20240909

Entrevista con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. En lo referido al polémico veto del Gobierno a la opa que el grupo húngaro Magyar Vagon había presentado para hacerse con Talgo, destaca el papel clave de la compañía para la fase de reindustrialización en la que está inmersa España, aunque evita ahondar en el fondo del asunto al tratarse de un tema del que es competente su compañero del Consejo de Ministros, Carlos Cuerpo, titular de Economía. En cuanto al turismo, pocas veces había generado tantos titulares. Siempre se ha dado por hecho la buena marcha –excepto en los años de pandemia– de un sector que ahora algunos consideran masificado. Las protestas ciudadanas por la turistificación se han ido extendiendo por el país, unas quejas a las que «hay que poner la oreja» y, sobre todo «tomar decisiones». Muy conocedor de las consecuencias del turismo de masas tras haber sido alcalde de Barcelona, entiende las protestas, pero pide «no exagerarlas». "Talgo forma parte de un sector estratégico y tiene un liderazgo tecnológico muy relevante que es evidente que no hemos querido perder. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de reindustrialización donde socios financieros e industriales le den fortaleza y futuro al proyecto de Talgo, que es tan importante para la movilidad sostenible en España y que tiene tanta proyección en todo el mundo, porque ellos tienen tecnologías que son apreciadas por muchas regiones en el mundo y esto lo que queremos es que se fabrique en España...– ¿Para cuándo la cuarta convocatoria del Perte VEC (vehículo eléctrico y conectado) dotado con 1.200 millones?– De esos 1.200 millones, su mayor parte son préstamos, pero hay 250 millones en subvenciones y es algo que acometeremos a finales de este año para desarrollarlo durante todo el 2025. Ahora estamos terminando las resoluciones del Perte VEC II y estamos empezando a ejecutar el Perte VEC III. Estamos en un proceso de transformación de la industria del automóvil que es esencial y estratégica para nuestra economía...Estamos viviendo un gran incremento de turistas, pero ponemos mucho más énfasis en el gasto. Es evidente que crecemos también en visitantes y sí superaremos los 90 millones sin ninguna duda. El tema es cómo gestionar este crecimiento. El crecimiento en sí mismo no tiene sentido si no contribuye al desarrollo económico y al bienestar de las regiones. Estamos trabajando en diversificar, descubrir otros sitios más allá de los destinos tradicionales que estaban vinculados al sol y playa, la apuesta de hace 30 o 40 años. Diversificar productos, desconcentrar destinos y desestacionalizar en el tiempo..."

A la espera de que quede trazada sobre el plano su ampliación definitiva, el Parque Tecnológico de Álava, tal y como está ahora, arranca el curso con nuevos proyectos empresariales a la vista. El interés de las compañías por asentarse en Miñano es patente, tanto que la propia Diputación ha admitido que la falta de suelo ha hecho que 11 iniciativas se esfumasen. Un total de trece firmas pidieron seis millones de metros cuadrados y sólo se pudieron atender los intereses de dos sociedades. Sin embargo, llegan buenas noticias para el parque. Después de un verano marcado por el éxito de AVS con el satélite vasco Lur-1, tres empresas alavesas líderes en su campo ultiman nuevas aperturas y hay más operaciones a la espera de concretarse en los próximos meses. i+Med.  Nueva sede en otoño. «Un instituto internacional de nanomedicina personalizada». Así definía hace unos meses Manu Muñoz, el CEO de i+Med, la futura sede de la empresa, un edificio de tres plantas y más de 3.600 metros cuadrados que ya está terminado en el Parque Tecnológico. Robotekin, un laboratorio de robótica; y Eurocybcar, una empresa alavesa especializada en ciberseguridad para los coches. 

