20221220

 Hace casi medio siglo nacían en Euskadi cerca de 40.000 niños al año. En 2021 apenas lo hicieron 14.000, casi tres veces menos. La sangría demográfica no es una incidencia nueva; lleva décadas instalada en nuestra sociedad. Pero se ha acelerado y se acentuará en los próximos años. El Instituto Vasco de Estadística (Eustat), de hecho, calcula que una de cada tres vascas «no tendrá ningún descendiente». Tomando como referencia las tablas de maternidad por edad, el organismo estadístico dependiente del Gobierno vasco estima que cada mujer registrará a lo largo de su vida fecunda 0,63 primeros nacimientos. No llega a uno, por lo que un tercio de las residentes en Euskadi no será madre. Y más de la mitad, de acuerdo a las mismas proyecciones, se plantarán con el primero y no darán la bienvenida a un segundo hijo. Los investigadores subrayan que «la fecundidad se halla en límites excepcionalmente bajos en términos comparativos». ¿Y con qué lo comparan? En primer lugar, con la Unión Europea, donde la media es de 1,5 hijos por mujer. La de Euskadi está «por debajo», en 1,25. También se fijan en el «reemplazo generacional»: cuántos bebés son «necesarios» para mantenerse con la misma población. Ese indicador está «muy lejos» de la realidad que vivimos, en 2,1 nacimientos. Finalmente, echan la vista hacia el País Vasco de 1976, cuando las censadas registraban una media cercana a los tres hijos (2,7). ¿Qué ha cambiado desde entonces? Para responder a esa pregunta, Roberto San Salvador del Valle, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad de Deusto, distingue entre lo que denomina «elementos objetivos y subjetivos». En el caso de las variables subjetivas, observa «un cambio de roles de género muy importante», ya que «la función social de la mujer no es ser madre», como sí podría parecerlo hace medio siglo.

Murcia abandona así un club cada vez más reducido, el de las comunidades autónomas donde no hay AVE. Extremadura, Cantabria, La Rioja, Navarra, Asturias... y Euskadi. Desde ayer, la ‘Y’ vasca pasa a ostentar el dudoso honor de ser el proyecto de alta velocidad que más se alarga en el tiempo. La primera piedra se puso en el entorno de Vitoria en septiembre de 2006 y la fecha de inauguración aún queda lejos. Habrá que esperar, como mínimo, seis años. Y no será una apertura ‘total’. Según las últimas previsiones del Ministerio de Transportes, el TAV podrá circular en 2028 entre las capitales vascas, pero es más que posible que para entonces no esté culminado el enlace Vitoria-Burgos, que debe unir el trazado con la red nacional. Tampoco estarán listas las nuevas estaciones soterradas de la capital alavesa y de Bilbao. La primera empezará a funcionar en obras y la segunda, ni eso. Las primeras unidades que lleguen a Bizkaia se detendrán en Basauri. ¿Durante cuánto tiempo? Está por ver. El AVE llegó hace justo un año a Galicia y el pasado verano, a Burgos. El Principado de Asturias será la siguiente estación, si se cumple el reciente anuncio realizado por el Gobierno central y el asturiano, ambos en manos del PSOE. 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se reunió ayer con el lehendakari, Iñigo Urkullu, para exponerle los principales detalles del nuevo plan estratégico de la compañía que se va a desarrollar hasta 2025 y que supondrá unas inversiones en el entorno de los 47.000 millones de euros. Buena parte de esa inversión estará destinada a ampliar la capacidad de producción de energía renovable, que ha sido el hilo conductor de la compañía en las dos últimas décadas. Galán trasladó al lehendakari que en los próximos cuatro años crecerá el impacto económico que genera la empresa en Euskadi en torno a un 15%. Este ejercicio esa contribución se ha estimado en 2.700 millones de euros ya que, además de los salarios que paga la empresa a los trabajadores que tiene en la comunidad autónoma, ha realizado compras a 600 proveedores por un importe de 1.700 millones de euros y ha generado impuestos por un total de 400 millones. Ver nota Iberdrola. 

