20240314

El termómetro de la economía vasca empeoró ligeramente su resultado en febrero al situarse en 82 sobre 150 puntos, es decir 1,6 puntos menos que el dato anterior, aunque se mantiene en la zona de crecimiento suave. Estos datos se recogen en el "Termómetro Económico" que publica el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco correspondiente a febrero y que analiza un centenar de indicadores. En marzo pasado, hace casi un año, Euskadi entró en la zona de crecimiento suave (por debajo de 100 puntos) por primera vez desde el mismo mes de 2021. Ahí, por debajo de los cien puntos, sigue desde entonces. En el último termómetro publicado este miércoles destaca el "sólido incremento" del gasto en consumo en febrero, que sin embargo se ve contrarrestado por una evolución más moderada de la inversión y del sector exterior. Por sectores, la construcción y los servicios lideraron en febrero la actividad económica, mientras que la industria mostró un menor dinamismo. Ver termómetro Gobierno vasco. 

El hecho de que Euskadi haya salvado el impacto de la desaceleración económica en 2023 con un crecimiento del PIB del 1,8%, no ha evitado el surgimiento de problemas para algunas empresas. Así se desprende de las cifras del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales. El estudio desveló ayer un aumento del 30% en las compañías vascas que tuvieron que acudir a un concurso judicial para organizar el pago de sus deudas. No fue la norma general del tejido económico, pero la cuestión es que subieron hasta 884 las empresas que se vieron en esta tesitura, según informó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). La subida de tipos de interés, que alcanzó el 4,5% el mes de julio del pasado año, supuso un crecimiento récord en la última década en los gastos de las compañías para pagar sus créditos. A esto, además, se añadió que en muchos casos terminaba el plazo de carencia de los préstamos covid. Una inyección económica que fue clave durante la pandemia y que la banca habilitó principalmente con el aval del ICO, y en Euskadi también con el de la sociedad de garantía recíproca Elkargi. La conjunción de elementos dibujó una tormenta perfecta para empresas de sectores que llegaban muy castigados por la subida de precios en la energía o las materias primas arrastradas en 2021 y 2022. Según un informe de la consultora D&B, en Euskadi hasta 2.579 compañías gastaron más en financiarse que lo que generaron con el negocio. Estos casi 900 concursos que hubo tramitar en los juzgados vascos obligaron a la Administración de Justicia a reforzar la infraestructura de salas de lo mercantil. Así, se habilitó una tercera en Bilbao, aunque situada en el Juzgado de Getxo, mientras que Vitoria y San Sebastián tienen una en sus respectivas sedes. En total, cerca de 40.000 empresas vascas solicitaron un préstamo con aval del ICO o Elkargi, sumando un total de 5.684 millones de euros. 

El polo de fabricación avanzada que impulsan Mercedes Vitoria, el Gobierno vasco, Gestamp y la Corporación Mondragón –a través de MB Sistemas– da otro paso más en su camino por hacerse realidad. La sociedad pública Sprilur ya ha adjudicado las obras para materializar el proyecto en agosto de 2025, que es el objetivo que se marcó Lakua durante la presentación del conocido como Basque Automotive Manufacture Center (BAM). Aunque el Ejecutivo reservó para construir el edificio 13,69 millones de euros, finalmente la factura de la iniciativa será algo menor, de 11,3. En cualquier caso, serán más de los ocho millones anunciados para esta obra durante su presentación en diciembre. La unión temporal conformada por Lagunketa y Viuda de Sainz ha sido la adjudicataria de las obras. Estas dos constructoras serán las encargadas de levantar el edificio del centro en una parcela situada entre las calles Errotaurra y Zuazobidea, en el polígono industrial de Júndiz. El BAM estará ubicado en pleno CTV del área industrial, cerca de empresas como Correos y emblemas de la logística como Cargor o DHL. De hecho, colindará con la terminal logística que Adif está edificando en Júndiz como un nodo clave en una ‘autopista ferroviaria’ de tráfico de mercancías. Mientras el futuro coge velocidad, en la Avenida de Los Huetos el presente no es tan halagüeño. El comité y la dirección de Mercedes mantuvieron ayer la primera reunión para abordar cómo hacer frente a la bajada de pedidos. Hasta la fecha se han desactivado 11 jornadas de labor y el convenio sólo contempla 18 días sin trabajo.

