20220629

La flexibilidad que reclama la dirección no está siendo aceptada por la parte social, que ha convertido el ‘no a la sexta noche’ en uno de sus eslóganes más reivindicativos en la negociación del convenio. Hace año y medio que comenzaron estas reuniones «y a pesar de tener unas buenísimas perspectivas de futuro para nuestra fábrica, no conseguimos una buena alineación entre la empresa y los representantes sindicales», asume la dirección en una carta enviada a sus mandos intermedios. Y la flexibilidad es, hoy por hoy, el gran caballo de batalla en esa negociación. La empresa asume que «está generando dudas» y crea «confusión» entre los trabajadores, pero al mismo tiempo tiene claro que «una fábrica de automoción sin flexibilidad no tiene ni presente ni futuro. Queremos dejar claro que la jornada laboral no aumentará, se mantendrá en 214 días por trabajador al año –distribuida en 71 mañanas, 72 tardes y 71 noches–. Nadie va a trabajar más días ni más noches», asegura la dirección de Mercedes con el objetivo de que sus explicaciones lleguen mejor a la plantilla por este canal. Eso sí, pretende cambiar la secuencia de las jornadas laborales, comenzando la semana el domingo por la noche y «garantizando el descanso mínimo». Este modelo «ya lleva años implantado en la industria vasca y alemana. Es más beneficioso para los biorritmos humanos desde el punto de vista médico». Además, asegura la multinacional, empezando la semana laboral la noche del domingo «permitiría, una vez agotada la actual flexibilidad, la activación del turno del viernes noche si fuera necesario». La sexta noche, por lo tanto, no sería estructural sino coyuntural en función de los picos de producción. «Optaríamos a un volumen añadido de vehículos –a partir de 170.000, según algunas fuentes–, evitando que el trabajo se desvíe a otras plantas», añade la empresa. Esta «nueva medida de flexibilidad crearía una vez más riqueza y empleo».

Rolls Royce esperaba el pasado lunes que el Gobierno le autorizase a vender la empresa vasca ITP Aero al fondo norteamericano Bain, operación en la que, se suponía, también iba a participar la compañía española Indra. Así llevan nueve meses. Su confianza está puesta ahora en que el Ejecutivo se avenga a autorizar el traspaso de ITP en el Consejo de Ministros del próximo martes –la autorización es preceptiva al ser esta una empresa implicada en la industria de Defensa–, pero todo se ha vuelto impredecible. La crisis desatada en la cúpula de Indra, después de que el Gobierno haya protagonizado una auténtica intervención junto a la guipuzcoana Sapa –propiedad de la familia Aperribay, que ha colocado a Jokin, presidente de la Real Sociedad, en el consejo– y al financiero Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, ha situado el traspaso de ITP en un mar de dudas. Fuentes cercanas al proceso aseguran que en los próximos días el Gobierno de Pedro Sánchez deberá optar por una de las dos opciones que tiene: renunciar a que Indra sea, al menos a corto plazo, un actor destacado en el futuro de ITP y autorizar a Bain a comprar las acciones; o persistir en el intento. En esta opción, advierten, el cierre del traspaso de la empresa vasca puede demorarse muchos meses, quizá hasta finales de año. Ayer mismo, el consejero de Economía del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, reiteró el deseo de la Administración vasca de participar en el futuro accionariado de ITP, pero admitió que «las turbulencias» que se han generado en Indra «impiden saber cuándo se podrá materializar». La crisis corporativa de Indra se agravó ayer tras la decisión de dimitir de otro consejero independiente, el guipuzcoano Ignacio Martín, exconsejero de Gamesa y exconsejero delegado de CIE Automotive.