Iberdrola, primer grupo energético español por capitalización bursátil, anunció ayer que ha llegado a un acuerdo con el grupo Abel Energy para construir una planta de producción de hidrógeno (H2) y metanol verde en Bell Bay, en el norte de Tasmania (Australia), que supondrá una inversión de 1.100 millones de euros. El proyecto, denominado Bell Bay Powerfuels, está respaldado por el Gobierno australiano y, según Iberdrola, será “una de las más grandes del mundo”. La planta producirá 200.000 toneladas de metanol verde al año en su primera fase de desarrollo, una cantidad que llegará a las 300.000 toneladas en su segunda fase, explicaron en Iberdrola, compañía presidida por Ignacio Galán. Iberdrola aprovechó ayer para recordar que ésta es una de las 60 iniciativas en renovables y H2 verde en ocho países distintos. El “objetivo es alcanzar las 35.000 toneladas de hidrógeno al año en 2025 y más de 350.000 toneladas anuales en 2030”. La cifra no es casual. Supera en 50.000 toneladas la producción que se propone alcanzar Cepsa, que hace unos días anunció un faraónico proyecto para sus refinerías en Cádiz. Según la presentación de Cepsa, a la que acudió el presidente del Gobierno, la petrolera invertirá 5.000 millones para crear el mayor centro del fabricación de hidrógeno de Europa, con una producción de 300.000 toneladas al año, previsiblemente hacia el año 2030.

La dirección de ArcelorMittal ha extendido a la planta de Sestao su propuesta de prorrogar durante todo 2023 el actual Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) debido a la baja demanda y los elevados costes energéticos. Así lo expuso ayer al comité sin dar ninguna indicación de cuándo arrancará de nuevo la ACB, que lleva parada desde julio, con solo cuatro meses de actividad este ejercicio. Los representantes de los trabajadores estudiarán ahora la documentación entregada, según señalaron fuentes sindicales. El anuncio no es ninguna sorpresa dado que el grupo angloindio ya había manifestado sus intenciones para el resto de plantas en España, pero tenía que abrir una mesa específica en Sestao puesto que tiene convenio propio. En todos los casos los ERTE vencen a finales de este año y por eso es necesario negociar su prórroga. Las condiciones de los actuales garantizan el 90% del salario bruto anual. La situación de la ACB, que emplea a 270 personas de manera directa, es especialmente delicada. La planta estuvo parada entre diciembre de 2021 y principios de marzo. Ya arrancó con problemas por la escalada de la electricidad tras la guerra, lo que hizo que solo se mantuviera activa entre abril y julio. Tras la parada estival no ha vuelto a ponerse en marcha porque a los costes energéticos se ha sumado la desaceleración económica. Los problemas no son exclusivos de la planta de Sestao. ArcelorMittal también tiene parado el Alto Horno A de Gijón y otras plantas en Europa. 

Siemens Energy ha elevado al 92,72% su participación total en Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) tras concluir “con éxito” el periodo de aceptación de la oferta pública voluntaria de adquisición (opa) en efectivo sobre la empresa. La opa ha tenido una tasa de aceptación del 77,88% del capital al que iba dirigida. En concreto, Siemens Energy ha adquirido un total de 174.686.626 acciones vendidas por los accionistas de SGRE al precio fijo de la oferta de 18,05 euros por acción. En total, Siemens desembolsará más de 3.100 millones de euros. Tras la liquidación de la oferta, Siemens Energy promoverá la exclusión de cotización de Gamesa de las bolsas españolas, un paso que permitirá “simplificar los procesos y centrarse plenamente en el cambio operativo del negocio de Siemens Gamesa”. La integración de Siemens Gamesa “es un hito importante dentro de nuestra estrategia de acompañar a nuestros clientes en la transición energética”, explicaron ayer los responsables de Siemens Energy, cuyo consejero delegado Christian Bruch. Este directivo asumió también la presidencia de Gamesa hace unos días. La exclusión de Bolsa de una empresa cotizada requiere al menos el 75% del capital social en una oferta pública de adquisición voluntaria y, a continuación, se requiere una mayoría simple para la resolución formal en una junta general. Gamesa convocará en breve a sus accionistas a una junta general extraordinaria, que tendrá lugar en los primeros meses de 2023. 

