20240220

Las ventas de la producción vasca al exterior resistieron la desaceleración de Europa en 2023 gracias a EE UU. El dato global que hizo público ayer el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, arrojó unas exportaciones por 32.645 millones, un 0,3% más que el año anterior. Los datos acusan el frenazo de países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o Países Bajos. Y es que la zona euro registró un descenso del 3,38%, traducido en 658 millones menos. Un retroceso que fue compensado por las compras de EE UU y México al crecer un 23% y mejorando en 619 millones. El país presidido por Joe Biden, que representó el 77% de esa cantidad, centró sus compras en las furgonetas fabricadas en la planta de Mercedes de Vitoria, el combustible de Petronor y manufacturas de fundición. Junto a esto, un comportamiento de la industria vasca que repuntó en otoño ligeramente salvaron un año con datos negativos entre los meses de abril y septiembre. Y es que en ese periodo las exportaciones llegaron a acusar un retroceso del 15%. Las importaciones también flojearon con un total de 26.796 millones, un 8,9% menos que en 2022. A pesar de todo, el saldo de la balanza comercial arrojó una cifra positiva de 5.848 millones. La desaceleración se acusó especialmente en las ventas de productos energéticos, que descendieron más de un 30%. Especialmente llamativo fue el dato, aunque afectado también por las diferencias de precio, de la refinería de Petronor. Y es que las ventas de aceites refinados de petróleo cayó en 2023 un 37%, pasando de los 2.620 millones de 2022 a los 1.636 del pasado año. No es una cuestión menor, porque la planta vasca de Repsol protagoniza más del 10% de las exportaciones vascas. En cambio, el resto del sector industrial aguantó con un leve ascenso del 3,4%. Especialmente destacado en la automoción. La fábrica que Mercedes tiene en Euskadi aumentó sus ventas un 21% con 3.195 millones y volvió a ser el mayor vector exportador de Euskadi. Es lo que propició que Álava fuese el territorio más exportador con un crecimiento de las ventas exteriores del 9,3%, frente al 1,4% de Gipuzkoa y el retroceso del 6,8% de Bizkaia. La automoción firmó un buen año. Los vehículos para el transporte de mercancías se vendieron por 2.129 millones, un 24,2% de crecimiento. Las partes y accesorios de automóviles, un 5,1% más, y los neumáticos, un 6,1%. Los tubos también elevaron las ventas un 5,1% y un 6,1% los automotores de vías férreas. Estos capítulos se beneficiaron de la actividad de Tubacex y CAF. El destino de las exportaciones vascas siguió encabezado por Alemania con un 15,8% del total. Por detrás, Francia (14,9%), EE UU (8,4%), Reino Unido (6,3%) e Italia (5,6%), aglutinando entre los cinco países el 51% de las exportaciones con un total de 16.629 millones de euros.

El Bundesbank, el banco central de Alemania, espera que la economía germana vuelva a contraerse en este primer trimestre de 2024, después de retroceder un 0,3% en los últimos tres meses de 2023, lo que supondría la entrada en recesión técnica de la ‘locomotora’ europea al acumular dos trimestres consecutivos de caída de la actividad. No obstante, la institución monetaria alemana sostiene que si bien esto significaría que persiste el actual período de debilidad de la economía del país tras el inicio de la guerra en Ucrania, «todavía no hay evidencia de una recesión en el sentido de una caída persistente, amplia y clara de la economía», subrayando que «tampoco se prevé una recesión de este tipo».

