20220910

Gipuzkoa lidera la subida salarial pactada en los convenios registrados hasta agosto en todo el Estado. Según el registro del Ministerio de Trabajo dado a conocer ayer, el incremento salarial medio pactado en nuestro territorio ha sido del 6,19%, muy por encima de la media estatal, que ha sido del 2,6%. En los 88 convenios registrados en lo que va de año en Gipuzkoa, 82 han sido de empresa y recogen un incremento salarial del 4,58%, mientras que los seis restantes son sectoriales y contemplan una subida del 6,5%. En Bizkaia y Araba los aumentos han sido inferiores, del 4,6% y del 2,52%, respectivamente, lo que hace que la subida media pactada en Euskadi se limite al 5,03%. En cualquier caso es también el mayor incremento de todas las comunidades. En Madrid, la subida pactada ha sido tan solo del 2,64% y en Navarra del 4,53%. Si nos atenemos a las provincias, Valencia es la que registra el segundo mayor incremento tras el de Gipuzkoa, con un 5,88%. En cualquier caso, hay que recordar que estas subidas están muy por debajo de la inflación, que, según el dato adelantado, cerró agosto en un 10,4%. El registro definitivo y el detallado por comunidades se conocerá el próximo martes. 

Los salarios pactados en convenio registraron una subida media del 2,6% hasta agosto, algo por encima del 2,56% registrado hasta julio, pero su aumento sigue lejos del nivel de inflación, en concreto cuatro veces por debajo del 10,4% en el que se situó en agosto el IPC, tras el 10,8% de septiembre, manteniéndose en los niveles más elevados de los últimos cuarenta años. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania a finales de marzo, la inflación se ha mantenido en el entorno de entre el 8% y el 11%, pero ya venía de acumular cinco meses consecutivos, desde octubre de 2022, situándose entre el 5% y el 8%, mientras que los salarios pactados por convenio, que encadenan ocho meses seguidos acelerando sus subidas, han mantenido sus incrementos alrededor del 2% o 2,5%. El actual nivel de inflación ha llevado a que en las últimas semanas las organizaciones sindicales hayan amenazado con movilizaciones para reclamar mayores subidas salariales, recibiendo el apoyo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aseguró que los sindicatos “tienen razón” en sus reivindicaciones, y les animó frente a la patronal CEOE. La organización liderada por Antonio Garamendi ha afeado la posición de Díaz, recordándole que “es la ministra de Trabajo, no la ministra de los sindicatos”. Otro punto de discordia en este ámbito ha sido la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), para la que Díaz ha dado dos meses y medio al comité de expertos para que presenten propuestas para la subida del SMI que luego debatirá con patronal y sindicatos. En este punto, desde la patronal han indicado que aún no es el momento de hablar del SMI, y apuntan que la actual situación con la inflación en cifras históricas y la incertidumbre generada por los cortes de suministro en el gas ruso que podrían provocar una recesión de la economía de la UE, no es el momento idóneo para presionar a las empresas con otro incremento de sus gastos.

El empleo en los países de la OCDE acusan el aumento de la inflación y el frenazo en el crecimiento mundial provocado por la guerra de Ucrania y la crisis energética. “La guerra en Ucrania está trayendo nuevos desafíos para el mercado laboral y las políticas sociales en los países de la OCDE, señala el organismo con sede en París en el informe sobre Perspectivas de Empleo para 2022, difundido ayer. La institución multilateral advierte sobre el efecto de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores. Los salarios están creciendo a menor ritmo que los precios y las rentas más bajas se están viendo más afectadas. “Desde abril de 2020 —en pleno estallido de la pandemia— los países de la OCDE han creado unos 66 millones de puestos de trabajo, nueve millones más de los que se destruyeron en los meses iniciales de la pandemia”, explica el documento. Los expertos de la OCDE advierten, sin embargo, que el alza de los precios —que en agosto se situó en el 10,4% en España— seguirá erosionando el valor real de los salarios durante lo que queda de 2022.

