20250421

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

«Tenemos el impuesto de Sociedades más competitivo de todo el Estado». Así de contundente se manifiesta la diputada foral de Hacienda, Itziar Agirre, en declaraciones a DV. La máxima representante del fisco guipuzcoano defiende que la reforma fiscal que han acordado PNV, PSE y Podemos –cuya votación en Juntas se celebrará el próximo 7 de mayo– es positiva para los intereses del tejido empresarial. Esta versión del fisco choca frontalmente con la mostrada por la Cámara de Comercio y las patronales Confebask y Adegi, que han criticado con dureza la revisión tributaria en lo que respecta al tratamiento fiscal hacia las empresas por dañar la competitividad en un momento lleno de incertidumbre. «La sensación es de desánimo total y la vaca ya no da más leche», llego a afirmar la presidenta de la patronal vasca, Tamara Yagüe. Agirre, que reconoce mostrarse sorprendida «por la dureza» de esas declaraciones, sostiene que el impuesto de Sociedades «es el más competitivo del Estado. Creo que bastante más competitivo que el del territorio común». Tras reconocer que es una reforma «más dedicada a las personas» con medidas en el IRPF que buscan ayudar a los coletivos más vulnerables en materias como vivienda, subraya algunas medidas relativas al ahorro con las EPSV y una deducción importante en la transición energética, donde se ha realizado «una ampliación grande». También pone en valor «la consolidación del ‘forfait’ y las bases imponibles negativas» para las pequeñas y las microempresas. Dos de las medidas que más controversia han generado en el ámbito empresarial guardan relación con la tributación que deberán afrontar algunas compañías en el futuro. Entrando en detalle, el tipo mínimo en Sociedades pasará del 17 al 19% para las empresas que no mantengan ni creen empleo, ni realicen inversiones. Además, para las compañías con beneficios extraordinarios, se incrementará el tipo del 24 al 28% de forma escalonada, a partir del 35% de la media de los tres ejercicios anteriores. Preguntada por ello, Agirre señala que la reforma «sí recoge un pequeño bloque acordado con Podemos, pero ello no deja atrás el hecho de que seguimos teniendo una fiscalidad muy competitiva para las empresas». La diputada foral de Hacienda defiende que el tipo general en Gipuzkoa es «el 24 y en el Estado, el 25%. Y el tipo mínimo efectivo, que sube al 19%, es sólo para aquellas grandes empresas que ni generan empleo ni invierten».

Los vascos que declaran entre 30.000 y 110.000 euros al año en ingresos son los que menos IRPF pagan en España. En cambio, las rentas más bajas, entre 16.000 y 20.000 euros, reciben un tratamiento fiscal mucho más desfavorable. Son las conclusiones que se extraen del ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral’ de 2025, un extenso informe elaborado por el Consejo General de Economistas –CGE– que compara la tributación de las diferentes comunidades autónomas y analiza el impacto de las modificaciones fiscales aprobadas en los últimos años para los diferentes impuestos. Un estudio que no tiene en cuenta todavía las 27 nuevas medidas que entrarán en vigor cuando la reforma pactada entre PNV, PSE y Podemos se apruebe en Juntas Generales –el pleno decisivo será el próximo 7 de mayo–. Ese pacto alcanzado a tres bandas incluye apoyo a las rentas bajas y a la emancipación de los jóvenes, mientras que penaliza a las rentas de capital y a las grandes empresas, sobre todo si no conservan o crean empleo cuando obtienen beneficios. Centrando el tiro en el IRPF –que grava la renta de los contribuyentes a lo largo de un año entero–, el informe realiza una comparativa entre el esfuerzo financiero que deben hacer los ciudadanos –se han utilizado como referencia los solteros menores de 65 años y sin hijos– en once tramos: desde los 16.000 hasta los 600.000 euros. Así, los vascos que ganan 30.000 euros pagan 4.546,68 en la declaración de la Renta, mientras que los de 45.000 euros abonan 8.729,6; los de 70.000, 17.665 euros y los de 110.000, 35.028,77 euros –ver gráfico adjunto–. En estos cuatro casos, los contribuyentes vascos son los que mejor parados salen en la foto de la factura fiscal. 

