20240706

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere prohibir los despidos colectivos –expedientes de regulación de empleo (ERE)– a las empresas que tienen beneficios. Incluso, Díaz explicó ayer a UGT que el Gobierno trabaja en esta cuestión dentro de la que pronto será una nueva ley de industria. En la clausura de las III jornadas de UGT sobre el colectivo LGTBI+, Díaz defendió que las empresas que tienen beneficios no puedan acudir a expedientes de regulación de empleo (ERE), y puso como ejemplo el que, en estos momentos, está haciendo Zegona sobre la plantilla de Vodafone en España. Ante los militantes del sindicato, la vicepresidenta segunda dijo lo siguiente: “Quiero deciros que en absoluto comparto, lo vuelvo a decir hoy aquí, que una empresa que tiene beneficios pueda acudir a un expediente [de regulación de empleo]”. En este sentido, Díaz aseguró a la audiencia de sindicalistas que “nadie comprende cómo es posible que una empresa que tenga beneficios acuda a un expediente colectivo de regulación de empleo”. Pero también expresó su temor de que su propuesta sea rechazada por el ala socialista del Ejecutivo y, obviamente, por los empresarios: “Los gobiernos a veces son reticentes para convertir en sentido común lo que ya lo está en la calle como tal”. Parafraseó así al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, entre 1977 y 1981, cuando defendió la ley de reforma política para la Democracia y dijo que su objetivo era “elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal”. Por su temor a la oposición del ala socialista del Ejecutivo, la vicepresidenta segunda pidió “ayuda a los compañeros y compañeras de UGT” para contribuir a que salga adelante esta medida. Sobre todo, por la posibilidad de que la propuesta sea rechazada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Hay que recordar que este último preside la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

El director en funciones de la Representación española de la Comisión Europea, Lucas González Ojeda, ha estado esta semana en Donostia en las jornadas sobre Gipuzkoa y comercio internacional. "Estamos acometiendo dos transformaciones muy importantes: la transformación digital y la transformación ecológica –en el ámbito del pacto verde europeo y de las nuevas energías–. Y hay que hacerla de la mejor manera posible, teniendo en cuenta el contexto de un mundo cada vez más globalizado y con competidores importantes. Desde la Comisión Europea se han puesto en marcha los fondos Next Generation EU, que ponen a disposición de los países 800.000 millones de euros aproximadamente para invertir en estas dos transformaciones...Euskadi y Gipuzkoa son zonas netamente industriales y muy potentes, los ‘gigantes del hierro’ en España, y hay que ponerlas en valor, pero no hay que dormirse y hay que seguir fortaleciéndolas utilizando los recursos financieros y las inversiones que se ponen a disposición de España, además de tratar de hacer las reformas necesarias. No por estar en un buen nivel tenemos que dormirnos ni ser autocomplacientes, sino que tenemos que seguir fortaleciéndola en el marco de la doble transición de la que he hablado, la digital y la ecológica-sostenible...La Unión Europea es un mercado abierto al comercio. Nosotros no creemos en políticas proteccionistas como tal. Creemos en un sistema multilateral del comercio y por tanto consideramos que es muy importante fortalecer el papel que tiene la Organización Mundial del Comercio y al mismo tiempo, establecer oportunidades de exportación a las empresas con los acuerdos bilaterales que vayamos firmando, también con EE UU y China, con quien vamos a intentar superar las discrepancias..."