La auditoría que encargó el Ministerio de Transportes para dilucidar los problemas vinculados al pedido de trenes destinados a Cantabria y Asturias ‘que no cabían por los túneles’ por incumplir el gálibo revela graves errores de coordinación entre todas las empresas relacionadas, las públicas Adif y Renfe y la privada CAF. El desencadenante fue la publicación por parte de Renfe de los pliegos del contrato con información errónea de las medidas de estos trenes, que ninguna de las empresas que pujó por el mismo fue capaz de encontrar. «Si Renfe hubiera solicitado a Adif la información que este disponía sobre la red de ancho métrico en el momento de la preparación del contrato, habría podido determinar con absoluta certeza que las condiciones sobre el gálibo incluidas en las especificaciones técnicas del tren no se podían cumplir», asegura el informe. Por su parte, Adif le entregó una documentación a CAF en noviembre de 2020, antes de la firma del contrato, en la que ya se evidenciaba que había un problema con las medidas . Sin embargo, la empresa pública no trasladó esta información vital a Renfe, que seguía desconociendo este problema. Esto supone, además, que CAF era consciente –o al menos tenía en sus manos la documentación para serlo– de la imposibilidad de llevar a cabo el contrato y, aún así, lo firmó 54 días después, ocultándole este hecho a Renfe. Entonces Adif y CAF ya conocían el problema y Renfe lo descubrió en enero de 2021, una vez firmado ya el contrato, lo que le llevó a paralizar su ejecución. Sin embargo, no lo comunicaron públicamente, ni a Cantabria y Asturias ni a la entonces ministra Raquel Sánchez.

Más de 80 empresas de subcontratación industrial de Gipuzkoa mostraron ayer todo su potencial ante 26 firmas compradoras de diferentes países en un intento de buscar nuevas oportunidades comerciales y potenciales clientes. Lo hicieron en el encuentro europeo de subcontratación industrial-Meetind 2024 que organiza la Cámara de Gipuzkoa y que ayer cumplió su decimoquinto aniversario. Este sector tiene un gran peso, ya que supone el 27,6% de las empresas industriales del territorio. Las compañías compradoras que han participado este año proceden de países tan diversos como Suiza, Países Bajos, Alemania, Francia o Austria, a las que se han sumado por primera vez empresas de Finlandia y de Marruecos, dos países con gran potencial en los que la Cámara ha puesto este año su foco en un intento de abrir más mercados para las empresas del territorio, según explica Iñigo Usandizaga, responsable de la entidad cameral. El área de especialización de subcontratación de la Cámara de Gipuzkoa, Subcontex Gipuzkoa, desarrolla este encuentro para ayudar a las empresas de Gipuzkoa a diversificar mercados. Desde Cámara de Gipuzkoa destacan que «la diversidad de sectores facilita que las empresas de aquí encuentren mayor número de oportunidades comerciales y potenciales clientes entre los visitantes», lo que ha permitido aumentar el número de empresas subcontratistas inscritas como participantes.

La primera comunidad energética de carácter industrial alavés ya está en marcha. La integran nueve empresas de la asociación Laudiogroup, que se creó en 2018 en Llodio con la intención de agrupar esfuerzos para comercializar sus productos y servicios, desarrollar nuevos proyectos y apoyarse mutuamente. El último reto en el que se han embarcado es generar por sí mismas la energía que consumen, al menos, parte de ella. Para sumar fuerzas ya han constituido la comunidad como tal. Y han solicitado la colaboración del Ente Vasco de la Energía (EVE) para abordar la inversión de 245.000 euros que van a realizar para tener «dos instalaciones fotovoltaicas en las empresas Cuchillas Mariaka y Enkarki con un total de 200 kilovatios», explicó Gorka Aguirre, de Tecoel, portavoz de Laudiogroup. La comparativa resulta más comprensible «si tenemos en cuenta que una vivienda consume unos 4 kilovatios al año». La generación de esta energía va a ayudar a las nueve empresas que participan en el proyecto a reducir su factura eléctrica porque «supondrá entre el 20 y el 25% del consumo de cada participante». No solo eso, «respaldará nuestro compromiso con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono, que es uno de los requisitos que se imponen a diario cuando trabajamos como proveedores», añadió Aguirre.

