20240520

La directora de la Bienal de Máquina-Herramienta, Mari Carmen Gorostiza, lleva 35 años «vinculada a la viruta y la taladrina». Así lo resume la responsable de la mayor cita industrial vasca, que celebrará su 32 edición del 3 al 7 de junio próximo, y que dirige desde 2012. «La industria es nuestra especialidad por el entorno en el que vivimos, donde la fabricación avanzada está en el primer orden mundial y en primera línea de competitividad». "Hemos pasado de la mecánica al control numérico, la robótica, la mecatrónica, la digitalización... pero desde luego éste sigue siendo el gran encuentro y el espectáculo de la industria, diseñado para generar oportunidades para las empresas. Mantenemos su apoyo, su confianza y las ganas de trabajar. Aun así conservamos los criterios y los valores con los que nació, con la cercanía como un rasgo distintivo, a pesar de que la magnitud de su tamaño también es un elemento diferenciador...Tenemos inscritas cerca de 1.500 firmas expositoras de 29 países, y los pabellones estarán sectorizados: en el 1 habrá máquina grande de arranque y centros tecnológicos, en el 2 firmas internacionales con enormes islas, en el 3 metrología y herramienta, en el 4 y 6 salas de conferencias, digitalización y empleo, y el 5 estará dedicado a la deformación y al corte de chapa, muy dirigido a la automoción...México es el país invitado. Es prioritario porque tiene muchas necesidades de inversión, sobre todo en automotriz y electrodomésticos. Sabemos que van a venir buscando soluciones y que nuestras empresas pueden ofrecerlas. Pero la campaña se extiende a 140 países como Estados Unidos, Canadá o Turquía. De ellos vendrán empresas visitantes. Por eso empezamos a trabajar año y medio antes para captar expositores y aquellos visitantes que les interesan...La feria también incluye un área para captar talento: el Workinn Talent Hub. Será un espacio en el que las empresas podrán entrar en contacto directo con jóvenes y perfiles profesionales. Se moverá unas 200 ofertas de empleo con mucha demanda de FP e ingenierías..."

Adrián Bertol es responsable de Analítica e Inteligencia Artificial de Euskaltel. Esta semana ha participado en el primer Congreso de Inteligencia Artificial Aplicada de Euskadi-ApplAI, abordando la oportunidad empresarial que representa esta tecnología. "...El gran salto se produce en noviembre de 2022 con el surgimiento de Chat GPT, la denominada IA generativa. Son modelos muy parecidos a los de la analítica predictiva, pero la diferencia es que ahora lo podemos aplicar a cualquier conjunto de datos. Son modelos que crean un contenido nuevo. Recogen toda la información previa y se inspiran en ella para crear algo nuevo. Son capaces de crear texto e imágenes ‘ad hoc’ y que se parecen lo máximo posible a lo que pueda crear una persona. Actualmente, en el ámbito laboral, donde más avanzada está la IA es en la gestión del puesto de trabajo, como tareas y calendarios, y en la creación de contenidos nuevos...Lo que tenemos ahora es un modelo matemático y unas redes neuronales que le permiten a la IA interpretar el lenguaje. En una conversación entre personas existen contextos, matices, y tonos. Esos registros la AI aún no los asimila. Hay un factor humano que la máquina no proporciona y le hace perder el valor diferencial que da una persona a una actividad. Esto va tan rápido que ni siquiera nosotros podemos estar al tanto de todo lo que surge cada día...Hay una falsa sensación de que las compañías están empleando masivamente la IA. Eso está generando en muchas empresas la impresión de que llegan tarde y, en consecuencia, se están resignando. Yo aconsejo a las empresas que se pongan ya con este tema, no dentro de uno o dos años. Incluso las pymes se están formando en esta materia. La IA generativa tiene usos diferentes según el sector en el que se aplique. En entornos de empresas de logística puede contribuir a ahorrar tiempo; en la industria se emplea para optimizar tiempos de reparación y conocer cuando una máquina puede averiarse. En el sector de la distribución, un supermercado puede aprovechar conocer qué productos son los que va a vender mejor; en las telecomunicaciones sirve para la personalización de ofertas... En definitiva, tiene utilidad en todo tipo de sectores..."

