20240626

Euskadi sigue a la cabeza del absentismo en España. La tasa se ausencias en el trabajo tanto por baja médica como por otros motivos alcanzó el 8,4% en el primer trimestre frente a una media nacional del 7,3%, según datos del Grupo Adecco. La preocupación por este alto porcentaje llevó a las empresas vascas a impulsar una mesa para analizar el problema en el marco del Diálogo Social. Pero dos años después de que se pusiera en marcha aún no hay conclusiones y las posiciones de patronal y sindicatos están muy distantes. Es una de las tareas pendientes que hereda el nuevo Gobierno vasco liderado por Imanol Pradales. El absentismo se ha disparado en toda España en los últimos años pero Euskadi, que ya partía de índices más elevados, ha mantenido su liderazgo. La tasa del 8,4% del primer trimestre supone un aumento de 0,8 puntos respecto al año anterior, superior al 0,7 registrado a escala nacional. Detrás del País Vasco figuran Asturias y Canarias, ambas con el 8,2%, mientras que en el extremo opuesto, el de las comunidades con menos ausencias en el trabajo, están Cataluña (6,7%), Madrid (6,9%) y Baleares (6,9%). El mayor absentismo en Euskadi se debe a varios factores. Entre ellos hay que citar la avanzada edad de los trabajadores, la estructura económica, el peso del sector público y, especialmente, la implantación generalizada en los convenios de complementos a la prestación por Incapacidad Temporal (IT) que garantizan hasta el 100% del salario. Resulta llamativo que el sector más afectado por el absentismo sea el de servicios, con una tasa del 8,6%, la más alta del conjunto nacional. En segundo lugar figura la industria, con un 7,7%, mientras que en la construcción está en el 5,7%. Ver nota Adecco. 

De sobra es conocido que el turismo está impulsando la economía en esta primera mitad del año de forma más intensa de lo esperado, pero los datos no dejan de sorprender. Ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó unas cifras aún mejores de las adelantadas a finales de abril: el Producto Interior Bruto (PIB) nacional se disparó un 0,8% de enero a marzo, el mayor alza intertrimestral en dos años, sorprendiendo a todos los organismos, que vaticinaban un avance de entre el 0,4% y 0,5%. Es muy relevante que el PIB haya avanzado tanto en el primer trimestre ya que este es un periodo muy importante a la hora de anclar el crecimiento económico del resto del año. La razón tras este impulso es, fundamentalmente, el turismo extranjero, con llegada récord de visitantes (16 millones de personas, casi un 18% más que en el mismo periodo del año pasado) y de gasto acumulado. También el consumo de los hogares fue otra de las palancas en las que se asentó el vigoroso crecimiento del PIB en el primer tramo del año, con una contribución de 0,3 puntos. Asimismo, la inversión sorprendió con un crecimiento del 2,5% respecto a trimestre anterior, lo que supone un alivio tras trimestres bastante plana.

La industria española ha conseguido en el primer trimestre del año recuperar por fin el terreno perdido durante la pandemia y los años posteriores, hasta situarse a cierre de marzo un 0,6% por encima de los niveles del último trimestre de 2019, según los datos de Contabilidad Nacional publicados ayer por el INE, que revisó al alza una décima el crecimiento del primer trimestre al 0,8%. La industria lo ha logrado después de dos trimestres consecutivos de crecimiento: del 2,4% en el último de 2023 y del 1,5% en el primero de este año. Dentro del sector industrial, la rama manufacturera ya se sitúa un 7,6% por encima de su nivel prepandemia, que consiguió alcanzar en el segundo trimestre de 2022. El tirón del consumo de bienes duraderos, que repuntó un 4,1% intertrimestral de enero a marzo, pudo contribuir al buen comportamiento del sector industrial. «Los indicadores relativos a la actividad industrial de los primeros meses de 2024 muestran una significativa mejora con respecto a la tendencia contractiva seguida a lo largo de 2023. Esta recuperación ha respondido a un aumento de la demanda, sobre todo interior, mientras que los pedidos extranjeros han seguido mostrando una demanda debilitada», recoge el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su informe de coyuntura presentado ayer. Según el INE, las actividades que todavía no han podido recuperar los niveles de producción precovid son la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura (que están un 13,5% por debajo, en un contexto de muchas dificultades en el campo), la construcción (-9,3%, ante la paralización de la actividad por la incertidumbre regulatoria y el enfriamiento del sector por el endurecimiento de la política monetaria) y las actividades artísticas y recreativas (-2,2%).

