20241018

El mercado se sumó ayer a las reacciones que tanto desde los Gobiernos central y vasco, como del mundo empresarial, respaldaron la toma de control de Talgo por parte de Sidenor. Y es que esta semana, la acción del fabricante de trenes se ha revalorizado un 15,79% convirtiendo los 3,33 euros a los que se intercambiaba el lunes en los 3,84 a los que cerró ayer la sesión. En la cascada de valoraciones, tampoco faltó la patronal, CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, consideró «una buena noticia» que un «industrial de reconocido prestigio se interese por una compañía como Talgo». La fluctuación de la acción del fabricante de trenes evidenció que el mercado también ve viable la operación. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció que la propuesta de José Antonio Jainaga puede «dar viabilidad industrial a largo plazo y estabilidad al accionariado» de Talgo. El responsable de la cartera económica del Ejecutivo recordó que son esas, precisamente, las condiciones para un respaldo público que se vehiculizaría a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). En la misma línea, casi como si se tratase de un guion pactado, habló ayer en la entrada del Parlamento el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi. Recordó el apoyo de su Ejecutivo ante una alternativa liderada por «un empresario vasco de acreditada trayectoria». El Gobierno estaría dispuesto a entrar en el accionariado con la condición de que se consolide el «arraigo» en Euskadi de Talgo y se mejore «el empleo industrial». En definitiva, y como confirman fuentes conocedoras de los contactos, que la sede se establezca en Euskadi y que se consolide el proyecto empresarial. Y es que la sintonía entre ambos gobiernos, según señalan las mismas fuentes, es una de las constantes desde que comenzó a fraguarse el interés del presidente de Sidenor por hacerse con el control de Talgo.

El enfrentamiento entre Renfe y Talgo por el mal funcionamiento de la flota de 30 trenes de muy alta velocidad encargados en 2016 se encuentra en su recta final. El operador estatal prevé recibir en los próximos días el informe técnico para aconsejar cuál es la mejor fórmula para ejecutar las penalizaciones al fabricante de trenes por los retrasos en las entregas y los fallos detectados este verano en la plataforma Avril, que forma parte de la serie S106 de Renfe. La tramitación de la multa, estimada en unos 160 millones de euros a finales de abril de este año, coincidirá en el tiempo con el nuevo asalto sobre Talgo, en esta ocasión protagonizado por la siderúrgica vasca Sidenor que cuenta con el respaldo tanto del Gobierno vasco como del Ejecutivo central. La sanción, que equivale a un tercio del valor de Talgo en Bolsa (ayer cerró a 3,8 euros por acción con una capitalización de 475 millones) supone una losa sobre la compañía que ha frenado la marcha de la cotización. En plena opa del consorcio Magyar Vagon a 5 euros en metálico, los títulos de Talgo apenas superaron el umbral de los 4 euros. Tras el veto español al grupo húngaro, la acción volvió a desplomarse y ha sido en las cuatro últimas sesiones cuando ha vuelto a recobrar vida al calor del interés manifestado por el inversor vasco José Antonio Jainaga, accionista de control de Sidenor. “La amenaza de una multa afecta a la evolución del valor y favorece a aquellos que quieran comprar barato”, indican los analistas. Según las fuentes consultadas, Jainaga, que ha hecho una oferta por todo o una parte de Talgo, quiere que el Gobierno, aliado en esta operación, retire la multa.

