20221218

Entrevista con Carolina Pérez Toledo, presidenta de Cebek y miembro de la junta directiva de Confebask. Los empresarios vascos vuelven a estar “preocupados y ocupados” ante un nuevo ciclo de incertidumbre. Es la presidenta de la asociación empresarial vizcaina, Cebek, pero también es uno de los rostros y voces con mayor peso en la patronal vasca. Aumento de los costes de financiación, tensiones en las relaciones laborales, falta de mano de obra, pérdida de talento... hay muchos frentes abiertos pero las compañías cuentan con su “brújula” para “navegar en la incertidumbre”. "Hay una tensión artificial en los conflictos laborales. Una polarización de las posiciones sindicales en las negociaciones que tiene más que ver con las elecciones sindicales que con los procesos de diálogo. Están marcando su posición y eso, de alguna manera, tergiversa un diálogo normalizado. La última oferta que tienen sobre la mesa los sindicatos del metal de Bizkaia supone un incremento salarial del 14% durante la vigencia del convenio. Supera a muchos convenios de otros sectores y ámbitos territoriales. En otras circunstancias, sin el horizonte de las elecciones sindicales, estoy segura de que habrían firmado ya. A muchas de las empresas auxiliares, que son pequeñas, les va a costar aplicar la oferta que está sobre la mesa. Se ha hecho un esfuerzo por parte de la patronal del metal y el rechazo hay que entenderlo en el ámbito de la polarización y la confrontación sindical, que no existe en la mayoría de las empresas...Ahora entre los problemas principales está la inflación y es importante que mantengamos los incrementos salariales ajustados a la realidad de cada sector, porque si no se producen efectos de segunda ronda que incrementan los costes de producción. También es un problema el precio del dinero, el coste de la financiación, que afecta a las familias, pero también a las empresas..."

La actividad es frenética estos meses en ELA, cuando se multiplican las convocatorias de huelga. Con el IPC aún muy alto y el debate de cómo trasladarlo a los salarios, la conflictividad se ha disparado. Euskadi, como siempre, va a la cabeza en esta materia y concentra el 46% de los paros de toda España, algo que el líder de ELA, Mitxel Lakuntza, ve como un valor a preservar, dado que, según defiende, solo así se logran buenos acuerdos. Rechaza que separarse de los otros sindicatos en conflictos como el del Metal de Bizkaia tenga fines electorales e insiste en su discurso duro contra el lehendakari y el PNV: «Va a Madrid a negociar una rebaja de los impuestos a bancos y energéticas». También es crítico con EH Bildu y cuestiona los compromisos sociales que ha arrancado al Gobierno de PSOE y Podemos. "La sobreactuación de la patronal ha ayudado a engordar un acuerdo que no cambia nada en lo sustancial. Solo se permite a la Inspección valorar las causas de los ERE, algo que ya se hacía en la práctica en Euskadi. No se recupera la autorización previa del Departamento de Trabajo que eliminó Rajoy en la reforma de 2012, ni tampoco se modifica la ampliación de causas para despedir que introdujo entonces. Las empresas van a mantener la facilidad para despedir. El contenido real de lo que se publicita no tiene que ver con lo acordado...En sus diez años de mandato, el lehendakari y el PNV han demostrado que su objetivo principal es favorecer los intereses de las grandes empresas y la patronal...Los sueldos del País Vasco siguen siendo los más altos del Estado, con una media de unos 2.300 euros. Y en los convenios acordados aquí el aumento es de más de un 5%, frente al 3% en el Estado. Lo que quiere decir que para conseguir buenos salarios se necesitan buenos acuerdos...En el metal, teníamos el precedente de Álava, donde el resto de sindicatos firmaron un acuerdo que solo subía los salarios en tablas, no los reales, con lo que solo beneficia al 10% de los trabajadores. En Bizkaia queríamos pactar unos contenidos mínimos, con el IPC de cada año, subrogación y cláusulas contra la inaplicación, pero no quisieron...– ¿Ha subido ELA el salario con el IPC a los trabajadores del sindicato?– Es una decisión colectiva que se tiene que adoptar en los órganos del sindicato, y que se engloba dentro del conjunto del presupuesto. No somos una empresa. Nuestro objetivo es mantener nuestra autonomía gracias a la afiliación, teniendo claro que, para que el proyecto perdure, se necesitan buenas condiciones laborales..."

