20240731

El tráfico portuario ha crecido un 10% durante el primer semestre del año, las instalaciones ganarán 31,2 hectáreas con la segunda fase del espigón central que ha sido adjudicada este julio y que estará lista para principios de 2027, y están en marcha diversos proyectos con un coste de 700 millones de euros, de los que el 78% será inversión privada. Sin embargo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barkala, admitió ayer que hay un asunto que agobia, y cada vez lo hace más. «Realmente estamos preocupados por la conectividad ferroportuaria. Va a ser uno de los elementos clave de la competitividad», auguró. Barkala detalló que, pese al incremento general del tráfico portuario en 18 millones de toneladas (un 9,7% más que entre enero y junio de 2023 y por encima del crecimiento medio de los Puertos del Estado, en el 3%), suben los graneles líquidos (un 16%), esto es, los hidrocaburos, mientras se agudiza una tendencia a «disminuir el tráfico de contenedores» (caen un 5,1%). Esta dinámica se debe a la creciente competitividad en el Cantábrico (sobre todo en Santander, pero también en Gijón). Por eso reclaman una mayor apuesta por Bilbao al operador de contenedores, aunque Barkala fue ayer muy directo con los medios. «Lo que tenemos que hacer es ser más competitivos y estar mejor posicionados, pero seguimos ferroviariamente igual que hace cien años», se dolió. Para estar «en igualdad de condiciones en cuanto a la productividad portuaria con el resto de los puertos», la apuesta debe dirigirse hacia la Variante Sur Ferroviaria, la gestión interna de los tráficos del ferrocarril y la futura terminal intermodal y logística de Júndiz (Vitoria). Es un tema sobre el que ya han mantenido contactos con el nuevo Gobierno Vasco, y con el Gobierno central. «Hay que resolverlo sí o sí», reiteró Barakala, sin entrar en debates sobre si la solución a tomar debe ser aérea o subterránea, pero remarcando que convivir con el tráfico de personas «es complicado porque somos molestos y no presta el servicio que nos tiene que prestar». «Me trasladan desde el Gobierno Vasco que piensan que antes de que acabe el año licitarán», llegó a señalar.

El consejo de administración del fabricante español de trenes rechazó ayer la integración con Skoda, que esta compañía ofreció por carta y por segunda vez el pasado 25 de julio. Una propuesta impulsada por el Ejecutivo de España y que busca dejar en vía muerta la opa de Magyar Vagon por 617 millones para hacerse con Talgo. El rechazo de la firma responde a que las explicaciones dadas por Skoda el pasado 25 de julio descartan «una intención de iniciar una oferta pública de adquisición (opa) para competir con la existente por el 100% de las acciones lanzada por Magyar Vagon». Ese es el argumento que Talgo ha planteado en la misiva, que también ha enviado a la CNMV, para señalar que «no es el momento adecuado para explorar alternativas potenciales distintas a una oferta pública de adquisición competitiva que garantice los recursos financieros e industriales que permitirán a Talgo hacer frente a sus desafíos presentes y futuros». La respuesta encona aún mas una tensa situación. El único fabricante de trenes de alta velocidad español eleva la temperatura en su choque con el Gobierno después de que éste suspendiera por al menos tres meses la autorización a Magyar Vagon para comprar Talgo. Esta es la vía que respalda la marca española y sus principales accionistas para resolver el ahogo que sufren por una cartera de pedidos récord de 4.200 millones que necesita fábricas.

En un año en el que el tráfico aéreo no acompaña, la inversión de 40 millones por parte de DHL ha supuesto un espaldarazo para Foronda. Nunca se había puesto tanto dinero sobre la mesa del aeropuerto de Vitoria en su más de medio siglo de vida. En uno de sus mejores momentos, sin embargo, Foronda funciona, para bien o para mal, con una dependencia enorme de dos marcas: Ryanair y DHL. Cada una en un segmento –pasajeros y carga– acaparan nueve de cada diez movimientos en el aeropuerto de Vitoria. El año pasado en viajeros apenas habría sido necesaria la concurrencia de otra compañía para batir el récord fijado en 290.215 en 1990. La aerolínea irlandesa movió por sí sola a 283.059 viajeros en Foronda. Y este año la marcha es parecida. De los 121.925 viajeros que han pasado por la terminal alavesa, 111.617 lo han hecho de la mano de Ryanair. Dicho de otra forma: los de Michael O’Leary han llevado en sus aviones al 91,55% de los turistas que han despegado o aterrizado en Foronda. Sin embargo, año tras año los gustos de los alaveses –y las frecuencias, que también influyen– cambian las rutas que más pasajeros mueven. Si el año pasado fueron Alicante y Mallorca los destinos favoritos de quienes pasaron por Foronda, este año destaca otro punto: Sevilla. La capital andaluza ha conectado a 24.601 pasajeros de enero a junio, por delante de Alicante (23.607) y de Milán (22.593).