Sidenor quiere hacer historia con la compra de otra compañía con acrónimo pintado de historia, Talgo (Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol). Son dos destilados industriales del País Vasco en vías de asociación bajo la atenta mirada de dos Gobiernos, el central de Pedro Sánchez, que no quiere ceder la españolidad del fabricante de ferrocarriles Talgo, y el vasco, que ve con buenos ojos todo aquello que agrande y dé lustre al tejido industrial de la comunidad. El dueño y presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga (Bilbao, 1954), tiene planes de crecimiento impulsados desde su centro de estrategia, el fondo Mirai –futuro en japonés–. Su objetivo es formar una gran corporación industrial. Con ese fin, Jainaga y su número dos, Marco Pineda, un economista formado en la Facultad de Sarriko (Bilbao), han diseñado un grupo industrial a partir del fondo que, sin tener en cuenta el objetivo Talgo, pretende alcanzar los 400 millones invertidos en 2026, controlar 30 pequeñas y medianas empresas y emplear a 2.000 trabajadores frente a los 500 actuales. Para Sidenor, Jainaga y Pineda, la compra de Talgo supone un salto cualitativo en todos los sentidos. Un dato: Talgo emplea 3.200 trabajadores y Sidenor, 1.900. Representa una oportunidad de diversificación oportuna porque Sidenor, con sede en Basauri (Bizkaia) y centros de trabajo en Basauri, Azkoitia, Legutio, Vitoria y, fuera del País Vasco, en Reinosa, Barcelona, Valencia y Guadalajara, depende de un sector muy complicado: el automóvil. La compañía admite que no es un mercado fácil porque la incertidumbre es extrema; pues la demanda depende de una evolución económica general incierta y porque los desafíos a los que se enfrenta la industria (transición energética y coche eléctrico) hacen muy difícil predecir la evolución, incluso a corto plazo, de la compra de automóviles. Diversificar es la clave y Jainaga, el empresario discreto, el ingeniero industrial con experiencia de décadas –Sener, Michelin– quiere apostar por Talgo. Jainaga es decidido. Lo demostró en 2016 cuando encabezó al grupo de directivos que compró Sidenor al grupo siderúrgico brasileño Gerdau por 155 millones. Era un objetivo tentador para buenos gestores. Como lo es ahora el fabricante ferroviario, que diseña, fabrica y mantiene trenes desde hace 81 años, cotiza en Bolsa desde hace ocho y corre el riesgo de morir de éxito; tiene pedidos, pero las fábricas de Las Matas (Madrid) y Rivabellosa (Álava), así como sus bases de mantenimiento, están al límite.

La idea de lanzar un fondo soberano inspirado en los de países como Noruega es el gran objetivo del lehendakari Imanol Pradales para que Euskadi recupere su fortaleza industrial. En el último año, reestructuraciones de compañías como Siemens Gamesa y sus proveedores o absorciones como la de Euskaltel por MasOrange han supuesto una llamada de atención que la crisis de Talgo ha terminado de confirmar. El paso adelante dado por el dueño de Sidenor José Antonio Jainaga para ser el «socio industrial» facilita que Talgo sea la primera gran pieza de ese fondo soberano que acaricia el presidente vasco. La nueva política de inversión pública industrial que Pradales ha activado junto a su consejero de Industria y amigo Mikel Jauregi tiene tres ejes: el primero es el Instituto Vasco de Finanzas (IVF), que depende de la consejería de Economía y actúa como armazón jurídico, y el fondo Finkatuz, dotado a día de hoy con 300 millones de euros y preparado para ejecutar las operaciones de compras industriales. Con estos instrumentos más el músculo financiero de entidades bancarias vascas, como Kutxabank o Laboral Kutxa y la colaboración de fondos de pensiones, el objetivo es armar una cartera industrial que permita proteger los intereses del Gobierno vasco en la industria. Así, hasta ahora las inversiones en empresas han sido muy tímidas. La central lechera Kaiku, la fabricante de material ferroviario CAF –que rechazó participar en el relevo de accionistas de Talgo–e ITP Aero. La operación de entrada en el capital de esta última en octubre de 2022 es la que más semejanza guarda con lo que se planea hacer en Talgo. 

