20220926

Enviar un contenedor lleno de productos de China a Euskadi en los últimos dos años y medio ha sido un gran quebradero de cabeza: primero por las restricciones impuestas para combatir el covid, que llegaron a paralizar el puerto de Shanghái, el más grande del mundo; luego, por los cuellos de botella que provocó la inesperada explosión de la demanda; y, después, por el brutal encarecimiento de los fletes, que llegaron a multiplicar por doce su precio. Ahora, sin embargo, la situación se ha estabilizado y las aguas vuelven a su cauce: los puertos chinos funcionan con normalidad a pesar de que el país no ha abandonado su política de ‘covid cero’, y los precios se han reducido hasta un 80%. «Llegaron a un pico muy alto, hasta los 13.000 dólares por el contenedor de 40 pies, y ahora están en torno a los 3.000. En los dos últimos meses se han desplomado muchísimo, pero ya sabíamos que los precios de antes no eran sostenibles», explica desde Hangzhou el director de Across Logistics, Xavier Sanz. «Después de la borrachera llega la resaca. Los precios están cayendo mucho más y más rápido de lo esperado porque falta mercancía desde China. Los barcos viajan con un factor de carga del 90%, sobran contenedores y las navieras responden con mucha agresividad», resume Arturo Miguelez, coordinador general de Green Ibérica, el agente de la naviera Evergreen. Los fletes comerciales a Europa aún están por encima de los que se pagaban antes de la pandemia, pero, según los datos de DSV, en el último mes han caído de 5.166 dólares a 3.545. 

El gráfico del índice en el mercado de futuros de las principales materias primas que se emplean como referencia es prácticamente calcado a lo largo de este año. Reproduce un pico en el mes de marzo, tras la invasión rusa de Ucrania y, desde entonces un descenso, con varios dientes de sierra durante la primavera, pero que desde el verano se presenta como un plano inclinado hasta el suelo alcanzado en el mes de septiembre. En román paladino, el precio de elementos básicos como el petróleo, la madera, el aluminio, el cobre o el trigo no ha dejado de bajar en los últimos meses. Hay datos especialmente llamativos como el de la madera en el mercado norteamericano que ha bajado un 69%, mientras que el petróleo Brent ha caído un 28,4% hasta los 86 dólares o el aluminio con un descenso desde primavera del 42%. Según las teorías económicas más elementales se trata de un escenario que evidencia un enfriamiento de la demanda y un frenazo económico propio de la antesala de una recesión. Hay elementos como el parón en el sector de la automoción en Europa que evidencian ese diagnóstico y que ya está afectando a la actividad de compañías en Euskadi como Michelin, con paros durante el mes de octubre, o la planta de Arcelor en Sestao que permanecerá parada, al menos, hasta final de año. Aún así, el profesor de la Deusto Business School, Guillermo Dorronsoro, explica que los fenómenos derivados de la crisis energética y del precio del gas son tan excepcionales que «vamos a ciegas». En este sentido, alerta de que hay revisar las teorías tradicionales y no aplicar acríticamente elementos de interpretación. El consultor recuerda que China vive en estos momentos unas circunstancias que mantienen su actividad económica bastante afectada y señala que «esa baja demanda tiene un efecto directo en el precio de las materias primas». Dorronsoro reconoce que el escenario da «síntomas de recesión», pero que señala que «todavía no daría por segura su llegada».