El campus del vino del Basque Culinary Center (BCC) sigue avanzando. Tras elegir el diseño del arquitecto portugués Jose Manuel Carvalho Araújo para sus sedes en Vitoria y Laguardia, y mientras siguen suscribiéndose convenios de colaboración con las distintas instituciones, el Gobierno vasco aprobó ayer conceder diez millones de euros para el desarrollo del proyecto EDA Drinks&Wine. El Departamento autonómico de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, que dirige Amaia Barredo, ha destinado esta subvención para el desarrollo de este proyecto que «posicionará a Euskadi y Rioja Alavesa como referente en el sector del vino y las bebidas», a la vez que refuerza la apuesta «por la gastronomía de calidad». Barredo defendió en el Consejo de Gobierno que EDA se fundamenta en la formación (con grados, postgrados y formación continua), pero también en la investigación de manera conjunta con entidades y centros de primer nivel nacional e internacional; en la innovación y en el emprendimiento. La sede que se levantará junto a la estación de autobuses de la capital alavesa servirá como facultad para el aprendizaje y la sucursal de la villa amurallada se convertirá en un centro de excelencia del vino. El presupuesto de inversión del campus del vino asciende a 18 millones y el ejecutivo autonómico cubrirá diez para cubrir la construcción y el equipamiento de las sedes de Vitoria y Laguardia.

La construcción del futuro parque eólico de Basalgo, ubicado en la confluencia de los términos municipales de Eibar, Elgeta y Bergara, ha dado su primer paso después de que el Gobierno Vasco haya seleccionado el anteproyecto presentado por la española Arena Solar Power. La compañía dispondrá ahora de un plazo de medio año para que tramite ya formalmente su solicitud de autorización administrativa previa, primer paso para una larga tramitación antes de que se lleve a cabo la construcción de dicho parque. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó ayer una resolución del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad sobre el procedimiento de competencia relativo a la solicitud de autorización para la construcción de dicho parque, que formuló en mayo pasado la empresa ‘Arena Power Solar 10’. Después de haber sometido la petición al correspondiente proceso de información pública, el Departamento de Industria indicó en dicha resolución que no se había presentado ninguna otra petición. De esta manera, Arena Power Solar contará ahora con seis meses para presentar la documentación pertinente para tramitar la autorización administrativa previa. Dicha solicitud viene en un momento en el que el sector de las energías renovables vive una situación paradójica en Euskadi y Gipuzkoa. Esto se debe a que se acumulan las alegaciones de los distintos ayuntamientos a los proyectos de parques eólicos en marcha, mientras que las empresas promotoras multiplican sus peticiones, como es el caso de Arena Power Solar, para instalar nuevas infraestructuras. La demanda de la industria vasca de energías renovables para abaratar la factura y avanzar hacia la descarbonización es vista por las empresas de renovables como una oportunidad de negocio.

El irundarra de origen paraguayo, José Enrique Corchón (Asunción, 1970), ha sido nombrado nuevo viceconsejero de Finanzas y Presupuesto del Gobierno Vasco. Corchón sucede en el cargo a Hernando Lacalle, que el pasado jueves dejó el puesto ante las discrepancias que había comenzado a tener con la línea marcada por el nuevo titular del Departamento, el también irundarra Noel D’Anjou, según fuentes consultadas por este periódico. Corchón, licenciado en Económicas en la Universidad del País Vasco, tiene una extensa trayectoria ligada al mundo empresarial y político. Hasta ahora y desde 2015 ostentaba el cargo de director general de Finanzas y Presupuesto de la Diputación de Gipuzkoa, y también fue concejal de Irun por el PNV desde 2011, así como juntero en Gipuzkoa. Asimismo, ha sido miembro de diferentes fundaciones de Gipuzkoa, como son los casos de la Fundación Mubil, Ziur Fundazioa, Adinberri, la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa o miembro suplente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. También ha ejercido como suplente del pleno del Consejo Vasco de Previsión Social o vocal de la Junta de Gobierno del Organismo Autónomo Foral Fundación Uliazpi.