El mercado laboral vasco sigue dando muestras de gran resistencia y dinamismo. El paro bajó en el tercer trimestre del 7,5% al 7,1%, un nuevo mínimo desde 2008, antes de que estallase la crisis financiera. Y lo hizo acompañado de un récord histórico de empleo, con 997.100 ocupados, la mayor cifra de toda la serie, según la encuesta de Población en Relación a la Actividad (PRA) que realiza el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Los datos del organismo vasco no coinciden exactamente con los de la Seguridad Social, según la cual el récord de empleo se marcó en primavera y hace ya más de un año que se superó el millón de cotizantes. Pero la tendencia que dibujan es la misma, una positiva evolución del mercado laboral en un contexto de envejecimiento de la población y dificultades para cubrir vacantes en múltiples sectores. Según la comparación interanual, que siempre es el termómetro más fiable, en el último año se han creado en Euskadi 19.300 puestos de trabajo, un 2%, hasta sumar la citada cifra de 997.100, nunca antes alcanzada en la serie histórica que se remonta a 1985, según destaca el Eustat en su nota. El mayor incremento se ha registrado en el ámbito de los servicios, al incorporar 14.300 ocupados, un 2%, hasta los 731.900; si bien el mayor aumento porcentual se produce en la industria (3%), que suma 5.800 empleos, que recupera el listón de los 200.000 trabajadores. Por contra, la construcción sufre una ligera caída hasta los 56.200 ocupados. En cuanto al paro, la cifra de desempleados se recorta en 4.500 personas hasta las 76.700. Cada vez están más cerca los niveles por debajo del 5% que se registraron antes de que estallara la crisis financiera, cuando se podía hablar de pleno empleo en Euskadi.

Septiembre vuelve a reactivar el mercado laboral guipuzcoano y vasco después del paréntesis estival, cuando sólo en agosto se destruyeron 5.392 puestos, un fenómeno arrastrado en gran medida por la fuerte caída de cotizantes en el ámbito de la educación. En cualquier caso, en el noveno mes del año, un periodo siempre bueno para la economía, el territorio ha sumado 2.500 ocupados en relación al segundo, hasta alcanzar las 336.800 personas, como lo constata la PRA (Población en Relación con la Actividad) que publicó ayer el Eustat. Además, el ente estadístico vasco sitúa la tasa de paro del conjunto de los tres territorios en el 7,1%, cuatro décimas porcentuales menos que en el segundo trimestre de este año, mientras en Gipuzkoa es de apenas del 5,3%, cerca del pleno empleo técnico, y mejor dato vasco. Es menor que la del conjunto de la Unión Europea (5,9%) y la de España (11,3%). Hay que recordar que los datos del organismo vasco no coinciden exactamente con los mensuales que ofrece el Ministerio de Seguridad Social, según la cual el récord de empleo se registró en primavera, y hace ya más de un año que se superó el millón de cotizantes en Euskadi. Pese a todo, el avance se debe, según la PRA, al impulso del sector servicios que, con 3.200 ocupados más, sigue absorbiendo mano de obra gracias al buen comportamiento del turismo, además de que la industria vuelve a registrar resultados positivos después de los malos datos del segundo trimestre, con 700 ocupados más. La construcción también marca una buena evolución, con 1.300 ocupados más, pero el sector primario sigue perdiendo empleo, al restar 700 personas en la comunidad del País Vasco.

Un escalón más. El Banco Central Europeo (BCE) anunció ayer un nuevo recorte de los tipos de interés, un movimiento que deja el precio del dinero en el 3,25%, niveles desconocidos desde marzo del pasado ejercicio. Es el tercer descenso de las tasas que lleva a cabo la autoridad monetaria en lo que va de año. Con ello, deja ya lejos, a 75 puntos básicos, el pico del coste de financiación alcanzado en septiembre de 2023, en el 4%. La fuerte caída de la inflación, que se situó por debajo del objetivo del 2% en septiembre, unida a los débiles indicadores de actividad económica, han justificado la decisión del Consejo de Gobierno, que ayer prefirió acelerar para reducir el riesgo de lastrar en exceso la economía de la región. “La información más reciente sobre la inflación muestra que el proceso de desinflación continúa conforme a lo previsto. Las perspectivas de inflación también se ven afectadas por las recientes sorpresas a la baja en los indicadores de la actividad económica”, señaló el BCE en su comunicado. Hasta hace unas semanas, la posibilidad de una bajada de tipos en esta cumbre, celebrada en Brdo, cerca de Liubliana (Eslovenia), era para muchos una quimera. Sin embargo, los últimos datos recibidos han dado al traste con esa planificación y el BCE ha acabado optando por relajar su política monetaria en una reunión en la que la decisión se ha aprobado por unanimidad. “Todas las lecturas, tanto de precios como de actividad económica e incluso nuestras encuestas apuntaban en una misma dirección para la inflación: a la baja. Hemos tomado la decisión correcta”, aseguró Christine Lagarde, presidenta del BCE.