Entrevista con Rafael Domenech, responsable de análisis económico de BBVA Research. La agresiva subida de tipos de interés en la eurozona es el “mal menor”. Las empresas y las familias tienen una posición financiera “sólida” y soportarán el envite. "Si pensamos que la inflación va a estar el próximo año en el 4,5 o 6%, empezamos a subir salarios y márgenes en función de esa expectativa, se autocumple la previsión. Esto es lo que trata de evitar el BCE. Y nos dice que está dispuesto a pagar el precio de una menor actividad económica y un menor crecimiento del empleo. Eso va a suponer que el coste de financiación de las familias y empresas se encarezcan...Hay razones para ser optimistas. Tenemos familias con una posición financiera sólida, al igual que las empresas. La subida en los tipos de interés es significativa: pasar de un euríbor en el cero a uno por encima del dos supone un coste importante. Pero el euríbor en el cero era algo excepcional. Las decisiones de endeudamiento de las familias y las empresas, a horizontes largos, no se deben asumir pensando que el euríbor va a estar a cero a largo plazo...La economía vasca está más orientada a la industria y la exportación. La productividad del empleo es, en general, mayor. Las empresas son más productivas y los salarios mayores. Su respuesta ante el nivel de inflación actual será mejor que el de economías con actividades menos productivas y sueldos menores. Pero también es una debilidad en un momento de desaceleración a nivel global. Porque su demanda cae, los costes son mayores… Puestos a elegir, el balance de la economía vasca es positivo. Algo parecido le va a pasar a la economía alemana. Pero, aunque caiga más que la economía española, su situación de partida será mejor que la del Estado y saldrá de la crisis por encima del Estado.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, sacó ayer pecho de la gestión del Gobierno y el resto de instituciones vascas para hacer frente a crisis pasadas, a la actual de inflación y energía, y a la económica que se avecina como consecuencia de esta. Durante su alocución ante los cargos, afiliados y simpatizantes del PNV en el Alderdi Eguna celebrado en Foronda (Álava), enfatizó que Euskadi es «solvente» y «cuenta con recursos» para «seguir respondiendo y actuando para aliviar la dura situación que viven las familias y la economía productiva». Más allá de la disponibilidad presupuestaria actual que dejó entrever, resaltó que Euskadi «tiene claro el rumbo» a seguir en el duro invierno que anticipan los organismos económicos y sociales y de cara al «cambio de época» que, más a largo plazo, afronta la sociedad vasca ante los retos que le esperan, como el demográfico, tecnológico o del empleo, además del energético. «Euskadi está preparada, dispuesta para afrontar el cambio de época desde la acción, frente a la incertidumbre y la paralización», clamó Urkullu entre los aplausos de los asistentes. «Sabemos a dónde queremos ir y estamos dispuestos a trabajar como pueblo para alcanzarlo. Es importante tener claro el rumbo. No hay viento favorable para quien no sabe adónde va», insistió el lehendakari, que advirtió de que aunque se viven «tiempos difíciles», se saldrá adelante «si trabajamos juntos, con esfuerzo y humildad». El rumbo que predica Urkullu conduce a una Euskadi «próspera, verde e innovadora. Comprometida, solidaria, abierta y conectada al mundo». En esa ruta, no dudó en comprometer que «si son necesarias nuevas medidas ante la crisis, las propondremos».

El valor de las casas ha crecido desde 2007 más de un 4% en la capital guipuzcoana, mientras que en Bilbao y Vitoria ha bajado un 29% y un 22%, respectivamente. En los quince años que oscilan entre el pinchazo inmobiliario, la consiguiente crisis del ladrillo, la posterior recuperación, el impacto de la pandemia y el actual vigor en el número de compraventas, el mercado ha atravesado un puñado de situaciones contrapuestas. Pero hay muy pocas capitales que estén al mismo nivel –o incluso por encima– que la época efervescente que transformó el paisaje de nuestro país. Donostia, una ciudad de tamaño medio pero con unas particularidades que la convierten en única, es una de ellas. Según los datos de valor tasado de las casas publicados por el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, el coste de los inmuebles ha registrado un incremento del 4,45% en la capital guipuzcoana desde 2007, año del pinchazo inmobiliario, hasta 2021 –última estadística publicada– al pasar de 3.930 euros por m2 a 4.105 euros. En cambio, en el caso de Bilbao y Vitoria, los descensos en el mismo periodo han sido del 29% y del 22%, respectivamente

