20220728

Antón Arriola, exdirectivo del banco de inversión Goldman Sachs, será el próximo presidente de Kutxabank a partir de noviembre, cuando se formalizará su nombramiento en sustitución de Gregorio Villalabeitia, quien ejerce el puesto desde finales de 2014. El consejo de administración de la entidad vasca, que se reúne hoy, hará oficial su apuesta para que sea ahora el Banco Central Europeo quien realice la evaluación final, aunque no se esperan problemas en este trámite que debe analizar el currículum y la capacitación profesional del candidato. Arriola tiene un brillante e incluso singular curriculum a pesar de que ha estado casi trece años alejado de la primera línea ejecutiva de empresas tras ocupar diversas responsabilidades en Goldman Sachs, donde llegó a director general para España, después de haber trabajado desde la oficina de Londres en el área de fusiones y adquisiciones. Nacido en Durango en 1967, es licenciado en Empresariales por la Universidad de Deusto y realizó un máster en Administración de Empresas en la Bocconi University de Milán. Desde 2019 forma parte del patronato de la Fundación BBK, principal accionista del banco vasco, y es asesor de la Fundación Lealtad, cuya principal misión es realizar auditorías y calificaciones de ONG. En 2009, Arriola decidió interrumpir de forma brusca su fulgurante carrera en la banca de inversión para retirarse a una actividad a la que se ha dedicado con intensidad y relativo éxito durante estos años: escribir novelas. Es autor de títulos como ‘Rjukan’, ‘La travesía del Voga’, ‘El Negro y la Gata’, ‘El caso Newton’, ‘El diario de Joseph Barath’ y ‘El ruido de entonces’. Además, ha publicado un libro sobre José María Ryan, el ingeniero de Iberdrola que dirigía las obras de la central nuclear de Lemoniz, asesinado por ETA y que fue vecino suyo. Ha sido también profesor del Instituto de Empresa y habla castellano, inglés, euskera e italiano. Está casado con Laura Abásolo, directora financiera del grupo Telefónica.

Segunda subida consecutiva de 0,75 puntos. Los tipos de interés en Estados Unidos se sitúan ya entre el 2,25% y el 2,5%. La decisión que ayer tomaron por unanimidad los gobernadores de la Fed lleva el precio del dinero al nivel más alto alcanzado en 2019, antes la pandemia, tras cuatro años de revisiones periódicas al alza de un cuarto de punto. Ahora, la sensación de urgencia es tal que los tipos han escalado hasta esta posición en poco menos de cinco meses (con cuatro subidas desde marzo). No se recuerda un endurecimiento de la política monetaria tan rápido desde la década de los noventa del siglo pasado. A mediados de junio, la Fed ya alertó de que en la reunión que se ha celebrado esta semana aumentaría los tipos entre 50 y 75 puntos básicos, aunque la decisión final dependería del dato de la inflación del mes de junio. Hace dos semanas, se anunció que el IPC no sólo no daba síntomas de desaceleración, sino que incluso subía por encima de las previsiones y crecía medio punto respecto al dato de mayo, alcanzando el 9,1% en términos interanuales y volviendo a registrar un récord de las últimas cuatro décadas. El pánico sobrevolaba el mercado, ante el temor de que la Fed reaccionara con una subida de los tipos aún mayor de la esperada, incluso llegando a los 100 puntos básicos. Ante la incertidumbre y con la volatilidad de la Bolsa en máximos en los últimos días, varios portavoces de la Fed habían intentado calmar a los mercados, asegurando que no se superarían los 75 puntos.

