20221106

La Corporación Mondragón afronta un debate trascendental en sus 66 años de historia. Su congreso anual, que comienza el 15 de noviembre, dará pie a examinar el modelo de gobierno de sus 95 cooperativas. El proceso podría derivar en la salida de Orona y Ulma, que suman el 50% de los beneficios del área industrial y el 30% del empleo del grupo. En toda organización conviven diferentes ópticas y sensibilidades, pero esas diferencias convierten en determinantes los próximos 30 días para la Corporación Mondragón, que encara un momento trascendental en sus 66 años de historia. Y es que entre el 15 de noviembre, cuando se celebrará el congreso anual de Mondragón, y mediados de diciembre –la asamblea de socios de Orona–, podría sustanciarse la salida de la corporación del fabricante de elevadores, pero también de las nueve firmas integrantes del grupo Ulma. Las posiciones sobre cómo debe ser el gobierno de las 95 cooperativas englobadas en el modelo fundado por el padre Arizmendiarrieta el 14 de abril de 1956 ahondan en las diferencias tras esta drástica decisión. El caso es que, como señala a este periódico un buen conocedor del mundo de Mondragón, se da un fenómeno cultural que hace «convivir a diferentes» en el mismo ecosistema, a veces tan diverso como sus 80.000 trabajadores. «Puede haber entidades», explica, que «son como una compañía familiar de primera generación», con «la ilusión y el esfuerzo intactos». Firmas que comparten corporación con otras «que son como empresas que ya están con la tercera generación familiar y que priorizan la seguridad y la estabilidad más que el desarrollo de un proyecto nuevo». No es extraña esa apelación a la dificultad de convivir entre diferentes. 

La 'excepción ibérica' apenas permite aliviar la factura de los sectores grandes consumidores de electricidad. Los altos precios de la energía están causando un gran perjuicio a todo el tejido económico. Uno de los sectores que más está acusando la inflación de gas y electricidad es la industria electrointensiva del Estado, la que agrupa a los grandes consumidores industriales. Las medidas adoptadas para rebajar su factura mensual, que llega a representar en algunos casos el 50% de sus costes de producción, están consiguiendo aliviar en parte la presión que soportan desde hace más de un año, pero los parones parciales y los ceses temporales de actividad aparecen más de lo deseado en los calendarios laborales de algunas de estas factorías. Según los datos de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), a fin de año la industria electrointensiva española habrá desembolsado una media de 239,04 euros el megavatio, 115 euros más que en Francia y al mismo precio que en Alemania, pese a que estos dos países están abonando, en lo que va de año, un 50,4% más en el caso de Francia y un 30,8% en el de Alemania. ¿Porqué ocurre esto? Pedro González, director general de AEGE, da las claves. “El sistema eléctrico español ha fomentado que los consumidores acudan a comprar energía al mercado diario o spot, cualquiera que sea el precio que marque ese día. No hemos tenido una cultura de promover contratos a largo plazo, que son más económicos...Estamos en una situación enormemente compleja en la que las industrias electrointensivas están sufriendo de primera mano la crisis de precios. Empezamos este año con unos costes muy elevados, a los que se sumó después todos los problemas derivados de la guerra de Ucrania, que han impulsado los precios a niveles nunca vistos desde que se inició el mercado mayorista en 1998. Vamos a acabar este año pagando por la electricidad el doble que en 2021, que ya fue el año más caro..."