Alberto Terol, Enrique de Leyva, Carmen Aquerreta y Ana de Pro, los cuatro consejeros independientes de Indra que fueron destituidos el pasado jueves en la junta de accionistas, publicaron ayer en la CNMV los escritos en los que explican sus motivos, como exige la normativa. Los cuatro fueron cesados al proponer el fondo Amber Capital, que acaba de comprar un 4,2% de Indra, su salida, y que esta propuesta fuera secundada por el hólding estatal Sepi y por la empresa vasca de defensa Sapa. Los exconsejeros dicen en sus respuestas a la CNMV que existe la sospecha de que se haya producido un acuerdo entre Sepi, Sapa y Amber para tomar el control, lo que supone una acción concertada. Todos señalaron, también, que las razones para su cese han sido la defensa del buen gobierno corporativo, el hecho de que los consejeros independientes siguieran siendo la mayoría del consejo y la oposición al nombramiento del presidente, Marc Murtra, como ejecutivo. El antiguo consejero coordinador, Alberto Terol, señala en su escrito que, “al no existir, en mi opinión, motivos justificados para los ceses y no reelección que se han producido, mi parecer sobre los motivos es que tal decisión solo puede deberse a la pretensión de Sepi de conformar una nueva mayoría en el consejo, al que se incorporen consejeros que no se opongan a sus pretensiones, contando para ello con el acuerdo del bloque accionarial que ha aprobado dichas propuestas de cese y no renovación”.

La decisión de la compañía guipuzcoana Sapa de sumarse a los planes del Gobierno para tomar el control de Indra se ha convertido, hasta ahora, en una especie de ratonera con ruinosos resultados económicos. Sapa ha declarado oficialmente ejercer la representación del 5% del capital de Indra, aunque de forma extraoficial ha admitido tener el 8%. De acuerdo con las fechas de sus declaraciones, la firma guipuzcoana de la familia Aperribay ha accedido a esas acciones cuando cotizaban en torno a los 10,5 euros por título. El escándalo suscitado en la cúpula de la compañía ha supuesto un serio revés en la cotización, hasta situarse ayer en 9,08 euros por acción. Esto es, una depreciación del 13,7% que, traducida a euros, supone una pérdida de valor en torno a los 20 millones para la inversión de Sapa. Fuentes conocedoras de la operación, sin embargo, aseguran que Sapa no ha adquirido los títulos sino un derivado, lo que le permitiría eludir las pérdidas si devuelve las acciones dado que las tiene en ‘préstamo’.

La renuncia del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez Poo, a su cargo esgrimiendo motivos personales oculta meses de controversias entre el organismo y el Ministerio de Economía a cuenta de dos de los datos más relevantes para comprobar el pulso de la situación: el Producto Interior Bruto (PIB), esto es, el crecimiento del país; y el que se ha convertido en más importante en los últimos meses, el Índice de Precios al Consumo (IPC), que mide la inflación. Fuentes del departamento dirigido por Nadia Calviño explican que su sustitución ya estaba prevista para las próximas semanas. Economía califica este movimiento como un «refuerzo» de la institución y descartan injerencias. «Aquí no ha habido presiones y sí reconocimiento a la labor», aducen. Sin embargo, la salida prematura de Rodríguez Poo y la búsqueda de un nuevo perfil que se ponga al frente del INE, se llevará a cabo mientras el Ejecutivo trabaja en la incorporación de «más fuentes de análisis estadístico» que aporten más claridad, sobre todo, al PIB y al IPC. En Economía consideran que hay un «desacople» en estas cifras. En el caso del PIB, contraponen su debilidad frente a las cifras récord de empleo y la recaudación tributaria; en el caso del IPC, porque no incorpora los contratos libres de energía eléctrica.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, defendió ayer la independencia de los organismos e institutos económicos del sector público respecto al Gobierno. Garamendi dijo que “los organismos independientes deben ser independientes”, tras conocerse la dimisión de Juan Rodríguez Poo de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE). Fue una crítica indirecta a la decisión del Gobierno de destituir a Rodríguez Poo. O, dicho de otra manera, de obligarle a presentar la dimisión tras cuestionar los últimos informes del instituto sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC) y el Producto Interior Bruto (PIB). En tasa interanual, el IPC de junio fue del 8,7%, uno de los indicadores más altos de la UE. En el primer trimestre del año, el PIB creció tan solo un 0,2%, aunque un 6,3%, en tasa interanual. En cualquier caso, los datos demuestran que España está en la cola de la UE en cuanto al nivel de recuperación de la actividad respecto a antes de 2020, antes de la pandemia. “No puedo entrar en por qué o cómo es la dimisión del presidente del INE, pero en cualquier caso sí reclamo y defiendo la independencia del organismo. Creo que es fundamental, es un organismo de mucho prestigio, siempre lo ha sido y es muy importante para todos, para analizar los temas”. 

