20240904

El consejo general de Confebask del pasado mes de julio se produjo en un momento muy especial. Por un lado, el nuevo Gobierno Vasco, lide­rado por Imano! Pradales, daba sus primeros pasos con reuniones con todos los agentes sociales; y; de otro, se esperaba que la anunciada refor­ma fiscal foral configurase sus guías principales en otoño. El momento, por tanto, exigía un paso adelante de los empresarios para describir la situación, fijar sus posiciones y lan­zar sus propuestas. La intervención de la presidenta de Confebask fue firme en defensa de una fiscalidad que favorezcan la competitividad empresarial y regional. Para entrar en la materia fiscal, el secretario general de Confebask, Eduardo Aréchaga, resumió el espí­ritu de la propuesta: "Hemos creci­do por debajo de la zona Euro, Fran­cia, Alemania, Madrid, Cataluña y Navarra", una situación que ligó a la fiscalidad al aseverar que "se hu­biera crecido más con una fiscalidad mejor" y; por tanto, también "se hu­biera recaudado más". La presidenta Tamara Yagüe refren­dó el descontento empresarial con la fiscalidad vigente al remarcar en su intervención que "ha llegado el momento de contribuir desde la fiscali­dad y con las competencias que nos da el Concierto Económico al creci­miento económico del Euskadi". 

En declaraciones a los medios de comunicación, el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, ha calificado de "decepcionantes" los datos del paro registrados por el mercado laboral vasco en agosto porque, aunque, tradicionalmente, suele ser un mal mes para el empleo y la afiliación, la caída ha sido esta vez de "una intensidad importante. No son buenos datos, -continúa-, ya que suponen el peor agosto desde 2010 para el empleo, con una caída más acusada en Servicios, que ha estado acompañada de otro descenso en la afiliación, y con el subsector de Educación, con una pérdida muy clara”.  A juicio del responsable de Confebask, “estos malos datos responden a una cierta atonía de la economía en general dentro de la Unión Europea, en especial en Alemania y Francia que, no se puede olvidar, que son dos de nuestros principales clientes y mercados de las empresas vascas. Habrá que esperar a ver la evolución durante los próximos meses, para comprobar si estos datos negativos apuntan a un cambio de tendencia más profundo o es un bache por motivos estacionales". Ver más en Confebask. 

El mercado laboral vasco siempre sufre en verano. Las masivas bajas en el sector de educación y en otros ámbitos no logran compensar los contratos para sustituir a los trabajadores de vacaciones o los ligados al turismo. Pero este que acaba de terminar ha sido el más negro de la historia. Ya julio apuntó mal, con una pérdida de cotizantes de 7.135 empleos, la mayor de la serie histórica que se remonta al año 2000. Y en agosto se repitió lo mismo: no hay dato peor en los registros que la caída de 15.567 afiliados sufrida el mes pasado. Son 22.700 trabajadores en alta menos en solo dos meses. El golpe ha sido de tal calibre que el total de cotizantes a la Seguridad Social ha quedado por debajo del millón –997.071 en concreto–, una cota que se conquistó por primera vez en mayo de 2023 y que solo perdió en el bache del verano pasado. A partir de septiembre el mercado fue recuperándose y en primavera de este año encadenó varios récord hasta el techo de 1.019.773 cotizantes en junio. Ahora vuelve a repetirse el retroceso estival pero con mucha más virulencia. La caída de agosto en casi 15.600 afiliados supera con creces a los 12.200 del mismo mes de 2023 y lo mismo puede decirse de julio: el de este año se han destruido 7.100 empleos y en el del pasado 4.200. Por eso la suma de los dos meses arroja esa pérdida de 22.700 afiliados frente a los 16.400 de 2023. Como es habitual, las bajas en el ámbito de la educación son la principal causa de este retroceso. En agosto se perdieron 6.656 cotizantes en esta área y la cifra se eleva a 13.000 si se contabiliza también el descenso de julio. En muchos casos se trata de trabajadores con contratos fijos discontinuos que en verano se dan de baja y pasan a cobrar el paro (aunque no se contabilizan como desempleados en los registros oficiales) y son llamados para el inicio del nuevo curso. De hecho, si se analiza lo ocurrido en los dos meses de verano los fijos discontinuos son los que registran la mayor caída, con 12.700 cotizantes menos, aunque también ha descendido el número de indefinidos (5.200) y de temporales (2.000).