Además de las tres aperturas de i+Med, Eurocybcar y Robotekin, el Parque Tecnológico atisba en el horizonte otras dos operaciones: la próxima expansión de Basquevolt y la venta de la sede de Omron. En el caso del fabricante de baterías en estado sólido, la ganancia de terrenos sería muy considerable. Como primer paso, tiene previsto crecer en una parcela cercana a su sede en el edificio Marie Curie. Sería ahí donde se instalaría la primera fase de fabricación industrial de baterías. Pero antes hay que dar con un prototipo industrializable. Por el momento, la firma presidida por Francisco Carranza tiene una primera línea piloto capaz de producir celdas de hasta 20 amperios. El reto más inmediato es llegar a los 80, que es el tamaño de las baterías que llevan los coches eléctricos. «Nuestro objetivo es llegar a mitad de 2025". Mientras, está pendiente otra operación: la de la sede de Omron, ubicada en el número 38 de la calle Albert Einstein. Tras la puesta en venta, han llegado varias ofertas a oídos de los promotores de la operación, pero todavía esos intereses no se han concretado en una compra. La parcela que ocupa la multinacional japonesa cuenta con cerca de 3.000 metros cuadrados. El edificio, levantado en 1996, tiene 1.513 metros cuadrados. El precio que piden por la sede de la multinacional es de 650.000 euros. Pese a todo, la intención de Omron es quedarse en Miñano, pero con un espacio muy inferior.

El pasado 1 de agosto entró en vigor en la Unión Europea la Ley de Inteligencia Artificial (IA), la primera del mundo para regular unos sistemas que impulsan la innovación y agilizan infinidad de tareas, pero que al mismo tiempo plantean numerosos riesgos. Pese a que ya está en vigor, no será hasta dentro de 24 meses cuando la ley sea de plena aplicación, ya que la UE ha querido dar un plazo de adaptación a las empresas antes de comenzar las sanciones. Aunque para temas más cruciales como modelos de uso generalista, como ChatGPT, la norma empezará a aplicarse en agosto de 2025. Un año después se aplicará la ley de manera general. La generación neta de profesionales para cubrir esta demanda de expertos en datos e inteligencia artificial continúa siendo insuficiente en España. Los datos extraídos del informe de IndesIA y Talent Hackers revelan que, en 2023, un 15% de las ofertas de ‘data’ no encontraron candidatos con las habilidades necesarias y el 50% de las ofertas de IA no pudieron cubrirse por el mismo motivo. IndesIA, la asociación para el impulso de la IA y la economía del dato, detalla que en España hay más de 144.500 profesionales en ‘Data’ e IA, de los cuales un 68% son hombres y un 32% son mujeres, «lo que denota una brecha importante de talento femenino en este campo». La mayoría de estos profesionales trabajan en Madrid (45%), Cataluña (27%) y, a mucha distancia, Andalucía (7%). Según el estudio, el año pasado se publicaron alrededor de 120.000 ofertas de empleo tecnológicas y de ellas más del 24% eran de ‘data’ e IA (29.100). Aunque esta cifra supone un 2% menos que las publicadas el año 2022, se espera que para 2024 el número ascienda hasta representar tres de cada diez ofertas. El mayor déficit, por tanto, se observa en IA, especialmente en su aplicación práctica en los negocios. Los roles más afectados por esta faltan de talento son los de ingenieros de IA o ‘Machine Learning’ y en la aplicación de estas tecnologías en procesamiento del lenguaje natural. En estas áreas, el 30% de las ofertas no pudieron cubrirse.

Aunque han pasado ya más de dos años y medio desde que se aprobó la reforma laboral, que cambió todo el abanico de contratos de trabajo a disposición de las empresas, éstas todavía tienen dudas sobre qué contratos deben utilizar en algunas ocasiones, como por ejemplo durante los periodos de vacaciones para hacer sustituciones, debido a los «conceptos jurídicos indeterminados» que utiliza la ley en su redacción. Distintos despachos de abogados consultados confirman que éste es uno de los problemas y una de las inquietudes que han tenido que afrontar sus clientes desde que se aprobó la norma y que persiste a día de hoy, intensificado incluso en verano, porque no ha habido jurisprudencia aún que aclare cómo se debe interpretar la norma. «Más de dos años después de la entrada en vigor el 30 de marzo de 2022 de las nuevas modalidades contractuales implementadas por la reforma laboral las dudas generadas en la interpretación de la norma continúan ante la falta de desarrollo reglamentario y la todavía escasa doctrina judicial», lamenta Silvia Vázquez, counsel de Laboral del bufete Andersen, en declaraciones a este medio. La reforma estipuló que sólo serían válidos dos tipos de contrato temporal. El primero es el contrato por circunstancias de la producción, permitido cuando se produce «un incremento ocasional e imprevisible de la actividad» o bien «oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere», entre las que incluye las vacaciones. No obstante, este contrato está también pensado para atender a situaciones «previsibles» de aumento de la actividad, siempre que sean por un periodo reducido, ya que no podrá ser utilizado por más de 90 días en el año natural. La segunda modalidad de contrato temporal permitida es la de sustitución.