El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de 15 de las 17 comunidades que componen el país es inferior a la media de la Unión Europea, y sólo la Comunidad de Madrid y País Vasco superan la cifra media de los 27. El Instituto Nacional de Estadística (INE) así lo constata con datos referentes a 2021, que publicó ayer, y en los que también se constata que el PIB per cápita del conjunto de España está muy lejos del dato europeo. «La media nacional se situó en 25.498 euros por habitante y la de la Unión Europea en 32.430 euros. Seis regiones superaron el registro medio nacional y dos el europeo», explica el organismo. Estadística también pone el acento en la gran disparidad existente dentro del propio país, muestra evidente de las diferencias entre regiones. «El PIB per cápita de Comunidad de Madrid fue un 36,6% superior a la media nacional en 2021. El de País Vasco, un 29,1% mayor, y el de Comunidad Foral de Navarra, un 21,7%», explica. «En el extremo opuesto, el PIB por habitante de Andalucía se situó un 25,9% por debajo del registro nacional. Y los de Canarias y Extremadura fueron un 25,5% y un 25,2% inferiores a la media de España, respectivamente», añade. El PIB per cápita, explican desde el organismo, va más allá que la renta per cápita ya que tiene en cuenta el crecimiento del conjunto de la economía: con las empresas, las Administraciones Públicas y también la familias. Es un dato, por lo tanto, que refleja de manera fiel cuál es el comportamiento y situación de cada una de las regiones.

Euskadi lidera el ránking en gasto ‘per cápita’ en sanidad y educación. No hay ninguna comunidad que dedique tantos recursos a estos servicios públicos, En el primer caso está un 15% por encima de la media nacional, mientras que en el segundo la rebasa en el 38%. Son datos extraídos de la herramienta actualizada de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha incorporado nuevos indicadores en su última versión. Así, en el denominado ‘Observatorio interactivo de comunidades autónomas’ se puede comparar ahora la posición relativa de cada territorio en sanidad y educación. En el análisis también se incorporan los servicios sociales, aunque en este apartado Euskadi sale muy abajo en el ránking por una distorsión, ya que su competencia recae, en gran medida, en las diputaciones forales y no en el Ejecutivo autonómico. Por esta razón en la suma total de los tres capítulos, el País Vasco desciende a segunda posición en gasto ‘per cápita’, por detrás de Navarra. En concreto, se estima que invierte 3.741 euros por persona, cuando la media es de 3.197 euros. Pero si solo se tienen en cuenta sanidad y educación, Euskadi es líder absoluto, seguida de cerca por Navarra. Esta posición supone un aval para el discurso del Gobierno vasco en un momento delicado por la crisis de Osakidetza. Por el lado contrario, da argumentos a la oposición en Madrid, donde los médicos acumulan ya un mes de huelga. La comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso está por debajo de la media en todos los servicios públicos fundamentales. En sanidad su posición es del 95%, solo por encima de Andalucía. En educación se sitúa en el 89% y en servicios sociales en el 91%. Su gasto en estos tres capítulos es de 2.920 euros ‘per cápita’.

Nuevo enfado mayúsculo de los baserritarras. La organización agraria ENBA de Euskadi denunció ayer en una comparecencia en el Koldo Mitxelena de Donostia los desequilibrios que se producen en la cadena agroalimentaria del País Vasco, y pidió a grandes y pequeños comercios que dejen de cargar márgenes «abusivos» al producto local. «Da la sensación de que todos pueden ganar dinero menos los baserritarras», manifestaron Iñaki Goenaga y Xabier Iraola, presidente y secretario general de la plataforma, respectivamente. El alza de los costes de producción (un aumento del 80% en el pienso, un 120% en el gasto eléctrico o un 40% en carburantes), junto al incremento de los ‘inputs’ necesarios para la producción y elaboración ha llevado a los productores a una situación «asfixiante», provocando que este sector se encuentre con márgenes muy escasos, por no decir «nulos». ENBA subrayó la urgencia de «moderar» el margen aplicado a los productos locales para mejorar lo percibido por el ‘baserritarra’ e «impulsar la venta del producto local». Un informe elaborado por ENBA sobre los precios de venta la público en los comercios constata márgenes «excesivos» del  33% en la carne de vacuno, 4555% en la leche de vaca, 44-55% en el queso, 55% en el yogur, 68% en la sidra, 70-80% en el pollo o 118% en la lechuga. Como consecuencia de estos márgenes «tan desmesurados», denuncia que el producto local se ha encarecido sobremanera y deja a estos alimentos «casi fuera del mercado o en la categoría de alta gama», reduciendo la capacidad de compra de muchas familias al convertirse en productos casi «inaccesibles».