«En un momento de máxima incertidumbre, como no se ha vivido nunca hasta ahora, Gipuzkoa cuenta con unas bases sólidas para salir de la crisis generada por la pandemia, acrecentada por la guerra de Ucrania, la alta inflación o el elevado coste de las materias primas y hacer frente a los retos de futuro, como son la necesidad de seguir siendo competitiva y no perder esa posición de liderazgo que nos ha caracterizado». Así lo pusieron de relieve ayer la presidenta de la Fundación Cotec para la Innovación y exministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia; Meinrad Spencer, CEO de MasMóvil; Iñigo Ucín, presidente de la Corporación Mondragon, y Mari Jose Aranguren, directora general de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, que protagonizaron una mesa redonda en el ciclo ‘Gipuzkoa Competitiva’ organizado por DV en colaboración entre otros con Adegi. Su presidente, Eduardo Junkera, apostó por la necesidad de adecuar la cultura y el estilo de liderazgo, un binomio que se plasmará en Fabrika, el centro de alto rendimiento para la transformación cultural de empresas y organizaciones que echará a andar en septiembre. Eso sí, recalcó, que tienen que ir de la mano las empresas, las personas, los agentes sociales, las instituciones... porque «solo así Gipuzkoa seguirá siendo competitiva». Y animó a cuidar las empresas. Por lo demás, Cristina Garmendia aseguró que «estamos preparados para surfear el momento con las capacidades del territorio, que son muchas y muy potentes», y confía en los líderes del territorio, ya sean económicos, empresas, agentes sociales e instituciones para abordar ese reto. Eso sí, «hay que hacerlo juntos», recalcó la exministra de Ciencia y Tecnología. Iñigo Ucín, por su parte, ahondó en la misma idea al señalar que pese a que nos enfrentamos a un terreno desconocido de consecuencias inesperadas, «nunca hemos estado tan bien preparados. Hemos tenido muchas crisis y hemos salido adelante. Las empresas hemos ganado posiciones y esta crisis servirá también para hacerlo. Algunas empresas caerán pero la mayoría sobrevivirá». 

No hay motivo para una preocupación generalizada, pero la inquietud asoma en al menos dos sectores clave de la economía vasca debido a la crisis diplomática de España con Argelia. Uno es estratégico, el de los fabricantes de maquinaria, y el otro tiene un perfil más bajo, la industria del papel. Es la conclusión de un informe de la Agencia pública vasca de Desarrollo Empresarial, Spri, que incide en que el 8 de junio las autoridades argelinas anunciaron la suspensión del Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación, firmado entre España y Argelia en 2002 y la ABEF (Asociación de bancos y establecimientos financieros de Argelia) envió una carta a sus asociados requiriendo la congelación de las domiciliaciones bancarias para el pago de las operaciones de comercio exterior con España. "La ruptura comercial de Argelia pone (a nivel estatal) en peligro intercambios comerciales por valor de 7.000 millones euros al año, un 0,6% del PIB, aunque el 91% de las importaciones de España desde Argelia en 2021 fueron gas y otros combustibles, casi 4.400 millones de euros en total, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo", recogidos por Spri.

