20241117

El proteccionismo del país norteamericano y la debilidad de la economía europea intensifican la apuesta de las firmas de los tres territorios por abrir plantas productivas en la otra orilla del Atlántico. Francia, Alemania e incluso Reino Unido siguen tirando con fuerza, pero el debilitamiento de la economía germana, en especial en el sector de la automoción, se ha traducido en una especie de toque de atención a los exportadores de Euskadi, que miran con cada vez más intensidad a la otra orilla del Atlántico. Las principales compañías de los tres territorios han encontrado en los Estados Unidos un cliente «fiable y competitivo» -su economía crece el doble que el de la Eurozona- y, sobre todo, un mercado «atractivo» que ha animado en los últimos años a las firmas vascas a abrir un centenar de fábricas en el gigante americano, tal y como revela un informe de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (Grupo Spri). Esta última cuestión no es baladí puesto que la política arancelaria que previsiblemente implantará la Administración de Trump castigará a quien no realice su producto en el país norteamericano. En el caso del tejido económico vasco, alrededor de un centenar de empresas vascas, que suman 99 fábricas, eludirán los tributos aduaneros al tener implantaciones productivas dentro de la frontera de EE UU, un registro nada desdeñable que postula al país norteamericano como un «socio clave», aseguran desde el Grupo Spri, organismo del Gobierno Vasco. Cabe subrayar que el programa económico que plantea Donald Trump propone imponer aranceles de entre el 10% y el 20% a todos los productos procedentes de cualquier país del mundo, que se sumarían a los ya impuestos a China. Fuentes de las principales empresas guipuzcoanas y vascas con relaciones comerciales con EE UU reconocen que observan «expectantes» la posibilidad del impacto de estas políticas arancelarias, aunque las que cuentan con implantaciones productivas en el país evitarían los citados tributos aduaneros. Además, este centenar de firmas pueden acceder a muchas líneas de ayuda que lanzó el presidente Joe Biden con la Inflaction Reduction Law (IRA, por sus siglas en inglés).

Firmas guipuzcoanas con presencia en EE UU ven «difícil» prever la posible afección aduanera, pero coinciden en que el país seguirá siendo atractivo para las inversiones. Los expertos del grupo Spri reconocen que «es evidente que la imposición universal de aranceles afectaría de forma negativa a las empresas europeas, en general, y a las vascas, en particular». Sin embargo, señalan que «de momento son sólo propuestas y su impacto dependerá de la combinación de políticas que se adopten finalmente, y de cómo irán estructuradas». Los tributos que más pueden perjudicar a las empresas vascas en su conjunto son «aquellos que afecten al acero, al aluminio, al sector de la automoción, la maquinaria y los equipos», apuntan desde el organismo. Eduardo Zubiaurre, que fue presidente de Adegi y Confebask, y que ahora comanda la firma familiar de cepillería metálica JAZ Zubiaurre, que cuenta con una planta comercial en EE UU, cree que una política arancelaria dura le puede ser perjudicial al país. «Habrá que esperar a las medidas concretas», comienza, «pero si aumentan los aranceles, la inflación puede acabar subiendo, algo que quieren controlar. El país se ha desindustrializado en algunos sectores, y si no hay una oferta local, se va a ver obligado a importarla y va a ser más cara». Al mismo tiempo, analiza, «si bajan los impuestos generarán más déficit. Esto llevaría a subir los tipos de interés en EE UU, más que en Europa, lo que puede hacer que el dólar se fortalezca, lo que favorecería las exportaciones», concluye.

