20250115

Tamara Yagüe, presidenta de la patronal vasca Confebask, ha abandonado la dirección de la empresa Tecuni, en la que ocupaba hasta ahora la dirección general. Según fuentes próximas a la líder de los empresarios vascos, han sido «razones personales» las que le han llevado a adoptar esta decisión. Fuentes de Confebask aseguran que la nueva situación laboral de Yagüe «no plantea problema estatutario alguno para permanecer como presidenta» de la organización empresarial. Fuentes consultadas, sin embargo, apuntan a que el distanciamiento de Tamara Yagüe con los máximos directivos de la mutinacional se ha forjado a lo largo de un periodo dilatado de tiempo. En especial, apuntan, desde que en 2020 asumió la presidencia de la patronal vizcaína de empresas del metal y ya de una forma más evidente cuando en el verano de 2023 fue designada como presidenta de los empresarios vascos. Así, añaden las mismas fuentes, la razón última de su salida de la empresa estaría ligada a la dificultad para compatibilizar sus obligaciones como presidenta de Confebask y sus responsabilidades como directora general de la compañía. Más aún, matizan, cuando la empresa ya pertenece a una multinacional que establece criterios de gestión desde la distancia y que exige a sus directivos una plena dedicación. Yagüe fue designada presidenta de Confebask en julio de 2023 tras la propuesta que había realizado la organización empresarial vizcaína Cebek. Su llegada a la máxima responsabilidad de la patronal fue considerada como la consolidación de la llegada de las mujeres a puestos no solo de alta dirección de las empresas, sino también a la representación institucional de este colectivo. Yagüe sucedió en el cargo a la guipuzcoana Isabel Busto.

La patronal se limitó a responder que acudirá a la cita, como hace siempre que le convocan los sindicatos, pero ni una palabra más. No hizo valoraciones. Las organizaciones empresariales están todavía digiriendo este nuevo desafío. La posición del Gobierno vasco es más cómoda puesto que la petición sindical plantea una negociación bilateral con la patronal para alcanzar un acuerdo interprofesional. Interpelada ayer sobre el tema, su portavoz, Maria Ubarretxena, defendió que esta es la vía adecuada para abordar el asunto. «Lo que realmente hay que alcanzar es un diálogo, un acuerdo entre la parte sindical y la patronal», señaló. No quiso entrar a valorar la idoneidad del nuevo foro que se va a crear, al margen de apuntar que «ya existen las mesas de diálogo social». Eso sí, recordó que el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, tiene reservada en los Presupuestos de 2025 «una partida para el estudio de un salario mínimo de convenio en Euskadi». Ubarretxena no hizo mención alguna a la otra vía en la que trabajan por su lado ELA y LAB, junto con otras centrales nacionalistas, para instar al Parlamento vasco a impulsar a su vez un cambio legislativo en el Congreso para que Euskadi pueda fijar su propio SMI, una competencia que ahora mismo solo tiene el Estado. Los dos sindicatos soberanistas sí que se refirieron ayer a este camino cuando plantearon la petición ante el CRL y quisieron dejar claro que consideran ambas soluciones como «complementarias» y no excluyentes.

Uno a uno, los principales sindicatos vascos han registrado en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) sus respectivas peticiones para abrir un foro de debate con la patronal sobre la regulación de un salario mínimo propio de aplicación en los convenios colectivos de la CAV. La fecha propuesta para la constitución de la mesa de negociación es el 6 de febrero. Y, por el momento, lo único que ha dicho Confebask es que acudirá a la cita, como hace siempre que le convoca el CRL, según fuentes de la patronal. Sin embargo, antes de decidir su postura o si se sentará a negociar, asegura que debe estudiar la propuesta. Se trata de la primera vez desde 2017 que las cuatro centrales realizan una acción conjunta. "Yo soy una creyente del diálogo, que haya diálogo siempre me parece positivo. Han dado el primer paso y ahora tenemos que ver cómo se continúa desarrollando ese diálogo", ha indicado la presidenta del CRL, Emilia Málaga, sobre la iniciativa. Málaga ha insistido en que, "por un criterio de prudencia", desde el CRL no van a entrar en realizar demasiadas valoraciones sobre este tema, si bien ha recordado que hay varias cuestiones que "están claras". En primer lugar, ha señalado que hay una resolución del Parlamento Vasco de 2023 que recogía la conveniencia de que sindicatos y empresarios alcanzaran un acuerdo que contemple un salario mínimo de negociación colectiva adecuado a la "realidad socioeconómica" de Euskadi.