Financiar la compra de un automóvil, un electrodoméstico o un viaje es cada vez más caro. A medida que los tipos de interés han ido creciendo desde julio (entonces el BCE los incrementó al 0,50%, y en septiembre lo hizo hasta el 1,25%), los de los créditos al consumo se han movido en paralelo, también al alza. Es lo mismo que ha ocurrido con el euríbor, el principal indicador que sirve para calcular las hipotecas. Hasta julio, el coste medio de los créditos y préstamos al consumo que se concedían en ese momento se situaba en un 6,82%. Se trata de la referencia más elevada del año, una cota que no se había alcanzado aún en este 2022. Además, los intereses de estos productos han ido avanzando a lo largo de los meses, desde el 6,10% en el que se encontraban a finales de 2021. Es decir, el incremento medio ha sido de 0,70 puntos en poco más de medio año. Aún quedan por actualizar las cifras de agosto, el que sería el primer mes tras la inicial subida de tipos del BCE, y un momento en el que los bancos suelen elevar los costes de financiación aprovechando la campaña de verano. Fue en noviembre del año pasado cuando el coste de los préstamos destinados a las compras se situó en su nivel más bajo de la historia del euro. Entonces, las entidades financieras aplicaban el 5,6%, lo que incentivaba a la población a endeudarse para adquirir cualquier cosa. La diferencia entre aquel mes y el último dato de julio implica un avance de intereses de 1,2 puntos.

"...En Alemania, es probable que la producción económica disminuya ‘algo’ en el tercer trimestre antes de una contracción ‘perceptible’ en los dos siguientes, ratifica el propio banco emisor alemán, el Bundesbank. «Cada vez hay más señales de una recesión de la economía alemana». ¿Y qué se espera del comportamiento de la economía española? El informe de Bloomberg excluye a nuestro país de un traspiés serio, como antes lo ha hecho Goldman Sachs. Si acudimos al panel de Funcas buscando el consenso de mercado, fuente generalmente muy autorizada, apunta a un crecimiento muy débil en el tercer trimestre de 2022, un 0,1%, seguido de una caída de dos décimas en el cuarto, siendo mayoría los panelistas que esperan un resultado negativo en dicho trimestre. Pero no olvidemos que el concepto de recesión, dos trimestres de PIB negativo, no es muy indicativo. Aunque la previsión se materialice, lo cual es dudoso, para el conjunto del año, el consenso en la estimación media de crecimiento del PIB se sitúa en el 4,2%, cercano al 4,3% que sostiene el Gobierno (‘en torno al 4%’ en la última versión), aunque rebajado hasta el 1,9 para 2023 (4,1% en 2022 y un 2,8% en 2023 para el Banco de España). Dicho lo cual, y esto es lo importante, sin considerar caída alguna trimestral de la producción a lo largo de 2023. El pronóstico de excluir a España de la recesión tiene algunos fundamentos sólidos, aunque se encuentren flanqueados de no pocas sombras e inconsistencias..."

"...Los empresarios conocen que en una crisis económica todo es cuestión de resistir la terciana momentánea de los sindicatos. Al final se impone el pacto de moderación salarial a cambio de la conservación del empleo o del menor recorte del mismo. Así, en su análisis de la negociación colectiva, los empresarios explican que “si bien es cierto que se corresponde con el comportamiento tradicionalmente negativo del empleo en agosto, la pérdida de afiliados el último día del mes marca el máximo histórico desde 1982 de 409.429 empleos destruidos. La evolución del desempleo y de la ocupación en agosto, con 40.428 parados más y 189.963 afiliados menos, confirman la tendencia a la desaceleración del mercado laboral en línea con los indicadores económicos”. Es más, CEOE ya ha detectado que “esta desaceleración del mercado laboral se advierte desde el mes de abril, en el que se alcanzó una tasa de la afiliación del 5,06%, mientras que en agosto dicha tasa se sitúa en el 3,48%, un punto y medio menos”. Estos datos “reflejan el proceso de moderación de la actividad que venimos indicando en meses anteriores” y el transcurso de la negociación colectiva. Así, hasta el pasado 31 de agosto había firmados 2.540 convenios, con efectos en este año, aunque muchos puedan están vigentes desde ejercicios anteriores. Estos acuerdos dan cobertura a 696.254 empresas y a 7.119.242 trabajadores. Es decir, al 64,72% de los trabajadores cubiertos por convenio. La subida salarial media pactada era del 2,6%. Una cifra que coincide con la propuesta de la CEOE a los sindicatos, y ocho puntos menos que la tasa de inflación actual del 10,4%. Si sólo analizamos los convenios firmados este año; ya con la amenaza de crisis por la guerra de Ucrania y una inflación disparada, hasta el momento, sólo se han firmado 462 convenios, que afectan a 1.141.575 trabajadores, con una subida salarial del 2,9%. Precisamente, fue el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el que propuso a los sindicatos retomar el acuerdo para la negociación colectiva, ante las demandas de los empresarios de intentar moderar los salarios por el crecimiento de los precios. Sin embargo, la patronal ha descubierto que la dura realidad se está imponiendo en los convenios..."