En la empresa alavesa Vidrala, que produce 8.000 millones de envases al año, no están acostumbrados a manejar situaciones tan volátiles como la actual. El grupo vidriero, que básicamente hace botellas de vino y cerveza, tarros para alimentación o envases de aceite, tiene ocho fábricas en España, Portugal, el Reino Unido e Italia, y en todas se está encontrando con el mismo problema: su proceso continuo de trabajo a temperaturas de unos 1.600 grados que hasta ahora alimentaba con gas natural ha desbaratado sus confortables márgenes de beneficio. Y eso, a su vez, ha hecho caer la cotización este año un 12%. Vidrala vale en Bolsa 2.200 millones de euros. El director financiero, Raúl Gómez, explica que su fuente de energía hoy no es otra que un combustible fósil. “No hay alternativas inmediatamente electrificables como tienen otras industrias. Tampoco podemos parar la producción. Tenemos un reto, que es la electrificación del proceso productivo, pero no es fácil avanzar ahora lo que no se ha avanzado en 100 años por las temperaturas de fusión que necesitamos”. De modo que sus costes de energía, que históricamente representaban el 15% del total a un precio medio del megavatio de entre 15 y 20 euros en la última década, se han disparado (a veces con una oscilación diaria de 100 euros), y eso son muchos millones cuando consumes el equivalente a cuatro teravatios (TW) anuales. En comparación, la energía que necesitan para sus botellas representa el 1% de todo el gas que se utiliza en España, en hogares y empresas. “Los precios han empezado a relajarse, pero todavía estamos muy por encima de la media histórica. A los niveles actuales y excluyendo medidas de protección, el gas ha pasado a pesar casi un 50% de nuestros costes”, explica Gómez. Con 3.500 empleados en plantilla, producir cada botella les cuesta el doble, dicen, y solo han conseguido trasladar un tercio del incremento a los precios de venta, y eso que la demanda se está comportando bien, por encima de los niveles prepandemia. 

"...Nuestras empresas y su actividad suponen el verdadero elemento tractor de nuestra sociedad. La economía debe mantener el pulso y el músculo industrial para mantener unos servicios públicos que son y serán, sin duda, la base de nuestro sistema de bienestar social. No olvidemos que para distribuir la riqueza primero hay que crearla. Los gestores y los propietarios de las empresas deben tener presente una realidad social que va más mucho más allá de la legítima maximización de beneficios particulares. Es preciso atender también a todo el conjunto de intereses colectivos o sociales propios del entorno en el que desarrollan su actividad. Lejos queda ya la opinión del nobel de economía, Milton Friedman, quien en 1970 defendía la tesis de que la única responsabilidad admisible en la dirección empresarial debía venir presidida por el incremento de los beneficios de la empresa y la maximización del valor de la participación de sus socios. La empresa ha de ser entendida como una verdadera conexión de intereses privados y sociales convergentes. Hay que lograr implicar a las empresas en el marco de las políticas públicas que persiguen el logro de objetivos de interés general con un fuerte componente ético. No se concibe una gestión empresarial que no contemple adecuadamente valores de aceptación general; ya ha quedado comprobado que, al menos en el caso de las grandes corporaciones, una actuación desviada de tales valores puede llegar a lesionar directamente los intereses generales...Nuestro tejido industrial, nuestra cultura empresarial, nuestra concepción de solidaridad social y de compromiso con la ‘res’ pública debe avanzar hacia la consolidación de una nueva cultura basada en el respeto y en la colaboración mutua entre personas, con un liderazgo ejemplar que dé sentido y valor a la función que éstas ejercen dentro de la empresa. Si queremos construir futuro hemos de intentar recuperar y proteger la confianza recíproca en el sistema y en las personas. La sostenibilidad por parte de las empresas ha dejado de ser sinónimo de meras acciones filantrópicas y se ha convertido en una herramienta de gestión que forma parte de las decisiones de cualquier organización empresarial. Está calando la visión de que es necesario superar la búsqueda de la rentabilidad a corto plazo que ha imperado en amplios sectores de la actividad empresarial y que deben orientarse todos los esfuerzos hacia la búsqueda de una sostenibilidad a futuro que se engloba bajo el acrónimo ASG (riesgos ambientales, sociales y de gobernanza) en el desarrollo de sus modelos de negocio..."

