20240224

Instalada en el Cic bioGUNe, en el Parque Tecnológico de Bizkaia, «convierte nuestro laboratorio en el mejor del sur de Europa« en el campo de la Resonancia Magnética Nuclear, asegura Millet y corrobora Jesús Jiménez Barbero, director científico del centro. «No es exagerado decirlo», subraya sobre un artilugio que ha supuesto una inversión superior a los 5 millones de euros aportados por el Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ministerio de Innovación y Ciencia. «Es otro ejemplo de la apuesta por la investigación, que demanda de una inversión estable y sostenible. Hemos conseguido el objetivo que nos marcamos hace diez años: en innovación, estamos por encima de la media europea», ha destacado el lehendakari Urkullu. Ha estado acompañado, entre otros, por la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia; el rector de la Universidad de Deusto, Juan José Etxeberria, y el director del Cic BioGUNE, José María Mato, que ha recordado los 19 años que cumple el centro que dirige: «Empezamos un pequeño grupo de personas y ahora somos 238 de 18 nacionalidades que han publicado en torno a 2.000 artículos científicos y conseguido dos premios nacionales de investigación.» La Resonancia Magnética Nuclear es una técnica que permite estudiar las propiedades moleculares de una manera detallada. «Es como una lupa que permite ver a nivel atómico», explica Jiménez Barbero. En los hospitales se utiliza en esas grandes máquinas donde se introduce a los pacientes tumbados para crear imágenes del interior de sus cuerpos y poder diagnosticar enfermedades, planificar el tratamiento o averiguar si este funciona bien. «Es lo mismo solo que aquí no obtenemos imágenes», sino esa especie de manchas diseminadas sobre la pantalla del ordenador, dice Millet. En el centro vizcaíno tiene dos áreas de aplicación fundamentales. De un lado, la llamada medicina de precisión, un enfoque de la investigación que busca curar y prevenir las enfermedades fijándose en las particularidades genéticas y moleculares de cada paciente. Se está aplicando ya desde hace unos años en el tratamiento del cáncer con muy buenos resultados. Y de otro, el diseño de nuevos fármacos.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) que depende del Gobierno Central, ha aportado 808,5 millones a la financiación de 1.493 proyectos vascos durante la última década. El Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, destacaron ayer el «notable peso alcanzado por el CDTI en Euskadi, donde ha financiado el 66,74% de los presupuestos presentados por las empresas vascas». «Estamos hablando del 10% de los proyectos financiados en toda España, una cifra bastante superior al peso real de la economía vasca en la economía», subrayó Denis Itxaso. Gipuzkoa ha recibido 392,35 millones, Bizkaia 305,51 millones de financiación y a Araba han llegado 109,79 millones. Según explica Itxaso, «el nivel de gasto en I+D sobre el PIB en Euskadi está en niveles europeos». Esto se corresponde con la realidad de una fuerte inversión privada y también con la importante presencia y relación que las empresas vascas mantienen con el sistema de apoyo institucional a la innovación que aporta el Ministerio de Ciencia e Innovación.