Apenas queda mes y medio para cerrar el año y que venza el plazo establecido por la denominada 'ley Iceta' para culminar los procesos de estabilización y situar la temporalidad estructural en el sector público en el 8%. Sin embargo, los datos muestran que el objetivo está muy lejos en Euskadi, que siempre ha tenido la tasa más alta de España. El porcentaje de eventuales (la cifra incluye interinos y también sustituciones) superaba el 45% en el tercer trimestre del año, con 82.600 trabajadores temporales sobre un total de 184.800, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque no todos ellos deben ser consolidados y aún restan varias convocatorias por resolver, es seguro que la tasa final va a quedar muy por encima del umbral marcado en la normativa. No hay que olvidar que solo en el ámbito autonómico (Osakidetza, Educación, administración...) hay más de 30.000 interinos que superan los tres años de antigüedad. La 'ley Iceta', apodada así por ser impulsada por el exministro Miquel Iceta, se aprobó a finales de 2021 con objeto de dar respuesta a la orden de Bruselas para acabar con el creciente abuso de la temporalidad en el sector público y el objetivo del 8% está incluido en el compromiso asumido por España para acceder a los fondos europeos. La tasa de interinidad se había desbordado en los últimos años debido a las contrataciones eventuales tras el covid y a las tasas de reposición nulas entre 2012 y 2015 por la crisis financiera. Es un problema generalizado, aunque especialmente grave en el País Vasco, donde el índice llega al 45% frente al 28% nacional, una brecha que se achaca a diferentes factores como la lentitud para convocar OPE y también a las facilidades para acceder a permisos, excedencias y medidas de conciliación por parte de los fijos, así como el elevado absentismo.

"...A la hora de juzgar reformas fiscales como la acometida esta semana por las diputaciones forales vascas resulte oportuno preguntarse si caminan en la dirección correcta, es decir en la solución de nuestros problemas. Para ello necesitamos contestar a otra pregunta: ¿cuáles son hoy nuestros principales problemas? No cabe aquí una análisis completo de nuestra situación, así que me conformo -y usted también, ¡qué remedio le queda!- con unos pocos datos que la reflejan. Los principales son la evolución del PIB y del 'stock' de capital. Es decir, lo que genera lo que tenemos. Cuando se firmó el Concierto, en 1981, generábamos el 6,24% del PIB nacional que subió al 6,3% en 2000 y cayó al 5,8% en 2022. En 2023 crecimos menos que la media y este año terminaremos de la misma manera, lo que apunta a un 5,7% como máximo. Lo del 'stock' de capital es peor, pues hemos reducido casi a la mitad nuestro peso en la economía española, lo que muestra a las claras la evolución de la inversión. Ya sabe que el empleo va muy bien, pero quizá no el del sector privado, que ha crecido un 1,8% en la última década, muy poco en comparación con la evolución del empleo público que ha aumentado un 25%. Ya hay más empleados públicos que autónomos. Todo ello con un absentismo inexplicable del 5,8% en IT, que es líder en Europa y también con otras peculiaridades laborales como el mayor número de huelgas, entre el 40% y el 50% de las desarrolladas en toda España y unos salarios que fueron hasta hace poco los más altos y ocupan hoy la cuarta posición. Las pensiones van también estupendamente y disponemos de las más elevadas del Estado, aunque la parquedad de las cotizaciones nos crea un déficit superior a los 4.000 millones anuales que colma el déficit público español de manera generosa y nunca reconocida ni agradecida. En cuanto al futuro deberían preocuparnos cosas como la pavorosa evolución de la demografía, los logros y los fallos, claro, del sistema educativo y la escasa afición por el emprendimiento provocada por la mala consideración social del riesgo empresarial y la excelente valoración de la seguridad del empleo público. El estudio GEM realizado por un grupo de universidades españolas y europeas nos coloca en el penúltimo lugar entre todas las comunidades autónomas. Este resumen no es exhaustivo, en especial porque no cito las cosas positivas que tenemos. Me refiero al resultado final, porque la gran pregunta es ¿cuánto va a mejorar la situación gracias a las medidas adoptadas esta semana? Me temo que muy poco. Atacan algunos de los síntomas y alivian algunas de las carencias, pero la enfermedad que nos aqueja sigue ahí".