«Nuclenor considera que no sería viable la reapertura de la central de Santa María de Garoña». Es la respuesta nítida, sin matices, que la empresa propietaria de la planta burgalesa ha dado esta misma semana cuando se le ha cuestionado por la aventura que ha emprendido la Junta de Castilla y León. Vox, que cogobierna con el PP, ha incluido una partida de 520.000 euros en el borrador del presupuesto de la región para contratar un estudio que analice la posibilidad real de reenganchar a la red la instalación, que cesó su actividad el 16 de diciembre de 2012 y que avanza hacia el desmantelamiento. Todo ignorando el desinterés de los dueños de la empresa (Endesa e Iberdrola son Nuclenor) y la negativa rotunda del Ejecutivo de Pedro Sánchez a reabrir este melón (tiene la competencia en legislación nuclear). Es el último episodio del avispero que Vox comenzaba a agitar en la vecina comunidad autónoma hace dos meses y que ha terminado por fagocitar a su socio en Valladolid, el PP, al que apuntala en el Gobierno. La formación de extrema derecha, con Juan García-Gallardo en la vicepresidencia, impulsa lo que define como un «renacer del modelo energético» en el actual contexto de incertidumbre por la invasión de Ucrania. Y lo hace abanderando no solo la planta del Valle de Tobalina, a 43 kilómetros de Vitoria. También, la vuelta al ‘fracking’. El presidente popular Alfonso Fernández Mañueco y su equipo han optado por mantener un perfil bajo –su máxima venía siendo «sólo si la empresa quiere»–. Pero finalmente dieron luz verde hace un par de semanas en su Parlamento a ese estudio de viabilidad que censura toda la oposición. Al principio se criticó como la «búsqueda del titular fácil». Pero el detalle del borrador de los presupuestos de la región para el próximo año revela que hay intención de financiarlo, según ha podido saber este periódico. ¿El concepto? ‘Estudio Plan de Promoción Industrial Nuclear’. ¿Las partidas? 200.000 euros para 2023 y 160.000 asociados a cada una de las siguientes anualidades. Se aprobaría en enero.

Rafael Gardeazabal, propietario de la desaparecida Derby y presidente de bilbaoDendak, se enfada cada vez que alguien le recuerda «el buen tiempo que está haciendo. Es horroroso», tercia de inmediato para lamentar las pérdidas que el cambio climático está ocasionando especialmente a las tiendas de moda y zapaterías. Cecobi, la patronal del comercio vizcaína liderada por Pedro Campo, ha puesto cifras al ‘tsunami’ que vive el sector. Las ventas se han desplomado, a su juicio, en torno a un 57% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando los días de «excesivo sol» ya pasaron una gran factura a los comerciantes. En medio de esta tormenta, el gremio se aferra al apoyo de los miles de turistas que visitan la capital vizcaína desde la pasada primavera y cuyo gasto ha dejado de ser «anecdótico. No podemos prescindir de los extranjeros. Todo suma», recalca Gerardo Pedrosa, dueño de una de las tiendas de moda masculina más importantes de la ciudad. Pese a haber crecido, el desembolso de los visitantes sigue quedando «muy lejos» del realizado por los vizcaínos. «Todo gasto es bienvenido, pero vivimos de la gente de aquí, por lo menos de momento», enfatiza una dependienta de la zapatería Foxter de Colón de Larreátegui. «Nos está llegando un turista de mayor nivel y siempre se lleva algo», agradece, en cambio, Jose Ramón Senlle, propietario del Khala, con tres establecimientos de complementos. Para hacer frente a la importante caída de la facturación y con el Black Friday a la vuelta de la esquina, las principales organizaciones sectoriales consideran que la recuperación pasa «inevitablemente» por una nueva estrategia orientada al fortalecimiento de las ventas, independientemente de la época del año.

