20240522

Después de muchas vicisitudes, el PNV ha logrado por fin que el Gobierno apruebe la prevalencia de los convenios vascos frente a los estatales, uno de los grandes acuerdos que arrancaron los jeltzales en el pacto de investidura de Pedro Sánchez. Esta disposición, reclamada durante años por los nacionalistas, ha sido incluida en la nueva versión de la reforma del subsidio del paro, aprobada ayer por el Consejo de Ministros después de que la primera fuese tumbada por Podemos, lo que obligó a revisar el texto normativo. El acuerdo cuenta con mejoras respecto a lo pactado anteriormente. Así, la prevalencia no será solo para los convenios autonómicos, sino que se extenderá a los provinciales, siempre y cuando se cuente con un acuerdo interprofesional que así lo establezca, que es justo lo que tiene Euskadi. Otras comunidades tendrían que lograr un pacto similar, con apoyo de empresarios y sindicatos, para blindar sus convenios provinciales. El texto, que supone una modificación del Estatuto de los Trabajadores, matiza que esta prevalencia solo se aplicará si los convenios de escala inferior a la estatal son «más beneficiosos para los trabajadores». Por otro lado, «se considerarán materias no negociables el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica». El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, celebró el acuerdo, que se aplicará de forma inmediata, y afirmó que «esta reivindicación histórica permitirá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores vascos y del resto del Estado». Entre los agentes sociales hay que diferenciar si la valoración se hace desde Euskadi o desde Madrid. Aquí fueron todo aplausos. «Lo que se recoge ahora con el cambio legislativo es lo que establecimos en el acuerdo interprofesional de 2017», señala la directora del área Jurídico-Laboral de Confebask, Virginia Múgica. Coinciden con esta lectura también los secretarios generales de CC OO y UGT en Euskadi, Loli García y Raúl Arza. Hasta ELA celebró el logro, aunque lejos de dedicar el aplauso al PNV afirmó que la decisión es consecuencia de la «lucha llevada a cabo por los trabajadores vascos». En Madrid, la lectura era muy diferente. La CEOE censuró que este nuevo esquema «va contra la unidad de mercado» y sobre todo denunció que se ha aprobado al margen del Diálogo Social, lo que supone «un desprecio y una deslealtad». 

Los empresarios y los sindicatos criticaron ayer al Gobierno por haber aprobado “por la puerta de atrás” y “sin negociación alguna” cambios en la estructura de la negociación colectiva, algo que consideran, por mandato constitucional, propio de la autonomía colectiva de los agentes sociales. Esta modificación normativa –que otorga la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos y, en algunos casos, también los provinciales sobre los sectoriales de carácter estatal– fue pactada entre el Ejecutivo y el PNV para lograr el apoyo de los nacionalistas vascos a la última investidura de Pedro Sánchez. Por este motivo, el Ejecutivo no ha sometido a negociación esta reordenación legal de la negociación colectiva. Ahora, el Gobierno ha incluido esta medida en el real decreto ley para reformar el subsidio por desempleo aprobado este martes por el Consejo de Ministros. CEOE y Cepyme dijeron que el Ejecutivo “desprecia” el diálogo social por la forma en la que ha aprobado estos cambios normativos y recordaron que la Constitución recoge el mandato de consultar a los agentes sociales modificaciones de este calado. En cuanto al fondo del asunto, dijeron que la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales “atenta” contra la unidad de mercado y supondrá un “deterioro de la cohesión social y de la competitividad” de la economía y las empresas en España.

El acuerdo entre el Gobierno central y el PNV por el que los convenios autonómicos y provinciales prevalecerán sobre los de ámbito nacional cuando resulten más beneficiosos para los trabajadores representa un avance más simbólico que efectivo hacia un marco vasco de relaciones laborales. Ese principio ya funciona en Euskadi y está recogido de forma expresa en un pacto interconfederal firmado en 2017, pero su inclusión en la reforma del desempleo aprobada ayer por el Consejo de Ministros le otorga un blindaje legal, además de suponer una baza política para el nacionalismo. Pedro Sánchez cumple así uno de los compromisos asumidos con Andoni Ortuzar a cambio de los decisivos votos jeltzales a su investidura. Los cambios en ese sentido introducidos en el Estatuto de los Trabajadores tienen el valor de concitar el unánime apoyo de Confebask, ELA, LAB, CC OO y UGT de Euskadi. Una circunstancia casi insólita, dadas las carencias del diálogo social y la fractura sindical en nuestra comunidad, y con la peculiaridad de que la patronal CEOE rechaza la medida al entender que rompe la unidad de mercado y también la cuestionan las dos centrales de ámbito nacional.

