20240218

El presidente de la compañía guipuzcoana CAF, Andrés Arizkorreta, asumió también la máxima responsabilidad hace algunos meses en el Círculo de Empresarios Vascos. Un selecto club en el que están presentes varias decenas de responsables de las principales compañías de Euskadi. Coincide con el mensaje lanzado hace ya tiempo por otros personajes públicos del País Vasco –el lehendakari Iñigo Urkullu o el presidente de Kutxabank, Antón Arriola, por ejemplo–, en torno a la necesidad de mejorar la retribución salarial de los más jóvenes. Él lo da por hecho, cree que no habrá otro remedio, porque más allá de cuestiones de justicia retributiva o social, el mercado es el mercado. Hay un problema demográfico, la materia joven escasea ya y lo hará más en el futuro y cuando hay unidades limitadas de cualquier bien su precio sube en el mercado. "...Hay dos  discursos sobre esto de que Euskadi pierde peso relativo en la economía española. Uno es de los datos que reflejan la pérdida de peso relativo. Son objetivos si comparamos la situación de hace cuarenta años y la actual. Es indiscutible. Pero junto a ello se puede afirmar que crecemos, tenemos un paro que se reduce, unas finanzas públicas razonables y un nivel de renta medio más elevado. Hay que admitir que tenemos retos muy importantes a los que tenemos que hacer frente...Para atraer empresas y servicios de alto valor añadido no podemos competir en costes. Tenemos instrumentos propios para poder actuar en fiscalidad, por ejemplo. La recaudación de impuestos sigue aumentando por encima del nivel de la economía, lo cual también permite más margen para actuar. Los empresarios estamos dispuestos a un diálogo serio y abierto con las instituciones para mejorar. No tenemos una mala fiscalidad global, pero si queremos crecer también hay que tenerlo en cuenta. Una inversión no se decide exclusivamente por la fiscalidad, pero a igualdad de condiciones en el resto de cosas sí resulta decisiva...Hasta los propios empresarios se quejan de que sus hijos y nietos no tienen unos niveles retributivos adecuados. Yo creo en el mercado y me parece inevitable. Las empresas van a tener que pagar más a los jóvenes porque hay escasez. Somos conscientes de que a esos jóvenes que están llegando habrá que pagarles mas. Pero también habrá que hacer otras cosas. Habrá que aumentar la productividad...Los sindicatos son defensores de parte y el problema llega cuando la parte quiere imponerse y situarse por encima del todo. Las condiciones laborales en el País Vasco no son peores que en otros sitios. Si las cosas van bien tiene que haber para todos, pero tienen que ir bien. Y hay veces que el objetivo de la parte no tiene en cuenta la situación global...No conozco ningún país en el mundo que critique a sus empresarios. Y he asistido a muchos eventos en muchos países. Les cuidan y no solo a sus empresarios, sino a los que vamos a invertir desde fuera. Aquí tenemos mucho margen de mejora..."

Continuación de la entrevista con Arizkorreta. "Como en todo, creo que en el País Vasco tenemos un nivel de interlocución y de cercanía con la Administración que permite que las cosas se hagan con orden, de común acuerdo y bien. Sin embargo no me gustan otro tipo de operaciones...No me gusta que un Gobierno entre en una empresa como fruto de una decisión unilateral y sin decir nada. Debe ser fruto de un diálogo y de una visión compartida que puede aconsejar una participación temporal o estable...- El Gobierno de Pedro Sánchez también impulsa una reducción de la jornada laboral. ¿Le preocupa?– Si creemos en la libre empresa, este debe ser un objeto de negociación empresa por empresa y situación por situación. Yo he negociado personalmente muchos convenios y el argumento fundamental para defender la reducción de jornada era dar entrada a los parados. Hoy no parece que tengamos ese problema, sino el contrario, porque no encontramos los perfiles que necesitamos entre los parados. En la industria vasca la reducción de jornada no es una prioridad.– Entonces, lo de la jornada de cuatro días laborables...– Ni hablamos". 