Hasta el verano, la inflación en España era una de las más altas de Europa, con una tendencia ascendente que comenzó tras el estallido de la guerra y tocó su techo en julio, cuando marcó una tasa del 10,8%. A partir de ese momento, los precios comenzaron a experimentar una subida más moderada respecto a los registros de hace un año y la tasa de octubre se situó finalmente en el 7,3%. Nada que ver con lo que ha ocurrido en los países del entorno. La inflación media de la eurozona comenzó el año en el 5,1%, un punto por debajo de la española, pero ha ido experimentando un alza progresiva mes a mes hasta que en octubre tocó su máximo histórico: 10,7%. Holanda (16,8%), Bélgica (13,1%) e Italia (12,8%) se sitúan a la cabeza, con tasas que duplican la española. ¿Por qué han evolucionado de forma tan diferente ambos escenarios? Pedro Aznar, profesor del departamento de Economía de Esade, sitúa la razón fundamental en la falta de un mercado único europeo para la energía. Cada país tiene su mercado y ha implementado medidas de política económica distintas para aliviar los precios; unos a través de ayudas directas, otros con bajadas de impuestos. «Unas medidas que en cada caso han tenido un éxito muy diferente», destaca Aznar. Como ejemplo, pone el precio mayorista de la energía de septiembre, que en Italia fue un 185% más caro que en Suecia, lo que convierte a la energía en el elemento fundamental que marca la inflación de cada territorio. ¿España ha tocado techo? Los expertos coinciden en señalar que sí, que los precios llegaron a su máximo nivel en verano y ahora se comenzarán a moderar, aunque mantendrán tasas altas durante lo que resta de año y durante la primera mitad de 2023. 

"La UE se preocupa por el desarrollo y el buen uso de los fondos atribuidos a España. La preocupación es ya indisimulada y se ha hecho explícita. La propia presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo aseguraba en público no tener «ni idea de cómo gasta España el dinero que recibe». Hay dos vertientes distintas. La enorme dotación de los fondos Next-Gen estaba pensada para reanimar la economía europea tras la postración a la que le sometió la pandemia del covid. A nosotros nos tocaron 70.000 millones en forma de subvención a fondo perdido, que han sido incrementados después en otros 8.000 más y en unos 80.000 millones en forma de préstamos livianos. Estos habrá que devolverlos de manera directa y los primeros también, pero de forma indirecta, a través de mayores aportaciones a los presupuestos comunitarios. Para conseguirlos hay que hacer dos cosas. Una, cumplir una serie de hitos, básicamente reformas, que hay que implantar para mejorar el buen funcionamiento de la economía en general. Hablamos de cosas tan importantes como la reforma de las pensiones, la de las universidades y la fiscal...Esta misma semana, la mismísima presidenta del Banco Central Europeo firmó en carne mortal una durísima e inusual crítica a la última decisión. Como bien sabe, el Gobierno ha decidido que la mejor manera de enderezar las encuestas y recomponer la ilusión perdida es desenterrar la batalla de clases, ricos contra pobres, y erigirse en el paladín de los segundos. A quienes, sin embargo, no ha tenido reparos en ‘levantarles’ casi 30.000 millones de euros, básicamente a través del IVA, como consecuencia de la inflación y de su tenaz oposición a deflactar. Puesto a ello, ¿qué mejor y más popular idea que penalizar a los grandes ogros de la banca y la energía? Ya veremos cómo termina este último, pero el de la banca lleva más camino recorrido..."