1.903,75 euros al mes. Es el coste que van a tener que asumir las empresas por cada trabajador que cobra el SMI si Yolanda Díaz eleva la cuantía un 4,4% y lo sitúa en 1.184 euros. Según los cálculos que manejan los empresarios, la intención anunciada de la vicepresidenta de aumentar otros 50 euros la nómina va a implicar que el desembolso que tienen que hacer las compañías por contratar a estos trabajadores va a superar los 1.900 euros mensuales por primera vez en la historia. Un incremento de los costes laborales que se va a ver agravado por la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales y que la patronal aspira a que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, logre contener. Trabajo se reúne este miércoles con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para proponer una subida del SMI de 50 euros al mes. Esa primera toma de contacto se producirá después de que Díaz presente el informe de la comisión de expertos que recomienda incrementar el salario mínimo entre el 3,4% y el 4,4%. Es la horquilla que plantean para garantizar el poder adquisitivo y la cobertura del nivel del 60% del salario medio. Y la ministra de Trabajo va a optar por la subida máxima. Según los cálculos de Cepyme, subir el SMI hasta los 1.184 euros implica un incremento de más de 80 euros en el coste salarial mensual. Esto es así porque al SMI bruto que percibe el trabajador, donde se incluye el IRPF y las cotizaciones a cargo del asalariado, hay que sumar las cotizaciones que paga la empresa.

Euskadi está decidida a convertirse en punta de lanza de la reindustrialización en Europa, y para ello anunció ayer un nuevo programa de ayudas dirigido a pequeñas y medianas empresas (pymes) por valor de 500 millones que se presentará a principios del mes de febrero, doblando prácticamente el montante del pasado año (272 millones). Es una de las noticias que dejó ayer el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, tras la reunión del Consejo de Gobierno en el balance que realizó de los principales programas de ayudas destinados a la industria en 2024, canalizadas la mayoría de ellas a través del Grupo SPRI. En total, más de 4.100 empresas (mayoritariamente pymes) y 68 agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación se vieron beneficiadas el pasado ejercicio por unas ayudas que ascendieron a 272,3 millones, que traccionaron una inversión desde el sector privado de 745 millones. «Las políticas que hemos puesto en marcha desde el Gobierno Vasco implican que por cada euro público invertido las empresas han invertido 2,73 euros», señaló el consejero. Además de traccionar una inversión privada que casi triplica a la pública, este programa de promoción industrial consiguió crear 751 puestos de trabajo y consolidar 2.411. Los principales programas de ayudas industriales del Gobierno Vasco han estado dirigidos en 2024 a «promover más y mejor industria y menos emisiones de CO2», abarcando materias como la I+D+i (145 millones), Promoción Industrial y Empresarial (55,4), Transformación Digital (18,6), Internacionalización y formación de talento (19,2), Descarbonización (17,6), Innovación (12,5) y Emprendimiento (con ayudas por valor de 4,1).

El consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi, resumió ayer con contundencia la posición de su Ejecutivo sobre Talgo: un apoyo sin fisuras al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, alineado «a una», además, con el Ministerio de Transportes. Es el mensaje que el Gobierno autonómico quiso enviar tras su reunión semanal y ante las dificultades para encauzar la operación por diferencias de precio y ante el interés de la empresa pública polaca Pesa y la india Jupiter Wagons. El principal accionista de Talgo, el fondo Trilantic, quiere vender su 29,9% de acciones y Sidenor es, para Jauregi, la «opción del arraigo» y en la que «los dos gobiernos –en referencia también al central– estamos». El responsable de la cartera industrial vasca destacó especialmente la sintonía que mantiene con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para mantener la operación dentro del marco nacional. Jauregi confirmó la celebración de una reunión el jueves pasado con representantes de Trilantic, Sidenor y PwC –que asesora la operación– con Puente en Madrid. El objetivo fue dar un impulso definitivo a las negociaciones atascadas en el precio. El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha desvelado su intención de ofrecer hasta 4 euros por el 29,9% de las acciones de Talgo que tiene en su poder el fondo anglosajón. Eso supondría 150 millones que no son insuficientes para Trilantic, ya que pide 5 euros por título, unos 183 millones. El consejero de Industria recurrió a un símil de regatas al señalar que, como en una competición de traineras, estamos en la última «txanda», en la que «vemos a Jainaga en cabeza, por lo que hay que apretar los dientes para ver si cogemos la última ola». 