La aprobación de la reforma fiscal en las Juntas Generales de Bizkaia y Álava –en Gipuzkoa todavía está en tramitación parlamentaria– ha dado paso a la revisión de la tabla de retenciones del IRPF por parte de las diputaciones. El nuevo marco, que recalculará la cantidad que las empresas retraerán de la nómina de sus trabajadores, se dará a conocer en mayo y entrará en vigor el 1 de julio, permitiendo así que las compañías hagan una transición ordenada. La aprobación de la nueva tabla de retenciones supondrá un alivio para las rentas más bajas, que verán incrementada su nómina mensual al reducirse el importe que la empresa descuenta en concepto de IRPF. El objetivo principal de la reforma fiscal –impulsada por PNV y PSE-EE y aprobada tras obtener el respaldo de Podemos en el último momento– es mejorar la progresividad del sistema y aumentar la renta disponible de los contribuyentes con menores ingresos. Es decir, que la mayor parte de su salario permanezca en sus bolsillos en lugar de ir directamente a Hacienda. La reforma fiscal contempla un incremento del umbral mínimo de ingresos anuales por debajo del cual no existe obligación de presentar la declaración de la renta. Este límite, anteriormente fijado en 14.000 euros, se eleva ahora a 20.000 euros anuales. Inicialmente, la propuesta formulada por PNV y PSE-EE planteaba situarlo en 19.000, pero la cifra fue revisada al alza en mil euros tras el acuerdo alcanzado con Podemos. La previsión es que, con la entrada en vigor del nuevo marco fiscal, los contribuyentes con ingresos brutos inferiores a 20.000 euros queden exentos de retenciones en sus nóminas, del mismo modo que ocurre ahora con quienes ganan menos de 14.000.

Las compañías guipuzcoanas Grupo Irizar, Grupo CAF y Construcciones Amenabar figuran entre los 10 mayores preceptores de fondos Next Generation de Euskadi con un volumen que, entre los tres, alcanzan los 237 millones de euros. Proyectos relacionados con la sostenibilidad, tanto aplicada a la movilidad como a la construcción, han sido los destinatarios de las ayudas contempladas en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que constituye el principal vehículo de los Next Generation. Estos fondos establecidos por la Unión Europea hace cuatro años y medio que se canalizan a través de préstamos y subvenciones a proyectos que se consideran estratégicos para la competitividad de las economías europeas y la calidad de vida de los habitante. En este periodo, Euskadi ha recibido un total de 3.474 millones de euros de los que 1.301 millones han tenido una gestión autonómica y otros 2.173 millones una estatal, según figura en la información de la que dispone el departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. Entre los diversos instrumentos que integran los Next Generation, el más voluminoso es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia MRR que, en el caso de la CAV, lleva desembolsados 1.951 millones de euros a 31 de diciembre de 2024. Entre los diez principales perceptores de estas ayudas figuran tres grandes firmas guipuzcoanas, cuya apuesta por la movilidad sostenible y la rehabilitación de las viviendas bajo criterios de eficiencia energética son conocidas. En primer lugar, y segundo de la lista general de la CAV, se sitúa el Grupo Irizar, que entre 2021 y 2024 ha recibido 102,8 millones de euros para proyectos que, según figura en la información de la consejería de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, se centran en movilidad sostenible, segura y conectada. 

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) hamar langile edo gehiagoko enpresen %38,4 berritzaileak izan ziren 2023. urtean, Eustat euskal estatistika erakundeak landutako datuen arabera. Eskualdeka, Bizkaian Arratia-Nerbioi (%42,7) eta Gipuzkoan Debagoiena (%42,4) nabarmendu ziren, eta Gernika-Bermeo (%42,0), Debabarrena (%41,5), Durangaldea (%41,0), Markina-Ondarroa (%40,9), Plentzia-Mungia (%40,3) eta Bilbo Handia eta Goierri (%40,0na) ere EAEko batez bestekoaren gainetik kokatu ziren. Aitzitik, lurralde bakoitzean enpresa berritzaileen proportziorik txikiena zuten eskualdeak Kantauri Arabarra (%33,0), Bidasoa Beherea (%35,4) eta Enkarterriak (%37,9) izan ziren Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian, hurrenez hurren. Hiriburuei dagokienez, hamar langile edo gehiagoko enpresa berritzaileen artean Bilbo izan zen nagusi 2023an (%40,0), eta ondoren zeuden Donostia (%37,6) eta Gasteiz (%33,8). Balio absolutuetan berrikuntza jardueretako gastuari begiratuta, kopuru nagusiak hiriburuak barne hartzen dituzten eskualdeetan bildu ziren hamar langile edo gehiagoko enpresetan. Halere, kontzentrazio maila desberdina da, batez ere Gipuzkoan.