El peso de la industria en la economía vasca llegó a suponer en 2022 un 24,2% en términos de valor añadido, por encima del porcentaje que suponía en España (el 17,4%), Francia (13,3%) e incluso la Unión Europea (20,6%). Según los datos difundidos ayer por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, Euskadi llegó a superar en dos décimas los valores de Alemania (24%). El volumen de ingresos en el País Vasco llegó a alcanzar los 74.642 millones de euros, lo que supone el dato más alto de la serie histórica, con un incremento del 26,1% respecto al año previo. Según el Eustat, en su contexto macroeconómico 2022 fue un año «excepcional», con un dinamismo que se proyectó en todos los indicadores económicos. La metalurgia y los productos metálicos concentraron el 30% del valor añadido bruto generado por la industria, un sector clásico y de gran peso que demuestra su alto nivel de concentración sectorial. Este ecosistema apenas ha variado en los últimos años. Cuando se le añade la maquinaria y el equipo (10,1%), el material de transporte (9,9%) y la energía eléctrica, gas y vapor (9,3%) se representa un 59,5%. En 2022 el tamaño medio de los establecimientos era de 17 trabajadores, con mucha variación según los sectores. Ocho de cada diez establecimientos industriales contaban con menos de 20 trabajadores, y suponían el 20,8% del empleo. En el extremo contrario, un 0,8% que cuenta con más de 250 empleados representa el 25,4% de todo el empleo. En conjunto, la industria supuso un 19,8% del empleo total de Euskadi en 2022, un peso que de nuevo resulta superior al promedio de España (11,1%), de la UE de los 27 (15,6%) y de grandes capitales del sector como Alemania (17,8%), Italia (16,7%) o Francia (10,1%). Ver informe Eustat. 

Comprar un coche eléctrico en Logroño o Santander contará con más ayudas que hacerlo en Bilbao o Vitoria. Es una de las consecuencias de la prórroga de las medidas aprobada ayer en Consejo de Ministros para seguir impulsando el vehículo enchufable. Las ayudas prorrogadas combinan pagos directos a través del programa Moves III, que hasta fin de año subvencionará con hasta 7.000 euros la compra de un coche eléctrico, y reducciones de impuestos, algunas ya en vigor y otras anunciadas ayer. Es precisamente en el apartado fiscal donde el País Vasco queda descolgado del resto de España. Y es que estas competencias residen en las diputaciones forales, que aunque analizan desde el año pasado una reforma de impuestos a día de hoy no ofrecen ninguna ventaja fiscal directa en Euskadi para la compra por parte de particulares. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó ayer la vigencia para todo este año de una deducción en el IRPF de hasta 3.000 euros por la compra de coches eléctricos y anunció nuevas rebajas impositivas. Así, «se establece la libre amortización en el Impuesto de Sociedades para las inversiones que se hayan realizado en 2024 y también para 2025 en nuevos vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga». Una medida –explicó Montero–, que además de a las empresas se extenderá a los autónomos en el IRPF.

Ni dos semanas después de que Wayne Griffiths dimitiese al frente de Anfac por la inacción del Gobierno con el coche eléctrico, el Gobierno ha respondido. Pero lo ha hecho a medias, porque prorrogará las ayudas a la compra del Plan Moves III, pero no toca los fallos de ese programa que impiden levantar un mercado que no llega ni al 5% de las matriculaciones totales (poco más del 10% con los híbridos enchufables). Justo el mensaje que les había transmitido Griffihs con su abrupta salida. Y justo lo que el presidente Sánchez se había comprometido a cambiar en el mes de febrero. En concreto, el programa –que caducaba el 31 de julio– se mantendrá hasta finales de año, con una dotación extra de 200 millones de euros. Y se suman otros 50 millones para la adquisición de camiones y autobuses cero emisiones, además de la posibilidad de que empresas y autónomos amorticen libremente sus inversiones en vehículos eléctricos, sea en el Impuesto de Sociedades o en el IRPF. Todo eso lo anunció ayer, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero. La política lo justificó, literalmente, «a la vista del éxito» logrado por dicho plan. La respuesta oficial del sector, tras la tensión generada por la dimisión del presidente de Anfac, fue la esperada. Tanto esta asociación, como Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores) celebraron la prórroga de las ayudas y la llegada de nuevos fondos que «permitirán que el mercado no se pare y dará certidumbre al comprador».