Lo cierto es que, nada más terminar la junta directiva del miércoles donde Garamendi hizo su anuncio y fijó la fecha de las elecciones, tres de las organizaciones transversales de CEOE, la patronal de las pymes (Cepyme), la de los autónomos (ATA) y la de los jóvenes empresarios (Ceaje) dieron su apoyo público al actual presidente patronal. Acto seguido llegaron en cascada otros apoyos de organizaciones de peso como la del metal (Confemetal) o las de la construcción (CNC y Seopan); al igual que anunciaron su respaldo a Garamendi las territoriales de Castilla y León, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares o Galicia. “El resto de territoriales irán sumando sus votos favorables a medida que vayan consultando con sus órganos de dirección”, confían en el entorno de Garamendi. Esto no quiere decir que Garamendi vaya a salir aclamado en la asamblea electoral –aunque también cabría esa posibilidad– ya que, según distintas fuentes consultadas, alguno de los distintos focos internos de oposición que tiene el dirigente empresarial vasco podría hacer que uno de sus vocales solicitase que en lugar de aclamar al candidato se produzca una votación en urna. “Esta posibilidad es muy remota porque nadie va a querer significarse de esa manera”, asegura un importante directivo de CEOE. Si bien no puede descartarse a fecha de hoy que los representantes empresariales tengan que votar finalmente. En ese caso, la votación será individual y secreta, porque será en urna, por parte de cada uno de los 700 vocales con derecho a voto. Aunque deberían seguir lo acordado por su organización –que casi con toda seguridad será el apoyo a Garamendi de forma muy mayoritaria– tampoco existen garantías de que no vaya a haber votos en blanco –cuando no hay otro candidato, algo que a fecha de hoy sí es más descartable, el voto de castigo es en blanco–, que es precisamente lo que persiguen los grupúsculos de oposición que tiene Garamendi, para que se evidencie que sí existe contestación interna. Pero entre las filas del dirigente vasco existe poca preocupación porque confían en que , incluso si se producen esos votos en contra, “sean testimoniales”, indican.

El Ministerio de Hacienda trabaja en el nuevo impuesto a las grandes fortunas con la idea de que sea deducible con el Impuesto de Patrimonio, según fuentes conocedoras de su diseño. De esta forma, el grueso de los ingresos, que se calculan en 1.500 millones de euros, procederían de las autonomías que han dejado exento todo o una parte de este tributo, como Madrid, Andalucía y Galicia. Solo en Madrid se dejaron de recaudar 1.000 millones en 2020. El Gobierno prepara el diseño del nuevo impuesto a las grandes fortunas que entrará en vigor en 2023. Este gravamen se encuentra todavía en una fase preliminar de definición, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró la semana pasada que lleva semanas trabajando en él. La idea es que esta figura temporal pueda recaudar cerca de 1.500 millones de euros y que sea deducible con el Impuesto del Patrimonio, según fuentes conocedoras de las discusiones. En consecuencia, el grueso de los ingresos procederían de las autonomías que han dejado exento todo o una parte de ese impuesto: hasta ahora Madrid, Andalucía y Galicia. Y fundamentalmente la mayor parte de lo recaudado llegará de Madrid, donde la bonificación del impuesto que paga la comunidad, y por lo tanto lo que se dejó de recaudar, asciende a unos 1.000 millones. 