BBVA recibió ayer un respaldo mayoritario de sus accionistas para continuar con la opa lanzada sobre el Banco Sabadell y que, previsiblemente, no se sustanciará hasta principios de 2025 después de superar otros trámites pendientes. Ayer, los accionistas de BBVA aprobaron realizar una ampliación de capital de hasta un máximo de 1.126 millones de acciones. Han renunciado también a su derecho preferente de suscripción, porque esos títulos serán los que se ofrezcan a los accionistas del Sabadell si se superan todos los trámites y la opa comienza a rodar. La ampliación de capital y con ello la opa sobre el Sabadell fue respaldada por el 96,54% del capital que participó en la junta. Un paseo militar para los máximos responsables del banco y también una señal de que a los inversores –muchos de ellos también presentes en el accionariado del Sabadell– ven la oferta con buenos ojos. En la junta extraordinaria convocada ayer en Bilbao participó –de forma presencial, telemática o a través de una delegación de voto– el 70,75% del capital social del banco. Un porcentaje muy elevado y similar –71%– al de la última junta ordinaria que aprobó las cuentas de 2023. El voto secreto de los accionistas, sin embargo, mantiene oculta la posición concreta adoptada por algunos fondos de inversión que, como es el caso del norteamericano BlackRock, mantienen participaciones significativas en ambos bancos. Pese a ello, las cifras de participación y apoyo a la operación suponen un claro espaldarazo a la gestión del equipo directivo del banco y en especial a su consejo de administración. Carlos Torres, el presidente de BBVA, defendió la operación no solo por las características positivas que presenta Sabadell y su complementariedad –la entidad de origen catalán tiene una cuota de mercado importante en pequeñas y medianas empresas–, sino también por las bondades de ganar escala en el mercado financiero. «Con la incorporación de Banco Sabadell al Grupo BBVA ganamos escala y diluimos los costes fijos entre una base de clientes más grande, un mayor volumen de negocio, ganando en eficiencia y pudiendo ofrecer a los clientes de ambas entidades mejores productos y servicios a precios más competitivos», indicó.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reiteró ayer durante una visita que gira en Japón el rechazo del Gobierno a la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell. Cuerpo no quiso comentar la carta enviada ayer por Josep Oliu, el presidente del banco de origen catalán, a los accionistas de la entidad para recordarles que la junta de accionistas que celebró ayer el BBVA no condiciona el resultado de la operación. Oliu aprovechó para reclamar a Carlos Torres, presidente del BBVA, que “publique de forma clara, transparente y completa todos aquellos elementos que puedan tener una implicación en el valor ofrecido”. Cuerpo restó importancia a la misiva del banquero y recalcó que “no ha habido ningún elemento nuevo de información que nos haga cambiar, actualizar o reconsiderar nuestra opinión”. Cuerpo insistió en que el Gobierno está preocupado por el exceso de concentración bancaria y los potenciales perjuicios para los clientes financieros en materia de inclusión financiera, acceso a crédito de las pymes, empleo y cohesión de la red territorial de esas entidades. “Nuestra posición en el Gobierno fue muy clara con esta situación, por la preocupación que hemos tenido por el posible exceso de concentración que supondría la fusión entre ambas entidades”, dijo Cuerpo, que recordó que la operación sigue los trámites previstos. Está siendo analizada por la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El centro donostiarra de nanociencia Nanogune ha llegado a un acuerdo con la empresa británica Quantum Motion para crear en San Sebastián un nuevo grupo de investigación de tecnologías cuánticas que estará liderado por el físico navarro Fernando González-Zalba. Para dar cabida a los laboratorios del grupo y al personal de Quantum Motion, se levantará junto a las actuales instalaciones de Nanogune una torre de siete plantas con una superficie total de 1.500 metros cuadrados. Este nuevo inmueble, que se llamará ‘The quantum tower’, albergará el instrumental necesario para producir chips de ordenadores cuánticos utilizando una tecnología basada en el silicio. En los laboratorios se instalarán, entre otros aparatos, varios refrigeradores de dilución capaces de alcanzar temperaturas bajísimas de unos diez milikelvins. Se prevé que en un plazo de diez años lleguen a trabajar en las instalaciones medio centenar de investigadores. «Para nosotros es un paso de gigante», dice José María Pitarke, director de Nanogune, en declaraciones a este periódico. «Es una situación ideal, en el sentido de que tenemos un conocimiento y una infraestructura en nanotecnología que vamos a poner en valor para poder avanzar en el desarrollo de nuevo hardware cuántico en colaboración con una empresa que está en primera línea en ese campo», añade. La elaboración del proyecto correrá a cargo de la ingeniería Idom.

Los sindicatos ESK, ELA y UGT denunciaron ayer el inminente cierre de la factoría de Ofita en Vitoria, una empresa dedicada a la fabricación de material de oficina. «El pasado mes de mayo, la dirección de la empresa mandó un correo electrónico al conjunto de la plantilla, con una información muy escasa para comunicar su intención de presentación de un concurso voluntario de acreedores», explicaron los sindicatos en una nota. En una reunión entre la compañía y los sindicatos, se comunicó a la parte social que «tiene carga de trabajo para poder seguir produciendo unos meses más, pero que han estado rechazando nuevos pedidos productivos y que estiman entre 2 y 3 meses de trabajo, hasta la liquidación y cierre de la fábrica. Según su entender ven inviable la continuidad del negocio». En la factoría de Vitoria trabajan 42 personas. Los sindicatos denuncian que «a pesar de que presentaron el concurso de acreedores en mayo, no ha habido comunicación previa de las intenciones de la dirección de la empresa, que se limita a trasladar a la plantilla y su representación una información muy escasa y ocultando información en todo momento».