El programa Emantzipa, una de las medidas estrella para hacer frente al reto demográfico, no está cumpliendo las expectativas. Desde su puesta en marcha el pasado febrero y hasta el 5 de noviembre, 7.651 jóvenes han solicitado esta ayuda de 300 euros al mes para hacer frente a los gastos de vivir fuera del hogar familiar. El Gobierno vasco esperaba que, a lo largo de este año, cobraran esta cuantía 15.000 personas de entre 25 y 29 años. Sin embargo, solo se han concedido 4.680 prestaciones, poco más de un tercio de las previsiones. Fue en diciembre de 2022 cuando el entonces secretario general de Transición Social y Agenda 2030, Jonan Fernández, presentó la estrategia para favorecer la emancipación, que incluía un apoyo económico que se fue concretando en los meses posteriores y que se materializó en Emantzipa. El objetivo era ambicioso: reducir la edad en la que los jóvenes vascos se van de casa, de los 30,2 años (ahora son 29,8) a los 29 en 2025 y los 28 en 2030. Pero, de los 53 millones de euros reservados para este año, solo se han abonado 7,8. Eso sí, se pagarán al menos otros 2,2 para cubrir un millar de expedientes aprobados pero pendientes de contabilizar. La gestión de este programa, que obliga a estar ya emancipado para recibir la ayuda, depende ahora de la consejería de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, en manos de Nerea Melgosa (PNV). En un informe remitido al Parlamento vasco a petición del PP, la titular del departamento precisa que «se realizará» una «evaluación» del plan cuando se cierre la primera convocatoria, que termina el 29 de noviembre. Portavoces del Ejecutivo, en cualquier caso, aseguran que «se siguen recibiendo» solicitudes y que se reforzará «la difusión» de este programa entre los jóvenes.

Entrevista con el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso. Considera que es momento de pasar del diagnóstico sobre la problemática de la vivienda a la acción. "Tenemos que actuar en todos los frentes, sobre la oferta y la demanda", sostiene. "En algún momento de nuestra historia reciente era un problema de determinadas clases, digamos, desfavorecidas. Ahora también, pero se ha abierto al conjunto de las clases medias. Es un problema del conjunto de las clases medias y por tanto las soluciones tienen que ser también muy transversales. Tenemos que poder armar soluciones que activen la oferta de tal manera que haya para todos los umbrales de renta...Tenemos un programa de vivienda asequible en estos momentos con el que estamos construyendo mil viviendas y que es pura colaboración público-privada; nosotros pagamos 50.000 euros a los promotores privados por cada una de las viviendas que construyen y nos aseguramos de que van a tener unos alquileres que se sitúan en el umbral de vivienda asequible, es decir, que la renta no supere el 30% de sus ingresos...Cuando este país se plantea que necesita renovar su base productiva o atraer talento, a veces nos olvidamos de que con talento o sin él, necesitamos personas que nos ayuden a salir adelante y necesitamos darles soluciones habitacionales que estén al alcance de sus bolsillos y, a poder ser, cerca de sus lugares de trabajo. Hace poco asistí a un debate bien interesante sobre los horarios de los autobuses en San Sebastián, una ciudad muy turística, donde mucha de la gente que atiende a los turistas sale de trabajar a las 02.00 horas y no tiene autobús para volver a los municipios donde reside, que es donde puede pagarse el alquiler con dificultad...Ni es cierto que el anuncio de las zonas tensionadas esté retirando pisos del mercado ni que se estén derivando a otras modalidades...Yo me irrito un poco cuando veo que asumimos todos con naturalidad el papel del propietario, la necesidad de que entre todos dotemos de ganancia y de plusvalía al propietario. Vamos a pensar en los inquilinos. No todas las sociedades funcionan como la nuestra. Yo no digo que nos hagamos una lobotomía ni nada por el estilo, pero una reflexión sí..."