Los fondos de inversión internacionales siempre están a la caza de oportunidades de inversión en distintos países, incluida España, y las compañías con problemas de solvencia suelen ser una apuesta interesante. Sin embargo, la presencia en los balances del sector público genera dudas sobre si compensa invertir. Así lo constatan distintos despachos de abogados o consultoras especializadas en reestructuraciones, que están estudiando cómo aplicar la nueva Ley Concursal y qué papel juega el dinero inyectado en las empresas por la SEPI o Cofides, durante la pandemia, o los avales a préstamos bancarios del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En estos casos, cualquier acuerdo de reestructuración de deuda (modificaciones en los planes de pago) deberá contar con la aprobación expresa de SEPI, Cofides o la Agencia Tributaria, y eso a su vez podría demorar los procesos y desincentivar la entrada de capital extranjero, alertan varios expertos. «Existe preocupación en cuanto a de sociedades en las que el crédito público sea muy relevante. Esta preocupación está dificultando algunas operaciones», advierte a EL MUNDO Javier Castresana, socio especializado en Reestructuraciones e Insolvencias del despacho internacional Allen & Overy. Javier Zuloaga, socio responsable de Procesal y Concursal de KPMG Abogados, explica a este medio que «la Administración Tributaria puede acabar jugando un papel determinante por medio de la denegación de la autorización necesaria, cuando puedan quedar afectados los llamados créditos ICO».

Cambio de paradigma en el sistema de insolvencias en España. Hoy entra en vigor el nuevo texto de la ley concursal, que cambia por completo el concepto legal. La norma se centra ahora en la prevención para evitar la desaparición de empresas. El nuevo ordenamiento se basa en la reestructuración –lo que los juristas y la propia ley llaman la preconcursalidad– y deja el concurso solo para casos de empresas realmente inviables. Además, el juez perderá protagonismo en estos procedimiento, que solo tendrá intervenciones muy determinadas. De esta forma, desaparecen los procedimientos antiguos altamente judicializados que lo único que pretendían resolver era la insolvencia. Así son los principales cambios en la normativa.

BBVA idea nuevas fórmulas para hacer crecer su franquicia de clientes. El aumento de la base de usuarios es un objetivo estratégico del grupo y uno de los compromisos que ha asumido con el mercado. BBVA es el único gran banco en España con objetivos comerciales públicos. Se ha marcado como meta incorporar al grupo diez millones de clientes brutos entre finales de 2021 y 2024. Del total, 3,6 millones deberían sumarse en España. Con este foco, BBVA ha diseñado el proyecto Anfitriones. Es una iniciativa de captación que gravitará sobre los empleados y que se pondrá en marcha en España, donde BBVA tiene cerca de 25.000 trabajadores. El plan, que se presenta hoy, persigue que toda la plantilla tenga un mejor conocimiento de los productos y servicios que BBVA comercializa en su red, con vistas a que pueda trasladar una mejor oferta de valor a familiares y amigos. Como eje de fondo, BBVA quiere que sus empleados se conviertan en grandes embajadores de marca. La plantilla accederá a un sistema de premios que recompensará la captación de clientes. Los empleados obtendrán una insignia por cada nuevo usuario que incorporen a la entidad. Posteriormente, podrán canjear estos distintivos por premios, entre ellos, cámaras deportivas, altavoces, ebook, airpods o televisores.