El Gobierno Vasco busca en las últimas semanas una salida que evite el cierre de Astilleros Balenciaga, actualmente en concurso de acreedores. Ayer, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, destacó que el Gobierno Vasco está «liderando las conversaciones» para buscar nuevos inversores. «Lo que tenemos que hacer es encontrar un inversor que tenga un proyecto industrial de futuro, con una trayectoria acreditada, que favorezca o promueva el arraigo de la actividad industrial en Euskadi y el mantenimiento de los puestos de trabajo y de todos los suministradores», defendió. Jauregi explicó que están hablando con diferentes inversores, pero defendió que este proceso se debe hacer «con discreción y con cierta calma» aunque con «la urgencia» que requiere la necesidad de «dar estabilidad» a los trabajadores afectados. Cofides, sociedad público-privada especializada en la gestión de fondos estatales que ofrece financiación a medio y largo plazo, reclama 12 millones de un préstamo participativo por las ayudas del Covid y no acepta la oferta de la dirección de Balenciaga de abonar una primera suma de 1,3 millones y otra posterior vinculada a la construcción de dos barcos que la firma guipuzcoana tenía ya comprometida si salía adelante el plan de reestructuración. Desde este organismo apelan al control europeo que les obliga a ser exigentes en la recuperación de los préstamos.

Instituciones y empresas han sumado esfuerzos para potenciar el papel de la mujer en la industria, pero las directivas siguen siendo una gran minoría del sector en Euskadi. Así lo vuelve a ratificar el segundo Informe sobre Igualdad y Liderazgo que la red Professional Women’s Network (PWN) ha elaborado en base a más de 600 encuestas realizadas en 2024 durante la Bienal de Máquina Herramienta. Sus resultados señalan además que apenas una de cada seis compañías tienen comités directivos con una representación equilibrada entre hombres y mujeres, y que hasta en dos de cada tres predominan los hombres incluso entre los mandos intermedios. «Es una realidad innegable que la participación de las mujeres en la industria, especialmente en puestos de liderazgo, sigue siendo insuficiente. Aún son pocas las mujeres que alcanzan los niveles de decisión en las empresas», lamentó ayer la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, en la apertura del evento en el que se presentó el informe. Allí demandó una mayor igualdad «para aprovechar todo el talento disponible», ya que se trata «no solo de una cuestión de justicia, sino también de eficiencia y competitividad». La presidenta de PWN Bilbao, Ana Andueza, detalló que esta brecha se reduce especialmente en las compañías lideradas por mujeres –en sus comités de dirección la desigualdad baja un 20%–, «aunque todavía queda mucho camino por recorrer». El acto celebrado en Bilbao sumó una mesa redonda con directivas de algunas de las principales empresas vascas: Miren de la Cruz (Ormazabal), Leire Rubio (Arteche), Elena Cobo (Tecuni) y Begoña Díaz (Iberdrola). Esta última destacó que los avances de los últimos cinco años «permiten ser optimistas» y huyó de las generalizaciones que marcan diferencias entre liderazgos masculinos y femeninos. «Creo que hay hombres muy empáticos y mujeres muy impositivas», ejemplificó.