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, destacó ayer que Euskadi es «una de las comunidades que más empleo crea», y también «mucho» en el sector privado, porque «que solo se crea empleo público es un mito», aseguró. De hecho, estimó que en este 2024 se puede alcanzar la cifra de 1.030.000 personas trabajando en la comunidad autónoma, «algo que estaba previsto para 2027», dijo. Durante su intervención en el Forum Nueva Economía en Bilbao, Mendia rechazó las voces que critican que «Euskadi no crece» y aseguró que, por contra, es «una de las comunidades autónomas que más empleo crea, y no solo en el sector público». La consejera recordó que cuando asumió el departamento vasco de Trabajo «todo el mundo auguraba una pérdida de empleo brutal». Sin embargo, en 2024 se «va a alcanzar, según las expectativas de generación de empleo que los propios empresarios vascos han dado, algo que estaba previsto para el 2027, la cifra de 1.030.000 personas trabajando y con derechos». Mendia reconoció que «las empresas son un motor», pero a su vez «el motor de la competitividad de las empresas son las personas», de manera que «la apuesta por las personas, por el capital humano, por su formación, por su talento» va a ser «la clave». Sobre los retos pendientes del mercado laboral vasco, señaló que es preciso conseguir que únicamente «estén en empleos a tiempo parcial aquellas personas que quieran estarlo». A este respecto, recordó que los empleos con jornada a tiempo parcial se dan muy mayoritariamente entre las mujeres y «no la tienen porque la quieran tener». Por ello apostó por «seguir trabajando en la incorporación plena de las mujeres a un empleo a tiempo completo», lo que va a «significar un esfuerzo por el lado de las políticas públicas, de suministrar servicios públicos para los cuidados», porque muchas mujeres dejan de trabajar «unas horas para cuidar a sus dependientes, sean estos mayores o pequeños». La vicelehendakari también advirtió de la necesidad, ante el envejecimiento de la población y la incidencia que ello tiene en el mercado laboral vasco y la falta de perfiles cualificados, de los programas para «retener» el talento y recualificar a las personas mayores de 50 años. «Si los nórdicos con 60 años están en el 80% de la empleabilidad, nosotros estamos en el 50% o en el 60%», advirtió.

Euskadi ha recibido un total de 2.073 millones de euros de los Fondos Europeos de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los cuales, 1.192 (el 57%) son gestionados a través del Gobierno vasco y 881 (el 43%) directamente por el Estado. Estas cifras fueron aportadas ayer por el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, en su comparecencia ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento vasco para informar de la afectación en Euskadi de esos fondos europeos y del MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia). Sin embargo, estos datos difieren de los ofrecidos el pasado 31 de enero por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, que informó de que los fondos europeos de recuperación llegados a Euskadi ascendían a 2.846 millones de euros. Una cifra resultante de sumar los 426 del pago que las instituciones comunitarias hicieron llegar en plena pandemia para soportar los gastos asistenciales (React EU), y los 2.419 del Mecanismo de Resistencia y Resiliencia (MRR). De esta última cantidad, casi la mitad, 1.152, eran gestionados por el Gobierno vasco, según detalló Itxaso. En su comparecencia de ayer, Azpiazu señaló que con datos a cierre de 2023, de los 26.165 millones de euros distribuidos a las comunidades autónomas para el período 2021-23, vía conferencia sectorial o concesión directa, a Euskadi se le habían asignado para su gestión por el Gobierno vasco un total de 1.192 millones de euros, el 4,55% del total de los fondos asignados a las comunidades. De ellos, el 76% a través de conferencias sectoriales y el 24% vía concesión directa. Además, el País Vasco había captado otros 881 millones a través de convocatorias y adjudicaciones directas del Estado. Ver nota de prensa y comparecencia de Pedro Azpiazu

El tráfico de mercancías en el Puerto de Bilbao experimentó un fuerte aumento del 22,6%% durante el primer mes de este año respecto al mismo de 2023. En enero se movieron en la dársena vizcaína casi tres millones de toneladas, en concreto, 2,99 millones, experimentando el mayor crecimiento interanual entre los principales puertos españoles y muy por encima de la media del conjunto, que se situó en un aumento del 3,4%. El notable incremento de tráfico de mercancías en el Puerto de Bilbao se debió al crecimiento de un 42% en el movimiento de graneles líquidos (petróleo y sus derivados, gas natural y biocombustibles), que totalizaron 2,13 millones de toneladas, más del 71% del tráfico total registrado en la dársena del Abra. Por contra, el movimiento de los graneles sólidos (productos siderometalúrgicos, maquinaria, vehículos y piezas, principalmente) cayó un 16,3%, con poco más de 280.000 toneladas. En cuanto al número de buques, en el primer mes del año utilizaron el Puerto de Bilbao 197 mercantes, dos más que en enero de 2023.