Consumido el mes de agosto, un periodo inhábil para el diálogo social, el Ministerio de Trabajo debe resolver las tareas que dejó pendientes antes del parón veraniego. Aunque no será hasta hoy cuando se produzca el primer encuentro formal con sindicatos y patronales —de nuevo con la reducción de la jornada laboral como epicentro—, la ministra Yolanda Díaz ya conoce de primera mano cuáles son las demandas que deberá atender en el nuevo curso político. Tras reunirse la semana pasada con los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la lista de asuntos pendientes es clara (y larga): reducir por ley el tiempo de trabajo (sin pérdida de salario), aprobar el estatuto del becario, reformar la indemnización por despido, reforzar la Inspección, mejorar la estabilidad en el empleo de los trabajadores públicos y aumentar el salario mínimo interprofesional. Y todo, bajo la amenaza sindical de aumentar la presión con movilizaciones en las calles. La negociación alrededor de la rebaja de la jornada laboral entró en un “bucle” en el mes de julio, en opinión de los sindicatos, que acusaban a los empresarios de una inacción deliberada. A pesar de que el recorte que plantea Trabajo es del agrado de las centrales —de las 40 horas semanales actuales a 38,5 en 2024 y a 37,5 en 2025—, la voluntad del Gobierno por sumar a las patronales, que lo han rechazado desde un primer momento, ha aletargado el ritmo de las conversaciones. Una oposición empresarial que mantiene su firmeza en septiembre.

El Ministerio de Trabajo lleva mañana un decreto al Consejo de Ministros que impondrá la obligatoriedad para los empleadores de hacer una evaluación de riesgos de los domicilios en los que son contratadas las trabajadoras del hogar, mayoritariamente inmigrantes. Además, el Sistema Nacional de Salud ofrecerá gratis a estas empleadas la posibilidad de reconocimientos médicos voluntarios. Tras reunirse la semana pasada con responsables de colectivos y plataformas de empleadas domésticas y del servicio de ayuda a domicilio para mejorar la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, el Ministerio de Trabajo ha terminado de perfilar el contenido del real decreto que llevará mañana al Consejo de Ministros para su aprobación. El texto final del documento recoge la obligatoriedad para los empleadores de llevar a cabo una evaluación de riesgos de los domicilios en los que estas trabajadoras se desempeñen, para lo que utilizarán una herramienta diseñada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Además, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrecerá a estas empleadas la posibilidad de realizar reconocimientos médicos voluntarios de forma gratuita y deberá facilitarles material de seguridad cuando sea necesario.

En la primera mitad del año, el mundo de las empresas de telecomunicaciones sufrió una transformación radical. MásMóvil y Orange se fusionaron para crear la empresa con más clientes del país y Vodafone vendió sus operaciones a Zegona y salió del mercado español. Quizá la única de los cuatro grandes operadores que tuvo una estabilidad estratégica fue Telefónica, pese a que vivió su propio culebrón accionarial. Paradójicamente, la dinámica comercial siguió bastante estable: dificultad para no bajar los precios, muchas ofertas e intensidad de cambios de compañía (casi 3,7 millones hasta junio) y Digi como gran rival a batir, especialmente en el bajo coste. La compañía lleva años liderando las altas del sector con sus bajos precios y solo en lo que va de año suma casi 900.000 nuevos contratos, según datos proporcionados por la empresa de origen rumano que el viernes consiguió nuevos fondos para crecer al vender parte de su fibra al operador mayorista Onivia. Las cifras oficiales solo están registradas hasta junio, pero ilustran gráficamente esta tendencia. En su ámbito, los operadores móviles virtuales (OMV), donde se encuadra Digi, son los únicos con un saldo positivo con más de 427.000 clientes, frente a las pérdidas de 43.000 líneas de Movistar, los 145.000 de Masorange y las 238.000 de Vodafone. Las cifras extraoficiales (que se aproximan siempre a las que luego se publican) sobre los meses del verano siguen mostrando el poderío de Digi, aunque Movistar y Vodafone mejoran notablemente su tendencia, con Movistar en números positivos en móvil durante todo el periodo estival y en positivo en fibra óptica durante todo el año. Sin embargo, en un sector cada vez más amplio en España como el bajo coste, que sigue dañando los ingresos de los operadores, la competencia es cada vez mayor.

