20221013

El presidente de la Asociación de empresas de Gipuzkoa, Adegi, Eduardo Junkera, asegura que "el fantasma de la recesión esta ahí" con lo que "la generosidad y la solidaridad tienen que aparecer" por parte de todos los agentes que rodean a las empresas. "Desconcertadas". Es la palabra con la que define Eduardo Junkera, presidente de la Asociación de empresas de Gipuzkoa Adegi, el estado de las empresas guipuzcoanas. Destaca que a día de hoy  la actividad empresarial "está bien" pero se vislumbra "una posible recesión", y "si la guerra de Ucrania" no termina "es muy probable que muchas empresas" no salgan adelante. "La llave para salir de esta situación la tiene un personaje llamado Putin", ha dicho.
Entrevistado en Radio Euskadi,  ha destacado que "en este contexto inflacionista todos —empresas, trabajadores y administración— vamos a salir más pobres" por lo que "todos nos tenemos que apretar el cinturón". En ese sentido, aboga por llegar a acuerdos a través del "pacto social" en materia de salarios para "no dañar a lo que es vital: la empresa". "Son las empresas las que generan riqueza, las que pueden mantener nuestro nivel de bienestar y las que van a sostener el empleo. En ese contexto, poniendo a las empresas en el centro, hay que hablar de los grupos que las rodean... evidentemente la generosidad y la solidaridad tienen que aparecer en estas situaciones, y quien más tiene, tiene que aportar más",  ha indicado. Junkera se ha mostrado muy crítico con el impuesto al patrimonio "porque castiga al que ha ahorrado".  En su opinión, "no es un impuesto efectivo de cara a  una cohesión social". "El algo que me parece muy injusto porque castiga a alguien que ya ha tributado anteriormente por todas sus rentas. Sencillamente, ahora tiene que pagar por todo lo que ha ahorrado". Escuchar entrevista en Radio Euskadi. 

 

Alemania, la primera economía de la Unión Europea, se encuentra en recesión. El ministro federal de Economía, el verde Robert Habeck, anunció ayer que el PIB se contraerá en el tercer y cuarto trimestre de este año, así como en el primero de 2023. Para ese año espera que la economía alemana retroceda en total un 0,4%. El también vicecanciller federal se mostró convencido, sin embargo, de que las ayudas públicas acordadas por el Gobierno federal ayudarán a la mayoría de las empresas a superar el invierno. Habeck recordó que los depósitos que almacenan gas se encuentran actualmente al 95%, por lo que Alemania puede superar la estación fría sin complicaciones. Durante la presentación de las previsiones económicas del Ejecutivo que dirige el canciller federal, Olaf Scholz, Habeck no dudó sin embargo en afirmar que el país atraviesa «tiempos difíciles» debido a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética. Los pronósticos del Gobierno germano destacan que para este año la economía nacional crecerá solo un 1,2% y que, tras el retroceso del 0,4% en 2023, en 2024 el PIB se incrementará en un 2,3%. La proyección realizada por su ministerio la primavera pasada era mucho más optimista y planteaba para este año un crecimiento de la economía nacional del 2,2% y del 2,5% en 2023. El Ejecutivo calcula también que la tasa de inflación alcanzará este año un 8,0% y el próximo, el 7%. «Vivimos actualmente una grave crisis energética que está conduciendo a una crisis económica y social», reconoció el dirigente ecologista, quien culpó directamente al presidente ruso, Vladímir Putin. Hace ya semanas que los gasoductos que llevan gas siberiano a Alemania se encuentran cerrados. La crisis ha conducido a una subida explosiva de los precios, que a su vez frena la producción industrial. La pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos está dejando huella clara en el consumo privado. Para afrontar la crisis energética, el Gobierno federal anunció recientemente un paraguas de rescate por 200.000 millones de euros con el que apoyará a empresas y hogares privados.