Madrid le arrebata al País Vasco el primer puesto en competitividad turística gracias a su conectividad, el impulso a la cultura gastronómica y los eventos, según recoge el último análisis realizado por la patronal del sector, Exceltur. En su anterior informe, de 2018, Euskadi ocupaba la primera posición. Sin embargo, a finales de 2023 pasó al tercer puesto tras la capital española y Canarias. Le siguen Baleares y Andalucía. En Exceltur destacan que «ha habido un fuerte aumento del presupuesto de la comunidad madrileña dedicado a políticas turísticas». Canarias, por su parte, mejora su valor respecto a 2018 gracias a su «excelente dotación de alojamiento hotelero de alta categoría». El País Vasco, tercera en el ranking pero estable en cuanto a su puntuación, destaca por su «continua apuesta por un posicionamiento en favor de productos y experiencias de alto valor añadido». Destaca la inversión en formación, innovación y una buena percepción social del turismo, con un alto compromiso ambiental y de servicios públicos. El turismo solo supone el 0,3% del presupuesto de las comunidades autónomas, una décima más que en 2018, lo que para el director de Estudios de Exceltur, Óscar Perelli, es «totalmente insuficiente». «Es dramática la poca coordinación para impulsar el turismo entre el sector público y privado, cuando a nivel empresarial es crucial», defendió Perelli.

Iberdrola ha alcanzado un nuevo récord histórico de valor en Bolsa tras situarse ayer sus títulos por encima de los 12,505 euros que eran su techo anterior, conseguido en enero de 2021. La capitalización bursátil de la eléctrica vasca sitúa ya su valor total en torno a los 80.000 millones de euros. Las acciones de esta empresa alcanzaron a media mañana de ayer la cotización de 12,51 euros por título, frente a los 12,32 euros que habían marcado al cierre de la jornada del lunes. No obstante, a la conclusión de la sesión el valor cedió algo para terminar en 12,45 euros. Una buen número de casas de análisis habían anticipado ya hace meses que la eléctrica vasca podía alcanzar nuevas cotas de valor en Bolsa gracias a un efecto combinado de varios factores. Algunos ligados con la buena marcha del negocio, tras mantener una tendencia al alza de sus resultados en los últimos años y dar una sorpresa positiva en el arranque de 2024. En el primer trimestre la empresa alcanzó un beneficio neto de 2.760 millones de euros, una cifra que es casi el doble de la anotada en el mismo periodo de 2023 y que estuvo en buena parte apoyada por la obtención de plusvalías extraordinarias en México. Junto a ello hay razones de futuro que empujan la cotización de la compañía, ya que tras un buen número de años de descenso del consumo eléctrico en Europa ahora las previsiones apuntan con claridad a un crecimiento sostenido. Un crecimiento que algunos analistas sitúan entre el 40% y el 50% en los próximos diez años, como consecuencia de la transición energética, la movilidad eléctrica y la construcción de centros de proceso de datos, que son grandes consumidores de electricidad.

El grupo farmacéutico Faes Farma mantiene su apuesta por crecer con operaciones corporativas y con la compra de registros y patentes de otras empresas. Tras la adquisición el año pasado de Novosci (hoy denominada Faes Farma Gulf) en Emiratos Árabes, el laboratorio vasco estudia la compra de una compañía en Europa, un mercado en el que ya cuenta con filiales en Portugal y en Italia, que aportaron en 2023 un negocio de 40 millones. Esta apuesta complementa su opción por el crecimiento orgánico a través de su nueva planta de Derio (Bizkaia), que arrancará a finales de 2024 tras una inversión de 200 millones, y que le va a permitir duplicar su actual capacidad de producción. Las instalaciones absorberán la producción de la planta de Leioa en 2026. La junta general del laboratorio, celebrada ayer en Bilbao, dio luz verde a la separación de cargos de presidente y primer ejecutivo, con el nombramiento como consejero delegado de Eduardo Recoder, profesional procedente de AstraZeneca. Recoder se incorporará el próximo 1 de septiembre.

