20241009

Recuperar el espíritu con el que Euskadi utilizó el Concierto Económico hasta la crisis financiera de 2008. Ese es el mensaje que la patronal vasca ha trasladado a las diputaciones y agentes políticos de cara a la reforma de impuestos que ultiman las instituciones forales. Y es que, según recoge el documento que Confebask ha aportado al debate tributario, el Concierto se «ha puesto más al servicio del crecimiento de la recaudación que del crecimiento económico y de la creación de riqueza». De hecho, viene a reprochar que desde 2008 la recaudación en Euskadi haya subido el doble que el Producto Interior Bruto contabilizado en euros corrientes. En el análisis, titulado ‘Una propuesta empresarial para abordar una revisión y modernización de la fiscalidad en Euskadi’, los empresarios vascos alertan de una pérdida de competitividad en empresas y personas. Por eso piden una reforma «integral» que escape a ajustes cosméticos y que concretan con 15 medidas principales junto a otras 22. Cambios ordenados por seis principios: competitividad, desarrollo sostenible, adecuar los cambios y nuevos impuestos, aumentar la lucha contra el fraude, mejorar el gasto público y luchar contra el envejecimiento. En el IRPF, si bien los que ganan menos de 70.000 euros pagan menos en Euskadi, se alerta de que las rentas medias y altas sufren una «mayor fiscalidad que resta atractivo para fidelizar y atraer personal cualificado y directivo». El documento llega a la conclusión de que a profesionales y ejecutivos europeos «no les resulta fiscalmente atractivo venir a Euskadi». Lo mismo ocurre con aquellos que «residen en Madrid». El tipo marginal –el más alto que se aplica– en Euskadi es el 49% y actúa a partir de los 184.950 euros. En Madrid, en cambio, es del 45,5% y desde los 353.407. La propuesta pide una «armonización» de tipos sobre las rentas medias y altas con las «economías con las que competimos en la atracción de talento». Además, se recupera la vieja reivindicación: suprimir el Impuesto de Patrimonio. También solicita que la retribución en acciones se trate como rendimiento del ahorro y no como de trabajo. En el caso de las empresas, los problemas de competitividad se enfocan en el tributo de Sociedades. Y es que Confebask señala que la diferencia con el resto del país en el tipo efectivo se reduce. En 2007, era el 12,7% en País Vasco frente al 21,9%. Y, actualmente, es un 18,8% frente al 23,5% de territorio común. Para la mejorar la competitividad, Confebask plantea ajustar el tipo mínimo al 15%, como se ha establecido en los acuerdos internacionales. Eso supone reducir el 17% actual de las haciendas forales. Una cifra que podría minorarse solo con las deducciones previstas para inversiones en I+D, y que también se propone su extensión. Además, se plantean reducir el tipo del 20% actual de las pymes. Por otra parte, reclaman abrir la puerta a la liquidación de las bases imponibles negativas, las que se generan cuando las compañías presenten pérdidas eliminando también los topes a esas cantidades. Para fomentar el empleo de calidad se pide la creación de una deducción para las empresas que cumplan una serie de requisitos, tal y como anunció Confebask este verano. 

Los accionistas vascos del grupo Uvesco, que engloba en Euskadi las marcas BM y Super Amara, se han puesto el objetivo de preparar una oferta ganadora que evite la adquisición por parte de la multinacional francesa Carrefour, en aras a mantener el arraigo vasco de la firma de supermercados con sede en Irun. Competir con un gigante de la distribución como el galo no es fácil y, para ello, los accionistas vascos de Uvesco, que poseen un 30% de la empresa frente al 70% del fondo inversor francés Pai Partners, necesitan que todos sus apoyos estén alineados en la misma dirección. Esos actores son varios y destacan tres: el Gobierno Vasco, que de la mano del nuevo lehendakari, Imanol Pradales quiere participar en el mayor número posible de empresas vascas en riesgo de ser adquiridas por grupos extranjeros; agentes financieros de Euskadi y gestoras de fondos privados como Stellum Capital (integrado en Artizarra Fundazioa); y Kutxa Fundazioa. Precisamente, los impulsores de esta vía vasca para adquirir BM para comprar Uvesco están pendientes de la decisión final que pueda adoptar al respecto la fundación bancaria heredera de la caja de ahorros guipuzcoana y que posee el 32% de Kutxabank. Los objetivos estratégicos inversores de Kutxa Fundazioa pasan por otros sectores de actividad, no tan vinculados a la rentabilidad inmediata, y la entidad no ha terminado de aclarar sí se embarcarán en la oferta para desbancar a Carrefour, pese a que su apoyo se antoja decisivo para el éxito final de esta vía vasca. Preguntados al respecto por este periódico, portavoces oficiales de Kutxa Fundazioa se limitaron ayer a señalar que «no hacemos declaraciones de ningún tipo sobre este proceso concreto». Fuentes conocedores de los entresijos de la negociación sí reconocen, sin embargo, las dudas que persisten en el entorno de la fundación sobre la «utilidad real» para el arraigo de una oferta vasca para Uvesco, teniendo en cuenta que hace tres años los propietarios de Uvesco vendieron el 70% de la propiedad al fondo francés. En este contexto, como ya publicó este periódico el pasado lunes al desvelar la intención de los accionistas vascos de BM de apurar sus opciones de quedarse con Uvesco, la vía vasca «está más verde», y es la apuesta gala la que presenta condiciones más favorables para llevarse el gato al agua. 