El presidente del Círculo de Empresarios Vascos, José Galíndez, llamó ayer la atención sobre los efectos perniciosos que puede tener una subida de impuestos, aunque se mostró prudente y no reclamó una bajada. Así, estimó que la fiscalidad es hoy un elemento de competencia entre países –y también entre regiones– que puede provocar la deslocalización o atracción de inversiones, pero también admitió que el alto nivel de deuda pública en el que ha incurrido España –el 117% del PIB, que puede escalar hasta casi el 122% en un año– supone una losa y una obligación. «Esa deuda hay que pagarla y tiene que ser con impuestos», advirtió. También recomendó que la Administración aplique un recorte de gastos para reducir el peso de esa deuda y reclamó que en el ámbito público se practique una estrategia «similar a la que se sigue con una economía familiar o en una empresa». Esto es, no endeudarse por encima de las posibilidades. «Todos estamos de acuerdo en tener un sistema impositivo en función del nivel de rentas, y lo tenemos, ya que las rentas altas pagan más y las rentas bajas pagan menos. Tenemos un sistema tan progresivo como cualquiera y, sin embargo, parece que España o Euskadi tuvieran un sistema donde todos pagan lo mismo», indicó. Por otra parte, Galíndez también opinó sobre las últimas modificaciones de la Renta de Garantía de Ingresos, RGI. Tras mostrarse favorable a que «los más vulnerables» reciban ayudas sociales, sí advirtió sobre los riesgos que pueden generar. «Lo que tenemos que tener cuidado es si entramos en una dinámica en la que uno tenga que hacer las matemáticas para saber si le interesa estar en la RGI y no acceder al mercado de trabajo», dijo. Así, mostró su sorpresa por el hecho de que convivamos con una tasa de desempleo superior al 12% al mismo tiempo que empresarios de sectores como la construcción, el comercio o la hostelería reconocen «que no encuentran personal».

Septiembre se ha salvado con un empleo que sigue aguantando y que rebajó el paro en Euskadi en 2.078 personas con la incorporación de 6.596 afiliados que dejaron un saldo total de 975.890. Y la recaudación de las haciendas mantiene el crecimiento y se espera un cierre de año con récord histórico. Pero aparece también la preocupación en las empresas. Así se desprende de los estudios que las patronales vascas han dado a conocer la última semana y en los que se evidencia un problema creciente en la reducción de los márgenes, el colchón al que se recurre para financiar las inversiones y la creación de empleo. Además, como apuntaba la asociación vizcaína Cebek, la mitad de las compañías ya detecta una reducción en la cartera de pedidos. El caso es que, y aunque muy lejos de las cifras del pasado año y todavía en niveles mínimos, este septiembre anotó un repunte de las empresas que acudieron a la autoridad laboral –el Gobierno vasco– a presentar un ERTE. En total fueron 22 compañías que dan empleo a 1.496 trabajadores y que dejan un saldo de 222 empresas que han recurrido ya a esta fórmula que resultó vital durante la pandemia para proteger el empleo. Traducido a personas, 12.347 vascos desempeñan actualmente su labor en una compañía que ha tramitado un expediente de regulación temporal de empleo. La solicitud de un ERTE no significa que todos los empleados de la empresa estén afectados por ese mecanismo por el que la Seguridad Social asume el pago del 75% de la base de cotización del trabajador. Pero es una herramienta que ya queda disponible para que la empresa tenga la opción de activarla o no en función de las circunstancias que se den. De hecho, a cierre de septiembre el número de personas afectadas por la aplicación de un ERTE en Euskadi ascendió a 733, mucho menos que las 9.441 del mismo mes el pasado año. Lo que a juicio de los especialistas sí evidencian estos datos es un movimiento en el tejido empresarial que funciona como termómetro de la situación económica. La prolongación de la crisis de precios y de energía viene impactando en las cuentas de resultados de las empresas, que no pueden repercutir esos costes en los bienes y servicios que comercializan. Así, el 20% de los ERTE presentados en lo que llevamos de año al Gobierno vasco fijan la causa en las ‘pérdidas actuales’ o en la ‘previsión de las pérdidas’ en las que la compañía pudiera incurrir en los próximos meses. 

La asamblea vecinal abierta del martes en Azpeitia era un test importante para el proyecto de Statkraft de dos nuevos parques eólicos en Gipuzkoa y la empresa pública noruega da el examen por aprobado pese a los momentos de tensión vividos con algunos vecinos opositores. «Objetivo cumplido», resumen fuentes autorizadas de la multinacional, que confirman que el proyecto sigue adelante. Statkraft ha constatado también que cuenta con el apoyo de las instituciones vascas, con el Gobierno Vasco a la cabeza, y tras comprobar que EH Bildu, y por extensión el Ayuntamiento de Azpeitia gobernado por la coalición, muestran una postura posibilista de colaborar si la noruega. Eso sí, siempre que Statkraft confirme su anuncio de «socializar» la energía limpia entre los vecinos y empresas locales y actuar con «transparencia» y «participación social», y tratando de minimizar el impacto medioambiental. La prueba del antiguo cine de Soreasu era peliaguda tanto para Statkraft como para la propia regidora. El joven irundarra Jon Zayas, director de proyectos de la empresa y que intervino en euskera, tuvo que exponerse ante un público en el que un sector está convencido del 'no' al proyecto, que algunos casos le interrumpió o gritó, aunque no fueron pocos quienes asistieron con la intención de recabar información para formarse una opinión. Statkraft señala que, pese a la agotadora sesión, los responsables salieron con una «sensación buena» y aseguran sentirse «arropados» por el Ayuntamiento de Azpeitia.