El asunto centró las reuniones que la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, mantuvo el jueves y el viernes con los cuatro sindicatos principales –ELA, LAB, CC OO y UGT– y la patronal Confebask, en encuentros separados. El mensaje que les trasladó a todos ellos es que «esta situación excepcional no debe tener como resultado en ningún caso una devaluación salarial». La búsqueda de un equilibrio entre la difícil situación que atraviesas muchas empresas y la demanda de los trabajadores de un alza salarial acorde con la inflación no está siendo fácil, como demuestra el bloqueo de la negociación colectiva. Según los datos de junio del Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL), cerca del 67,3% de los trabajadores tiene su convenio sin actualizar, bien porque está prorrogado (57,9%) o bien porque ha decaído (9,4%). Eso significa que hay 400.000 asalariados con su sueldo congelado, pendientes de la negociación. En este contexto, Mendia ofreció la colaboración de su departamento para llegar a a acuerdos, «como hace en todos los conflictos». Abogó por «un reparto de esfuerzos cuando las cosas van peor y un reparto de beneficios cuando las cosas van bien». También recordó que sindicatos y patronales habían logrado encontrar soluciones y firmar acuerdos en algunos sectores. Mendia estuvo acompañada en las reuniones por la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, y su homólogo en Empleo, Alfonso Gurpegui. Por la parte de Confebask acudió su director general, Eduardo Aréchaga.

Garbiñe Aranburu (Legorreta, 1973), que comparte el cargo de coordinadora general de LAB con Igor Arroyo desde el último congreso celebrado en junio, deja claro que en estos momentos el sindicato no está pensando en convocar una huelga general, como sí propuso el año pasado, pese a que la situación «se ha agravado». Pero apunta que «a día de hoy nuestra prioridad es buscar la confluencia en los conflictos que están abiertos con frentes sociosindicales». "La patronal se está negando a efectuar esas subidas garantizando el IPC. Esas formulaciones de trasladar la subida salarial a la vigencia del convenio se pueden estudiar siempre que se garantice que a la finalización esa subida salarial del IPC tiene que reflejarse. Pero la patronal no quiere entrar a ese tipo de cuestiones. Se están activando muchas luchas sectoriales y de empresa por el desbloqueo de la negociación colectiva y fruto de eso el curso pasado se firmaron varios convenios. Ahora hay varios conflictos abiertos y la previsión es que haya más conflictividad...-–Han presentado una demanda contra Confebask por negarse a asumir la representación patronal en el primer intento de todo el Estado de crear un Convenio de Empleadas de Hogar-  Confebask es un sujeto legitimado para negociar ese convenio. Otra cosa es que no tenga ninguna voluntad de abordar esta negociación porque quiere seguir condenándolas a que trabajen en condiciones precarias y de semiesclavitud. Es una de las prioridades de este sindicato. Hemos constituido la sección sindical de las empleadas de hogar. Habrá movilizaciones si no prospera el convenio..."

La producción industrial de la comunidad autónoma vasca en julio de 2022 fue un 0,6% superior a la observada el mismo mes del año 2021, en términos homogéneos de calendario laboral, y acumula en los siete primeros siete meses del año un crecimiento del 6,7%. Eso sí, comparado con el mes anterior ha descendido un 4,2%, según datos elaborados por Eustat. La evolución del índice de julio de 2022 con respecto a julio de 2021 tuvo un comportamiento positivo en el sector de la Energía, en el que se incluyen la producción y el suministro de electricidad y el refino de petróleo, donde se registra un crecimiento de la producción del 26,4%. La producción también ascendió ligeramente en los bienes de equipo, que presentaron un crecimiento del 0,3% en relación al mismo mes del año anterior. Sin embargo, en los bienes intermedios, tales como la metalurgia, se registró una caída interanual del 3,6%. Y los bienes de consumo también cerraron julio en negativo, con una caída del 6,7%.