El doctor de Economía de Deusto, Massimo Cermelli, considera lógica la bajada de tipos decretada por el BCE para tratar de reanimar una económica europea que «está cayendo en picado, salvo España, con Alemania en recesión y Francia e Italia creciendo poco». Su pregunta ahora es si será suficiente una bajada del 0,25 o habrá que ser más contundente las siguientes veces o incluso pensar en otras medidas. Cermelli no tiene todavía respuesta pero prevé futuras nuevas bajadas. «El problema ahora es reactivar la economía, y si no lo logra, el BCE será más contundente y las siguientes bajadas puede que sean de medio punto. En todo caso, seguirán siendo constantes». Todo ello pese a que la inflación está «bajo control», con datos de IPC en Europa conocidos ayer «mucho mejores de lo previsto, no se esperaba que la inflación se iba a ralentizar tanto». La reanimación de las economías europeas, algo que se percibirá con el paso de los meses, puede ser positiva para las exportaciones guipuzcoanas, aunque Cermelli advierte de que «el euro lleva unos días ya cayendo, descontando el efecto de una bajada de tipos, y si exportamos mucho hacia Alemania, esa caída del euro puede que se vea neutralizada por la ralentización de la economía alemana». En todo caso, exportar hacia países donde no haya ralentización «siempre viene bien». El economista también cree que la nueva bajada del precio del dinero seguirá revitalizando el mercado inmobiliario y animará a la gente a comprar vivienda. Eso sí, cree que los bancos seguirán sin remunerar los depósitos.

El electroshock monetario del BCE ha funcionado, logrando apaciguar a la bestia inflacionista. Sin embargo, todo tratamiento tiene efectos secundarios y el rápido y acusado encarecimiento de la financiación no solo ha enfriado los precios, sino también la actividad económica, que en los últimos meses ha ido de más a menos, hasta el punto de que los últimos índices PMI anticipan un estancamiento o un crecimiento mínimo en el tercer trimestre. Con este telón de fondo, la prioridad es evitar un mayor deterioro de la economía del bloque, que tras un esperanzador avance en la primera mitad de año, apunta a una clara desaceleración en la segunda. De ahí que el BCE haya decidido esprintar en su proceso de relajación de la política monetaria acometiendo ayer su tercer recorte de tipos desde junio, hasta situarlos en el 3,25%, ante “las recientes sorpresas a la baja en los indicadores de la actividad económica”, admitió el organismo que preside Christine Lagarde. Y es que el encarecimiento de la financiación si bien ha frenado el avance de los precios en la cesta de la compra, también ha impactado sobre el consumo y la inversión, ha lastrado la demanda de productos y servicios y ha deteriorado la confianza de las empresas. Los síntomas del resfriado son palpables. Según los índices PMI, al cierre del tercer trimestre la actividad económica de la eurozona entró en terreno de contracción por primera vez desde febrero, con sus tres mayores economías, Alemania, Francia e Italia, en territorio de desaceleración, aunque el gran talón de Aquiles es la otrora poderosa locomotora germana, hoy gripada y en plena marcha atrás. De hecho, su Gobierno ha revisado drásticamente a la baja sus previsiones y ahora estima una recesión del 0,2% este año frente al alza del 0,3% proyectada con anterioridad. Entre las mayores economías del euro, España es la gran excepción, con un crecimiento del PIB esperado del entorno del 2,8%, pero, como señalaba recientemente el economista jefe del Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, “simplemente no tiene suficiente peso como para levantar al resto de la zona euro con ella”.