La Inspección de Trabajo del País Vasco realizó ayer balance de su labor el año pasado, cuando entre otras actuaciones obligó a transformar 5.316 contratos en indefinidos a tiempo completo, un 28% de los 18.627 revisados en el ejercicio, según los datos presentados por la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo y la responsable de Inspección, Iciar González. Gran parte de este éxito se debe a la denominada ‘herramienta de lucha contra el fraude’, un programa desarrollado por el Ministerio de Trabajo que utiliza tecnología ‘big data’ para detectar indicios de irregularidades en las empresas. Esta herramienta se comenzó a utilizar en 2018 y desde entonces la Inspección ha logrado regularizar 47.994 contratos en Euskadi, un 38% de los revisados. El programa dota de gran efectividad a las campañas porque con el cruce de datos saca listas de empresas sospechosas a las que se les envía cartas instándoles a revisar sus contratos. El instrumento ha sido especialmente útil en detectar temporalidad fraudulenta, pero la reforma laboral de 2022 ha reducido considerablemente las posibilidades de realizar contratos eventuales y por ello los resultados de los dos últimos años son más modestos que en ejercicios anteriores. «La unión de una reforma laboral que acaba con la temporalidad generalizada en la contratación y un denodado esfuerzo contra el fraude han cambiado de forma radical nuestro mercado de trabajo, donde el contrato indefinido es la norma y no la excepción», remarcó la viceconsejera. La ‘herramienta de lucha contra el fraude’ ahora se está utilizando también para investigar otras modalidades de contrato como el fijo discontinuo. En ese apartado concreto se revisaron 1.621 contratos el año pasado y se obligó a regularizar 721, el 45%.

Más del 50 % de las empresas investigadas en Euskadi en 2023 por la Inspección de Trabajo del Gobierno vasco incumplen el obligatorio registro de jornada, que refleja los datos sobre las jornadas laborales y las horas extra. Este porcentaje es el más alto de las diferentes materias investigadas, que en su conjunto indican un incumplimiento del 20 % de la legislación laboral. La viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, y la subdirectora de Inspección de Trabajo, Itziar González, han presentado este lunes el balance de las actuaciones realizadas en 2023 para garantizar los derechos laborales y la igualdad. En total, el año pasado se llevaron a cabo 22.390 actuaciones (+19,5 % que el ejercicio anterior) con el resultado de 1.666 infracciones (1.487 en 2022) y un importe en sanciones global de cerca de 8,7 millones de euros (7,5 millones el año anterior).

El Gobierno aumentará la presión sobre las empresas para que cumplan el horario laboral y no abusen de las horas extraordinarias. Así, el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, comunicó ayer a la patronal y a los sindicatos su propuesta para cumplir este objetivo: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe tener acceso directo, y de manera remota, al registro horario de las empresas de más de 50 trabajadores, para luchar contra el fraude en el cumplimiento de la jornada laboral y reducir el abuso en la utilización de las horas extraordinarias. Pérez Rey hizo este anuncio en una nueva reunión del diálogo social para reducir la jornada semanal, por ley y para 2025, desde las 40 horas actuales a las 37,5 horas. El Gobierno estima que 12 millones de trabajadores pueden beneficiarse de la medida. El secretario de Estado dijo que “es imprescindible para evitar que los asientos se puedan alterar o manipular por el empresario o por otro sujeto” que la Inspección de Trabajo pueda acceder directamente al registro de las empresas. De esta forma, Trabajo quiere garantizar la “integridad, la transparencia y el control” de la jornada laboral en las empresas. Incluso, el Gobierno reformará el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, o redactará un artículo 34 bis, para conseguir una reducción de la jornada de manera escalonada: hasta las 38,5 horas para 2024, con el objetivo de llegar a las 37,5 horas en 2025.

El sector de ciberseguridad de Euskadi cuenta con 242 agentes, de los que 193 son empresas y, de ellas, 59 son startups, con lo que triplica la tasa europea de empresas dedicadas a este sector por millón de habitantes, según los estudios presentados por Gobierno Vasco y Cybasque, que advierten de la «brecha» entre la demanda de profesionales en este ámbito y la oferta existente. En concreto, Euskadi supera las 79 empresas de ciberseguridad por millón de habitantes, mientras que la media del Estado es de 28 y la europea de 22,8.