El mercado de trabajo dio carpetazo al mes con la destrucción de 193.704 empleos, la mayor hemorragia laboral desde agosto de 2019, cuando se evaporaron 212.984 cotizantes, adelgazando hasta 21,18 millones el número total de afiliados medios a la Seguridad Social, cifra que se aleja poco a poco del récord histórico de 21,39 millones alcanzado en junio. Desde entonces, el mercado laboral ha perdido fuelle. De hecho, en julio destruyó 9.783 empleos, registrando el peor julio de toda la serie histórica, en un mes en el que, salvo raras excepciones, la ocupación casi siempre ha crecido. A los puestos de trabajo perdidos en agosto (115.000 cotizantes el último día del mes) se añade un alza del paro registrado en 21.884 personas, que sitúa la cifra de desempleo en 2,57 millones. Es la cifra más baja desde 2016, con excepción del dato de 2021, cuando el paro disminuyó en 82.583 personas coincidiendo con la reapertura de la economía tras el Covid. No obstante, el paro registrado sigue siendo objeto de controversia ante la falta de datos que permitan saber cuántos de los fijos discontinuos están inactivos y, sin embargo, no figuran como parados. De hecho, de los 4,3 millones de demandantes de empleo, solo 1,22 millones figuran como ocupados, por lo que el paro real rondaría los 3,1 millones. Se quiera o no, la economía española sigue teniendo un alto componente estacional que condiciona, y mucho, la evolución del mercado de trabajo, que ahora además navega en un contexto de enfriamiento de la actividad en Europa, donde si bien resisten los servicios, la industria está de capa caída, con el consiguiente impacto negativo sobre el empleo. La pregunta del millón en estos momentos es si la evolución del mercado español en los últimos dos meses preludia un cambio de tendencia.

MasOrange anunció ayer a sus 6.000 trabajadores la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 795 empleados. La medida, según señala la compañía en un comunicado interno, es de carácter «estrictamente voluntario», con lo que solo se aplicaría sobre las personas que decidan acogerse a las condiciones que presente el primer operador de telefonía de España en número de clientes. Euskaltel es una de las nueve sociedades agrupadas en el gigante surgido de la fusión entre Orange y MásMóvil. De ese conjunto, el ERE se dirige solamente a seis. Son, además de la compañía vasca y las filiales asturiana de Telecable y gallega de R Cable, Orange Espagne, Orange España Comunicaciones Fijas, Xfera Móviles y Lorca Telecom Bidco. Euskaltel cuenta con una plantilla de 270 empleados y se da la circunstancia de que cuando fue adquirida por MásMóvil, en 2021, la empresa dirigida por Meinrad Spenger se comprometió a no recortar el número de trabajadores durante al menos cinco años, hasta 2026. Un compromiso que la tecnológica también asumió ante el Gobierno central para recibir el visto bueno a la fusión de Orange y MásMóvil. Pero fuentes conocedoras de las negociaciones han confirmado a este medio que esa cláusula está sujeta a «cambios relevantes en el mercado». En este punto, la fusión del segundo y tercer operador en España se puede considerar una alteración más que significativa.

El de Masorange será el cuarto proceso de recorte de empleo importante en el sector de las telecos en España sólo en lo que va de 2024. El ejercicio se inició con un acuerdo en enero en Telefónica España para la salida de unos 3.421 trabajadores y luego se han producido dos ERE en Avatel y Vodafone, aunque las condiciones han sido muy diferentes, siendo mucho más ventajosas para los trabajadores de Telefónica que en los otros dos procesos. El proceso en Avatel se cerró en junio con la salida de 674 empleados, que supusieron el 36% del total del grupo, con 33 días por año y 24 mensualidades como máximo. Un mes más tarde, en julio, Vodafone España, ahora en manos de la firma financiera británica Zegona, cerró otro acuerdo con los trabajadores –sin alcanzar un pacto con los sindicatos que no aceptaron las propuestas de la empresa– para la salida de 898 empleados, un 27,5% de la plantilla total de la operadora, con una indemnización de entre 33 y 45 días por año. Por tanto, si finalmente en Masorange se alcanzase la totalidad de las bajas inicialmente anunciadas, cuatro de las principales operadoras del sector teleco habrían recortado en apenas un año 5.788 trabajadores. También se han producido importantes recortes de empleo en las empresas del sector de telemárketing, que previsiblemente serán aún mayores en el futuro con la creciente adopción de la tecnología de IA generativa, que permite crear avatares digitales capaces de interactuar mediante llamadas de voz con los clientes.

