20221012

Ni el fondo ni las formas. Así que torrente de reproches al Gobierno, pero sin portazo al diálogo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguró ayer en Vitoria que la «subida desmedida» de las bases máximas de cotización «deja a las empresas en situación complicada. Y más, cuando se anuncia que se va a hacer todos los años». Un movimiento sin aviso previo, denunció. Y un buen ejemplo de esa inercia en la que, a su juicio, ha entrado el Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos: la de «dividir a la sociedad entre ricos y pobres», entre «buenos y malos», entre «la gente...» y el resto, «cuando la realidad es otra» menos maniquea. El máximo responsable de la patronal española hizo estas reflexiones durante el Foro Económico ‘Las empresas ante los nuevos retos de 2023’, organizado por El Correo. La cita concitó la representación de todos los partidos del arco parlamentario y de todas las instituciones. La vicelehendakari Idoia Mendia y la consejera Arantxa Tapia; el diputado general alavés, Ramiro González; el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran; el delegado del Gobierno, Denis Itxaso; y la presidenta de Confebask, Isabel Busto, fueron algunas de las autoridades que asistieron al acto. Las consideraciones de Garamendi llegan en uno de los momentos de mayor desencuentro con el Gobierno de Pedro Sánchez, que prevé en sus Presupuestos para el próximo año elevar al 8,6% las cotizaciones para los salarios altos, con un coste de 150 millones para las empresas vascas y afección para unos 100.000 trabajadores de Euskadi. Una subida que continuará en los próximos ejercicios a un ritmo superior a la inflación, según lo anunciado por el ministro José Luis Escrivá. «No nos han avisado y lo denunciamos. Ni eso es diálogo social ni pulpo es animal de compañía». Pero, lo dicho, sin dar portazos. «Debemos volver al estadio de querer entendernos» porque las empresas necesitan «seguridad jurídica y estabilidad regulatoria». Así que pidió al Gobierno que «sea valiente para llegar a esos acuerdos», abandonando discursos excluyentes. «Se está perdiendo el centro y ese es el espacio del acuerdo».

El Gobierno central anuncia un notable ahorro en el consumo de gas, pero no topa su precio para la industria a la espera de Europa. Medidas como el tope al precio del gas para uso industrial –actualmente solo opera cuando se destina a la generación eléctrica– o la recuperación del régimen de interrumpibilidad han quedado soslayadas, al menos de momento, en el plan de ahorro de energía y gas del Gobierno central, rebautizado ayer como ‘Más Seguridad Energética’ (+SE). Se trata de los principales puntos de reclamación de la industria siderúrgica y electrointensiva del País Vasco. Es la más afectada por el incremento de unos costes energéticos que están provocando la paralización de algunas empresas importantes, como la acería de ArcelorMittal de Sestao, y que han sido los responsables del alargamiento de las paradas de mantenimiento este verano en industrias como Aceros Olarra o cementeras como Rezola. Una situación que desde el clúster vasco de la siderurgia, Siderex, se ha llegado a calificar como «verdadero drama», mientras que para la presidenta de Gas Industrial de España, Verónica Rivière, supone la «muerte silenciosa de la industria». Las medidas fueron reclamadas también por el Gobierno vasco en las propuestas presentadas al Ministerio de Transición Ecológica. Y es que el documento aprobado ayer en el Consejo de Ministros, que ya está enviado a Bruselas, es el que nació como el Plan de Contingencia Energética. Un compendio de propuestas con las que se vertebra el compromiso con el resto de países de la UE para reducir el consumo de gas este invierno en un 15%, aunque en el caso de España esta cifra se reduce al 6,4% por la capacidad de almacenamiento de gas y los envíos que viene realizando a Francia y Portugal.