Artículo de la responsable fondo innovación Elkargi. "Somos líderes en innovación europea. Al menos ahí nos coloca el Panel Europeo de Innovación 2024. En su último informe sitúa a Euskadi como un «innovador fuerte», al nivel de Alemania y Francia. Según este estudio, destacamos por el alto nivel educativo, por las infraestructuras digitales y, también, por la fuerte inversión privada en I+D, que representa el 74% del gasto total. Esto es clave. Que nuestro gasto sobre el PIB haya superado tiempo atrás el 2,10% es importante. Marcarnos el objetivo del 3% de aquí a cinco años, fundamental. Para ello, también lo es disponer del acceso a la mejor financiación posible. El sector financiero en nada se parece al de hace algo más de una década. Ha pasado de contar con unas 55 entidades a apenas una decena. Hoy este proceso sigue copando titulares y presencia comunicativa. Fusiones para ganar tamaño y rentabilidad siempre equilibradas con evitar el deterioro de la competencia. La opinión de los supervisores. La desintermediación bancaria y esta concentración financiera impulsaron tiempo atrás la financiación alternativa en España, aunque sigue lejos de países como EE UU o algunos europeos. El ecosistema financiero hoy ya no es el que fue. Y no hace tanto de aquello. La revolución tecnológica, la digitalización y las plataformas son palancas que, en esta misma línea, a su manera también están redefiniendo el acceso al crédito. En definitiva, el sector cambia muy rápido y las empresas deben estar a la última. Este 2025, por su parte, trae cambios e incertidumbre en los mercados, las relaciones comerciales y las empresas. Y no necesariamente por este orden. Por eso, para las y los empresarios resulta imprescindible conocer y aprovechar todas las soluciones de financiación que tienen a su alcance..."

Entrevista con Roberto Corral Presidente del comité de empresa en Basauri.  La plantilla, que suma 831 empleados, rechaza el ERE presentado por la multinacional japonesa y critica la tardanza en crear un plan industrial a futuro. "Esperábamos una reestructuración. La producción que nos dieron para este año era algo menor que la de 2024, y entonces hubo 100 días de cierre de fábrica. Ahora sólo nos habían solicitado un ERTE con 24 días de parada cuando todo hacía pensar que el problema ya no era algo temporal, así que preveíamos que iba a haber una medida, pero no de este volumen...Además de lo traumático que ya es de por sí anunciar 335 despidos, lo que más nos preocupa es que tenemos la sensación de que la planta no se queda en una buena situación de cara a su viabilidad. Por eso estamos preocupados y por eso le pedimos a la compañía que presente un plan industrial de futuro... Claro que Bridgestone ha tardado en actuar y ha fallado mucho en sus previsiones. Esperaban vender una cantidad de neumáticos y se quedaban por debajo. Caían las ventas y los inventarios se llenaban, haciendo que el problema fuera cada vez mayor. Las previsiones por parte de la compañía han sido nefastas...Su mercado se dividía en tres gamas: la cubierta de gama alta, que es la de Bridgestone; la de gama media, que es la Firestone; y la de ‘low cost’ que era Dayton. Lo que pasó es que las cubiertas de importación de Asia entraron muy fuerte en el mercado europeo y arrasaron en la gama baja y en la media lo han puesto muy complicado. Todavía fabricamos alguna, pero muy pocas. La empresa se ha centrado en la gama muy alta, abandonando el resto, para garantizarse un sector que le dé mucha rentabilidad. Eso llevó a parar las inversiones...Han apostado por el coste, porque Polonia es más barata...el sector de la automoción ahora está patas arriba. En nuestro caso exportábamos mucho a Alemania y a Francia, y eso nos ha influido..."