Mas de un centenar de dueños de bares, cafeterías y restaurantes de la hostelería alavesa alzan la voz por “miedo a acabar ahogados”, y se desmarcan de las negociaciones de SEA y sindicatos. Mucha preocupación es la que se respira en el sector de la hostelería alavesa estas semanas. Preocupación y miedo a “acabar ahogados” porque son muchos los gastos e impuestos que se hacen cargo y “la vaca, como decimos nosotros, no da tanta leche”. Un grupo de 132 hosteleros de Vitoria han querido hacer públicas sus preocupaciones a través de un documento. Y es que “ante el miedo que les provocan los detalles que se van conociendo del nuevo convenio que están negociando SEA y sindicatos, se ven en la obligación de alzar la voz, temiendo que se modifique la hostelería como se conoce hasta ahora y cambie a peor, con despidos, cierre de los bares entre horas por no poder contratar personal, o incluso el cierre definitivo”. “Dadas las informaciones que nos llegan sobre la negociación del convenio, entendemos que un acuerdo por encima de nuestras posibilidades podría suponer un incremento de los precios al cliente final excesivo. Pudiendo afectar al consumo, y por lo tanto a la necesidad de no mantener trabajadores”. “Nuestro sector ha sufrido duros y diferentes golpes en el último lustro; hemos sobrevivido a una pandemia con unas restricciones nunca vistas, hemos asumido los sobrecostes de una guerra en Ucrania, que disparó los precios de las materias primas e hicimos malabares para mantener los precios. Y desde luego, sobreviviremos a la prepotencia sindical y sus amenazas de huelga”, señalan en el documento. Denuncian que se “les trata en un segundo plano a los hosteleros, cuando deberíamos ser pieza clave. Mientras, SEA y sindicatos negocian un acuerdo sin valorar la situación actual del convenio de hostelería de Álava”. En su opinión, el actual convenio “puede presumir de ser uno de los mejores convenios de todo el Estado, con unos complementos que hoy día seguimos sufriendo los hosteleros, (como el IT al 100% desde el primer día) que ha colaborado a las bajas de larga duración y en algunos casos ahogando al empresario”.

El foro Biharko Enpresa, organizado por Noticias de Gipuzkoa, ha puesto el acento en la necesidad de impulsar la innovación, el emprendimiento y la digitalización, como claves para impulsar el desarrollo económico. Xabier del Valle de Lersundi, gerente del periódico, señaló en su discurso de bienvenida que “Gipuzkoa ha demostrado una y otra vez su capacidad para adaptarse a los cambios y para estar a la vanguardia en diversos sectores. Sin embargo, sabemos que el futuro requiere de un esfuerzo conjunto, donde la innovación será clave para seguir avanzando, el emprendimiento seguirá siendo motor de cambio y la digitalización es una necesidad estratégica para mantener nuestra competitividad en un mundo cada vez más globalizado y tecnológico”. Con la premisa de que, en un mundo cambiante, la capacidad de adaptarse y ofrecer productos y servicios diferenciados es fundamental, independientemente del sector al que pertenezcan las empresas, los invitados de la primera mesa redonda del día, Innovación, motor de crecimiento y desarrollo sostenible, aportaron su valiosa visión sobre el significado de innovar y expusieron cómo promueven la innovación desde sus organizaciones. “La innovación debe integrarse en la estrategia de la empresa, de cara a movilizar recursos y hacer una mayor apuesta. Debe estar en el ADN de las organizaciones”. 