Euskadi cuenta ya con Hyperion, el tercer superordenador más potente del país tras una ampliación que ha elevado sus prestaciones gracias a sus más de 14.000 núcleos y 150 TB de memoria RAM. A su presentación en el Donostia International Physics Center (DIPC) acudieron ayer el consejero de Educación Jokin Bildarratz; el viceconsejero de Universidades e Investigación, Adolfo Morais, y el presidente del DIPC, Pedro Miguel Etxenike. Su coste y puesta en marcha alcanza los 2,8 millones de euros. El nuevo superordenador se utiliza, entre otros proyectos, para simular la formación de las galaxias, el comportamiento de nuevos materiales, desarrollos en tecnologías cuánticas, en inteligencia artificial o en química computacional. Este tipo de equipamientos se destinan a facilitar el trabajo del personal investigador porque son capaces de seccionar un problema grande en varios pequeños y manejables. Los resultados de cada uno de ellos se combinan después para hallar la solución final en un espacio de tiempo más reducido. Hyperion, que es tres veces más potente que su antecesor, la supercomputadora Atlas, da servicio ya a más de 500 científicos del sistema de investigación vasco, en el que se encuentran los nueve Centros de Investigación Básica y de Excelencia (BERC), las universidades del País Vasco, así como Centros de Investigación Cooperativa como CIC nanoGUNE o CIC biomaGUNE, centros de investigación sanitaria como Biogipuzkoa o centros tecnológicos como Tecnalia. El más potente de España es el Mare Nostrum 5 y está ubicado en el Centro Nacional de Computación, en Barcelona.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Microsoft, Brad Smith, firmaron ayer en Madrid un acuerdo de colaboración que prevé cuadruplicar las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial (IA) y cloud en España durante 2024 y 2025, hasta alcanzar los 2.100 millones de dólares (unos 1.950 millones de euros). Esto supone la mayor inversión de Microsoft en España en sus 37 años de presencia en el país. La compañía ha informado en una nota de que prevé abrir próximamente una Región Cloud de Centros de Datos ubicada en la Comunidad de Madrid, y ha anunciado su intención de construir un campus de Centros de Datos en Aragón que dará servicio a empresas y entidades públicas europeas. Estas dos infraestructuras, dice la empresa, “permitirán poner a disposición de empresas y administraciones públicas españolas y europeas toda la oferta de soluciones de inteligencia artificial de la compañía”. La colaboración se establece en el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad definidas por el Gobierno de España, y se articula en torno a cuatro líneas de actuación. Las dos primeras tienen que ver con la utilización de la IA: el acuerdo incluye la extensión del uso de la inteligencia artificial en la administración pública, incluyendo la formación de funcionarios, y la promoción del uso de IA responsable, en la que Microsoft colaborará con la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Un tercer punto de este acuerdo tiene que ver con el refuerzo de la ciberseguridad nacional y, en concreto, la ciberresiliencia de las infraestructuras críticas. 

El presidente de Microsoft, Brad Smith, firmó ayer en España un acuerdo sobre inteligencia artificial (IA) que implica una inversión de 2.100 millones de euros. En esta entrevista, el ejecutivo explica el futuro de esta tecnología y admite: “Tenemos que tener una forma de ralentizar o apagar la IA, especialmente si está controlando una infraestructura crítica”. Es la tecnología más importante que se ha creado, dice, desde la invención de la imprenta, pero no niega que existan problemas respecto a su uso y control, desde los ciberataques por parte de países como Rusia o Corea del Norte, o la compleja protección de los derechos de autor, hasta lo que es, confiesa, su gran preocupación: el uso de deepfakes [archivos de vídeo, imagen o voz manipulados] para alterar el resultado de las elecciones, en un año en el que medio planeta pasará por las urnas. "Creo que la inteligencia artificial es el invento más importante para la mente humana desde la invención de la imprenta. Y eso fue hace casi 600 años. Piense en la imprenta y en lo que consiguió: hizo posible que las personas escribieran, que otras leyeran y que las economías de mercado florecieran. Con la inteligencia artificial pasa algo muy similar, ya que es una herramienta que puede ayudar a idear de otra manera. Es enormemente valiosa para encontrar patrones en grandes cantidades de datos, para ofrecer ideas que permitan avanzar en cuestiones como el descubrimiento de medicamentos. Si lo usamos bien, puede ser un acelerador para las personas y lo que hacen...¿Qué porcentaje de trabajos han sido impactados por el advenimiento de la tecnología digital en los últimos 40 años? Probablemente sea un porcentaje aún mayor. Y aun así, hemos estado adaptándonos a este cambio durante casi toda la vida laboral de todos los que estamos trabajando hoy en día. La verdadera lección de los últimos 40 años es que si las personas pueden mantenerse a la vanguardia en el conocimiento de cómo usar la tecnología, es probable que tengan éxito en sus carreras. Sus trabajos pueden llevarles a lugares que no necesariamente anticiparon. Va a haber un impacto real en la forma en que trabajamos, sí. Y esto debería inspirarnos y, también, alertarnos de la urgencia de aprender a usar esta tecnología y mejorar en lo que sea que queramos hacer...Necesitamos un nivel de regulación que garantice la seguridad. A veces me sorprende cuando observo a personas en el sector tecnológico que dicen que no deberíamos tener esa regulación..."