Fagor Electrónica, integrada en la Corporación Mondragon y dedicada a soluciones electrónicas y de digitalización, se ha hecho con la compañía astigarratarra Triax Digital Solutions, proveniente de la fusión en su día entre Triax AS e Ikusi Multimedia y que se encontraba en liquidación tras declararse en concurso de acreedores voluntario y sobrevenido en septiembre de 2023 pese a que sus ac tividades eran rentables. Los planes de la compradora pasan por integrar a la aquirida (y a toda su plantilla) en una nueva filial, Fagor Multimedia Solutions (FMS), de la que se espera que alcance una facturación de 25 millones en cuatro años. «El objetivo es sumar capacidades para liderar actividades de valor añadido, como los proyectos basados en ‘software’ multimedia para los sectores residencial y terciario», afirmó Fagor Electrónica.

El fabricante vasco de componentes para automóviles Teknia tiene entre ceja y ceja el crecimiento, ya que en el sector de la producción de componentes para vehículos el tamaño “da rentabilidad”. La compañía cerró 2022 (últimos datos disponibles) con una facturación histórica de 385 millones de euros. El cierre de 2023 apunta a unas ventas de 400 millones y confía en crecer aceleradamente hasta alcanzar, para 2025, los 600 millones en ingresos. En línea con este enfoque de crecimiento inorgánico, la compañía ha dotado de mayor peso al área de M&A, como pilar de la evolución corporativa en los próximos años, ya que desde ahora las decisiones de compras de empresas pasarán por Javier Quesada de Luis, que pasa de director a consejero delegado, después de que Javier Lazpita deje las funciones ejecutivas para centrarse en la presidencia del consejo. La primera pata de la ofensiva de compras de Teknia contempla adquirir empresas que aporten alto contenido tecnológico desde el punto de vista industrial y supone continuar con la estrategia de los últimos años que le ha llevado a comprar recientemente plantas en Suecia o en Alemania. Sin embargo, Quesada de Luis asegura que Teknia ha decidido aumentar el tamaño de las compañías en su radar, ya que antes buscaban firmas con hasta 20 millones de facturación, mientras que ahora peinan Norteamérica para comprar entidades con más de 80 millones de cifra de negocio.

Parte del resultado obtenido por Grupo Kutxbank en 2023 servirá para pagar el coste de un plan de prejubilaciones, según el banco. No ha especificado todavía en qué consistirá este nuevo proceso de salidas, pero revela que el incremento de las provisiones en el último año se debe sobre todo a este motivo. Kutxbank elevó el apunte por deterioros y provisiones más de un 65% en 2023, hasta los 384 millones por este concepto. Dicho movimiento tendrá lugar después de que Kutxabank paralizara en 2023 los programas de bajas anticipadas lanzados en años anteriores y anunciara nuevas contrataciones para incorporar talento. La plantilla de la entidad ha crecido, de hecho, un 0,6% respecto a 2022, hasta los 5.053 empleados. En el apartado de reservas que la entidad ha hecho en 2023, la salvaguarda relacionada con este proceso se incluye en la anotación contable por otras provisiones y contingencias, que ha pasado de significar 56,8 millones en 2022 a absorber 142,6 millones a fin de 2023. Esto es 151% más.

Repsol se ha comprometido a ser una empresa neutra en emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050. Una carrera que en los últimos tiempos le ha llevado, entre otras cosas, a ampliar su campo de acción a energías como la eólica o la fotovoltaica y que, al tiempo, le ha refirmado en la vanguardia de los llamados carburantes ‘limpios’, como los biocarburantes o los sintéticos (e-fuel), que son 100% renovables. Productos innovadores que desarrolla bajo gran secreto en su Technology Lab de Móstoles, y que este año pondrá a disposición de los conductores en 70 estaciones de servicio de todo Euskadi. De ellas, 11 en Gipuzkoa, 53 en Bizkaia y 6 en Álava, a un precio que será «similar» al de la gasolina premium, señalan fuentes oficiales de la compañía. La multienergética ya tiene en nuestro territorio cuatro surtidores de este diésel, cuya principal característica es que su fabricación no eleva la concentración de CO2 en la atmósfera, pues su proceso es neutro en emisiones. Se trata de los puntos de venta de ‘el Infierno’, en Donostia; Zaisa III, en Irun, y otros dos en Hernani. Pero la firma pilotada por Josu Jon Imaz, que lleva investigando este tipo de carburantes más de veinte años, se ha conjurado para acelerar su desarrollo, con un plan que multiplicará este año por diez su número de surtidores renovables en todo España para llevarlo por encima de los 600 puntos de venta. La pelea que mantiene el sector con Bruselas sobre el futuro de los carburantes en los motores de combustión a partir de 2035 y la puerta abierta por las autoridades europeas a las gasolinas renovables son también un aliciente para intensificar el desarrollo de los mismos.