"...El Gobierno cerró ayer un acuerdo que había quedado varado como consecuencia del fracaso de esta reforma, referido a la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales. Una cuestión que tiene más carga política que económica, que cuenta con el respaldo no solo del PNV, sino de los sindicatos vascos e, incluso, de la patronal Confebask, en disputa con la CEOE, que habla de ruptura del mercado interior. Sin duda lo romperá, al menos en la cuestión de los salarios y las condiciones laborales, pues es bien conocida la fortaleza y la capacidad de presión de los sindicatos vascos, tanto mayor cuanto mayor sea su adscripción nacionalista. La posibilidad de orillar el acuerdo estatal solo funcionará en un sentido: los convenios que se firmen en el ámbito vasco serán mejores para los trabajadores vascos y más costosos para las empresas vascas. Así que no veo en qué manera eso pueda perjudicar al resto de empresas que trabajan en el mercado interior español, aunque dudo de que el acuerdo mejore el atractivo del País Vasco como receptor de inversiones. Si ya encabeza la lista de los mayores salarios, las menores horas trabajadas y el mayor número de huelgas y conflictos, la desaparición del ‘escudo protector’ que ejercían los convenios estatales no mejorará el panorama. Pero si la patronal vasca lo aprueba… pues nada que objetar". 

Once proyectos energéticos y tecnológicos en cuatro años. Es lo que ha perdido Vitoria por falta de suelo en Miñano. El diputado general, Ramiro González, no solo ofreció ayer este dato afeando, de manera velada, la gestión de sus compañeros del PNV en el Ayuntamiento, responsables de Urbanismo las dos anteriores legislaturas, sino que instó al Consistorio a facilitar terrenos «sin perder un solo momento». «Las empresas que llaman a nuestra puerta no pueden esperar cinco años».

Repsol y el Gobierno vasco se aliaron en 2009 para crear Ibil, una empresa de gestión de una red de recarga eléctrica de vehículos, en un momento en que esa actividad apenas comenzaba a despuntar. Ahora que ha alcanzado ya un cierto punto de maduración y pese que aún está en plena fase de crecimiento, Repsol asumirá en solitario esa actividad y junto al Ejecutivo autonómico dará un paso en otra dirección también dentro del proceso de transición energética: la creación de un gestor de una red de recarga de hidrógeno, especializada en la movilidad del transporte. Ibil, que nació como una empresa de gestión de electrolineras, pasará así a convertirse en una compañía de hidrogeneras. El Ente Vasco de la Energía (EVE) y Repsol anunciaron ayer el nuevo rumbo de Ibil. De un lado, la empresa segregará su actividad actual de gestión y control de puntos de recarga de baterías, que pasará a una sociedad de nueva creación bautizada con el nombre de Evsare. Esta sociedad será propiedad en solitario de Repsol, que continuará así el camino iniciado hace algo más de una década en la construcción de una red de recarga de vehículos. En la actualidad, su sede estaba situada en las instalaciones del BEC de Barakaldo y desde el próximo mes de mayo, Evsare trasladará su actividad al Parque Tecnológico de Abanto-Zierbena. Evsare heredará 5.800 puntos de recarga eléctrica en España que hasta ahora gestionaba Ibil, de los cuales 1.900 son de acceso público y el resto corresponde a actividades privadas. En el País Vasco, la red que controla esta sociedad está compuesta por un millar de puntos de recarga, de los cuales 282 son públicos. Conscientes de que el hidrógeno comenzará a ganar peso en el transporte pesado por carretera –tanto de mercancías como de viajeros–, Repsol y el Gobierno vasco quieren repetir la experiencia en los próximos años, para analizar el funcionamiento de una red de repostaje de este gas. 