Los responsables de la planta de Michelin-Vitoria comunicaron ayer al comité de empresa que las paradas en algunos turnos de fin de semana en la línea de Ingeniería Civil continuarán a lo largo del mes de noviembre y se extenderán, al menos, hasta el puente de la Constitución y la Inmaculada. No se trata de una medida nueva ya que se aplica desde septiembre y, vistas las malas previsiones que se ciernen sobre la economía mundial, parece que será tónica general «al menos a medio plazo», según reconocieron hace unas semanas fuentes de la multinacional. La caída de pedidos y el aumento en los precios de la energía son los dos motivos que los gestores de la compañía esgrimen para adoptar la decisión. Este nuevo cese de la producción supondrá «que se dejen de fabricar 1.600 toneladas de ruedas» en esa línea, según confirmó Alberto Martín, de CC OO-Michelin. «De momento afecta solo a Ingeniería Civil, pero estamos a la espera de que nos convoquen la semana que viene y nos digan si se extiende a Turismo. No nos han dicho nada pero todo indica que será así», adelantó. A la espera de esa reunión, lo que se ha confirmado es que en noviembre se anularán los turnos de noche de todos los sábados y los domingos completos, para la división de ruedas pequeñas; y durante el puente de diciembre se interrumpirá la actividad toda la semana «también en las grandes», agregó el responsable sindical. La ‘desactivación’, que es como se denomina oficialmente a este tipo de paradas selectivas, afectará a en torno al millar de trabajadores. 

Tal y como viene reflejado en el último newsletter de Confebask, el número de empresas en Euskadi creció en septiembre en 962 hasta un total de 57.613, lo que, aunque está prácticamente en línea con lo que es habitual para un mes de septiembre, supone un crecimiento un poco menor que en el mismo mes del año pasado (-0’6%). De hecho, se trata del cuarto mes consecutivo de caída interanual en el número de empresas tras quince meses de crecimiento. Y respecto a febrero de 2020 (comienzo de la pandemia), todavía se registran 1.280 empresas menos (-2,2%), de las que se han recuperado el 39%. Por sectores, en septiembre creció el número de empresas en todos los sectores de actividad salvo en la industria, donde se contabilizaron 5 menos. Es precisamente la industria la que más ha caído también con respecto al escenario previo a la pandemia (febrero 2020) al contabilizar en septiembre 236 menos que entonces (-3’6%), seguida del sector servicios (-2,8% y 1.281 empresas menos), mientras que en Construcción se registra el mismo número de empresas que en febrero de 2020. Por último, el número de empresas vascas concursadas en el segundo trimestre de 2022 ascendió a 57, un 9,5% menos que en el mismo trimestre de 2021, encadenando así cuatro trimestres consecutivos de caídas interanuales. Ver más en Confebask. 

CAF suministrará a Renfe 28 trenes eléctricos para servicios de media distancia, así como piezas de recambio; y se encargará del mantenimiento integral de 17 de ellos durante 15 años mediante una sociedad conjunta (los otros 11 serán mantenidos por la propia Renfe), según informaron ayer ambas compañías. Con esta adjudicación, decidida por su consejo de administración, el operador ferroviario encadena dos contratos importantes con el fabricante vasco, y termina con una década larga durante la que no contó con él en sus pedidos. El volumen económico asciende a 290 millones de euros; y la adjudicación prevé opciones de ampliación que podrían llegar hasta la fabricación de otros 42 trenes. CAF y Renfe crearán una firma conjunta para mantener 17 trenes, colaboración que “viene siendo habitual desde 2006” en las contrataciones del operador ferroviario. De hecho, Renfe confía en reforzar este tipo de tareas a nivel interno al encargarse de mantener 11 unidades en sus talleres propios, aumentando la carga de trabajo. El tren que fabricará CAF alcanzará una velocidad de 200 kilómetros por hora, y podrá recorrer trayectos cortos de forma autónoma, circulando por tramos de la red sin catenaria. También podrá funcionar ante una eventual ausencia de tensión mediante baterías.

