20240428

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) remontó el vuelo el pasado año con unas ventas de 3.825 millones de euros y un beneficio de 89 millones, un 21% y un 71% más que las cifras logradas en 2022, respectivamente. Una mejoría que, según los expertos, se extenderá a lo largo de este año, tras la caída de sus márgenes por culpa de la elevada inflación y por los problemas en la cadena de suministro que dificultaban la entrega de sus productos: trenes de cercanías, tranvías y autobuses bajos en emisiones. Casi en el ecuador de su plan estratégico para 2023-2026, a la firma guipuzcoana con sede en Beasain le ha salpicado la opa que el pasado 4 de abril lanzaba el grupo húngaro Magyar Vagon sobre la española Talgo, por la que está dispuesto a pagar algo más de 600 millones de euros. Una oferta que no ha gustado al Gobierno español, que se muestra partidario de vetar el desembarco del grupo húngaro —con inversores ligados al Ejecutivo de Viktor Orbán— y que ha mostrado, a través del ministro Óscar la intención de buscar un “caballero blanco” que garantice la españolidad de Talgo. En este brusco choque de trenes entre el Gobierno español y los compradores húngaros, las miradas se han dirigido a CAF como un posible socio industrial que permita mantener el statu quo de Talgo y en donde Criteria —brazo inversor de La Caixa— podría jugar el papel de socio financiero. Desde CAF prefieren no hacer comentarios sobre su participación en una posible contraoferta sobre Talgo y se limitan a contar los hitos de su plan estratégico en el que se han marcado como objetivo una facturación de 4.800 millones para 2026, de los cuales 1.300 millones vendrían de su división de autobuses limpios, Solaris, que es líder europeo en este tipo de transporte. Asimismo, esperan que el beneficio neto de explotación (ebit) pase de los 179 millones actuales hasta los 300 millones en dos años. Los expertos consultados no ven claro que CAF quiera hacerse con Talgo, pese a que siempre ha corrido el rumor en el mercado sobre la complementariedad entre ambas ferroviarias, ya que una se dedica a las cercanías y la otra está centrada en largo recorrido.

La donostiarra Irisbond, fundada hace diez años por Eduardo Jáuregui (su actual CEO), con el apoyo del centro tecnológico Vicomtech, y cuya tecnología, basada en lo que se conoce como ‘eye-tracking’ o seguimiento ocular, ayuda a comunicarse a personas con enormes dificultades para hacerlo, como enfermos de ELA o afectados de parálisis cerebral o enfermedades raras. Hoy, y después de mucho pico y pala, que más allá de la mejora tecnológica se traduce en un inmenso trabajo de zapa para que los sistemas de Salud incorporen como un derecho este tipo de comunicación y, por tanto, liciten la prestación del servicio correspondiente, la tecnología de Irisbond ha cambiado la vida a 5.000 personas. Como acostumbra a suceder, es complicado ser profeta en tu tierra, y el grueso de ese colectivo, unos 3.000 beneficiarios, se encuentra en Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Aún así, Osakidetza, como otras muchas autoridades sanitarias autonómicas en España (falta Madrid, lo que afea un poco la foto) tiene cubierta esta prestación como un derecho efectivo y pleno, en este caso desde 2023, lo que significa que en breve será más habitual que los enfermos vascos puedan acceder de manera gratuita a la tecnología Irisbond. «Lo que hacemos, lo que conseguimos con estas personas, motiva mucho, y a parte de tener que ser una empresa rentable, algo que vamos a lograr este mismo año, queremos llegar a muchísimas personas. Ese es nuestro compromiso y nuestra obligación», señala, serio, Eduardo Jáuregui en su despacho (la empresa se ubica hoy en la Cámara de Comercio), acompañado de Patricia Narciso, responsable de Personas, y Oihane Araujo, responsable de producto. Jáuregui, que pone en valor la «excelencia» del equipo de I+D de la compañía, conformado por una quincena de personas, explica los siguientes pasos de Irisbond, que pasan por enviar a dos personas a Boston, donde se ha abierto una filial y en donde tiene un acuerdo con el MIT, y abrir un par de vías de negocio muy interesantes: la de la Educación, pues «a estos pacientes se les acaba la posibilidad de seguir estudiando al llegar a bachiller», y la de la detección precoz de enfermedades neurológicas a través de su tecnología.