Xabier Ochandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo desde hace del Ayuntamiento de Bilbao desde hace nueve años, fue nombrado ayer nuevo viceconsejero de Relaciones Institucionales del Gobierno vasco. Ochandiano (Bilbao, 1975) toma el relevo de Jon Urbina García de Vicuña y pasará a depender del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, dirigido por la portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena. La trayectoria política de Ochandiano, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, ha estado vinculada en gran parte al ámbito municipal. Lideró durante una década la Agencia Municipal para el Empleo de la capital vizcaína –organización que luego pasó a denominarse Bilbao Ekintza–, aunque de 2013 a 2015 asumió la Dirección de Empleo e Innovación del Gobierno vasco. Desde esa fecha ha liderado la concejalía de Desarrollo Económico. Ha trabajado siempre al lado de Juan Mari Aburto y protagonizado un papel relevante en la organización de muchos de los eventos de impacto internacional que han tenido lugar en Bilbao en la última década. Ha sido en los últimos nueve años uno de los estrategas de la imagen global de Bilbao con la organización de acontecimientos deportivos –las finales de rugby y de la Champions femenina, entre ellas – y culturales, entre las que destaca la celebración de los premios MTV, una de las citas musicales más esperadas a nivel mundial. Se ha volcado en el «posicionamiento de la villa» tanto a nivel turístico como empresarial.

Los sindicatos ELA, LAB y UGT firmaron el convenio del Comercio del Metal de Gipuzkoa, que afecta a unas 7.000 personas que trabajan en sectores muy diferentes, y que estaba congelado desde 2008, con «mejoras sustanciales» tras el acuerdo. Entre los cambios ELA destaca la actualización del IPC para los años 2009-2024 (30,8%), IPC para los años 2025-2027 y garantía del 85% del IPC en salarios reales para el periodo 2024-2027. Por su parte, LAB, asegura que «se podrían haber obtenido mejores contenidos».

El proceso de moderación de la inflación empieza a coger ritmo para alivio de los consumidores. Según los datos adelantados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC se situó en julio en el 2,8%, seis décimas menos que el 3,4% del mes anterior y mínimos de febrero, gracias sobre todo a la rebaja de los precios de la electricidad y de los alimentos, con la decisión del Gobierno de extender hasta final de año, y de forma escalonada, la rebaja del IVA sobre los productos básicos. El dato de julio implica, además, el mayor descenso mensual desde septiembre de 2022. Y la tasa subyacente –que no tiene en cuenta en sus cálculos ni los precios de la energía ni de los alimentos no elaborados– abandona su resistencia a bajar cediendo también al 2,8%, desde el 3% del mes anterior, en su nivel más bajo en más de un año. «En el caso de la electricidad, la contención llega de la rebaja del IVA y los precios del mercado libre, ya que en el mercado regulado subieron en julio hasta 71 euros de media desde los 56 euros del mes anterior, de forma que el descenso interanual se redujo hasta el -21% desde el -40%», explica Santiago Martínez Morando, jefe de análisis económico y financiero de Ibercaja. La fuerte corrección de julio llega además en plena época estival, cuando el consumo suele ser más elevado y los precios del sector servicios siguen presionando al alza, uno de los componentes que más resistencia está mostrando a la hora de moderarse en un momento de auténtico ‘boom’ turístico. 

Buenas noticias para los 250.000 vascos que tienen referenciada su hipoteca a un tipo variable o mixto. El euríbor, índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas de este tipo, va camino de anotar su cuarto mes consecutivo de bajadas. En concreto, este indicador arroja ahora una media del 3,532%, su nivel más bajo desde enero de 2023, y seis décimas inferior al de julio del año pasado (4,149%), lo que se traducirá en un importante abaratamiento de las cuotas hipotecarias, la más pronunciada en lo que llevamos de año. Además, el euríbor ha marcado en julio tres mínimos anuales en su tasa diaria, y ayer se situó en el 3,406% a falta de la sesión de hoy para conocer el cierre definitivo del séptimo mes del año, que incluso podría estar por debajo del 3,53% en su media mensual. Conviene recordar, no obstante, que de los 250.000 vascos que tienen referenciada su hipoteca a tipo variable o mixto se desconoce cuántos de ellos deben revisar ahora su crédito sobre vivienda, pero si recurrimos al simulador de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el ahorro mensual de un guipuzcoano que deba revisar su préstamo, por ejemplo a 25 años, con este indicador que está a punto de cerrar julio, aplicando un diferencial de +1 –y por un importe promedio que ronda los 150.000 euros en el territorio–, la cuota mensual arrojará un descenso de 53 euros. Eso, llevado a todo un año, supone más de 630 euros, aunque la cuantía final siempre dependerá del calendario de revisión del crédito y del diferencial que tenga comprometido cada ciudadano con su banco.