Rioja tiene, desde hace un lustro, un enemigo común a todas las bodegas. Y no es ni la etiqueta ni la diferenciación geográfica ni la estructura de su Consejo Regulador. Son los excedentes de vino. Un quebradero de cabeza al que ya en 2021 le declaró la guerra el gobierno del sello vinícola. «Procurar el equilibrio rentable e incentivar la calidad será una de las prioridades estratégicas de Rioja». Es la frase con la que se fijó el primer objetivo que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (DOCa Rioja) se autoimpuso hace tres años. Entonces lanzó un plan estratégico que apostaba por reducir las existencias de forma progresiva hasta 2025 para ir recuperando los precios. Para ello se guía por un indicador que se calcula dividiendo las existencias de vino por las salidas, tanto mediante ventas como a través de medidas como la destilación o la cosecha en verde, el arranque de uva antes de que madure. El resultado es una ratio que permite saber cuántas cosechas están almacenadas o en proceso de crianza. Y esta tasa está incluso peor que en la pandemia. El excedente, tomando como referencia la cosecha del año pasado, se sitúa en estos momentos en el entorno de los cien millones de litros en el conjunto de la denominación. Y alrededor de una cuarta parte, según confirman fuentes del sector, estaría acumulado en barricas de Rioja Alavesa: algo más de 25 millones de litros. Y es que la Denominación cerró la temporada 2023 con una ratio de 3,77 cosechas en bodega (cuando pretendía bajar al 3,38). Es decir, a la marca Rioja ‘le sobra’ el 40% de lo que podría considerarse una cosecha aceptable para la rentabilidad económica. Viticultores y bodegueros consideran que la proporción adecuada debe situarse entre 2,85 y 3,15 cosechas. Por debajo el precio de la uva se dispararía. Por encima, el problema es el inverso: los precios caen tanto –por la cantidad de uva almacenada– que se pone en riesgo su rentabilidad. Es lo que sucedió el año pasado, cuando el sindicato agrario Unión de Uniones detectó kilos de uva en suelo de Rioja a 0,75 euros, un precio notablemente bajo que este verano podría repetirse.

Tras el ‘pinchazo’ de las ayudas del Gobierno vasco en 2023, ha habido cambios. De la mano de la Diputación, por ejemplo, este año se ha puesto en marcha un servicio de atención presencial en la Casa del Vino con el fin de facilitar los trámites de los incentivos a la cosecha en verde. Los propios bodegueros habían transmitido que parte del problema del año pasado estuvo, precisamente, en las trabas burocráticas a las que se enfrentaron. El resultado en este primer paquete ha cambiado considerablemente. Frente a las 70 solicitudes del año pasado, el programa de cosecha en verde ha registrado este 2024, un total de 383 aplicaciones de particulares y empresas ligadas a la viticultura. En total un 10% de los viñedos alaveses aspiran a acceder a estos subsidios: 1.286 hectáreas de viñedo de las 13.000 que se estima que hay en la comarca de Rioja Alavesa. Ahora Lakua trabaja en el siguiente paquete de incentivos: el de destilación. Un programa al que el Gabinete Urkullu dio el visto bueno en su último Consejo de Gobierno, y que entrará en vigor el próximo lunes. 