El nuevo plan que apruebe el Gobierno para amortiguar el impacto de la inflación prosigue entre bambalinas a diferentes velocidades, dependiendo de la medida que se trate. Por ahora, la ayuda para que los hogares vulnerables puedan sufragar la cesta de la compra diaria y la modificación del IVA en algunos alimentos son las opciones con mayor posibilidad de ser plasmadas en el Consejo de Ministros del 29 de diciembre, la fecha marcada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar el decreto-ley que será puesto en marcha a partir del 1 de enero. Entre todas las acciones que negocian los ministros de PSOE y de Unidas Podemos, la actuación sobre la cesta de la compra de alimentos básicos va a copar buena parte del protagonismo presupuestario que hasta ahora tenía la bonificación a los carburantes. Aunque inicialmente el Gobierno no era partidario de aplicar una rebaja de impuestos en la cesta de la compra, todo apunta a que habrá cambios en el IVA de una parte de los alimentos básicos para rebajar la imposición que hasta ahora se les aplica. Es decir, «no habrá rebajas generalizadas del IVA», apuntan fuentes de la negociación. Pero sí «descensos en algunos productos». Entre ellos, podría situarse, por ejemplo, el pescado, que ahora tiene un IVA del 10% y que podría pasar al 4%. La legislación actual cuenta con un IVA del 21% para determinados productos vinculados a la alimentación (zumos o bebidas refrescantes), el 10% (pescado, aceites, pasta, yogures, agua embotellada, café o conservas) y del mínimo 4% ( huevos, verduras, frutas, legumbre, pan, queso o leche). Aunque una rebaja del IVA será visible desde el primer día en que se aplique, desde el Ejecutivo insisten en que no es la fórmula con la que se consiga que baje el coste de los alimentos. «Hay que insistir en vigilar los márgenes de las distribuidoras».

«Euskadi es un territorio de referencia mundial en el ámbito de la gastronomía. Ha sabido impulsar la innovación del sector a través de empresas pioneras y de la primera universidad dedicada a ella, el Basque Culinary Center (BCC). Pero carece de un pilar financiero que es clave para su desarrollo, y nosotros queremos construirlo». Así explica el cofundador del fondo de inversión Cardumen Capital, Gonzalo Martínez de Azagra, por qué su empresa decidió lanzar ayer en San Sebastián el primer fondo vasco para la innovación en el sector agroalimentario, que llevará a cabo su primer cierre con un mínimo de 20 millones de euros en marzo y espera crecer hasta un máximo de 50 millones a final de 2023. El Gobierno vasco participa con un 5% del capital, seguido del BCC con un 2% y de Cardumen y la Diputación de Gipuzkoa con 1% cada uno. El resto corresponderá al capital de inversores vascos, españoles, europeos, israelíes y americanos. Establecido con un plazo de 7 años y un retorno esperado del 250%, El también cofundador de Cardumen Capital, Igor de la Sota, añade que «tiene vocación largoplacista y busca ejercer un efecto tractor para otros fondos». Para Asier Alea, director de Desarrollo Global del BCC, «el fondo fortalecerá el ecosistema de la tecnología agroalimentaria, pondrá a Euskadi en el mapa y ayudará a que nazcan nuevas empresas y a que arraiguen en el territorio, porque necesitan estar cerca del capital».