Iberdrola presentó ayer unos resultados de auténtico récord histórico en el primer semestre del año. Registró un incremento de sus ingresos del 30%, hasta alcanzar la cifra de 24.430 millones de euros, pero –lo más importante– con una ganancia de 2.075 millones. Una cifra jamás alcanzada en seis meses por la compañía eléctrica vasca y que supone un 35,5% más que en el mismo periodo del pasado año. Iberdrola se apresuró a aclarar que estos buenos resultados se producen a pesar del mal comportamiento del negocio en España, donde su beneficio ha caído de forma importante debido a una menor producción propia de electricidad –un descenso del 5%, especialmente en eólica y nuclear, tecnologías en las que el retroceso ha sido del 17%–, además de las compras de electricidad a precios elevados. La empresa justificó su mal resultado español por la obligación de atender los contratos de largo plazo que tiene firmados y no disponer de generación propia suficiente, lo que le ha obligado a recurrir al mercado diario, en el que los precios están disparados. Según la información de la compañía, la rentabilidad del negocio en España descendió un 26% en los seis primeros meses en comparación con el mismo periodo de 2021. «España ha sido la excepción en la evolución del negocio», remarcó ayer el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en una comparecencia para explicar los resultados. Una base contable sobre la que la compañía basa su creencia de que el ‘impuestazo’ anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez para bancos y firmas energéticas no les afecta. «No hay beneficios caídos del cielo». Ver nota Iberdrola. 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha defendido que las eléctricas “no tienen beneficios extraordinarios”, tal y como acusa al sector el Gobierno, y ha señalado que las energéticas que están aprovechando la actual espiral alcista de precios energéticos para aumentar sus ganancias son “las gasistas y las petroleras”. En una conferencia con analistas, el máximo responsable de la empresa recordó que el 63% de la energía que se consume es gas y petróleo, mientras que el resto es electricidad. “Hasta donde yo sé, las compañías energéticas que están aumentando sus beneficios en Europa son las gasistas y las petroleras, no las eléctricas integradas”, dijo. Así, el presidente de Iberdrola desmarcó a las eléctricas del impuesto especial. Lo hizo justo en un día clave. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que PSOE y Unidas Podemos registrarán este jueves en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para la aprobación del nuevo impuesto. Además de energéticas, también gravará a bancos. El nuevo impuesto sería para “los grupos dominantes” del sector eléctrico, gasista y petrolero. Estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año. En la banca, la previsión es recaudar 1.500 millones cada uno de esos dos años.

Endesa ha alcanzado en el primer semestre del año un beneficio ordinario neto de 734 millones, un 12% menos que en idéntico periodo del pasado ejercicio. A pesar del varapalo, el grupo, cuyo primer ejecutivo es José Bogas, “mantiene objetivos”. Y lo hace “en un adverso contexto de mercado”.  “Estamos en el buen camino, pese a las complicadas condiciones vividas en la primera mitad del año, para cumplir nuestras previsiones para el conjunto de 2022: un ebitda de 4.100 millones y un beneficio neto ordinario de 1.800 millones”, ha dicho Luca Passa, director general financiero. Los directivos de Endesa recuerdan la enorme volatilidad que existe ahora en el sector “por el estallido de la guerra en Ucrania y el repunte de precios de las materias primas energéticas, singularmente el gas”. “La invasión de Ucrania no ha hecho más que exacerbar la senda de fuerte crecimiento del precio del gas, motivo último de la crisis energética europea”. El enfoque de la Unión Europea “hacia la descarbonización y la autosuficiencia energética en el continente es la única vía realista en el medio y largo plazo”. En el corto plazo, “afrontamos planes de ahorro y eficiencia energética a escala ibérica y europea en los que Endesa aporta y aportará propuestas razonables y constructivas como lo viene haciendo durante este último año de crisis de precios”.

La publicación de los resultados semestrales de las compañías eléctricas coincide con la llegada del impuesto a estas empresas por los beneficios extraordinarios obtenidos, según el Gobierno, durante la crisis energética. Las firmas han registrado beneficios, considerables, en algunos casos, pero aseguran que están muy lejos de la idea que trata de transmitir el Ejecutivo. Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, negó la mayor durante una conferencia con analistas sobre sus datos: no ha llovido dinero del cielo y en España, además, la situación ha sido peor que en otros años. Desde las compañías preocupa, por lo tanto, el impuesto del Gobierno, porque no se sabe qué base imponible se va a utilizar. Fuentes del sector explican que, al ser la distribución eléctrica una actividad regulada, no debería entrar en el impuesto del Gobierno. En la presentación de su plan estratégico para los próximos años, Enagás, cuyo beneficio después de impuestos creció un 1,1% hasta los 215,5 millones, utilizó el mismo argumento para desvincularse de esta medida. Mientras, las actividades liberalizadas también presentan problemas, bajo su punto de vista, para ser gravadas. Por un lado, la comercialización, aseguran al contextualizar sus resultados, les da pérdidas por la situación actual; por otro, en la generación se está vendiendo la energía al tope que puso el Gobierno. «¿Por qué nos van a gravar si ya cumplimos la ley precisamente para no obtener beneficios extraordinarios?», se preguntan. «Vivimos de los clientes y al final parece que se olvida». En el sector también critican la improvisación y cómo se han desarrollado unas conversaciones en las que apenas han recibido información. 