Mensaje de alivio para los trabajadores de Michelin y de tranquilidad para el conjunto de los alaveses «porque ésta será la legislatura de ejecución de proyectos como el centro de edificación avanzada de Mercedes». Ramiro González reconoce en esta entrevista que la Diputación necesita «modernizar su estructura con perfiles más digitales», como urgía una demoledora auditoría con la que no está de acuerdo «en algunas expresiones». "Arasur es una plataforma logística que ya prácticamente no dispone de suelo y tan sólo quedan tres parcelas que suman 110.000 metros cuadrados. El resto se han ido ocupando y se han ido vendiendo hasta el punto de que la Diputación está trabajando en estos momentos para la ampliación de Arasur. Creo que, después de la labor que hemos llevado a cabo estos años, viendo el interés que sigue habiendo por parte de muchos operadores logísticos y otras industrias por instalarse en esa zona del sur del territorio histórico podemos pensar en una expansión...Michelín es una empresa importante para el territorio y creo que la responsabilidad de la Diputación es mantener una relación fluida y procurar que mantenga su actividad y que invierta en nuestro territorio. Esta situación afecta a Michelin y otras empresas del sector de los neumáticos alrededor del mundo. A mí lo que me importa es que entre la dirección y los representantes de los trabajadores haya un clima que nos permita abordar esta situación de la manera más consensuada posible y, desde luego, sin pérdida de puestos de trabajo. Tengo la garantía de Michelin de que en los próximos meses no van a prescindir de empleos por causas productivas..."

La histórica firma podría reforzarse y ganar mercados, pero siendo adquirida por un grupo que despierta recelos en el Gobierno. La empresa presidida por el nieto de uno de los fundadores, Carlos de Palacio y Oriol, tiene pedidos por 4.200 millones. Entre otras cosas, gracias al encargo de la Renfe alemana –Deutsche Bahn– para fabricar 56 trenes por 1.400 millones, el mayor contrato de su historia. Supone un reto para la capacidad de fabricación de Talgo que puede encontrarse con más pedidos de Arabia Saudí, Egipto o Marruecos. Trabajos que se juntarían con los del tren Avril que ha de entregar a Renfe. Un pedido en el que acumula retrasos, además de una disputa con el operador por las dificultades para realizar las pruebas de homologación. Además, el sector tiene dificultades de rentabilidad. La mayoría de compradores tienen un perfil público y licitan en concursos que obligan a bajar precios. No es el mejor escenario con los costes disparados de estos meses y la subida de tipos que encarece la financiación. Ni siquiera en los contratos de mantenimiento, una de las claves del negocio, los fabricantes han logrado que la administración revise las tarifas para recoger el IPC. Así, en 2022, las ventas de 469 millones se tradujeron solo en 1,4 de beneficio. Andras Tombor es el hombre del grupo industrial húngaro que ha confirmado su interés en lanzar una oferta de 5 euros por acción (617 millones) y por el 100% de los títulos de Talgo. Tombor fue asesor de Defensa del presidente de Hungría, Viktor Orban, y controla una corporación que fue refundada por el actual ministro de Defensa, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, engordada con privatizaciones en el sector ferroviario impulsadas por la Administración húngara.

Hace más de un año que TicketBai entró en vigor en Gipuzkoa de forma obligatoria para más de 40.000 contribuyentes y negocios del territorio. Pasado este tiempo, ¿están entregando realmente estos establecimiento la factura digital obligatoria impulsada por la Hacienda foral?  DV recopila 220 recibos de compras básicas en comercios, bares y otros negocios de Gipuzkoa Resultado. En 143 casos se recibe la factura digital sin pedirla, en 49 hay que exigirla y en 28 no se entrega ni reclamándola. Una «pérdida de tiempo y nuevos gastos mensuales», según el pequeño comercio. Dendartean asegura que «perjudica seriamente» a sus asociados y la Federación Mercantil dice que «es una norma que hay que asumir». La hostelería defiende el borrador de factura siempre que luego se dé el TicketBai. Explican que la factura proforma previa es necesaria para facilitar la corrección de errores en los cobros y piden no irse sin el papel definitivo. 