La Unión Europea ha dejado a la industria petrolera entre la espada y la pared. Su impulso para descarbonizar la movilidad ha puesto al motor de combustión en la diana, con 2035 como fecha de caducidad. Nadie duda ya de que la gasolina y el diésel actuales tienen los días contados, pero las petroleras se agarran a un asterisco en la legislación para mantener viva la esperanza en una nueva generación de combustibles que garantizaría su supervivencia: los 100% renovables. Y Bizkaia puede jugar un papel relevante en su desarrollo, porque Petronor está ya levantando la primera planta de demostración industrial para su producción, el último paso antes de la fabricación masiva. Con una inversión que supera los 100 millones de euros, la empresa prevé arrancar la producción entre el año que viene y 2026. De sus instalaciones saldrán cada año unas 2.000 toneladas de combustible sintético producido a partir del CO2 que produce la refinería de Muskiz, equivalente a llenar el depósito de 200 coches al día. El objetivo es que el proyecto gane tamaño y siga los pasos de los combustibles renovables que Repsol ya comercializa: el diésel E+10 Zero, que está disponible en un centenar de gasolineras de España y Portugal, y la gasolina Efitec Zero 95 que ha debutado en tres surtidores. Pero estas nuevas fórmulas, que son totalmente compatibles con los motores actuales y ofrecen prestaciones similares, no se desarrollan en Euskadi sino en el gigantesco laboratorio tecnológico de Repsol en Móstoles (Madrid), un edificio de corte futurista en cuyo interior 250 personas dan forma al porvenir de un sector que tiene que alejarse del petróleo. En sus laboratorios de formulación se trabaja, por ejemplo, con aceite de cocina usado, como el que los clientes de la compañía entregan en 300 puntos de Madrid y Galicia a cambio de 30 céntimos por litro.

El sector industrial alemán lleva meses lamentando lo que aquí llaman «desindustrialización». De ese proceso dan cuenta indicadores sobre la producción industrial en Alemania, indicadores que van a la baja y siguen sin recuperar los niveles previos al inicio de la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, esta semana, en organizaciones como la Asociación Federal de la Industria Alemania (BDI, por sus siglas alemanas) tenían algo que celebrar. Al menos daban la bienvenida al lanzamiento del último programa de ayudas a empresas presentado por el ministro de Economía del canciller Olaf Scholz, el político ecologista Robert Habeck. Dicho programa prevé ayudas millonarias para acompañar a la transición energética del poderoso sector industrial alemán, un área de la economía que representa un buen cuarto del PIB alemán. En el Ministerio de Economía llaman a esas ayudas «contratos de protección climática». Siguen el principio según el cual las empresas que pidan el apoyo del Estado, recibirán compensaciones equivalentes a la diferencia que exista entre producir con energías fósiles –más baratas– a producir con hidrógeno, lo que precisa para el sector industrial de costosas inversiones. Por lo pronto hay a disposición de este programa de ayudas 4.000 millones de euros, pertenecientes al Fondo para la Transformación y el Clima de Alemania. Con esta iniciativa, el tipo de hidrógeno que se anima a adoptar como fuente de energía es el llamado hidrógeno azul. A diferencia del verde, que se produce con fuentes renovables, o del rosa, que utiliza electricidad nuclear, para su obtención se utiliza gas natural, aunque se le considera combustible de bajas emisiones. A través de su uso, el Ejecutivo germano quiere animar a descarbonizar el sector industrial. En términos de emisiones de dióxido de carbono, a ese sector se le responsabiliza de un 20% del total de las emisiones alemanas.