Toda una década de Ana Botín, la primera presidenta de un gran banco español, a los mandos del transatlántico rojo. La entidad supera hoy los 1,7 billones en activos, los 66.000 millones de euros de valor en Bolsa, ganó 11.100 millones en 2023, su récord histórico, y se ha consolidado como el primer banco español, con 168 millones de clientes, y uno de los más relevantes de la zona euro. Con la Gran Recesión aún coleando, los primeros meses de Botín al frente del Santander siguieron, tomando una metáfora militar, un blitz o guerra relámpago, basada en ejecutar movimientos rápidos y contundentes en el campo de batalla. Así, pocos meses después sustituyó al consejero delegado por José Antonio Álvarez, que se ha mantenido como su mano derecha durante buena parte de este decenio. Remodeló rápidamente toda la cúpula directiva y nombró nuevos responsables para todas las geografías y áreas de negocio. Pero el movimiento más contundente llegó en enero de 2015, cuando realizó en apenas 48 horas una macroampliación de capital de 7.500 millones, un hito en las finanzas. De su padre, Emilio Botín, muchos destacan un especial olfato para detectar las oportunidades de negocio y ejecutarlas con un golpe contundente encima de la mesa. Su hija demostró que lo llevaba en los genes en junio de 2017. El Banco Popular agonizaba y el Santander emergió como su salvador. Tras su resolución por las autoridades europeas, acordó su adquisición por un euro y lanzó una nueva ampliación de capital por 7.000 millones para digerir el lastre del ladrillo que arrastraba la entidad que presidía Emilio Saracho. Es quizás la mayor operación corporativa que ha realizado en estos años y la que le ha permitido colocar al Santander como el segundo banco en el mercado español tanto por crédito como por depósitos, detrás de CaixaBank (que absorbió Bankia) y seguido de cerca por el BBVA. 

Pedro Saura (Murcia, 1962) asumió la presidencia de Correos a finales del año pasado con el difícil reto de estabilizar la compañía, con la vuelta a la senda de la rentabilidad, pacificar las relaciones laborales y resituar el negocio de la corporación con el lanzamiento de un plan estratégico hasta 2028. Su objetivo es reforzar la función de la empresa “como activo estratégico para el Estado”. El veterano político socialista ha empleado los primeros nueves meses de su mandato en renovar en profundidad el comité de dirección de Correos; recomponer las relaciones con los representantes de los trabajadores, especialmente UGT y CCOO; y poner orden tras la polémica gestión de su antecesor, Juan Manuel Serrano, actualmente al frente de Seittsa (Ministerio de Transportes). Fruto de ese trabajo en la sombra es el nuevo plan estratégico 2024-2028 respaldado por el Ministerio de Hacienda, Sepi y los sindicatos mayoritarios. En juego está la administración durante los próximo cuatro años de ayudas públicas por valor de unos 3.000 millones de euros destinados a “transformar, recuperar y reposicionar Correos”. Saura se ha marcado objetivos ambiciosos. “Alcanzar ebitda positivo en 2025 y salir de pérdidas en 2026”. Para lograrlo, Correos va a reducir sensiblemente su dependencia del servicio postal tradicional y potenciar la diversificación, con especial foco en los servicios financieros. En su opinión, España es el único país con un correo público donde el servicio postal representa el 70% de la cifra de negocio. “La media se sitúa en el 26%”, subraya Saura para explicar el desequilibrio actual entre las distintas fuentes de ingresos de la compañía. “En el plan está previsto crear una entidad de dinero electrónico. Lo que planteamos es solicitar al Banco de España ser una entidad para emitir dinero electrónico. Ya lo estamos distribuyendo, pero este avance nos permitirá recuperar los antiguos valores de la Caja Postal y atender a una parte de la población española en riesgo de exclusión financiera”. 