Entrevista con Pedro Azpiazu. El consejero de Economía y Hacienda muestra además su hastío por la rebelión autonómica contra la gestión vasca de los nuevos gravámenes a grandes fortunas, banca y energéticas «Es oportunista que a la mínima aprovechen para criticar el Cupo», dice. «La moderación salarial también ha ayudado a contener la inflación». "– La gestión vasca de los nuevos gravámenes ha desatado una rebelión de otras comunidades. ¿Le preocupa que detrás haya críticas al régimen fiscal? – Siempre que hay algún mínimo movimiento en torno al Cupo afloran estos temas... Me parece injusto y oportunista porque encima están prejuzgando. Aún no sabemos lo que vamos a hacer, tengamos un poco de calma y vayamos paso a paso.– En Euskadi hay dudas sobre la aplicación del impuesto a las grandes fortunas.– Lo importante en esta cuestión es conseguir la capacidad normativa. Luego ya veremos cómo o qué aplicar viendo también cuál es la realidad. No quiero adelantar nada porque me parecería un poco imprudente...– ¿Sigue usted convencido de que Euskadi podrá evitar la recesión económica?– Sí, lo creo sinceramente. Aunque también hay algunas personas que piensan que puede haberla aunque meramente técnica. Esto es, dos trimestres consecutivos con una ligera caída del PIB. Pero no lo veo. Los datos económicos que tenemos en estos momentos no son muy negativos. Lo dijo el otro día el lehendakari, la economía vasca crecerá este año ligeramente por encima del 4% y mantenemos la idea de que el crecimiento del próximo año esté en torno al 2%, que no es un mal dato. Es un crecimiento que permite crear empleo.– Pero la desaceleración es evidente.– Es cierto, pero también hay datos que invitan al optimismo. Por ejemplo, los últimos que hay sobre el comportamiento de las exportaciones, que son realmente buenos. Es verdad que estamos en un marco de incertidumbre y nadie sabe qué va a pasar con la guerra de Ucrania, pero también la inflación comienza a remitir..."

Sin tiempo siquiera para lamerse las heridas, que las hay, y no menores, y como si despertara de un mal sueño, la Corporación Mondragón hace hoy borrón y cuenta nueva para afrontar un tiempo nuevo. Centrada en la intercooperación (dentro y fuera de su perímetro) y en la búsqueda de nuevos negocios, el conglomerado pilotado por Iñigo Ucín se ha conjurado para no mirar atrás y seguir avanzando con el objetivo prioritario de recuperar potencia de tiro y cerrar las heridas que queden a base de eso que llaman ‘Más Mondragón’. En eso, y en resaltar que el modelo no está de ninguna manera agotado ni cuestionado. Una catarsis que no resulta en modo alguno sencilla, pero para la que sus órganos ya se han preparado en estos últimos dos meses. El periodo transcurrido desde que el 15 de octubre se desvelara la intención de Orona de abandonar la ‘casa madre’, y el 16 de diciembre, cuando la firma de Hernani y Ulma, su compañera de viaje en este divorcio del grupo, refrendaron por una abrumadora mayoría en el voto de sus socios esa voluntad de soltar amarras para siempre y de volar en solitario. Se abre en ‘La Colina’, como se conoce en Arrasate al lugar en el que se enclava el cuartel general de Mondragón, una época muy diferente, marcada en el corto plazo por la salida de su perímetro de Ulma y Orona, lo que le amputa de golpe casi 11.000 empleos y un nada despreciable 28% de sus resultados globales, pero que en el medio y largo plazo estará centrada en crecer y ganar o recuperar el tamaño perdido.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, rechazó ayer que el cooperativismo quede de alguna manera tocado o puesto en duda tras la salida de la Corporación Mondragon de dos de sus firmas industriales más señeras, Ulma y Orona. Ambas sometieron la víspera el abandono del Grupo de Arrasate a la consideración de sus socios, en sendas asambleas generales extraordinarias, que refrendaron esa idea con unos porcentajes superiores al 70% (el 80% en el caso de la firma de Oñati). La responsable de la política industrial vasca reiteró su «respeto absoluto» a una decisión «contudente y entiendo que tomada de una manera pensada y tomando en cuenta los pros y los contras por los socios de ambas cooperativas». A su juicio, toca ahora «seguir poniendo en valor el cooperativismo vasco, que se ha demostrado siempre solidario y resiliente» en todo momento. «¿Diferente?, sí» reconoció la consejera al refererise al momento al que se enfrenta y vive ese cooperativismo. En este punto, Arantxa Tapia recordó unas recientes palabras del presidente de Mondragon, Iñigo Ucín, quien ya dejó claro el mordisco que en empleo y resultados supone la salida para el grupo. En concreto, un 28% de los beneficios totales de la Corporación y un 15% de las ventas, amén de un 13% del empleo global. Sin embargo, Tapia realizó una encendida defensa de un modelo «conocido y reconocido en todo el mundo» y recordó que Ulma y Orona han dejado claro que seguirán siendo cooperativas. Mientras, los partidos políticos vascos piden respeto para la decisión de los socios de Ulma y Orona. Las cinco formaciones con representación en la Cámara vasca subrayan el amplio respaldo que ha obtenido la separación en ambas cooperativas. 