El sector primario vasco considera que están en riesgo 127 millones en ventas a Uvesco si el grupo irundarra es adquirido por Carrefour. El sector primario vasco está viviendo días de zozobra desde que se diera a conocer la posible venta del grupo Uvesco, matriz de las marcas BM y Super Amara, a la gala Carrefour. La noticia, adelantada por este periódico, ha generado preocupación entre los baserritarras, agricultores y arrantzales, ya que la cadena de supermercados guipuzcoana realizó el año pasado compras a proveedores vascos por valor de 127 millones de euros. Una cantidad nada despreciable, fruto de la apuesta que ha realizado históricamente el grupo de distribución guipuzcoano por los productos locales y de proximidad. Una estrategia que se ha convertido en una de sus señas de identidad, y que le ha servido para diferenciarse de otros competidores, entre ellos la francesa Carrefour, que estaría dispuesta a pagar 800 millones para hacerse con BM ante el interés del fondo galo Pai Partners, propietario del 70% de Uvesco, de vender. Y es precisamente esa menor apuesta por los proveedores locales de la cadena de distribución gala lo que mantiene en vilo al sector primario vasco, que ve peligrar gran parte de esas ventas. Desde Enba insisten en que hay «preocupación en el sector porque mientras BM tiene una apuesta clara por el producto local, Carrefour no mantiene la misma estrategia». Por ello, indican que se notaría en el volumen de compra. Y añade que «la cadena gala podría optar por realizar un cierto seguidismo de BM para mantener a los clientes, con lo que no se notaría a corto plazo, pero si sigue la estrategia que tiene en todo el Estado, el impacto sería considerable».

El Juzgado número 1 de lo Mercantil de San Sebastián ha otorgado a Astilleros Balenciaga de Zumaia la homologación de su plan de reestructuración, lo que permitirá al centenario astillero continuar su actividad y esquivar el concurso de acreedores. La luz verde judicial era importante para seguir adelante con este proceso, una vez que Balenciaga había conseguido la aprobación por parte de los acreedores. Una vez homologado el plan de reestructuración, se despeja el camino para la entrada de un posible nuevo inversor y la puesta en vigor de dos contratos firmados en julio de este año, según ha podido saber DV de fuentes próximas al astillero. Según refleja el portal concursal, el Juzgado 1 de lo Mercantil de San Sebastián ha decretado, con fecha del pasado lunes, el auto de ‘homologación del Plan de Reestructuración de Balenciaga’, una vez fuera aprobado en el pasado mes de agosto por sus acreedores. Según ha podido conocer este diario de las cuentas publicadas, tras las graves pérdidas provocadas por la cancelación de un buque, el astillero aún con actividad no pudo poner en vigor ningún contrato desde abril de 2020 dada la delicada situación financiera, optando por esta novedosa modalidad, cuyo resultado, a la luz del auto, permite esquivar el concurso de acreedores a la centenaria firma. Balenciaga es una empresa muy arraigada en Zumaia. Emplea en sus instalaciones a una plantilla de 71 trabajadores, según los datos entre los años 2020 y 2022, y el personal inmerso en las distintas construcciones tuvo picos de 600 personas en términos de empleo indirecto. Solo quedan dos astilleros en Gipuzkoa, Balenciaga y Zamakona en Pasaia. 