El Ministerio de Hacienda ya ha puesto en marcha la maquinaria del nuevo impuesto que gravará los ‘beneficios extraordinarios’ que, a su juicio, están obteniendo los bancos y las compañías eléctricas durante esta crisis. Dos tributos que fueron anunciados, sin mayor concreción, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate del estado de la nación. En el caso de las entidades financieras, la estructura del tributo supondrá aplicarlo sobre tres grandes conceptos: los márgenes de la banca, los intereses y las propias comisiones. Será sobre esas partidas sobre las que se aplicará un tipo tributario (podría rondar el 5%, según varias fuentes del sector) con el que el Ejecutivo de coalición pretende recaudar 1.000 millones de euros en 2023 y la misma cantidad en 2024. De esta forma, según apuntan medios del Gobierno, el nuevo impuesto descarta actuar sobre el resultado neto que obtenga cada entidad en su cuenta de resultados. De haber ido por ese camino, Hacienda era consciente de la dificultad de determinar legalmente qué es un ‘beneficio extraordinario’ y dónde fijar el límite a partir del cual gravarlo. Por ello, el departamento dirigido por María Jesús Montero ha optado por aplicarlo sobre diversos conceptos que se encuentran más definidos en esas cuentas de resultados que precisamente estos días está divulgando la banca. Hoy jueves, Banco Santander, Banco Sabadell y Kutxabank rinden cuentas y presentan sus resultados referidos al primer semestre.

Los precios del gas en Europa subieron ayer después de que Rusia cumpliera su amenaza de reducir aún más los suministros a la región, aumentando el riesgo de que el continente pueda afrontar escasez en los meses de invierno. Los precios del gas llegaron a subir un 13% ayer tras reducirse los flujos del gasoducto Nord Stream 1 a solamente una quinta parte de su capacidad normal. Los políticos europeos han acusado a Rusia de utilizar el suministro de gas como arma en represalia por las sanciones impuestas tras la invasión de Ucrania. El gasoducto Nord Stream 1, que conecta Rusia con Alemania, ya había reducido su capacidad al 40% en junio antes de que Moscú amenazase con nuevos recortes esta semana. El aumento de los precios de la energía ha avivado la crisis del coste de la vida y ha disparado los costes para la industria, amenazando con llevar a la región a la recesión. También ha obligado ya a las capitales europeas a tomar medidas para intentar proteger a los consumidores y a la industria de unos precios desbocados.

El Gobierno vasco ha cambiado de socio en el único proyecto de gas que tiene en marcha, el yacimiento ‘Viura’, ubicado en localidad riojana de Sotés. Hasta ahora Naturgy, a través de Unión Fenosa, controlaba la mayoría de la explotación con el 58,8% del capital, pero ayer mismo cerró la venta de su participación a la compañía norteamericana Heyco Energy, tras la autorización del Ministerio de Transición Ecológica. La venta se firmó en el día de ayer y es un hecho simbólico que evidencia el encallamiento del proyecto gasista de Euskadi, justo cuando Europa vive una crisis energética sin precedentes por la carestía de esta fuente de energía de transición hacia las renovables. Naturgy ha declinado realizar comentarios, pero está inmersa en una estrategia para centrarse en renovables y abandonar los combustibles fósiles, en un movimiento que deja a la sociedad del Gobierno vasco, Shesa, con un cambio de compañero de viaje. El departamento de Arantxa Tapia cuenta con el 37,7% y compartirá gestión con un viejo conocido, Heyco, que pasa a desempeñar la posición mayoritaria. La empresa estadounidense ha estado siempre en el germen del fallido proyecto gasista vasco. 

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, y Alberto Gutiérrez, jefe de operaciones de Airbus y presidente de la multinacional en España, firmaron ayer un memorando de entendimiento para reforzar la colaboración entre ambas partes en el proceso de transformación y fortalecimiento de la estructura productiva de Euskadi para la recuperación tras el Covid, en base a las transformaciones tecnológico-digital y energético-climática. En el marco del acuerdo Airbus «estudiará la posibilidad de desarrollar actividad de I+D+i en el País Vasco en su apuesta por la electrificación de aeronaves, la digitalización y conectividad de sus procesos productivos», señaló el departamento de Tapia. Del mismo modo, Airbus Helicopters España «tiene la intención de sondear las capacidades industriales locales en el País Vasco, a fin de mejorar, en la medida de lo posible, la cadena de suministro, tanto en costes, como en tiempos de disponibilidad y calidad de la producción».