Una familia tipo guipuzcoana con dos vehículos se ve obligada a destinar ya más de la mitad de sus gastos mensuales a vivienda y transporte. La desorbitada subida de los precios de la energía desde el verano pasado, con el gas y la electricidad primero, a los que se han sumado desde marzo los combustibles a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha disparado el presupuesto dedicado a las facturas del hogar y la movilidad, que con las tarifas actuales alcanzan ya en conjunto un máximo histórico de 17.530 euros anuales de promedio para una familia con dos vehículos de gasolina y 17.194 si son diésel. Cantidades que representan, respectivamente, el 51,3% y el 50,3% del gasto familiar medio en Gipuzkoa, que el año pasado se situó en 34.176 euros por hogar. Si en la familia hay solo un vehículo, el porcentaje destinado a estos dos elementos básicos del día a día se reduce ligeramente, al 48% y 48,5%. El implacable encarecimiento de los carburantes en los últimos cuatro meses ha sido la puntilla para que el importe absorbido por la suma de cargos vinculados a la casa y el coche supere por primera vez el umbral del 50% del presupuesto de los hogares.

Ni la subida de la luz y los combustibles, ni la inflación al 8%, ni las señales de que el contexto económico puede complicarse aún más como consecuencia de la guerra de Ucrania frenan las ganas de disfrutar de viajes, bares y restaurantes. Tras dos años con restricciones en el consumo fuera de casa y con vacaciones condicionadas, gran parte de la ciudadanía quiere recuperar el tiempo perdido. Y la amenaza de una nueva crisis no les va a hacer quedarse en casa. Menos aún después de haber superado una pandemia. Y es que tras un 2020 de confinamiento y contención forzosa del consumo, bien por la pérdida del empleo, un ERTE o porque no había muchas opciones en las que gastar el dinero ahorrado, y un 2021 a medio gas, llega el momento de volver a disfrutar de las vacaciones. Y el ocio va a ser una actividad a la que los ciudadanos dedicaremos mucho de nuestro tiempo disponible durante el estío, con los viajes y la hostelería como opciones preferentes. En Bizkaia las perspectivas para este verano son francamente favorables. Es algo en lo que coinciden los representantes de este sector. Álvaro Díaz Munío, presidente de la asociación Destino Bilbao, confiesa que los hoteles de la ciudad «somos optimistas». «Los modelos que manejamos nos dicen que va a ser una buena temporada. De hecho empezamos a notar ya más movimiento de personas y vemos también una mayor disponibilidad de gasto en los visitantes», indica el hotelero. El 90% de los clientes que reciben los alojamientos de la capital vizcaína son de fuera de Euskadi. 

Financiación para grandes proyectos y posibilidad de ampliar capital, visibilidad, solución para los procesos de sucesión en la empresa familiar sin perder el arraigo, más potencia para atraer talento... Estas son algunas de las ventajas que se pusieron ayer sobre la mesa en un foro destinado precisamente a exponerlas para animar a las empresas vascas a acercarse a los mercados. La jornada, celebrada en la Bolsa de Bilbao, contó en la clausura con el lehendakari, Iñigo Urkullu, y también con el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, que defendieron la conveniencia de reducir la dependencia de la banca en el actual contexto de inestabilidad y aumento de los costes de financiación por el alza de los tipos de interés. «En estos momentos de alta incertidumbre global, cobra especial importancia la capitalización de las empresas para abordar las transformaciones requeridas», señaló el lehendakari. Apuntó que la misión de la Administración «es favorecer una relación más fluida entre la industria de inversión local y el tejido empresarial» porque, insistió, es «importante reducir la dependencia del sistema bancario y ayudar a la profesionalización de la empresa familiar». Apuntó, no obstante, la necesidad de contar con diversos mecanismos, dado que un 70% de las empresas tiene menos de 10 trabajadores. «Para la treintena de campeones ocultos que tenemos, pueden servir de plataforma los mercados orientados a empresas de reducida capitalización. Pero las empresas más pequeñas no cuentan con recursos ni medios para estos trámites», explicó. Añadió que este es un reto que preocupa a todas la regiones y que lo está abordando la Comisión Europea.