El hidrógeno verde puede convertirse en una pieza clave para la descarbonización de sectores económicos intensivos en emisiones como la generación eléctrica, el transporte, la industria o el sector residencial. Y, en particular, España se encuentra en una posición privilegiada en cuanto al uso del hidrógeno como alternativa energética, puesto que cuenta con un gran potencial de generación de hidrógeno renovable y con grandes expectativas de crecimiento. Tanto es así que la Asociación Española del Hidrógeno (AEH2) estima que con los incentivos y las ayudas públicas adecuadas el hidrógeno verde podría llegar a suponer casi 8 GW para 2024 y hasta 11 GW a partir de 2026, lo que supondría generar unas inversiones de más de 21.000 millones de euros. Pero, ¿qué hace falta para que el hidrógeno deje de ser un potencial vector energético de futuro y se produzca su despegue? Cuatro de las empresas que están apostando con mayor firmeza por esta tecnología coinciden en que es necesario que se den tres factores: 1. Asignación de fondos y subvenciones. 2. Normativa sobre el hidrogeno. Y 3: despliegue de infraestructura necesaria como base del desarrollo de mercados de hidrógeno.

Las 313 empresas que integran el clúster de industrias de conocimiento y tecnología de Euskadi, Gaia, miran con optimismo el futuro del sector, después de incrementar el pasado año un 6% su facturación en torno a la transformación digital. Alcanzaron los 6.560 millones de euros, según detalló su presidenta, Elena Zarraga, en un acto previo a la asamblea que celebran hoy. Zarraga dio por «superados los objetivos de crecimiento» marcados, aunque reconoció que los márgenes empresariales no aumentaron en la misma proporción. Esto lo atribuyó a «las dificultades y sobrecostes en el acceso a las materias primas, semiconductores, ‘commodities ‘y a la contratación de personal». El balance de 2023 refleja el optimismo por parte de las compañías que integran el clúster, como evidencia su inversión creciente en I+D, que se amplió un 10% hasta los 184 millones de euros el pasado año, y en el crecimiento de las plantillas. Las contrataciones aumentaron un 5%, con 1.200 incorporaciones. La cifra de trabajadores se acerca ya a los 25.000, aunque en la presentación alertaron sobre las dificultades de las empresas para cubrir sus necesidades, especialmente en perfiles vinculados a tecnologías disruptoras como la IA, la ciberseguridad o la estructura de datos. El compromiso con la transición digital y hacia la «economía del dato» supone el principal tractor. «Se prevé que en los próximos años esta demanda se mantenga o siga creciendo, dado que el camino por recorrer es muy amplio y en constante evolución», alertó la presidenta de Gaia.

Los sectores más expuestos a la inteligencia artificial (IA) generativa experimentan un significativo aumento en la productividad laboral y los salarios, según el Barómetro global del impacto de la IA en el empleo 2024. Este informe, que analiza más de medio millón de ofertas de empleo en 15 países, entre ellos España, destaca que la productividad laboral en sectores como los servicios financieros, tecnologías de la información y servicios profesionales se ha multiplicado casi por cinco, con una prima salarial media de hasta el 25% para los trabajadores con habilidades en IA. El estudio subraya que la inteligencia artificial podría resolver problemas endémicos de productividad en muchas economías. En este sentido, recuerda que en los países de la OCDE la productividad ha crecido solo un 1,1% en la última década. Asimismo, los autores defienden que esta tecnología va a impulsar el crecimiento económico, aumentar los salarios y, en definitiva, tener un impacto positivo en el nivel de vida de la población. El informe señala que, a diferencia de la revolución de los ordenadores, que tardó en verse reflejada en la productividad, la IA ya está generando mejoras tangibles. Prueba de ello es que el 84% de los CEO cuyas empresas ya usan esta tecnología, espera un aumento de la eficiencia de sus empleados, según la Encuesta Global de CEO 2024 de PwC.