Los contratos indefinidos vinculados al turismo han aumentado un 335% en Gipuzkoa en relación a 2019, el último año previo a la pandemia de Covid. En Euskadi, la subida ha sido aún mayor hasta alcanzar un 395%. Estos datos se dieron a conocer ayer en la jornada ‘Turismo y Empleo’ celebrada en el hotel Tres Reyes de Donostia, donde se dieron cita 70 agentes y profesionales del sector turístico de Gipuzkoa, así como representantes institucionales, de centros formativos y sindicatos. En el encuentro, organizado por el departamento foral de Movilidad y Turismo y por el departamento vasco de Trabajo y Empleo, se abordaron los retos a los que se enfrenta el empleo en el sector turístico. La jornada contó con la presencia de la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, que destacó que «todos los agentes implicados han hecho un gran esfuerzo para que hoy en día el empleo de todas las actividades turísticas sea de mucha más calidad». No obstante, señaló que «aún queda mucho recorrido para que estas condiciones sean dignas, para reducir la brecha de género, y para que las empresas y los trabajadores del sector salgan ganadores». Mendia celebró que «los contratos indefinidos han aumentado un 395% en Euskadi y un 335% en Gipuzkoa» en relación a 2019, año previo a la pandemia. Pero también destacó que «se aprecia un avance en la reducción de la parcialidad, en donde se han invertido los términos y más de la mitad son ya a jornada completa».

Las bajas laborales no paran de crecer. Los datos de la Seguridad Social así lo atestiguan en los últimos años, cifras que han servido al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y a la mutua Umivale Activa para elaborar un informe que radiografía el fenómeno. El estudio destaca que a lo largo de 2023 se registraron en España más de 400 procesos de incapacidad temporal (IT) por cada 1.000 trabajadores, la máxima incidencia registrada en la última década. Este volumen de bajas laborales condujo al país a perder 396 millones de jornadas laborales por IT a lo largo del año, un 62% más que en 2018, por encima del aumento que ha experimentado la ocupación. Así, en promedio en torno a un millón de trabajadores se ausentaron de su trabajo por enfermedad en 2023. Este aumento preocupa a empresarios y sindicatos, como manifestaron en el pacto salarial que firmaron en mayo del año pasado, y les animó a reclamar una mayor participación de las mutuas en el tratamiento de las bajas traumatológicas. Esta posibilidad está en vías de negociación entre los agentes sociales y el Ministerio de Seguridad Social. “Los procesos iniciados de IT en relación al volumen de población protegida experimentaron un descenso sostenido a partir del estallido de la Gran Recesión desde finales de 2008 y hasta 2013. Sin embargo, a partir de 2014 el índice no ha dejado de crecer, situándose actualmente en máximos del periodo, aunque con diferencias notables según el tipo de contingencia y entidad gestora”, detalla el estudio. 

La banca se ha sacudido 3.000 millones vinculados al ladrillo tóxico. Las seis entidades cotizadas (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) han reducido un 11,5% su exposición al inmobiliario problemático en 2023, según reflejan las memorias financieras de cada banco, dentro de las políticas que vienen aplicando en los últimos años para sanear sus carteras de crédito dudoso. Aun así, los seis bancos suman en conjunto riesgos por 23.500 millones. Desde 2008, los bancos se impusieron como gran misión eliminar de sus balances los activos tóxicos que habían acumulado en exceso y habían provocado agujeros millonarios. Esos créditos e inmuebles se agruparon en carteras improductivas que habitualmente se venden a inversores institucionales y fondos buitre y que llevan aparejados fuertes descuentos respecto al valor nominal, que en los casos más extremos pueden legar al 90%. En cualquier caso, los bancos prefieren deshacerse de los activos a cambio de una pequeña cantidad de su valor con tal de aliviar su exposición a créditos dañados y dedicar recursos a su recuperación. “La exposición del sector bancario español al segmento de construcción y promoción se ha reducido de forma sustancial, desde los máximos alcanzados en el ejercicio 2008 próximos al 26%, sobre el total del crédito a hogares y empresas, hasta los niveles actuales en torno al 8%. En esta misma línea, la morosidad en este segmento, la cual llegó a registrar una tasa superior al 30% en el punto álgido del sector en el ejercicio 2013, se ha corregido de forma intensa, especialmente hasta el año 2019, en línea con el proceso de saneamiento del balance del sector. Desde 2019 se ha mantenido esta tendencia a la baja, aunque con menor intensidad”, explica Marta Alberini, consultora de Afi.