La exención en el IRPF del 100% de los ingresos por alquiler propuesta por Sánchez duplica la de las haciendas forales. La reforma fiscal vasca, que están tramitando las diputaciones y que llega ahora a su proceso de debate y aprobación en Juntas Generales, había recogido este guante para mejorar el trato en los impuestos por la vivienda habitual. Pero el enfrentamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular ha abierto un nuevo escenario. Sus propuestas encarnan las dos filosofías para afrontar la solución: la primera, más intervencionista sobre el mercado; y la segunda, más partidaria de liberalizar la acción de las empresas para acelerar la construcción de viviendas. Aunque las diputaciones defienden que el paquete global sobre vivienda en Euskadi es, en su conjunto, más ambicioso, algunas de las medidas que pondrán en marcha las comunidades autónomas gobernadas por los populares y las propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez alientan una carrera que va más allá. Es el caso de uno de los anuncios estrella presentados este lunes por el presidente Pedro Sánchez: la exención en el IRPF del 100% de los ingresos por el alquiler para el propietario. Una bonificación que se aplicará cuando la renta sea la misma que fija el índice de precios de referencia. Es un incentivo que supone duplicar el 50% que, como máximo, plantean las diputaciones vascas en su reforma fiscal. Así las cosas, fuentes de las tres instituciones forales han confirmado su disposición «abierta» a «escuchar», «mejorar» y «dialogar sobre nuevas propuestas».

Los planes del Gobierno para ampliar el parque público de vivienda bajo el paraguas de la nueva empresa estatal que se encargará de gestionarlo no discurrirán, ni mucho menos, por un camino de rosas. Una de las medidas estrella, anunciada esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será la transferencia de 30.000 inmuebles actualmente en manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a esa cartera. Cifra que implica serias dudas a la hora de estimar cuándo estarán disponibles, en la práctica, esas casas para los ciudadanos. Y no solo por el volumen. Según datos de la Sareb, de las 38.300 viviendas que actualmente mantiene en balance –el organismo vende, pero también incorpora inmuebles en algunas ocasiones–, el 60% están habitadas. Esto quiere decir que la nueva empresa pública de vivienda se encontrará con que buena parte de las casas que reciba podrían estar habitadas. Es decir, ya no podrían servir para ponerlas en el mercado de forma inmediata. Fuentes del Ministerio de Vivienda aseguran que, llegado el momento, habrá una solución para tales casos, recordando además que existen contratos que se firman con determinadas condiciones y que irán venciendo. El Ejecutivo debe jugar así con los plazos, de ahí que el primer objetivo sea incorporar 13.000 viviendas de las 30.000 de Sareb en su plan durante el primer semestre del año. Esa cifra está en línea con las que están vacías. El problema es que, en este caso, también será difícil incorporarlas al mercado de manera inmediata, pues «hay algunas que están disponibles para entrar a vivir ya y otras no». 

El plan de choque en materia de vivienda anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resultado en subidas bursátiles para las inmobiliarias cotizadas en Bolsa, la mayor parte de las cuales toman la forma legal de socimis. Una respuesta que contrasta en gran medida con la reacción a la propuesta de gravamen sobre las inversiones en vivienda de estas sociedades, lanzada en diciembre por el Ejecutivo pero que acabó decayendo durante la tramitación parlamentaria. Así, en la sesión de ayer Neinor Homes subió un 3,73%; Inmobiliaria Colonial, un 1,9%, y Merlin Properties, un 4,94%. Eso, a pesar de que Sánchez aseguró que “vamos a cambiar el régimen de ventajas fiscales que tienen las llamadas socimis [...] para acabar de una vez con esa injusticia y es que algunos inversores usen este instrumento para pagar menos impuestos que los ciudadanos de a pie al comprar la misma vivienda”. La promotora Neinor Homes, que no es una socimi, ha comunicado a la CNMV que el impacto del cambio de la fiscalidad de la vivienda no afecta a su negocio de venta. En concreto, la sociedad ha indicado que apenas el 2% de sus clientes estarían afectados por la subida de los impuestos a las compras de vivienda por ciudadanos de fuera de la UE. El 90% de las preventas cerradas en 2024 corresponden a ciuel dadanos españoles, y otro 20% a comunitarios. “La sociedad no prevé que dichas medidas tengan un impacto significativo en Neinor”, indica la empresa, que ha aprovechado para destacar papel de las promotoras como solución para mejorar el acceso a la vivienda. La empresa ha recuperado los 16 euros, cerca del máximo histórico de 17,28 marcado poco antes del cierre de año.