Un parque de vivienda envejecido, la falta de profesionales, el alza de los precios de las materias primas o el precio del suelo son los frentes abiertos de este sector. No es fácil el escenario al que se enfrenta el sector de la construcción en los próximos años, en términos generales. Un parque de vivienda envejecido que necesita ser renovado, la falta de profesionales o el alza de los precios de las materias primas ha provocado que en los últimos años en Euskadi muchas empresas trabajen haciéndose cargo de la pérdida de márgenes o, incluso, perdiendo dinero. Eso teniendo en cuenta que este sector y el de servicios han sido los impulsores de la economía vasca en 2023, que cerró con un “suave crecimiento”, califica Gobierno vasco. Pero la situación varía en Navarra. Los números hablan por sí solos. Los últimos datos del Eustat (Instituto Vasco de Estadística) dicen que la actividad en el sector de la construcción de la CAPV creció un 6,2% el año pasado. Así, tanto la edificación como la obra civil presentan crecimientos del 5,6% y 9,8%, respectivamente.  Pero en Navarra el ejercicio anterior fue positivo y la actividad del sector creció un 31% respecto al año anterior, según datos de Nalanda, plataforma de gestión documental de coordinación de actividades empresariales en España. Como referencia, a nivel estatal la actividad del sector creció un 7,2%. La foral fue una de las cinco comunidades que más creció en ese periodo, muy por encima de la media estatal. Partiendo de esta base, la apuesta se eleva con obras como la continuación de la transformación de Zorrotzaurre en Bilbao, la llegada del TAV, la ampliación de Mercedes en Gasteiz, o la construcción de una nueva planta de alimentación en Funes declarada por el Gobierno navarro como “inversión de interés foral”. El director general del Build:Inn (Basque Construction Cluster, antes Eraikune), Jon Ansoleaga, asegura que el aumento de los precios ha impactado en “la rentabilidad de muchas empresas”, e incluso ha hecho que algunos proyectos ya contratados, fundamentalmente con Administración pública, pero también con privados, “dejen de ser rentables” porque el escenario económico es “diferente” al planificado previamente. También se apunta en la entidad que “el frenazo de las operaciones de compra de vivienda en el escenario de la subida de tipos y el encarecimiento de las hipotecas parece haberse trasladado al arranque de los proyectos inmobiliarios”.

Hoy el calendario recoge la celebración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una efeméride que ha multiplicado durante toda la semana los actos dirigidos a condenar una siniestralidad que no remite. Este mismo miércoles volvió a golpear a un joven de solo 22 años que quedó gravemente herido cuando cortaba pinos en un monte de Arcentales (Bizkaia); apenas llevaba dos meses en el sector forestal. Son dramas que nos recuerdan que en esta Euskadi del siglo XXI y de la Inteligencia Artificial se sigue muriendo en el trabajo por accidentes más propios del siglo XIX, como ese tan recurrente en la tala de árboles: caídas de altura, atrapamientos con máquinas, siniestros de transportistas en las carreteras... La lacra no desaparece sino que se ha enquistado, con entre 30 y 40 fallecidos cada año en la comunidad autónoma, a los que hay que sumar más de 150 heridos graves y miles de leves. En este primer trimestre del año el registro oficial de Osalan arroja doce muertes en el trabajo por accidente laboral (sin contar enfermedades), una de ellas ‘in itinere’. La cifra es la mayor en la última década, aunque no por mucha diferencia. De hecho, el número apenas varía de un año a otro. «Hemos avanzado porque la incidencia ha caído a la mitad en las dos últimas décadas, pero los accidentes graves y muertes se siguen produciendo de la misma manera que hace siglos y no logramos erradicarlos», apunta Lourdes Íscar, directora de Osalan. Según explica, este tipo de siniestros ocurren porque falla la cadena de prevención. «Las caídas de altura se producen porque no hay medidas de protección (arnés, mallas...), o no son adecuadas o el trabajador no las quiere usar. También son habituales los problemas de coordinación en la obra», apunta. En cuanto a los atrapamientos de máquinas, continúa, «muchas derivan de falta de mantenimiento o porque el trabajador las utiliza de forma incorrecta, pero es la compañía la que debe velar por que se hagan las cosas bien». Los sindicatos responsabilizan a las empresas. «Incumplen la normativa de prevención y no ponen las medidas requeridas», critica Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral de CC OO, que llama la atención sobre el hecho de que buena parte de los trabajadores fallecidos este 2024 dependían de subcontratas. 