El principal hito de 2023 en el sector en cuanto a sueldos de directivos fue la meteórica subida de Jesús María Herrera, consejero delegado del fabricante español de componentes Cie Automotive. Herrera cobró 23,7 millones, situándose como el ejecutivo mejor pagado de España y el cuarto del automóvil mundial. Este monto supone multiplicar por seis los 3,77 millones de 2022, a causa de un pago de 22,5 millones por “otros conceptos”, lo que incluye 20 millones de medidas retributivas extraordinarias ante circunstancias excepcionales. De acuerdo con el plan de incentivos a largo plazo basado en la evolución de la acción, los componentes variables se reservan, en el marco del consejo de administración, al CEO, para garantizar su permanencia, compromiso, incentivo y motivación en un período de diez años, hasta 2028. Los otros 2,55 millones percibidos por Herrera son en concepto de pacto de no concurrencia y prima de permanencia y exclusividad. Francisco J. Riberas, presidente de Gestamp, rival de Cie, se embolsó 1,45 millones, y Francisco López, anterior CEO, cobró 3,47 millones. En cuanto a otros CEO de los grandes grupos automovilísticos mundiales, Ola Källenius (Mercedes-Benz), ganó 12,7 millones en total el año pasado, lo que supone casi duplicar su retribución de 2022. Källenius superó así a sus dos grandes rivales alemanes, BMW y Volkswagen. El primer ejecutivo del consorcio Volkswagen –matriz de las españolas Seat/Cupra–, Oliver Blume, obtuvo una remuneración total el año pasado de 9,7 millones, un 36% de subida, mientras que su homólogo en BMW, Oliver Zipse, cobró 8,15 millones a cierre del ejercicio pasado, un 20% de disminución.

El impuesto energético que puso en marcha el Gobierno hace dos años para gravar los beneficios extraordinarios del sector tiene los días contados ante el cambio de contexto de precios de la luz y el gas, y la complejidad parlamentaria para poder ajustarlo como pretendía el Ejecutivo, según explica la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. «El 31 de diciembre está acabado», avanza la también candidata del PSOE a las elecciones europeas al analizar el recorrido que le podría quedar a esta polémica figura. La vicepresidenta es consciente de la compleja aritmética parlamentaria a la que se enfrenta el Gobierno. «Si no hay consenso parlamentario, simplemente es inviable», zanja. Ribera también considera que «si no se producen los beneficios extraordinarios» para los que estaba pensado el gravamen «a lo mejor ya no tiene tanto sentido» seguir aplicándolo. Supondría un punto y final a un impuesto que ha generado todo tipo de fricciones entre Transición Ecológica y las empresas que lo han pagado (Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Acciona y EDP) y que han llegado a recurrirlo. Tanto la propia Ribera como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habían abogado por ajustar esta figura para incluir deducciones a cambio de que las empresas realizaran inversiones sostenibles. Aunque la vicepresidenta asume que el contexto económico ha cambiado con respecto al que había cuando Sánchez lo anunció en el verano de 2022 para que las energéticas «contribuyeran a la solidaridad». La aritmética del Congreso obligaría al Gobierno a aunar en una norma las peticiones de su socio de coalición, Sumar, que apuesta por mantener esta figura de forma permanente, tal y como ha exigido en varias ocasiones la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. 