Los fabricantes europeos de automóviles están realizando grandes inversiones, de miles de millones de euros, en el desarrollo de la nueva tecnología para la movilidad eléctrica. Los objetivos de este desembolso son reducir el impacto sobre la atmósfera de sus coches, cumplir con la exigente normativa medioambiental europea y, sobre todo, ser competitivos en la carrera por la electrificación, en la que, por el momento, las marcas chinas tienen una ventaja considerable. Los grandes grupos automovilísticos con un dilatado historial en Europa han visto cómo las marcas chinas han tomado la delantera en el coche eléctrico, puesto que apostaron antes por esta tecnología y con más inversión. A esta primera oleada grupos como Stellantis, Volkswagen o Renault han llegado tarde y por eso están destinando recursos (casi) ilimitados para ser competitivos en electromovilidad. Las marcas chinas pueden ofrecer una tecnología avanzada de movilidad eléctrica a unos muy precios asequibles, mientras que los grupos europeos se las ven y se las desean para lanzar coches con precios ajustados sin perder dinero. Con el fin de mantener la viabilidad de estas inversiones, las compañías históricas están apostando por lanzar primero vehículos eléctricos de mayor tamaño, con los que pueden optar a un mayor margen con el que compensar las grandes inversiones.

En comercio exterior, 2022 fue el año de la inflación, que llevó a las balanzas de cada país a números de récord, con España entre los más destacados. Por contra, 2023 fue el año de un parón en el consumo por los precios y las políticas monetarias restrictivas, circunstancias que, en el caso español, afectaron claramente al comercio exterior, un sector que, frente a la fuerte subida del periodo anterior, se encuentra ahora con un estancamiento que es, de hecho, un ligero retroceso. Así lo confirman los datos de balance del pasado año publicados ayer por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa: en 2023, las exportaciones alcanzaron los 383.689 millones de euros, lo que supone dos cosas: primero, que es una bajada del 1%, con lo que se rompe una racha de constantes subidas, siempre que no tengamos en cuenta el dato negativo de 2020, cuando el Covid truncó la progresión del comercio exterior. Segundo, que se aleja del objetivo de los 400.000 millones marcado para 2027 en la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española. Es cierto que todavía quedan tres años para poder anotarse ese tanto, pero el buen hacer del comercio exterior en la primera parte del año pasado, en parte por la inflación, llevó a pensar al Gobierno que se podría cumplir ese hito mucho antes de tiempo. La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, reconoció ayer que los datos reflejan “un año de ralentización del comercio y la inversión”, en el que hay que poner en el foco de las tensiones mundiales que afectan claramente al comercio “la prolongación de la guerra en Ucrania” o el conflicto en la franja de Gaza.  “Estos se suman a políticas monetarias restrictivas que contribuyen a ralentizar la economía, además de las tensiones entre Estados Unidos y China”, añadió Méndez. 