Las palabras del presidente de Kutxabank, Antón Arriola, sobre lo «extremadamente bajos» que son los salarios de los jóvenes han provocado un intenso debate en el mundo empresarial vasco y guipuzcoano. Más allá de una opinión, la advertencia del presidente del banco de las antiguas ‘Kutxas’ vascas se sustenta en varios informes económicos que refrendan la precariedad de una gran parte de los asalariados menores de 35 años, y cómo esta situación provoca la fuga de talento. El último estudio elaborado por la Hacienda de Gipuzkoa sobre salarios recoge precisamente cómo la brecha salarial entre jóvenes y mayores en la última década se ha incrementado en más de 4.000 euros. Si acercamos la lupa a este informe del fisco foral, podemos observar cómo el sueldo bruto medio ponderado de los menores de 35 años en Gipuzkoa ha pasado de los 17.569 euros en 2012 a los 18.913, lo que se traduce en un alza del 7,6%, o lo que es lo mismo, 1.344 euros más. En la otra cara de la moneda nos topamos con que el salario de los mayores de 36 años ha subido un 20% (5.382 euros) desde 2012, al pasar de los 26.960 euros a los 32.342 euros en 2022, último año que recoge este estudio. En resumen, la brecha salarial se ha incrementado en 4.038 euros en la última década y, mientras las retribuciones de los veteranos han subido a mayor ritmo, la de los jóvenes arroja un crecimiento mucho más moderado. El debate está sobre la mesa después de que Arriola asegurara este pasado lunes en una jornada en Bilbao organizada por empresarios vascos que «los salarios que se pagan a los jóvenes son extremadamente bajos y ya existe fuga de talento por este motivo». Por ello reclamó al sector privado un esfuerzo. El presidente del Círculo de Empresarios y también de CAF, Andrés Arizkorreta, también hizo referencia a la necesidad de «ofrecer salarios competitivos». Tanto la patronal Confebask como la Asociación de empresas de Gipuzkoa (Adegi), declinaron valorar las declaraciones de Arriola. Quien sí se pronunció en el debate abierto fue Tomás Iriondo, director general del clúster de Industrias del Conocimiento y Tecnología de Euskadi (Gaia), uno de los sectores que debe pelear la captación de determinados perfiles tecnológicos. Iriondo indicó que los salarios para jóvenes recién incorporados en las empresas del sector oscilan entre los 1.300 y 1.900 euros, lo que, en su opinión, «no es un sueldo bajo y va en la línea de valoración del mercado».

Mientras PNV y PSE-EE avanzan con máxima discreción en las negociaciones para suscribir un nuevo acuerdo de gobierno, Imanol Pradales está aprovechando la cuenta atrás hacia su investidura para comenzar a diseñar el equipo que le rodeará al frente de Ajuria Enea. El futuro lehendakari está desplegando estos días una ronda de contactos en primera persona con todo tipo de agentes y expertos para esbozar un organigrama gubernamental en el que dos carteras cobran especial importancia: las de Salud y Seguridad, cada una con sus particularidades, pero ambas con conflictos internos por resolver. A un mes del pleno en el que será elegido jefe del Ejecutivo autonómico –ayer se confirmó que será el 20 de junio y la toma de posesión en Gernika dos días después–, el todavía candidato jeltzale va engrasando la maquinaria. Se mantiene al tanto de las conversaciones entre los equipos de PNV y PSE-EE, centradas por ahora en el programa y no tanto en las estructuras o en los nombres, pero no es el principal muñidor de la negociación, lo que le otorga margen de maniobra para ir avanzando en paralelo en el esquema que quiere implantar a su llegada a Lehendakaritza. En estas últimas semanas, Pradales ha mantenido numerosas reuniones y, «libreta en mano», ha puesto el foco especialmente en dos colectivos: los trabajadores de Osakidetza y de la Ertzaintza. El presidenciable nacionalista quiere que la legislatura que acaba de arrancar sirva para apaciguar los ánimos en dos pilares del sector público que en los últimos años se han abonado a un estado de agitación permanente. Para ello, busca no sólo atender las demandas y establecer canales de diálogo, sino también encontrar perfiles conciliadores que puedan liderar los correspondientes departamentos. En el caso de Salud, se da por hecho que Gotzone Sagardui no repetirá como consejera. 