Petronor ha iniciado esta semana los trabajos sobre el terreno para construir su primera planta de producción de combustibles sintéticos que ocupará una parcela en el Puerto de Bilbao. Aunque la primera piedra del nuevo complejo industrial que Petronor creará en ese terreno se colocó en junio de 2022 –en un acto presidido por el exlehendakari Urkullu–, el inicio de la construcción se ha dilatado en el tiempo por razones técnicas. El hecho de que sea una tecnología novedosa, aún en fase de experimentación, lo complica todo. El desarrollo se ha hecho prácticamente desde cero ya que no hay muchas referencias que ‘copiar’ en el mundo. Esta planta también tiene carácter experimental –‘demo’, como la han bautizado en la compañía–, precisamente porque necesita desarrollar la tecnología hasta demostrar que es eficaz y competitiva. La instalación no estará lista hasta finales de 2025 o principios de 2026. Con una inversión de 160 millones de euros, tendrá capacidad para producir combustibles sintéticos, mezcla de CO2 procedente de emisiones de la refinería e hidrógeno. Este gas será producido en una planta anexa gracias a un electrolizador de tamaño mediano de 10 megavatios. Las previsiones apuntan a que la planta será capaz de producir una cantidad moderada de combustible: 2.000 toneladas anuales. El equivalente a las necesidades diarias de 200 vehículos. Hasta ahora, la producción de combustible sintético en el grupo Repsol se ha limitado a pruebas de laboratorio a muy pequeña escala.

En Euskadi se están tramitando ante el Gobierno vasco 111 proyectos de energías renovables para poner en marcha 74 plantas fotovoltaicas y 37 eólicas, y la inmensa mayoría de ellas (83) se ubicarían en Álava. Así se desprende de un respuesta parlamentaria del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, a una pregunta parlamentaria. La documentación facilitada por el Gobierno vasco incluye una relación de todos los proyectos por tipo de instalación y territorio histórico, y precisa el promotor, la cantidad de energía que planea producir cada instalación, el municipio donde se ubicaría y la fase administrativa en la que está cada proyecto. Álava es el territorio con más proyectos en ciernes, en total 83. De ellos, la gran mayoría se refieren a la producción de energía fotovoltaica, lo que se explica en que este territorio histórico es más llano y cuenta con más horas de luz que Bizkaia y Gipuzkoa. Así, de los 83 proyectos que se están tramitando en Álava 68 son para instalar plantas fotovoltaicas. Los 15 restantes son relativos a la producción de energía eólica. En el caso de Bizkaia se da la situación contraria: de las 18 plantas que se están tramitando 16 están orientadas a aprovechar la energía del viento y solo 2 a la solar. En Gipuzkoa la relación entre ambos tipos de instalaciones está más equilibrada. Así, de los 10 proyectos que se quieren impulsar en este territorio histórico, 6 son eólicos y 4 fotovoltaicos. 

La Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) ha abierto el plazo para solicitar las ayudas financiadas por la UE a través del plan de recuperación NextGeneration, destinadas a mejorar la conectividad empresarial en Euskadi facilitando el acceso a tecnologías avanzadas y redes de alta velocidad. El plazo para concurrir a estas ayudas estará abierto hasta el 12 de diciembre. El programa cuenta con dos líneas principales, cada una con sus características específicas y requisitos. La primera línea se centra en la instalación de redes privadas de comunicaciones electrónicas de alta velocidad de al menos 1Gbps. Incluye la instalación y actualización de equipos de red, routers, y puntos de acceso que aseguren una conectividad interna rápida y eficiente dentro de la empresa. Esta línea de la ayuda se dirige a pymes vascas y pueden obtener hasta un 80% de los gastos elegibles cubiertos, con un máximo de 100.000 euros. La segunda línea está dirigida a la extensión de redes de banda ancha ultrarrápida en áreas con baja cobertura como zonas rurales. Esta segunda línea se dirige a todos las empresas vascas y podrán recibir hasta un 90% de los gastos cubiertos, con un límite de 30.000 euros.

