticos, no ha podido evitar que, tras el mal resultado de las elecciones europeas, el PNV y su futuro estén en boca de todos, propios y extraños. Como un partido más. El pasado domingo, el ex diputado general de Bizkaia José Alberto Pradera criticaba en un artículo publicado en El Correo, el «error estratégico» de apoyar a Pedro Sánchez y a Sumar sin contrapartidas claras a cambio y proponía el regreso de Iñigo Urkullu para presidir el EBB y ayudar así «a encarrilar el futuro». El todavía lehendakari, que ayer presidió su último Consejo de Gobierno tras prodigarse en los últimos días en varios homenajes públicos a su trayectoria, sale de Ajuria Enea dolido con la dirección del partido, con quienes la relación se ha quebrado irremediablemente, pero no prevé, por el momento –para alivio de la cúpula jeltzale–, dar la batalla interna. Ayer, el abogado Txema Montero, una de las cabezas pensantes históricas del ecosistema jeltzale tras su ruptura con HB en los noventa, escribía en ‘Deia’ un durísimo artículo, con notable eco interno, en el que además de poner en evidencia la estrategia «políticamente suicida» de sustentar la estructura del partido «en los presupuestos públicos o parapúblicos», alertaba del peligro que para el PNV entrañarían unas elecciones generales anticipadas a otoño, en las que, según su diagnóstico, la polarización PSOE-PP y el auge de Bildu podrían condenar a los jeltzales a la «irrelevancia» o incluso privarles del grupo parlamentario propio en Madrid...Por el momento, el plan es, en primer lugar, intentar acallar el eco público del debate y ceñirlo a los cauces internos. Ese fue el mensaje que se trasladó en la Asamblea Nacional que el lunes aprobó por unanimidad la reedición de la coalición con los socialistas. Se pasó de puntillas sobre el espinoso asunto de la renovación interna y se aplazó hasta dentro de unas semanas, una vez que Pradales se haya asentado en Ajuria Enea, el diseño de la próxima Asamblea General, que podría abordarse en un EBB monográfico previsto para la segunda semana de julio. La gran pregunta, sin embargo, es para cuándo se convocará el esperado cónclave, que se ha anunciado como una cita histórica con aroma a refundación al estilo de las de Iruña o Zestoa. Itxaso Atutxa, que suena como recambio si Andoni Ortuzar finalmente deja la presidencia, situó hace unos días la cita «en Navidad o en enero». Pero la posibilidad de que el calvario en el Parlament se alargue hasta agosto y de que Sánchez, en caso de repetición de las catalanas, las haga coincidir con otras generales en otoño, podría atrasar la convocatoria, cuyos plazos son flexibles, y empujarla hacia la «primavera» de 2025, ya con el horizonte electoral despejado..."

"...Llevo un año insistiendo desde estas mismas páginas en la necesidad de un cambio de rumbo para un partido al que el ejercicio del poder le está generando un deterioro tal que se está convirtiendo en una carcasa vacía de contenido ideológico, político y militante...Nuestra sociedad parece flotar en las praderas de un sueño cuando oyes decir a quien no se implica ni un minuto en ayudar a los demás: “En Euskadi somos los primeros en donación de órganos y además en….” –añadan aquí lo que les parezca–. Salvo por el sol que se pone, vivimos en una atemporalidad y esto es tanto para el PNV como para el resto de partidos que están cambiando de actores, pero no de libreto, son pocos los que se involucran en la difícil tarea de cambiar las cosas...En los debates electorales eché en falta un tratamiento serio de asuntos como la migración, el absentismo laboral, la obsolescencia administrativa, la revitalización industrial, la planificación demográfica o los deficientes resultados escolares. Esos asuntos afectan a los ciudadanos, pero si los partidos no se empeñan en ponerlos a la vista se mantendrán semiescondidos hasta que a no más tardar exploten delante de nuestras narices...No es posible copar cargos de designación en la administración o dedicarse a colocar o recolocar miembros del partido en empresas públicas sin generar un rechazo en los votantes o desafección en la ciudadanía. Es políticamente suicida llegar al punto en el que la estructura del partido se sustente en los presupuestos públicos o parapúblicos...En breve tendremos un nuevo Gobierno vasco al que deseo todos los éxitos. De ser cierto lo que ha sido publicado en prensa, tendrá dos consejerías más para dar satisfacción a los partidos que gobernarán con un reparto más equitativo en atención a los resultados electorales. No empezamos bien si esa es la razón del aumento de carteras. O lo explican por razón de eficiencia o estaremos de nuevo ante otra operación de acomodo partidario a cuenta del presupuesto público con una percepción social de que los políticos son insaciables y, aún peor, que no aprenden de sus errores...Una vez constituido el gobierno, el PNV cree que dispondrá de un tiempo de respiro para encarar su actual desfallecimiento. Creo que no tendré el privilegio de ver tal milagro si ese tiempo de respiro se va en un suspiro, el que transcurra hasta unas elecciones generales anticipadas por la imposibilidad del gobierno Sánchez de mantenerse en el poder, tal vez en otoño. Entonces, las dos piedras molares que han erosionado al PNV, polarización y auge de Bildu, obrarán con más contundencia y situarán al PNV en una posición de irrelevancia, perdiendo quizás el grupo parlamentario...¿Soluciones? A montones, pero ahí está parte del problema, resulta espantosamente difícil acertar, las reflexiones acometidas en los últimos años no supieron hacerlo, pero la tarea sería más fácil si va precedido de un debate a fondo y sin miedo al contraste..."