20240923

Entrevista con la presidenta de la FVEM, Begoña San Miguel. Es su primera entrevista desde que en verano fue elegida ya de forma oficial presidenta de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), un cargo que había ocupado provisionalmente desde julio de 2023 cuando su predecesora, Tamara Yagüe, fue designada presidenta de la patronal Confebask. Son mujeres que están rompiendo el techo de cristal en la industria, tan necesitada de referentes femeninos. San Miguel es gerente en Industrias Ojarem. "Ha habido un enfriamiento en la primera mitad del año que tiene mucho que ver con la debilidad de Alemania, que nos afecta directamente. En cuanto a las previsiones, no se ve mejoría para el segundo semestre, así que habrá caída respecto a los años anteriores, que fueron muy potentes...No tenemos ni una pista de porqué el absentismo es tan alto en Euskadi. Por eso es tan importante que todos los agentes que están relacionados con este problema –empresas, sindicatos, administración, sanidad...– lo analicen sin miedo para encontrar las variables que hacen que Euskadi tengo una tasa mucho más elevada que otras comunidades. Hay que analizar las razones para encontrar soluciones. Existe un grupo de trabajo que lleva en ello dos años, pero de momento no hay conclusiones...Las empresas se instalan allí donde van a ser más competitivas y el absentismo y la conflictividad juegan en contra. Tenemos además comunidades autónomas próximas que tienen paz social desde hace 30 años, que negocian los convenios sin conflictividad...Vemos que perfiles muy preparados se van a la administración y las empresas tenemos que reaccionar. Las condiciones del sector público no van a cambiar así que tenemos que cambiar las nuestras y lo estamos haciendo...– ¿La falta de potencia renovable en Euskadi es otro hándicap?– Sí porque la independencia energética siempre es una ventaja competitiva. No hay más que ver a Aragón, que produce un 80% de lo que consume y ha elevado el peso de su industria al 20%. Tiene suelo, buenas conexiones y, sobre todo, paz social desde hace 30 años. Nos tiene que servir de reflexión...Con el Concierto Económico podemos tener una fiscalidad que atraiga proyectos económicos porque el PIB vasco ha crecido menos que otras comunidades. Es necesario potenciar el arraigo con nuevos fondos financieros que permitan abordar las inversiones necesarias para las transiciones. Las entidades públicas deben ser muy cooperadoras para que no perdamos el tren y hay que rebajar el absentismo y la conflictividad para ser más competitivos..."

Hay nuevo nombre y nuevo fondo de inversión en la ya amplia constelación de estos productos. Ander Michelena, que se hizo popularmente conocido en 2016 tras la venta de la empresa de intermediación en entradas de espectáculos Ticketbis, creada junto a su socio y actual presidente del Athletic de Bilbao, Jon Uriarte, acaba de finalizar la captación de recursos para poner en marcha un nuevo fondo dotado ya con 150 millones de euros que invertirá en ‘startups’ en sus fases iniciales. Además, Michelena, que a mediados de 2023 llegó a un acuerdo con Uriarte para separarse y gestionar cada uno de ellos sociedades diferentes, ha decidido rebautizar lo que nació como All Iron Ventures. Así, la gestora y también el nuevo fondo asumen ahora el nombre de Acurio, tomado del apellido de un navegante originario de Bermeo que fue contramaestre en la expedición de Magallanes y Elcano que dio la vuelta al mundo. Una denominación, aseguran, que está ligada al «espíritu emprendedor» que preside esta sociedad. El objetivo del nuevo fondo es invertir en empresas sin establecer una selección previa de sectores, aunque sí señalan sus promotores que tienen una clara «vocación internacional», lo que hace prever que buena parte de esas tomas de participación se realicen fuera de España. «Queremos ser un referente en Europa», señalan en la presentación de esta nueva etapa del proyecto. Por otra parte destacan que en el nuevo fondo, al igual que sucedía con los vehículos de inversión que ya tenían en marcha, queda claro el compromiso de los socios de la firma, ya que han aportado 25 de los 150 millones. Junto a ello han valorado de forma muy positiva el hecho de que los 150 millones se han captado en un plazo de 11 meses, un periodo relativamente corto para lo que es habitual en este tipo de actividades. 