Yolanda Díaz ha amenazado a la CEOE con retirar de la mesa de negociación las ayudas a las pymes si no apoyan la reducción de la jornada laboral por ley, una estrategia con la que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo busca provocar una brecha interna en la organización empresarial, generando tensiones entre los sectores más afectados por la medida, como la hostelería o el comercio, y los que tendrían más músculo para capear el eventual recorte de jornada sin rebaja salarial. Ante la negativa de la patronal a aceptar una reducción de la jornada laboral impuesta al margen de la negociación colectiva, la estrategia del Ministerio de Trabajo pasa ahora por dividir a los empresarios. Así lo constataron ya hace unas semanas, cuando la vicepresidenta Díaz emprendió una gira por Cataluña para intentar atraer a su bando a las patronales Foment y Pimec. Y, de paso, a Junts, cuyo voto es fundamental en el Congreso de los Diputados. De Barcelona se volvió con un «estamos en total sintonía con la CEOE». Pero a pesar del cierre de filas público de las patronales catalanas, es cierto que, a puerta cerrada, algunas organizaciones empresariales llevan semanas presionando internamente para cambiar de postura en la mesa de negociación simplemente porque prefieren arrancar concesiones que ayuden a amortiguar el impacto de una reducción de jornada que Díaz va a aprobar aunque sea solo con el apoyo de los sindicatos. Conocedora de estas presiones internas en la patronal, Díaz está tratando de seducir a organizaciones de peso a nivel nacional, como son la patronal de las pymes Cepyme o la de los trabajadores autónomos ATA, con un plan de acompañamiento específico para que los pequeños negocios puedan beneficiarse de bonificaciones a la contratación y a las conversiones de contratos a tiempo parcial en tiempo completo.

«En este sector no se pagan las horas extra, tienes que sacar adelante el trabajo y punto. En el registro horario metemos lo pactado para que la empresa no tenga problemas». El testimonio de Teresa, que trabaja en una correduría de seguros, sirve para ilustrar un abuso que sufren de media 24.055 trabajadores cada semana por las horas que meten de más sin recibir retribución y sin que se cotice por ellas. Es la estimación que ha extraído CC OO en un informe elaborado a partir de los microdatos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una de las conclusiones más llamativas del estudio es que Euskadi es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de horas extra impagadas, un 53% del total. Así, de las 228.799 que los trabajadores hacen de media a la semana, 122.071 no se abonan. Solo Madrid se le acerca, con un 52%, mientras que en el conjunto de España la proporción se sitúa en el 41%. En el extremo opuesto figura Navarra, con un 27%. No están claras las razones de estas diferencias. Lo que CC OO ve obvio es que hay un abuso generalizado por parte de las empresas, a pesar de medidas adoptadas como el registro horario introducido en 2019, que no ha dado los resultados esperados. Según sus cálculos, el fraude en salarios y cotizaciones que cada año se produce en Euskadi por las horas extra impagadas asciende a 183 millones de euros.

La compañía donostiarra Spyro, dedicada al desarrollo de software para la industria, relevó ayer a su fundador y gerente, Ricardo González, tras 40 años al frente de la compañía. Es Maialen Eguino quien coge el relevo.

La Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB) celebró el pasado lunes una reunión «interna» para abordar un asunto que levanta ampollas en parte del sector. Distintos empresarios, de ocio nocturno especialmente, mostraron su malestar por la «competencia desleal e intrusismo» que aseguran sufrir por parte de grandes centros públicos, sobre todo el Palacio Euskalduna, el BEC de Barakaldo y San Mamés. Este profesionales, al frente de céntricos e importante bares y discotecas bilbaínos, se quejan, en concreto, de que estos tres equipamientos organizan «con frecuencia actos que nada tienen que ver con su actividad» al tratarse de «fiestas». «La hostelería –matizan– debería tener un carácter complementario, pero nunca principal», censuran. El gerente de AHB, Héctor Sánchez ha pasado de puntillas sobre esta polémica y ha evitado hacer declaraciones. De hecho, el responsable sectorial ni ha confirmado ni desmentido la celebración de esta reunión, aunque varios empresarios, que han preferido mantener el anonimato, han asegurado a este periódico que esta «práctica ilegal viene de lejos. Les permiten hacer absolutamente todo cuando a nosotros nos miran con lupa cualquier acto que llevamos a cabo. Es como si las administraciones utilizasen distintas varas de medir, pero beneficiando siempre a los mismos», reprochan. Prueba del «descontrol» existente, a su juicio, es la fiesta de Halloween que «un promotor privado» volverá a organizar el próximo 4 de noviembre en el Urban Hall del Euskalduna, que dirige Iñigo Iturrate. El evento, que ya tuvo lugar el año pasado, arrancará a las siete de la tarde, se prolongará ocho horas e incluirá la actuación de 7 DJ’s. Gran parte de las entradas, con precios que oscilan entre los 47 y 60 euros, están agotadas desde hace varios días. El recinto contará con una zona VIP «exclusiva» y como requisito «indispensable» los asistentes deberán ir disfrazados.