España es un país de pequeñas empresas. Somos, esencialmente, un territorio de mercantiles sin asalariados (1,6 millones, según los registros de abril del Ministerio de Industria), microempresas (hasta nueve trabajadores, que suman 1,1 millones de compañías) y pequeñas empresas (hasta 49 empleados, un total de 171.898). En la otra cara de la moneda, solo 34.596 sociedades atraviesan la barrera de los 50 empleados en plantilla, en base a los números del ministerio. Existe un factor que podría hacer dudar a los empresarios a la hora de atravesar el umbral de los 50 trabajadores, la barrera simbólica que separa a una firma de ser pequeña o mediana, y es la yincana de tareas legales que va aparejada a la condición de “empresa mediana”. En los últimos años, esta mochila de deberes, cada vez más pesada, está sembrando la inquietud entre las compañías que se acercan a este número clave. Fuentes del sector apuntan que la fuerte presión normativa estaría provocando que algunos empresarios se lo piensen dos veces a la hora de dar el paso. ¿Sale a cuenta contratar al empleado número 50? Los bufetes consultados confirman las dudas del empresariado. Las opiniones son variopintas. “Se dan casos en los que las empresas diseñan estructuras societarias que les permiten no sobrepasar el umbral”, comparte Talmac Bel, socio de laboral del bufete de abogados Fieldfisher. De hecho, “en ocasiones, continúa el experto, “las mercantiles deciden de forma estratégica mantener el número de trabajadores por debajo de esa cifra para eludir las obligaciones que supondría alcanzarla”. El objetivo: esquivar la enorme carga de deberes legales que deben afrontar, en concreto en el ámbito laboral, contable y de control normativo. En los últimos años, el Ejecutivo ha reforzado los filtros de control empresarial, en especial en términos de acoso laboral, igualdad, transparencia e inclusión. Ello habría incentivado el aumento de las consultas legales. “Efectivamente, recibimos consultas recurrentes sobre las consecuencias que conlleva superar el límite de 49 personas trabajadoras”, corrobora Montse Rodríguez, socia de laboral de BDO Abogados, quien agrega que “las empresas muestran una gran preocupación a la hora de sobrepasar dicha cuantía, al ser conscientes de las consecuencias que supone en materia de obligaciones empresariales. Este límite implica una serie de cambios significativos para las empresas. 

España no competirá con otras economías del mundo en términos de costes laborales. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en el Foro Económico CREO 2024, organizado por Cinco Días. La también ministra de Hacienda explicó que la competencia a la baja en cuestiones salariales no es el modelo de sociedad que persiguen ni el Estado de bienestar que abandera el país ni la propia Unión Europea. Por ello, la “única opción es competir en innovación y generación de valor añadido”. Montero señaló en el discurso que clausuró las jornadas que las bases del comercio internacional establecidas hace años están siendo cuestionadas actualmente debido al regreso de políticas proteccionistas que responden al auge y la irrupción de algunas economías emergentes que están sacudiendo el tablero. Por estas razones, a las que se suman los bloqueos en las cadenas de valor globales que dificultan la llegada de productos e insumos, la ministra abogó por fortalecer las autonomías estratégicas, especialmente en los sectores de la energía, la agroalimentación, la fabricación de semiconductores y la defensa. Y destacó que el Gobierno español ha hecho los deberes al “reorientar” la economía hacia una mayor diversificación y especialización basada en la innovación. “España no va a competir en costes laborales, porque no es nuestro modelo de sociedad”, insistió.