Un consorcio internacional participado por la vasca CAF se ha situado como favorito para ampliar el metro de Dubái, una de las mayores infraestructuras de transporte de la región. El fabricante de trenes se ha aliado al gigante chino China Tiesiju Civil Engineering y al grupo local Arab Contractors. Según las fuentes consultadas, han presentado la oferta económica más ventajosa para el diseño y construcción de la Línea Azul (Blue Line), un corredor con un presupuesto de unos 5.000 millones de euros. CAF parte como favorita en un concurso por el que han pujado seis consorcios internacionales cuyo denominador común es que están liderados por corporaciones asiáticas. Además de la alianza de CAF, ha presentado oferta la española FCC, que ha sumado fuerzas con Alstom y la corporación China State Construction Engineering. La coreana Hyundai Rotem se ha unido a China Civil Engineering Construction Corporation y al grupo Nippon. Por su parte, China Railway Rolling Stock ha formado alianza con las turcas Limak y Mapa. La alemana Siemens acude junto a Samsung y la india Larsen & Toubro, mientras que Hitachi va de la mano de la italiana Webuild. El paso dado por CAF con la oferta más barata supone situarse al frente de la puja, pero las autoridades también valorarán otro tipo de factores como el cronograma y la oferta técnica. Por otra parte, CAF refuerza su presencia en Italia con dos nuevos acuerdos para las ciudades de Bolonia y Roma por un valor conjunto que asciende a 200 millones de euros. 

La nueva estrategia corporativa y de negocio desarrollada en Kutxabank dejará huella en su logotipo. La marca incorporará el lema ‘En serio’ como parte de su plan estratégico 2025-2027. Ésta será una forma de expresar «el compromiso y la propuesta de valor del banco y sus profesionales con sus grupos de interés» y sentará las bases de su «estrategia de gestión». «Un banco con arraigo, que busca el crecimiento sostenible y la expansión –clientes, territorios y servicios– y que apuesta por la personalización, el trato cercano y los servicios de valor añadido», detallaron. CajaSur, por su parte, mantendrá su nombre y logo. El presidente de Kutxabank, Antón Arriola, detalló que tomarse «las cosas en serio» refleja «el compromiso profundo y la responsabilidad con cada cliente». «Somos serios porque nos tomamos en serio nuestra profesión y entendemos el valor del dinero que hay detrás del proyecto vital o profesional de nuestros clientes», agregó. El CEO de la entidad, Eduardo Ruiz de Gordejuela, lo definió como una forma de diferenciarse a través de su «experiencia y criterio financiero».

La mejora en las indemnizaciones que MasOrange ha ofrecido a los sindicatos, y que sube hasta 33 días por año trabajado con un tope de 22 mensualidades, no frenará la huelga de media jornada que han convocado CC OO, UGT, USO, ELA y CGT para el próximo martes día 15 contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a 745 trabajadores. El paro se desarrollará de 13.00 a 17.00 horas en todos los centros de trabajo de las seis entidades jurídicas afectadas por la medida. Ayer los trabajadores de Euskaltel se concentraron ante la sede de la compañía en Zamudio mientras se negociaba el expediente en Madrid. Los empleados de la operadora reclamaban la retirada del ERE o que en todos los casos fuera voluntario. Hoy mismo volverán a movilizarse junto a la sede de Euskaltel, de 7.30 a 8.30 horas. El ERE presentado el 3 de septiembre por Mas Orange, fruto de la fusión de las compañías de telecomunicaciones Orange y MásMóvil, se preveía para un máximo de 795 trabajadores al considerar que se producían «duplicidades organizativas». Además de a Euskaltel, adquirida por MásMóvil, la medida también afecta a Orange España, Xfera Móviles, Lorca telecom Bido, R Cable y Telecable. CC OO señaló ayer que la oferta de MasOrange de 33 días de salario por año de servicio, con hasta los 22 meses, supone «menos que un despido improcedente», donde se llega hasta las 24 mensualidades. La nueva propuesta también incluye mejoras en las prejubilaciones a partir de los 58 años, hasta los 62, con un salario regulador del 100% del salario fijo bruto y del 50% del variable, así como un convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años.