No es casual ni baladí el apellido de «solidario» que ERC ha decidido incorporarle al concierto económico acordado con el PSC a cambio de investir a Salvador Illa, si es que sus bases así lo ratifican en la consulta de este viernes. Esa calculada apostilla busca marcar distancias con el régimen fiscal de Euskadi –y también reconocido a Navarra con su Convenio– en un intento por neutralizar las recurrentes quejas por agravios territoriales. Pero el nacionalismo vasco no está dispuesto a que las necesidades argumentativas del independentismo catalán siembren dudas sobre el modelo original. Como ya lo hiciera cuando todavía era candidato del PNV a lehendakari, ayer Imanol Pradales volvió a responder con rotundidad a las insinuaciones sobre la supuesta falta de contribución al resto de territorios por parte de Euskadi. La solidaridad, remarcó el inquilino de Ajuria Enea, está «plenamente incorporada» al Concierto Económico, una herramienta que, recordó, está blindada por la Constitución e incluso por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Al menos por ahora, los negociadores de ERC no han hecho ninguna referencia a una eventual reforma de la Carta Magna porque creen que será suficiente con cambiar la ley de financiación autonómica (LOFCA), algo aun así difícil porque requeriría de la mayoría absoluta del Congreso. Pradales no sólo destacó el anclaje jurídico de un sistema tributario con siglos de historia, sino que también quiso hacer pedagogía frente a un cuestionamiento del Concierto y el Cupo desde otras coordenadas de España que se reactiva de forma cíclica. Explicó que Euskadi aporta el 6,24% del coste de los servicios que el Estado ofrece en esta comunidad –como la Seguridad Social y el Ejército–, una proporción fijada en los años 80 y que con el paso del tiempo se ha visto desactualizada porque el País Vasco ha ido perdiendo peso respecto al total en términos poblacionales y económicos. «Estamos correspondiendo a las cargas generales del Estado, sea a la deuda pública general o a las competencias no transferidas», concretó. El lehendakari reforzó su argumentario al recordar que el País Vasco también participa en el fondo de compensación interterritorial que busca un reparto equitativo del dinero. Una hucha a la que, destacó, «Euskadi aporta recursos pero no se ve beneficiada». En una línea similar, el exconsejero de Hacienda Pedro Luis Uriarte, principal negociador del Concierto en los 80, salía al paso de cualquier cuestionamiento desde Cataluña: «Si llevara años con un régimen demencial de pan con aceite y ahora pudiera comer butifarra, estaría encantado. Pero eso no es jamón y menos ‘del bueno’. El Concierto es solidario, tiene 146 años, reconocimiento constitucional y está en el Estatuto de Autonomía vasco. ¡Es jamón!».

Pedro Sánchez se mostró ayer exultante con el acuerdo suscrito entre las ejecutivas del PSC y ERC para permitir la investidura de Salvador Illa a cambio de algo a lo que el Ejecutivo se oponía con firmeza hasta hace pocos días, la aprobación de un régimen de concierto que desconectará a Cataluña, una de las comunidades más ricas de España, del sistema de financiación autonómico general. El presidente del Gobierno argumentó, tras el habitual despacho estival con el Rey, en Mallorca, que es una «extraordinaria noticia» tanto para los catalanes como para España que pueda evitarse una repetición electoral en un territorio tan relevante y remarcó que lo pactado incluye «un compromiso con la solidaridad interterritorial, con la cohesión de los servicios públicos y con la igualdad de los españoles». No todo el PSOE es tan entusiasta. A falta de explicaciones claras por parte de la dirección sobre cómo interpretar la letra pequeña del acuerdo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano GarcíaPage, –que ayer consumó la amenaza de llevar al Constitucional la ley de amnistía– y el expresidente de Aragón, Javier Lambán, fueron quienes, como suele ser habitual, primero mostraron su oposición a la fórmula descrita la víspera por la portavoz de la dirección de Esquerra, Raquel Sans. Según el texto hecho público ya por los partidos firmantes, el acuerdo implicaría, efectivamente, que la Generalitat «gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña» y que haga una «aportación» a las finanzas del Estado por el coste de los servicios que este presta, como ocurre con el Concierto vasco y el Convenio navarro. Sánchez, sin embargo, desdeñó los reparos internos. 