Uno de los retos prioritarios de las empresas pone el foco en la sostenibilidad y en la exigencia de compaginar la actividad económica con el respeto al medio ambiente. Ese será el objeto de debate del primer encuentro Sustainable Company, una jornada profesional sobre políticas de sostenibilidad exitosas, que tendrá lugar el próximo jueves 11 en la sala Prisma de Tabakalera en Donostia. El encuentro está dirigido a responsables de departamentos de medioambiente, sostenibilidad, financiero y directores generales de Pymes de Gipuzkoa; así como a responsables de sostenibilidad de instituciones de nuestro territorio. La jornada está organizada por El Diario Vasco, y promovida por el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Laboral Kutxa; y cuenta con la colaboración de Iberdrola y Adegi. La jornada arrancará a las 9:00 horas con la bienvenida de José Ignacio Asensio, diputado de Sostenibilidad y Joseba Barandiaran, director de Planificación y Sostenibilidad de Laboral Kutxa. Posteriormente, tendrá lugar la mesa coloquio ‘Sostenibilidad y empresa. Retos de un nuevo tiempo’ en la que intervendrán Mónica Pedreira, directora de Transición Ecológica de la Diputación de Gipuzkoa; Iker Urrutia, jefe de zona Gipuzkoa para i-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, Iberdrola; y Luis Artola, director General de Plastigaur. Se compartirán casos de éxito y ejemplos de aplicaciones prácticas de políticas de sostenibilidad exitosas en Gipuzkoa. El encuentro repasará también las últimas normativas en materia de medio ambiente. 

Grupo Mondragon sigue renovando su dirección. La Comisión Permanente del Congreso de la corporación cooperativa ha nombrado a Vicente Atxa e Iñigo Laskurain como nuevos vicepresidentes, según anunció ayer el grupo con sede en Arrasate. Atxa es, a su vez rector de Mondragon Unibertsitatea y compatibilizará este cargo con la vicepresidencia y la dirección de la división de Conocimiento. Por su parte, Laskurain accederá el 1 de noviembre a la dirección de la división de Automoción. Estos nombramientos se producen en vísperas de la asamblea general del Grupo, prevista para el 17 de este mes, y formarán parte del equipo del futuro nuevo presidente, Peio Rodríguez Zabaleta, que sustituirá a Iñigo Ucín a partir del 1 de agosto. La dirección de Conocimiento que liderará Atxa completa la estructura organizativa de esta división que se constituyó hace un año durante el último Congreso. Esta unidad la integran los centros educativos y tecnológicos de la alianza junto con Mondragon Unibertsitatea. Atxa, de 58 años y natural de Oñati es ingeniero en electrónica por Mondragon Unibertsitatea y doctor en Electrónica y comunicaciones por la Staffordshire University. En la división de conocimiento trabajan cerca de dos mil personas y tiene un presupuesto agregado de 150 millones de euros y un total de 22 sedes repartidas por Euskadi.

Casi un 75% de los coches que se venden en Euskadi son de segunda mano. Es la proporción que sale de los datos de este primer semestre y que no ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Entre enero y junio se matricularon en el País Vasco 12.448 turismos y todoterrenos mientras que se compraron 36.484 vehículos de ocasión, según la patronal de concesionarios (Faconauto) y de distribuidores (Ganvam). Es decir, que los usados casi triplicaron a los nuevos, lo que se explica por las diferencias de precio y también por las dudas sobre qué tecnología adquirir. Las ventas de coches nuevos no terminan de tirar. Las 12.448 matriculaciones registradas en el primer semestre solo suponen un 0,7% más que las del año anterior. El sector lo achaca a la incertidumbre sobre el futuro de los motores tradicionales (diésel, gasolina e híbridos convencionales) y a que los eléctricos siguen sin despegar. Por eso la patronal de los concesionarios Faconauto ha instado esta semana al Gobierno vasco a poner en marcha un plan Renove para todas las tecnologías.