La catástrofe de la dana en Valencia ha vuelto a poner encima de la mesa de Yolanda Díaz (Fene, La Coruña, 1971) otro reguero de medidas urgentes que la vicepresidenta segunda del Gobierno tiene que gestionar como ya le ocurrió en pandemia. A pesar del impacto, dice sentirse segura con la gestión, insiste en el papel del Estado para aliviar este tipo de situaciones y presume de mantener la calma ante las dificultades que afronta: un Congreso cada vez más fragmentado y la oposición de los empresarios a pactar su medida estrella de legislatura, la reducción de la jornada laboral. " El objetivo es claro: que el 31 de diciembre de 2025 todo el mundo esté con la jornada reducida a 37,5 horas. Y lo vamos a hacer...El diálogo social tiene que tener incentivos. La patronal, creo que atendiendo a otro tipo de razones que no tienen nada que ver con la defensa de las empresas, ha decidido no negociar nada. Pero. claro, esto tiene incentivos negativos para las empresas españolas. Un poco lo que pasó con el salario mínimo. Si me permiten, es que el señor Garamendi hace tiempo que creo que tiene una mirada como más a la política, y a un partido concreto que ni siquiera es el Partido Popular. Porque el PP me consta que es sensible a esta medida. Es la medida que más esperan los españoles, voten a quien voten. Pero desde la foto con Milei parece que hay como cierto partidismo en el señor Garamendi porque no se comprende... Yo no voy a responder por nadie. Yo lo que digo es que, ¿cómo se explica esto? ¿A qué intereses estoy representando?...Le voy a dar una noticia: ya hemos convocado la comisión de expertos para que se constituya antes de diciembre y determinen cuál debe de ser el porcentaje de incremento de revisión que tenga el salario mínimo..."

Continuación de la entrevista con Yolanda Díaz. "Las personas afectadas por una catástrofe ambiental sin precedentes saben muy bien que todo se va a hacer con recursos públicos: con los ERTE, el Estado paga nóminas, cotizaciones, cese de actividad; está allí el Ejército...Estos días puntuales son lo que denominamos 'permisos retribuidos no recuperables'. Técnicamente es trabajo efectivo y, por tanto, esa nómina y esa cotización las pagaría el empleador, la empresa. Son situaciones puntuales y el Derecho tiene mucho sentido común; es decir, si hay un riesgo de vida, ustedes no pueden ir a trabajar y ustedes no pueden ser los perjudicados de no ir a trabajar...Les estoy diciendo que es trabajo efectivo, ahí no es responsable el trabajador. Es, por desgracia en este caso, una causa concreta que está estimada en nuestro ordenamiento jurídico laboral y sobre el que, además, hay sentencias que señalan que no solo es que haya riesgo, es que si el trabajador percibe que lo tiene para su vida, no puede correrlo, faltaría más. Pero piensen también que muchas de esas empresas están acogidas a los ERTE...Me levanto todos los días a las 5 de la mañana, mi jornada acaba muy tarde y a veces me pongo al límite en términos de salud. Pero los españoles exigen de los servidores públicos la entrega absoluta. Aunque como abogada trabajaba igual muchísimas horas. Soy muy obsesiva con el trabajo. Es una cultura que tengo, que seguramente no es buena: sí, trabajo mucho, pero quiero que los demás trabajen menos..."

«En el corto plazo, todos estamos de acuerdo en que las medidas tienen que ser urgentes, rápidas y que el dinero llegue lo antes posible», explica Matilde Mas, catedrática emérita de la Universidad y directora de Proyectos Internacionales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Por un motivo muy sencillo: «Cuanto más esperes vas a hacer sufrir a la población». Así, aboga por poner la burocracia en segundo plano. En este sentido, Mas considera también importante «hacer público el calendario de ayudas» y hacerlo, además con el compromiso de que se va a cumplir. «Más mentiras y más desinformación no son tolerables», lamenta Mas, para quien es «fundamental que no se pierda la confianza en las instituciones». Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research y doctor en Economía por la Universidad, coincide con esta idea: «En el corto plazo, es esencial proporcionar apoyo económico inmediato a las familias y empresas afectadas». Esto incluye «transferencias directas, créditos ICO para liquidez, y moratorias fiscales para reducir la carga financiera de los damnificados». Además, Doménech apunta también a la «la restauración rápida de infraestructuras críticas, como carreteras y sistemas energéticos», para «garantizar la continuidad de las actividades económicas y la movilidad».  Javier Andrés, doctor en Economía por la Universitat de València y catedrático de la institución, aporta otro concepto en esta misma línea: «Desde el punto de vista social, lo más importante es organizar todas las infraestructuras de la comunidad para que la gente recupere lo más pronto posible un estilo de vida razonable». Es decir, tomar medidas que económicamente pueden no parecer tan relevantes, pero sí lo son para la comunidad como es recuperar colegios o habilitar soluciones de vivienda cerca de la zona para los afectados. «La gente no lo necesita solamente para recuperar la zona, lo necesita para recuperar sus vidas». Los expertos señalan asimismo la necesidad de recuperar –o no dejar caer– el tejido económico de la zona, ya que será lo que permitirá fijar la población. «Desde el punto de vista económico, hay dos aspectos centrales», contextualiza Andrés. El primero son «las infraestructuras»; el segundo es «tomar una decisión sobre los empleos de esa zona», que tiene bastante actividad industrial, agrícola o logística.