La empresa vasca Arteche, fabricante de equipamiento eléctrico, registra ya el impacto de la aceleración de inversiones en este sector, que está ligado a la fase de recuperación de la actividad tras la pandemia pero también a las exigencias de la transición energética. La compañía cerró el primer semestre de este año con un notable aumento de la actividad y también con el incremento de un 51% en su cartera de pedidos, que a finales de junio ascendía a 192 millones de euros. La facturación de la empresa en el periodo de enero a junio también reflejó ya la recuperación de la demanda de equipamiento eléctrico, con un aumento del 21,1%, hasta alcanzar la cifra de 156 millones de euros. El beneficio neto para ese periodo alcanzó los 3 millones, un resultado que supone una mejoría del 77% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. El ebitda alcanzó la cifra de 13,1 millones y la deuda financiera neta –54,3 millones– registra una ligera reducción en términos relativos. Estos resultados, resaltó la compañía, se han conseguido en una coyuntura económica complicada en la que ha tenido que gestionar el incremento meteórico de los costes en los aprovisionamientos. El grupo subrayó que el aumento de su actividad y también de la rentabilidad están ligados al proceso de expansión internacional iniciado hace años. Ver nota Arteche. 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja se ha empezado a armar ante el inminente visto bueno a ‘Viñedos de Álava’, la iniciativa que impulsa la asociación de bodegueros ABRA y que sigue a la espera de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La institución con sede en Logroño quiere evitar que los productores jueguen esta próxima partida con dos barajas distintas y, por eso, ayer aprobó una modificación de sus pliegos y estatutos para «garantizar la exclusividad» de las uvas para una etiqueta en concreto. Es decir, les tocará elegir entre Rioja o ‘Viñedos’ a la hora de comercializar, no podrán combinarlas. El Ministerio de Agricultura, que dirige el socialista Luis Planas, será el encargado de dar forma a este asunto a partir de ahora, aunque ‘a priori’ parece que cuenta con su respaldo. «Esta decisión deja constancia de que la pertenencia a la Denominación es voluntaria y que, mientras se esté en ella, hay que hacerlo al cien por cien y con honestidad», afirmó ayer Fernando Ezquerro, presidente del Consejo Regulador Rioja, tras la sesión plenaria que aprobó estos cambios normativos. La medida recibió el respaldo de todas las organizaciones que asistieron a la reunión, salvo el sindicato agroganadero alavés UAGA. ABRA, la impulsora de la iniciativa, no acudió a la cita.

La Cámara de Comercio de España, a la vista de los últimos acontecimientos y datos económicos conocidos, ha decidido rebajar sus previsiones de crecimiento del PIB tanto este ejercicio como para el próximo, si bien de momento descarta que vaya a producirse una recesión económica, definida como dos trimestres consecutivos de caída del producto. La economía española crecerá este 2022 el 4,1%, según la institución presidida por José Luís Bonet, lo que supone dos décimas menos que las estimaciones realizadas en julio y dos décimas menos que la última estimación del Gobierno. De cara al próximo año el frenazo se traduce en una tasa del 2,2%, en este caso seis décimas menos que las estimadas en julio y medio punto menos de la previsión del Ejecutivo. El servicio de estudios de la Cámara de España estima que el momento de mayor atonía puede registrarse a lo largo del segundo trimestre de 2023, que es cuando el PIB podría incluso llegar a registrar el signo negativo, si bien volvería a recuperarse a lo largo de los siguientes trimestres. En materia de inflación la Cámara revisa al alza su anterior estimación para situarla en el 8,4% de media este año, ocho décimas más, y en el 3,9% en 2023, en este caso seis décimas más que en su anterior estimación realizada en julio. Por lo que respecta a la tasa subyacente, esta entidad estima una media anual del 4,8% este año y el 4% para 2023.

La primera reacción del euríbor tras la decisión tomada por el Banco Central Europeo (BCE) de subir los tipos de interés para atajar la inflación, disparó ayer de nuevo al indicador hipotecario hasta por encima del 2%. Hacía más de una década, desde diciembre de 2011, que este índice no se situaba en este entorno. Y la consecuencia práctica vuelve a ser un previsible incremento de las cuotas hipotecarias para quienes vayan a revisar su préstamo. Con solo seis días cotizados, el euríbor se queda momentáneamente en el 1,9%, aunque terminará el mes probablemente con una media cercana al 2%, lo que supondrá un importante golpe económico para quienes les toque revisar su préstamo hipotecario, ya que partirán de valores muy bajos. Así que la primera consecuencia de la subida de tipos aplicada desde el jueves por el BCE, que ha dejado el precio del dinero en un 1,25%, será una cuota hipotecaria más cara que hasta ahora. Esta evolución provocará que la cuota mensual de una hipoteca media (145.000 euros a 24 años con un diferencial de un punto sobre el euríbor) pase de unos 535 euros hasta los 705 euros en la próxima revisión. Es decir, 170 euros más al mes. Al año supondrá un gasto extra por familia de 2.040 euros, incluso por encima de lo previsto en los primeros análisis tras la histórica y agresiva decisión del eurobanco.