Euskadi recibe esta semana una misión empresarial procedente de Japón, compuesta por una treintena de CEO corporativos, entidades educativas y otras organizaciones económicas, a los que se está mostrando el sector industrial, informó ayer martes Spri. Estos CEO forman parte de la Central Japan Economic Federation, federación económica del país conocida como ,Chukeiren, y tienen por objetivo identificar oportunidades de cooperación y negocio. La entidad nipona reúne a empresas de muy diversos sectores y, entre otros ámbitos, operan en grandes proyectos de infraestructuras y servicios abiertos a la cooperación institucional y empresarial, materias que, según ha destacado Spri, son de interés para algunos de los sectores estratégicos de la economía vasca y motivo por el que Gobierno Vasco y la Agencia para la Internacionalización del Grupo Spri, Basque Trade & Investment, se encuentra coordinando la visita e identificando “potenciales oportunidades” para las empresas de Euskadi. El viceconsejero de Industria, Mikel Amundarain, acompañado de la directora de BasqueTrade, Ainhoa Ondarzabal, mantuvieron ayer martes un encuentro en Bilbao participado por representantes de las empresas de la delegación empresarial encabezada por su presidente, Akihisa Mizuno. Posteriormente, fueron recibidos por los directores generales del Grupo Spri, y del Ente Vasco de la Energía, Aitor Urzelai e Iñigo Ansola, respectivamente. Amundarain inició la recepción al grupo presentando Euskadi y su singularidad socioeconómica, así como la relación histórica y actual entre ambos países. “Japón es, y ha sido durante décadas, un importante socio para la empresa vasca; ocupa el puesto 23º en cuanto a exportaciones comerciales vascas, con más de 350 empresas del País Vasco que exportan a Japón de manera regular”, indicó el viceconsejero.

La firma noruega explica su proyecto de parque eólico en una asamblea tensa con algunos gritos de varios opositores dirigidos a los directivos y a la alcaldesa de EH Bildu imanol lizasoainazpeitia. La «socialización» de la energía eólica de «kilómetro cero» que genere el futuro parque eólico de Piaspe es el nexo de unión con los vecinos de Azpeitia que planteó este martes la noruega Statkraft para disipar las dudas ante su proyecto en la comarca del valle del Urola. Así lo expusieron los dos responsables de la empresa pública nórdica en una inédita asamblea vecinal abierta de casi tres horas que vivió momentos de tensión, con gritos e interrupciones de un grupo de opositores que se manifestó antes del acto. Statkraft insistió en que tanto los ciudadanos azpeitiarras como la industria local pueden beneficiarse de unos precios eléctricos competitivos a través de la energía que produzcan los molinos de viento. El irundarra Jon Zayas, director de proyectos de la empresa noruega y que intervino en euskera, en un claro guiño de la multinacional, explicó, ante un abarrotado antiguo cine Soreasu, que Statkraft baraja varias opciones: desde un cable que conecte físicamente, por ejemplo con las fábricas de Fagor en Debagoiena, a contratos de suministro a precios bajos. En cuanto a los ciudadanos, les ofrecerán constituir cooperativas energéticas «cuyo modelo estamos definiendo» y siempre «acordando los proyectos».

La prestación mínima de la Renta de Garantía de Ingresos pasará el próximo año de los 727 euros actuales a 800. Se adaptará así a la subida del 8,5% que el Gobierno central prevé aplicar al Ingreso Mínimo Vital en los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a la espiral inflacionista. Desde que se transfirió la gestión del IMV al Ejecutivo vasco, el pasado mes de marzo, su cuantía le sirve a Lanbide como base del sistema de protección sobre la que ir aplicando los complementos correspondientes de la RGI. En el caso de los pensionistas que perciban la ayuda, la cifra mínima se elevará hasta 1.013 euros. La subida se aplicará con la entrada en vigor de la reforma de la ley de la RGI pactada por Elkarrekin Podemos-IU con el Departamento de Trabajo, prevista para primavera. En principio, será la última vez que la Administración modifique las cuantías de la Renta de Garantía de Ingresos de forma discrecional. El acuerdo, presentado ayer, alumbrará una nueva fórmula para el cálculo de la cuantía mínima. Durante años estuvo vinculada al Salario Mínimo Interprofesional, pero de un tiempo a esta parte la actualización venía siendo potestad del Departamento de Economía y Hacienda, en función de sus previsiones presupuestarias. A partir de 2024, la cifra dejará de ser aleatoria para quedar regulada por la nueva ley vasca. Según lo acordado, la RGI se modificará según fluctúe el IPC, pero en ningún caso podrá ser «inferior a la tasa de pobreza» española. Su umbral se sitúa ahora mismo en 803 euros mensuales.