Insuficiente. Ni siquiera con el máximo de trabajadores en activo que registró Euskadi en mayo se alcanza la proporción necesaria entre cotizantes y pensionistas para asegurar la viabilidad del sistema. Ese equilibrio, que se conoce como ‘tasa de dependencia’, fija la relación que debe haber entre las personas que están trabajando y las que gozan ya de su jubilación. Los expertos, según recuerdan desde la oficina de asuntos económicos del BBVA, establecen que esa ratio no debe ser inferior a 2 y desde el Ministerio de Seguridad Social se ha fijado en algo más, en 2,2. En cualquier caso el País Vasco sigue por debajo, con 1,9 trabajadores por cada pensionista, y lejos de la media de España, que se encuentra en ese 2,2. Y es que en el conjunto del país, Euskadi presenta el quinto peor registro, tan solo empeorado por Asturias (1,3), Galicia (1,5), Castilla y León (1,6) y Cantabria (1,7). Estas autonomías, además, cuentan con el factor distorsionador de los jubilados de sectores como la minería, la pesca o el agroganadero. Por la evolución demográfica, cada publicación de un registro genera un nuevo récord en el número de pensionistas en Euskadi. 

Hace poco más de una década, entrar a trabajar en Abengoa era el sueño para cualquier estudiante andaluz de ingeniería. “Era una garantía de proyección profesional”, cuenta un extrabajador. Tres rescates financieros y un concurso de acreedores después, además de innumerables reestructuraciones, ese orgullo permanece, pero es insuficiente para un proyecto que languidece, ahogado en una deuda de 6.000 millones de euros y un caos acelerado por las guerras entre accionistas. El halo de sus torres solares en Sanlúcar la Mayor, el emblema de su pujanza, alumbra ahora un incierto futuro después de que la SEPI, el brazo industrial del Estado, confirmara el lunes que rechaza rescatar a Abengoa tras negarse a acudir a la última petición de ayuda por 249 millones. Clemente Fernández, presidente de la matriz, Abengoa, S.A., cree que a través del convenio de acreedores que debe presentarse el 1 de julio hay margen para salvar las unidades de negocio. Aunque la realidad es que la liquidación y desguace cada vez parece más cercana si antes de septiembre los acreedores no aceptan el convenio. Abengoa ha encarnado el símbolo del desarrollo industrial y tecnológico en Andalucía. Fue una anomalía en el erial empresarial de la comunidad. 

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, replicó ayer la famosa expresión usada hace 10 años por su antecesor en el discurso de apertura del foro anual sobre banca central que se celebra en la villa portuguesa de Sintra. Pero mientras el hoy primer ministro italiano se comprometió a hacer “todo lo necesario” para salvar al euro, y para lograrlo inauguró una política monetaria expansiva, su sucesora acaba de prometer que “irá tan lejos como sea preciso” para combatir la inflación y estabilizarla en el 2%. Con lo que añade firmeza, incluso dureza, a la estrategia de subida de tipos de interés y finalización de las compras netas de activos. Esta última medida empezará a aplicarse el próximo 1 de julio, según ratificó la presidenta. El alza de tipos, el día 21. Ambas decisiones se adoptaron en una reunión del consejo de gobierno del pasado día 9, mientras que el día 15, en un encuentro telemático de urgencia, se ampliaron los detalles (se organizará un mecanismo contra la fragmentación entre el norte y el sur). Y todo eso se mantiene. El tono de mayor dureza se infiere del énfasis reiterativo de varias expresiones. Por dos veces se refirió a “subir tipos hasta tan lejos como sea preciso”. También calificó de “inquebrantable” su “compromiso de garantizar que la inflación vuelva a medio plazo al 2%”. Y aseguró que no le temblará el pulso al subrayar que la “normalización” —el eufemismo para la política de endurecimiento o restricción monetaria— será “proseguida de una forma determinada y sostenida”.