Hoy, con la inflación estrangulando la economía mundial, Yolanda Díaz y Antonio Garamendi son dos figuras enfrentadas. “Más que sumar, resta y creo que más que un periodo de escucha, lo que quiere es que la escuchemos”, aseguró Garamendi cuando Díaz dio a conocer su nuevo proyecto político. “Si a la ministra le parece muy bien que no se pueda despedir, que monte una empresa ella y que lo haga”, indicó semanas antes, cuando Trabajo prohibió el despido en aquellas empresas que estuvieran acogidas a un ERTE. Díaz responde: “Los sindicatos tienen toda la razón en salir a la calle a movilizarse contra la patronal”; “me gustaría una patronal que sea próxima a su país y con sensibilidad hacia quienes menos tienen”; “al señor Garamendi no le gusta la igualdad, quiere seguir protegiendo a las rentas salariales más elevadas”; son algunos de los mensajes que le ha dedicado la ministra. El 23 de noviembre, Antonio Garamendi (Getxo, 64 años) optará a revalidar su mandato al frente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) hasta 2026. Enfrente tendrá a Virginia Guinda, vicepresidenta de Foment del Treball, una directiva de una empresa del sector papelero a la que esta organización ha espoleado para evitar una nueva victoria por aclamación de Garamendi. Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana —organización que se abstuvo en la votación sobre la reforma laboral—, ha encabezado la oposición interna al líder vasco, a quien acusa de haberse olvidado de las bases y de aquiescencia con el Gobierno. A pesar de la (moderada) disidencia interna, el golpe más duro que ha recibido Garamendi al frente de la CEOE vino por parte del entonces líder del PP, Pablo Casado, que lo acusó de dar publicidad a la “propaganda tóxica” de Pedro Sánchez con el tema de los indultos, y de transigir con algunos apartados de la reforma laboral. 

El expolítico de la antigua CiU (rama Unió) Sánchez Llibre y su entorno han sido machacones con la idea de que había que hacer frente al dirigente vasco; pero nunca ha querido ponerse a la cabeza, entre otras cosas porque se debe a la patronal catalana, cuyo mandato revalidó el pasado verano. Pero, haya sido o no el instigador, al final la solución estaba en su casa: una ejecutiva con ganas y (se supone) ambición. Además, la proclama de Guinda en su presentación el viernes en Madrid pide una CEOE más participativa, más colegiada y con más capacidad de escucha de todos los integrantes. Es decir, las mismas quejas que Sánchez Llibre ha predicado sobre el ninguneo que a su juicio se les hace desde Madrid, en el que mete también a otras organizaciones pequeñas. Su intención es recoger el voto de los, a su entender, muchos descontentos con la gestión de Garamendi por eso o por alguno de los muchos acuerdos tripartitos (14) y bipartitos (2) que ha firmado con los sindicatos y el Gobierno. Principalmente, la reforma laboral, por la que recibió el reconocimiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez (“Garamendi es un patriota”) y las críticas de algunos empresarios que se opusieron o, como Sánchez Llibre, se abstuvieron. Esa buena sintonía tripartita no pasa ahora, precisamente, por un buen momento. Mientras se acercan las elecciones, aumenta la bronca con los sindicatos, que acusan a la patronal de “bloquear” la negociación colectiva y de no querer subir los salarios de acuerdo a la inflación para combatir la pérdida de poder adquisitivo. Ese fue el mensaje con el que los trabajadores llenaron el jueves la plaza Mayor de Madrid, continuación de las actuaciones que comenzaron el 7 de octubre con protestas ante las sedes de las principales patronales del país. Serán los salarios, los impuestos y la reforma laboral temas básicos en la campaña de Guinda para convencer a los descontentos. Pero, pese a esa llamada, se antoja muy complicado que Guinda pueda alcanzar un porcentaje que haga sombra a Garamendi, que parece tener garantizado el respaldo mayoritario de los 789 compromisarios llamados a votar el 23 de noviembre. Cuenta con las principales organizaciones territoriales y sectoriales: Madrid (45 papeletas), Comunidad Valenciana (21), País Vasco (14), la asociación eléctrica (30), la bancaria (25), metal, químicas, alimentación, seguros, construcción, electrodomésticos, distribución…, además de ATA, y Cepyme (83 votos), que preside Gerardo Cuerva, uno de los nombres a los que Sánchez Llibre tentó al comienzo de la carrera electoral.