La sostenibilidad del sistema de pensiones español sigue estando en entredicho pese a su reciente reforma aprobada por el Gobierno a finales del pasado año, y a la espera de la segunda fase que ha de aprobarse antes de que termine 2022. Pero mucho tiene que mejorar la situación para lograr remontar, ya que España se sitúa entre los países con un sistema de pensiones menos sostenible, según el índice global que cada año elabora la consultora Mercer basado en más de 50 indicadores. Es más, saca un claro suspenso en una materia tan fundamental como es cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, que el año que viene continuarán en números rojos, y apenas obtiene 28,7 puntos sobre 100 posibles. Solo tres países de los 44 analizados están peor posicionados: Austria (con 22,7 puntos), Italia (23,1) y Brasil (27,8). Cabe resaltar, no obstante, que este índice ha mejorado ligeramente en España en el último año, al pasar de 28,1 en 2021 al actual 28,7, según destaca el informe, que en cualquier caso subraya que «el principal desafío continúa siendo la sostenibilidad del sistema público a medio y largo plazo». De igual manera, España mejora su nota en el ranking global a nivel mundial, en el que además del subíndice de la sostenibilidad, incluye también la suficiencia y la integridad, y pasa del suspenso al aprobado: este año obtiene 61,8 puntos frente a los 58,6 del pasado. Sin embargo, la mayoría de países también superan sus resultados anteriores, por lo que España desciende cuatro puestos y ocupa ahora la posición 26; es decir, por debajo de la mitad.

La tasa de natalidad en Euskadi se sitúa en mínimos históricos y la resaca de este fenómeno lleva años llegando a las aulas. Los colegios comienzan a quedarse sin niños y la crisis demográfica está obligando a configurar otros modelos de gestión en las escuelas. La crisis de natalidad es uno de los mayores retos demográficos a los que se enfrenta la Comunidad Autónoma Vasca en el futuro. Sin menores suficientes, el sistema educativo es el primero en resentirse y, si bien la bajada del número de matriculaciones ha sido notoria en las etapas más tempranas, repercutirá en el resto de cursos como un efecto dominó. Según un informe elaborado por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación (IVEI), en una proyección a 2030, se prevé una pérdida del 12% de los alumnos de Infantil y las caídas serán mayores en cursos más avanzados. En Primaria, un 16% menos en la próxima década. Las alertas llevan tiempo encendidas. Los 14.247 nacimientos registrados el año pasado es la cifra más baja de la serie histórica del Instituto Vasco de Estadística (Eustat), que se remonta hasta 1975. Aquel año se produjeron 39.646 alumbramientos. Desde entonces, los nacimientos en la CAV sufrieron una fuerte bajada hasta mediados de los 90, cuando se tocó fondo: 15.284 bebés nacidos en 1994. Desde entonces y hasta 2011 se sucedieron otras casi dos décadas de cierta recuperación. Aquel 2011 nacieron en Euskadi 21.180 bebés. A partir de ese momento, otra década de descenso, hasta el mínimo de 2021. A todo ello se le suma la caída paulatina de la tasa de fecundidad en Euskadi, hasta los 1,3 hijos por mujer, lejos de los 2,1 que se necesitan para asegurar el relevo generacional.