Euskal jatorria duen trenen ekoizlea informazio ekonomikoaren protagonista bilakatu zaigu azken egunotan. Enpresa baten erosketa beti albiste bada ere Talgorenak soka luzea ekartzeko osagai guztiak ditu. Pedro Sanchezen gobernuak eragiketari trabak jartzeko asmoa erakutsi du, eta litekeena da Talgo enpresa estrategiko izendatzea, modu horretan, akzioak erosteko eskaintza publikoa galarazi ahal izateko. Eroslearen atzean Europako Batasuneko beste estatu bat egoteak zaildu dezake Sanchezen jarrera. Hori gutxi balitz, eragiketan Errusiarekiko isilpeko loturak egon daitezkeela iradoki egin dute hainbat ministrok. Gehiago irakurri hemen. 

Inditex volvió a registrar unos resultados récord en el ejercicio 2023. El gigante textil gallego alcanzó un beneficio neto de 5.381 millones de euros, un crecimiento del 30% respecto al año anterior, mientras que los ingresos alcanzaron un nuevo máximo, con 35.947 millones de euros, un 10,4% más. Todo ello, en un ejercicio en el que la compañía volvió a superar su cotización máxima en Bolsa, lo que convierte el anterior en un año histórico. Las acciones del grupo textil gallego subieron un 7,74% en Bolsa ayer tras conocerse estas cuentas, y marcan máximos históricos, superando una capitalización de 135.000 millones de euros. Estos elementos han contribuido a que eleve su retribución al accionista: Inditex pagará 1,54 euros por título, un incremento del 28% respecto a la retribución repartida el año pasado, según la propuesta que el consejo de administración llevará a la próxima junta de accionistas. De esa cifra, 1,04 euros corresponden al dividendo ordinario, al que se suman 0,50 euros como extraordinario. Se trata del pago al accionista más alto en la historia del grupo. En 2013 este repartió 2,42 euros, pero entonces la compañía llevó a cabo un desdoblamiento de acciones, dividiendo cada título en cinco. Además, la compañía anunció ayer unas inversiones ordinarias de 1.800 millones para este ejercicio, dedicadas a la “optimización de nuestro espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de nuestras plataformas online”, a las que se sumarán otros 1.800 millones, en este caso durante dos años, en ganar capacidad logística.

Ni el ‘caso Koldo’, ni la denuncia contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal. La noticia saltó ayer por donde menos esperaban los dos principales partidos nacionales, enfrascados en los últimos días en arrojarse a la cabeza sus respectivos escándalos de corrupción. El runrún había comenzado la víspera, pero apenas nadie le había prestado atención y finalmente se convirtió en realidad. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció a media tarde la convocatoria de elecciones en Cataluña el próximo 12 de mayo después de que sus intentos de convencer a En Comú Podem de que le salvara los Presupuestos cayeran en saco roto. La decisión pone fin a la convulsa legislatura catalana con ocho meses de antelación y añade también tensión al ya inestable mandato de Pedro Sánchez. Tras semanas de zozobra, desde el fiasco de las elecciones gallegas del 18 de febrero y el estallido del caso que ya se ha llevado por delante al exsecretario de Organización y exministro socialista José Luis Ábalos y salpica a otros cargos del partido, el Ejecutivo cerró la semana pasada con Junts y ERC el pacto que permitió desatascar la polémica ley de amnistía y, ahora, confiaba en poder lanzar un mensaje de cierta normalidad con la presentación, en breve, de los Presupuestos Generales del Estado. Pero ese objetivo se ha tornado de la noche a la mañana en inalcanzable.