El Gobierno aprobó ayer, con la campana de la Comisión Europea, la reforma del subsidio por desempleo, para hacer posible la transferencia de otros 10.000 millones de euros de los fondos europeos de transformación económica. A última hora, el Gobierno hizo ayer un cambio notable en la compatibilidad entre la prestación contributiva del desempleo, por la que se ha cotizado, y un salario como consecuencia de tener un trabajo. Antes del Consejo de Ministros, Trabajo elevó de 1.350 a 2.250 la cuantía máxima de la retribución que puede cobrar una persona durante catorce meses, al mismo tiempo que percibe una prestación por desempleo. 2.250 euros por catorce pagas son 31.500 euros al año. Casi el doble del salario mínimo interprofesional: 1.134 euros al mes, multiplicado por catorce pagas son 15.876 euros al año. Con esta propuesta, el Gobierno busca incentivar al desempleado a aceptar un trabajo sin temor a perder la prestación. Y, además, un trabajo con una remuneración respetable, teniendo en cuenta también lo siguiente: es una medida dirigida especialmente a reducir el número de parados de larga duración. Son las personas que llevan más de un año sin empleo, y que, con cierta frecuencia, ya rebasan los 45 y los 50 años. La compatibilidad entre la prestación contributiva y el salario por un trabajo entrará en vigor a partir del décimo mes del desempleo, y hasta que se cumpla el segundo año de la percepción de la cobertura. En el mejor de los casos, un parado que encontrase trabajo podría llegar a percibir 2.730 euros al mes: 480 euros, del 80% del Iprem, más en su cuantía máxima 2.250 euros, de un salario por trabajar.

España se sitúa por primera vez junto a EEUU en cabeza del ránking TTDI (Travel and Tourism Development Index), que mide las mayores potencias turísticas del planeta. El índice es elaborado bianualmente por el Foro Económico Mundial, la organización que gestiona el Foro de Davos. Se lleva haciendo desde 2007 y se ha convertido en un referente internacional para el sector turístico porque mide no solo el volumen de visitantes a un país, sino otras variables más estructurales. EEUU y España adelantan significativamente a Japón, en tercera posición, y Francia, en cuarta. El ránking, que en esta edición contempla un total de 119 países, se elabora a partir de encuestas a líderes empresariales, políticos y académicos de todo el mundo, y datos macroeconómicos y sectoriales. Se procesan más de cien variables en cuatro bloques (número de turistas, infraestructuras, sanidad, potencial económico, estabilidad...). España, que en el último índice, de hace dos años, salía en tercera posición, tras EEUU y Japón, adelanta esta vez a Japón. En la nueva clasificación EEUU y España aparecen en cabeza, con 5,24 puntos y 5,18 puntos, respectivamente. España sigue por debajo de EEUU, pero este país va retrocediendo (0,5%) y España va subiendo (0,9%). Ambos países están a una distancia significativa de Japón (5,09 puntos), que sigue retrocediendo (0,3%). “Este año marca un punto de inflexión para el sector de los viajes y el turismo que, como ya sabemos, tiene la capacidad de posibilitar el crecimiento y ponerse al servicio de las comunidades mediante la transformación económica y social”, explica Francisco Betti, jefe del equipo de Industrias Globales del Foro Económico Mundial.

El presidente del poderoso banco central alemán Bundesbank ve «plausible», pero no aún seguro, que el Banco Central Europeo vaya a realizar la primera bajada de tipos el próximo mes de junio: «No vendamos la piel del oso antes de haberlo cazado». Y lo que considera más incierto aún es cuándo se producirá el segundo recorte, que no tiene por qué ser inmediato. «Bajar los tipos en junio no implica que vayamos a seguir reduciendo en las siguientes reuniones del Consejo de Gobierno del BCE». En su opinión, «hay demasiada incertidumbre». POLÍTICA MONETARIA «No sé los años que tardaremos en ver tipos por debajo del 2,5%. No debemos precipitarnos y poner en peligro lo logrado». DÉFICIT Y DEUDA «Hay países que deben hacer ajustes presupuestarios. De lo contrario, los tipos podrían tener que ser más altos». GLOBALIZACIÓN.  «Es posible que vayamos hacia una desglobalización, así que tenemos que centrarnos en que la UE sea más resistente». ENVEJECIMIENTO «Nuestra población envejece y la escasez de mano de obra presiona al alza los salarios, costes y precios». 