Grupo Unceta, la firma familiar de raíz eibartarra dedicada a la venta de herramientas de corte y referente en instrumentos de medición, cumple 150 años. La máquina de escribir ‘Hispano Olivetti’ grisácea con la que Andrés Unceta –hijo del fundador de la ferreretería Unceta, Juan Pedro Uncetabarrenechea– tecleaba los pedidos, las facturas o cartas para sus proveedores en la década de los 40 descansa ya como pieza de museo frente a la recepción del almacén de la firma «eibartarra», como puntualizan sus propietarios, enclavada en la calle San Antolín de Elgoibar. Desde ese proceso analógico ha llovido mucho. Crisis, guerras, la revolución y transformación digital, y en última instancia, la llegada de la inteligencia artificial han sido algunos de los elementos a los que ha tenido que encarar y adaptarse el Grupo Unceta, en un ejercicio de resiliencia singularísimo en el ecosistema económico vasco, estatal y europeo. Por todo ello, la compañía de profunda raíz armera, que ofrece –también bajo las marcas Sariki y Sarikal– herramientas de corte, accesorios de máquina-herramienta e instrumentos de medición y metrología a más de 5.000 clientes de todo el mundo, celebra este 2024 con más afán si cabe una efemérides muy especial: 150 años desde de que Juan Pedro Uncetabarrenechea decidiera dejar el trabajo del baserri Arikitxa-Haundi del valle de Arrate para emprender en la incipiente Eibar.

El centro tecnológico Ikerlan de Arrasate celebra este año su 50 aniversario con un plan estratégico que le prepara para las cinco décadas siguientes a cuyo término su director general, Ion Etxeberria, ve un Ikerlan “más grande, con la misma función social y siempre en la vanguardia de la tecnología”. Afirma que resulta difícil saber qué ocurrirá dentro de 10 años, pero considera que la estrategia planteada por el centro recoge las claves para mantener su liderazgo y adaptarse a las nuevas circunstancias. El plan IK2027 ha identificado como pilares el talento, la investigación, el impulso a la transformación empresarial y el posicionamiento “como empresa referente” y, en torno a estos cuatro ejes, impulsará tres “ambiciosos” proyectos que materializarán estos objetivos. Etxeberria cita como uno de ellos la atracción de talento, en un momento en el que este problema se ha generalizado en el conjunto del tejido empresarial guipuzcoano. La mirada de Ikerlan se enfoca hacia Latinoamérica, dado que en Europa el problema del talento es el mismo, y las condiciones que se pueden ofrecer a las personas cualificadas son similares a las de Gipuzkoa, con lo que la competencia es dura. En cambio, en Latinoamérica existe mucho profesional cualificado que podría estar interesado en asentarse en territorio guipuzcoano, donde conoce el idioma y accede a condiciones laborales ventajosas.

El colectivo de empleadas del hogar vive sus horas más bajas y lleva años en caída libre. Las familias  están prescindiendo de este servicio que para la inmensa mayoría se está convirtiendo en un lujo que no pueden permitirse. El goteo es constante. Un descenso que también se aprecia en Euskadi y en Gipuzkoa. En concreto, en el País Vasco había en agosto 27.341 empleadas de hogar dadas de alta en la Seguridad Social, 772 menos que un año antes y 2.244 menos que en el mismo mes de 2016, que es cuando se alcanzó el máximo de cotizantes. Además, se sitúa en niveles de 2014, dos años después de que se integraran en el Sistema General de la Seguridad Social, aunque con un régimen especial. Algo similar ocurre con Gipuzkoa, que contaba en agosto de este año con 8.775 empleadas de hogar, 476 menos que el año anterior, con lo que la caída es más acentuada que en el conjunto de Euskadi. De hecho, se han perdido en nuestro territorio más de la mitad de los cotizantes vascos. Y también supone prácticamente volver a registros de 2014, cuando había 8.450 afiliados en este sector. El máximo en nuestro territorio se alcanzó en 2017, con 9.860 afiliados. El coste de tener una empleada del hogar se ha disparado en los últimos años a consecuencia del fuerte incremento del salario mínimo y de la escalada de las cotizaciones, que además ha sido más pronunciada en este colectivo, que ya cotiza prácticamente por sus ingresos reales y que desde octubre de 2022 tiene derecho a paro y a cobrar una indemnización en caso de insolvencia. Pero estas mejoras en sus condiciones económicas y laborales han impactado de lleno en los bolsillos de los hogares. Contratar a una empleada del hogar a jornada completa (ocho horas al día) le cuesta a una familia más de 1.600 euros al mes, casi 19.500 euros al año (cuantía que se reduce proporcionalmente a las horas que se trabaje en los contratos a tiempo parcial). La mayor parte de esta cuantía es el salario de la trabajadora, que cobra como mínimo el salario mínimo: 1.134 euros al mes, 1.323 si se paga en 12 nóminas. Son 464 euros más al mes que en 2018, año en el que –con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa– comenzó la escalada del SMI, que se ha revalorizado un 54% desde entonces. Pero las cotizaciones a la Seguridad Social también se han incrementado con fuerza en estos últimos años, adecuándose a la del resto de asalariados. Son ya un gasto para las familias de casi 300 euros al mes (descontadas las bonificaciones), que tienen que pagar también ahora cuotas por la prestación por desempleo y el Fogasa, además del nuevo impuesto para financiar las pensiones del ‘baby boom’ (MEI). 