Uno de los grandes retos de las instituciones públicas es asegurar el relevo generacional en actividades que han ido perdiendo trabajadores con el paso de los años. Álava es un territorio eminentemente industrial, pero el sector agrícola ha tenido siempre un peso muy importante. Las fincas de cultivo son protagonistas de nuestro paisaje rural, pero cada vez hay menos personas dedicadas a ello. En la última década, el número de solicitantes de ayudas de la PAC –esto puede traducirse como profesionales del campo, dejando al margen los dedicados a la viticultura– ha descendido un 20%. Según los datos de la Diputación de 2024, el 48% de los titulares de las explotaciones que actualmente se encuentran en funcionamiento están por encima de los 57 años. O, lo que es lo mismo, del total de 1.944 que solicitaron la última PAC, 929 están cercanos o ya en plena edad de jubilación. Mediante la puesta en marcha de la ‘estrategia integral para el relevo generacional en el sector agrario’, Álava busca incorporar 60 jóvenes al año –menores de cuarenta que se sumen al programa Gaztenek– durante la próxima década para asegurar que la actividad en el campo se mantiene repartida y así ayuda a mantener el medio rural con vida. «Hacen falta alrededor de 60 personas al año que se incorporen para tener estabilidad. Igual es un objetivo demasiado ambicioso, pero hay que hacer un esfuerzo especial para asegurar el relevo y que cuando cese una actividad la asuma algún joven y no acabe en pocas manos. Las explotaciones de mayores dimensiones no son malas de por sí porque dan rentabilidad, aunque para nosotros es muy importante que haya un tejido socioeconómico en el medio rural porque es lo que va a mantener vivos a muchos pueblos», explica el director foral de Agricultura, David Fernández, que desvela que en el presente ejercicio se espera que se integren casi una veintena de jóvenes al sector.

Telefónica, MasOrange y Vodafone han demandado al Gobierno una rebaja sustancial de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, el que se cobra por la concesión de la banda de frecuencias de telefonía móvil. Las tres grandes telecos españolas reivindican que se actualice dicho canon, por el que en 2024 abonaron 430 millones de euros, según los ingresos decrecientes que sufre el sector desde hace más de 15 años. La tasa, el mayor cargo tributario específico que sufre el sector de telecomunicaciones, arroja una recaudación anual de cerca de 540 millones, de los que alrededor del 80% corren a cargo de las tres operadoras. El resto es sufragado por otras compañías de telecomunicaciones, cadenas de televisión y empresas que usan frecuencias, como Aena. El cauce para hacer valer su reivindicación ha sido distinto. Telefónica y Vodafone han presentado un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), un organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda. MasOrange ha recurrido ante el Ministerio para la Transformación Digital, según fuentes conocedoras del proceso. La patronal DigitalES, que agrupa a las compañías de telecomunicaciones, ya pidió durante su asamblea general a finales de 2024 al Gobierno que impulsara cambios regulatorios para la revisión de la tasa de reserva del espacio radioeléctrico. La demanda, en presencia del ministro de Transformación Digital, Óscar López, se cifró en una reducción de al menos el 30%. La patronal apeló al llamado Informe Draghi, que contenía esa exigencia de que se desregularice el sector y se aligeren las cargas tributarias en la UE para abordar cambios urgentes que dinamicen las infraestructuras digitales.

CNAT (Centrales Nucleares Almaraz-Trillo), la sociedad que gestiona las centrales de Almaraz (Extremadura) y Trillo (Castilla-La Mancha), ha convocado junta de accionistas para el 20 de mayo. La reunión será trascendental para despejar el futuro de los dos reactores atómicos que componen la central de Almaraz, en Cáceres. Además, podría sentar las bases para abordar la prórroga del resto de instalaciones nucleares en España. Así lo explican fuentes cercanas a las eléctricas propietarias. CNAT la integran Iberdrola (51,44%), Endesa (24,18%), Naturgy (19,14%) y EDP (5,24%). El principal punto del orden del día de la junta es intentar llegar a un acuerdo entre los socios para decidir, primero, si solicitan o no permiso al Gobierno para que los reactores sigan funcionando más allá del calendario previsto para su cierre: Almaraz I en 2027, y Almaraz II en 2028. Y, segundo, si hay consenso en pedir la prórroga, se deberá decidir por cuántos años se solicita la misma. El desacuerdo hasta ahora entre las eléctricas es uno de los escollos a resolver en la polémica política, empresarial y social que se está generando en España por la continuidad o no de las nucleares. Uno de los argumentos del Gobierno para no dar prórrogas es que las eléctricas aún no se han puesto de acuerdo en cómo deben ser esos aplazamientos de cierre y, sobre todo, no le han presentado una solicitud formal. Iberdrola, el socio mayoritario de Almaraz y la energética con más intereses nucleares en España, quiere que el Gobierno extienda la licencia de Almaraz otros diez años. Endesa, que es mayoritaria en las centrales catalanas de Ascó y de Vandellós, quiere que cualquier acuerdo que se adopte sobre Almaraz tenga su réplica posterior en las instalaciones de Cataluña. Naturgy, con enormes intereses en centrales de gas y minoritario en nucleares, está de acuerdo en ampliar la operativa de Almaraz, pero de forma limitada. 