Los miembros del G7 se disponen a estudiar formas de reducir el precio de la energía, entre ellas una posible limitación del precio del petróleo y el gas, a fin de impedir a Rusia extraer beneficios de su “guerra de agresión” contra Ucrania, y de reducir la presión inflacionaria. En un comunicado publicado ayer, el G7 acordó buscar soluciones para reducir los beneficios rusos derivados de los hidrocarburos, y minimizar el impacto negativo de los elevados precios energéticos, sobre todo en países de renta baja y media. Según el documento, al que Financial Times ha tenido acceso, los líderes analizarán si es “viable” limitar temporalmente el precio de la energía importada, de conformidad con la iniciativa liderada por Estados Unidos en favor de imponer un techo al precio del petróleo ruso. A su vez, una fuente del G7 asegura que sus miembros se han mostrado de acuerdo en que la idea es buena, pero que aún queda “mucho trabajo por hacer” para convertirla en realidad. Los líderes del G7 han afirmado que la guerra de Rusia contra Ucrania ha acentuado el impacto económico de la pandemia, “paralizando el crecimiento, provocando subidas significativas en los precios de las materias primas, la energía y la alimentación y, en consecuencia, haciendo crecer la inflación hasta niveles no vistos desde hacía decenios”. En su comunicado, los líderes han acordado “continuar sometiendo al régimen de Vladímir Putin a fuertes e inmediatos costes económicos” por su “injustificable guerra de agresión contra Ucrania”.

Turquía levantó ayer su veto a la candidatura de Suecia y Finlandia para entrar en la OTAN. Tras semanas de negociaciones, con Ankara manteniendo el bloqueo a los países nórdicos, los contactos se intensificaron ayer para arreglar la situación en la cumbre de Madrid. La decisión de Turquía llegó tras una reunión de los máximos mandatarios de los tres países, con la presencia del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en la capital. “Hemos llegado a un acuerdo que allana el camino para que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN”, confirmó Stoltenberg en una comparecencia tras la firma de un memorándum entre el país aliado y los dos aspirantes, que rubricaron los ministros de Exteriores de los tres. El documento firmado “aborda las preocupaciones de Turquía, incluidas las relativas a la exportación de armas y la lucha contra el terrorismo”, añadió en referencia a las principales reticencias de Ankara para dar su visto bueno a la adhesión de Estocolmo y Helsinki. “Pronto seremos 32 [países aliados]”. La decisión, que manda una poderosa señal política hacia Rusia, abre el camino a la novena ampliación de la OTAN. Según Stoltenberg, los aliados tomarán hoy la decisión de invitar formalmente a Suecia y Finlandia a ser miembros. La decisión sobre su acceso tendrá que ser aprobada por todas las capitales aliadas. “Estoy seguro”, subrayó, “de que la adhesión de Suecia y Finlandia a nuestra alianza sucederá”. 

Los cuerpos de 50 migrantes muertos fueron encontrados la tarde del lunes en el remolque de un camión abandonado al suroeste de San Antonio (Texas). El macabro hallazgo fue confirmado por las autoridades locales. “Uno no viene a trabajar esperando abrir la puerta de un tráiler y toparse con una pila de personas muertas”, dijo ya entrada la noche Charles Hood, el jefe de bomberos, durante una conferencia de prensa. Hood aseguró que las personas encerradas en el remolque no tenían agua ni aire acondicionado, y fueron halladas en una zona que había protagonizado una intensa ola de calor a lo largo del fin de semana. Los servicios de emergencia rescataron a 16 personas, 12 adultos y 4 menores, que fueron trasladados a hospitales de la ciudad, a 250 kilómetros de la frontera con México. De los fallecidos, 22 han sido identificados como mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. “Los pacientes estaban muy calientes al tacto, habían sufrido un golpe de calor, ya que no había indicios de que hubiera agua en el vehículo”, declaró Hood sobre los migrantes que fueron enviados a los hospitales University, Methodist, Baptiste y Santa Rosa West Overhills. Se espera que los 16 rescatados sobrevivan, de acuerdo con la versión del encargado del cuerpo de bomberos.