"El lehendakari y la presidenta de Navarra, en un reciente artículo en defensa de nuestros modelos de Concierto vasco y Convenio navarro, nos recordaban que estos implican un «riesgo unilateral», y que son, además, «un modelo que exige un alto nivel de responsabilidad y compromiso con la gestión». Se trata, a mi juicio, de consideraciones muy adecuadas, y espero esclarecedoras, sobre todo para aquellos que desconocen sus características o están alejados de nuestra realidad...No obstante, y dado que no hemos abordado aún la resolución de nuestros problemas estructurales, en los últimos diez años seguimos perdiendo tamaño en inversión relativa y PIB sobre el conjunto del Estado; y de manera significativa, frente a comunidades como Madrid, Cataluña, Valencia o Andalucía. Aunque el pasado año crecimos de forma similar al conjunto de España, este año parece que volveremos a crecer menos. Pero como nuestra población evoluciona peor, el PIB per cápita incluso mejora, aunque tenemos más edad media, y con gastos sociales que crecen a mayor ritmo...Nuestras cuentas públicas hoy están saneadas (con la gran salvedad de que el fuerte déficit en pensiones –4.300 millones el pasado año– se financia desde la caja común del Estado). Pero la duda es evidente: frente a los previsibles e intensos crecimientos de gasto público, y en el marco de nuestro modelo actual, ¿cómo se podrán financiar? Parece que, recordando a Laffer, nuevas subidas de impuestos podrían implicar menos recaudación. O, desde otro ángulo, ¿sufriremos ese riesgo unilateral hasta el punto de colapsar nuestro modelo?...Hoy Euskadi tiene la oportunidad de recuperar tamaño económico, garantizar su futuro y su modelo de autogobierno. Un acuerdo entre administraciones y grupos políticos puede ser clave para lanzar iniciativas que atraigan inversiones, fomenten el emprendimiento y generen empleo de calidad captando y reteniendo talento. Necesitamos crecer de forma diferencial y mejorar a la vez nuestra demografía. De esta forma se podrán asegurar los servicios sociales y el Estado de bienestar. La colaboración de organizaciones empresariales, sindicatos y la sociedad civil es esencial. Euskadi tiene una enorme oportunidad de construir un futuro de bienestar". 