Educación tiene sobre la mesa un problema que puede hacer saltar por los aires el acuerdo de equiparación salarial entre los docentes de la red pública y la concertada, un pacto que puso fin a meses de conflictividad y huelgas en los colegios privados. Patronales y sindicatos firmaron entonces unas tablas retributivas que después avaló la consejería y que suben los sueldos de los docentes privados entre 1.000 y 1.400 euros al año más que a los funcionarios. En medio de una enorme conflictividad en estos grupos de escuelas concertadas, los sindicatos habían convocado ya 14 jornadas de huelga que pusieron en jaque el curso escolar y amenazaban con un mes de paros continuados. La paz se firmó de madrugada tras una tensa negociación en la sede del Consejo de Relaciones Laborales en la que ELA, mayoritario en el sector, tuvo la última palabra. La presión de las familias, que clamaban por una solución que permitiese retomar las clases con normalidad, fue decisiva. Se acordó pagar al colectivo docente 39.589,25 euros (Infantil y Primaria) y 45.787,86 euros (ESO, Bachillerato y FP). Ese pacto, al menos en lo que se refiere a la parte salarial, debe cumplimentarse antes de que acabe el año. Es la fecha en rojo marcada en el calendario. Ambos acuerdos –el de Ikastolen Elkartea y el de Kristau Eskola y Aice-Izea– llevaban el visto bueno del Departamento de Educación, que es quien abona el salario del profesorado incluido en los conciertos educativos a través de un mecanismo que se conoce como pago delegado.

Entrevista con María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria: "Vamos a transformar Cantabria con una serie de reformas de profundo calado, con tiempo. Mediante la rebaja fiscal, la simplificación administrativa, con menos carga burocrática. Creando un entorno favorable para las empresas. Ofrecemos suelo industrial, una red de transporte, de energía, buenas comunicaciones y apostamos por la inversión en innovación para impulsar la competitividad de nuestro tejido productivo...La reforma fiscal es la más ambiciosa de la historia de esta comunidad. Entró en vigor el 1 de enero de 2024. Hemos bajado todos los impuestos sobre los que tenemos competencia, y del tirón. Evidentemente, eso lo notarán los cántabros en 2025. Hemos reducido la tarifa autonómica de la renta en todos los tramos (un punto el tipo mínimo, hasta el 8,5%; rebaja del 12% al 11% para rentas de hasta 21.000 euros y el máximo cae del 25,5% al 22,5%). También, el impuesto de transmisiones patrimoniales para la compra de vivienda habitual (del 10% al 7%), y recortado el tributo de actos jurídicos documentados (del 1,5% al 1%). Igualmente, hemos bonificado al 100% el impuesto de patrimonio hasta los tres millones de euros. Y seguimos avanzando en el impuesto de sucesiones. -¿Cómo ayuda a los jóvenes? - Eliminamos el tope de renta en la deducción por alquiler para jóvenes hasta los 36 años y se reduce el impuesto sobre transmisiones patrimoniales al 4% para la compra de vivienda. Apoyamos la natalidad y familias, con una deducción por nacimiento o adopción de 1.400 euros durante tres años, ayuda doméstica para familias con hijos y mayores de 75 años, y supresión del tope de renta en la deducción de los gastos de guardería. Además, se crea una nueva deducción por gastos en educación, que incluye los libros de texto y los de idiomas..."