Los datos del Ministerio de Educación muestran que el porcentaje de mujeres en la mayoría de ramas de FP vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), normalmente vinculadas a la industria, es muy bajo —como en las carreras universitarias de las mismas áreas de conocimiento, y el bachillerato tecnológico—. Sobre todo, en los ciclos formativos medios: instalación y mantenimiento (2,2%), fabricación mecánica (3,7%), electricidad y electrónica (3,4%), informática y comunicaciones (7,2%). Las estadísticas también indican que la situación apenas ha variado con el tiempo, como ha comprobado Lore Orozko, orientadora en el centro público de FP Virgen del Camino de Pamplona. La pequeña mejora que ha observado procede de “mujeres de más de 26 años, que o no encontraban trabajo con sus estudios anteriores o no les satisfacía”. La situación de los ciclos formativos STEM es grave porque refleja el mantenimiento de un estereotipo social hacia las profesiones, uno de los frenos a la incorporación de las mujeres a estos títulos, afirma Silvia Muriel, experta en incorporación de la perspectiva de género. “Y es grave también porque siendo sectores con mucha empleabilidad y condiciones laborales bastante buenas, apenas hay mujeres”. Debido a sus características estructurales y a la tradición sindical, la industria y el sector metalúrgico proporcionan empleos más estables y mejores salarios que buena parte de las titulaciones de las familias de FP más feminizadas (donde las mujeres superan en algún caso el 90%), como Imagen Personal o Servicios Socioculturales a la Comunidad, de los que forman parte respectivamente, entre otros, los ciclos en Estética y Belleza, y Atención a la Dependencia. Para averiguar las causas de dicha brecha de género en el ámbito STEM y proponer medidas para superarla, medio centenar de institutos públicos de Gipuzkoa y Navarra —con el Miguel Altuna, el Virgen del Camino y el Meka de Elgoibar como referentes— han participado en el proyecto Somos las FP (Futuras Profesionales), financiado por el Gobierno con 189.330 euros de fondos Next Generation de la UE. El trabajo, aún en marcha, ha incluido encuestas a 3.300 alumnas de FP —tanto de ciclos STEM como de otras ramas— que revelan, por ejemplo, que casi la mitad de las chicas, el 42,8%, consideran que “los lugares de trabajo donde los hombres son mayoría —como aquellos a los que conducen las titulaciones STEM— no están preparados para que vayan a trabajar mujeres”.

No fue un acto público, sino a puerta cerrada con futuros alumnos empresarios. Y los profesores son altamente inusuales, nada menos que dos de los dirigentes del Ibex de este primer cuarto de siglo con más éxito: el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el presidente de Inditex hasta 2022, Pablo Isla. Lo organizó el Instituto de Empresa (IE) en su auditorio y ejerció como entrevistador Isla. El presidente de Iberdrola dijo a los alumnos que el trabajo de alto ejecutivo es un esfuerzo continuo en el que predominan los problemas. «La vida es crisis, crisis y crisis con un pequeño período sin crisis. Así que creo que tenemos que estar preparados para gestionar las crisis en cualquier momento. Y para eso necesitas tener fe en lo que estás haciendo y tratar de hacer todas las cosas de manera que sean evaluables. Creo que hay mucha gente con buenas palabras y no mucha que ofrezca hechos reales», sentenció Galán. «Tienes que hacer las cosas con sentido de justicia y solidaridad y para eso necesitas crear equipos y hacer la selección correcta de aquellos con los que estás trabajando», añadió. Isla preguntó a Galán sobre el trato a los equipos y el presidente de Iberdrola reaccionó así: «No puedes liderar a la gente si no estás convencido de lo que dices. La gente tiene que ver que eres coherente entre lo que dices y lo que haces. Así que cuando dijimos en Iberdrola que nos gustaría luchar contra la descarbonización es porque estábamos ya convencidos, no sólo porque es un buen negocio, sino porque es bueno para el planeta y es bueno para la gente; y eso es bueno para la empresa también». «Trabajar con la verdad no está ya muy de moda, pero es crucial. Creo que la gente tiene que creer que lo que estás diciendo es la verdad y que no estás mintiendo», agregó el salmantino. Y desaconsejó radicalmente los cambios de opinión una vez que se ha empeñado la palabra. «Para los políticos el tiempo son las próximas elecciones y están más preocupados por el problema de mañana que por el de largo plazo. Nosotros en las empresas tenemos que tomar decisiones a largo plazo», sostuvo el presidente del grupo energético. 