El caos en los mercados desatado por Donald Trump con su guerra comercial puede tener serias consecuencias financieras para las grandes empresas españolas con intereses en Estados Unidos, que ven amenazado el nivel de beneficios que ahora obtienen en este país. Durante la última década, grupos como Ferrovial, Iberdrola, Santander, Grifols, ACS, Acerinox, Fluidra o IAG han potenciado su actividad en Estados Unidos, atraídos por sus tasas de crecimiento económico –superiores a las de Europa–, un fácil acceso a la financiación y su estabilidad regulatoria. Pero los agresivos aranceles al resto del mundo anunciados por la Casa Blanca ponen en cuestión todas esas premisas: pueden llevar Estados Unidos a la recesión, provocar una salida de capitales de Wall Street y disparar la percepción de riesgo político. Todo ello tiene su reflejo en el dólar: en lo que va de año 2025, la divisa estadounidense se ha depreciado desde los 0,97 a los 0,88 euros, una caída del 10%. Se trata de un declive poco habitual en ese corto periodo de tiempo para el cambio entre dos grandes monedas con mucha liquidez. Visto desde el lado europeo, el euro se ha revalorizado de 1,03 a 1,14 dólares en 2025. Esa evolución de las divisas genera un primer impacto negativo para las empresas españolas con negocios en Estados Unidos, sin entrar todavía en las consecuencias que puede tener un frenazo económico, ya que el menor valor del dólar va a traducirse en unos ingresos inferiores al convertirlos a euros. Según datos de Goldman Sachs, los grupos del Ibex generan alrededor del 12% de sus ventas en Norteamérica: unos 75.000 millones de euros en 2024. La depreciación del dólar, por tanto, implicaría un golpe de 7.500 millones para la cifra de negocios de las grandes cotizadas españolas en 2025, de mantenerse en lo que resta de año.

Las previsiones dibujan una actividad que seguirá creciendo muy por encima de la eurozona y que no se verá particularmente afectada por las tarifas, a diferencia de otros grandes socios comunitarios, con Alemania a la cabeza. La economía española también se recuperó más rápido de la pandemia, pese a encajar uno de los peores golpes, y de la posterior crisis energética. ¿Casualidad o excepción ibérica? No se pueden trazar analogías con las crisis recientes, de origen y naturaleza distintas, sin contar con que la impredecibilidad del nuevo jefe del Despacho Oval complica las previsiones. Lo que es manifiesto es que España ha reducido sus vulnerabilidades en la última década y ahora va a contracorriente en un clima de ralentización global. El empleo y el consumo tiran; los desequilibrios con el exterior se han reducido; los fondos europeos están revitalizando la inversión. El turismo, gran motor de la actividad y a la vez talón de Aquiles por ser muy procíclico, tampoco tendría que tambalearse ante la tensión comercial, ni se esperan nuevas llamaradas inflacionarias en una Europa renqueante que acaba de llevar al BCE a otro recorte de tipos. “La clave de la fortaleza de un país ante un shock es el apalancamiento. Cuanto más la deuda de familias y empresas se acerca al doble del PIB, más problemas hay para la economía. Llegamos al 2,2 en la crisis de 2008 y ahora estamos en el 1,3”, desgrana Ignacio de la Torre, economista jefe de la firma de gestión de activos Arcano Partners. Otro elemento diferencial con respecto a esos años es el sistema bancario, ahora “muy solvente y líquido”. “El tercer factor crucial es la balanza de pagos. Si hay déficit y se corta el flujo, el ajuste es brutal”, añade. Eso ocurrió con el crac financiero, cuando España tenía un saldo negativo de 10 puntos. “Ahora tenemos superávit de cuenta corriente; España ahorra más de lo que invierte y financia al resto del mundo. Estamos menos expuestos”, resume.