Un informe de la patronal Cecobi constata el buen momento que atraviesa el sector comercial en Bizkaia tras la pandemia. El empuje de franquicias promovidas por grandes cadenas y fondos de inversión compensa el errático comportamiento del comercio local, lastrado por la desaparición de 901 establecimientos, lo que supone el 8% del total. Entre los negocios que más han proliferado destacan los relacionados con el cuidado personal y la salud. Bizkaia ha recuperado el pulso comercial que había perdido tras el tsunami causado por la pandemia. Un informe de Cecobi, la patronal del sector, ha contabilizado 2.334 aperturas en los últimos cuatro años. Esta cifra incluye tanto las inauguraciones de nuevos negocios como los derivados de cambios de localización protagonizados, fundamentalmente, por pequeños comerciantes. «Ha sido un trabajo de prospección muy riguroso. Nos ha llevado bastantes meses. Los técnicos fueron apuntando el número de altas local por local», esgrime Marta Fernández, secretaria general de Cecobi. Pese a esta intensa actividad, promovida en buena parte por grandes cadenas y fondos de inversión alimentando a todo tipo de franquicias, el territorio ha acusado el errático comportamiento del comercio local, lastrado por la desaparición de 901 establecimientos. Suponen el 8% del sector. En este combate que libran grandes y pequeños, los gigantes siguen ganando cuotas de mercado y superficie por el empuje de firmas como Zara, Lefties, Stradivarius, Primark, MediaMarkt, Leroy Merlin o Decathlon, que refuerzan su presencia tanto en Bilbao como en los macrocomplejos de la periferia. Entre las tiendas que han adquirido una gran notoriedad destacan las relacionados con el cuidado y bienestar personal y la salud. Crecen como setas también las clínicas de fisioterapia y de estética, imagen personal y belleza, además de peluquerías, que están al borde de la saturación.

Ibai Diez (39 años, Bilbao) es una de las últimas incorporaciones de Biobizkaia. Este ingeniero de Telecomunicaciones es experto en neuroimagen para investigar trastornos cerebrales. Durante ocho años ha formado parte del hospital de Massachusetts y de Escuela de Medicina de Harvard, centros de referencia en la investigación del alzhéimer, una patología que este pasado sábado conmemoró su día mundial y que afecta a 30.000 vascos. En 2050 serán 75.000 por el envejecimiento de la población. "Lo importante no es tanto tratar a un paciente con alzhéimer como detectar muchos años antes a la persona que va a sufrir esa enfermedad, porque se trata de una patología que tiene varias fases y la primera se da 22 años de que empiece a tener deterioro cognitivo. Es entonces cuando se comienza a acumular en el cerebro el amiloide y la tau...Durante los últimos 20 años el grueso de la investigación se ha centrado en intentar reducir las acumulaciones de amiloide y tau y apenas se han logrado avances. Por eso cada vez más investigadores dicen que hay que probar otros caminos. Queremos saber por qué hay gente con las mismas cantidades de estas proteínas en el cerebro que desarrollan la enfermedad y otras no. La diferencia parece estar en cómo reacciona su sistema inmune...Trabajamos con grandes consorcios internacionales. Empleamos un montón de datos diferentes: neuroimagen, genética, imágenes de cerebros post mortem... Buscamos patrones. Son investigaciones a largo plazo. Hay personas a las que se les lleva haciendo seguimiento desde hace 15 años. Algunas han desarrollado alzhéimer y otras no. Gracias a ellas podemos trabajar en algoritmos para que nos ayuden a predecir qué personas tienen riesgo de padecer esta patología..."