El Gobierno ha decidido endurecer el régimen fiscal del que disfrutan en España las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, conocidas como socimis, y “condicionar” sus ventajas tributarias a la promoción de inmuebles en alquiler asequible. Sin embargo, según las explicaciones avanzadas el lunes por fuentes del Gobierno, la medida solo afectará a las sociedades que inviertan en el mercado residencial, es decir, solo a 3 de las 15 mayores socimis de España: Testa Residencial, Vivenio Residencial y Fidere. Esto permitirá que el resto, entre las que se incluyen Merlin Properties y Colonial, escapen de la modificación normativa que se vislumbra. Inmobiliaria Colonial también tiene viviendas en su cartera, pero el porcentaje es tan pequeño (un 1,4%) que apenas se vería afectada por la normativa, que deja fuera otro tipo de inmuebles, como oficinas, locales comerciales, hoteles, centros logísticos y otros activos inmobiliarios. En un balance general, el parque residencial solo representa un 15% de los 37.745 millones en activos que tienen estos 15 grupos de inversión (dos cotizadas en el Ibex 35, dos del mercado continuo, una de Euronext y 10 en BME Growth), según reflejan sus cuentas públicas. Se trata de 5.587 millones correspondientes a residencial para arrendamiento, lo que demuestra el reducido impacto potencial de la modificación fiscal propuesta, especialmente en comparación con el volumen total del sector. Además, para que esto ocurra debe ser aprobado primero por el Congreso, lo cual es difícil porque no se cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria.

Una de las medidas más novedosas del plan de vivienda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lunes ante la “emergencia habitacional” del país es la limitación de las compras de casas por parte de extranjeros no residentes procedentes de fuera de la Unión Europea. La iniciativa, avanzó el presidente, se instrumentalizará mediante un castigo fiscal, por hasta el 100% del valor del inmueble, que desincentive estas operaciones. El Ejecutivo argumenta que los no residentes acaparan cada año el equivalente a más de la mitad de las viviendas que se construyen. Británicos, rusos y latinoamericanos serán tres de los colectivos más afectados por la medida, dado su peso en la adquisición de inmuebles residenciales, especialmente a lo largo de la costa española. “Después de haber hecho un trabajo muy minucioso por parte del Gobierno de España, hemos decidido que vamos a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes”, anunció este lunes Sánchez durante la clausura del acto Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar, en Madrid. “Lo vamos a hacer incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble”, aseveró Sánchez, sin ofrecer más detalles al respecto. “Esta es una medida inédita en la historia de nuestro país pero que ya se está aplicando en otras economías y democracias, por ejemplo en Dinamarca o Canadá. Consideramos que es adecuada y muy necesaria en la coyuntura actual de emergencia habitacional en nuestro país”, defendió.

El cerco a las viviendas turísticas se estrecha cada vez más en la capital vizcaína. A las constantes sentencias que aumentan el poder de las comunidades para impedir su proliferación y a una futura ley vasca que reforzará el control sobre los que ejercen la actividad de manera ilegal, se le suma el que puede ser el golpe definitivo en Bilbao. En plena ofensiva institucional para garantizar el acceso a una vivienda digna, el Ayuntamiento presentó ayer una batería de medidas que restringe sobremanera las posibilidades de poner en marcha nuevos pisos para turistas en la villa. Entre ellas, una es determinante: obligará a que en los barrios más tensionados –Casco Viejo, Bilbao La Vieja, Matiko, Abando, Indautxu y Olabeaga– este tipo de alojamientos tengan un acceso independiente desde la calle, diferente al del resto de vecinos. Una restricción que supone un freno casi definitivo a la expansión de estos pisos solo para visitantes. El Ayuntamiento de Bilbao se suma así a la larga lista de instituciones que han puesto las viviendas turísticas en el punto de mira, aunque solo puede actuar sobre aquellas que soliciten nuevas licencias. Las que ahora operan no deberán adaptarse a la nueva normativa. Sin embargo, el Gobierno vasco estudia que la nueva ley de Turismo haga que estas concesiones caduquen, de forma que cuando se renueven tengan que amoldarse a la nueva ordenanza. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también propuso el lunes que los pisos pasen a tributar como una actividad económica. Un cargo impositivo que podría trasladarse a las haciendas vascas.