Una parte muy relevante de los funcionarios se van a jubilar en los próximos años y, además, el Gobierno quiere ampliar las plantillas de trabajadores públicos para ofrecer, explican, mejores servicios a los ciudadanos. El resultado es que en los sucesivos ejercicios se va a producir un boom de empleo público empezando ya por la oferta de empleo de este año, que se mantendrá en niveles récord. Diversas fuentes del Gobierno comparten no sólo el diagnóstico, que ya lo esbozó el propio ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, recientemente en el Congreso, sino que confirman el plan. Recuerdan, por ejemplo, que en una década se jubilarán seis de cada 10 trabajadores de la Administración General de Estado. O, también, que el empleo público supone el 16% del empleo total mientras que la media de la OCDE es del 18%, lo que supone una diferencia de unos 400.000 potenciales nuevos funcionarios. Además, medidas como la eliminación de la tasa de reposición anunciada por Escrivá no hacen más que incidir en la apuesta decidida del Ejecutivo por ampliar las plantillas. En ese proceso, además, el Gobierno quiere captar talento joven, con una alta cualificación y capacidad en la utilización de nuevas tecnologías, como por ejemplo la Inteligencia Artificial. En el Ejecutivo son conscientes de que el futuro pasa por ahí y que el sector público no puede ser ajeno a ello. Por lo tanto, el plan del Gobierno no se va a limitar a convocar oferta de empleo público e ir aumentando las plantillas de funcionarios. También se quiere hacer de la Administración un lugar más atractivo, con itinerarios de carrera e incluso atraer a talento del sector privado, según exponen en Función Pública.

En puertas de la convocatoria de las elecciones autonómicas, el Gobierno vasco formado por PNV y PSE-EE aprueba hoy un decreto que, en la teoría y en la práctica, elevará la exigencia del conocimiento del euskera para acceder a puestos de trabajo en la función pública. Según el documento, las administraciones –no sólo Lakua, sino también diputaciones, ayuntamientos y organismos autónomos– podrán «determinar la realización obligatoria» de las pruebas de oposiciones en lengua vasca e incrementarán el peso de este idioma como mérito para lograr plazas en las que no se demanda un perfil. El Consejo de Gobierno, que cada semana reúne al lehendakari con sus once consejeros –ocho jeltzales y tres socialistas–, da el visto bueno hoy al proyecto para actualizar un decreto de normalización del euskera en el sector público que data de 1997. Un cuarto de siglo en el que la proporción de funcionarios que acreditan un perfil lingüístico ha subido del 25% al 70% a medida que las administraciones iban reforzando su exigencia en una sociedad cada vez más bilingüe. En líneas generales, el decreto, que saldrá adelante en plena recta final de la era de Iñigo Urkullu, plantea que el euskera se convierta en la «lengua de uso normal y general» en el sector público vasco, en el que trabajan alrededor de 150.000 personas. Entre los contenidos del texto, se crean perfiles asimétricos, con niveles orales y escritos distintos según las necesidades de cada puesto, y también se activan nuevas formas de acreditar el conocimiento de la lengua, como realizar las pruebas de acceso en euskera sin necesidad de presentar al margen un título oficial que certifique el nivel. Una de las novedades más destacadas del decreto es que las administraciones convocantes de una OPE podrán establecer «la realización obligatoria» de las pruebas, o alguna parte de ellas, sólo en euskera. Este extremo es cuestionado por la Diputación Foral de Bizkaia –gobernada también por PNV y PSE-EE–, que en sus alegaciones pidió retirarlo porque «quebraría los principios de la función pública». También plantea sus dudas la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUAE), el órgano guardián de la legalidad, que si bien finalmente da su aval, advierte de «dificultades» e indica que las pruebas son «un examen técnico para demostrar la aptitud para la ejecución requerida en el puesto», no para hacer una «valoración lingüística». 

El proyecto de decreto de normalización del uso del euskera en el sector público vasco ha recibido las alegaciones centradas en puntos concretos del texto, como el sistema de asignación de perfiles o el impacto de esta futura ley en los derechos de las personas aspirantes a trabajar para la Administración. Así, reclaman más seguridad jurídica y un mayor consenso social, que «no se ha producido», según critica en su escrito el Consejo Económico y Social Vasco (CES). Este organismo considera «más adecuado» que se mantenga la actual regulación, que permite la elección de la lengua para las pruebas de acceso. «Consideramos que las pruebas de acceso a la función pública deben medir las capacidades de las personas candidatas de la mejor manera posible, para lo cual estas deben poder elegir la lengua que consideren más oportuna para mostrar sus conocimientos», expone el texto del CES. Por otro lado, el Consejo Económico y Social Vasco critica los tiempos y expone que «el Decreto se está estableciendo a un ritmo muy acelerado para lograr el objetivo del bilingüismo entre las personas trabajadoras del sector público vasco». Así, afirma que «el nivel de euskera exigido no es siempre el ajustado a la realidad sociolingüística, lo que dificulta tanto el acceso como el desarrollo de una carrera profesional de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras públicas». En consecuencia, insisten en la necesidad de que la regulación compatibilice la promoción del euskera con el desarrollo de la actividad económica y empresarial. Entre las decenas de alegaciones presentadas, el IVAP subraya en un extenso informe otros aspectos con los que choca, como el ámbito de aplicación del decreto o el sistema de perfiles lingüísticos y la implantación de los perfiles asimétricos y parciales, con los que se muestra en desacuerdo «por su falta de motivación y por no aportar beneficio alguno a la normalización del uso del euskera».