El impuesto extraordinario que aún mantiene dudas sobre su viabilidad futura es el que se aplica a las entidades bancarias también desde que lo aprobara el Gobierno en 2022. En este caso, el camino que ha seguido es distinto al de las energéticas. Porque ni siquiera hasta ahora el Ejecutivo había planteado públicamente la posibilidad de modificarlo para adaptarlo al nuevo contexto en el que los tipos de interés comenzarán a bajar previsiblemente a partir del verano. El gravamen a la banca también se puso en marcha como consecuencia precisamente de la escalada que protagonizaron los intereses desde el verano de 2022, y que le han llevado a situarse en la cota actual de 4,5%, lo que provocó importantes incrementos en las hipotecas de una parte de los clientes, las que estaban ligadas a tipos variables. En diciembre de 2023, quien entonces era vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anticipaba que el Ejecutivo iba a revisar el impuesto extraordinario a la banca, a la vista de que las condiciones excepcionales que justifican su aplicación habían cambiado y era pues necesario reformular su contenido. Este mensaje provocó revuelo entre los propios bancos, que no lo esperaban según las fuentes consultadas, y también entre los socios de Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya le recordó que «lo pactado obliga». Los bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, entre otros, abonan una tasa del 4,8% sobre sus ingresos) se han mostrado desde el inicio en contra de esta figura tributaria por «discriminatoria e injusta». Consideran que, a pesar de sus beneficios de 2022 y 2023 –llegaron a ganar más de 20.000 millones de euros–, su rentabilidad aún no ha alcanzado las cotas deseadas y que este tipo de tributos desincentivan la financiación.

Sumar ha registrado una proposición de ley en el Congreso con la que pretenden prohibir los despidos colectivos a las empresas que trasladen su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo. La presentación de la ley coincide con el reciente caso de Sekurit, una de las dos plantas que la multinacional cristalera francesa Saint Gobain tiene en Avilés, y que se encuentra inmersa en un despido colectivo que, según Sumar, culmina un proceso en el que buena parte de la actividad productiva de la empresa se ha trasladado a fábricas fuera de la UE. Para minimizar las consecuencias negativas de ese tipo de procesos, Sumar propone una ley que tiene por objeto la garantía de los derechos de las personas trabajadoras en procesos de deslocalización y transmisión de unidades productivas. «Las deslocalizaciones empresariales tienen como efectos directos en nuestro país la desinversión y el cierre de centros productivos, con la consiguiente reducción del tejido económico y destrucción de puestos de trabajo», denuncia la formación en su propuesta, a la que ha accedido Europa Press. Por ello, plantean introducir una nueva disposición adicional al Estatuto de los Trabajadores para impedir a las empresas que lleven a cabo la deslocalización de su actividad fuera de la UE la adopción de despidos colectivos y extinciones de contratos por las causas objetivas.

El artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores establece que el contrato de trabajo se extingue, entre otros motivos, “por muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador”. El Gobierno está a punto acortar este grupo de motivos y limitarlo al deceso del empleado. La vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este viernes en un acto de Sumar que llevará la prometida eliminación del despido automático por gran invalidez o incapacidad permanente al próximo Consejo de Ministros. El cambio normativo también reconocerá el derecho de los empleados en estas situaciones a pedir a sus empresas que intenten adaptar su puesto de trabajo. El texto del anteproyecto de ley aterriza lo prometido por Trabajo al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). El departamento que dirige Díaz y la organización firmaron a principios de abril el compromiso de derogar como causa de extinción automática de la relación laboral el reconocimiento de incapacidad permanente, una reivindicación histórica del colectivo. “Con la presente reforma se pretende garantizar, de una manera más eficaz, el derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad”, indica la norma en su exposición de motivos, que repasa el caudal legislativo en vigor que ya apuntala la integración laboral de personas con discapacidad. Por ejemplo, menciona la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que la ONU aprobó en 2006 y España ratificó en 2007. Esta obliga a los Estados a garantizar que las empresas adapten los puestos de forma razonable. También menciona la normativa europea del año 2000, que España incumple según interpretación del Tribunal de Justicia de la UE; o los cambios de 2023 en la ley española.

Lana lortzea ez da erraza izaten gehienentzat. Are gutxiago, gazte migratzaile batentzat. Gipuzkoako Foru Aldundiko Haurren Babeseko eta Gizarte Inklusioko sarean 500 gazte inguru dira egun, eta horietatik asko, 16 eta 23 urte bitartekoak, laneratze prozesu bete-betean dira. Zailtasunak zailtasun, horiek arintzeko jaio zen orain ia hiru urte BATZEN, Gazteak Enpleguratzeko Harrera Sistema. Gehiago irakurri hemen. 