«Los contribuyentes del resto de España están financiando políticas en el País Vasco con unos 2.000 millones, mientras ellos no aportan nada al resto», apunta Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado. «Son receptores netos del resto del país porque se benefician de una parte del IVA del resto de España y porque el déficit de las pensiones de la Seguridad Social se financia con impuestos de los contribuyentes que no están ni en la Comunidad Foral de Navarra ni en el País Vasco», agrega. El País Vasco paga anualmente un cupo al Estado que en 2023 se situó en 1.471 millones de euros, lo que teóricamente sirve para cubrir un 6,24% de los gastos generales del Estado de los que se beneficia el País Vasco. Ese porcentaje se fijó en 1981, porque entonces era el peso que tenía esta comunidad en el total del PIB español y desde ese año no ha variado a pesar de que la región ha ido perdiendo dinamismo y representatividad en la economía nacional. Este es uno de los argumentos que utilizan los defensores de la solidaridad del cupo para alegar que lo es, ya que su PIB supone con datos de 2022 un 5,89%. «Hay que tener en cuenta: primero, que históricamente ha sido al revés, la economía vasca tenía un peso superior a ese 6,24%; segundo, que la diferencia entre ambas medidas es mínima [se calcula que la aportación debería ser de tan sólo 83 millones menos si se usara ese porcentaje]; y, tercero, que si nos creemos los datos del instituto de estadística vasco la participación del País Vasco en el PIB del país está por encima. En todo caso, esa sería su contribución teórica a la solidaridad, que sería mínima; pero al analizar las variables que se computan para calcular el concierto, se ve que todas están medidas para favorecer al País Vasco, así que su teórica pequeña aportación quedaría muy difuminada», apunta por su parte a este periódico Ignacio Zubiri, doctor en Economía por la Universidad de Princeton, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad del País Vasco y experto en el cupo. Más allá de que esa presunta contribución sea «ridícula», hay que tener en cuenta que hay dos ajustes que le benefician sobremanera. El primero es el que se hace por el IVA. A esto se suma que la Seguridad Social recibe transferencias milmillonarias del Estado Central para hacer frente a sus gastos. Zubiri señala además que el País Vasco recibe una aportación del resto de España porque el sistema es de caja única.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere darle la máxima celeridad a la entrada en vigor de la reducción por ley de la jornada laboral semanal, sin recorte del salario. Es decir, desde las 40 horas actuales a las 37,5 en 2025. Es más, tras el Consejo de Ministros, Díaz aseguró ayer que el 31 de diciembre de 2025 “todos los trabajadores habrán visto reducida su jornada semanal en 2,5 horas”. Por esta razón, la vicepresidenta anunció que, tras la negociación con la patronal y los sindicatos, el Parlamento tramitará el proyecto de ley con urgencia, con el fin de que entre en vigor lo antes posible. Si no a finales de este año, en el primer trimestre de 2025. Esto significa varias cosas. La primera es que las respectivas comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado se constituyen con potestades plenas para tramitar la norma. En el caso de la Cámara Baja, la Comisión envía el proyecto directamente al Senado, sin necesidad de volver al pleno del Congreso. A partir de ahí, la Cámara Alta tiene veinte días, y no dos meses, como es habitual, para tramitar la norma. Y si no introduce enmiendas, la ley se publicará directamente en el Boletín Oficial del Estado. “En el trámite parlamentario agilizaremos lo máximo posible”, dijo Díaz que, por otra parte, se mostró dispuesta a esperar lo que haga falta para llegar a un acuerdo. Sobre todo, con los empresarios, porque ya tiene el respaldo de los sindicatos desde antes del verano.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha retomado el proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa. También conocido por el Estatuto del Becario. Díaz ha puesto en marcha un proceso de consultas entre los agentes sociales, los sectores afectados y los ciudadanos para elaborar una norma al respecto. Con ello, la vicepresidenta volverá al diálogo social y a discutir en el seno del Gobierno un proyecto que quedó congelado y aparcado en la pasada legislatura, por las siguientes razones. Díaz se encontró con el rechazo de la CEOE, Cepyme; de los rectores de las universidades y de los ministros socialistas del área económica, empezando por la entonces vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El ala socialista del Ejecutivo contempló siempre este proyecto como una norma llena de restricciones para incluir de forma paulatina a los jóvenes en el mercado laboral. También se oponía la Conferencia de Rectores y Rectoras de Universidades Españolas (CRUE). Primero, porque sentían que el Gobierno estaba negociando con la patronal y los sindicatos una reforma que les afectaba directamente, pero sin contar con ellos. En segundo lugar se oponían rotundamente a que las universidades y los centros dependientes de ellas tuviesen que cotizar a la Seguridad Social por los jóvenes en prácticas, aunque éstas no tuvieran carácter laboral. Y, en tercer lugar, por los nuevos requerimientos administrativos que suponía la aplicación de esta medida. Por este motivo, la Seguridad Social decidió bonificar el 95% de las cotizaciones sociales de los futuros trabajadores. Hoy en día, alrededor de 800.000 jóvenes en prácticas y en formación cotizan a la Seguridad Social, según la titular de la cartera, Elma Saiz. Fuentes de la patronal dijeron ayer que los empresarios no se pronunciarán sobre el nuevo intento de Yolanda Díaz de resucitar el Estatuto del Becario hasta que no tengan un borrador de proyecto de ley.

El sistema que cubre la sanidad de 1,5 millones de empleados públicos y sus familias a través de Muface sigue en el aire. El Gobierno ha intentado cerrar la crisis abierta por la renovación del concierto del sector con una subida de la prima del 17% para 2025 y 2026 que no ha convencido a las aseguradoras que prestan este servicio, SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV. La mejora en las condiciones económicas para Muface aprobada ayer en Consejo de Ministros –junto a las nuevas condiciones del Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), que cubre al medio millón de personal militar y las de Mugeju para 60.000 funcionarios de Justicia– supone la mayor de la historia y supera el 14% ofrecido inicialmente. Pero se queda muy por debajo –prácticamente la mitad– del 24% propuesto por Muface y más aún de las pretensiones iniciales, que apuntaban a la necesidad de un 40% para cubrir las pérdidas generadas con la subida de costes en el periodo inflacionista. Sin margen ya para la negociación, la pelota está en las aseguradoras. «Tenemos que analizar los pliegos que nos llegarán de manera formal el viernes», indican fuentes del sector, recordando que hay que mirar más allá de la mejora de la prima para decidir si concurren al concurso. «Hay otros aspectos claves, como los detalles de las coberturas, etc.», añaden. Las condiciones actuales «son insuficientes» y «podría darse el caso de que ninguna de las tres sociedades acuda al concurso», alegan. No ha ocurrido nunca, aunque sí se han vivido retiradas como las de Sanitas o Caser, que decidieron en su día salir del concurso y podrían optar de nuevo bajo las actuales condiciones.