La hoja de ruta de BBVA en su opa sobre Sabadell pasa por lograr la mayoría del capital, primero, y fusionar las dos entidades, después. El banco que preside Carlos Torres, sin embargo, tiene un plan B. Si logra las autorizaciones de competencia y la opa triunfa, pero luego Economía no autoriza la fusión, la entidad lo pondría en marcha. El banco ha desvelado ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC) en la actualización del folleto de la opa cuáles serían sus planes en ese supuesto. Reestructuración a fondo de los centros corporativos, menos cierre de oficinas de la red de Sabadell, acuerdos comerciales y de integración tecnológica, mantener la política de dividendos y lograr sinergias de financiación serían sus ejes. Pero hay un añadido en el nuevo folleto: “BBVA no tiene intención de renunciar a la condición i) anterior. En consecuencia, si al menos un número de acciones de Banco Sabadell representativas del 50,01% de su capital social no aceptan la oferta de canje, esta no se completará”, asegura de forma tajante en cuatro lugares de la nueva versión del folleto. En la anterior dejaba la puerta abierta a renunciar a ella de acuerdo con la ley. Para el banco, lograr el 50,01% es importante porque le da el control de la junta de accionistas (y con ello el del consejo de administración) y le garantiza que el accionariado vote la propuesta de fusión con que quiere completar la integración después de la oferta (y que estaría sujeta a la autorización del Ministerio de Economía).

Un par de buenas noticias, un surtido de problemas y algunas grandes amenazas. Ese es el diagnóstico que marca la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se celebra la semana próxima en Washington y que compartió ayer su directora gerente, Kristalina Georgieva. En el discurso que precede a la reunión de las autoridades económicas de todo el mundo, Georgieva subrayó que las grandes economías han sido capaces de someter la inflación sin provocar una recesión. Sin embargo, los precios siguen altos, la deuda pública está disparada y el crecimiento es bajo. A eso se suman dos grandes amenazas: la creciente ola de proteccionismo y los riesgos geopolíticos, indicó. La directora gerente del FMI no anticipó las previsiones económicas que se publicarán la semana próxima, pero mostró un gráfico que parece certificar una ligera mejoría de al menos una décima para este año y el próximo frente a los últimos pronósticos. “Celebraremos las buenas noticias, y con razón, porque últimamente no hemos tenido muchas”, dijo Georgieva, refiriéndose a que “la gran ola de inflación mundial está en retirada” gracias a una política monetaria decidida, la relajación de las restricciones de la cadena de suministro y la moderación de los precios de los alimentos y la energía. Además, se ha logrado sin que la economía mundial entre en recesión y se pierdan puestos de trabajo a gran escala, como en episodios de inflación anteriores. “Pero, a pesar de las buenas noticias, no esperen ninguna fiesta de la victoria la próxima semana”, advirtió enseguida. Aunque las tasas de inflación hayan caído desde niveles no vistos en mucho tiempo, los precios siguen altos.

Three Mile Island es el nombre de una isla de apenas 5 kilómetros cuadrados situada sobre el río Susquehanna, en las inmediaciones de Harrisburg, en el estado norteamericano de Pensilvania. Sobre ella se asentó una planta de energía atómica en la que se produjo el peor accidente nuclear de Estados Unidos. Ocurrió en 1979, cuando el núcleo de un reactor que llevaba apenas tres meses en servicio se fusionó de forma parcial. Aunque según las autoridades la fuga fue mínima y no se registraron víctimas mortales, Three Mile Island quedó en el imaginario estadounidense como su propio Chernóbil siete años antes de que se produjera la catástrofe en la planta soviética. Tres décadas y media después de aquel accidente, Microsoft reabrirá las instalaciones para hacer frente a las enormes necesidades energéticas de los sistemas de Inteligencia Artificial. Cada vez que chateamos con ChatGPT o borramos una parte que no nos gusta de una foto en el teléfono móvil, los servidores gastan 33 veces más de energía que una consulta ‘normal’ en Google. Según un estudio citado por ‘The New York Times’, la Inteligencia Artificial podría suponer el 0,5% del consumo energético mundial en 2027, más o menos las necesidades de Argentina en un año. E irá a más. Se calcula que la demanda de electricidad de estos centros de datos se sextuplicará en la próxima década. La imposibilidad de hacer frente a esa creciente demanda ha empujado a los gigantes tecnológicos a apostar de forma decidida por la energía nuclear.