“La economía española ha crecido más de lo anticipado, de manera más equilibrada y responsable. Tenemos más renta per cápita, menos deuda y más empleo, además de mayor PIB” tras la revisión que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha realizado de la contabilidad nacional, subraya el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que considera que con los nuevos datos es “inexcusable revisar al alza” las previsiones de crecimiento económico “para 2024 y 2025”. En paralelo, Cuerpo (Badajoz, 1980) negocia con las comunidades para derribar las barreras autonómicas que enfrenta la empresa española. "Ponemos en común un diagnóstico que todos compartimos: la necesidad de conseguir un mercado único genuino en el conjunto de España que abarque a las 17 comunidades autónomas, a Ceuta y Melilla. Por eso le hemos cambiado el nombre al “régimen 20”. Ya tenemos 5 sectores preidentificados, y vamos a ir bastante rápido en esta etapa inicial de diagnóstico sobre qué barreras se están detectando con la ayuda del sector privado, tanto de la Cámara de Comercio como de las patronales. En la siguiente reunión, en diciembre, queremos tener ya esa hoja de ruta para empezar con las modificaciones necesarias a partir de enero de 2025...Hemos hecho un análisis de las más de 1.100 consultas que nos llegan de las empresas al Ministerio y el 85% se concentran en sectores como comercio, hostelería, colegios profesionales o infraestructuras, como las instalaciones de vehículo eléctrico. De inicio son los sectores donde nos vamos a concentrar. Si surgen nuevos sectores, por supuesto es una lista ampliable...En ejecución de fondos europeos tenemos buenas noticias: más de 42.000 millones han llegado a la economía real. Avanzamos con más de 1.500 millones al mes de nuevas ejecuciones y es el ritmo al que queremos seguir con el objetivo de aprovechar al máximo todos estos fondos...La economía está más fuerte. Es inexcusable revisar de nuevo al alza nuestras previsiones de crecimiento económico [en julio ya se subieron del 2% al 2,4% para 2024 y del 1,9% al 2,2% para 2025] al igual que han ido haciendo el resto de analistas en las últimas semanas, y no solo para 2024 sino para 2025. Para mí, el hecho de subir las previsiones para 2025 es más importante que 2024, que ya está casi todo vendido... Y que haya coincidencia de que se va a seguir con este buen pulso económico hacia adelante es muy buena señal..."

Continuación de la entrevista con el ministro Carlos Cuerpo. "Yo he manifestado mi preocupación por el impacto en la competencia que pueda tener esta operación con un nivel de concentración ya elevado que podría tornarse en excesivo. Con efectos potenciales negativos para los consumidores de servicios financieros. Ya estamos viendo por ejemplo que la remuneración de los depósitos no ha aumentado en línea con la subida de tipos del BCE. El propio Banco de España ha señalado que en parte se puede deber a una ausencia de competencia en el mercado. Esto para nosotros es fundamental, porque se trata de una situación actual, antes de una posible opa; imaginen el impacto adicional en la concentración tras la opa. Eso, asociado además al impacto negativo que tendría en inclusión financiera después de más de dos años de pelear por conseguir ese elemento de inclusión en el conjunto del territorio para nuestros mayores, el impacto en cuanto a cohesión territorial, servicio de crédito a las pymes, impacto en el empleo... El análisis va mucho más allá de lo que haya mirado en base a sus competencias el Banco Central Europeo. Tenemos que esperar a lo que digan el resto de instituciones. No ha habido ninguna novedad desde que me pronuncié en su momento. Nuestra visión, por tanto, sigue siendo exactamente la misma de preocupación por el impacto que pueda tener en materia de concentración excesiva en el sector..."

Un 40% de la deuda del Tesoro español, un 62% de los bonos corporativos y bancarios, el 45% de las acciones de Bolsa y un 5% del capital de las empresas no cotizadas está en manos de esos inversores internacionales. A cambio de financiar a las administraciones públicas y a las empresas y bancos españoles, esas entidades reciben cada año alrededor de 70.000 millones de euros en intereses y dividendos. La investigación, a partir de datos de distintos organismos oficiales españoles, asociaciones sectoriales, empresas y de los propios fondos, revela que en los últimos diez años se ha vivido una verdadera explosión de estas entidades en España, al elevar un 75% el volumen de sus posiciones, tanto por sus nuevas inversiones como por la revalorización de sus activos. Gestoras de fondos de Bolsa y renta fija como BlackRock (que suma 63.000 millones de euros en España), Vanguard, Fidelity o Pimco; fondos soberanos como Mubadala, Qatar Investment Authority, el saudí PIF o Norges Bank Investment Management; planes de pensiones como CPPIB o APG; fondos de capital riesgo como CVC, Cinven, EQT y Blackstone; hedge fund como TCI, Millenium Partners o Flat Footed; inversores inmobiliarios como Nuveen o Castlelake; y firmas globales de activos como Macquarie o Brookfield se han convertido en dueños de una parte muy significativa de la economía española a través de compras tanto en mercados cotizados como a través de transacciones privadas.