Según la Encuesta de Población Activa, cuatro de cada diez trabajadores que echan horas extra no cobran ni un euro más por ellas. Son concretamente el 42,7% de ellos, a los que se suma otro 5,2% que percibe pagos solo por una parte de sus horas extraordinarias. Así, casi la mitad de los trabajadores que alargan de más sus jornadas ni cobran ni cotizan por el tiempo que pasan en su centro de trabajo. Según cálculos de un estudio reciente de CC OO, esto implica un gran ahorro de costes para las empresas. “Equivale a un coste laboral de 3.254 millones de euros que en un año los empleadores dejan de pagar a trabajadores, Seguridad Social y Agencia Tributaria entre salario, impuestos directos y cotizaciones sociales”, indica el equipo de estudios del sindicato. Para esta cuenta toman como referencia el total de horas extra impagadas que echan a la semana todos los asalariados, 2,97 millones en el segundo trimestre, últimos datos disponibles. Son el 42,8% del total de extraordinarias trabajadas por el conjunto de los asalariados. Las horas extra ocupan un lugar preponderante en el debate laboral español en los últimos meses, a cuenta de la negociación de Gobierno, sindicatos y patronales para reducir la jornada ordinaria a 37 horas y media a la semana. En los compases iniciales de la conversación, las asociaciones empresariales pidieron al Ejecutivo un destope del límite máximo que plantea el estatuto de trabajadores (80 horas al año) a cambio de la contracción de jornada ordinaria, una posibilidad que el departamento de Yolanda Díaz cerró desde el primer minuto. El primer borrador, que adelantó este periódico, ya descartaba cambios en este sentido. 

“La falta de inversión secular que arrastramos es quizás el mayor riesgo que vemos para el crecimiento”, especialmente dado el hecho de que “la construcción de vivienda y la de infraestructuras están muy por debajo de la media histórica”, expuso ayer el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Israel Arroyo, durante el discurso que ofreció en la clausura del XV Encuentro Financiero. “Y la inversión es imposible sin un sector financiero fuerte y saneado”, remachó el número dos del Ministerio de Economía como colofón a unas jornadas que durante lunes y martes han reunido a primeros espadas del ámbito bancario, asegurador o de la consultoría, así como al gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, entre otras personalidades, y que han contado con la colaboración de KPMG, American Express, Cunef Universidad y Microsoft Surface. “España está creciendo muy fuerte y muy rápido, pero está creciendo en población más rápido que en capital, y se están produciendo desacoples” y “cuellos de botella para el crecimiento de la economía” que conviene abordar, argumentó el secretario de Estado, apuntando por ejemplo a que “la fuerza de trabajo inmigrante se sitúa donde está la actividad económica, en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y la costa mediterránea, y eso produce problemas de congestión”. “Tenemos unas infraestructuras que empiezan a mostrar sus costuras, a enseñar algunas de esas limitaciones de esta falta de inversión”, apostilló Arroyo, incidiendo también en las carencias en construcción de vivienda. “La política económica del Gobierno va dirigida al fondo de los problemas, a la cuestión de aumentar la inversión, pero también va a que este sistema financiero sea capaz de traducir esas políticas en inversiones productivas”, aseveró el secretario de Estado, abogando por impulsar una “profundización del mercado de capitales europeo” y por promover una “inversión que nos permita capturar los beneficios de la inteligencia artificial [IA]”.