El combustible, afectado por el cuello de botella en las refinerías, se ha encarecido 12 céntimos en una semana hasta una media de 1,98 euros. El precio de los combustibles ha roto su racha bajista del último mes y repuntado con fuerza desde principios de la semana pasada. La subida ha sido especialmente significativa en el caso del diésel, que en Euskadi se ha encarecido en casi doce céntimos desde el pasado día 4, hasta situarse en 1,984 euros por litro, según los últimos datos del Ministerio de Transición Ecológica, referidos a este martes. Vuelve a estar así cerca de los dos euros y lo supera en algunos surtidores. La gasolina 95, por su parte, se ha elevado en siete céntimos hasta 1,793 euros. La brecha entre uno y otro carburante se ensancha así hasta rozar los 19 céntimos. El repunte, tras encadenar más de cuatro semanas de caídas, se inició después de que el pasado día 5 la alianza de países productores OPEP+, que encabezan Arabia Saudí y Rusia, acordase un recorte histórico en la producción de dos millones de barriles diarios para relanzar el precio. La decisión ha causado gran malestar en EE UU, que ha amenazado a los saudíes con represalias. Sin embargo, la cotización del petróleo subió puntualmente en los días posteriores a la decisión, desde los 92 a los 98 dólares, pero luego se ha desinflado hasta retornar al nivel de partida. 

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió ayer a Arabia Saudí que tomará represalias y revisará las relaciones entre ambos países por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, liderados por Rusia, de reducir y ajustar a la baja la producción de crudo. El cártel petrolero y sus aliados anunciaron la semana pasada que en noviembre recortarán su producción de petróleo en dos millones de barriles diarios. Decisión que encarece el petróleo y agranda la amenaza de recesión económica que se cierne sobre Occidente. Arabia Saudí es el primer productor y exportador de petróleo del mundo y, por ello, el auténtico jefe de la OPEP. En una entrevista en la cadena de televisión CNN, Biden dijo que la decisión de la OPEP “muestra una clara ruptura en la relación entre ambos países”. Es más, la decisión obliga a Washington a “revisar” la situación tras acusar a Riad de alinearse con Moscú en el marco de las consecuencias energéticas de la invasión rusa de Ucrania. El recorte de la producción y el encarecimiento del petróleo ayuda a Rusia a financiar la guerra, en contra de lo que quieren EEUU y la Unión Europea. En este contexto, el presidente norteamericano aseguró que “habrá algunas consecuencias por lo que [los árabes] han hecho con Rusia, Lo tengo en mente”, dijo el mandatario.

Se trata en su mayoría de obras modestas –reformas de edificios, escaleras mecánicas o parques–, pero entre todas suman más de 16 millones de presupuesto que no han concitado el interés de las empresas. La escalada en los precios de los materiales es la principal explicación para que una cuarentena de obras públicas estén empantanadas en Bizkaia al quedar desiertos sus concursos. En muchos casos, las administraciones las han vuelto a ofertar con un 50% de sobrecoste. Los ladrillos, los tubos de PVC, las placas de pladur, los manguitos para aislar cables... El precio de los materiales se ha disparado. El fenómeno comenzó con el cuello de botella que se originó por la alta demanda mundial de suministros tras la pandemia y el elevado coste de la energía. La guerra en Ucrania agravó un problema que pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas del sector. El encarecimiento de las materias primas necesarias en las obras públicas ha provocado que más de 40 concursos por valor superior a 16 millones de euros convocados por las administraciones hayan quedado desiertos en Bizkaia solo entre junio y septiembre porque las firmas no cubrían costes con los precios de licitación. Que no hayan suscitado el interés empresarial en una primera instancia retrasa y encarece los proyectos. Obliga a reofertarlos con subidas de hasta el 50% para que puedan ser adjudicados y ejecutados.