«Competir en el presente y transformarse de cara al futuro». Es el mensaje que ayer el nuevo presidente de Laboral Kutxa, Adolfo Plaza, envió a los socios de la cooperativa de crédito en su primera intervención como máximo representante en la Asamblea General Ordinaria de la entidad. Plaza defendió la importancia de aprovechar los resultados de un «ejercicio extraordinario», en referencia a 2023, para reforzar la competitividad de la entidad abriendo nuevos mercados y aprovechando para invertir en la digitalización y ciberseguridad del negocio. Según explicó, es el mejor destino para los 222 millones de euros de beneficio neto alcanzando en las cuentas del pasado año y que aprobaron ayer los socios. Un «techo histórico» empujado por los tipos de interés que permitieron a Laboral Kutxa duplicar sus ingresos por el negocio bancario hasta los 558 millones. El director general del banco, Xabier Egibar, señaló además que este año «seguirá dentro del ciclo positivo de rentabilidad» generando más recursos para afrontar el Plan Estratégico de 2024. Un plan que pasa, de entrada, por reforzar algunas de las líneas que se pusieron en marcha con éxito el año pasado. Es el caso de la remuneración de los depósitos que Egibar anunció que seguirá manteniéndose. Una política en la que reivindicó a Laboral Kutxa como «pionera» al iniciarla tras el verano de 2023. Ver nota Laboral Kutxa. 

La mayor preparación de los alumnos, los cambios en las pruebas y los centros que «hinchan» las calificaciones, entre las causas de este aumento. De ciencias o de letras, de los más demandados a los menos populares, todos los grados, sin excepción, han aumentado sus notas de corte en los últimos ocho años. En Estadística la calificación exigida ha crecido el 49,8% (en 2023 se pedía un 11,11 frente al 7,42 de 2016); en Informática, el 30,2% (de 7,97 a 10,38); en Matemáticas, el 27,9% (de 9,95 a 12,72); en Filosofía, el 26% (de 7,35 a 9,26); en Ingeniería Electrónica, el 21,3% (de 7,79 a 9,45); en Trabajo Social, el 20,2% (de 7,21 a 8,67); en Química, el 19,5% (de 8,92 a 10,66); en Educación Infantil, el 18,9% (de 7,8 a 9,27); y en Derecho, el 16,6% (de 8,86 a 10,34). El informe ‘La subida de las notas de Selectividad: ¿Inflación o competición?’, elaborado por EsadeEcPol, encuentra dos causas para explicar esta subida. Por un lado, ha mejorado la preparación de los alumnos en un entorno cada vez más competitivo, con más estudiantes que realizan la Selectividad y por tanto, más opciones de que las notas sean más altas. Pero por otro, el documento expone que existe una «dinámica inflacionista» en las calificaciones que se explica por la elevación del 50 al 60% en la nota del expediente de Bachillerato en el año 2000, los cambios en la prueba general en 2017 (que redujeron la opcionalidad de la fase general) y las medidas excepcionales adoptadas ante la pandemia de 2020.

Los vehículos eléctricos, cuyo mercado comienza a tener la masa crítica suficiente para que las marcas apuesten por él, serán más baratos que los de combustión en 2027. «Gracias a las nuevas tecnologías que se están desarrollando alcanzarán la paridad de precio mucho más rápido de lo esperado». Es la predicción que este mes ha hecho la consultora Gartner. Y no es la única que apunta en esa dirección. Goldman Sachs Research estima que las baterías, el principal componente de esta tecnología de propulsión (puede suponer hasta el 40% del precio del vehículo), se abaraten en un 40% entre 2023 y 2025. Este año ya se notará una reducción sustancial, porque el kWh pasará de costar 151 dólares a 115. El impacto en el precio de un coche eléctrico es notable: solo en febrero, en Estados Unidos cayó en 2.000 dólares. Si se cumplen las previsiones, en 2030 el kWh se situará en 69 dólares, un aliciente económico que impulsará al vehículo eléctrico a una cuota de mercado del 68% en la Unión Europea. Y gran parte de este hecho estará relacionado con lo que sucede en China, el principal productor de baterías del mundo con un 77% del total mundial y seis de los diez mayores fabricantes. Pero su impacto no solo se va a sentir en el mercado de los componentes, porque las marcas chinas también han lanzado un órdago y están introduciendo cada vez más modelos en nuestro mercado. Su estrategia, la de siempre: ofrecer la mejor relación calidad-precio. La diferencia en este caso estriba en que China es también el país que más está desarrollando la tecnología de baterías. 