Los vascos gastaron más el año pasado y en buena medida lo hicieron en ocio, belleza, aficiones y los llamados ‘gastos hormiga’, desembolsos no planificados y que parecen de poca importancia, pero que se acumulan hasta alcanzar cifras significativas. Así lo confirman los datos publicados ayer por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, que permiten poner bajo el microscopio los diferentes tipo de compras realizadas en 2023. Los hogares de Euskadi gastaron un 4% más: de media, 36.331 euros en total. Aunque más de la mitad de sus presupuestos se fueron a los alimentos (un 15,7%) y los costes asociados a la vivienda (35,2%), el mayor incremento se vivió en el apartado de ocio y cultura. Se disparó un 21,6%, llegando a los 1.745 euros, de los que el mayor montante se dirigió a los paquetes turísticos. Los pagos en este ámbito crecieron un 42,7%, con un gasto medio por familia de 332,3 euros. Los juegos de azar subieron un 45,3% (pasaron de 112 euros en 2022 a los 163 del año pasado), y la sección de juegos, juguetes y aficiones se elevó un 31,6% (en total, 124,9 euros). En cambio descendieron llamativamente partidas como la del gasto en libros, que se desplomaron un 18,2%, aunque con poca significación en las cifras totales: 16 euros menos por vivienda, de 87,9 a 71,9 euros. La categoría del ocio incluye otro gasto llamativo: las mascotas. Se estima que uno de cada cinco hogares en Euskadi acoge al menos una y el año pasado los dispendios en animales domésticos, productos y servicios relacionados escalaron un 19%. Ya suponen una media de 221,60 euros por cada familia vasca.

El manifiesto contra las políticas del Gobierno, que difundió el miércoles Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, esta suscitando una oleada de adhesiones entre las distintas organizaciones empresariales españolas. El Manifiesto de la pequeña y mediana empresa, por la libertad de empresa, critica duramente el intervencionismo del Gobierno en la gestión de las compañías, como la subida del salario mínimo internacional o la reducción, por ley, de la jornada laboral, desde las 40 horas a las 37,5 horas semanales, sin recorte del salario. Cepyme arremete contra las continuas subidas de los impuestos y de las cotizaciones sociales y la invasión de la negociación colectiva. Los pequeños y medianos empresarios consideran también que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está utilizando el Ministerio para intentar realzar la presencia política de Sumar en el Gobierno. Fomento Nacional del Trabajo, la patronal catalana, pidió “el cese de las políticas intervencionistas que limitan nuestra flexibilidad y autonomía, así como una mayor valoración y respeto por el diálogo social entre trabajadores y empresarios”. Fomento subraya que “las pymes estamos sufriendo una situación cada vez más insostenible debido a la creciente intervención gubernamental, la sobrerregulación y el incremento constante de cargas fiscales y burocráticas”. Para el presidente del Consejo de las pymes catalanas, Xavier Panés, que está dentro de Fomento del Trabajo, “estas políticas no sólo afectan nuestra capacidad para crecer y generar empleo, sino que también están erosionando la cultura empresarial y estigmatizando la figura del empresario”.

España tiene una bendición y un problema. La bendición es que cuenta con sol para aburrir –alrededor del doble de horas al año que en el centro y el norte de Europa– y grandes superficies de terreno baldío en las que poder instalar paneles fotovoltaicos sin entrar en contradicción con los usos agrícolas. El problema es que, como ya está empezando a suceder muchos festivos y fines de semana, sobrarán grandes cantidades de electricidad en las horas centrales y, en cambio, faltarán en las horas pico (desayuno y cena) y en algunas madrugadas. Una situación para la que solo hay una salida: almacenar energía las horas y los días que sobra electricidad verde y barata para utilizarla cuando hace falta. El almacenamiento es algo así como el Santo Grial de la transición a las renovables: para que la penetración de las fuentes verdes sea total, hay que asegurar también el suministro libre de emisiones cuando no hay sol ni viento o en las que, simplemente, la demanda eléctrica es mayor que la oferta. Y eso solo se puede asegurar de dos maneras: con centrales hidroeléctricas de bombeo, para las que España cuenta con una orografía única, y con baterías, que, a su vez, pueden ser de gran escala, conectadas directamente a la red, asociadas a plantas fotovoltaicas o eólicas, o de carácter doméstico. Ambas soluciones son complementarias: “Las baterías te funcionan muy bien para unas horas; el bombeo te soluciona el almacenamiento diario y el semanal, y el reto a futuro será pensar más allá del semanal, llevar energía del verano al invierno, quizá con hidrógeno”, expone por teléfono Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia Comillas especializado en regulación energética. “Pero hay una cosa clara: no podemos permitirnos perder más tiempo en la regulación, porque 2030 está al lado y tenemos que empezar ya. Por cada bombeo que no se construya, habrá que poner una central de gas más en marcha de lo que necesitarías”.