"Una de las mayores vulnerabilidades de la economía española es la persistencia de un desequilibrio de las cuentas públicas, incluso en fases ascendentes del ciclo. El déficit público apenas se corrigió durante la etapa expansiva 2014-2019, manteniéndose ajeno a la promesa reiterada año tras año de una rápida vuelta al equilibrio (con el resultado de un menor margen de maniobra para afrontar los malos tiempos). Y los esfuerzos que se hicieron durante ese periodo consistieron en recortes en inversión pública, uno de los fundamentos del nivel de vida de futuras generaciones. Así pues, descontando la inversión, España es el único país de la UE que encadena un déficit público en el último decenio. Mucho ha llovido desde entonces: la pandemia ha exigido un esfuerzo adicional de apoyo al empleo y a la economía que ha permitido amortiguar el golpe de la crisis. A la inversa, la recuperación ha ido de la mano de ingentes entradas de ingresos para las arcas públicas. En lo que va de año, la recaudación se ha incrementado un vigoroso 14%, impulsada por el crecimiento de la economía y del empleo, la inflación y el afloramiento de parte de la economía sumergida que ahora se une al esfuerzo común de financiación de los servicios públicos. Es probable que acabemos el presente ejercicio con un déficit menor de lo anticipado por el Gobierno (4,2% del PIB frente a 5%). Si bien hay que celebrar el esfuerzo de rigor, el agujero parece persistente..."

Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) anticipan un bum de centenarios. Se multiplicarán por 15 hasta 226.932 en 2072. Porque España envejece. En torno a 2050 los mayores de 65 años alcanzarán su máximo, el 30,4% de la población. Se debe a dos factores: el aumento de la esperanza de vida (los hombres vivirán 86 años en 2071 y las mujeres, 90 años), y la baja fecundidad (1,19 hijos por mujer en 2020). El asunto es cada vez más motivo de estudio. Esta semana se celebró en Salamanca el Congreso Internacional sobre Economía de la Longevidad, organizado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE). Y dos ideas destacaron: para sostener el sistema de pensiones hay que promover la llegada de inmigrantes y facilitar que se demore la jubilación voluntariamente. El premio Nobel de Economía Richard Thaler, uno de los ponentes, apuntó ambas soluciones. “O tenemos más bebés o traemos más trabajadores”. Como darle la vuelta a la tendencia a procrear menos no es ni sencillo ni rápido, gana peso la segunda opción. “Si alguien, equivocadamente, me pusiese al frente de la economía de EE UU, lo primero que haría sería traer a dos millones de trabajadores inmigrantes”. Estas cuestiones entran de lleno en la agenda política. Andrew J. Scott, profesor de la London School of Economics y autor de La vida de 100 años: vivir y trabajar en la era de la longevidad, cree que no podemos ignorar el tiempo que nos queda por delante. “Si cada 10 años la expectativa de vida aumenta dos o tres años es como si cada día tuviéramos seis u ocho horas más. Y si tuviéramos días de 32 horas, ¿no haríamos cosas diferentes?”. Cuando se habla de esa reorganización, gana fuerza una premisa impopular: trabajaremos más años. “Nos encanta llegar a la jubilación y cobrar una pensión del Estado, pero va a ser ineludible trabajar más”, concluye Scott.

La guerra de Ucrania destapa las carencias de una economía que se encamina a la recesión. La visita de Olaf Scholz a China acompañado de varios pesos pesados del empresariado del DAX —el principal índice bursátil alemán— se ha examinado con lupa dentro y fuera de Alemania. Se ha dicho que Berlín va por libre. Que el canciller continúa la política del business first (los negocios primero) de su predecesora, Angela Merkel. Que Alemania no ha aprendido nada de su dependencia de Rusia. Que vuelve a tropezar en la misma piedra al priorizar los lazos económicos con una autocracia. Scholz se defiende asegurando que nadie está planteando que Europa se desvincule de China, la mayor potencia exportadora del mundo. Y que favorecer las relaciones con el gigante asiático no significa darle carta blanca ni ignorar qué pretende con su estrategia política y económica: crear dependencias aún mayores en las empresas extranjeras y aumentar su influencia global. La discusión sobre la política china de Scholz llega en un momento de gran incertidumbre para la economía alemana, con una inflación disparada a cifras que no se veían desde finales de la Segunda Guerra Mundial y la inminencia de una recesión que quizá no sea tan profunda como algunos vaticinaron, pero que sacudirá los cimientos de su modelo económico. La invasión rusa de Ucrania ha dejado al descubierto la enorme dependencia energética de Moscú. El gas barato que fluía por los gasoductos impulsados por los predecesores de Scholz ha sido “la base de la competitividad global de la industria alemana”, como reconoció sin ambages hace unos días el consejero delegado de BASF, Martin Brudermüller. Con ese grifo cerrado, y los precios de octubre un 11,6% por encima de los de hace un año, Alemania se enfrenta a un cambio de paradigma. Toca repensar el modelo para ajustarlo a la nueva realidad.