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) comenzará el año congelado. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reconoció ayer que probablemente el Gobierno no aprobará antes de que termine el año la nueva subida para 2023 porque antepondrá buscar un acuerdo con los agentes sociales. Aunque encima de la mesa ya tiene el informe que encargó a un grupo de expertos para que estimaran cuánto debe incrementarse el SMI para cumplir con su compromiso de legislatura y aumentarlo hasta el 60% del salario medio español, tal y como recomienda la Carta Social Europea. El aumento propuesto por este comité oscila entre el 4,6% y el 8,2%. Es decir, supondría elevar entre 46 y 82 euros al mes los actuales 1.000 euros para situarlo entre los 1.046 y 1.082 euros. Un alza que no evitaría la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo de trabajadores, precisamente los más vulnerables –unos dos millones, según estimaciones de los sindicatos– que tienen unos ingresos en la actualidad de 1.000 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas. Más concretamente, este grupo de expertos, tras meses de análisis, ofrece cuatro opciones al Ejecutivo: un alza del 4,6% que aumentaría el salario mínimo a 1.046 euros en 2023; una subida del 5,4% que lo situaría en los 1.054 euros; un incremento del 6,6% que lo elevaría hasta los 1.066 euros; y por último un mayor aumento del 8,2%, que lo llevaría hasta los 1.082 euros.

La CEOE no tiene previsto acudir mañana a la reunión con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para discutir sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023, ya que siguen a la espera de que el Gobierno rectifique y dé marcha atrás en la enmienda pactada con Bildu para reforzar el papel de la Inspección en los ERE. «Todo está como hasta ahora porque lo que se ha pedido es que se dé marcha atrás en la enmienda», confirman fuentes de la patronal, que no tienen intención de acudir al encuentro en la sede del Ministerio a las 9.30 este miércoles, a menos que antes haya un cambio de postura. Fuentes cercanas a Díaz descartan que la enmienda pactada con Bildu vaya a rectificarse, dado que se trata de una potestad del poder legislativo y ya que, además, no ven el problema que puede suponer para cualquier empresa que la Inspección confirme que se dan las circunstancias que alega la compañía para justificar los despidos. Aunque el Gobierno no tiene obligación de negociar con los agentes sociales el incremento del SMI, sí debe consultarles para dar cumplimiento al Estatuto de los Trabajadores y es voluntad del Ministerio de Yolanda Díaz aprobar la subida con acuerdo ahora que la Comisión de Expertos publicó ayer su informe: la recomendación es que el salario mínimo suba como mínimo a 1.046 euros en 2023 y como máximo a 1.082 euros para que equivalga al menos al 60% del salario medio en España. Sin embargo, la patronal no sólo está en contra de subir el SMI sino que además ha dado por roto el diálogo con Trabajo después de que se pactara con Bildu la semana pasada una enmienda a la ley de empleo que, en su opinión, supone cambiar lo acordado en la reforma laboral. 

Los trabajadores del sector de oficinas y despachos de Bizkaia han decidido retomar sus movilizaciones con la convocatoria de una manifestación este jueves, 22 de diciembre, para denunciar que llevan 10 años sin convenio y la patronal sigue sin aportar «ninguna solución». Así lo anunciaron ayer en una comparecencia pública conjunta en Bilbao en la que explicaron que la manifestación ha sido convocada de forma unitaria por los sindicatos ELA, CC OO, LAB, UGT y CGT. Estas cinco centrales han interpelado directamente a la patronal del sector a abordar la negociación de un convenio que afecta en Bizkaia a 30.000 personas. Los convocantes de la movilización denuncian que «es hora de que la patronal deje de secuestrar nuestro convenio porque no podemos seguir con los sueldos congelados» que, además, como consecuencia de las subidas del IPC, la pérdida de poder adquisitivo en el sector es ya insostenible. Algo a lo que la patronal «no da ninguna solución».