A pesar de la crisis que atraviesa el sector de la automoción, la especialización tecnológica y el desempeño de un papel estratégico en la electrificación de los coches han empujado a CIE Automotive a mantener la senda de crecimiento que inició en el primer trimestre del año. Así, hasta junio, la compañía dirigida por Jesús María Herrera obtuvo un resultado histórico en ventas con 1.976 millones de euros, que se han traducido en un beneficio neto de 160 millones, un 8,1% más que el pasado año. Para el consejero delegado de CIE Automotive, estos resultados tienen un doble valor ya que se han cosechado en un «contexto económico complejo». Y es que la producción de vehículos se está resintiendo por los problemas en el suministro de chips semiconductores y por una caída en las ventas generada por la crisis económica que ha incrementado la invasión rusa de Ucrania al propiciar un aumento de los precios. CIE Automotive ha decidido desarrollar una apuesta estratégica por el coche eléctrico complementada por el crecimiento en mercados en expansión como Asia, donde ha alcanzado 202 millones de facturación en China, un 10,2% del total. Mientras que en India el porcentaje se eleva al 15%, con casi 300 millones. Son números que han reforzado la línea con la que la compañía presidida por Antón Pradera comenzó este 2022, en el que se fijó superar los 4.000 millones de euros de ventas.

Neinor Homes alcanzó unos ingresos totales de 389 millones de euros en el primer semestre, un 19% más que en el mismo periodo del año anterior. La promotora destacó especialmente el incremento de ventas del negocio promotor del 21% y, por otro lado, la caída de 32% en el negocio de servicios en virtud del término del contrato de servicing de Kutxabank. El negocio promotor cerró un primer semestre récord con la entrega de 1.187 viviendas, lo que equivale un crecimiento anual del 32%. El incremento de actividad del negocio promotor y sus márgenes sólidos más que compensan la caída en el negocio de servicios elevando el resultado bruto de explotación (ebitda) hasta 60 millones de euros, un 3% más. El beneficio neto fue 37,3 millones, con una caída del 17%. El descenso se explica por el ingreso extraordinario que obtuvo el año pasado, relacionado con la cartera de alquiler, que en este ejercicio ingresará en la segunda mitad del año. Eliminando este efecto, el beneficio hubiese permanecido estable.

 Cada día 87.694 trabajadores no acudieron en Euskadi a sus empleos durante el primer trimestre de este año, lo que supone que el absentismo alcanzó el 9,2%, el mayor de todas las comunidades autónomas, coincidiendo con la sexta ola de la pandemia. Así lo refleja el "Informe trimestral sobre absentismo laboral" elaborado por Randstad con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del primer trimestre de este año, en el que se observa que en el conjunto del Estado el absentismo entre enero y marzo fue del 7,1%. De los 87.694 profesionales vascos que no fueron a trabajar, 70.537 tenían baja laboral, pero otros 17.158 se ausentaron de su puesto sin causa justificada. Euskadi encabeza por tanto la tasa de absentismo en el primer trimestre, seguida de Canarias (8,6%) y Navarra (7,9%), mientras que las menores tasas se registraron en Castilla-La Mancha (5,2%) y La Rioja (5,1%). 

El Gobierno de España trasladó ayer a las comunidades autónomas cómo concretará la autorización de Europa para prolongar a 2023 la posibilidad de generar déficit presupuestario para hacer frente a los efectos de la crisis económica. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fijó en el Consejo de Política Fiscal que las autonomías podrán ampliar sus recursos a costa de un déficit en sus presupuestos equivalente al 0,3% de su PIB. Una medida que, dado el régimen foral de las haciendas vascas, Euskadi ha de tratar de modo bilateral con el Gobierno central, de ahí que ayer no hubiera representación vasca en la reunión. La prolongación de este recurso a deuda permitiría al País Vasco aumentar su capacidad de gasto hasta en 250 millones de euros para el Presupuesto del año que viene, la cantidad equivalente al 0,3% del PIB de Euskadi. Fuentes del Gobierno vasco confirman que será en la Comisión Mixta del Concierto Económico donde se fijarán los números que «consideremos que nos den la suficiencia financiera que necesitamos». Y es que el País Vasco espera a esa negociación para ver cómo se traduce el anuncio del Gobierno de España de elevar un 24% más la financiación de las autonomías con 134.336 millones. El déficit permitió a Euskadi recurrir al 2,6% del PIB en 2020 (1.716 millones), por el 2,2% en 2021 (1.617 millones) y el 0,9% en este año (707 millones). En cualquier caso, el Gobierno vasco no ha necesitado echar mano de esta medida gracias a los incrementos de la recaudación fiscal, los remanentes de tesorería y las partidas no ejecutadas. Y es que el pasado año las arcas del Ejecutivo acumularon excedentes por valor de 1.800 millones de euros. Recursos que se han empleado para habilitar 960 millones de inversión en diferentes programas, como el plan extraordinario de inversiones y el plan estratégico presentado el pasado mes de marzo, con 250 y 530 millones de euros.