En un movimiento sin precedentes, Pedro Sánchez, se querelló ayer por prevaricación contra el juez Peinado que investiga a Begoña Gómez. La Abogacía del Estado activó la demanda horas después de que Sánchez se acogiera a su derecho a no declarar en la causa abierta contra su mujer. Pedro Sánchez pasa al ataque contra el juez Juan Carlos Peinado con toda la artillería que le proporciona su cargo. Solo instantes después de que el presidente del Gobierno se acogiera ayer en Moncloa a su derecho a no declarar contra su mujer y guardara silencio ante el instructor, la Abogacía del Estado, en nombre del presidente y en un movimiento sin precedentes en la historia judicial española, presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por «prevaricación judicial» contra el magistrado que investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios a su mujer. El escrito justifica el emprendimiento de acciones legales en nombre del Estado contra el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid por la «necesidad de defender la institución que representa la Presidencia del Gobierno» frente a la «arbitrariedad» de Peinado. Aunque la querella enumera diversas resoluciones que Sánchez considera injustas o de dudosa motivación, el eje de la demanda con la que el jefe del Ejecutivo pretende el apartamiento de la carrera judicial de este magistrado (la prevaricación esta castigada con hasta 15 años de inhabilitación) es la negativa del instructor a dejar declarar al presidente por escrito.

Trabajar y cobrar una pensión tendrá nuevas reglas una vez vea la luz la reforma de la jubilación parcial y activa que está a punto de pactar el Gobierno con los sindicatos y la patronal, que hoy reunirá a su comité ejecutivo para decidir si le da su apoyo. El nuevo método de compatibilizar la pensión con un empleo traerá mejoras para la mayoría de personas. No obstante, también algún perjuicio, principalmente para los autónomos con trabajadores a su cargo. Estos no podrán cobrar, como hacen ahora, el 100% de su pensión a partir del primer año en el que cumplan la edad ordinaria de retiro, sino solo el 75%. Pero el Gobierno ampliará esta opción de trabajar y cobrar la pensión completa a todos los trabajadores, no solo a los que tienen un negocio, una vez hayan transcurrido cinco años desde que hayan cumplido la edad legal de jubilación, es decir, a partir de los 70 años, según establece la última propuesta de real decreto que el Ministerio de Seguridad Social ha enviado a los interlocutores sociales. El recorte viene una vez se ha cumplido el primer año de edad ordinaria de jubilación. Si ahora aquellos que quieran seguir trabajando pueden cobrar el 50% de su pensión, con la nueva ley cobrarán el 45% y un 5% adicional si son autónomos que siguen con sus actividades. A partir del segundo año, es decir, a partir de los 66 años para los que tienen largas carreras de cotización, ya salen ganando y cobrarían el 55% de su pensión, cuantía que aumentaría al 65% a partir del tercer año y al 80% una vez cumplidos cuatro años. El nuevo sistema de jubilación activa establece, por tanto, un porcentaje creciente de pensión compatible con la actividad una vez se van superando los años de jubilación, en el que se alcanzaría el 100% de la pensión a partir del quinto año, algo que hasta ahora estaba reservado en exclusiva para los autónomos que tuvieran al menos un empleado a su cargo. Ahora se elimina este requisito para cobrar el 100% y tampoco se les exigirá tener una carrera completa de cotización. Además, podrán acceder a los complementos que se paga por cada año que se posponga la jubilación, que puede ascender al pago de hasta 12.000 euros en efectivo o un incremento del 4% de su pensión, que se elevaría al 5% en el caso de los autónomos.