Después de unas semanas de negociación, organizaciones de productores y agricultores independientes llegaron a un acuerdo para hacer un frente común contra la utilización de uvas de la DOCa Rioja para elaborar vino de mesa. Ambos colectivos quedaron pendientes ese día de si la UAGA y la UAGN de Navarra se unían al pacto. Ayer, los responsables de la Unión Agroganadera alavesa confirmaron que se suman a las medidas que buscan frenar la crisis de sobreproducción y bajada de precios de sus productos, entre las que se encuentra esta. De hecho, recordaron que ya plantearon esta opción en un encuentro de la Interprofesional del Vino de Rioja el pasado jueves 15. En esa cita, la organización de Logroño abordó este punto a petición de la UAGA, que propuso la creación de una comisión que aborde el fin de este vino, más barato pero con la misma etiqueta que los grandes caldos de Rioja. El sindicato agropecuario planteó, asimismo, el arranque de viñedo. Esta propuesta, que lleva en la agenda del colectivo alavés desde hace un año, ha ido sumando adeptos desde hace algún tiempo. A principios de este mes, sin ir más lejos, fue la Asociación de Bodegas Familiares quien suscribió la medida como paliativo para la crisis de sobreproducción que experimentan los caldos riojanos. Fuentes de la organización que lidera Edurne Basterra señalan que el acuerdo al otro lado del Ebro no dista en nada de las exigencias del campo alavés. Las líneas de acción son las mismas: retirada del vino de mesa y un arranque de viñedo que sea «voluntario y subvencionado». Si la UAGA se suma a la «unidad de acción» de los agricultores riojanos en el Consejo Regulador, podrían tener la fuerza para bloquear los acuerdos en el gobierno de la DOCa Rioja. Juntas, las organizaciones de los productores sumarían una minoría de más de 50 asientos sin la que nada podría salir adelante. 

La resistencia del mercado laboral y también la fuerte contracción del crédito a raíz de la subida de los tipos de interés por parte del BCE, provocó que las entidades financieras españolas lograsen en 2023 mantener a raya su ratio de morosidad. Algo que un año antes parecía prácticamente imposible ante el fuerte repunte del euríbor que tanto ha encarecido los préstamos. En concreto, el dato de mora cerró diciembre en el 3,54%, exactamente igual que a finales de 2022, cuando el inicio del ciclo de subidas de tipos había desatado los peores augurios en torno a un descontrol de los impagos, sobre todo en el segmento de las hipotecas a tipo variable. Esa estabilidad en la mora bancaria ha venido dada por dos vías: por una notable contracción del crédito, que a cierre de diciembre situó la cartera total en 1,181 billones de euros, desde los 1,219 billones del cierre de 2022; y por esa caída del saldo de préstamos dudosos que a lo largo del año, y pese al repunte experimentado en ciertos periodos mensuales –sobre todo en consumo y algún tramo hipotecario–, despidió el ejercicio en 41.868 millones de euros. Una cifra que supone 1.300 millones menos que 12 meses atrás, cuando los impagados ascendían a 43.159 millones. Mención aparte merecen las financieras de consumo, donde después de cinco meses de máxima tensión en la que la ratio de morosidad se había disparado hasta rozar el 7%, máximos desde mayo de 2022, en diciembre vieron cómo esa tasa se reducía hasta el 6,33%.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la contratación temporal en la Administración española, con miles de trabajadores encadenando un contrato tras otro, ha sido tan contundente que ha generado enormes expectativas entre los interinos del sector público, donde la tasa de temporalidad ronda el 30% a nivel nacional, el doble que la del sector privado. En el caso de Euskadi se eleva incluso hasta el 44%, lo que sitúa a la comunidad vasca a la cabeza de España en temporalidad en el sector público. En concreto, el tribunal europeo insta a los tribunales españoles a poner coto a esa práctica porque considera que el Derecho nacional no disuade del abuso de la interinidad. No obstante, tendrán que ser estos tribunales españoles los que interpreten en cada caso la exhortación del TJUE de que los interinos de larga duración se conviertan en fijos. Precisamente, el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, pidió ayer esperar a que los tribunales españoles interpreten la sentencia del tribunal europeo, ya que se ha hecho una interpretación «muy extensiva» sobre la misma «que no parece muy justificada», afirmó. A juicio del ministro, el dictamen del TJUE se refiere a «unos casos muy concretos», aparte de que traslada a los tribunales españoles la toma de decisiones finales.