La convocatoria anticipada de las elecciones catalanas ha dado al traste con la intención del Gobierno de presentar unos Presupuestos para este año y, con ello, decaen en la práctica algunas de las grandes medidas anunciadas por el Ejecutivo y que, sin cuentas públicas, se hace cuesta arriba aprobarlas: el nuevo impuesto permanente a las energéticas y a la banca; la ampliación de los permisos de paternidad para igualarlos entre los cónyuges; las inversiones vinculadas a buena parte de los fondos europeos; o, como última acción, el plan para los afectados por ELA aprobado recientemente por el Congreso. Esos son algunos de los anuncios que desde la Presidencia del Gobierno han insistido en realizar en las últimas semanas para contrarrestar el impacto que tiene la aprobación de la ley de amnistía, cuya votación se realiza este mismo jueves. De hecho, Sánchez apuntó en su viaje a Marruecos la semana pasada que «había Gobierno para rato con presupuesto en 2024, 2025 y 2026». Sin embargo, la acción del Ejecutivo queda ahora mucho más limitada a otro tipo de anuncios sin gran contenido económico. Los ministerios económicos (Hacienda, Economía, Seguridad Social y Trabajo, fundamentalmente) ya estaban trabajando «desde hace semanas» en las cuentas públicas de 2025, en paralelo a las de 2024. De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, consideraba que los del próximo año serán unos Presupuestos más importantes al ser los primeros que incluirán las nuevas reglas fiscales de la UE, y que obligarán a realizar un ajuste de hasta 7.000 millones de euros. Por lo pronto, se disipa la posibilidad de conocer cómo quedarán configurados los dos impuestos extraordinarios que el Gobierno aprobó en el verano de 2022 para las compañías energéticas y la banca. Tanto Sánchez como la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, habían anticipado que «modularían» y «adecuarían» el tributo energético para minimizar su impacto en las empresas a cambio de que se comprometieran a realizar inversiones sostenibles. Del que nada se sabía, por ahora, era del impuesto bancario más allá de los primeros contactos que el Ejecutivo mantenía ya con representantes del sector financiero para tratar de configurar un impuesto con el que Sumar no estaba dispuesto a ceder en recortarlo. Por ahora, ambas figuras permanecen prorrogadas.

La ley europea sobre Inteligencia Artificial (IA), una normativa pionera para la regulación de esta tecnología, ha recibido este miércoles el visto bueno definitivo del Parlamento Europeo. El reglamento ha recibido un apoyo mayoritario, con 523 votos a favor y 46 en contra, en el que es un paso significativo para su aprobación final, aunque la norma no entrará en vigor hasta 2026. Con esta normativa, la Unión Europea (UE) quiere identificar los contenidos generados con este tipo de tecnologías como ChatGPT (que deberán respetar en todo caso los derechos de copyright), vigilará las IA consideradas de riesgo y prohibirá el uso y desarrollo aquellas con aplicaciones peligrosas. El texto acordado entre las instituciones comunitarias pretende impulsar el desarrollo de este tipo de tecnología en la UE y, al mismo tiempo, servir como ejemplo para regular la IA en otras regiones del mundo. La ley establece unas líneas rojas y prohíbe los usos peligrosos, como la vigilancia biométrica masiva en espacios públicos. Incluye, con todo, varias excepciones a la norma y señala que se podrá utilizar bajo autorización judicial para prevenir una amenaza terrorista inminente o para localizar o identificar a autores de delitos de terrorismo o tráfico de personas, entre otros. La nueva ley también contempla ciertas obligaciones para las IA creativas, como ChatGPT, a identificar los contenidos (textos, fotos, vídeos) generados con este tipo de tecnologías con una marca de agua. Estos programas también deberán respetar en todo momento los derechos de autor.

La Cámara de Representantes ordenó ayer parar el baile de TikTok en Estados Unidos si ByteDance, la empresa propietaria de la red social china de vídeos, no se aviene a venderla. La aprobación de un proyecto de ley que podría acabar prohibiendo la distribución de la aplicación obtuvo un contundente respaldo en una votación de 352 votos a favor y 65 en contra (15 republicanos y 50 demócratas). El desafío del Congreso estadounidense a China se enmarca en las crecientes tensiones entre Washington y Pekín por el control de la tecnología y por los temores de que la plataforma pueda amenazar la seguridad nacional y ser empleada para operaciones de espionaje o de manipulación de la opinión pública. China, a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, advirtió de que se tomaría una prohibición de la red social como un “acto de matonismo”. El destino de la ley votada ayer por la vía rápida y sin apenas debate en la Cámara es incierto. Tendrá que aprobarla el Senado con una mayoría cualificada de 60 sobre 100, y donde iniciativas anteriores para poner coto a TikTok no consiguieron salir adelante. Una votación tan contundente en la Cámara de Representantes eleva, con todo, la presión sobre los senadores para apoyar una medida muy impopular entre los 170 millones de usuarios estadounidenses de la plataforma (más de la mitad del país) y que provoca un gran rechazo entre los jóvenes.