Plan +SE. Más Seguridad Energética. Ese es el nombre. Pero es lo único concreto del nuevo plan que ayer anunció el Gobierno para que España pueda hacer frente, sin contratiempos ni racionamientos, a la actual crisis de precios de la luz, el gas y los carburantes que vive Europa. El plan se suma al que se aprobó en verano para ahorrar luz. Ahora, el objetivo es el gas, raíz del problema de la escalada de precios por la guerra de Rusia contra Ucrania. Rusia era el primer suministrador de gas a Europa, hasta que empezó a abrir y cerrar el grifo de esos suministros a su antojo como arma económica. Eso ha roto el mercado gasista y también el eléctrico, porque muchas centrales de luz queman gas para funcionar. El Plan +SE cuenta con 73 medidas, pero en su mayor parte están por concretar, por ejemplo, si se mantendrán o no las rebajas fiscales que ahora tienen la luz, el gas y los hidrocarburos. Lo único claro son las grandes cifras para el recorte del consumo que se plantea en el gas. El plan se encuadra dentro de la propuesta que hizo Bruselas de rebajar el consumo de esa materia prima en un 15% en toda la UE. Inicialmente España logró cierta flexibilidad, dejando esa reducción en un 6,4%. El Gobierno español saca pecho ahora y quiere ir más allá. En concreto, plantea reducciones de consumo de gas de aquí a mayo de 2023 de entre el 5,1% y el 13,5% de forma adicional a lo que ya se ha logrado.

Álvaro Santos Pereira forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en donde ahora ocupa el puesto de economista jefe tras la salida de Laurence Boone. Desde ese puesto, acompañó a finales del mes pasado al secretario general, Mathias Cormann, en la presentación de las nuevas previsiones del organismo y avisó de que «Winter is coming», es decir, «el invierno está llegado». Y en una entrevista con El Mundo no sólo repite ese temor sino que incide en los problemas económicos que la próxima estación del año puede desatar. «Con un invierno frío y escasez de gas, el escenario es de recesión en la mayoría de países de Europa y más inflación», explica. Esas dificultades no serán, ni mucho menos, ajenas para la economía española. No tanto por la dependencia directa del gas como por los problemas inflacionistas, la desaceleración del conjunto de Europa y el impacto sobre las exportaciones. «Los próximos dos o tres trimestres en Europa van a ser un poco más complicados», expone, con Alemania claramente en recesión. Y por todo ello, reconoce que también en España «es posible una recesión económica».

Después de los jarros de agua fría de la Autoridad Fiscal, que rebaja la cifra del gobierno hasta el 1,5%, el Banco de España (1,4%), BBVA Research (1%), ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI) también recortó sus pronósticos de crecimiento para la economía española en 8 décimas, hasta el 1,2%. Si bien estas cifras siguen entre las más elevadas de la eurozona (ver información a la derecha), también es cierto que el Viejo Continente es la que ha sufrido un mayor descalabro económico en el último informe Perspectivas de la Economía Global del organismo (WEO, por sus siglas en inglés), publicado ayer. Las previsiones del Fondo son mucho menos halagüeñas que las del Ejecutivo, con un crecimiento de aproximadamente la mitad del que plantea Moncloa, lo que supone una enmienda a la totalidad de las Cuentas, ya que suponen que los ingresos quedarán muy por debajo de las expectativas y que, a lo mejor, los Presupuestos deberían orientarse más al apoyo al tejido productivo que al gasto corriente sustentado en alzas tributarias. Y el PIB no es el único elemento que se desvía enormemente de las previsiones del Ejecutivo, ya que también lo hacen otras cifras cruciales, como es el caso de la inflación, el déficit público o la creación de empleo. En concreto, el índice de precios de consumo se incrementará el próximo año un 4,9%, después de subir un 8,8% el ejercicio actual, casi dos puntos más de lo que calcula el Ejecutivo, lo que supondrá un mayor aumento de ciertos gastos, como las pensiones, y la menor efectividad del plan anticrisis adoptado por el Gobierno. De hecho, esto provocará un gran desvío del déficit público, que se situará en el 4,4% del PIB en 2023 y en el entorno del 4% durante los años posteriores, en lugar de reducirse por debajo del 3% a partir de 2025, tal como plantea Moncloa. Y esto se traducirá en que el ajuste de la deuda pública que se produce por la recuperación económica y la inflación será bastante lento, con unos pasivos estancados en torno al 110% del PIB en los próximos años. 

El Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) se está empleando a fondo para intentar frenar las turbulencias que desató en los mercados el anuncio de rebaja de impuestos del Gobierno de Liz Truss. El 28 de septiembre la institución que preside el australiano Andrew Bailey anunció que frenaba sus intenciones de deshacerse de deuda pública (tiene en su haber más de 900.000 millones de euros en bonos del Tesoro británico), y que se lanzaba a comprar más bonos, a razón de casi 6.000 millones de euros diarios, hasta 75.000 millones de euros. La intervención iba a finalizar este viernes, pero la estabilidad conseguida en un principio volvió a quebrarse al comenzar esta semana. El lunes, el BoE anunció que incrementaría las compras a 12.000 millones diarios. Y ayer, en un tercer movimiento destinado a frenar el pánico, se comprometió a gastar otros 6.000 millones cada día en comprar bonos indexados a la inflación, los más activos en momentos como los actuales en los que el IPC se ha disparado. “Estas medidas adicionales actuarán como un freno añadido, para restablecer unas condiciones ordenadas de mercado, al absorber temporalmente la venta de bonos indexados que exceden la capacidad de intermediación de los mercados”, decía el BoE en un comunicado plagado de su habitual jerga esotérica, que reconocía básicamente que los fondos de pensiones eran incapaces de deshacerse de unos bonos que debían vender desesperadamente para obtener liquidez. A diferencia de otros países, como España, que disponen de un generoso sistema público de pensiones, la mayoría de los británicos lleva décadas contratando planes privados de pensiones. Los fondos que ofrecen los llamados Defined Benefit Pension Schemes (Planes de Pensiones con Prestación Definida), que aseguran una retribución anual fija acorde con el salario medio de los últimos años, manejan activos por valor de 2,3 billones de euros, casi el doble del PIB de España. Más de la mitad de esos activos son bonos de deuda pública, cuya fiabilidad permite asegurar el pago de las próximas décadas.

La banca discute medidas que permitan a los clientes de hipotecas con problemas de pago amortiguar la escalada que el euríbor está provocando en sus cuotas. Entre ellas, y a propuesta de CaixaBank, una congelación de las mismas durante un periodo de 12 meses, como avanzó El Periódico y confirmaron ayer a CincoDías fuentes financieras. CaixaBank, por su parte, no hizo comentarios. Una propuesta que se debate durante estos días entre las diferentes entidades financieras que componen las dos principales asociaciones del sector, la AEB y la CECA, y que como explican las fuentes consultadas, aún tiene pendiente por definir a qué perfiles de clientes se aplicaría, aunque se da por sentado que sería a los más vulnerables, y también qué momento serviría como referencia para iniciar la cuenta de la congelación. El Banco Central Europeo acometió la mayor subida de tipos de su historia a principios de septiembre, elevándolos en 75 puntos básicos hasta el 1,25% en el tipo de referencia. Algo que ha provocado durante las últimas semanas una frenética subida del euríbor, que pasó de una media del 1,249% en agosto al 2,233% en septiembre. La tendencia sigue al alza en lo que va de octubre, con un tipo medio del 2,459%. Una dinámica que ha provocado un encarecimiento histórico de la factura hipotecaria de más de 2.300 al año de media, y que afecta a cerca de 4 millones de hipotecados en España que tienen referenciadas sus cuotas al euríbor. Ante ello, los bancos trabajan en medidas de consenso, como la mencionada congelación temporal, para presentar una propuesta conjunta del Ministerio de Economía. 