La situación se está complicando en los últimos meses para un motor de empleo y exportación como es la industria de los materiales de construcción. Después de un 2021 afectado por el rebote tras la pandemia, la demanda interior apunta a enfriamiento y las ventas al exterior se resienten por el alza de costes en suministros y energía. La esperanza está en que la construcción aguante en 2023 con el sostén de los fondos europeos. Dos potentes subsectores, como son el azulejero y el cementero, reclaman estímulos para la actividad y alivio de cargas. El primero de ellos acumula 63 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en lo que va de año, 22 en septiembre, según la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), afectando a 7.200 empleados. Y entre las fábricas de cemento, donde la demanda doméstica es un indicador económico adelantado, se acumulan ya cuatro meses de caídas en las toneladas vendidas. La patronal de las cementeras Oficemen apunta que el consumo en España se contrajo un 8,6% en julio y un 5,3% en agosto, en comparación con los mismos meses de 2021, lo que deja un comportamiento plano en lo que va de ejercicio. En el año móvil (septiembre de 2021-agosto de 2022) la demanda gana un 2,8%, pero ya es dos puntos más baja que la registrada en junio. Con estos datos en la mano, el director general de la organización, Aniceto Zaragoza, apunta a una desaceleración de la construcción desde antes del verano.

Las empresas portuguesas dispondrán el próximo año de un paraguas extraordinario frente a la previsible escalada de los precios de la energía. El Gobierno pondrá en marcha medidas valoradas en 3.000 millones de euros para contener las facturas de la electricidad y el gas que tendrán que pagar las empresas en 2023. El impacto se traducirá en una reducción en el precio de la electricidad del 30% y en el del gas oscilará entre el 23% y el 42% de ahorro, según las previsiones realizadas ayer en Lisboa por el ministro de Medio Ambiente y Energía, Duarte Cordeiro. “No es una intervención banal, es la mayor intervención de siempre en el mercado de la energía”, destacó Cordeiro. Los 3.000 millones se dividirán entre actuaciones destinadas al gas (1.000 millones) y la electricidad (2.000 millones). Las aportaciones dirigidas a contener precios gasísticos saldrán de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, mientras que las medidas para la electricidad serán financiadas en parte por el sector energético. Cordeiro especificó que los 2.000 millones saldrán de “medidas regulatorias” como la tasa sobre los beneficios caídos del cielo (1.500 millones de euros), el impuesto que ya paga el sector energético en Portugal desde 2014 (Contribución Extraordinaria sobre el Sector Energético) y los beneficios por las subastas de derechos de emisión de dióxido de carbono. La tasa a los beneficios extraordinarios todavía deberá ser concretada por el Ministerio de Finanzas. El objetivo de las ayudas es contribuir a limitar la escalada de los costes energéticos de las empresas, que luego repercute en el alza de precios a los consumidores. “Al intervenir en el precio del gas y de la electricidad, estamos interviniendo en el pan y la leche”, destacó el ministro.

La Unión Europea se ha propuesto poner en marcha una plataforma de compras conjuntas de gas el próximo año con el objetivo de adquirir ese hidrocarburo más barato de cara al invierno de 2023-2024, que entre los Veintisiete se observa como "más crítico" que la inminente temporada de frío. "Queremos acelerar las compras conjuntas y utilizar el poder de compra de toda la economía de la UE para obtener seguridad de suministro para el próximo invierno, que puede ser incluso más crítico que este", dijo al término de una reunión informal de ministros de Energía el titular checo, Jozef Síkela, cuyo país ostenta este semestre la presidencia de turno del Consejo de la UE. Síkela, muy implicado en el debate energético, aseguró que los países de la UE comprarán el "gas del siguiente invierno juntos con una plataforma conjunta". Tras un año de discusión, el diseño de esa plataforma se presentará el próximo martes, según anunció en rueda de prensa la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, quien también pondrá sobre la mesa propuestas legislativas para incentivar la reducción de la demanda, fomentar la solidaridad entre Estados miembros e intervenir los precios del gas.