No solo existe un cuello de botella en los fabricantes de los motores, sino también falta de personal que reclama mayores sueldos, un clima extremo que provoca desperfectos, unos costes disparados para cumplir con las emisiones medioambientales y elecciones en Francia y en EEUU que generan incertidumbre en las inversiones de los dos mayores productores de aviones del mundo, Airbus y Boeing. De hecho, con aviones llenos de pasajeros a las aerolíneas les resulta casi imposible reponer los aviones que se estropean y el precio del alquiler de aeronaves también se ha disparado. Sea cual fuere el origen del problema, quien finalmente está pagando el pato es el cliente. El gigante francés aeroespacial sufrió ayer un desplome del 9,4% en Bolsa, con pérdidas de 11.300 millones de euros, después de recortar bruscamente sus propias previsiones de negocio. Airbus no logrará cumplir con la promesa de entregar 800 aviones este año, y ha reducido esta cifra hasta los 770; debido a problemas con la cadena de suministro que afectan principalmente a los motores, aeroestructuras y equipos de cabina. Además, ha aplazado desde 2026 a 2027 su objetivo de fabricar 75 aviones de la familia A320 al mes. Esto, sumado a problemas con su negocio espacial, ha conducido a la firma a recortar su estimación de beneficio para el año 2024 a 5.500 millones de euros, una reducción del 19% frente a la horquilla de entre 6.500 y 7.000 millones que anunció el febrero. «No hay falta de demanda», señala Citi, sino problemas en la cadena de suministro de motores, interiores y aeroestructuras que corren por cuenta de las estadounidenses CFM y Pratt & Whitney, «y marginalmente de Rolls-Royce». 

El Ministerio de Industria y Turismo comunicó ayer a la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) que ocupará una de las vocalías del Consejo Nacional de la Pyme y del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Con ello, el Gobierno aumenta la presencia de esta organización en el diálogo institucional entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos. También la patronal catalana Pimec, que forma parte de Conpymes, estará en el Consejo Económico y Social y en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos. Con todo ello, el Ejecutivo intenta socavar la representatividad institucional de CEOE y de Cepyme. Ambas patronales ya han acusado al Ejecutivo de colocar a organizaciones más afines para contrarrestar la actitud crítica de CEOE y Cepyme. Curiosamente, Pimec está ligada al nacionalismo catalán, cuando el Gobierno necesita del independentismo para sostener la legislatura. Industria explicó que, con la presencia de Conpymes, intenta “dar respuesta a una de las mayores preocupaciones de las pymes, y se ha considerado oportuno introducir en este momento a más entidades como Conpymes en el Consejo y, por tanto, en el Observatorio de la Morosidad”, informa Efe. Industria quiere “ampliar [con la nueva entidad] la perspectiva, la representación y los intereses de las pymes, que complementará la labor realizada hasta el momento por otras entidades y agentes sociales”. Conpymes explicó que entrará en dichas instituciones como representante de “las organizaciones empresariales de ámbito nacional e intersectorial más representativas”. Es una clara andanada contra Cepyme.

El Gobierno aprobó ayer un nuevo paquete de medidas de alivio económico ante las tensiones económicas, energéticas y sociales alimentadas por los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, que redefine la estrategia del Ejecutivo para el segundo semestre en ausencia de Presupuestos específicos para este año. El paquete, que incluye una rebaja tributaria por valor de 3.000 millones de euros a hogares, autónomos y empresas, pasa por extender la rebaja del IVA de los alimentos, eximir del IRPF a los perceptores del nuevo salario mínimo, actualizar los recursos de las comunidades autónomas, prorrogar el paraguas de protección a hogares vulnerables, elevar el sueldo de los funcionarios o desplegar nuevas ayudas empresariales. Semejante concentración de medidas busca incentivar el apoyo del resto de grupos políticos a la convalidación de un Real Decreto-ley anticrisis en un momento en que la minoría parlamentaria del Gobierno de coalición es más evidente que nunca. Más allá, el nuevo decreto del Ejecutivo supone también una estrategia de salida de las ayudas desplegadas en los últimos tiempos, particularmente en el caso de la rebaja del IVA de los alimentos, que se irá modulando hasta su desaparición en 2025, respondiendo al “mandato efectuado por la Comisión Europea”, admite el Gobierno, de ir retirando las ayudas universales y optar por otras selectivas. Desde el 1 de enero de 2023, y mediante prórrogas semestrales, los alimentos frescos y de primera necesidad, que normalmente tributan al tipo superreducido del 4%, han pasado a tener un IVA del 0%. 