Amaia Zarrabeitia es una de las decenas de miles de interinos vascos que han señalado en rojo la fecha de este pasado jueves. Y es que «tras 27 años encadenando contratos como interina en el Gobierno Vasco», la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) que insta a España a hacer fijos a los interinos supone todo un espaldarazo a la reclamación histórica de este colectivo. Amaia, que es portavoz de Interinok Taldea, lleva años padeciendo en sus propias carnes una situación que se ha ido cronificando. Y es que tras acceder a una bolsa de trabajo del Gobierno Vasco en noviembre de 1996 y pasar cuatro procesos selectivos en los que quedó muy bien situada, logró un puesto en el Gobierno Vasco en Lakua en febrero de 1997. Desde entonces ha ido encadenando contratos en plazas muy estructurales y en el último nombramiento desde 2009, «pero sin posibilidad de consolidar un puesto de trabajo, porque no ha habido prácticamente ofertas de trabajo público», remarca. En su puesto solo tuvo una posibilidad en el año 2000. Esto ha hecho que se haya perpetuado en esta situación sin que haya podido pasar a ser fija. Explica que en el Gobierno Vasco –Lakua y sus delegaciones– hay unas 4.000 personas en la misma situación porque no han tenido oposiciones desde 1990, 2000 o 2010, dependiendo de la escala en la que estén. Amaia Zarrabeitia indica que en el conjunto de la administración pública vasca hay en torno a 60.000 interinos y temporales, a los que también les afecta la sentencia del TJUE, remarca. La portavoz de Interinok Taldea apunta que entre el 80 y el 90% lleva más de tres años en esa situación, «que es el tiempo a partir del cual se fija qué es de larga duración y se considera que se produce un abuso porque realiza labores estructurales para la misma administración pública sin que haya habido ofertas de empleo o hayan sido insuficientes». Por lo tanto, según reflejan sus datos, serían más de 45.000 los interinos y temporales que llevan más de tres años ocupando un puesto de trabajo estructural en el ámbito público vasco. Aunque si se toma la cifra oficial del Ejecutivo de Lakua habría algo más de 61.000.

La CEOE planea enviar una carta a la Comisión Europea para quejarse por las normas aprobadas por el Gobierno que conllevan modificaciones laborales de calado, y que se han hecho al margen del diálogo social después de haberse negociado una reforma laboral en 2021 que contó con el visto bueno de Bruselas. Según ha podido saber El Mundo de varias fuentes, este fue uno de los puntos discutidos por la patronal en la reunión que mantuvo este miércoles su Junta Directiva. Desde CEOE, ni confirman ni desmienten que fuera así porque las conversaciones de la Junta son «confidenciales», aseguran a este periódico. El objetivo es hacer saber a la Comisión que tras la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021 han sido muchas las modificaciones que se han aprobado sin consultar a los agentes sociales y que afectan al marco laboral. Muchas de ellas no han sido aprobadas de forma individualizada, sino que se han ‘colado’ en normas ómnibus que abordaban otros asuntos. La reforma laboral fue consensuada entre patronal y sindicatos y constituía un hito del Plan de Recuperación a cambio del cual estamos recibiendo fondos europeos milmillonarios. Pese a ello, es poco probable que la Comisión pueda o quiera meterse en la soberanía nacional, ya que aunque el Gobierno haya acordado con los agentes sociales esa reforma, eso no es óbice para que pueda aprobar más legislación si cuenta con las mayorías necesarias para sacarlas adelante en el Parlamento. Sí es posible, no obstante, que esas nuevas normas y su impacto en el mercado laboral sean evaluadas por las instituciones comunitarias en el marco del Semestre Europeo, mediante el cual Bruselas coordina y supervisa las políticas sociales y de empleo de los estados miembro.