La compañía que crearon en Barcelona los ingenieros Carlota Pi, Ferran Nogué y Oriol Vila ha tenido que buscar ayuda tras seis años de pérdidas —54,5 millones en total—. El salvavidas ha sido el fondo Icosum, dirigido por un inversor poco conocido en España, Lotfi Bellahcene, que se ha comprometido a aportar 22 millones en dos fases que le darán el control del 33,4% de la compañía y tres asientos en el consejo. Una operación de salvamento frente a una deuda que a finales de 2023 alcanzaba los 65,4 millones y que se ha reducido a 40,3 millones en junio de este año. Holaluz no es la única empresa del autoconsumo en apuros. Otras cotizadas, como Solarprofit en España y Sunpower en EE UU se han desencuadernado en la agitación del mercado. Malos tiempos con traducción a números. Holaluz llegó a valer en Bolsa 257 millones (2021) y hoy vale poco más de 30. Un desplome con causas. José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), explica que “el autoconsumo iba subiendo razonablemente bien, con buenos porcentajes, pero en los últimos años y sobre todo en 2022 [año en que se instalaron 2.507 MWh] nos encontramos con motores de cola como los precios altos de la electricidad o los subsidios, que animaban el autoPese consumo. Y entonces, en algunos casos, se confundió lo que era un año pico [en actividad e instalaciones] con un año normal”. Algunas compañías se sobredimensionaron. Holaluz apostó por el tamaño y las compras. En 2021 y 2022 adquirió la filial española de Bulb y empresas como Ovo Energy España, Katae Energía, Serna Energía y GHC. Se trataba de sumar clientes y ganar peso entre las comercializadoras. La corriente ha girado y zarandea a las empresas que no leyeron bien el futuro. A escala de sector, nada grave. “Estamos volviendo a la normalidad”, asegura Donoso. El aterrizaje se debe a la subida de tipos de interés; a la inflación, que afecta a la inversión de las familias, y a que los precios de la energía no preocupan tanto. El reflujo se ve en el ritmo de instalación de paneles para autoconsumo. 

España cerrará este año con un récord anual de turistas, que oscilará entre 90 y 95 millones. Y estos se dejarán un máximo histórico de gasto, que rondará los 125.000 millones de euros. El balance ha traído efectos positivos para las empresas (el saneamiento de las cuentas de hoteles, aerolíneas, turoperadores o agencias de viajes) y consecuencias negativas para los ciudadanos (masificación de destinos, subida de precios y escasez de vivienda). Para corregir estos últimos, Cataluña y Baleares, las dos únicas autonomías que gravan las pernoctaciones de los turistas, han anunciado que incrementarán esas tasas en 2025. Es la fórmula mágica para tratar de frenar el descontento ciudadano. La Generalitat de Cataluña ha deslizado su predisposición a elevar esos recargos, en vigor desde 2012, cuyas tarifas van desde el euro a los tres euros por estancia y turista fuera de Barcelona, mientras que en la capital catalana se disparan desde los cinco hasta los siete euros y medio por pernoctación y viajero al sumar el recargo municipal. Por su parte, la presidenta balear, Marga Prohens, anunció hace cuatro semanas una subida de la ecotasa (con tarifas desde 1,10 euros por día y pernoctación hasta 4,40 euros en los hoteles de gran lujo), que se limitará a los tres meses de temporada alta (junio, julio y agosto) y que se concretará el próximo febrero, “para contener la llegada de flujos turísticos y afrontar el problema de la escasez de vivienda”. Pero la principal novedad para este ejercicio será la aplicación de nuevas tasas municipales que se unirán a la que cobra en exclusiva Barcelona. Santiago de Compostela y Toledo se van a convertir en las dos primeras ciudades, tras la capital catalana, que van a cobrar en 2025 una tasa que grave al turista, para lo que han tenido que lograr previamente la autorización del Gobierno regional. Ambas hacen pagar por hechos imponibles diferentes.