La economía volvió a reeditar en el segundo trimestre del año el fuerte empuje que había registrado en el arranque del ejercicio, con un crecimiento del 0,8% entre abril y junio, de acuerdo con los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este avance se debió fundamentalmente al avance de la inversión inmobiliaria y de las exportaciones, frente a un consumo privado y un gasto público que crecen en el trimestre a ritmos más moderados, si bien este último es el que más ha crecido desde el estallido del coronavirus. Unas cifras que, además, se sitúan a la cabeza de los países europeos. La economía española creció un 0,8% en el segundo trimestre con respecto al primero, un sólido avance que mantiene el ritmo del mes anterior, en tasas que no se veían desde hace dos años. Esto, además, está llevando a una progresiva aceleración de la actividad en ritmos interanuales, ya que el PIB ha pasado de crecer a un ritmo del 2% hace un año al 2,9% en este último trimestre, tres décimas más que en el trimestre anterior. Con ello, parece muy probable que España pueda alcanzar el crecimiento del PIB previsto por el Ejecutivo para el conjunto del ejercicio (2,4%) y que incluso pueda superar esta cifra si la situación no se tuerce en la segunda mitad del año. Además, un segundo elemento muy positivo es que la economía viene impulsada fundamentalmente por la inversión y el sector exterior, unos motores que tienden a proyectarse hacia el futuro, y no tanto por el consumo o el gasto público. En concreto, la Formación Bruta de Capital Fijo crece un 0,9% respecto al primer trimestre del año, si bien este avance se ha moderado intensamente respecto al ritmo del primer trimestre (cuando alcanzó el 2,6%) y se debe fundamentalmente a la inversión en construcción (1,3%) frente a la atonía de la maquinaria y bienes de equipo (0,1%), a pesar de los fondos europeos. 

El crecimiento en la zona euro y en el conjunto de la Unión Europea han resistido el nuevo tropiezo alemán. Empujada por el tirón de países como España o Irlanda, la economía europea creció un 0,3% en el segundo trimestre, según Eurostat. Este dato, el mismo tanto para el área monetaria como para la UE, es el mismo que al comienzo de año y ayuda a que Europa vaya saliendo poco a poco, aunque todavía con bastante incertidumbre, del estancamiento en el que estuvo atrapada durante más de un año tras el comienzo de la invasión de Ucrania por Rusia y la crisis energética que provocó el estallido de la guerra. “Esto es un alivio y muestra que la economía ha comenzado a recuperarse con cautela. Con un desempleo bajo y una inflación más benigna, la economía está sin duda en una situación mejor que, por ejemplo, hace un año. Aun así, la pregunta sigue siendo hacia dónde se dirigirá la economía a partir de ahora y los datos recientes no brindan mucha confianza en que la economía de la eurozona esté acelerándose aún más”, apuntaron ayer los economistas del banco holandés ING. La resistencia que ha mostrado la economía europea, según los datos de esta primera estimación, sorprenden por lo sucedido en Alemania. La mayor economía de la zona euro está flirteando con la recesión técnica desde hace dos años. No encadena dos trimestres consecutivos de contracción y por eso no puede utilizarse ese concepto.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Booking.com con 413 millones por abusar de su posición de dominio e infringir la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el Tratado de Funcionamiento de la UE. La empresa anunció ayer que recurrirá la decisión ante la Audiencia Nacional. Es la mayor multa de la historia del regulador, después de la sanción de 203 millones a compañías de obra civil. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha multado al sitio web de reservas de alojamiento Booking.com con 413 millones de euros por abusar de su posición de dominio e infringir la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Inicialmente, la autoridad reguladora había barajado una sanción de 486 millones, tal y como publicó este diario el 23 de febrero. La empresa anunció que recurrirá la decisión ante la Audiencia. Es la mayor multa de la historia del regulador español. La CNMC sancionó con 203 millones a las compañías de obra civil en 2022; con 194 millones a Amazon y Apple en 2023; con 168 millones a las industrias lácteas en 2015; a Atresmedia y Mediaset con 154 millones en 2019, y a los fabricantes de automóviles con 131 millones en 2015. En un comunicado, la CNMC señaló que la compañía ha cometido dos abusos de su posición de dominio desde, al menos, el 1 de enero de 2019 hasta la actualidad, al imponer varias condiciones comerciales no equitativas a los hoteles situados en España que emplean sus servicios de intermediación de reservas y restringir la competencia de otras agencias de viajes online. Según la CNMC, la cuota de Booking.com en España ha oscilado durante el periodo investigado entre el 70% y el 90%.