Cepsa y Bio-Oils pusieron este viernes la primera piedra de la que será la mayor planta de biocombustibles de segunda generación (2G) del sur de Europa que, localizada en Palos de la Frontera (Huelva), supondrá una inversión de 1.200 millones de euros y la creación de 2.000 empleos directos e indirectos. Esta instalación, que producirá anualmente de manera flexible 500.000 toneladas de combustible sostenible de aviación (SAF) y diésel renovable (HVO) y cuya puesta en marcha está prevista para 2026, permitirá a la joint venture formada por ambas compañías duplicar su capacidad de producción actual. El acto de inicio del proyecto contó con la presencia de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el presidente andaluz, Juanma Moreno; el CEO de Cepsa, Maarten Wetselaar, y el director general de RGE, Anderson Tanoto, que gestiona un grupo de empresas manufactureras basadas en recursos naturales, entre ellas Apical y Bio-Oils, y el director ejecutivo de Apical, Pratheepan Karunagaran. Ribera precisó que este proyecto encarna el compromiso de estas compañías con “la construcción de infraestructuras esenciales para descarbonizar” la economía. Por su parte, Wetselaar remarcó que el proyecto será “un referente europeo en el campo de las moléculas verdes”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sopesa imponer una sanción de 530 millones de dólares (486 millones de euros), la mayor de su historia, a la plataforma de alquiler de alojamiento Booking. Así lo ha notificado la compañía en la presentación de los resultados del cuarto trimestre de 2023, hecha pública el jueves. “La compañía se ha anotado unas pérdidas de 530 millones de dólares en los resultados de 2023 relacionadas con una decisión preliminar de la autoridad de competencia de España”, relata en la información facilitada al supervisor bursátil estadounidense (SEC). La máxima autoridad de Competencia en España anunció en octubre de 2022 la apertura de un expediente sancionador contra Booking a raíz de dos denuncias presentadas ante la CNMC por parte de la Asociación Española de Directores de Hotel y de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. En ambas demandas se acusaba a la plataforma de una serie de prácticas que podían suponer “un abuso de la posición de dominio de Booking” con respecto a los servicios de intermediación que ofrece a los hoteles. En concreto, ese abuso se ejercía de dos maneras, siempre según la versión de la CNMC. En primer lugar, con la imposición de condiciones inequitativas a los hoteles situados en España; y en segundo, con la implementación de políticas comerciales “que habrían podido tener efectos 'exclusionarios' sobre las demás agencias de viajes online”. Además, Competencia enfatizaba que las conductas investigadas también incluirían prácticas “que explotarían la situación de dependencia económica que tendrían los hoteles situados en España con respecto a Booking”.

El mercado español de telecomunicaciones está enfriando su feroz competencia en los últimos años. A pesar de las irrupciones en el ecosistema de dos operadores tan disruptivos como MásMóvil (a partir de 2017) y de Digi (desde 2020, sobre todo) que ha arrebatado a los tres principales operadores (Movistar, Orange y Vodafone) grandes proporciones de sus bases de clientes, la realidad de los datos demuestra que a partir de 2021, la pugna entre los operadores por robarse clientes unos a otros está cediendo. Y en una proporción importante. Así, la portabilidad (cuando un cliente cambia de operador manteniendo su número) de líneas móviles, que es el ratio más ajustado para medir el nivel de competencia del ecosistema de telecos en España, lleva bajando, año contra año, desde 2019 y más consistentemente desde 2021. La razón principal de esta caída de los niveles de portabilidad es una menor actividad comercial en cuanto a promociones de precios. Las típicas ofertas de rebajas del 50% o del 25% en el precio durante unos meses que se producían otros años, se han ido reduciendo tanto en el porcentaje de rebajas como en el número de meses, lo que hacen las promociones menos atractivas y provoca que el churn (el cambio de operador) se haya ido reduciendo en muchas operadoras. Este fenómeno de reducción de promociones es más intenso en la franja premium y media del mercado, mientras que en el bajo coste las ofertas si han seguido bajando.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, percibió una retribución total en 2023 por el ejercicio de sus funciones de 13,83 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,9% con respecto a la recibida en 2022, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De ese importe, un total de 6,47 millones correspondieron a la remuneración en metálico, incluyendo 2,25 millones de euros en concepto de sueldo y 6,78 millones al beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados. Asimismo, percibió 582.000 euros por su pertenencia a consejos de administración de filiales del grupo (la estadounidense Avangrid y la brasileña Neoenergia). El consejero delegado de Iberdrola, Armando Martínez, que ocupa el cargo de número dos de la compañía desde octubre de 2022 y por tanto el año pasado fue su primer ejercicio completo en el puesto, percibió 4,07 millones de euros, un 25,7% más. La retribución total del consejo de administración de Iberdrola ascendió a los 23,96 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 6,4% con respecto al año anterior. Por su parte, el presidente de Telefónica, José María ÁlvarezPallete, ganó 6,32 millones de euros en 2023, un 6,9% menos que su remuneración del ejercicio anterior, mientras que el consejero delegado de la compañía, Ángel Vilá, obtuvo unos emolumentos de 4,68 millones de euros, un 6,4% inferiores a los de 2022, según el informe de remuneraciones de la operadora.