"...De momento la economía española avanza a buen ritmo, basándose en el tirón del consumo y a la competitividad, reforzada por el descenso de los costes relativos de la electricidad. El mercado laboral mantiene el tono positivo. Pero la inversión sigue atascada, desafiando todas las previsiones. En los tres últimos años, la Comisión Europea —al igual que la mayoría de los analistas nacionales, como Funcas— ha pronosticado incrementos de la inversión productiva sistemáticamente superiores a la evolución efectivamente observada. En 2022, la inversión creció menos de la mitad de lo anticipado por Bruselas en su ronda de otoño del año anterior. En 2023, el error de previsión fue aún mayor, con un crecimiento real tres veces inferior a la previsión. Y para este año la brecha sigue siendo significativa, si bien se ha reducido algo (el crecimiento esperado es del 2%, frente al 3,4% vislumbrado inicialmente). Sorprende la atonía del esfuerzo de equipamiento, habida cuenta del saneamiento de los balances, la mejora de la rentabilidad empresarial reflejada en la bonanza bursátil y la entrada de capital extranjero. El sesgo de previsión se suele achacar a algo tan difuso e incontrolable como la incertidumbre, y, desde hace poco, al factor Trump. Pero gracias al ejercicio de introspección a que nos invita Kahneman se pueden discernir algunas explicaciones más tangibles. En primer lugar, la reforma fiscal se ha ido posponiendo, restando previsibilidad a las decisiones empresariales al tiempo que amenaza con retrasar el pago del quinto tramo de fondos europeos. Europa obliga a introducir un tipo mínimo del 15% del impuesto de sociedades en términos efectivos, reduciendo disparidades entre empresas y ayudando a simplificar la normativa. Un sistema tributario más previsible redundaría en una mayor eficacia recaudatoria, siendo también más amigable para la inversión productiva, en comparación con la multiplicación de excepciones o gravámenes sectoriales que caracteriza la situación actual. Otro freno, particularmente para las pequeñas empresas, procede de la fragmentación normativa entre diferentes administraciones. La dispersión regulatoria, unida a la inseguridad jurídica que se percibe en el desarrollo del suelo construible, también contribuye al grave déficit de vivienda asequible que padece nuestro país y al débil comportamiento de la inversión residencial. La guerra comercial entre grandes bloques geopolíticos, junto con la proliferación de ayudas de Estado en el seno de la Unión Europea, distorsionan la competencia y ensombrecen el horizonte económico de los exportadores, siendo este uno de los principales desincentivos a la inversión..."