El euro ha recuperado la paridad con el dólar. Un día después de que el Banco Central Europeo (BCE) llevase a cabo una subida de 75 puntos básicos, la mayor en toda su historia, la moneda comunitaria se aprecia un 0,5% que le permite cambiarse a 1,004 billetes verdes por primera vez en lo que va de septiembre. Sin embargo, los expertos del mercado de divisas, lejos de ver en este rebote una buena noticia, consideran que es una muestra de debilidad estructural: ha hecho falta un movimiento de una dureza sin precedentes para reflotar el euro tan sólo ligeramente, El euro se haya en una encrucijada. En lo que va de año, pierde un 11,62% de su valor sobre el dólar. Según señalan desde la autoridad monetaria, la mitad de ese descenso puede atribuirse al diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa. La Reserva Federal comenzó a endurecer el precio del dinero antes y con más fuerza que la institución que preside Christine Lagarde hasta crear una brecha que antes de la última subida alcanzaba los 200 puntos básicos. Sin embargo, esa es sólo la causa de la mitad de la depreciación de la moneda comunitaria. La otra razón de las caídas responde a las perspectivas de una recesión. Y precisamente el remedio para cerrar la brecha, la subida de tipos, alimenta el riesgo de recesión.

Cualquier acuerdo entre operadores para fijar precios máximos en algunos alimentos está prohibido por ley, advirtió este viernes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a raíz de la reciente iniciativa de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz. La CNMC se ha posicionado así ante la reunión que mantendrán el próximo lunes la vicepresidenta y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con organizaciones de consumidores y patronales de la distribución para tratar su iniciativa de limitar los precios de los alimentos básicos de la cesta de la compra ante el impacto de la inflación. Según el organismo, tanto la Ley de Defensa de la Competencia como el Tratado de Funcionamiento de la UE “prohíben expresamente los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones comerciales que restrinjan o falseen la competencia”. “La fijación entre operadores de precios máximos, incluso bajo el auspicio o el impulso de autoridades públicas, es un acuerdo de precios de los prohibidos” por esas normativas, apuntó la CNMC. La Comisión resaltó que tiene la obligación de vigilar y sancionar cualquier concertación que puedan pactar las empresas, y aconsejó valorar “cuidadosamente los efectos de toda intervención pública en materia de precios”. A su juicio, un acuerdo para la fijación de precios máximos, aunque sea puntual, determina un estándar o baremo de fijación de precios que “eventualmente desemboca en precios más altos, menos innovación, menor inversión y una alteración negativa de la estructura competitiva del mercado”.

Los ministros de Energía de los Veintisiete se reunieron ayer en Bruselas con el objetivo de acercar posturas y aprobar medidas urgentes que puedan aplicarse lo antes posible. Esa premura tiene un doble filo, ya que puede que obligue a dejar por el camino las decisiones más difíciles como el tope al gas ruso y las reducciones de demanda de electricidad obligatorias, que no cuentan con el respaldo de todos los países europeos. Hay consenso, eso sí, en gravar los beneficios sobrevenidos de las renovables y la nuclear, en aplicar una tasa de solidaridad a las empresas energéticas de combustibles fósiles y en aprobar un mecanismo de liquidez para las energéticas. El encuentro de ayer sirvió, en definitiva, para tantear el apoyo a posibles medidas de emergencia europeas. «No ha sido un debate fácil, pero estamos de acuerdo en que hay que actuar urgentemente y estamos dispuestos a trabajar con rapidez», destacó el ministro checo de Industria, Jozef Sikela, que intervino en nombre de la presidencia de la UE. El tope al gas ruso es la medida más importante del paquete presentado por la Comisión Europea la semana pasada, pero también la más espinosa por lo que finalmente podría quedar fuera de la propuesta legislativa que se presentará la próxima semana. «Tenemos que seguir trabajando para diseñar la mejor forma de hacerlo», deslizó sobre este mecanismo la comisaria de Energía, Kadri Simson.

Los ministros de Energía de los Veintisiete dieron ayer en Bruselas luz verde a la Comisión Europea para que presente, como tarde la semana que viene, medidas concretas para gravar los beneficios extraordinarios de las energías inframarginales (renovables, nuclear) y las fósiles que contribuyen a la alta factura de la electricidad. También están de acuerdo en buscar fórmulas para reducir de forma “coordinada” la demanda eléctrica, aunque no han acabado de acordar si estas deben ser al menos en parte obligatorias, como quiere el Ejecutivo europeo, o voluntarias. “No ha sido una discusión fácil y, definitivamente, no va a ser la última, pero hemos logrado una dirección clara para las medidas que hay que tomar”, valoró al final del encuentro extraordinario el anfitrión de la cita, el viceprimer ministro checo, Joszef Síkela, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la UE. “Ahora sabemos con exactitud qué camino seguir”, agregó y manifestó su esperanza de que los Veintisiete cuenten con “propuestas legislativas concretas” antes de que acabe este mes. Porque el tiempo corre, el frío se echa encima y la idea es que las medidas más urgentes, que también incluyen crear instrumentos que inyecten liquidez para empresas energéticas expuestas a la volatilidad de los mercados, sean aplicables cuanto antes, de ser posible ya en octubre. Donde hay menos consenso es en torno a la idea de poner algún tipo de tope al precio del gas importado a Europa. 