La economía global se enfrenta a una dura prueba de fuego con la guerra arancelaria desatada por Donald Trump, si bien parcialmente pausada hasta julio. Sin embargo, no todos los países la sufrirán de igual forma, ya que parece que el propio Estados Unidos y China serán los grandes afectados por las restricciones comerciales, aunque el resto de países también saldrán perjudicados. Todavía hay una gran incertidumbre, dado que no se conoce el alcance de las medidas, ni el número de productos afectados, ni el tipo impositivo que se implementará, ni el número de países a los que se aplicarán, ni su extensión temporal, ni siquiera si finalmente se impondrán o no. Sin embargo, hay algo en lo que coinciden todos los análisis: España saldrá mejor parada de este embate que la mayor parte de los países europeos, gracias a su menor dependencia de las exportaciones a Estados Unidos, el mayor peso del turismo frente a la industria y una inercia muy positiva en los últimos años. Sin embargo, el país también atraviesa una serie de dificultades que han llevado a distintos organismos a dar la voz de alerta sobre la situación, como es el caso de la falta de margen fiscal para un plan de estímulos, el estancamiento de la productividad o la falta de vivienda, que reduce la movilidad interterritorial y agrava el desempleo estructural. De hecho, el Banco de España apunta a una rebaja de previsiones en las próximas semanas, en medio de un recorte generalizado de las expectativas de crecimiento de todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene previsto un recorte generalizado de las previsiones mañana. A favor: inercia positiva. El factor más positivo con el que cuenta la economía española es una tendencia muy positiva. El PIB nacional creció a un ritmo del 3,4% anual en el cuarto trimestre del año pasado, el triple que la eurozona, y apunta a mantener una velocidad muy similar en el arranque del año. El crecimiento económico tiende a retroalimentarse, ya que el incremento de la producción se sustenta en nuevos puestos de trabajo, lo que a su vez da soporte al consumo, al tiempo que las expectativas de crecimiento alientan la inversión empresarial, y todo ello tira de la demanda interna. Así, mitigaría el impacto de la guerra arancelaria, haciendo que este fuera menos intenso que en otras economías estancadas. 2. Consumo: el consumo privado creció a un ritmo anual del 3,8% en el cuarto trimestre de 2024 y seguirá avanzando con paso firme a lo largo de este año, con un incremento del 2,2%...

El sector del automóvil europeo se encuentra en un momento complicado, amenazado por nuevos rivales procedentes de China, así como por el lento despegue del coche eléctrico, en el que se han hecho inversiones millonarias, y la guerra comercial a tres bandas entre Estados Unidos, China y Europa. En este entorno de incertidumbre, los fabricantes de componentes para vehículos, como Gestamp o Antolin, están sufriendo por la menor producción de vehículos. Esto ha llevado a muchas compañías del sector a replantear su estrategia para los próximos años y analizar nuevas oportunidades de negocio. Es el caso de la compañía familiar burgalesa Antolin, dedicada a la fabricación de componentes para interiores de vehículos –techos, puertas, iluminación o salpicaderos, entre otros–, y que estaba en una senda ascendente en los últimos años. No obstante, la caída de la producción lastró sus resultados el año pasado. La empresa que preside Ernesto Antolín finalizó 2024 con una facturación provisional –los resultados definitivos se publicarán el 29 de abril– de casi 4.200 millones de euros, un 9,2% menos, mientras que su ebitda bajó un 4%. En este entorno de dificultad, Antolin ha iniciado los primeros movimientos y contactos para introducirse en el negocio de la Defensa, que, al contrario que el automóvil, está en plena ebullición, ante la convulsa situación geopolítica y los contrato millonarios que se van a lanzar. La empresa española considera que existe una gran oportunidad en Defensa, según explican fuentes conocedoras, que indican que se han iniciado las conversaciones tanto con el Gobierno como con compañías del sector para tantear entrar en este negocio.