Todo apunta a que el Gobierno de Pedro Sánchez logrará sacar adelante en el Congreso su última reforma de las pensiones, pero no lo hará gracias a sus socios habituales, algunos de los cuales ya han anticipado que votarán en contra, sino de la mano de su acérrimo rival político, el PP. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, anticipó ayer que los populares votarán a favor de los últimos cambios en pensiones, fruto de un acuerdo sellado en septiembre pasado por el Gobierno con la patronal y los sindicatos para introducir nuevos incentivos al retraso de la jubilación y hacer compatible el cobro de un salario con parte de la pensión a aquellas personas que decidan mantenerse activas tras alcanzar la edad de retiro. “No estamos de acuerdo en cómo se hizo [la reforma de las pensiones], pero sí en el contenido y en el fondo”, afirmó ayer Feijóo, quien justificó su respaldo argumentando que dicha reforma es el resultado de un pacto con los agentes sociales. “Hay un acuerdo entre patronal y sindicatos y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar y negociar en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el PP se posicione a favor de ese decreto”, señaló Feijóo, quien, no obstante, no dio su apoyo como algo completamente cerrado en la votación que se celebrará el miércoles de la semana que viene. “Es necesario reunir al grupo y formar la posición definitiva”, añadió. Su anuncio, criticado por Vox por darle un balón de oxígeno al Gobierno de Pedro Sánchez, contrasta con el de algunos de los socios parlamentarios habituales del Ejecutivo, que ya han avanzado su rechazo. 

Merlin Properties y la Junta de Extremadura firmaron ayer un pacto para albergar en la región los que serían los dos mayores polos de centros de datos de España. Dos monstruos de 1GW de potencia, tres veces mayor que los proyectos existentes hasta entonces, que se desarrollarán en Navalmoral de la Mata (provincia de Cáceres) y Valdecaballeros (en Badajoz). La operación supone la entrada de lleno de Extremadura en la carrera por atraer el maná de inversiones de los centros de datos, un campo en el que Aragón ocupa una plaza destacada junto a Castilla-La Mancha y los dos grandes polos económicos del país (Madrid y Barcelona). La compañía no ha dado cifras de inversión, pero el propio CEO de Merlin, Ismael Clemente, ha dado una buena pista para calcularlo. En una entrevista en Cope, aseguró que construir 1,5 megavatios (MW) cuesta en torno a los diez millones de euros. Si se tiene en cuenta que los proyectos anunciados suman 2.000 MW, supondría la inversión de más de 13.000 millones de euros solo en la construcción, a lo que se suman más obras que podrían situar el proyecto en la línea de los más de 15.000 millones de euros prometidos por Amazon. Entre los factores que han determinado la elección de Extremadura para la instalación de los centros de datos destaca principalmente la disponibilidad de energía limpia. La Comunidad Autónoma produce seis veces la energía que consume, con lo que tiene margen de sobra para acoger en su red a ambos centros de datos. «Con este acuerdo se consigue aprovechar las ventajas competitivas de Extremadura en materia energética», señaló la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Las empresas de energía nuclear están intentando reducir los reactores al tamaño de contenedores de transporte en un intento de competir con las baterías eléctricas como fuente de energía sin emisiones de carbono. Liderada por Westinghouse , la carrera para desarrollar “microrreactores” se basa en que pueden reemplazar a los generadores diésel y de gas que se utilizan en todo, desde centros de datos hasta comunidades remotas fuera de la red y plataformas de petróleo y gas en alta mar. “Al principio, la idea era que hay sectores de la economía que son muy difíciles de descarbonizar, especialmente las comunidades remotas que dependen del diésel transportable, que es muy caro”, afirmó Jon Ball, responsable del programa de microrreactores eVinci de Westinghouse. “Pero el nivel de interés ha aumentado mucho y creemos que será un área de crecimiento importante”. La industria nuclear está viviendo un renacimiento a medida que los gobiernos y las grandes empresas tecnológicas buscan fuentes de energía limpia para cumplir con sus compromisos climáticos. Los microrreactores tienen una potencia menor, de hasta 20 MW, suficiente para abastecer a unos 20.000 hogares, y es probable que funcionen como grandes baterías, sin sala de control ni trabajadores en el lugar. Los reactores se transportarían a un lugar, se enchufarían y se dejarían en funcionamiento durante varios años antes de ser devueltos a su fabricante para reabastecerlos.