La madre de todas las batallas en el coche eléctrico es el desarrollo y control de las cadenas de valor de las baterías, el elemento más caro, de lejos, que tiene un vehículo eléctrico. Europa, que se está quedando muy atrás de EE UU y China, contaba con Northvolt como una apuesta a futuro para tener un gran ensamblador propio de baterías para vehículos eléctricos, pero el proyecto está haciendo aguas. Según los resultados publicados por la compañía sueca esta semana, sus pérdidas se han multiplicado por más de tres hasta los 1.167 millones de dólares, unos 1.078 millones de euros al cambio actual. Por su parte, la facturación del fabricante fundado en 2016 solo aumentó un 19,6% el año pasado, hasta los 128 millones de dólares (unos 118,3 millones de euros). Para el presente ejercicio habrá que ver cómo impacta en su facturación que BMW haya cancelado un pedido por valor de 2.000 millones de euros, después de que la automovilística alemana supuestamente se hartara de los constantes retrasos en las entregas y la baja calidad de los productos de Northvolt, según medios como Reuters y Bloomberg. Esto, sumado a las dificultades que está teniendo la compañía sueca para incrementar su capacidad de producción, está poniendo en jaque a un fabricante que a principios de año recibió subvenciones por más de 900 millones de euros (unos 700 millones en ayudas directas) para que no se llevara una gigafactoría a EE UU y en su lugar la levantara en la localidad de Heide, en Alemania. La ayuda a esta planta, que comenzó a construirse en marzo, inauguró el nuevo sistema ideado por la Comisión Europea en 2023, que otorga más libertad a los Estados miembros para subvencionar proyectos industriales limpios. Esto permite a los Veintisiete usar 225.000 millones en ayudas estatales para conceder subvenciones a energías renovables, tecnologías de descarbonización y medidas de eficiencia energética. El fabricante de baterías también sufre el estancamiento en Europa del mercado de coches eléctricos.

El 27 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, una proposición no de ley del PP consensuada con el PSOE para favorecer la producción de combustible sostenible para la aviación (SAF, por sus siglas en inglés). Esta alternativa se ve como la única forma de descarbonizar un sector de difícil -si no imposible- electrificación y consiste en varias tecnologías diferentes que, de momento, requieren ayudas e incentivos para ser rentables. El desarrollo de este combustible es algo que también pide –lo exige, en realidad– Europa a través de la normativa ‘REFuelEU’ a todos los vuelos que salgan de la UE, aunque de forma gradual. El reglamento establece la obligación de que los proveedores de combustible de aviación «velen por que todo el combustible que se ponga a disposición de los operadores de aeronaves en los aeropuertos de la Unión contenga un porcentaje mínimo de combustible de aviación sostenible a partir de 2025». Además, en 2030 se añade también la obligación de incluir un porcentaje de SAF sintético –el combustible es el mismo, varía el proceso de producción y su procedencia– y ambos aumentarán este porcentaje de forma progresiva. Así, los proveedores de combustible tendrán que incorporar un 2% de combustibles de aviación sostenibles en 2025, un 6% en 2030 y un 70% en 2050, mientras que a partir de 2030, el 1,2% de los combustibles también deben ser sintéticos, y el 35% –es decir, la mitad de ese 70%– en 2050. «Al final será una combinación de distintas rutas tecnológicas», contextualiza Álvaro Macarro, responsable de Aviación Sostenible de Cepsa. Además, explica, a medida que vayan madurando las tecnologías y vaya aumentando la producción, «los costes se irán abaratando y el precio del producto, que es una de las cosas que más preocupa al sector y a las líneas aéreas, también se irá reduciendo».

El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, que el pasado jueves arrasó en las elecciones generales con una mayoría absoluta histórica en Reino Unido que pone fin a la era de 14 años conservadores, prometió ayer “reconstruir el país piedra a piedra” y anunció que el “cambio” para hacer el “gran reset” que necesita el país comenzará “inmediatamente”. Entre estas palabras de su primer discurso oficial, pasado el mediodía, y el nombramiento de sus ministros, a la hora del té, pasaron unas pocas horas. La velocidad en la transición política –Carlos III invitó a Starmer a ser primer ministro transcurridas 14 horas del cierre de los colegios electorales– es una de las diferencias del sistema británico respecto del español, pero también la poca sorpresa que supone la designación de los ministros y secretarios de Estado, dado que muchos ya han ejercido el cargo en el Gobierno en la sombra durante varios años. Starmer puso el acento en su primera intervención en la necesidad de recuperar los servicios públicos y de devolver el prestigio a la política. En el primer caso, se refirió explícitamente a la sanidad y la educación, pero también a su compromiso por una vivienda asequible, uno de los principales problemas en Reino Unido. También se puso como objetivo restablecer el “respeto” por la política en plena “era del ruido”, consciente de los escándalos que acabaron con los tories en la oposición. Tras una legislatura en la que los británicos han perdido renta disponible –el peor registro desde 1950–, Starmer subrayó que usará la mayoría absoluta para llevar a cabo sus promesas, resumidas en un mensaje de esperanza: “Reino Unido será un país mejor para vuestros hijos”.