Los procesos electorales en EEUU siempre destacan por su relevancia, pero también por los sucesos que dejan para la Historia. En estas ‘mid term’ lo más destacado por el momento es la agresión al marido de Nancy Pelosi, atacado por un simpatizante de Trump. Sin embargo, lo que empañó los anteriores comicios, sembrando un peligroso precedente, fue el asalto al Capitolio. Unos hechos que fueron investigados, quedando señalado Trump como principal «instigador». La división del país alimenta la violencia y hace que el sistema democrático corra peligro en un contexto mundial en el que es más necesario que nunca. El 43% de los ciudadanos de Estados Unidos cree que es «probable» que haya una guerra civil en ese país en los próximos 10 años. El porcentaje sube al 55% entre los que se definen como «fuertemente republicanos», y cae al 40% en los «fuertemente demócratas». Entre republicanos y demócratas moderados los porcentajes siguen siendo altos: el 45% entre los primeros y el 39% entre los segundos. Esas cifras proceden de un sondeo realizado en agosto por la empresa YouGov para el semanario The Economist. Pero no son un caso aislado. Da igual cómo sea la cocina de cada encuesta. Todas coinciden en una cosa: alrededor de la mitad de los estadounidenses cree que va a haber guerra. Hace tres semanas, un análisis de la Conferencia de Liderazgo por los Derechos Civiles –una asociación de grupos que luchan contra la discriminación racial, dominada por organizaciones negras y judías– determinaba que el 54% de la población adulta cree que el país está «en camino hacia otra guerra civil».

La recurrente invocación del presidente ruso, Vladímir Putin, de la amenaza nuclear tras los reveses que han sufrido sus tropas en Ucrania en las últimas semanas ha generado una gran inquietud en el mundo. El planeta vive un escenario tan tenso que el presidente de EE UU, Joe Biden, se ha atrevido a mentar el Armagedón nuclear. Pero los expertos ven muy remoto un ataque del que ni el Pentágono ni la OTAN han detectado preparativos. Básicamente, porque su eficacia militar es dudosa y el riesgo de represalias o de difusión de la mancha radiactiva en territorios que Rusia considera propios es elevado. Con Putin a un paso de la humillación, el mundo vive la tensión atómica más aguda desde el fin de la Guerra Fría, con un horizonte lleno de incógnitas. Vladímir Putin ha amenazado reiteradamente con recurrir al arma nuclear desde que lanzó la invasión de Ucrania en febrero. Las derrotas rusas en el campo de batalla y el debilitamiento del líder que implican esos reveses han agudizado en las últimas semanas la inquietud, al punto de inducir al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a calificar las circunstancias actuales como el momento más peligroso desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962 y a evocar, como alerta, la imagen de un apocalipsis nuclear. Ello no significa que un ataque atómico ruso sea probable. La mayoría de los expertos coincide en calificar de remota esa perspectiva, pero también considera que se trata del escenario más tenso en décadas, con incógnitas que enturbian el horizonte y elevan el riesgo de una escalada descontrolada. Por ello, tiene hoy especial importancia diseccionar el marco estratégico en el que se mueve la amenaza nuclear rusa. ¿Cuán probable es? La respuesta sintética es: muy poco. “Esta es la amenaza nuclear más seria desde el fin de la Guerra Fría. Pero ello no significa que sea probable. El riesgo es bajo”, dice Hans M. Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Americanos y experto de referencia mundial en el estudio de arsenales de las potencias atómicas. “La probabilidad de un ataque nuclear sigue siendo baja. Bastante baja, de hecho”, coincide Luis Simón, director de la Oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas e investigador principal especializado en relaciones internacionales y asuntos de seguridad. Su punto de vista representa la opinión mayoritaria entre expertos.