El Consejo de Ministros aprobó ayer la prórroga de la rebaja del IVA a los alimentos básicos para compensar el impacto de la subida de la inflación en la cesta de la compra. La novedad del real decreto que deberá ser convalidado por el Congreso es que entre los alimentos que disfrutarán del IVA al 0% se incluye al aceite de oliva, y que la vuelta a los tipos normales del impuesto se hará de forma progresiva. En concreto, la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0% entrará en vigor el próximo 1 de julio y seguirán con el IVA al 0% –en lugar de su habitual 4%– alimentos básicos como leche, pan, huevos, quesos, frutas, legumbres, tubérculos, cereales y verduras que tengan la condición de productos naturales. La medida se extenderá hasta el 30 de septiembre y el 1 de octubre todos esos alimentos pasarán a tener un IVA del 2% hasta el 31 de diciembre. También se prorroga la rebaja del IVA del 10% al 5% para la pasta y los aceites de semillas. El 1 de octubre el tipo de IVA para estos productos pasará a ser del 7,5% hasta el 31 de diciembre. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno prevé que en el último trimestre del año la inflación se normalice y las medidas de rebaja del IVA decaerían para el próximo año. Es decir, a partir del 1 de enero de 2025 el aceite de oliva y alimentos de primera necesidad pasarían al IVA superreducido del 4%, mientras que las pastas y los aceites de semillas volverán al tipo del 10%.

La Generalitat Valenciana presentó ayer el programa de garantías del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que “facilita el acceso al crédito a jóvenes de hasta 45 años para la adquisición de su primer inmueble”. El plan, similar al que se aplica ya en otras comunidades autónomas, trata de salvar la barrera de que se tenga que contar con un 20% del valor de la vivienda para poder acceder a una hipoteca, ya que con estos avales puede obtenerse crédito por hasta el 95% del valor de la vivienda. La diferencia más llamativa está en la elevada edad límite de los aspirantes. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dijo durante la presentación del programa de avales que “la obtención de la garantía del IVF no tiene coste alguno para la persona que lo solicita y las entidades financieras colaboradoras” y añadió que “se prevé que se puedan adquirir cerca de un millar de viviendas” empleando este respaldo público. Mazón estima que la Generalitat “va a destinar 20 millones de euros en avales para ayudar a los jóvenes a adquirir su primera vivienda” y destaca que esta cifra “podrá ampliarse si la demanda lo requiere”. La administración ha alcanzado acuerdos con trece entidades financieras para materializar la medida. La Generalitta puntualiza que las viviendas pueden ser nuevas o usadas, de venta libre o de protección pública que se destinen a domicilio habitual. El precio de adquisición del inmueble, sin los gastos y tributos inherentes a la operación, debe ser igual o inferior a 277.000 euros.

La falta de doctores ha alimentado un ávido mercado de fichajes en el que algunos hospitales españoles despliegan sus mejores ofertas para atraer médicos a sus consultas. Y en los centros de la España vaciada, como el de Soria, llevan años apostando por contratar a profesionales extranjeros. Como no pueden competir con sueldos —que dependen de cada comunidad autónoma—o con las ventajas de las grandes ciudades, los seducen con otros incentivos: contratos de más de un año para posibilitar el permiso de trabajo, agilidad en los trámites administrativos e incluso contratos en pareja, si es necesario. “Los médicos foráneos han encajado muy bien dentro del funcionamiento de este hospital”, se enorgullece el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano. Gracias a los extranjeros, el hospital ha ampliado su cartera de servicios y hay varios departamentos que no podrían salir adelante sin sus fichajes de Ecuador, Venezuela, Bolivia y México. David Jerves —ecuatoriano— acabó el MIR de neumología en Zaragoza, y el hospital necesitaba a un especialista. No pasó ni un día en paro. Para ficharlo, ofrecieron también trabajo a su esposa, Karina Carrión —misma procedencia—, que acababa de concluir su residencia de alergología. En este servicio los profesionales extranjeros son mayoría: dos de tres. Eduardo Henríquez ya tiene la nacionalidad española, pero nació en México hace 37 años. Tras estudiar la carrera en su país y convalidar el título, estudió el MIR en España. Cuando acabó la residencia, en el Clínico San Carlos de Madrid, se encontró con una sorpresa con la que se topan muchos médicos inmigrantes que quieren trabajar en España: no podía quedarse si no le ofrecían un contrato de más de un año, y casi ningún centro lo hacía. 