Bruselas ultima una modificación muy relevante del marco legal para relajar las normas sobre ayudas de Estado y permitir el rescate de las grandes empresas energéticas y las industrias estratégicas en apuros por los altos precios de la energía, según un borrador. La Comisión Europea trata de suavizar los efectos económicos de la guerra en un continente que se asoma al estancamiento. Bruselas ha defendido impuestos que eviten que las compañías se lucren de forma extraordinaria con la crisis energética. Ahora da un paso para tratar de proteger a aquellas cuya supervivencia está en peligro. Con la perspectiva de un invierno complicado, la Comisión Europea —que con la Gran Crisis ya facilitó los rescates a la banca cuando convino— prevé que los países puedan inyectar ayudas a las energéticas y las industrias estratégicas en apuros o a las insolventes, si su quiebra puede provocar problemas en el resto del sistema. El cambio de normativa llega justo después de que Alemania haya aprobado un macroplan de ayudas a sus compañías (criticado por países como Polonia y España porque pone en peligro el mercado único) y de que haya nacionalizado la gasista Uniper.

Los titubeos del Banco de Inglaterra mantienen en vilo a los mercados británicos. El Gobernador Andrew Bailey aseguró que cortará mañana la compra de deuda pública, pero los inversores ven margen y presionan para prolongar medidas que calmen el pánico que dispara el interés de los bonos y golpea los fondos de pensiones. La máxima autoridad monetaria —defensora de la estabilidad financiera—, y su gobernador, Andrew Bailey, han caído en su propia trampa, con un juego de tira y afloja con el que quiere poner firmes a los fondos de pensiones y al Gobierno, pero que ha confundido a los mercados. La libra seguía ayer a la baja y la rentabilidad de los bonos a 30 años (los favoritos de los fondos de pensiones) llegaba a superar el 5% para luego descender al 4,8%. Cuando sube el rendimiento, baja el valor del bono. Para incrementar la tensión, la Oficina Nacional de Estadística anunció que la economía del país se contrajo un 0,3% en agosto, a pesar de que el mes anterior se había expandido un 0,1%. La recesión parece inevitable. “Las finanzas de muchos hogares continúan sometidas a tensión, y eso pesa en el crecimiento del país. Es muy probable que sea la causa de que el Reino Unido entre técnicamente en recesión”, señala Yael Selfin, el economista jefe de la consultora KPMG. El BoE se ha visto obligado a intervenir en tres ocasiones —la dos últimas, esta misma semana—, para calmar el pánico financiero sobre los fondos de pensiones. En el Reino Unido, donde los planes de pensiones privados son la norma y las pensiones públicas son muy inferiores a las de otros países, los fondos de los que dependen los ingresos mensuales de millones de jubilados manejan activos por valor de 2,3 billones de euros, casi el doble del PIB de España. Más de la mitad de esos activos son bonos de deuda pública, cuya fiabilidad en el rendimiento permite asegurar el pago de las próximas décadas.

Ayer, el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso en duda las previsiones que el Gobierno de España maneja de cara al saldo fiscal del país. Mientras que el Ministerio de Hacienda confía en reducir el déficit de las Administraciones públicas por debajo del 4% del PIB ya en 2023 para bajar del 3% en 2025, el fondo con sede en Washington cree que el saldo fiscal negativo seguirá por encima del 4% durante al menos un lustro más, desde el 4,4% que prevé para 2023 al 4,3% que estima para 2027. En consecuencia, y dado que el crecimiento económico está perdiendo fuelle en todo el mundo, la deuda pública de España seguirá en cotas elevadas. El organismo que dirige Kristalina Georgieva, en concreto, prevé que la deuda del país se sitúe en 2023 en el 112% del PIB para ir reduciéndose ejercicio tras ejercicio a un ritmo insuficiente para salir de unas tasas inusualmente altas. En 2027, el horizonte de las previsiones, el indicador se situará en el 109,6%. Las proyecciones fueron presentadas por el FMI en su tradicional Monitor fiscal, hecho público un día después de que el fondo certificase el drástico frenazo que vivirán prácticamente todas las economías del mundo en 2023. El crecimiento de España pasará del 4,3% previsto para 2022 al 1,2% de 2023, un avance que, pese al parón, estará por encima de la mayoría de los socios de la eurozona. El PIB de Alemania e Italia, por ejemplo, registrará números rojos el año que viene, algo que, de hecho, confirmó ayer Berlín.