Iberdrola está en búsqueda de un gran socio estratégico que le ayude a impulsar sus renovables en España. La eléctrica acaba de contratar los servicios de Barclays como asesor financiero para encontrar un inversor que tome una participación del 49% en una cartera de activos solares y eólicos cuya potencia se sitúa alrededor de 1.200 megavatios (MW), la mayoría de ellos en desarrollo. La transacción, de carácter estrictamente confidencial, ha sido bautizada con el nombre en clave de Proyecto Romeo y se dirige a los principales fondos soberanos y de infraestructuras del mundo especializados en invertir en energía verde, así como a aseguradoras. Iberdrola busca un socio pasivo que no interfiera en su gestión, pero cuyos recursos contribuyan a acelerar el desarrollo de los proyectos. A cambio, le ofrece un retorno atractivo y duradero. La cartera en cuestión dispone de en torno a 200 MW solares ya operativos. El resto está en desarrollo. En torno al 80% del total se corresponde con activos fotovoltaicos, mientras que el otro 20% son eólicos. Con estos datos, las fuentes consultadas estiman que el portafolio está valorado en 500 millones de euros, aproximadamente, por lo que la transacción permitiría a Iberdrola obtener unos 250 millones. Iberdrola asume el riesgo sobre los activos hasta su entrada en operación. Iberdrola ha declinado hacer comentarios al respecto de la operación. Sin embargo, fuentes cercanas al grupo que preside Ignacio Sánchez Galán explican que la compañía “ha incorporado en diversas ocasiones socios minoritarios” a sus proyectos, interesados en activos capaces de generar una rentabilidad atractiva y estable en el tiempo. 

Entrevista con Jon Altuna Vicerrector de Mondragon Unibertsitatea. «El 80% de los estudiantes acaba trabajando donde hace prácticas». La institución privada busca incrementar en mil las plazas de este modelo formativo y abrirlo a más sectores como la salud o la educación. Aunque se ha generalizado en los últimos años, Mondragon Unibertsitatea acumula medio siglo de experiencia en la oferta de grados y másteres de formación dual. Compaginar estudios y prácticas remuneradas en empresas sitúa al estudiante en una posición privilegiada de cara a obtener su primer contrato de trabajo. De hecho, según explica Jon Altuna, vicerrector de la institución privada, este modelo formativo arroja excelentes porcentajes de inserción laboral. Cerca de 2.000 de los 7.000 alumnos matriculados en el centro cursan este año un grado o postrado con sello dual. "– ¿En qué tipo de empresas hay más demanda de este modelo formativo?– Sobre todo, en las ingenierías o el ámbito de la gestión empresarial unido a la industria. Pero estamos viendo en los últimos años que el modelo dual es una modalidad de aprendizaje muy adecuada en otros ámbitos. – ¿Hay mucho por explorar? – La industria sí que está acostumbrada, la entiende y sabe que es una inversión. En cambio, en otros sectores todavía más incipientes, se necesita mucho más recorrido, una cultura. La formación dual se está encontrando con algunas barreras en este sentido, en especial, en todo el ámbito del sector público, la salud o la educación..."

El mercado laboral, como la sociedad, está en constante evolución, por lo que es importante conocer cómo está en cada momento y adaptarse a él. Las circunstancias económicas de los últimos años han agudizado las necesidades sociales de colectivos desfavorecidos, que demandan ahora una mayor atención. Los ciclos educativos de FP oficial, tanto en grado medio como superior, se están adaptando rápidamente a esta demanda, al ofrecer enseñanza eminentemente práctica en programas de corta duración (ciclos de dos años) que son un aliciente para estudiantes que buscan entrar en el mercado laboral y para los empleadores que requieren de mano de obra cualificada. En este ámbito, los ciclos de mayor inserción laboral son el de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, Técnico Superior en Mediación Comunicativa, Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género y, por encima de todos, el de Técnico Superior en Integración Social. Este último se ha convertido en uno de los tres grados superiores con más salidas laborales del conjunto de ciclos de FP, y el que más contratación genera dentro de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad. Así lo confirman datos recientes publicados por el Observatorio de las ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Dejar de trabajar como hace 100 años. Este es el próximo objetivo que se ha marcado el Gobierno, y particularmente el Ministerio de Trabajo, y que ya ha dado sus primeros pasos con el lanzamiento de una consulta pública para que las empresas experimenten con la fórmula de cuatro días de trabajo en lugar de cinco. Sin embargo, más allá de esta iniciativa concreta —promovida por Más País—, en el departamento que dirige Yolanda Díaz se encuentran inmersos en el diseño del que han bautizado como Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI. Una nueva norma en la que se corrijan las “reminiscencias industriales” con las que cuenta el actual texto, aprobado en marzo de 1980, y que ha sido parcheado hasta tres veces en los últimos 12 años. A pesar de que el proyecto se encuentra aún en pleno desarrollo teórico, distintos expertos consultados valoran positivamente la idea, y señalan algunos de los puntos cardinales hacia los que debería apuntar el nuevo marco de relaciones laborales. Redefinir conceptos. El paso del tiempo y la evolución del mercado de trabajo han desgastado algunos de los conceptos que conforman el estatuto. El artículo 34, en su primer apartado, por ejemplo, regula la duración de la jornada laboral, pero lo hace de forma muy somera: esta será “la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo”, y su duración máxima llegará hasta las “cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”.