“La eficiencia es un pilar clave de las transiciones energéticas seguras, asequibles e inclusivas. La Agencia Internacional de la Energía [AIE] está trabajando más estrechamente que nunca con los gobiernos de todo el mundo para garantizar que siga siendo una prioridad política principal”, dice su director ejecutivo, Fatih Birol. Sin embargo, la propia institución asegura que “es necesario avanzar mucho más para cumplir el objetivo mundial de 2030”. En España, la última actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) contempla una mejora del 43% de la eficiencia energética para ese año. La intensidad energética –el indicador clave, o uso interior neto de energía por unidad de Producto Interior Bruto (PIB)– alcanzó los 4,4 Terajulios (TJ) por millón de euros en 2021 (último dato disponible en el INE), con una disminución del 0,2% respecto al año anterior. Aunque la cifra no parezca muy significativa, hay que tener en cuenta que el esfuerzo de mejora de la intensidad energética en España se ha ido consolidando. Según datos de Miterd, en 2023, con un crecimiento de la actividad económica del 2,5%, se logró reducir la intensidad primaria un 5,6% sobre 2022. “Los datos de 2021 sobre la intensidad energética en España son positivos porque indican que se está utilizando menos energía para generar la misma cantidad de PIB, haciéndose un uso más eficiente de los recursos energéticos, contribuyendo a la sostenibilidad y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”, explica Antonio Hernández García, socio de Sectores Regulados, Análisis Económico y Sostenibilidad en Consulting de EY.

Shell empieza a mostrar sus intenciones con Pavilion Energy, la compañía gasista adquirida el año pasado que cuenta con su centro de operaciones para Europa en España. Tras lograr la autorización del Gobierno para esta adquisición en octubre, la empresa británica originaria de Países Bajos ya ha deslizado que quiere deslocalizar la actividad de trading de gas que hasta ahora se hacía desde Madrid a Dubái y Singapur, donde Shell cuenta con sus centros de operaciones. Las razones de este cambio, además de cuestiones operativas, están siendo justificadas por razones de optimización fiscal, según fuentes al tanto de la situación. Además, la actividad comercial con sus clientes, conocida como downstream, pasaría a operarse desde Londres. Con este plan, responsables de Shell ya han dejado caer a los casi 50 trabajadores que tiene Pavilion Energy en España que tendrán que trasladarse a Singapur, Dubái o Londres para mantenerse en la compañía, señalan las mismas fuentes. Shell declinó hacer comentarios. Las fuentes consultadas señalan que dicho plan de traslados obligatorios supondrá el desmantelamiento del hub que la compañía gasista propiedad del fondo Temasek había establecido en España hace cinco años tras la compra de los contratos de gas a Iberdrola. 

El Emirato árabe de Abu Dhabi, uno de los mayores inversores extranjeros en el sector energético en España, ha puesto en marcha un gigantesco plan de desarrollo en renovables en todo el mundo que podría rebasar ampliamente los 150.000 millones de euros. España será uno de sus grandes focos por las oportunidades en este país, por la posibilidad de alianzas y por su idea de hacer del país su plataforma (hub o, más popularmente, su gran cuartel general) para crecer en Europa. Así se ha puesto de manifiesto en la Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) que se está celebrando estos días en la capital emiratí. La ADSW es considerada la mayor feria empresarial de las renovables en el mundo. La cumbre tiene como principal patrocinador a Masdar, el gigante de renovables de Abu Dhabi. Masdar, controlado por los grupos estatales Mubadala –dueño de Cepsa en España, ahora Moeve–; Taqa –que intentó negociar sin éxito la compra de Naturgy– y Adnoc, la petrolera de Abu Dhabi. Masdar fue el mayor inversor en renovables en España durante 2024, con la compra de activos para coinvertir con Endesa y la adquisición de Saeta Yield al fondo Brook- field, en operaciones de 3.000 millones de euros. Pero sus directivos explican que “sigue buscando oportunidades”. “Si se quiere estar en renovables en el mundo se tiene que estar en España”, explican desde Masdar. Desde Madrid, se canalizarán inversiones para España y también hacia otros países de Europa occidental.