Euskadi activa desde hoy la ayuda a la emancipación para jóvenes de entre 25 a 29 años, una nueva prestación de 300 euros al mes durante un máximo de dos años que ya pueden solicitar quienes hayan iniciado o vayan a iniciar un proceso de emancipación. Para acceder a estas ayudas, cuya convocatoria se publicó ayer en el Boletín Oficial del País Vasco, las personas interesadas deberán tener entre 25 y 29 años en el momento de solicitarla. Además deberán estar empadronadas en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) con una antigüedad de, al menos, un año previo a la solicitud, o acreditar tres años continuados de empadronamiento en la CAV a lo largo de los últimos diez años. En cuanto a los ingresos, los jóvenes deberán disponer de ingresos anuales superiores a 3.000 euros e inferiores a 28.000 euros, o 34.000 euros para el supuesto en que una pareja haga la declaración en tributación conjunta con su cónyuge o pareja de hecho. Y en cuanto a bienes, derechos o activos financieros, estos no podrán ser superiores a 75.000 euros. Finalmente, los solicitantes deberán acreditar que se han emancipado mediante la aportación del contrato de arrendamiento o compraventa de una vivienda libre, que deberá constituir su domicilio habitual y permanente. 

La cooperativa de crédito de la Corporación Mondragón siguió la tendencia de la banca en 2023 y se montó también en el tren de los beneficios récord. Según comunicó ayer, Laboral Kutxa alcanzó un techo histórico con 222,7 millones de ganancias, un 48% más que el año anterior. El principal responsable es la subida de tipos de interés dictada por el Banco Central Europeo, que los mantiene desde el pasado julio en un 4,5%. Este precio del dinero ha llegado a duplicar los ingresos por los intereses cobrados en los préstamos por la entidad presidida por Adolfo Plaza. Una cifra que marcó otro récord con 558,8 millones. Además, se ha unido a una economía en Euskadi que ha aguantado ante la desaceleración. El crecimiento sostenido del PIB vasco apoyado en el consumo interno y el ahorro de los ciudadanos abrió más negocio para Laboral Kutxa. Así lo evidencia un espectacular crecimiento de las hipotecas y de las aportaciones a fondos de inversión de los clientes de la cooperativa de crédito. Los préstamos de vivienda, gracias a una fuerte apuesta comercial, se elevaron el pasado año un 30%. Datos que contrastan fuertemente con un mercado inmobiliario vasco que en 2023 firmó un descenso general del 17% en la concesión de hipotecas. Además, el ahorro en las cuentas corrientes de los clientes engordó las aportaciones a fondos de inversión con un 33,7% más, que han hecho del banco la sexta entidad nacional en captación de capital para estas figuras. Ver nota Laboral Kutxa. 