La industria de automoción europea se encuentra en medio de unas turbulencias nunca antes vistas. Los grandes fabricantes de coches del Viejo Continente están afrontando el cambio a la electrificación en la región del mundo con los plazos y la legislación más exigentes, mientras le salen nuevos competidores que les llevan años de ventaja en la tecnología del vehículo eléctrico, provenientes sobre todo de China. A esto se suma el difícil contexto internacional que ha afectado a sus ventas y producción los últimos años, empezando por la pandemia, siguiendo por la crisis de chips y terminando por conflictos armados que golpean de lleno a sus líneas de suministro. “Hay que hablar de una disrupción y no de una transformación. Cuando comencé creía que íbamos a hacer esto de una forma ordenada. Esto fue hace cuatro años cuando me hicieron presidente de Seat. La reacción normal ante todo esto es defender y mantener, pero si lo haces eres una víctima y desaparecerás”, explicó el presidente de la patronal de fabricantes de coches, Anfac, y consejero delegado de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, en un encuentro celebrado el pasado miércoles en Madrid. En el encuentro también participaron el socio responsable de automoción de Deloitte, Vicente Segura, y el presidente de Gestamp y también presidente de la patronal de fabricantes de componentes para el automóvil, Francisco J. Riberas. Los tres ponentes llegaron a una conclusión clara: en este entorno tan difícil y competitivo es clave que Europa dé una respuesta contundente para no quedarse atrás respecto a China y EE UU. “La normativa en Europa no está siendo pragmática, porque en otros sitios los gobiernos intentan encontrar soluciones en vez de poner multas, tratando de ayudar a que sus empresas cambien lo más rápido posible”, indicó el máximo directivo de Gestamp, que advirtió: “Europa decidió que iba a ser pionera y desarrolló una regulación exigente con la prohibición de vender coches de combustión en 2035, que está bien, pero esto tiene que ser una transición sensata. Porque si es una regulación que va a provocar que la industria quiebre y la actividad productiva se vaya a otro sitio, generando allí el impacto económico positivo y las mismas emisiones contaminantes, será un error enorme”.

Los robots llegaron a la industria en los años sesenta. Desde entonces aumentaron su presencia de forma paulatina, hasta que a principios de este siglo ese crecimiento se estancó. En aquella década se vendían en torno a 100.000 unidades anuales. Pero algo sucedió en 2009 para que las ventas se cuadruplicaran a partir de entonces: China se sumó a la lista de clientes y la creciente electrónica de consumo entró de lleno en la pugna por los robots, cuya tecnología parecía hasta entonces un reducto al servicio de la automoción. El último salto ha sido el de la logística, con máquinas arrastrando palés y leyendo códigos para seleccionar la caja del producto que tenía que ser entregado. Ese tipo de maquinaria industrial podría alcanzar este año los 120.000 millones de euros y duplicarse en 2028, según las estimaciones de The Business Research Company, después de la contracción que se produjo durante la pandemia y en los años posteriores. “En los próximos años la demanda se va a amplificar porque los robots aseguran calidad y productividad”, dice convencido Marc Segura, presidente de la división de robótica del grupo suizo ABB, uno de los principales jugadores del sector, con unas ventas de 3.400 millones de euros (3.640 millones de dólares) en 2023. Consciente de que su afirmación queda cuestionada por los últimos datos —los pedidos cayeron un 26% el pasado ejercicio—, Segura avala el futuro del sector porque lo ve como una palanca para superar uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta la industria en los próximos años: la incertidumbre y una necesaria flexibilidad, que se unen a la falta de mano de obra cualificada en muchos ámbitos. “Nosotros nos lo tenemos que tomar como algo positivo, porque una forma de mitigar el riesgo de incertidumbre es que tu fábrica o almacén sea muy capaz de adaptarse a las nuevas condiciones”, señala.