En plena crisis de ventas, el Gobierno vasco vuelve a acudir al rescate del sector vinícola. El Ejecutivo ha concedido otros 5,6 millones de euros a las empresas vinícolas. En este caso, las ayudas no llegan para medidas como la cosecha en verde o la destilación, sino para incentivar las inversiones en sus instalaciones. La resolución, después de una corrección de errores, se publicó esta semana en el Boletín Oficial del País Vasco. El programa de subsidios buscaba en esta ocasión promover mejoras en las bodegas. Fuentes del Departamento de Agricultura señalan que la convocatoria ampara «inversiones de tipos muy diferentes: desde construcción de obra civil (en bodegas nuevas o ampliaciones), hasta maquinaria variada». Por ejemplo, productos como cubas, embotelladoras o barricas de madera. Entre los beneficiados, igual que en otras ocasiones, destacan conocidas firmas de la comarca. Es el caso de Muga, que es la compañía del sector que más ha recibido: más de 1,5 millones de euros para financiar una inversión de casi cuatro. CVNE también se queda cerca: recibe 1,4 millones, aunque su gasto es notoriamente mayor, de más de siete millones. Entre las compañías subvencionadas también otros emblemas como Aradi, Eguren Ugarte, Barón de Ley, Artuke o Javier San Pedro. También reciben ayudas organizaciones como Araex y sociedades cooperativas.

La relación con la diputada general de Gipuzkoa empieza a enrarecerse a cuenta del TAV y su futura conexión con Navarra. Eider Mendoza volvió a reclamar ayer que el enlace se ejecute por EzkioItsaso y no por Vitoria pese a que aún no hay nada decidido respecto a las dos alternativas que están sobre la mesa. Pradales le había pedido la víspera «cautela» para intentar apaciguar el primer conflicto interno que se le presenta en la legislatura. Además de insistir en que conectar la ‘Y’ vasca con Pamplona a través de Álava carece de «funcionalidad», la máxima dirigente guipuzcoana quiso interpretar las declaraciones del lehendakari del lunes en las que advertía de que la «codecisión» sobre el trazado definitivo será cosa del Gobierno central, el vasco y el navarro. El mensaje era también una llamada implícita a las diputaciones implicadas a que dejen de agitar un asunto que han elevado a la categoría de pulso territorial. Para Mendoza, lo que quería decir Pradales es que «las instituciones vascas no van a ser simples espectadoras». Pese a que el proyecto del TAV ha pasado momentos críticos durante las tres legislaturas de Urkullu es en la llegada de Pradales a la Lehendakaritza cuando está generando roces institucionales inéditos en Euskadi.

LAB no será el único sindicato que seguirá con su dinámica movilizadora para lograr mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores. Ayer, la secretaria general de CC OO de Euskadi, Loli García, también trasladó al consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que «continuará con el binomio movilización-negociación que tantos beneficios ha traído para la clase trabajadora». Durante el encuentro que mantuvo CC OO de Euskadi con el vicelehendakari segundo, Loli García abordó cuestiones como la negociación colectiva, el ámbito sanitario, la problemática de la vivienda, los cuidados y la fiscalidad, pero instó, sobre todo, a Torres a que trabaje de forma clara en el fomento del empleo de calidad contando con la participación de las organizaciones sindicales. Por su parte, el secretario general de UGT, Raúl Arza, que se reunió a continuación, instó al vicelehendakari a reforzar la Inspección para frenar la alta siniestralidad laboral, ya que recordó que los accidentes graves con baja han aumentado un 45%, lo que significa que cada día haya 117 personas que acaban de baja tras un accidente en el trabajo. «Se tienen que cubrir las plazas vacantes de Inspección para poder realizar un control efectivo de la calidad del empleo o el cumplimiento de los horarios. Son problemas graves que necesitan recursos», remarcó.