La fiebre de los data centers (centro de procesamiento de datos, o CPD) que se ha desatado en España está provocando una especulación multimillonaria en el sector eléctrico. Empresas supuestamente promotoras de data centers están pidiendo miles de conexiones de enganche a la red eléctrica (solicitud de punto de acceso, según el argot técnico). Pero en infinidad de casos no existe un proyecto concreto detrás. Solo quieren conseguir licencias de forma rápida para luego revenderlas con un afán de lucro. Es exactamente lo mismo que ocurrió con las licencias de las renovables, donde se creó un mercado especulativo con los permisos de conexión a la red hasta que el Gobierno endureció las obligaciones económicas y de despliegue de instalaciones. Según datos que manejan los expertos del sector, se calcula que hay entre 10.000 y 11.000 megavatios (MW) de peticiones de acceso de los CPD. Pero en realidad hay proyectos reales de 600 MW hasta 2026 y de 1.200 MW hasta 2030. Es decir, hay 18 veces más de peticiones para CPD de los que hay realmente en proyectos a corto plazo, y de diez veces los que se prevén a medio plazo. Según datos de Red Eléctrica, el grupo de Redeia que gestiona la red de alta tensión, el problema es aun más grave porque a las peticiones de los data centers se suman las que siguen generando las renovables y otras instalaciones. Según datos de Red Eléctrica, la compañía tiene en estos momentos unas 300 solicitudes vivas, que suman 27.800 MW en toda España.

La persona que suceda a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una vez que ésta asuma su nuevo cargo de vicepresidenta en la Comisión Europea, se encontrará con un gran examen. Deberá diseñar la nueva planificación de la red eléctrica en España. Esa planificación se hace cada cinco años. El actual plan va de 2021 a 2026. Pero la red se ha quedado pequeña antes de tiempo y por eso el Gobierno adelantó los trámites para iniciar ya un nuevo periodo regulatorio, 2025-2030. Afinar en la infraestructura básica de un país es el mayor reto de un Gobierno. Si se excede, hay sobrecostes que lastran la economía. Si se queda corto, la estrangula. Con cientos de renovables y centros de datos queriendo enchufarse a la red, las presiones políticas y económicas son máximas. La planificación incluye no solo cuántos kilómetros de red se necesitan y dónde. También lo que cobran las empresas que tienen esas redes. Los gobiernos regionales y las eléctricas han desplegado todo su poder de lobby. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ha hecho peticiones de acceso a la red de 3.010 megavatios (MW) , en su mayor parte centros de datos. Es una décima parte de todas las de España. Le superan Castilla-La Mancha (PSOE), con 4.524 MW y Aragón (PP) con 6.565 MW. Cataluña (PSOE) tiene 1.097 MW pedidos y Andalucía (PP) 2.404 MW.

A las grandes eléctricas se les hace la boca agua solo de pensar en el negocio que pueden generar los centros de datos, o CPD. Este tipo de instalaciones, que funcionan como un hotel que alberga grandes ordenadores de procesamiento de información, son auténticos devoradores de energía. Además, necesitan conexiones totalmente estables y fiables, con redes duplicadas por seguridad, con lo que eso supone de negocio extra. El consumo eléctrico y la potencia es tan relevante que los CPD se miden en megavatios. Un CPD de tamaño medio ronda los 50 MW. Sería suficiente para abastecer a 22.000 hogares. Según estimaciones facilitadas por Iberdrola, que ha creado una empresa especializada en data centers, se prevé que la demanda de electricidad de los centros de datos en España alcance los 80 teravatios hora (Twh) en 2030, es decir, el doble que lo estimado para 2026. Con un volumen de 80 Twh, los centros de datos serían los mayores consumidores de luz en España. Rebasarían a los grandes consumidores actuales, las siderúrgicas, las cerámicas y algunas empresas químicas. Esos 80 Twh supondrían, más de una cuarta parte del consumo de luz en toda España, y según los precios de los contratos a futuro que se están sellando en la actualidad, en el entorno de los 60 y 70 euros por megavatio, representarían un negocio de entre 4.800 millones y 5.600 millones de euros al año. Los centros de datos son una tarta a por la que, además de las grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa y Naturgy, se han lanzado otros grupos, como ACS y Solaria.

Mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, completaba estos días su nuevo equipo de comisarios, su buzón en Bruselas se desbordaba con cartas de ministros, empresas, lobbies, ONG y políticos reclamándole que retrase uno de los hitos en materia de protección ambiental del mandato que concluye: la ley de deforestación, que debe entrar en vigor el 30 de diciembre y que prevé cerrar el mercado europeo a productos como el café, el cacao o la madera de tierras deforestadas. Otras pocas misivas, las menos, le rogaban que no ceda a unas presiones que no solo no se puede permitir el mundo en vista del acelerado cambio climático. Sino que doblegarse podría poner en duda el ya de por sí cuestionado compromiso con el Pacto Verde europeo ahora que arranca un nuevo quinquenio clave para cumplir con los objetivos climáticos, pero en el que el mantra de Bruselas ya no es el medio ambiente, sino la competitividad. El Ejecutivo europeo, por ahora, mantiene una fecha que, recuerda un portavoz, no impuso: la fijaron los colegisladores, es decir, los Estados y la Eurocámara, cuando en 2023 ratificaron con holgadas mayorías la normativa. Pero de puertas adentro, algunas voces reconocen que, aunque la ley en sí es más que necesaria, podría necesitar algunos ajustes para aclarar las múltiples dudas de numerosos países y sectores afectados y asegurarse además de que no acaben pagando los más vulnerables.

La joint venture entre Repsol y la estatal PDVSA ha seguido su curso sin mayores contratiempos. Caracas ha hecho gestos para tratar de reasegurar una relación que, a día de hoy, parece a prueba de crisis diplomáticas. Una estampa del viernes pasado deja claras las intenciones de ambos. Mientras el jefe de la diplomacia del país sudamericano, Yván Gil, cargaba en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores contra España por las palabras de la titular de Defensa, Margarita Robles, quien había calificado de dictadura al régimen de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez despachaba con el jefe de la unidad de negocios de Repsol en Venezuela, Luis Antonio García Sánchez. Con un objetivo claro: tranquilizar a la plana mayor de la empresa y reafirmar su compromiso con ella. Las licencias obtenidas por Repsol de la Oficina del Tesoro de Estados Unidos han permitido a Venezuela levantar su alicaída producción nacional, que se acerca al millón de barriles diarios. Ambas partes mantienen ambiciosos planes de producción gasista en el Proyecto Perla, en el Golfo de Venezuela, uno de los campos más grandes de Latinoamérica. En su mayoría, para consumo interno. “Repsol está presente en Venezuela desde 1993 y, desde entonces, mantiene un compromiso con los venezolanos y un respeto escrupuloso del marco normativo del país e internacional”, señala un portavoz de la petrolera.

Contra el pronóstico de las encuestas, el SPD logró imponerse por apenas punto y medio a la formación xenófoba y euroescéptica AfD, que hace tres semanas ganaba en la región de Turingia.  La arriesgada apuesta del todo o nada de Dietmar Woidke, primer ministro de Brandeburgo desde hace once años, ha tenido éxito. El político socialdemócrata (SPD) había advertido y repetido hasta la saciedad en campaña que dimitiría inmediatamente si la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ganaba los comicios de ayer en su región. Un desafío al que logró imponerse, sabedor también de su gran popularidad. En unas hipotéticas elecciones directas más del 60% de los brandeburgueses le habría votado, según un reciente sondeo, en el que incluso contaba con el respaldo del 65% de los electores de la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU). Woidke nadaba contra corriente en la región que rodea la ciudad-estado de Berlín por completo. Todas las encuestas sin excepción previas a las terceras elecciones regionales celebradas este mes en el este de Alemania daban como segura ganadora a la formación xenófoba y euroescéptica, que hace tres semanas alcanzaba en Turingia el liderazgo entre las fuerzas políticas por primera vez en la República Federal y estuvo a punto de desbancar de ese lugar a la CDU en Sajonia. «Parece ser, como ha sucedido frecuentemente en la historia, que son los socialdemócratas quienes han detenido a los extremistas en su camino al poder», dijo el candidato del SPD, satisfecho, veinte minutos después del cierre de los colegios electorales al conocer los sondeos a pie de urna. Los resultados de esas encuestas, confirmados después por el escrutinio, cantaban un triunfo ajustado del SPD con cerca de un 31% de los votos, seguido de AfD a poco más de punto y medio.