A partir de 2023 entra ya en vigor el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que sustituye al derogado factor de sostenibilidad. A diferencia de este, no supondrá un recorte en la pensión de los jubilados, pero sí una subida de 0,6 puntos porcentuales de las cotizaciones sociales de los cerca de 23 millones de afiliados que tiene el sistema, que se traduce en unos 12 euros más al mes de media. Así, el nuevo tipo de cotización por contingencias comunes se eleva del actual 28,30% al 28,90% a partir de enero. Ese 0,6% adicional se repartirá entre la empresa, que pagará el 0,5%, y el trabajador, que abonará el 0,1% restante. Los autónomos tendrán que asumir íntegramente el incremento de cotización del 0,6%. Para un salario medio de unos 2.000 euros brutos supondrá 12 euros más de cotización cada mes: 10 euros a cargo de la empresa y 2 euros a cargo del trabajador. Pero este 0,6% es un alza adicional. Las cotizaciones sociales se elevarán a su vez como hacen habitualmente cada año. A la espera de saber cuánto aumentarán las bases mínimas, que dependen del aumento del salario mínimo, se sabe ya que las bases máximas crecerán desde enero un 8,6%, con lo que pasarán de los 4.139,4 euros mensuales actuales a 4.495 euros (54.000 euros anuales). Esta fuerte subida afecta a unos 1,2 millones de afiliados, cuya cuota se encarecerá hasta los 1.266,66 euros al mes. Las empresas tendrán que pagar así un extra de 1.600 euros anuales por empleado, mientras que el incremento para el trabajador será de 350 euros.

Como lleva sucediendo desde hace ya una década, cada año que empieza trae cambios en las condiciones para poder jubilarse. En 2023 convivirán dos reformas: la de 2011, que retrasa gradualmente la edad de jubilación y endurece su acceso, y la aprobada a finales del año pasado, que liga la subida de las pensiones con el IPC, penaliza más a los trabajadores que se jubilan antes de tiempo y premia a los que lo hacen más tarde, entre otras. A partir de enero para poder jubilarse con el 100% de la pensión serán necesarios 66 años y cuatro meses, dos meses más que ahora, para aquellos trabajadores que no tengan largas carreras laborales. También el periodo cotizado exigido se eleva en tres meses y para poder retirarse con los 65 años de antaño habrá que haber estado pagando las cuotas a la Seguridad Social durante al menos 37 años y seis meses, frente a los 35 años que se exigían antes de esta reforma. El objetivo es que a partir de 2027 la edad legal quede establecida en 67 años si no se ha trabajado como mínimo 38 años y medio. Este año no hay cambios en el periodo que se utiliza para calcular la cuantía de las nuevas pensiones y se tendrán en cuenta los últimos 25 años. Si antes de la reforma aprobada en 2011 se contabilizaban los últimos 15 años de cotización, desde 2022 ya se ha alcanzado el objetivo propuesto: 25 años. Sin embargo, el Gobierno quiere aprobar antes de final de año una nueva ampliación y elevar el periodo de cálculo a los últimos 30 años, aunque se descartarán de oficio los 24 peores meses. Si esta medida que rechazan los grupos parlamentarios y los sindicatos llegara a ver la luz, desde 2027 y hasta 2032 se irían sumando cada año cinco meses más para calcular la jubilación pero se escogerían los tres meses más favorables.