¿Tiene España un problema de vacantes sin cubrir con una tasa de paro del 12,3%? Los datos oficiales y el Ministerio de Trabajo lo desmienten, pero muchas empresas manifiestan dificultades para encontrar trabajadores con los que cubrir sus puestos y es también un motivo de preocupación para las consultoras de recursos humanos y para instituciones como el Banco de España. La desesperación por poder encontrar personal ha llevado a muchas a tirar de creatividad: hay hoteles en Canarias que ya pagan un bonus a sus trabajadores (de hasta 500 euros en algún caso) si consiguen traer a personas que quieran trabajar en la empresa, mientras que algunos restaurantes dejan de aceptar reservas cuando aún tienen mesas vacías porque no tienen personal para atenderlas, incluso si eso supone trabajar por debajo del potencial de la capacidad productiva. Son sólo dos ejemplos de cómo las compañías intentan adaptarse a las dificultades a las que se enfrentan para encontrar candidatos con los que ocupar sus puestos vacantes, especialmente ahora que la temporada alta llama a la puerta y el país vivirá sus mejores meses del año por la explosión del turismo. Los problemas son especialmente graves en las zonas de costa y los archipiélagos, líderes en recepción de visitantes, y donde además, en ocasiones, se dan otras circunstancias que dificultan el match entre empresas y trabajadores, como un mercado de la vivienda con pocas posibilidades. «En Canarias hay un problema gordo en todos los sectores, no encuentran mano de obra ni cualificada, ni sin cualificar, lo que ha dado lugar a una competencia por captar a los trabajadores disponibles. La condición que tenemos como región ultraperiférica, aislados y fragmentados lo dificulta, porque los trabajadores no pueden ir diariamente en coche de una isla a otra y en algunas islas, sobre todo las no capitalinas, hay un problema de vivienda. Además, tenemos muchos espacios protegidos medioambientalmente, lo que complica el aumento de oferta habitacional que haría falta», explica Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

La industria de la energía nuclear trata de atraer a miles de ingenieros jubilados y profesionales de mayor edad con los que las empresas occidentales intentan llenar un vacío de habilidades para ejecutar la mayor ola de nuevos proyectos en décadas. Los constructores de reactores pretenden contratar decenas de miles de empleados a medida que la preocupación por el cambio climático impulsa un renovado interés en la tecnología baja en carbono, según desarrolladores y funcionarios gubernamentales. Países como India, EEUU, Francia, Reino Unido y Polonia también planifican nuevos pedidos ante el temor por la seguridad energética y la amenaza al suministro de gas tras la invasión rusa de Ucrania. La era dorada del sector que comenzó a fines de la década de 1950 dio paso a un declive tras el desastre de Chernobyl en 1986, una crisis que se vio agravada por la fusión de la planta japonesa de Fukushima en 2011 tras ser dañada por un tsunami. Debido a ello, hay una demanda de jubilados con décadas de experiencia. “Adoraba mi trabajo”, afirma Jean-Marc Miraucourt, de 69 años, exingeniero del operador nuclear estatal francés EDF, y que ha asesorado a la empresa en licitaciones y otros proyectos desde que se jubiló en 2019. “La demanda es mayor ahora que tenemos programas concretos. Sabemos que hay necesidades y sería una pena no compartir parte de nuestra experiencia”.