Iberdrola ha pisado el acelerador en su nueva estrategia de búsqueda de grandes socios para apoyar el desarrollo de sus activos estrella. La compañía ha fichado a Itaú BBA y JPMorgan para la búsqueda de inversores para su negocio de redes de transmisión de Neoenergia, su filial en Brasil. Esta compañía es una de la joyas de Iberdrola. Brasil es, junto a EEUU, el mercado internacional donde más ha apostado Iberdrola en los últimos años. Iberdrola quiere incorporar a un socio minoritario que dé pulmón financiero a ese negocio y le apoye en su desarrollo, confirman fuentes cercanas al grupo. La compañía, presidida por Ignacio Galán, trata de replicar el nuevo modelo que está usando con éxito en los últimos meses: el del socio-aliado. Hace unas semanas, Iberdrola anunció un acuerdo con el fondo suizo Energy Infrastructure Partners (EIP) para la venta del 49% en el parque eólico marino (off-shore) Wikinger, que la compañía opera en aguas alemanas del Mar Báltico por 700 millones de euros. Esta operación es una triple jugada por parte de Iberdrola, la mayor energética española y la mayor eléctrica europea en estos momentos.

Los salarios de los trabajadores en las grandes empresas españolas aumentaron un 4% en agosto, con lo que el crecimiento medio de los sueldos en lo que va de año asciende al 3,6%. Es un incremento claramente superior al 1% registrado en 2021, pero también a los de los años anteriores. De hecho, hay que remontarse hasta 2008 para ver un aumento similar. Se explica por la actualización de salarios que, en mayor o menor medida, se está produciendo como respuesta a la inflación. Este incremento del 3,6% es también netamente superior al del 2,6% que se está firmando de media en los convenios colectivos. Además de la evolución positiva de los salarios, también se mantiene con intensidad el crecimiento en el número de perceptores de rendimientos del trabajo: subió un 5,2%, idéntica cifra a la del mes precedente. Este ritmo resulta inferior al de la primera mitad del año aunque, en términos intermensuales –por lo tanto, no afectados por el comportamiento de la serie en 2021–, el incremento es incluso superior al observado en julio, según la estadística de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas que elabora la Agencia Tributaria. Las grandes compañías son aquellas cuyo volumen de operaciones supera los seis millones de euros: suponen menos del 1%, pero su peso en la facturación total de empresas rebasa el 60%. Las ventas totales de las grandes empresas crecieron en agosto un 6,4%, lo que supuso un repunte respecto a la tendencia de moderación que se venía observando en los últimos tres meses.

Mientras numerosas instituciones y centros de estudios auguran el declive de la situación económica, el turismo va a buen ritmo: este verano ha llegado la que parece ser la definitiva recuperación del sector, puesto que su PIB ha crecido un 2,7% entre julio y septiembre con respecto al mismo periodo de 2019. Por otro lado, la previsión para el último trimestre, aunque presenta una moderación en el crecimiento, también es positiva, con un avance del 0,2% con respecto al mismo trimestre del año previo al Covid, que fue de récord, tanto en el número de visitantes como en el PIB turístico. “Es verdad que es una desaceleración, pero en nuestras previsiones previas esperábamos un cuarto trimestre de caídas”, reconoció Óscar Perelli, director de Estudios e Investigación de Exceltur. Con estos mimbres, desde la patronal del turismo han mejorado sus expectativas para el cierre del año, que sitúan ya casi a niveles de 2019, pese al difícil inicio del año a causa de la influencia de la variante ómicron: con 154.000 millones de euros de PIB, el sector cerraría 2022 al 99,4% con respecto de los datos de hace tres años. De cumplirse, aseguraron desde Exceltur, el 65% de la recuperación económica de España en todo el año (sobre el 4,4%, según coinciden las previsiones de numerosos organismos) sería computable al sector. ¿Qué es lo que ha ocurrido? “Las ansias por viajar han vuelto a desbordar”, según aseguró Zoreda. Tres años más tarde turistas nacionales y visitantes extranjeros han podido disfrutar del primer verano sin restricciones a la movilidad.

El secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, y tres compañeros de ejecutiva de esta federación dimitieron en la tarde de ayer después de protagonizar un intento de poner en cuestión el liderazgo de Pepe Álvarez como líder del sindicato. Hojas, que hasta ahora ha dirigido la tercera federación en importancia de la Unión General de Trabajadores, la que agrupa a los afiliados de industria, construcción y sector agrícola, había impulsado un debate interno sobre un futuro relevo de Álvarez. El «enfado» del secretario general confederal, según indicaron a El Correo fuentes conocedoras de la situación, fue mayúsculo al enterarse de ese movimiento, y a partir de ahí se puso en marcha la maquinaria para acabar de forma tajante con esa iniciativa. Además del secretario general de FICA han presentado su dimisión el secretario de Organización, Gregori Mondejar; el de comunicación, José Mejía. y el de Acción Sindical, Jesús Ordóñez. El relevo formal al frente de esta federación se producirá el jueves día 20 tras la celebración de un comité federal extraordinario, que es el máximo órgano de decisión entre congresos. Todo indica que en ese comité accederá a la Secretaría. Álvarez termina su mandato en 2025, pero ya ha anticipado que le gustaría seguir al frente de UGT. 

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, asegura que Moscú está abierto a conversaciones con Occidente sobre la guerra en Ucrania. Rusia acaba de anexionarse cuatro territorios ucranianos que, según la propia Constitución rusa, tiene prohibido devolver. Pero Lavrov asegura que la puerta está abierta si el presidente de EEUU quiere verse con Putin. Su énfasis en la receptividad a las conversaciones llega después de una serie de derrotas en el campo de batalla. Tras los referendos de anexión, las perspectivas de negociación quedaron arruinadas incluso antes de que el presidente Volodimir Zelenski decretase que Kiev no negociará con Rusia mientras Putin esté al frente del país. Pero Lavrov denuncia que Rusia aún no ha recibido ninguna propuesta seria para negociar. En una entrevista en la televisión estatal, Lavrov se quejó de que diversos altos funcionarios de EEUU, incluido el portavoz de Seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, habían dicho que Washington estaba abierto a las conversaciones pero que Rusia se había negado. «Esto es una mentira», clamó Lavrov. «No hemos recibido ninguna oferta seria para un contacto». A día de hoy, Rusia no rechazaría una reunión entre el presidente Vladimir Putin y el presidente estadounidense, Joe Biden, en la próxima reunión del G-20, y consideraría la propuesta si la recibe. Anoche, la CNN dio a conocer los fragmentos de una entrevista con el mandatario estadounidense, en la que éste asegura que su homólogo ruso «calculó mal» la capacidad de su ejército para ocupar Ucrania. «Creo que pensó que lo recibirían con los brazos abiertos (...) y creo que sencillamente calculó mal», informa Afp.

Misión cumplida. La NASA ha demostrado que si algún día un meteorito se acerca peligrosamente a la Tierra, sería posible desviarlo de su ruta y evitar una colisión potencialmente mortífera lanzando una nave espacial contra él. Es lo que ha conseguido la sonda DART con Dimorfo, un asteroide que no suponía amenaza alguna para nuestro planeta y que ha sido utilizado como ‘conejillo de indias’. DART chocó contra Dimorfo el pasado 26 de septiembre, pero no se sabía exactamente cuál sería el resultado de la operación, ni si sería capaz de inducir cambios notables en el asteroide. La NASA puso fin ayer a la incertidumbre. La agencia espacial estadounidense anunció en rueda de prensa el éxito rotundo de la misión: el choque consiguió modificar la trayectoria del asteroide, reduciendo su periodo orbital en unos 32 minutos. «Antes del impacto de DART, Dimorfo tardaba 11 horas y 55 minutos en orbitar su asteroide anfitrión, Dídymo, de mayor tamaño. Desde la colisión intencional, ese tiempo ha bajado a 11 horas y 23 minutos», anunció Bill Nelson, administrador de la NASA. Esta medición tiene un margen de error de aproximadamente dos minutos, pero supera en unas 25 veces la previsión que tenían los astrónomos, cuya estimación era que el periodo orbital se viese modificado entre uno y diez minutos.