La inflación tiene tendencia a dejar mal a los que se atreven a anticipar sus movimientos. Durante varios meses de 2021, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y su homólogo de la Reserva Federal, Jerome Powell, —seguramente dos de las personas con más información a su alrededor para saber cómo marcha la economía— pregonaron la temporalidad de las subidas de precios, un fenómeno que finalmente se ha demostrado más persistente de lo esperado, en parte también por una guerra como la de Ucrania, que pocos podían prever. El cierre de año, sin embargo, marca en España algo parecido a una tendencia: cuatro meses consecutivos de moderación del IPC que han desacelerado la inflación desde el 10,8% de julio al 6,8% de noviembre, gracias sobre todo al descenso de la tarifa eléctrica, y en menor medida a la contención del precio de los combustibles por la caída del barril de petróleo y las ayudas públicas. “La inflación española no volverá a alcanzar tasas del 10% como las que vimos en los meses de verano”, afirma Javier Ibáñez de Aldecoa, economista de CaixaBank Research. Su opinión es compartida por la más de media docena de expertos consultados. “Parece bastante probable que hayamos pasado lo peor, sobre todo en España, donde la tendencia de caída es mucho más acusada que en la zona euro”, refrenda Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics. En los países de la moneda única está menos claro que se hayan visto máximos: los precios se moderaron en noviembre del 10,6% al 10,1%, el primer retroceso en 17 meses. Y el Banco Central Europeo augura una larga travesía hasta la normalidad: calcula un 6,3% de inflación media en 2023, del 3,4% en 2024 y del 2,3% en 2025. María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, tiene una larga lista de argumentos para defender que la inflación en España se ha dado la vuelta.

"Se esperaba que el giro restrictivo de la política monetaria iniciado por el banco central desde el pasado verano se acercara a un punto de inflexión, en consonancia con la moderación de algunos de los principales factores del brote inflacionista: suavización de los cuellos de botella, menor pujanza de los mercados energéticos o contención de los salarios. Sin embargo, las expectativas de una mayor gradualidad se han visto frustradas por el mensaje inesperado del comunicado del BCE divulgado esta semana: Fráncfort procederá a nuevas subidas “significativas” de tipos de interés y prolongará el ciclo restrictivo pese a la recesión que se vislumbra, según sus propias previsiones. Las declaraciones de Christine Lagarde posteriores a la publicación del comunicado no dan lugar a duda. El BCE incrementará fuertemente los tipos de interés, adicionalmente al medio punto recién instrumentado, lo que probablemente dejará la facilidad de depósitos (la referencia que vertebra la política monetaria) por encima del 3% a partir de la primavera, con perspectivas de nuevos ajustes posteriormente. El endurecimiento se apoya en un diagnóstico pesimista acerca de la evolución de la inflación. El caso es que el contexto internacional generado por la guerra en Ucrania sigue siendo muy incierto, y que un nuevo shock energético no se puede descartar, ya sea por factores geopolíticos o por el cambio de estrategia de China frente a la covid (si bien los mercados a plazo lo descartan de momento, a tenor de la estabilización de la cotización del gas en torno a su nivel actual). Además, los precios de los alimentos no dan tregua, convirtiéndose en el principal quebradero de cabeza. El mercado laboral apenas se ha resentido del debilitamiento de la economía, alentando temores a un recalentamiento en algunos países..."