El grupo automovilístico Stellantis, dueño de marcas como Opel, Peugeot, Citroën o Jeep, ha llegado a su cifra deseada de ayudas públicas para levantar una megaplanta de baterías en Zaragoza. El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Jordi Hereu, anunció ayer que a la compañía se le han adjudicado otros 133,7 millones de euros para el proyecto Antares, nombre bajo el que se presentó la gigafactoría zaragozana. Este dinero, proveniente de la tercera convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC III), se suma a los fondos recibidos en el Perte VEC II, del que se quedó con más de 55 millones para esta iniciativa. En ese entonces, la empresa quedó disconforme con la cantidad percibida y dejó en el aire un proyecto que movilizará una inversión de más de 3.000 millones, lo que estaría a la altura de la planta de baterías que el grupo Volkswagen está construyendo en Sagunto (Valencia). “Esta ayuda se añade a los 150 millones ya aprobados de anteriores ediciones del Perte VEC. Stellantis llega ya a los 298 millones de aportación de fondos europeos. Esto es un acicate, un mensaje de que tenemos que desarrollar proyectos de ambición en Zaragoza. Son unas inversiones necesarias en Figueruelas que nos tienen que generar liderazgo en la automoción”, explicó Hereu en la cuarta edición de los Premios Impulso, celebrada en Zaragoza. El proyecto, que Stellantis llevará a cabo conjuntamente con la firma china CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, va de la mano de la instalación de la plataforma de producción de coches eléctricos compactos STLA Small en las factorías de coches del grupo en Zaragoza y Vigo.

“Hacemos un llamamiento para seguir adelante con la instalación de energías limpias. Este enfoque debería incluir las energías renovables, la energía nuclear, el hidrógeno, la bioenergía y la captura, utilización y almacenamiento de carbono”, declaró recientemente el expresidente del BCE Mario Draghi en la presentación del informe sobre el Futuro de la Competitividad Europea encargado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Catorce grandes bancos e instituciones financieras mundiales, entre ellos BofA, Morgan Stanley y Goldman Sachs, expresaron su apoyo al esfuerzo por triplicar la potencia nuclear instalada de aquí a 2050 –objetivo de la COP28– en la Cumbre del Clima que ha tenido lugar en Nueva York. “Nuestra misión colectiva es clara: la nuclear es energía limpia y, si queremos garantizar un planeta habitable, debemos asegurarnos de que haga su parte”, dijo John Podesta, asesor principal del presidente de Estados Unidos para Política Climática Internacional, en la cumbre. “Teniendo en cuenta el asesoramiento científico y el actual progreso tecnológico, así como los diferentes retos hacia la transición entre los Estados miembros, la Comisión considera que existe un papel para el gas natural y la nuclear como medio para facilitar la transición hacia un futuro basado predominantemente en las renovables”, dijo la Comisión Europea al incluir ambas en su Taxonomía verde. “Alcanzar el ritmo de reducción de emisiones acorde con el Acuerdo de París [...] requiere grandes aumentos en energías renovables, así como un incremento de la energía nuclear [...] La nuclear y la hidroeléctrica forman la columna vertebral de la generación de electricidad con bajas emisiones”, asegura la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe Nuclear Power in a Clean Energy System.

Aunque todavía es pronto para hablar de una guerra comercial entre Europa y China, el enfrentamiento arancelario entre ambas potencias está escalando rápidamente. Pekín anunció ayer la introducción de impuestos a la importación de brandy europeo en represalia por la confirmación de los aranceles a los vehículos eléctricos chinos por parte de los Veintisiete la semana pasada. Aunque el brandy tiene un peso relativamente bajo en la balanza comercial comunitaria con China, este mercado es cada vez más importante para muchas empresas y, con ello, la segunda potencia mundial da un aviso a Bruselas. De hecho, China ha reconocido que ha puesto bajo la lupa también los coches, el porcino o los lácteos con un peso mucho más elevado en las exportaciones europeas. El Ministerio de Comercio chino anunció ayer la introducción este viernes de “medidas antidumping provisionales” sobre las importaciones de determinados brandys originarios de la Unión Europea, revirtiendo así la decisión de finales del pasado mes de agosto, cuando había descartado esta medida. Esta medida se comunica apenas cuatro días después de que los Estados miembros de la UE decidieran seguir adelante con los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, convirtiendo los aranceles provisionales en definitivos. Por ello, Pekín ha decidido tomar represalias comerciales contra la UE comenzando con la imposición de aranceles de entre el 30,6% al 39% a una serie de marcas europeas. El listado de empresas afectadas incluye a las españolas Bodegas Osborne, Miguel Torres o Bodegas Fundador, a las que aplicará un tipo del 34,8%.