China está explorando la posibilidad de vender a Elon Musk las operaciones de Tik- Tok en Estados Unidos para evitar su cierre en el país norteamericano. Según Bloomberg, las autoridades chinas evalúan esta vía como una “posible opción” dentro de las discusiones internas sobre cómo afrontar la ley estadounidense que exige a ByteDance, matriz de TikTok, desprenderse de su negocio en Estados Unidos antes del 19 de enero. El Tribunal Supremo de Estados Unidos parece inclinado a respaldar la ley que prohibiría TikTok por motivos de seguridad nacional, a menos que ByteDance desinvierta de la plataforma de vídeos cortos. Sin embargo, Financial Times asegura, citando a personas familiarizadas con las discusiones oficiales que, más que una venta, lo que se persigue es que Musk pueda ayudar a negociar un acuerdo que evite el cierre. La postura oficial de Pekín hasta ahora ha sido la de defender la propiedad china de TikTok. La hipotética venta de la red social requiere de la aprobación de la Administración china, dado que los algoritmos en los que se basa la plataforma están sujetos a controles de exportación. Según publica The Wall Street Journal, no hay constancia de que el gobierno chino haya planteado a Elon Musk la posibilidad de que adquiera TikTok. El rotativo asegura, citando fuentes anónimas conocedoras de las discusiones, que la opción está encima de la mesa en Pekín. El magnate estadounidense, una figura clave en la próxima administración de Donald Trump, tiene relación con altos funcionarios chinos debido a sus intereses empresariales en el país a través de Tesla.

Pete Hegseth es, en palabras del senador Roger Wicker, «un brillante comunicador», que como presentador de ‘Fox and Friends’ ha cautivado a la audiencia conservadora y, en particular, a Donald Trump, quien lo nominó para jefe del Pentágono pese a no tener ninguna experiencia en gestión militar, más allá de haber liderado dos organizaciones de veteranos que llevó a la bancarrota. Ayer tuvo que enfrentar su pasado ante a los senadores que lo cuestionaron durante su audiencia de confirmación. El que puede ser el próximo secretario de Defensa afronta acusaciones de racismo, sexismo, acoso sexual y malas gestiones financieras, entre otras cosas. Cree que las mujeres «no deberían estar en puestos de combate, punto», porque además de ser «inferiores» son «una distracción». Considera que el Pentágono ha degenerado en una organización en la que «se le quita el rifle a cualquier soldado que cometa un error, pero se asciende a los generales que pierden guerras». En su opinión, el respeto a la Convención de Ginebra y a otras normas internacionales de defensa de los derechos humanos «hacen imposible ganar guerras», insistió ayer, porque los enemigos no respetan ninguna de esas normas. La OTAN es, «en el mejor de los casos, una reliquia», ha escrito, y no dudaría en utilizar la fuerza para tomar Groenlandia o el Canal de Panamá si se lo pidiese su comandante en jefe, Trump. 

El alto el fuego en Gaza está «en el momento más próximo» y los obstáculos principales «han sido solucionados». En Doha, ayer trabajaron un día más los enviados de Israel, Estados Unidos, Egipto, Qatar y Hamás y el portavoz de Exteriores del reino, Majed Al Ansari, explicó en rueda de prensa que «las discusiones actuales se centran en ultimar los detalles restantes». Tras las experiencias vividas en mayo y julio, cuando todo parecía cerrado e Israel dio marcha atrás en el último instante, Al Ansari dijo que el ambiente es «positivo y somos optimistas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero no debemos ser demasiado optimistas». Donald Trump quiere la guerra detenida antes del lunes, día de su investidura, y no parece que Benjamín Netanyahu vaya a llevarle la contraria, pero dentro del país hay una fuerte campaña anti-acuerdo que amenaza la continuidad del Gobierno. Han transcurrido 15 de meses de una guerra infernal que deja más de 46.000 fallecidos. Los gazatíes, que sufrieron este martes una nueva jornada de duros bombardeos con decenas de muertos, y las familias de los rehenes israelíes son quienes esperan con más ansiedad la confirmación oficial. Los familiares de los cautivos se reunieron con Netanyahu y en el transcurso del encuentro les informaron que el acuerdo se firmará «en cuestión de horas». El primer ministro les transmitió su deseo de traer a casa a todos los cautivos y sus interlocutores le respondieron que «las palabras no son suficientes». Los familiares echan en cara al dirigente del Likud haber antepuesto sus intereses personales y políticos a la vida de sus allegados.