Los fondos europeos, llamados a reactivar la economía, no solo se han retrasado más de lo esperado inicialmente, sino que una décima parte de las licitaciones podría estar quedando desierta, según lamentó ayer la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en su Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España, publicado ayer. En concreto, el texto sostiene que el 10% de las licitaciones de contratos públicos vinculados a los fondos Next Generation queda desierto al optar muchas empresas por no presentarse por miedo a que no sea rentable “por el impacto de la inflación y de los problemas de suministro”. “El principal motivo que explica que las licitaciones no estén despertando el interés suficiente en el seno de las empresas es la escasa dotación presupuestaria y la subida de la inflación, así como la incertidumbre que la inestabilidad de precios genera”, esgrime el texto, debido a que muchas compañías temen quedar atrapadas en proyectos donde los costes sean mayores que lo estimados inicialmente, “al no tener la empresa adjudicataria garantizada la rentabilidad de la inversión”. Algo a lo que se suma la incipiente subida de los tipos de interés, que ha llevado a muchas empresas a paralizar determinados proyectos para evitar verse forzados a nuevas emisiones de deuda. 

Lufthansa deja en tierra a 134.000 pasajeros en Fráncfort y Múnich, la huelga paraliza los trenes británicos y se convocan paros en Ryanair hasta el 7 de enero de 2023. Las huelgas convocadas en la aerolínea alemana Lufthansa y en los ferrocarriles británicos han impactado contra las ansias viajeras de millones de europeos tras dos años de cierre por la pandemia. Unos 1.100 vuelos se cancelaron en los dos principales aeropuertos germanos, el de Fráncfort y el de Múnich. Como resultado, 134.000 pasajeros quedaron en tierra en medio de una temporada estival que parece empeñada en convertir los planes vacacionales en una pesadilla. En el caso alemán, además de la paralización casi total en los dos citados aeropuertos, hubo paros parciales en los de otras ciudades, como Berlín. Aun así, a diferencia de lo observado en las últimas semanas en aeródromos de Londres o Ámsterdam, en suelo germano no se produjeron colas interminables ante los mostradores. Lufthansa ya había enviado el martes alertas a los pasajeros sobre la huelga del personal de tierra. Ofrecía distintas soluciones, desde el canje sin costes a la anulación o el cambio por un billete de tren, en el caso de los trayectos nacionales. En las alertas se advertía al viajero de que no tenía sentido ir al aeropuerto, puesto que no encontraría allí al personal. 

Joe Biden y Xi Jinping mantendrán una conversación telefónica hoy jueves, según un funcionario estadounidense, mientras se intensifican las tensiones por la visita prevista a Taiwán de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. La llamada representaría tan solo la quinta conversación entre los dos líderes desde que Biden asumió la presidencia de Estados Unidos hace 18 meses. Se esperaba que Biden y el presidente chino hablasen de muchos temas polémicos, desde los desafíos militares hasta la competencia tecnológica. Pero esos planes se han visto complicados por la visita que Pelosi tiene previsto realizar a Taiwán en agosto. Financial Times informó la semana pasada de que la demócrata de 82 años tenía previsto viajar a Taiwán como muestra de apoyo en un momento de creciente presión por parte de China, que reclama la soberanía de la isla. Pekín ha lanzado en privado duras advertencias que sugieren una posible respuesta militar si Pelosi sigue adelante con el viaje. La Casa Blanca está muy preocupada por la posibilidad de que su visita desencadene una crisis en el estrecho de Taiwán. 

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha confirmado que 20 ambulatorios serán atendidos este verano solo por enfermeras ante la falta de médicos de familia, agudizada por las vacaciones estivales. Otros 14 serán cerrados y 10 más alternarán aperturas y cierres por semanas o quincenas, según las previsiones recogidas en una respuesta parlamentaria. La máxima responsable de la Sanidad pública vasca detalla que son dependencias que solo prestan servicio una o dos horas semanales y que «todos los veranos» dejan de hacerlo. Así lo detalla la consejera en una respuesta parlamentaria a una información solicitada por EH Bildu. El texto, fechado el 21 de julio, destaca que «el 95%» de 335 centros de salud de Osakidetza «ofrecerán servicio durante el verano». Si se añaden los que tendrán cierres «alternos» o solo contarán con enfermeras, el porcentaje de ambulatorios afectados se eleva hasta el 13% del total. Fuentes del departamento subrayan que el servicio que se ofrece a la ciudadanía es «similar» al de otras épocas estivales y que la población tiene «garantizada» la asistencia.