El anuncio de que Volkswagen planea cerrar tres fábricas en Alemania, decenas de miles de despidos y bajadas de sueldo del 10% a toda la plantilla ha caído como un jarro de agua fría, un shock colectivo. No podía ser menos en un lugar que se define como Autoland, país de coches. Aquí la industria automovilística es mucho más que un sector económico y la importancia de Volkswagen trasciende su cuenta de resultados o su número de empleados. El gigante del motor siempre fue un símbolo del poderío alemán. Ahora, convertido en el espejo de la crisis industrial del país, sus dificultades golpean donde más duele. Con el PIB anual a punto de contraerse por segundo año consecutivo, los problemas de Volkswagen reflejan la difícil situación de la economía alemana. Atrapada en un modelo obsoleto, se ha hecho evidente que el antaño motor de Europa dependía del gas ruso barato y de las exportaciones a China. Con la guerra de Ucrania, la burbuja ha acabado de estallar. “El antiguo modelo de negocio ya no funciona”, titulaba recientemente la revista Focus. La crisis germana esconde muchas aristas, y ninguna tiene visos de solucionarse en el corto plazo: la migración de la gran industria, un panorama demográfico cada vez más sombrío, la incapacidad para atraer mano de obra cualificada, infraestructuras en declive y una notable falta de innovación. Volkswagen, incapaz de competir internacionalmente, es el síntoma de un motor que ya no carbura. El Made in Germany ha perdido su esplendor. “Volkswagen no es solo un icono de toda la economía alemana, sino también un símbolo del declive de toda la industria”, afirma Carsten Brzeski, jefe de Macroeconomía de ING. La crisis de la empresa “demuestra que una serie de decisiones de gestión equivocadas, sumadas a cierta arrogancia y subestimación de las nuevas tecnologías y de los competidores, así como el papel cambiante de China en la economía mundial, están pasando una factura enorme a toda la industria alemana”, añade. En los últimos meses se suceden las malas noticias sobre el sector manufacturero. Al anuncio de Volkswagen se suma el de ThyssenKrupp, otro emblema del poderío industrial germano, en el que peligran miles de puestos de trabajo de su división siderúrgica. En septiembre, Meyer Werft, un astillero con más de 200 años de antigüedad, evitó la quiebra gracias a un rescate público de 400 millones de euros.

Un fiscal general acusado de abusar de un menor, una defensora de Putin responsable de los servicios de inteligencia, un negacionista de las vacunas en Sanidad... Los últimos fichajes de Donald Trump premian la lealtad, ponen a prueba el sistema y han generado malestar en parte del Partido Republicano. Nueve años después de verlo bajar por unas escaleras mecánicas para anunciar que aspiraba a presidente de Estados Unidos, el mundo sigue empeñado en un imposible: extraer de los actos de Donald Trump patrones de comportamiento con los que diseñar modelos de predicción de su conducta. Ha vuelto a pasar tras su claro triunfo en las elecciones estadounidenses. Los primeros nombramientos de su segundo Gobierno tomaron al principio una senda más o menos previsible. Los elegidos representaban la línea más dura en materia de inmigración, control del gasto o medioambiente, pero sobre todo eran hombres y mujeres —como Susie Wiles, primera jefa de Gabinete de la historia—, con una gran virtud: no haberle dado la espalda en los peores momentos de su travesía de cuatro años en el desierto. Pero entonces llegaron las curvas, con una serie de fichajes difíciles de tragar hasta para algunos miembros del Partido Republicano. ¿El congresista Matt Gaetz, acusado del abuso de una menor, como fiscal general del Estado? ¿Tulsi Gabbard, tránsfuga y abierta defensora del presidente ruso, Vladímir Putin, y del dictador sirio, Bachar el Asad, directora nacional de inteligencia? ¿El presentador de Fox News Pete Hegseth al frente del Pentágono? ¿Y qué tal un negacionista de las vacunas, Robert F. Kennedy Jr., de secretario de Salud? ¿O, ayer mismo, el ejecutivo de una petrolera Chris Wright, para Energía? Esos cuatro fichajes devolvieron esta semana a Washington, que es una ciudad, pero también un clima de opinión, a los momentos más convulsos de la primera presidencia de Trump. Confirmaron asimismo las sospechas de que el político interpreta su cómodo triunfo en las urnas como una carta blanca y que, aprendidas las lecciones de la primera vez, confía en que podrá torcer el brazo del sistema y formar un equipo con el que llevar a cabo la profunda transformación de Estados Unidos con la que sueña.