El Gobierno ha tratado de tranquilizar a las comunidades autónomas subrayando que el pacto de financiación singular para Cataluña obliga a la Generalitat a abonar una aportación solidaria al resto de territorios. Sin embargo, esa cuota nace condicionada y se modulará en función de la política tributaria de las demás regiones. En concreto, la letra pequeña del acuerdo sellado por PSC y ERC, por el que se cede a la Generalitat la gestión del 100% de los tributos de la región, fija a cambio una cuota que garantice el mismo nivel de prestación de servicios en las demás autonomías pero, apostilla, y aquí está la clave, que el pago dependerá de que el resto aplique “un esfuerzo fiscal similar” al catalán. Dado que el Govern mantiene uno de los niveles de presión fiscal más elevados del país, es de prever que Cataluña acabe recortando su cuota solidaria a las comunidades con impuestos más bajos, que son la mayoría. Así consta en el pacto de investidura como president de la Generalitat del socialista Salvador Illa que el PSC selló con ERC. El documento, de 25 páginas y redactado en catalán, compromete “el establecimiento de un nuevo modelo de financiación para la Generalitat de Cataluña basado en la negociación bilateral con el Estado”. Los partidos firmantes acuerdan que “sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña”, a través de la Agencia Tributaria catalana, aumentando “sustancialmente la capacidad normativa”, en coordinación con el Estado y la Unión Europea. Semejante cesión supone la voladura del actual sistema de financiación autonómica de las comunidades de régimen común (País Vasco y Navarra operan por separado como territorios forales), en el que Cataluña es una de las tres únicas regiones que realiza aportaciones netas a la caja única, siendo el resto beneficiarias netas. 

"El decrecimiento (‘degrowth’) es una teoría que aboga por abandonar los sistemas económicos basados en el crecimiento. Sus defensores argumentan que el capitalismo actual es insostenible ambiental y socialmente, proponiendo en su lugar un modelo que reduzca el consumo, redistribuya la riqueza y potencie la inversión en servicios públicos. Surgido en los años 70 del pasado siglo y popularizado ya en los primeros del presente, el movimiento se asocia estrechamente con el economista francés Serge Latouche, autor de ‘Adiós al crecimiento’, un texto clave en esta corriente de pensamiento. Para quienes no secundamos esta teoría, el recurso al argumento autoridad, esto es, el prestigio acumulado por quien algo afirma es muy relevante. Y en esta ocasión apelamos a la cabeza de uno de los institutos multilaterales de mayor relevancia del planeta. Un reciente artículo de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), titulado ‘Un mundo de crecimiento bajo es un mundo desigual e inestable’ (‘A LowGrowth World Is an Unequal, Unstable World’) razona en contra de la teoría del decrecimiento, destacando los riesgos significativos que la ralentización económica prolongada puede tener sobre la pobreza y la desigualdad globales. Georgieva subraya que un mundo con bajo crecimiento no solo es más desigual, sino también más inestable..."

Edmundo González, el líder opositor venezolano, se encuentra desde ayer por la tarde refugiado en España tras haber recibido el plácet del Gobierno a su petición de asilo para evitar la represión del régimen de Nicolás Maduro.  El sábado, en su discurso ante el comité federal del PSOE marcado por la diatriba en torno a la financiación singular para Cataluña, el presidente Sánchez deslizó un llamativo elogio, calificándolo de «héroe al que España no va a abandonar», a Edmundo González, el candidato de la oposición a la Presidencia de Venezuela en paradero desconocido desde el 30 de julio y sobre el que pesa una orden de detención del régimen de Nicolás Maduro por haber divulgado las actas electorales digitales que le otorgan la victoria que el ‘chavismo’ le niega. Ayer, en plena madrugada, un mensaje del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tradujo y dio sentido a la alabanza de su jefe: González volaba desde Caracas al aeropuerto madrileño de Torrejón de Ardoz, en un avión de las Fuerzas Áreas españolas, para recibir el asilo político solicitado por el cabeza de cartel de la disidencia venezolana que pilota, aún dentro del país, María Corina Machado, tras refugiarse el jueves en la Embajada en Caracas y después de estar acogido un mes en la de Países Bajos. La reacción de la líder inhabilitada por el Ejecutivo de Maduro, una vez que su septuagenario compañero ya había aterrizado en suelo español acompañado por su mujer y el secretario de Estado de Exteriores, Diego Martínez Belío, y donde tiene una hija ya residiendo, describió la inquietante complejidad de la situación. Machado constató que la vida de González «corría peligro por «la brutal ola de represión» de Maduro, cuyo autoproclamado triunfo no reconocen ni España ni la UE ni EE UU ni buena parte de la comunidad internacional. 