Las previsiones que manejaban los expertos hace semenas apuntaban a que el euríbor cerraría el año cerca del 3%. Dicho y hecho. Ayer, el indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España superó esta cifra y se situó en su tasa diaria en el 3,057%, un nivel que no registraba desde diciembre de 2008. Conviene recordar, no obstante, que el euríbor válido para la revisión de un crédito hipotecario será su tasa mensual y no la diaria. Durante todo el presente mes de diciembre el euríbor ha cotizado en el entorno del 2,8%. Sin embargo, tras la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) el pasado jueves, el indicador ha registrado ya dos jornadas por encima de ese nivel. En concreto, el viernes escaló hasta el 2,993% mientras que se situó en el ya mencionado 3,057%. Hace un año se situaba en el -0,5%. En su última reunión del año, el BCE decidió aumentar los tipos de interés en 50 puntos básicos hasta el 2,5%. A pesar de mostrar una moderación con respecto a los dos incrementos anteriores de 75 puntos básicos, el banco central adelantó ese mismo día que los tipos tendrán que continuar aumentando «significativamente» y de forma sostenida hasta alcanzar niveles suficientemente restrictivos para asegurar que los precios vuelvan a situarse en el objetivo del 2% a medio plazo. Si se confirma esta nueva tendencia alcista a cierre de mes, las hipotecas volverán a verse aún más afectadas cuando llegue el momento de su renovación. 

A cinco meses de las elecciones municipales y forales de mayo, el PNV ejecutó ayer todo un estriptis político, la presentación de las conclusiones de ‘Entzunez Eraiki’, el proceso de «escucha activa» que Sabin Etxea arrancó en noviembre de 2021 y cierra ahora con la «devolución» a la sociedad del resultado de los 250 encuentros mantenidos con sectores económicos, sociales y culturales de Euskadi. Un ejercicio arriesgado porque la imagen que devuelve el espejo, que el EBB ha condensado en un documento de más de sesenta páginas –embrión de los futuros programas electorales–, no es todo lo amable que cabría esperar viniendo del propio partido. El texto asume que la sociedad le ve en exceso «conservador» y envejecido, un punto acomodado tras largos años de trayectoria de gestión y le afea su «arrogancia» e incluso «cierta imagen de amiguismo» que se propone desterrar. Una ‘foto’ «sin filtros, sin retoques ni Photoshop», presentada en mitad de tormentas como la que ha sacudido Osakidetza, en la que los denominados ‘ámbitos de mejora’, es decir la autocrítica, «ocupan más del doble» de espacio que los atributos que la sociedad, los expertos y los propios militantes –los tres estratos que han participado en el diálogo con el PNV– identifican como «fortalezas» del partido. El abanico de puntos fuertes incide, sobre todo, en la imagen de confianza y estabilidad institucional que logra proyectar, su vocación pactista, su papel central en el desarrollo del autogobierno, la apertura a los cambios y la vitola de ser «quien mejor defiende los intereses de Euskadi», ahora fieramente disputada por EH Bildu. El presidente jeltzale, Andoni Ortuzar, frente a medio millar de representantes de la sociedad vasca congregados en el Palacio Euskalduna, y en presencia del lehendakari, dejó claro que el PNV «no ha escondido nada» y se ha dejado pelos en la gatera en un proceso que, reconoció, ha exigido vencer «cierto escepticismo» de los expertos externos pero también de «algunos burukides».

Los países de la Unión Europea (UE) lograron alcanzar ayer un acuerdo para aplicar un tope de 180 euros el megavatio hora (MWh) al precio de las importaciones de gas al continente. La propuesta llevaba semanas bloqueada por Alemania y Países Bajos, que veían en este mecanismo un riesgo para la seguridad del suministro. Sin embargo, los ministros de Energía lograron acercar posturas y la herramienta fue adoptada finalmente por mayoría cualificada, con el visto bueno de Berlín, la abstención de Austria y Países Bajos y el ‘no’ de Hungría. El objetivo final de la UE era mandar una «señal fuerte» a los mercados de que el bloque no pagará cualquier precio por el gas, en el marco de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Lo logró después de largas y difíciles negociaciones y del ultimátum dado por los líderes europeos la semana pasada; aunque no por unanimidad. Los Veintisiete ajustaron la propuesta inicial de Bruselas que planteó un techo de 275 euros al gas, muy lejos de lo que pedían países como España, Bélgica o Grecia, principales impulsores de esta iniciativa. El mecanismo podrá entrar en funcionamiento a partir del 15 de febrero de 2023 y se activará automáticamente en cuanto se cumplan tres requisitos: un precio de los contratos a un mes vista superior a 180 euros/MWh durante tres días seguidos y con una diferencia de 35 euros respecto al resto de mercados internacionales. Una vez activado, el mecanismo se aplicará durante 20 días.