Avatel Telecom, el quinto mayor operador de telecomunicaciones en España, presentó el pasado lunes un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 849 trabajadores, el 45% de la plantilla de la sociedad afectada tras un año en que sus principales directivos elevaron notablemente las retribuciones que percibían de la sociedad. Los tres accionistas de la sociedad (Ignacio Aguirre, Jorge Gómez y Víctor Rodríguez) actúan como administradores de la misma, un trabajo por el que en 2023 cobraron de forma conjunta 1,95 millones de euros, un 20% más que el año anterior, a lo que se sumó el derecho a percibir un bono valorado en 2,9 millones de euros, un 145% superior al de 2022. En menor medida, el sueldo de la alta dirección aumentó un 7% hasta los 1,6 millones de euros, con derecho a percibir otro incentivo de 3,9 millones. Estos incentivos son parte de un programa mayor para retener personal clave en vigor desde 2021 y que estará en marcha hasta 2025. La sociedad acaba de transferir este a Avant Telecom, matriz del grupo, junto a los 28,9 millones de euros que la empresa estima que terminará costando el plan para empleados, que se verá modificado ante una potencial adquisición, ya que la compañía lleva un tiempo en el mercado para dar entrada a un socio o una venta en su totalidad. «Esta transferencia del compromiso responde a la intención de Avant Telecom, S.L. de modificar el programa de retención inicial para alinear sus objetivos estratégicos con los de los beneficiarios, calculando la retribución a liquidar en base al valor asignado a las acciones de la Sociedad cuando se produzca la transmisión efectiva de las acciones (...) a un tercero», señalan las cuentas del operador de telecomunicaciones. En 2023, de los 69,3 millones de euros que el grupo gastó en salarios de la plantilla, 13,1 millones correspondieron al devengo este programa de retención, casi un 19% de la partida total para salarios (sin contar las cargas sociales), que también incluye 2,1 millones de euros en indemnizaciones. Si se compara con el coste laboral total, el bonus pasa a representar un 14,7% de los costes.

Tener vinculación con el banco o no tenerla marca la diferencia entre pagar más comisiones, pagar menos o, incluso, no pagar. Las entidades han contenido de manera general el precio por el mantenimiento de una cuenta durante el año, rompiendo la tónica al alza de ejercicios anteriores, pero a cambio han intensificado las «vinculaciones premium», entendiendo como tal la subida de los importes mínimos de domiciliación de nómina y la tenencia de activos mediante la contratación de fondos de inversión, seguros de ahorro o planes de pensiones, entre otros, como vía para garantizar la gratuidad. Es la conclusión que arroja el V Barómetro de comisiones bancarias elaborado por la asociación de usuarios financieros Asufin, que detecta una subida media del 3,5% en el coste de mantenimiento de las cuentas y una «proliferación» de dichas vinculaciones premium. «Por lo que se refiere a las condiciones para bonificar el coste de estas comisiones, lo más relevante es que muchas entidades superan el modelo de domiciliar nómina y cada vez más se busca que el cliente tenga activos para conseguir el nivel de bonificación máxima, como valores, fondos de inversión, planes de pensiones, entre otros», señalan desde la organización. El ejemplo más evidente para la asociación es Abanca, que entre los requisitos para rebajar las comisiones establece tener un saldo medio mensual en fondos de inversión, valores, seguros de ahorro o planes de pensiones «de al menos 8.000 euros atribuidos a cada titular, con lo que en caso de doble titularidad, lo más frecuente es que sea necesario que la posición alcance los 16.000 euros, como mínimo».

Faltan días para que acabe el mandato de Pablo Hernández de Cos. Antes del 11 de junio, el Gobierno tendría que designar su relevo en el Banco de España. La dirección del PP ha contactado con el Gobierno para comunicarle que querría pactar los nombramientos de gobernador y subgobernador del Banco de España, según confirman varias fuentes. Se trata de una regla no escrita que el Ejecutivo y el principal partido de la oposición consensúan esta dupla. La tradición es que el candidato a gobernador sea propuesto por el Ministerio de Economía y el de subgobernador, por la oposición. Así se hizo con los salientes, Pablo Hernández de Cos y Margarita Delgado. No, en cambio, con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que fue designado por el Gobierno de Zapatero al margen de los populares porque estos criticaron que fuera militante del PSOE y procediera directamente del Gobierno. Aquello provocó que la institución formara parte de la refriega política en pleno hundimiento del sistema financiero y que no siempre encontrara el respaldo del PP. Incluso alimentó el conflicto interno con los inspectores, con los que entonces se alineó la oposición. Un nombramiento sin pactar hace que el gobernador tenga su posición capitidisminuida, señalan diversas personas del entorno del banco. A día de hoy, fuentes gubernamentales insisten en que están dispuestas a pactarlo todo. Y obviamente al Gobierno le gustaría que también se adoptaran decisiones sobre el Consejo General del Poder Judicial. La compleja situación política, con las elecciones europeas de por medio, puede embarrar el diálogo.