Pedro Sánchez ha llevado hasta el final su apuesta por José Luis Escrivá (Albacete, 1960), ministro de Transformación Digital y Función Pública, a pesar de la oposición frontal del PP a un nombramiento que inicialmente iba a ser consensuado. El presidente defiende que Escrivá es la persona idónea por sus vastos conocimientos en política monetaria y en asuntos macroeconómicos. Ambos aspectos se consideran muy importantes para el puesto. Pero en círculos económicos y financieros temen que el ministro no ejerza la independencia que exige el cargo y ponga en riesgo parte del prestigio y reputación que ha recuperado Pablo Hernández de Cos para la institución tras los difíciles años del rescate de las cajas de ahorros y las preferentes. Precisamente una de las funciones más relevantes del Banco de España es servir de contrapeso para evaluar y analizar las reformas económicas y las previsiones del Gobierno. Eso significa que Escrivá tendrá que vigilar la ejecución de leyes que él mismo ha impulsado. Por ejemplo, su reforma de las pensiones o el seguimiento de las cuentas de la Seguridad Social. Según las fuentes consultadas, su gran desafío será tratar de ser igual de influyente en Fráncfort que Hernández de Cos, un técnico muy reputado, no solo en Europa sino en instancias internacionales.

El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, anunció ayer que el próximo lunes llevará a la mesa de diálogo social una nueva propuesta sobre la reducción de jornada, con la intención de que ésta se pueda «acomodar» al objetivo de alcanzar un acuerdo con sindicatos y empresarios. Tras remarcar que la rebaja de la jornada laboral semanal a 37,5 horas es una medida que cuenta con un «amplísimo apoyo» entre los trabajadores, Pérez Rey confió en que la reunión sea «fructífera» y ofrezca ya «algunos resultados». Sobre los plazos para alcanzar un acuerdo, el secretario de Estado dejó claro que no se puede esperar mucho más porque esta medida es un compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. «Hay un compromiso del acuerdo de gobierno que nos llama a todos, a sindicatos, patronales y al propio Gobierno a poner en marcha esta reducción cuanto antes», aseguró. En cuanto a las movilizaciones anunciadas por CC OO y UGT para impulsar la puesta en marcha de esta reducción de jornada, Pérez Rey expresó su «máximo respeto» a las «legítimas reivindicaciones» de los sindicatos, aunque deseó que «ojalá esas movilizaciones no sean necesarias porque alcancemos cuanto antes en la mesa de diálogo social un acuerdo».

La reducción de la jornada laboral por ley que impulsa el Ministerio de Trabajo, y cuya mesa de negociación volverá a reunirse el lunes, tiene a las pequeñas y medianas empresas en pie de guerra. Alegan que al disponer de menos recursos técnicos y humanos, reducir el tiempo de trabajo de sus empleados —sin recorte de salario— supone un ataque a la supervivencia de la mayoría, y, en consecuencia, a más del 90% del tejido empresarial del país al que representan. “Consideramos que esta medida es totalmente necesaria, pero insuficiente”, reconoce José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes). “Si bien la reducción de la jornada laboral puede ser una propuesta vestida de buenas intenciones, las consecuencias nefastas que puede tener para las pymes, para nuestra economía y la generación de empleo, si se hace mal, pueden ser muy importantes”, añade. “Si bien muchos convenios vigentes establecen horarios equivalentes a 37,5 horas, y la media de horas trabajadas en España es de 37,8 horas mensuales, hay que tener en cuenta que estos acuerdos afectan mayoritariamente a grandes empresas y administraciones públicas, y que las pymes y las micropymes son las que tienen menos margen financiero y capacidad de invertir en contratación de nuevo personal”, detalla Torres. “Las pymes no podrán absorber los incrementos de costes que esta medida significa, a diferencia de las grandes empresas, y deberán repercutirlos sobre los precios aplicados a sus clientes. Esto supondrá una merma de competitividad que afectará a la lucha desigual entre pymes y grandes empresas, como venimos denunciado, por ejemplo, en los plazos de pagos, o en nuestra poca participación en la compra pública”, añade.