La herencia que dejarán los nacidos entre 1958 y 1975 a los actuales mileniales y centeniales será la mayor transferencia de recursos de la historia. Es probable, sin embargo, que amplíe las desigualdades. “En el pasado no ha habido una transferencia mayor porque nunca hemos sido tan ricos”, zanja Olga Cantó, catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá, quien alerta sobre la dificultad de dibujar con tanta antelación qué consecuencias sociales y económicas traerá consigo esta Gran Sucesión, que empezará a producirse allá por 2040. Sin embargo, todo apunta a que, lejos de limar la brecha entre jóvenes y mayores de la que tanto se habla hoy en día, avivará aún más la mecha de la desigualdad. Sin embargo, todo apunta a que, lejos de limar la brecha entre jóvenes y mayores de la que tanto se habla hoy en día, avivará aún más la mecha de la desigualdad. Los baby boomers españoles, los nacidos entre 1958 y 1975, son muchos: representan más del 30% de la población total. También son el grupo que más patrimonio ha acumulado a lo largo de su vida. Sus hijos, en cambio, son menos numerosos que sus padres, por lo que la herencia que recibirán se concentrará en menos manos. Su trayectoria vital también es muy distinta: han sido castigados por dos profundas crisis económicas, el crac financiero y la pandemia, y han quedado atrapados entre salarios bajos, precariedad, un mercado inmobiliario inaccesible y políticas públicas enfocadas a los mayores —sobre todo vía pensiones—, todos elementos que han limitado su capacidad de ahorro, emancipación y acumulación de riqueza. Por ello, aunque la familia de Inés sea ficticia, refleja bien la mecánica que en la actualidad se replica en muchos hogares y que ha puesto un punto final al relato de que los hijos siempre viven mejor que sus padres.

"Por cada tres boomers que se acercan a la edad de jubilación, solo se incorporan dos veinteañeros...Tras una recuperación excepcionalmente intensiva en empleo, el mercado laboral podría estar entrando en una fase menos boyante. El pasado ejercicio marcó un nuevo hito, con un rebote de la ocupación del 3% en términos de la encuesta de población activa (EPA), medio punto por encima del crecimiento de la economía, evidenciando el papel del mercado laboral como motor de la coyuntura, algo inédito en nuestro país. Sin embargo, una normalización es perceptible en el periodo más reciente, a tenor de la caída de la ocupación en el primer trimestre, en línea con la pauta histórica en esta época del año. Eliminando la estacionalidad, la ocupación todavía avanzó un 0,5%, siendo este un ritmo algo menor que el crecimiento previsto de la economía (a la espera del avance que será divulgado el próximo martes). De afianzarse la tendencia, nos asomamos a descensos mucho más moderados del paro en los próximos trimestres. Las perspectivas laborales dependen de dos factores que condicionan las dinámicas en este momento: la incorporación de más fuerza laboral y, sobre todo, la capacidad productiva disponible en el tejido productivo. Y en ambos casos todo apunta a avances menos espectaculares —salvo nuevo impulso de la política económica—. ,,,Este modelo de crecimiento se enfrenta por una parte a la realidad demográfica, ya que son cada vez menos los jóvenes que acceden a la vida activa con relación a los trabajadores de la generación boomer que se aproxima a la jubilación..."

Canarias rechaza el modelo actual y lidera un movimiento que podría calar en toda España. Ya fueran 56.000 –como calculó la Delegación del Gobierno a partir de los datos de la Policía Nacional–, o 120.000 –como dijeron los convocantes– los manifestantes que hace una semana se echaron a la calle en Canarias, con réplicas en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga e incluso en Berlín y Londres, lo cierto es que el debate en torno al turismo y el modelo económico del archipiélago se ha abierto en canal y ha llegado a la escena política, económica y social. Nadie duda del tirón de las islas, que cerraron el pasado año con 16,3 millones de visitantes, una cifra que ya se había alcanzado antes de la pandemia. De hecho, el archipiélago ha quebrado la estacionalidad tradicional que apuntaba al periodo comprendido entre octubre y abril como su temporada alta, y en 2023 prácticamente todos los meses se superó el millón de viajeros, con el turismo extranjero como responsable del 80% del total. Un 13% más que en el ejercicio anterior con el mercado británico como el principal protagonista. Por si fueran pocos los ingredientes en la coctelera del debate, el Gobierno de Canarias ha aportado en las últimas semanas otro también polémico: el anteproyecto de ley para regular el crecimiento del alquiler vacacional. La Consejería de Turismo cifra en 50.000 las viviendas acogidas a ese negocio, muchas de ellas en las capitales, pero también en pequeños municipios que hasta hace tres años alertaban del despoblamiento que padecían y que ahora aplauden la entrada de turistas en casas que se habían quedado abandonadas.