El año que está a punto de comenzar trae cambios en el mercado de la vivienda en España. Tras casi dos años con compraventas y precios zambullidos en una espiral alcista que parecía no tener fin —con niveles similares a los de la época de la burbuja inmobiliaria de hace 14 años—, el ritmo se sosiega. También lo hará el alquiler, que ha alcanzado niveles de renta récord, fagocitando los ingresos de una parte cada vez más amplia de la población que no puede dar el salto a la propiedad. Para 2023 la incertidumbre es máxima, con estancamiento en los precios y a la espera de ver si se aprueba la ley estatal de vivienda. La vivienda está a punto de poner un pie en una nueva fase. Las ventas retrocederán y las casas apenas se encarecerán, incluso algunos análisis vaticinan caídas en los precios. Pero no se esperan descensos bruscos, batacazos ni pinchazos como en otros países del norte de Europa, Canadá, Estados Unidos o Australia. Hace poco, el Banco Central Europeo (BCE) —que esta misma semana ha subido medio punto más los tipos de interés, hasta el 2,5%— hacía públicas sus previsiones: los precios de la vivienda bajarán en la zona euro por la subida de los tipos hipotecarios y lo harán hasta un 9% en dos años. Y la agencia Fitch anunciaba el descalabro de parte del mercado inmobiliario mundial. Pero, esta vez, España no se encuentra en la lista de los países peor parados; muy al contrario, “es un alumno aventajado”, señala José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. Quien pone freno al ímpetu comprador es la inflación (6,8% en noviembre), que ha provocado una importante pérdida del poder adquisitivo de millones de trabajadores, cuyos salarios no han aumentado al mismo ritmo. También la subida de tipos de interés del BCE, que inmediatamente ha encarecido las hipotecas, así como la crisis económica y el temor a que la duración de la guerra en Ucrania desemboque en una recesión.

Generar y retener el talento. Es uno de los grandes retos de las ciudades hoy en día. Y Donostia no es ajeno a ello. Fomento San Sebastián lleva años trabajando por crear en la ciudad un ecosistema idóneo para que nuestros jóvenes puedan desarrollar sus carreras profesionales en San Sebastián. En los últimos años se han puesto en marcha desde Fomento San Sebastián diversos programas incluidos en el Plan de Impulso Económico que son valiosas herramientas para avanzar hacia esa San Sebastián en la que el talento joven tome el testigo de las generaciones próximas a la jubilación. Además, también se trabaja para que la mujer sea protagonista de ese relevo con una mayor presencia, fundamentalmente, en las áreas directivas. Muchos jóvenes han sido durante los últimos años beneficiarios de programas como Talento Innovador, Retorno Talento Local, becas de movilidad internacional así como programas de emprendimiento innovador, la Feria del Talento o Mujeres Investigadoras, promovidos todos ellos por Fomento San Sebastián. Dos de esos jóvenes son Iñigo Matesanz y Cristina Campos. Ambos participaron en una nueva edición del Foro Talento Joven que tuvo lugar en la Talent House. Contaron su experiencia en una mesa redonda en la que conversaron con Marisol Garmendia, concejala de Desarrollo Económico y Empleo de San Sebastián, y Silvia Soto, directora de Personas de Vivebiotech. Iñigo Matesanz es joven y emprendedor y está lanzando Bibagu junto a su socio, David Larrinaga. Su empresa busca dar respuesta al reto de la fidelización de las personas en una empresa y que las compañías sean atractivas para captar nuevos perfiles. Lo hacen a través de un software de gestión de personas y de medición de la experiencia del empleado. Cristina Campos, por su parte, trabaja en Mepro Medical Reproductive Solutions, una empresa del campo de la biociencia que aporta soluciones innovadoras para los problemas de infertilidad.

Alemania comenzó ayer técnicamente su independencia energética de Rusia con la inauguración de la primera terminal marítima para la recepción de gas natural licuado (GNL) procedente fundamentalmente de Estados Unidos y los países del golfo Pérsico. El acto de inauguración en Wilhelmshaven, a orillas del Mar del Norte, fue tan relevante como para congregar entre los asistentes a los líderes del tripartito, el canciller federal, el socialdemócrata Olaf Scholz, el ministro de Economía, el verde Robert Habeck, y el titular de Finanzas, el liberal Christian Lindner. En la terminal flotante para el procesamiento de GNL había atracado esta semana el buque especial ‘Höegh Esperanza’, de 300 metros de eslora, que se encargará de procesar el gas licuado y enviarlo a la red de gasoductos germanos. «Se trata de una importante aportación para nuestra seguridad energética», dijo Scholz durante la inauguración, en la que subrayó que el suministro energético alemán «es ya independiente de los gasoductos y oleoductos de Rusia». Añadió que el objetivo ahora es poner en funcionamiento cuanto antes las otras tres terminales para GNL en construcción y comentó que «entonces podremos decir que Alemania tiene garantizada su seguridad energética». El jefe del gobierno germano se mostró especialmente satisfecho por la rapidez con la que se ha preparado la instalación. «Esta es la nueva velocidad con la que en Alemania sacamos adelante las infraestructuras», afirmó el canciller federal.