Javier Milei desató ayer una tormenta política al llamar «corrupta» a la mujer de Pedro Sánchez en la convención nacional de Vox en Madrid. Sus palabras provocaron la reacción del Gobierno que, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acusó al presidente argentino de protagonizar un «ataque sin precedentes al Estado y la democracia». La tensión en las relaciones entre España y Argentina no sólo suma y sigue, sino que entra en terreno desconocido y afronta consecuencias impredecibles. Ni siquiera han pasado dos semanas desde que se zanjó el último episodio –el causado por el ministro Óscar Puente al acusar a Javier Milei de consumir drogas– cuando ahora el señalamiento directo del presidente argentino a la esposa de Pedro Sánchez por «corrupta», proclamado en suelo español y rompiendo la máxima diplomática de no inmiscuirse en asuntos internos de terceros, ha reabierto las hostilidades. El Gobierno habla de un choque «sin precedentes», exige una rectificación formal y, en caso contrario, se reserva la adopción de «todas las medidas oportunas para defender nuestra soberanía y dignidad». La bomba de relojería se activó ayer por la mañana, durante la intervención de Milei en la convención nacional de Vox en Madrid. El mandatario sudamericano no defraudó las expectativas de los miles de asistentes al acto y, fiel a su particular estilo dialéctico, se arrancó con un discurso centrado en denunciar la ideología socialista que, bajo su punto de vista, «deriva en esclavitud o muerte». Fue ahí donde Milei encontró acomodo para la acusación que marcaría el devenir de los acontecimientos a lo largo de la jornada. «No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo». 

Ante el bloqueo para trabajar con sus proveedores europeos debido a las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania en 2022 por parte de Vladimir Putin, las empresas europeas han recurrido a China para cubrir ese vacío. Las reuniones del jueves y viernes pasado del presidente ruso con Xi Jinping en Pekín han puesto una vez más de manifiesto la “amistad” entre los dos líderes del mundo autócrata, la visita de estado número 43 de Putin a Xi. Los vínculos económicos entre ambas partes están aumentando, pero se enfrentan a la presión de las sanciones occidentales, un tema clave de sus conversaciones. El comercio bilateral fue de 240.000 millones de dólares el año pasado, un 26% más que el anterior, según la oficina aduanera. China ha enviado desde coches a maquinaria industrial pasando por teléfonos móviles y ha comprado miles de millones de dólares en energía rusa. Asegura que no proporciona armas letales a Rusia, pero se ha convertido en un conducto esencial de bienes para la el sector de la defensa rusa, por lo que el secretario de estado estadounidense Antony Blinken y el secretario del Tesoro Yellen, han advertido a Pekín de las consecuencias de que sus empresas apoyen la guerra del Kremlin. “China es ahora mismo el socio principal de Rusia, compra sus materias primas y le suministra productos, incluyendo artículos para el campo de batalla”, afirma Elina Ribakova, del Instituto Peterson de Economía Internacional. Los florecientes lazos económicos son uno de los signos más claros del deseo de China de dar forma a la geopolítica global en su dirección usando el comercio y a expensas de EEUU, aseguran los analistas. La segunda economía del mundo dice ser el mayor socio comercial de 120 países, haciendo negocios con la mayoría de las naciones sin importar su política. Esto supone un creciente papel como facilitador económico de un gran abanico de países, incluyendo a los antagonistas occidentales, como Rusia, Bielorrusia, Irán, Corea del Norte y Venezuela.