Acciona Energía, la mayor empresa de renovables de la Bolsa en España independiente de las grandes eléctricas, va a analizar las numerosas ofertas que ha recibido de distintos grupos para comprarle activos y que, según sus propios datos, afectan a instalaciones que suman en total en torno a 6.000 megavatios (MW) de potencia. Esta suma equivale a la mitad de toda su potencia instalada, unos 13.000 megavatios en todo el mundo. A precios de mercado, y teniendo en cuenta que hay activos de todo tipo, desde eólicas a fotovoltaicas, pasando por hidráulicas y combinación de tecnologías con baterías (hibridación), la venta de hasta 6.000 megavatios podría sumar más de 5.000 millones de euros. José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona Energía y de su matriz, Acciona, explicó ayer que desde que el grupo hizo pública la política de rotación de activos, hace seis meses, “hemos observado un creciente interés del mercado, hasta el punto de que hemos recibido ofertas formales, la mayoría de ellas no solicitadas, por unos 6.000 megavatios de nuestra base de activos, lo que nos da una flexibilidad considerable para optimizar el resultado”. “Daremos prioridad a las operaciones en las que veamos el mejor valor y encaje estratégico. Cada rotación potencial compite con el resto de las opciones y daremos prioridad a aquellas en las que veamos el mejor valor y encaje”, añadió Entrecanales. No está claro qué volumen de activos de esa cartera de 6.000 megavatios (MW) venderá Acciona finalmente. Pero solo el hecho de que esté en el escaparate cambia todo el mercado de compraventa de proyectos verdes y las cuentas de Acciona.

BBVA anunció ayer, víspera de la presentación de los resultados trimestrales y en plena opa sobre Sabadell, una sensible remodelación de su organigrama de primer nivel. Todas las posiciones se han cubierto con profesionales de la casa, sin fichajes externos, con siete nombramientos. El comité de dirección pasa de tener 20 a 22 altos ejecutivos. El origen de esta reorganización es, según el banco, llevar el servicio y la experiencia de cliente a un siguiente nivel. Para lograrlo, el banco ha decidido dividir en dos el área global de banca minorista, que hasta ahora dirigía David Puente, ex-McKinsey al igual que el presidente. Puente se especializará a partir de ahora en banca retail. Será el responsable global de producto y de experiencia de cliente. La gran novedad es que banca de empresas gana peso específico con una dirección global propia que liderará Jaime Sáenz de Tejada, un histórico del banco que actualmente era responsable de Riesgos y que durante muchos años ejerció como director financiero. Según fuentes de BBVA, la intención con estos cambios es reforzar este segmento, que siempre ha sido un foco estratégico para la entidad. Pero es inevitable ligar este movimiento con la opa lanzada sobre Sabadell, con la que BBVA disputará el liderazgo en pymes a Santander. BBVA asegura que quiere comprar Sabadell para aumentar su presencia en el rentable segmento de las empresas.

El chavismo recurrió a la represión a las pocas horas de que comenzaran protestas masivas en distintas ciudades de Venezuela por el resultado oficial de las elecciones, que da la victoria a Nicolás Maduro, sin que el régimen permita un escrutinio transparente como le exige la comunidad internacional. Se produjeron al menos seis muertos y cientos de detenidos en menos de 24 horas. Las organizaciones de derechos humanos recibieron decenas de denuncias de desapariciones. Las calles estaban llenas de manifestantes y los negocios y el transporte permanecieron cerrados. Las protestas en Venezuela por la sospecha de un fraude cometido por el Gobierno en las presidenciales del domingo para otorgar la victoria a Nicolás Maduro habían dejado anoche seis muertos y cientos de detenidos en menos de 24 horas. Las movilizaciones fueron masivas, con miles de personas en las calles de las principales ciudades. La mayoría de los negocios cerraron ayer en Caracas y los trabajadores no acudieron a sus oficinas. El transporte público se redujo al mínimo servicio. La gente trataba de hacerse con provisiones por si la situación de violencia escala. El presidente Maduro no ha dado ninguna muestra de querer hacer un escrutinio transparente del voto, a pesar de que una parte importante de la comunidad internacional se lo exige para reconocerlo como un mandatario legítimo. Además, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió al Ministerio Público apresar a los opositores María Corina Machado y a Edmundo González, a quienes acusó de fascistas una vez más. En las calles, la represión comenzó a las pocas horas del inicio de las protestas.