Los representantes de los 27 países miembros alcanzaron un pacto preliminar de cuatro puntos, que incluye recortar los beneficios de las empresas generadoras de energía que no dependen del gas, crear una “contribución solidaria” a petroleras, proporcionar liquidez a las firmas energéticas, reducir el consumo y limitar el precio que los países pagan por el gas ruso. Los responsables de Energía de los 27 alinearon posiciones así con el plan presentado por la Comisión Europea este miércoles y le solicitaron propuestas legislativas concretas para el próximo martes. Tanto Síkela como la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, prefirieron ser vagos sobre la propuesta ya adelantada por Bruselas de limitar el precio que se paga por el gas ruso. El ministro checo presentó esta medida solo dentro de una “intervención de urgencia y temporal” a los mercados energéticos, pero no precisó si el tope será solo para el suministro desde Moscú o también para el proveniente desde otros países. “Necesitamos más tiempo para afinar de qué forma debe aplicarse el tope”, respondió Síkela frente a la pregunta de los periodistas. Simson sí precisó que “nada está fuera de la mesa” pero que prima la necesidad de asegurar la seguridad del suministro. Esta intervención directa sobre los precios que los 27 pagan por el gas aún no tiene consenso. 

Los ministros de Economía de los cinco grandes países de la UE se unieron ayer para anunciar su compromiso de aplicar el mínimo del 15% al Impuesto de Sociedades. En una declaración conjunta, Francia, España, Alemania, Italia y Países Bajos advierten de que, si no se alcanza un acuerdo en cuestión de semanas, están dispuestos a implantarlo sin esperar al resto de los Estados miembro. Esperan, de este modo, sortear el veto de Hungría, que lleva meses retrasando la medida. El tipo mínimo del 15% era, de hecho, uno de los objetivos estrella de la presidencia francesa. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, aseguró durante la reunión informal con sus homólogos en Praga, que Francia «rechaza» el bloqueo húngaro y cree que «es momento» de poner en marcha alternativas para asegurar la medida. Le Maire presentó el documento junto a los ministros del resto de países firmantes, entre los que también estaba la vicepresidenta primera Nadia Calviño. En el documento presentado ayer, los cinco países aseguran «estar listos para implementar la tributación mínima efectiva global en 2023» mediante «cualquier medio legal». La vicepresidenta española, por su parte, aseguró que España está «fuertemente comprometida» para establecer un mínimo a nivel europeo «lo antes posible» y ve urgente avanzar en los cambios fiscales frente al «bloqueo» húngaro.

8.316 nuevos alumnos inician sus estudios de primer año en la Universidad vasca, que apuesta por avanzar en la formación dual. Ellas representan el 57% de los que este septiembre inician el primer curso de sus estudios universitarios, un centenar menos que el año anterior. También se consolida la formación en euskera. El 53,5% de los grupos se impartirán en esta lengua frente al 46,5% que lo harán en castellano. En total serán cerca de 35.000 los estudiantes que acudan a las aulas de la Universidad vasca durante el curso que ahora comienza para formarse en alguno de los 105 grados que ofrece la institución académica. «Encaramos este nuevo curso con una oferta consolidada, que se actualiza constantemente atendiendo a nuevas necesidades y apuesta por la internacionalización así como por la relación con instituciones, empresas y asociaciones a través de la formación dual y la relación de prácticas externas», indico ayer Eva Ferreira, rectora de la Universidad del País Vasco, al inicio del nuevo curso académico. Y es que son ya once los grados de la UPV que combinan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la facultad con los que se llevan a cabo en diferentes empresas, al margen de las prácticas externas. Gracias a estas últimas el pasado curso 12.835 alumnos dieron sus primeros pasos en el mundo laboral para el que se han formado en la Universidad vasca.