En respuesta a los ataques de los rebeldes hutíes a barcos mercantes en el mar Rojo, la Unión Europea anunció ayer el lanzamiento de la operación naval ‘Aspides’. Esta primera misión europea en la zona contará con cuatro fragatas de Alemania, Francia, Italia y Grecia, que será el país encargado de coordinar el despliegue para proteger el transporte marítimo. España no participa en esta acción comunitaria. Alemania, en cambio, va a enviar un amplio contingente de tropas. Además de la fragata ‘Hessen’, el Gobierno germano prepara el envío de hasta 700 militares al mar Rojo. El canciller federal, Olaf Scholz, ha presentado ante el Bundestag un mandato para su aprobación que contempla la participación del Bundeswehr, el ejército federal, en esa misión. La iniciativa tiene carácter urgente y podría ser aprobada antes del fin de semana. El Ministerio federal de Defensa quiere enviar a la región personal de apoyo y de mando y coordinación para trabajar conjuntamente con el resto de las fuerzas aliadas. Para las fases de traslado y relevo al mar Rojo y al Cuerno de África está previsto incluso que el contingente de 700 militares alemanes se vea superado temporalmente. Fuentes del ministerio subrayaron que se tratará de un grupo de uniformados «robusto». La tensión en la zona va en aumento, con otros dos barcos atacados en la últimas horas. El comando militar de Estados Unidos para Medio Oriente, el Centcom, neutralizó con éxito tres misiles antibuque, un submarino autónomo (sin tripulantes) y un dron naval de superficie lanzados por los rebeldes. «Esta es la primera vez que (el ejército) detecta el uso por parte de los hutíes de un submarino», destacó el portavoz de las fuerzas estadounidenses.

La presión política y regulatoria parece haber hecho mella. Cuatro gigantes financieros de EE UU (JPMorgan, BlackRock, State Street y Pimco) que suman billones de dólares en activos han abandonado o reducido su vinculación con Climate Action 100+, la mayor iniciativa de grupos de inversión y grandes empresas para la reducción de emisiones y la lucha contra el calentamiento global. “Las opiniones sobre las prácticas de sostenibilidad o ESG, en particular las relacionadas con cuestiones climáticas, se han convertido en cuestiones políticas, lo que puede amplificar los riesgos de reputación”, señala State Street en su informe anual, registrado ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE UU (la SEC). Los criterios de inversión sostenible o ESG, siglas inglesas de medio ambiente, social y gobernanza, están en el centro de una batalla ideológica y política en EE UU. Los republicanos han aumentado la presión contra dichos criterios en varios frentes. La última propuesta, en el legislativo estatal de New Hampshire, era convertirlos en delito en algunos supuestos. La iniciativa ha sido rechazada, pero hay Estados que vetan a las firmas de gestión que los aplican y hay presión desde el Congreso. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, y otros dos republicanos más enviaron cartas a los directivos de State Street, BlackRock y Vanguard, pidiéndoles explicaciones sobre sus prácticas en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG). En las cartas, los congresistas sugerían que las entidades estaban violando la legislación antimonopolio estadounidense al coordinarse y celebrar acuerdos colusorios para “descarbonizar” los activos gestionados. La pertenencia a grupos como Climate Action 100+ estaba en el punto de mira.

Alejandro Echevarría Busquet falleció ayer a los 81 años en el hospital de Urduliz. Miembro de los consejos de administración de EL CORREO, El Diario Vasco, El Diario Montañés y presidente de honor de Mediaset España, su extensa trayectoria profesional ha estado vinculada no solo a los medios de comunicación y al sector audiovisual, sino también a diferentes empresas de raigambre vasca, a importantes compañías de la economía española y a distintas iniciativas sociales y culturales. Nacido en Bilbao en 1942, pertenecía por vía paterna a una conocida saga familiar vinculada a la prensa vizcaína. Su bisabuelo, Manuel Echevarría Torres, fue fundador y primer director de El Noticiero Bilbaíno. Su padre, Alejandro Echevarría Zorrozúa, incorporó en 1945 este último rotativo a la empresa liderada por la familia Ybarra –El Correo Español-El Pueblo Vasco–, donde fue nombrado en 1951 director del periódico EL CORREO, cargo que compatibilizó durante un tiempo con sus responsabilidades como gerente y consejero de la sociedad. Conocido, al igual que su progenitor, con el cariñoso apelativo de ‘Alechu’, Alejandro Echevarría Busquet se licenció en Ciencias Empresariales por la ESTE de San Sebastián (actual campus de la Universidad de Deusto). Aunque trabajó durante años en una sociedad vitoriana dedicada a componentes de automoción y otros diez como responsable comercial hasta ser nombrado director general de la empresa de electrodomésticos Sagardui, su vinculación con el periódico que dirigió su padre o con el entramado empresarial que posteriormente se transformó en el Grupo Correo y después en Vocento comenzó de forma muy temprana.