El tráfico aéreo entre España y Estados Unidos cayó en marzo por primera vez desde la pandemia, en plena crisis por los aranceles que quiere imponer su presidente, Donald Trump, a la UE y a otras economías mundiales. En ese mes, coincidiendo con la multiplicación de las noticias sobre la guerra comercial, 364.573 personas se desplazaron con vuelos directos entre ambos países, un 2,3% menos que en el mismo periodo de 2024. Es difícil extraer conclusiones con un solo mes, pero las compañías están pendientes de los indicios sobre cambios en la movilidad en un corredor en el que –incluida Canadá– están programados para este verano 5,3 millones de plazas, un 8,7% más. Al comparar, debe tenerse en cuenta que la Semana Santa se celebró el año pasado en marzo, frente a este abril en 2025, lo que explicaría un posible desplazamiento de la demanda. No obstante, marzo fue un mes récord para Aena, con 23,82 millones de pasajeros en su red española, un 4,2% más que en el mismo periodo de 2024 y en el primer trimestre el alza es del 4,7%. Aerolíneas y agencias de viaje siguen de cerca la evolución de la demanda entre ambos países ante un hipotético cambio de tendencia. La vicepresidenta de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Eva Blasco, explicó a Efe que en las últimas semanas se han acentuado los cambios de destino entre aquellos que pensaban viajar a EEUU, con Asia y Latinoamérica como alternativas. No se trata tanto de una preocupación por que se anulen las reservas o se deje de viajar, sino ante una variación de las preferencias en tanto que parte de la población se abstenga de volar a EEUU y opte por otros países por la antipatía que puede despertar el país y los temores sobre los controles inmigratorios.

La banca fue el sector que realizó mayores aportaciones al Tesoro por las penalizaciones por realizar despidos colectivos que afectaron de forma desproporcionada a los empleados de más de 50 años en ejercicios en que las compañías tuvieron beneficios. De los 1.040 millones de euros que se han reclamado desde la imposición de la conocida como Enmienda Telefónica en 2011, 400 proceden de los expedientes de regulación de empleo (ERE) que la banca ha ido haciendo a medida que adaptaba su estructura de oficinas a la era digital y el sector se concentraba. Se trata del sector que más ha contribuido desde la aprobación de esta medida, que nació para reducir los despidos de mayores de 50 años y mitigar el impacto que supone el pago del paro a estos para las arcas públicas, ya que muchos ya no encuentran otro empleo. La medida se creó a raíz del ERE de Telefónica en 2011, que afectó a 6.830 trabajadores de 50 o más años y provocó un importante rechazo político y social en plena crisis económica. De hecho, Telefónica es la empresa que más ha aportado al Tesoro con 305 millones de euros tras este proceso. En total, 106 empresas han abonado pagos bajo este concepto, según la lista completa de aportaciones. Más allá de Telefónica, el podio lo completan CaixaBank, con 185 millones de euros abonados, y Bankia, con 77 millones de euros. No se trata de los únicos bancos con indemnizaciones de ocho cifras. Ibercaja es la siguiente con un mayor expediente a cuestas, con el pago de 42 millones de euros. Por su parte, Barclays pagó 21 millones de euros tras ser absorbida por la propia CaixaBank, mientras que Banco Santander realizó dos pagos, uno de 21 millones de euros y otro de 10,6 millones de euros. La reestructuración de las cajas también sumó a estas aportaciones, ya que Liberbank desembolsó 16,5 millones de euros, y Cajas Rurales Unidas otros 18 millones de euros.

Donald Trump no parece dispuesto a ceder en su particular cruzada ideológica contra la Universidad de Harvard. A la congelación de 2.200 millones de dólares en concepto de subvenciones y ayudas federales se ha sumado la amenaza de prohibir la admisión de estudiantes extranjeros y la posibilidad de eliminar las exenciones fiscales. No parece que sentara muy bien la decisión del presidente de Harvard, Alan M. Garber, de plantarle cara al Ejecutivo. La guerra en la que se dirimen asuntos capitales como la libertad de manifestación o de expresión, además del control de la principal Universidad del país, va para largo. «Ningún Gobierno debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir», escribió Garber. Trump no piensa lo mismo. Su estrategia pasa por imponer su ley a punta de amenazas y lograr la sumisión de la institución hasta modificar su modus operandi de forma radical. Los 2.200 millones –una parte de los 9.000 que debe destinar Washington a la Universidad en los próximos años– son sólo la punta del iceberg. Quiere cortar de raíz cualquier conato de wokismo asfixiando a la institución desde varios frentes. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, fue quien lanzó la advertencia, declarando «ilegal y violenta» la actividad de algunos de los estudiantes extranjeros con visados y amenazando con prohibir la entrada a otros en el futuro. Y ya el viernes fue el turno de la secretaria de Educación, Linda McMahon, que acusó a Harvard de suministrar informes «incompletos e inexactos» sobre las donaciones que recibe desde el extranjero, algo que calificó de «ilegal e inaceptable» en su intento de lograr que «Harvard no sea manipulada ni esté siguiendo órdenes de entidades extranjeras que incluyan actores hostiles a los intereses de Estados Unidos y de los estudiantes».