De manera discreta, sin hacer mucho ruido, grandes compañías españolas han empezado a exigir a los altos directivos que mantengan una participación mínima en el capital de sus propias firmas, con el objetivo de tranquilizar a los inversores que quieren que los gestores también se jueguen parte de su dinero en función de la evolución de las cotizaciones. Según un análisis de Expansión, grupos del Ibex como ACS, Amadeus, Cellnex, Colonial, Enagás, Ferrovial, IAG, Inditex, Iberdrola, Indra, Naturgy, Telefónica y Repsol ya incluyen en sus planes de remuneración de los consejeros ejecutivos un objetivo de “retención” de acciones. Habitualmente, se establece como un porcentaje sobre la retribución fija de los directivos. La mayoría de las empresas citadas pide a los presidentes ejecutivos y consejeros delegados que controlen al menos acciones con un coste o precio equivalente a dos años de su salario base. Hay excepciones: IAG pide a su CEO (consejero delegado) que tenga una participación del 350% de su retribución, y Naturgy de solo el 50%. También hay grupos que no asumen esa obligación, como Aena, Redeia (antigua Red Eléctrica), Endesa o Solaria. En el caso de las firmas que sí han aplicado esta fórmula, se trata de una medida solicitada por grandes inversores y sus asesores en temas de gobierno corporativo (los proxy advisors), que han visto su funcionamiento en compañías estadounidenses y británicas. Enagás, por ejemplo, la aprobó en la junta de accionistas del año pasado “como resultado del análisis de las recomendaciones de inversores e índices de referencia”.

Los cursos de especialización para titulados comienzan su tercer año de vida con algo más de 6.000 alumnos. Ya se abría la puerta para crearlos en los desarrollos de la LOE —la norma educativa aprobada en 2006— y se incluyeron explícitamente en la ley de FP en 2011. Ahora, en su tercer curso de vida, tendrán 6.316 alumnos en toda España en este 2022-2023 (algo más del doble que hace un año), según las previsiones del Ministerio de Educación. La mayoría de ellos son para titulados en FP superior, pero también los hay para los de grado medio. La idea es que les sirvan para ampliar y actualizar conocimientos en los ámbitos más novedosos para estar al día en un mercado laboral con necesidades cambiantes, pero sin tener que hacer de nuevo un ciclo completo de FP dos años. Estas especializaciones tienen entre 300 y 900 horas de formación. De momento, el Ministerio de Educación ha aprobado los planes de estudios de 19 de estos cursos; 12 de ellos de grado superior, según la página del ministerio TodoFP. Entre ellos, los hay dedicados a los Materiales compuestos en la industria aeroespacial, Audiodescripción y Subtitulación, Cultivos celulares o Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos. Sin cifras oficiales por comunidades para este año (más allá de la estimación global del ministerio), Castilla-La Mancha era el curso pasado la cuarta autonomía con más alumnos en estos cursos: 204. Por delante estaban la Comunidad Valenciana (358), Galicia (359) y, a bastante distancia, Andalucía, con 765. Para este 2022-2023 el Gobierno andaluz prevé que serán más del doble: 1.700 alumnos repartidos en 102 cursos (40 más que en 2021) y en 18 modalidades diferentes. “La empleabilidad ronda el 95% y nos llueven las ofertas”. 

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) pondrá en marcha formalmente mañana viernes su proceso de elecciones, que culminará el 23 de noviembre con la celebración de la Asamblea Electoral, de la que saldrá elegido el presidente de la patronal para los próximos cuatro años. El actual presidente, Antonio Garamendi, ya ha confirmado que aspira a revalidar su puesto para una segunda legislatura y, si bien múltiples organizaciones de CEOE le han mostrado su respaldo, el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, abrió la puerta a competir por el liderazgo de la patronal. Entre las organizaciones que han apoyado a Garamendi destacan Cepyme, la de autónomos ATA, la de jóvenes empresarios Ceaje y un gran número de asociaciones empresariales sectoriales y territoriales. Este mismo lunes, la madrileña CEIM. Este apoyo adquiere especial relevancia, ya que es una de las cuatro organizaciones de CEOE que no apoyaron el sí de la patronal a la reforma laboral. Se abstuvo en diciembre junto a Asaja (del campo), Anfac (automoción) y la catalana Foment. Asedas, la principal patronal del sector de los supermercados, bajo la que se encuentran empresas como Mercadona, Dia o Lidl, mostró este martes su apoyo explícito a Antonio Garamendi para su reelección.