Solaria, una de las mayores empresas de renovables en Bolsa en España, cerró ayer un acuerdo con la tecnológica japonesa Datasection para desarrollar un centro de datos de Inteligencia Artificial (IA) en las antiguas instalaciones industriales que la compañía española tiene en Puertollano (Ciudad Real) por mil millones de euros. El acuerdo prevé un suministro de hasta 200 megavatios y el uso de hasta 100.000 metros cuadrados de superficie en las propias instalaciones de Solaria en Puertollano, que cuenta con “salas blancas”, estancias con alto nivel de aislamiento y calidad del aire que en el pasado se utilizaron para la fabricación de células fotovoltaicas. Datasection (DS) es filial de KDDI, una de las dos mayores operadoras de telecomunicaciones de Japón. DS tiene como socios estratégicos a Foxconn y Super Micro, y cuenta con el apoyo tecnológico de Nvidia, líder mundial en hardware y software de inteligencia artificial. No han trascendido datos de inversión en el proyecto, aunque fuentes del sector indican que de media se usa una cifra estándar del entorno de diez millones de euros por megavatio, lo que incluiría el desarrollo de instalaciones de ordenadores y también las renovables para abastecerles de electricidad. Esa cifra supondría entre 1.000 y 2.000 millones de inversión total. Lo relevante en cualquier caso es que con este acuerdo, Solaria se adelanta a Iberdrola en la frenética carrera que han abierto las dos energéticas para liderar la captación de negocio. 

Reino Unido ha adjudicado recientemente y por subasta nuevas licencias para la instalación de complejos eólicos en el país. Hasta 6,3 GW a concurso ha lanzado el Gobierno de Londres. La partida de generadores offshore alcanzó una capacidad global de 5,3 GW, de la cual el 22,6% (en concreto más de 1,2 GW) fue adjudicada a Iberdrola, a través de su filial Scottish Power. La participada escocesa del grupo español presentó dos proyectos, East Anglia 2 y East Anglia 3, con una capacidad por separado de 963 MW y de 158,9 MW, respectivamente. El primero a un precio de 58,87 libras esterlinas MW hora (65,08 euros con el actual tipo de cambio) y el segundo por 54,23 libras esterlinas (64,32 euros). El gran triunfador de la subasta en eólica marina fue la multinacional danesa Orsted, que logró la adjudicación de 3,5 GW a través de dos proyectos, para los que presentó unos precios de venta de energía similares a los de Iberdrola, de 54,23 libras esterlinas y 58,87 libras esterlinas, respectivamente, para las futuras explotaciones renovables Hornsea 3 y Hornsea 4, respectivamente.

El incendio inflacionista que durante varios años ha calcinado el poder adquisitivo de empresas y familias, y que aún hoy no está del todo extinguido, ha sido un fenómeno generalizado dentro y fuera de nuestras fronteras. Ha dejado en herencia un fuerte incremento acumulado de los precios, que asciende al 18,9% entre junio de 2019 y junio de 2024, según un artículo analítico publicado ayer por el Banco de España. Es decir, aunque los precios se han ido moderando a lo largo de los últimos meses, la cesta de la compra era a mediados de año mucho más cara que hace un lustro. Sin embargo, aunque global, su impacto no ha sido el mismo en todos los territorios, con diferencias muy notables entre unas autonomías y otras que llegan a superar los cuatro puntos porcentuales entre la región más inflacionista y la que menos. Con este asimétrico telón de fondo, Castilla-La Mancha ostenta el dudoso honor de ser la región donde más subieron los precios entre junio de 2019 y el mismo mes 2024, con un IPC general acumulado del 21,2%; seguida de Galicia, donde la vida se encareció un 20,4%. En el otro lado de la balanza se encuentran Madrid, que con un inflación acumulada del 17,1% presenta la tasa más baja de toda España; y Cataluña, que se situó en segundo lugar con un 18,1%. ¿Las causas de estas notables diferencias? Según el Banco de España, esta heterogeneidad se debe fundamentalmente a “las diferencias que existen entre CCAA en cuanto a la composición de las cestas de consumo de los hogares”.

El precio del barril de petróleo Brent sufrió ayer una fuerte caída, llegando a perder los 74 dólares, en medio de la creciente preocupación por la debilidad de la demanda china. La inquietud por la situación del gigante asiático hacía retroceder al Brent un 4,86%, hasta los 73,75 dólares, niveles no vistos desde diciembre, y eclipsaba las noticias de interrupciones del suministro en Libia, que la semana pasada impulsaron los precios. En ese escenario, el barril West Texas estadounidense también se resintió, cotizando en torno a los 70 dólares. Una nueva contracción manufacturera en China este sábado –cuando la actividad de las fábricas cayó a mínimos de seis meses–, sumada a la crisis inmobiliaria que sufre el país, está aumentando los temores a que los objetivos de crecimiento de Pekín no se cumplan, lo cual repercute en el precio del crudo porque un menor dinamismo de la economía asiática implica un menor consumo de combustible.