«Os pido que os atreváis, que no tengáis miedo a equivocaros. Que siempre que se trate de mejorar la vida de las personas en Euskadi, lo intentéis siempre. Y quiero que cuando lo hagáis, cuando lo hagamos, pensemos en los ojos de las personas a quienes vamos a dirigir las políticas públicas. En todas y todos. Porque es a quienes nos debemos». En anteriores jornadas de toda esta liturgia política, Imanol Pradales ya había avanzado que la «ambición» y la «empatía» serían dos máximas de su modo de hacer. Ayer, en el último hito para la puesta en marcha definitiva del nuevo Gobierno vasco, se lo impuso a sus quince consejeros. Y ellos recogieron el guante. Tres días después de la jura del lehendakari en la Casa de Juntas de Gernika, los ocho hombres y siete mujeres que le acompañarán en el Gabinete hicieron lo propio en el Palacio de Ajuria Enea, aunque ellos optaron por la promesa. Con Pradales ejerciendo de maestro de ceremonias y bajo la atenta mirada de Andoni Ortuzar, Eneko Andueza y los miembros de la Mesa del Parlamento, se comprometieron a «cumplir fiel y lealmente, de acuerdo con la ley, las obligaciones del cargo al servicio de Euskadi». Todos ellos lo hicieron en los dos idiomas oficiales, excepto Alberto Martínez (Salud), que sólo usó el castellano y asumió el desconocimiento del euskera como «una» de sus «carencias». Después del acto protocolario, de casi cuarenta minutos de duración por el largo procedimiento legal y por la amplitud del Gobierno más numeroso de la historia democrática en Euskadi, el lehendakari se dirigió a sus consejeros en lo que fue su primer discurso oficial en el cargo. Ante todo, les dio las gracias por aceptar la designación y «comprometerse con la ciudadanía de este país». Pero, sin perder un minuto, a continuación comenzó a ponerles deberes. Y ya no tanto sobre qué tendrán que hacer, algo recogido en el programa de gobierno que uno por uno reivindicaron en sus respectivas comparecencias ante los medios. Pradales incidió más bien en el cómo: «Con humildad y máxima autoexigencia».

Hernani, la localidad natal de Bingen Zupiria, amaneció ayer con varias pintadas amenazantes. En el día en que tomaba posesión como consejero de Seguridad, los invernaderos de una zona de huertas del municipio guipuzcoano aparecieron con pintadas donde podía leerse «Zipaios en lucha, tiro en la nuca. Bingen erne ibili (Bingen, anda con cuidado)». Había otra contra el PNV con una estrella de David y una esvástica. Fueron los jeltzales precisamente quienes denunciaron en público y condenaron «rotundamente» una estampa que «nos retrotrae a una época que Euskadi ya ha dejado atrás». El PNV advirtió de que las amenazas «no tienen cabida en una sociedad democrática» y emplazó «al resto de partidos políticos para que condenen esta acción con la misma firmeza». El burukide guipuzcoano Imanol Lasa criticó que «así reciben algunos al nuevo Gobierno vasco y al consejero de Seguridad en su pueblo». A su juicio, «no son tics residuales del pasado, sino la expresión del odio y la amenaza que aún perviven». Lasa no dudó en emplazar «a EH Bildu y a Sortu» a que «rechacen estas acciones sin paliativos».