Frenazo en el comercio, sobre todo dentro de las fronteras comunitarias. El intercambio de bienes entre los países de la eurozona registró en el primer trimestre del año su mayor caída desde la Gran Recesión, del 8,4%, de acuerdo con los últimos datos de Eurostat. Hay que remontarse a 2009, cuando la economía ya se había dado buena cuenta del descalabro que estaba causando la crisis financiera, para encontrar un retroceso mayor en un arranque de año. Este agotamiento también se ha replicado en el desempeño nacional: las exportaciones de España se contrajeron un 9% entre enero y marzo, frenando en seco la racha alcista inaugurada tras la pandemia y agrandando su déficit comercial. ¿Cuáles son las razones de este descenso tan marcado? Hay varios indicios que apuntan a que la ralentización económica europea ha pasado factura al intercambio de bienes. La zona euro entró en recesión técnica a finales de 2023 tras encadenar dos trimestres seguidos en negativo, con Alemania, la locomotora de Europa, a la cabeza de las caídas entre los grandes mercados de la moneda única –España, en cambio, fue a contracorriente y mantuvo su vigor–. La actividad ha vuelto a ganar brío en el arranque de este año, con un repunte del 0,3% entre enero y marzo tanto en el área del euro como en el conjunto de la UE. Una vez más, Berlín ha marcado la diferencia, y ha sorprendido con un crecimiento del PIB del 0,2%, un resultado que vaticina una mejora del ciclo cuya consolidación habrá de esperar. “Veremos si la recuperación incipiente de Alemania ayuda a animar las exportaciones de bienes. Si no fuera así, estaríamos ante una señal anticipada de pérdida de competitividad industrial”, vaticina Raymond Torres, director de coyuntura económica del centro de análisis Funcas y profesor asociado en el Instituto de Empresa.

La máxima responsable de la política económica estadounidense, Janet Yellen, pidió ayer “coordinación” a la UE en la respuesta a las distorsiones comerciales que provoca la “sobrecapacidad” china en mercados clave para la transición energética: coches eléctricos, paneles solares, turbinas. Y lo hizo en el escenario europeo más difícil, Alemania, uno de los Estados de la Unión más reticente a imponer aranceles como réplica a esas distorsiones, varias bajo investigación por parte de la Comisión Europea. En Fráncfort, Yellen defendió la reciente subida de aranceles a chips y coches eléctricos procedentes del gigante asiático que aprobó Washington la semana anterior. “La política industrial de China puede parecer remota mientras estamos sentados en esta sala, pero si no respondemos de forma estratégica y unida, la viabilidad de las empresas de nuestros dos países y de todo el mundo podría estar en peligro”, apuntó Yellen en su discurso. La dirigente estadounidense, como las autoridades europeas, dice que no apuesta por el “desacople” comercial con China, pero sí por “diversificar” los riesgos, en línea con la reducción de la dependencia de los productos chinos.

El conflicto diplomático desatado después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, calificara de «corrupta» a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha alcanzado en tan solo tres días cotas extraordinarias. La negativa del mandatario sudamericano a disculparse por las palabras pronunciadas en la cumbre ultaderechista organizada por Vox en Madrid llevó al Ejecutivo a tomar una decisión drástica y sin apenas precedentes, la retirada «permanente» de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, que ya había sido llamada a consultas el mismo domingo. Milei aseguró que él no tiene intención de seguir el mismo camino, pero no lo hizo para rebajar el tono. Al contrario. El estrambótico dirigente anarcocapitalista calificó de «disparate» la medida y acusó al presidente del Gobierno de creer que él es el Estado, de «cobarde», de «totalitario» y de estar necesitado de un psicólogo que lo ayude a madurar. Nada apunta, por tanto, a que las cosas puedan reconducirse pronto. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha optado por llevar hoy el asunto a la reunión de embajadores de la UE, no descartó ayer ir más allá en la ya elevada protesta diplomática. «Hay toda una gama de medidas que se pueden tomar. No tenemos ningún deseo ni ningún interés en ninguna escalada. No la hemos provocado, pero es la obligación del Gobierno defender la dignidad y la soberanía de las instituciones españolas», argumentó en una comparecencia tras el Consejo de Ministros, en la que también tildó de «absurdo» que se acuse al Gobierno de estar inflando este asunto para sacar rédito electoral.