El Bundestag alemán aprobó ayer el controvertido proyecto de ley del ministro de Sanidad alemán, Karl Lauterbach, para legalizar el consumo de cannabis, a pesar de las fuertes críticas que había suscitado tanto entre expertos y la oposición, así como dentro de la propia coalición de gobierno del canciller alemán, Olaf Scholz, formada por los socialdemócratas (SPD), los Verdes y los liberales (FDP). Con esta medida, que tiene prevista su entrada en vigor a partir del 1 de abril, la coalición de Gobierno saca adelante uno de sus principales proyectos. Hasta ahora, cualquier tipo de posesión de esta droga por parte de individuos estaba prohibida en Alemania, aunque en muchos lugares tenerla en pequeñas cantidades ya no era perseguido desde hacía tiempo. El cannabis medicinal para pacientes con dolor, por ejemplo, es legal con receta desde 2017. Esta nueva ley, que recibió 407 votos a favor, 226 en contra y cuatro abstenciones, la posesión y el cultivo de ciertas cantidades por parte de adultos serán legales en el futuro. Además, el cannabis será eliminado de la Ley de Estupefacientes y los médicos podrán recetarlo más fácilmente con fines de salud. La nueva ley establece que la posesión de hasta 25 gramos de cannabis seco en lugares públicos será legal y que se pueda cultivar en casa hasta 50 gramos y tres plantas. Además, el cultivo y la distribución serán inicialmente posibles a través de clubes no comerciales, conocidos como clubes de cannabis, al que solo podrán acceder adultos y donde solo se podrá distribuir un máximo de 25 gramos de cannabis por día a sus hasta 500 miembros y un máximo de 50 gramos por mes. Sin embargo, los miembros entre 18 y 21 años recibirán un máximo de 30 gramos por mes y el contenido de THC (Tetrahidrocannabinol, principal constituyente psicoactivo del cannabis) no deberá superar el 10%. A modo de referencia: con 25 gramos se pueden hacer aproximadamente 75 porros.

Ucrania llega hoy al segundo año de guerra en medio de un apreciable alejamiento de la población civil respecto a las urgencias de su ejército, pero acuciado por la necesidad de movilizar a 500.000 nuevos soldados durante 2024. Rusia, por su parte, se asoma al trágico aniversario con una mayor fortaleza en tropas, puesto que se le estima la capacidad de captar a 30.000 militares mensuales, pero menos experimentadas. Según la Inteligencia de Kiev, Moscú tiene a 510.000 soldados desplegados en territorio ucraniano y varios miles más a la espera al otro lado de las fronteras. ¿Por qué es superior su poder de convocatoria? Según Estados Unidos, la clave reside en la extracción social de los combatientes, minorías que viven en Siberia, Daguestán o Chechenia con salarios tres veces menores a los que perciben en el ejército y deseosas de mejorar sus condiciones de vida o de adquirir una propiedad. Sin embargo, han sufrido también el desgaste de la larga guerra. El Kremlin habría perdido a sus efectivos más curtidos y estaría enviando a «reclutas no entrenados a ataques prácticamente suicidas», pero que consiguen victorias como las de Bajmut y Avdiivka, según el jefe de la Inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budanov. Los kievitas tampoco pasan por su mejor momento, «superados» en número y armas por sus enemigos.