British Petroleum fue la primera empresa que popularizó, a principios de la década pasada, la famosa huella de carbono trasladando a los consumidores la responsabilidad de contaminar cuando su propia actividad es una fuente inagotable de emisiones. Se han sucedido los estudios que denuncian ejemplos parecidos. El año pasado, la fundación holandesa Changing Markets publicó una amplia investigación sobre las etiquetas de cientos de productos alimenticios en Europa y encontró que grandes empresas cárnicas y de distribución se presentaban como “neutras en emisiones” a base de poner dinero para comprar créditos de carbono y así compensar su intensa contaminación. Una de ellas, la mayor cárnica del mundo (JBS), ha sido demandada hace unos días en Estados Unidos por engañar a sus clientes respecto a sus compromisos climáticos. El pasado noviembre, BEUC, que agrupa a 45 organizaciones de consumidores de 31 países, trasladó a la UE una denuncia por supuestas afirmaciones engañosas sobre la reciclabilidad de las botellas de agua de Coca-Cola, Danone y Nestlé. En 2020, la Comisión Europea analizó 150 alegaciones ambientales incluidas en miles de productos y constató que una cifra considerable de ellas (53,3%) proporcionaba información vaga, engañosa o infundada sobre las características de los artículos. “Lo más preocupante de todo es que el greenwashing funciona, y en algunos casos con resultados aterradores”, reflexiona Paula Baldó, consultora de sostenibilidad y una de las autoras del libro Alerta Greenwashing (Pol·len Edicions). 

Los países del Golfo Pérsico han encontrado en España el tesoro que estaban buscando desde el ‘shock’ de la pandemia para asegurarse un futuro con el que, más allá de los boyantes petrodólares que les proporciona el crudo, puedan dar salida a los miles de millones que acumulan por un negocio que con el paso de los años tiene un futuro oscuro. Nada peor para una economía que tener demasiada liquidez, demasiado dinero: son como ese conocido al que le ha tocado el Gordo de la Lotería y no sabe qué hacer con unas cuantías astronómicas que le pueden hacer perder la cabeza y llegar a arruinarse. En el caso de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Qatar, entre otros, ya se han percatado de que más allá de construir incomprensibles urbes con todo tipo de lujos y excentricidades, necesitan pensar en sus próximas generaciones. Y esa coyuntura pasa por invertir en la economía española. Más concretamente, en el sector energético. Aunque no es el único objetivo de las monarquías de Oriente Medio. El interés de los productores de petróleo por las energéticas nacionales viene de lejos, aunque el último gran asalto anunciado ha sido el de la eléctrica emiratí TAQA para hacerse con Naturgy. La primera compañía de aquel país muestra su intención de tomar el control de la histórica gasista. Lo ha anunciado medio año después de que la operadora saudí STC admitiera que quería entrar en Telefónica. En el primer caso, el Gobierno se ha mostrado tranquilo; en el segundo, ha llegado a renacionalizar una parte de la ‘teleco’ que terminó de privatizar hace casi 25 años. ¿Debemos asustarnos ante esta invasión empresarial extranjera?

Si la súplica servirá o no a su objetivo, que Pedro Sánchez anuncie mañana su continuidad al frente del Gobierno, es aún incierto. Pero el PSOE no habrá podido hacer más para intentar evitar que, de la noche a la mañana, se abra una crisis institucional y orgánica imprevista. El comité federal del partido, en origen convocado para aprobar las listas a los comicios europeos, se convirtió ayer en una abrumadora demostración de apoyo, pero también de presión, al jefe del Ejecutivo, recluido en su residencia desde que el miércoles anunció que iba a tomarse un tiempo de reflexión hasta este lunes para decidir sobre su dimisión. «Pedro, quédate», pidió su ‘número dos’, María Jesús Montero. «No puedes entregar al PP lo que persigue, la cabeza del secretario general del PSOE, y con ello –añadió el ministro de Transportes, Óscar Puente– la Justicia de este país». Lo habitual es que la reunión del máximo órgano de la formación, al margen de los congresos, se celebre siempre a puerta cerrada y que lo único que se emita en público sea la intervención inicial del líder. Esta vez, las alocuciones pudieron seguirse no ya a través de los canales internos sino también desde las pantallas y altavoces instalados en la calle, para ser vistos por los miles de militantes –en torno a 12.500, según delegación del Gobierno– congregados a las puertas de Ferraz, buena parte de ellos llegados en autobuses de distintos lugares de España. De lo que se trataba era de crear un clima emocional sin precedentes, en el que no faltaron las lágrimas.