La turística Sharm el-Sheij, a orillas del Mar Rojo, acoge la cumbre climática que hoy comienza en Egipto, la COP27, en medio de un panorama pesimista y lleno de incertidumbres. La invasión rusa de Ucrania ha recuperado el fantasma de un conflicto mundial con el apellido ‘nuclear’. Junto con la pandemia que aún colea, solo puede contribuir a distraer los esfuerzos contra el desastre ecológico e incluso agravarlo. La crisis energética provocada por este conflicto y la constatación con hechos tangibles –como las pistas de aterrizaje derretidas en aeropuertos británicos– de que el cambio climático ya está aquí acaban por ensombrecer aún más esta cita mundial. Resuenan las declaraciones de António Guterres, secretario general de Naciones Unidas: «El mundo se dirige a un caos climático». Egipto ha amanecido listo para el pistoletazo de salida de esta maratón, que culminará el día 18 con alguna ‘prórroga’ si los participantes no logran acuerdos. Un país donde «los derechos humanos están por reconocer en muchos aspectos y donde cualquier tipo de crítica o activismo en la cumbre será reprimida con dureza», explica Fernando Valladares, doctor en biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y voz de esa legión de científicos cabreados que forman el movimiento internacional Scientist Rebellion. Siendo pesimista, considera que las cumbres son «completamente insuficientes, pero imprescindibles». 

Una multitudinaria manifestación recorrió la tarde de ayer las calles de Bilbao desde la sede del Gobierno vasco, en el número 85 de la Gran Vía, contra el proyecto de la nueva Ley vasca de Educación. Creen que «no responde a las necesidades» de la enseñanza pública, para la que reclamaron más medios y protagonismo, ya que «es la de todos, la que garantiza la igualdad y la cohesión social». La marcha fue convocada por la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea, de la que forman parte los sindicatos LAB, STEILAS, CC OO y ESK y asociaciones de padres y de alumnos como EHIGE, HEIZE, Ikasle Sindikatua, Ikasle Abertzaleak, Ikama o Ikasle Ekintza. A la manifestación también se sumaron ELA y CNT, entre otras organizaciones. «Miles de personas nos hemos juntado en defensa de la educación pública vasca para decir un no rotundo a la nueva ley educativa, que va a equiparar la financiación de la escuela pública y la de la privada. Y la primera debería estar en el eje del sistema educativo, hay que dotarla de recursos, y no al revés. Porque éste es un anteproyecto que la arrincona. Hay que terminar con el sistema dual que favorece la segregación y no perpetuarlo. La euskaldunización también depende de tener una escuela pública bien dotada», dijo Maribel López de Luzuriaga, representante de la plataforma, que pidió a los partidos políticos que acordaron dar inicio al borrador en el pacto educativo del pasado mes de abril que se replanteen el «rumbo que ha tomado». En la protesta, los convocantes criticaron que cada vez hay «más financiación» para los centros concertados. Censuraron que se «profundiza» en este modelo y pidieron lo contrario, que se «faciliten vías de publificación». Explicaron que, durante años, los colegios públicos fueron languideciendo mientras se financiaban otros, y que ahora, en muchos casos, los primeros están en desventaja, con peores instalaciones, o sin una oferta suficiente de plazas.