El precio del petróleo se desfondó ayer, después de una intensa racha alcista a lo largo de la última semana, en la que se vio impulsado por la escalada bélica en Oriente Próximo. El barril de Brent, de referencia en Europa, se desplomó ayer un 4,7%, hasta los 77,1 dólares por barril ante la falta de estímulos adicionales en China, un factor que ha dejado en segundo plano la creciente tensión en torno a Israel e Irán, que había sido el elemento determinante durante los últimos días, llevando al crudo ayer hasta los 81,1 dólares por barril. Además, los analistas mencionan otros dos elementos que también habrían lastrado la cotización del crudo: el aumento de la producción de petróleo en Libia y la confianza en que el huracán Milton no afectará finalmente a las áreas petroleras del Golfo de México. Los analistas esperaban que la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (CNRD), el principal órgano planificador chino, anunciara ayer nuevas medidas de estímulo para reavivar el crecimiento, muy golpeado en el gigante asiático. El PIB crecerá un 4,8% este año, seguido de un alza del 4,3% el próximo ejercicio según el Banco Mundial, muy por debajo de los objetivos marcados por Pekín, motivo por el cual muchos inversores preveían un fuerte paquete que, finalmente, ha quedado acotado principalmente al consumo y al sector inmobiliario, provocando una cierta decepción en el mercado. “Los estímulos de China hicieron subir el crudo la semana pasada. Hoy [por ayer], al no concretarse estímulos adicionales, se duda de la activación de la demanda”. 

Benjamín Netanyahu difundió anoche un vídeomensaje para confirmar que Israel también ha logrado acabar con la vida de Hasem Safieddine, a quien algunas fuentes señalaban como sucesor de Hasán Nasrala al frente de Hezbolá. El primer ministro añadió que la operación también había permitido eliminar a su posible relevo. Toda una exhibición de fuerza por parte de los servicios de Inteligencia hebreos, que han logrado infiltrarse hasta lo más alto de la cúpula de la milicia chií y volver a descabezarla. Sin embargo, la versión del primer ministro fue puesta en entredicho poco después por las propias Fuerzas de Defensa. Su portavoz, Daniel Hagari, se mostró más prudente y anunció que «los resultados de este ataque aún se están investigando», aunque precisó que «sabemos que Safiedinne estaba allí», en relación al búnker bombardeado y arrasado al sur de Beirut. Hagari añadió que el refugio albergaba la sede de la Inteligencia de Hezbolá. Desde entonces el Partido de Dios ha perdido el contacto con quien ocupaba el cargo de responsable del consejo ejecutivo, pero no ha confirmado su muerte de manera oficial. Los equipos de rescate han tratado de llegar en numerosas ocasiones a la zona, pero los militares lo han impedido. Este religioso de 60 años era primo de Nasrala y tenía una conexión directa con Irán, donde su hermano es el actual representante de Hezbolá. El bombardeo fue masivo y en la misma operación murió Hussein Hazimah, jefe de la Inteligencia de la milicia.

Cuando Florida aún se recupera de los efectos de ‘Helene’, el huracán ‘Milton’ vuelve a amenazar a la península y se prevé su llegada al Estado durante la próxima madrugada. Las autoridades estadounidenses preparan la potencial evacuación de más de seis millones de residentes ante la previsión de fuertes vientos, lluvias torrenciales e inundaciones mortales, según publican los medios locales. Más de un millón ya han dejado sus casas. Se trata a priori del peor huracán en décadas, «monstruoso», advierten los meteorólogos, a no ser que algún tipo de evento natural lo aminore milagrosamente antes de llegar a Tampa. La población sigue las recomendaciones. Las autopistas de salida de Florida aparecieron ayer atascadas por miles de vehículos ocupados por familias que buscan alejarse de la zona de peligro. El tránsito ha continuado de madrugada. El reciente recuerdo de ‘Helene’ alimenta la alarma entre una población que siente el aliento de una posible nueva devastación. Miles de escaparates y ventanas han sido cubiertas con paneles de madera. Vecinos y bomberos reparten sacos de arena para frenar las riadas. Los pabellones deportivos han sido habilitados con miles de camas de campaña. Y miles de ciudadanos se lanzaron ayer a los supermercados en busca de comida, agua, botiquines, pilas y otros recursos de emergencia. El presidente, Joe Biden, declaró la situación de emergencia en el Estado de Florida y prometió ayuda federal para combatir los efectos de ‘Milton’. El mandatario, que ha retrasado su viaje a Alemania y Angola, instó a la población a evacuar «ahora, ahora, ahora», ya que «es una cuestión de vida o muerte». Biden teme que ‘Milton’ pueda ser «la peor tormenta en Florida en un siglo».