Un par de minutos antes del comienzo el sábado del alto el fuego de 30 horas dictado por el presidente ruso, Vladímir Putin, los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania seguían la pista a varios drones. Muchos ciudadanos ucranios se preguntaron en mensajes en las redes, donde vierten su enfado tras tres años de invasión a gran escala, cuánto duraría aquella tregua de la Pascua ortodoxa. Con el cese de hostilidades en marcha, las alertas volvieron a zumbar. Si bien no se reportaron ataques contra civiles durante la pausa, el alto mando ucranio informó ayer de que el enemigo mantuvo fuego de artillería y con aparatos no tripulados tanto en el frente oriental como en la región rusa de Kursk. El Kremlin cifró en un millar los ataques ucranios durante este impasse. Un nuevo ejercicio fallido de alto el fuego que incide en la crudeza de una guerra que no para. Eso pese a las decenas de reuniones y llamadas celebradas tras iniciar EE UU las conversaciones para un posible proceso de paz hace ya 70 días. Ni han prosperado por completo las treguas en el mar Negro y el sector energético, ni la mejor propuesta sobre la mesa de diálogo, un periodo de 30 días sin violencia en todos los frentes, tiene aún consenso. En parte por la naturaleza del conflicto, muy vivo, en parte por la inconsistencia del alto el fuego en sí. El pasado día 16, el portavoz del Ministerio de Exteriores ucranio, Georgii Tikhii, informó de que el ejército ruso había roto el acuerdo de no agresión a las infraestructuras energéticas en 30 ocasiones, en ciudades como Jersón, Poltava y Mikolaiv, desde que fuera anunciado el 25 de marzo tras pactarlo EE UU con los dos bandos.

Uruguay es uno de los países más estables de América Latina, tanto a nivel político como en el terreno económico y, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuenta con “las bases necesarias para protagonizar un avance sustancial en materia de desarrollo”. En un reciente informe sobre los progresos que ha llevado a cabo en los últimos años este pequeño país sudamericano, enclavado entre dos gigantes, Argentina y Brasil, el BID repasa sus logros económicos y sociales más recientes y ofrece varias sugerencias para que haga frente a los retos que tiene pendientes. El BID destaca que Uruguay es un “referente importante” para América Latina, tanto por su crecimiento económico como por la sostenibilidad de su “contrato social”. Subraya, especialmente, su “gestión macroeconómica” y sus políticas ambientales; actualmente, Uruguay consigue el 90% de su electricidad gracias a fuentes renovables. Después de la recesión que tuvo lugar entre 1999 a 2002, la economía uruguaya se expandió, en promedio, un 3,2% anual entre 2003 y 2023, por encima de la media regional. Entre 2002 y 2019 registró diecisiete años de crecimiento ininterrumpido, sólo roto por la irrupción de la pandemia del Covid-19. El riesgo soberano del país lleva 16 años por debajo del promedio de América Latina y, desde 2020, es incluso menor que la media de los países asiáticos. Tras la citada crisis de principios de siglo, el BID destaca que el resultado fiscal primario del país se volvió positivo, gracias a un “manejo oportuno del gasto” y de la deuda pública, a un mayor crecimiento y a una recaudación más eficiente. En paralelo a esta gestión responsable, Uruguay puso en marcha reformas que fortalecieron los servicios de salud, la educación, el mercado de trabajo y el sector de los cuidados. También se aprobó una reforma tributaria para financiar el gasto de manera más progresiva. Según el informe, gracias a estas reformas, Uruguay ha conseguido reducir la tasa de pobreza, desde el 30% de 2006 hasta el 10% actual. Durante la pandemia, el BID destaca que el país fue capaz de encontrar un equilibrio entre las necesidades de la gente y la sostenibilidad de las finanzas.