Estaban llamados a ser los jinetes de un dragón diseñado para convertirse en la primera potencia mundial; los que conducirían al país de una sociedad «moderadamente próspera» –término acuñado el año pasado por el presidente Xi Jinping– a una sociedad puntera a la cabeza del «socialismo moderno» –acuñado también por Xi– que se plantaría como faro de una nueva hegemonía que rompiera con décadas de dominio estadounidense. El sueño de Xi estaba pensado para que fuera liderado por la generación más preparada en la historia de China. Los últimos millennials y los de la generación Z eran los elegidos para culminar un desarrollismo sin precedentes en los últimos 40 años. Pero llegó el coronavirus y la locomotora se estropeó. No era fácil volver a arrancarla en un país preso de una política pandémica que paraliza ciudades enteras sin importar el coste. El crecimiento económico es más lento que el que Pekín quisiera. Las siempre oportunas bolsas de trabajo de las grandes tecnológicas ya no son tan grandes por la cruzada reguladora. Y el sector inmobiliario, que representa hasta un tercio de la economía del país y era otra importante fuente de empleo, está en caída libre. Para explicar el fondo del asunto se podría hacer un diagrama de Ishikawa con características chinas: este otoño hay 10 millones de nuevos graduados universitarios en el gigante asiático. Tradicionalmente derrochadores, muchos de estos chavales ya no pueden gastar tanto porque no encuentran trabajo tan rápido como antes. Si no sueltan los yuanes, el consumo interno se resiente en un país donde el gasto del consumidor representa más de la mitad del PIB.

España no es el único país europeo que emprende reformas para sostener su sistema de pensiones. Bélgica estudia elevar los periodos de carencia y de cómputo total para acceder al 100% de las prestaciones mientras el Gobierno francés, que se propone reestructurarlo desde hace años, no parecía encontrar el momento oportuno hasta ahora. París mantiene las dudas sobre el calendario para su reforma de las pensiones, con un debate en la mayoría parlamentaria que lo sostiene sobre la conveniencia de dar unos meses a la concertación o presentar ya su proyecto al Parlamento, con el riesgo de desencadenar una protesta social. El ministro de Hacienda, Gabriel Attal, insiste, en una entrevista publicada ayer en Le Journal du Dimanche, en que «haremos la reforma de las pensiones» porque el régimen actual «es deficitario» pero también porque se quiere financiar el aumento de la pensión mínima a 1.100 euros mensuales (ahora ronda los 1.000 euros) y cubrir gastos de dependencia. También, añade Attal, porque el Ejecutivo pretende invertir más en educación para aumentar en un 10 % los sueldos de los profesores o contratar 3.000 policías y gendarmes el año próximo. Todo eso sin aumentar los impuestos y sin que se dispare la deuda «que las generaciones futuras tendrán que pagar antes o después».

Italia acudió a votar ayer presa del descontento y el hastío con su clase política y ello se tradujo en una escasa participación –fue del 64%, cinco puntos menos que hace cuatro años– que puede tener el efecto de dar alas a los extremismos. Los sondeos, al igual que han hecho en el resto de la campaña, dan ganadora a la alianza de derechas que pivota sobre Giorgia Meloni, del neofascista Hermanos de Italia. El partido ultra sumaría entre el 22% y el 26% de los votos, según los sondeos. Los resultados, que se empezarán a conocer hoy, certificarán si el país transalpino permite a la ultraderecha liderar su gobierno.