"...Algo falla con los fondos europeos en su misión de dinamizar los sectores rezagados...En el último decenio, nuestra productividad se ha incrementado apenas un 4,2%, frente al 5,3% de la media de la eurozona (con datos de PIB por hora trabajada). Y el diferencial no ha cambiado sustancialmente desde la pandemia, ni con la inyección de fondos europeos. Un desglose sectorial ayuda a entender el origen de la brecha de productividad. Dos sectores se diferencian de la atonía registrada a nivel agregado. Por una parte, las manufacturas, con un incremento del valor añadido por persona ocupada por encima del 4%, un ritmo superior a lo observado en las otras grandes economías europeas. Asimismo, los servicios de alto valor añadido, agrupados dentro de las ramas de información, comunicaciones y actividades profesionales, científicas, técnicas y administrativas, también experimentan un crecimiento relativamente alto de la productividad (netamente superior a la media de Alemania, Francia e Italia). El resto de actividades de servicios y del sector primario, considerados en su totalidad, registran un declive de la productividad, lastrando el resultado de conjunto. Los sectores pujantes se caracterizan a la vez por un marcado sesgo exportador y un tamaño empresarial por encima de la media nacional, estimulando las mejoras en la organización del trabajo y la búsqueda de eficiencia productiva. Tienen en común la menor dependencia del mercado interior, y su fragmentación como consecuencia de todo tipo de normas territoriales —algo que perjudica el tamaño empresarial y la eficiencia en sectores tan importantes como la construcción, por ejemplo—. La disparidad sectorial de la productividad también evidencia la relevancia de una estrategia transversal, ya que el tirón de los sectores más dinámicos no parece trasladarse al resto de actividades (prueba de la ausencia del efecto trickle down). De momento la transversalidad que prometían los fondos europeos no se ha logrado, a tenor de los magros resultados de ejecución, particularmente en el ámbito de la digitalización..."

La productividad se ha estancado en España. Es urgente desarrollar medidas que hagan avanzar esta variable que es determinante en la calidad de vida. Ganar productividad significa que los aumentos en la riqueza del país son mayores al incremento en horas totales de trabajo sumadas por la economía. Una condición imprescindible para financiar aumentos sostenibles en sueldos y mejorar las condiciones laborales sin reducir los beneficios empresariales. Como consignó en su informe de enero pasado el recién creado Observatorio de la Productividad y la Competitividad en España (OPCE), aunque la productividad total de los factores viene mejorando lentamente desde el año 2013, aún no ha recuperado la velocidad de crucero que tenía cuando estrenamos siglo. En España, la productividad total de los factores —un concepto que se define como la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa media de crecimiento de los factores utilizados para obtenerla— fue en 2022 un 7,3% menor a la del año 2000, dice el informe, que compara ese pobre desempeño con el más positivo de Estados Unidos y Alemania, donde el indicador mejoró un 15% y un 12%, respectivamente. Entre los sospechosos habituales figuran el siempre cuestionado peso económico del sector inmobiliario, la menor inversión de las empresas nacionales en capital intangible, las dificultades que enfrentan las pequeñas para crecer y la excesiva importancia de sectores como la construcción o el turismo, con menos margen para introducir mejoras productivas. En palabras de Matilde Mas, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), cocreador, junto a la Fundación BBVA, del OPCE, “no hay un solo culpable, sino muchos aspectos en los que todas las partes tienen que trabajar para mejorar la productividad”.