La UE pasa página en la saga de la crisis energética antes incluso del inicio oficial del invierno, cuando las calefacciones multiplican el uso de gas natural en Europa: desde hace unos días, la preocupación de los principales operadores se concentra en el año próximo. Salvo un giro radical en lo meteorológico que diera paso a intensas olas de frío persistente a lo largo del Viejo Continente —algo que, hoy por hoy, ningún modelo meteorológico prevé—, el mundo de la energía piensa ya a 10 meses vista: los que quedan antes de que los radiadores vuelvan a encenderse de nuevo. La preocupación de hace unos meses se torna hoy en tranquilidad sobre el corto plazo. El esfuerzo extra para llenar los depósitos de gas durante la primavera y el verano, un otoño bastante más cálido de lo habitual y el recorte en el consumo de hogares y empresas en un entorno de altos precios y repetidas llamadas al ahorro han dado sus frutos: los almacenes subterráneos superan hoy el 85% de su capacidad, más de 10 puntos por encima de la media del último lustro y casi 30 más que hace un año. El buen tono de las reservas, unido a la creciente capacidad de recepción de gas por barco —Países Bajos y Alemania han inaugurado regasificadoras en tiempo récord y en todo el bloque hay una treintena de proyectos en marcha de aquí a 2026, según la última recopilación de Global Energy Monitor—, permiten ver las cosas de otra manera. “Aunque hay que ser conservadores respecto al nivel de reservas, el escenario parece más favorable: con unas temperaturas normales de invierno, el nivel de demanda actual y un aprovisionamiento de gas natural licuado en el que no haya sorpresas es previsible llegar a marzoabril con los actuales niveles de reservas”, apunta Pedro Cantuel, de Ignis Energía. Para el invierno que viene, sin embargo, el panorama cambia. 

«El Kremlin está intentando buscar nuevas salidas para conseguir la victoria» (Oleksii Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania). «No tengo la menor duda de que Putin volverá a atacar Kiev» (Valery Zaluzhny, comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas). Son las declaraciones más recientes del brazo militar de Volodimir Zelenski. Los estrategas que están marcando las reglas de un juego que por ahora está ganando –contra todo pronóstico inicial– Ucrania. El hielo y la nieve están paralizando el frente, pero las grandes batallas renacerán con el primer aniversario de la guerra: el 24 de febrero. Esa fecha será una de las más relevantes en el año que arranca dentro de dos semanas. Kiev hará todo lo posible para que Occidente no caiga bajo la «fatiga ucraniana», para seguir recibiendo armas, para ir a por Crimea, a por todo el Donbás, a ganar la guerra, a doblar el pulso a Putin y a que la imagen de éste en Rusia siga deteriorándose hasta causarle problemas irreversibles. El fin es doblegarle, tumbarle, que no tenga nada que celebrar el 9 de mayo de 2023, el famoso Día de la Victoria. La gran incógnita es cómo reaccionará un Putin debilitado. Seguimos temiendo el uso de armas nucleares o químicas. A su vez, puede que busque una salida o tercera vía utilizando a Turquía o China. Pekín apoya a Moscú, pero de una manera no intervencionista. De hecho, es más un socio que un aliado. El año próximo comprobaremos cuán fuertes son los lazos entre el zar y el emperador. En todo caso, son malos tiempos para China, en pleno fin de su estrategia Covid cero, con 1.400 millones de personas que empezarán a exponerse por primera vez –a pulmones abiertos– al coronavirus. Se esperan hospitales desbordados, elevadísimas cifras de fallecidos, escasez de medicamentos... De ahí que Xi no estará para atender los males de Putin. Es más, si al final el presidente chino logra capear el temporal, mirará mucho más hacia Taiwan que a Mariupol o Zaporiyia.