Una de las ventajas de la degradación del discurso político estadounidense es que las posiciones económicas de los partidos rivales pueden resumirse con unas pocas palabras: la posición de Donald Trump es que la economía está en una situación apocalípticamente terrible en todos los aspectos. Kamala Harris afirma que no lo está, y luego cambia de tema. Esta disputa debería ser fácil de arbitrar. ¿Es la situación terrible o no lo es? El primer punto es para el equipo Trump. Si preguntas a los estadounidenses cómo va la economía, responden que va mal. Cada mes, desde hace décadas, economistas de la Universidad de Michigan llaman a personas de todo el país y les preguntan si están mejor o peor que hace un año, y si esperan estar mejor o peor dentro de un año. En ambos casos, la proporción de encuestados que dicen estar peor, aunque menor que durante los miserables días de 2022, se mantiene en los niveles observados durante la crisis financiera mundial de 2008. Los estadounidenses están enfadados con la economía. Y lo que es más revelador, dado que los estadounidenses son fundamentalmente personas que compran cosas, los economistas también preguntan si ahora es un buen momento para comprar un artículo caro para el hogar. El número de los que dicen que es un mal momento es ahora mayor que en 2008 y se sitúa justo por encima de los máximos de 2022. Esto es importante. La diferencia entre la cúspide próspera de un ciclo económico y su parsimonioso suelo es, sobre todo, la disposición de la gente a derrochar en artículos grandes, desde lavavajillas hasta electrodomésticos, coches y viviendas. El sentimiento económico no es el destino electoral. Estas elecciones pueden versar sobre la Constitución, la cultura, la clase o el carácter. Pero el revestimiento económico de todo esto va a importar. Dicho esto, hay algo curioso en este ciclo. Si nos fijamos en lo que hacen los estadounidenses, en lugar de lo que dicen, el panorama cambia. El gasto en grandes artículos para el hogar nunca disminuyó durante los aterradores primeros días de la pandemia y luego aumentó enormemente en los dos años siguientes. Sorprendentemente, no se ha producido ningún retroceso. Incluso después de que todo el mundo gastase a manos rotas en 2021 y 2022, el gasto en bienes duraderos se ha mantenido estable este año y el anterior. Los estadounidenses creen que es un mal momento para comprar lavavajillas. Pero lo hacen de todos modos.

Algo más de un año después, Israel mató ayer a Yahya Sinwar, cerebro de los ataques del 7 de octubre contra los territorios fronterizos hebreos con Gaza. El primer ministro de Tel Aviv, Benjamín Netanyahu, logra así uno de los objetivos que se marcó cuando lanzó su venganza contra Hamás. Ahora las familias de los rehenes capturados por las milicias le piden que dé prioridad de una vez a la liberación de sus seres queridos. En menos de un mes los israelíes han descabezado a los radicales de la Franja, que además de Sinwar han sufrido las bajas de Mohamed Deif e Ismael Haniye; y a Hezbolá, la milicia chií libanesa que ha perdido a Hasán Nasrala y a toda la cúpula de mando. Los dos grandes proxies de Irán que amenazaban al Estado judío han quedado debilitados mientras sigue pendiente la respuesta directa a la república islámica por el lanzamiento de 181 misiles balísticos. Netanyahu se dirigió anoche a la nación para proclamar «el inicio del día después a Hamás» y reiteró que los islamistas «no volverán a gobernar Gaza». ‘Bibi’ no olvidó a los secuestrados y advirtió a sus captores de que «quienquiera que dañe a nuestra gente, su sangre estará sobre su cabeza». El dirigente conservador ofreció a los milicianos seguir con vida si «liberan a los cautivos y deponen las armas». Muerto Sinwar, desaparece de escena la figura a la que Estados Unidos veía como mayor obstáculo para un acuerdo de alto el fuego y el secretario de Estado, Antony Blinken, se puso en contacto de forma inmediata con los mediadores de Qatar. El relevo de Sinwar apunta al exilio de Hamás en Doha y esto podría relanzar un proceso negociador que estaba en punto muerto.