Pello Otxandiano (Otxandio, 1983) se convirtió a finales de diciembre en el candidato de EH Bildu a lehendakari tras comprobar que «algunas tendencias se estaban acelerando». Recalca que pertenece a una «nueva generación» de dirigentes y se muestra convencido de que la próxima legislatura tendrá que ser la del «reconocimiento nacional». Abre la puerta a acordar con el PNV o con el PSE, pero matiza que debe gobernar «quien tenga más escaños». "- ¿Qué papel tendrían en una Euskadi gobernada por usted empresas como Petronor o Iberdrola, las principales contribuyentes de la Hacienda de Bizkaia y contra las que ustedes cargan habitualmente?- – Son empresas importantes, pero el interés público no tiene por qué coincidir con el de las grandes corporaciones. Creemos que hay que retornar a la política industrial y a la necesidad de que sea el sector público el que direccione la economía, y desde ahí plantear una relación público-privada responsable y equilibrada.– ¿Le parece coherente que la comunidad con la tasa de paro más baja, y los sueldos y las pensiones más altas cope la mitad de las huelgas de toda España?– Somos un país en el que la gente se moviliza colectivamente. Y hace falta un Gobierno que sea capaz de entablar una conversación política y pública con la gente que muestra una inquietud. En este país siempre ha habido huelgas, y si nosotros estuviésemos en el Gobierno esa pulsión se mantendría. Hay realidades concretas, hay un deterioro muy importante en los servicios públicos. Y lo que necesitamos es un sector público eficaz y eficiente, que también requiere una modernización.– Pero potenciar lo público tiene un coste. ¿Cómo se paga? ¿Subiendo los impuestos?– Hay que hacer una nueva asignación de prioridades porque los recursos son finitos. Hay que analizar cómo se invierte, no sólo la cantidad. Ese análisis va a ser clave para abordar las necesidades de la Sanidad pública. Por ejemplo, ¿el subfluvial de Lamiako es una inversión estratégica? Pero también hay que hablar de la redistribución de la riqueza. Y no solo en lo que se refiere a la fiscalidad, donde hace años que exigimos un debate. También en el origen, a través de la actualización de los salarios.– ¿Es Euskadi una comunidad interesante para atraer talento?– Yo creo que lo de la conflictividad laboral no tiene nada que ver con las dificultades que pueda haber para atraer talento. Lo que hay que hacer es cuidarlo. Cuando un investigador posdoctoral de la UPV cobra 800 euros, evidentemente no estamos cuidando el talento..."

Pasta, leche, galletas, productos de limpieza e incluso de cuidado personal... solo hay que echar un vistazo a los lineales del supermercado para comprobar cómo las marcas blancas han ido ganando terreno y arrinconando a las de fabricante hasta, en muchos casos, incluso hacerlas desaparecer de los lineales. Según datos recopilados por Kantar Worldpanel, la marca blanca, la propia del distribuidor, supuso el 43,7% de la cesta de la compra de los españoles el pasado año. Una cifra histórica que llega tras un repunte de más del 5% en solo dos ejercicios, desde el 38,5% que suponía en 2021. Es más, un 21,3% de los consumidores –dos de cada diez– llenan todo su carro solo con estos productos, desterrando por completo las marcas de fabricante. La cifra apenas superaba el 17% hace solo dos años. Aunque los datos varían de un súper a otro y es difícil establecer una media fija, todos los estudios coinciden en el peso cada vez mayor de la marca blanca que, por lo general, presenta precios más asequibles a pesar de que también han subido, en un momento en el que los españoles han pasado de pagar unos 100 euros para llenar su cesta de la compra en 2019 a abonar 126 euros en 2023, según estimaciones de la consultora NIQ. El actual ciclo inflacionista –que no vino acompañado de un incremento salarial paralelo– ha tenido mucho que ver en este apetito por lo más barato.