Los trabajadores de las seis refinerías de las compañías Esso-ExonMobil y TotalEnergies en Francia mantienen su huelga pese a las últimas acciones llevadas a cabo por el Gobierno galo, que ayer ordenó una primera requisa de personal –la vuelta forzada al trabajo– de parte de los empleados de un depósito de combustible propiedad de Exxon Mobil, cerca de la localidad de El Havre, en la región de Normandía. Además, el Ejecutivo francés advirtió que la siguiente requisa de personal podría ser en un depósito de TotalEnergies en Dunquerque, también en el norte del país. La decisión del Gobierno de Macron llega tras días en los que las estaciones de servicio del país están sufriendo un serio desabastecimiento, hasta el punto de que un tercio de ellas ya tienen vacíos sus surtidores y en el resto se registran largas colas de horas para repostar. Esta situación se debe a que seis de las siete refinerías francesas –dos de ellas de Esso-ExxonMobil y cuatro de TotalEnergies– están en huelga desde los días 20 y 27 de septiembre, respectivamente. Pese a los reiterados llamamientos realizados a los trabajadores para desconvocar los paros y las advertencias de intervenir por parte del Gobierno, los empleados de las refinerías decidieron a primera hora de ayer mantener unas huelgas con las que reclaman un aumento salarial del 10% para recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación. En su reivindicación recuerdan, además, los grandes beneficios extraordinarios que están obteniendo las refinerías del país por la crisis energética en Europa derivada de la guerra en Ucrania.

El barco se encuentra todavía en alta mar, señalan quienes hablan estos días con el entorno de Giorgia Meloni, futura jefa del Gobierno italiano. La elección de los ministros está lejos de completarse. Y algunos de los que la líder de la coalición de derecha había subrayado en rojo para los puestos más relevantes, como el Ministerio de Economía, ya han rechazado esa posibilidad. Hoy se forman las cámaras, los parlamentarios tomarán posesión de sus escaños y se nombrará a sus presidentes. Técnicamente comienza una legislatura histórica que convertirá a Italia en el primer país fundador de la UE con un Ejecutivo liderado por la ultraderecha. Pero la formación del Gobierno va algo más lenta de lo que todas las partes habrían deseado el día después de las elecciones. Meloni —que ayer recibió el respaldo del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin— será primera ministra. El resto, incluido la fecha exacta de su juramento, es todavía una hipótesis borrosa. La legislatura arrancará con el reparto del segundo y tercer cargo del Estado: las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente. La primera, con toda probabilidad, será para la mano derecha y estratega de Meloni, Ignazio La Russa (en el registro Ignazio Benito). Hombre de extrema confianza de la líder de Hermanos de Italia, con un pasado en las juventudes posfascistas y en el Movimiento Social Italiano —su hermano, consejero en Lombardía, fue filmando hace un mes haciendo el saludo fascista—, fue también exministro de Defensa de Silvio Berlusconi.

La capital ucraniana se prepara para los apagones y los kievitas acuden a los mercados a comprar linternas, cargadores, velas… Después de los últimos reveses en los frentes del este y sur, Rusia introduce un nuevo elemento en su estrategia y endurece sus bombardeos contra plantas de energía a lo largo de todo el país. La consecuencia directa es que amplias zonas de Ucrania se han quedado sin electricidad y esto ha obligado a las autoridades a adoptar un plan de choque y pedir a los ciudadanos que moderen el consumo al máximo. En la tienda conocida como Radio Market no para de llegar gente y, por encima de teléfonos o tabletas, lo que buscan son accesorios que les ayuden a superar los cortes de luz. «El lunes es nuestro día libre y coincidió con los ataques. El martes llegamos aquí a las 8.45 y desde entonces no han parado de acudir clientes constantemente, comprando baterías, cargadores, linternas y todo aquello que les sirva para acumular electricidad», asegura Sergéi. Habla mientras atiende en el mostrador de una tienda a rebosar. Le da tiempo para mostrar en su móvil lo cerca de su casa que impactó uno de los misiles y para alertar de que «de momento tenemos material en el almacén, pero pronto se nos acabará y esto será como intentar comprar unos pantalones vaqueros en los ochenta». Los operarios municipales trabajan para reparar los desperfectos causados por los misiles que alcanzaron Kiev. En el parque Shevchenko un gran cráter recuerda que Vladímir Putin se cobró su venganza con el lanzamiento de 83 misiles por el sabotaje en el puente de Crimea.