PSOE y PP tuvieron que ir hasta Bruselas para firmar, tras cinco años de bloqueo, el pacto para renovar el Poder Judicial. Se trata del primer pacto de Estado que sella el Gobierno de Sánchez con el partido líder de la oposición, lo que supone un contrapunto a la crispación política que vive el país en los últimos años. La reforma acordada prevé que todas las decisiones importantes del Consejo se tomen por una mayoría cualificada de tres quintas partes. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han logrado por fin abrir un paréntesis de entendimiento institucional en medio de una tensa y bronca legislatura. Después de más de cinco años de negociaciones infructuosas entre sus formaciones y superado el largo ciclo electoral entre las generales de hace un año y las europeas del 9 de junio, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional de los populares, Esteban González Pons, sellaron ayer en Bruselas el acuerdo para renovar de inmediato el Consejo General del Poder Judicial, cuyos integrantes llevan desde diciembre de 2018 con el mandato caducado. Lo hicieron ante la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vêra Jourová, que en los últimos meses había sucedido al comisario de Justicia, Didier Reynders, en una labor de mediación, solicitada por el PP y aceptada por el Gobierno el pasado diciembre y que ambas partes reconocen como clave. El pacto –que desató de inmediato las críticas de los socios de uno y otro partido– no implica solo la designación de los veinte nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces conforme a la legislación vigente y de forma equitativa (en la última negociación el reparto era 11-9 para los socialistas y ahora será 10-10). Además, el Senado designará al conservador José María Macías para cubrir la plaza que estaba vacante en el Tribunal Constitucional. Pero casi tan relevante como lo que afecta en sí al órgano de gobierno de los jueces –encargado de inspeccionar el funcionamiento de los juzgados y tribunales, exigir responsabilidad disciplinaria a los miembros de la carrera judicial y ordenar los nombramientos, ascensos y traslados– es el acuerdo para llevar de manera conjunta al Congreso, el próximo mes, una proposición de ley para «reforzar la independencia judicial».

Los populares europeos, socialdemócratas y liberales acordaron ayer el reparto de los altos cargos de la Unión Europea (UE). Las tres principales familias políticas pactaron, sin la ultraderecha, su apoyo a la alemana Ursula von der Leyen en sus aspiraciones para revalidar el cargo de presidenta de la Comisión Europea y respaldarán al portugués António Costa y a la estonia Kaja Kallas para los cargos de presidente del Consejo Europeo y Alta Representante para la Política Exterior de la UE, respectivamente. El reparto final de los conocidos como ‘top jobs’ se decidirá en la reunión de líderes de mañana y el viernes en Bruselas, donde los Veintisiete tendrán la última palabra. Los negociadores han decidido apostar por la Gran Coalición, siguiendo la fórmula de que las grandes familias políticas sean las que se repartan los altos cargos de las instituciones comunitarias. Todo ello a pesar de la caída de los liberales en las elecciones europeas –con la pérdida de más de 20 escaños en la Eurocámara– y del auge de la ultraderecha, sobre todo en los principales países del bloque como Alemania, Francia e Italia.

Dieciséis intelectuales galardonados con el Premio Nobel de Economía advirtieron este martes que las medidas económicas que propone el expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano, Donald Trump, reactivarían la inflación y causarían un daño duradero en la economía del país. "Aunque cada uno de nosotros tiene diferentes puntos de vista sobre las particularidades de las políticas económicas, todos estamos de acuerdo en que la agenda económica de Joe Biden es ampliamente mejor que la de Donald Trump", explicaron los académicos en una carta obtenida por el sitio web Axios. El escrito lo encabeza uno de los premio Nobel de Economía en 2001, Joseph Stiglitz.  Estos expertos afirmaron en el texto que un segundo mandato de Trump tendría "un impacto negativo en la posición económica de Estados Unidos en el mundo y un efecto desestabilizador en la economía doméstica de EE.UU.". "Muchos estadounidenses están preocupados por la inflación y Donald Trump puede reavivarla con sus presupuestos fiscalmente irresponsables", escribieron. De hecho, se espera que la economía sea uno de los temas principales en el primer debate presidencial en directo del próximo jueves entre el presidente estadounidense Joe Biden y Donald Trump, emitido por la CNN. Entre las propuestas de Trump se encuentra un gravamen universal mínimo del 10 % a las importaciones y una tasa del 60 % a los productos chinos. Además, el magnate prometió a las empresas estadounidenses bajar su tipo impositivo del 21 % al 20 % y quiere eliminar los impuestos sobre las propinas de los trabajadores de los sectores del ocio y la hostelería. Por otro lado, Biden mantiene el plan de subir los impuestos a las empresas y que no se incrementen para las familias que ganen menos de 400.000 dólares anuales.