Cadenas de restauración como Starbucks, McDonald’s, Burger King, Coca-Cola, KFC o Pizza Hut admiten el impacto en sus cuentas de las acusaciones de apoyo a Israel por parte del mundo musulmán. Su caso muestra cómo la guerra de Gaza ha vuelto a poner la geopolítica sobre la mesa de los consejos de administración de las empresas, cuando aún no ha remitido la sacudida provocada por la invasión de Ucrania, que llevó a las grandes multinacionales a retirarse de Rusia. El boicot anima a castigar de modo genérico a las marcas occidentales y, en particular, las estadounidenses, aunque ha puesto en el punto de mira a empresas que se han significado (a veces por torpeza, malentendidos o iniciativas locales). Popeyes, por ejemplo, es tan franquicia y tan estadounidense como KFC, pero en Ramala circula el rumor de que el dinero no llega a la matriz. En Egipto, una campaña de apoyo a Palestina señala en grandes murales las marcas vetadas y las alternativas locales. Varias compañías de la región se han beneficiado del cambio de hábitos de los consumidores. La facturación de Astrolabe, una cadena jordana de cafeterías, se ha disparado tras el boicot a Starbucks. Lo mismo le ha ocurrido en Egipto a la histórica marca local de refrescos Spiro Spathis. Las empresas afectadas han dado poca información sobre el impacto de los boicots. En ocasiones han recurrido a generalidades o a eufemismos y pocas veces han cuantificado las pérdidas.

Este pasado jueves despegó hacia la Luna la sonda ‘Odiseo’. Construida por la empresa norteamericana Intuitive Machine y propulsada por un cohete de Space X, la firma espacial de Elon Musk, constituye un nueva tentativa de una compañía privada de alunizar. En enero lo intentó la también norteamericana Astrobotics y, en abril del año pasado, la nipona iSpace. La irrupción del sector privado es uno de los grandes cambios, si no el mayor, que ha habido en la carrera espacial en los últimos años. Lo confirma un informe del año pasado de Bank of America. «El monopolio del Gobierno sobre el espacio se ha acabado. Hasta principios de la década de 1980 todos los lanzamientos en Estados Unidos se realizaban bajo la supervisión de una agencia federal, como la NASA. No existía ninguna alternativa comercial». En la actualidad, no menos de 18 empresas privadas participan en el programa ‘Artemisa’, el que pretende devolver al ser humano al satélite terrestre en 2026. El primer gran paso en esa dirección lo dio Obama en 2014. Por entonces, la primera potencia mundial no tenía capacidad de enviar sus astronautas a la Estación Espacial Internacional tras la cancelación de los transbordadores espaciales en 2011. Pasó a depender de Rusia. Se calcula que el Kremlin facturó más de 3.000 millones de dólares entre 2006 y 2018 por este motivo. Más que una cuestión monetaria, se trataba de una cuestión de orgullo y prestigio. La solución fue abrir la puerta a la iniciativa privada. La NASA firmó sendos acuerdos con Boeing y la mencionada Space X por 3.240 millones de dólares y 2.000 millones respectivamente para que acabaran con esta dependencia. Desde entonces, el peso del sector privado no ha hecho más que acentuarse. Al propietario de Tesla y X/Twitter se ha unido otro megamillonario como Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que creó Blue Origin. Ambos han conseguido jugosos contratos de la agencia espacial estadounidense y son claves tanto en el regreso a la Luna como en el posterior salto a Marte. En España está PLD Space, que probó con éxito hace unos meses el ‘Miura 1’ , situando a nuestro país entre la docena capaz de mandar un satélite al espacio.