2024 prometía ser un año de encrucijada judicial para el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien algunos incluso veían tras las rejas para cuando se celebraran las elecciones del 5 de noviembre. Estaban equivocados. El candidato republicano, que se enfrentaba a 88 cargos criminales, ha logrado evadir parcialmente tres de los cuatro sonados juicios previstos antes de los comicios. A fuerza de recursos y tácticas dilatorias lanzadas por su ejército de abogados, y gracias a victorias provisionales, sobre todo en la Corte Suprema, sólo ha sido declarado culpable en el caso menos grave, el de una ocultación contable en Nueva York tras el pago a Stormy Daniels por su silencio sobre las relaciones extramatrimoniales que mantuvieron en el pasado. La última buena noticia en ese proceso le llegó el viernes, cuando se aplazó su sentencia hasta el 26 de noviembre. Es decir, tras los comicios en los que enfrentará a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

Donald Trump y Kamala Harris han trazado esta semana las líneas de batalla sobre el tema que los votantes estadounidenses consideran más importante en las elecciones presidenciales de este año: la economía. Trump expuso sus líneas maestras en un largo discurso ante una multitud en Wall Street el jueves: bajar los impuestos, recortar el gasto público y elegir a Elon Musk para que ejecute una agresiva agenda desreguladora. El mensaje de Harris llegó un día antes en una cervecería de New Hampshire. Afirmó que subiría los impuestos a los ricos y a las grandes empresas para sufragar los gastos de la ampliación de la seguridad social, ofrecería créditos fiscales para el cuidado de los niños y proporcionaría beneficios fiscales a los propietarios de pequeñas empresas. A menos de dos meses de las elecciones, Trump y Harris han presentado visiones totalmente distintas del papel del Gobierno, de quién debe pagar los gastos y de cómo solucionar el problema del elevado coste de la vida en EEUU. La receta de Trump para frenar la inflación pasa por impulsar la producción energética del país, que ya está en máximos históricos, para reducir el coste de los combustibles, aunque la media nacional es actualmente inferior a los 3,30 dólares por galón de gasolina. El Gobierno federal también gastaría menos y Musk eliminaría normativas. También ampliaría los recortes fiscales que aprobó en 2017 y que expirarán el año que viene: “Mi plan acabará rápidamente con la inflación, hará bajar os precios y reavivará el crecimiento económico hasta un nivel muy alto”, declaró Trump, una opinión que muchos economistas rebaten. Harris se ha ceñido al plan de la administración Biden para reducir el coste de la vida, con medidas específicas para recortar los precios de artículos de uso cotidiano como los medicamentos con receta.

El aumento de sustracciones contrasta con el radical descenso de detenciones y sanciones, lo que causa indignación social en Reino Unido. Las víctimas no son solo los pequeños comercios. Las cadenas de ropa Primark y Next afirman que los robos están teniendo un efecto en los resultados económicos del negocio. John Lewis, una de las cadenas más populares del país, registró una reducción de existencias de más de 13 millones de euros debido a los robos cometidos por bandas organizadas. Asimismo, las tiendas de la cooperativa Coop habrían perdido 33 millones. La reciente publicación por ‘The Times’ de las cifras de robos registrados y sanciones impuestas a los ladrones han causado conmoción e indignación en la sociedad británica. El diario comparaba los datos de 2014 con los de 2024. El registro oficial de las policías indica que hace una década se contabilizaron 326.400 robos y en el año terminado en marzo pasado, 443.995. Pero mientras los robos aumentan, paradójicamente hay un descenso radical en las sanciones. En 2014 se dictaron 19.419 multas y este año 431. Las amonestaciones fueron hace diez años 16.281 y en el presente solo 2.077, y los condenados en 2014 fueron 71.998, y ahora 28.955. La pasividad de las fuerzas de seguridad ha llevado a la ministra Cooper a prometer «el fin de este bochornoso abandono».