20230124

Las tecnologías cuánticas, bajo una arquitectura completamente distinta del universo newtoniano que ha regido la computación hasta ahora, se presentan como el futuro más rompedor y a la vez más próximo. Ante ese universo, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha dado un paso adelante articulando una serie de ayudas para que empresas y agentes expertos en la materia, siempre en colaboración, se atrevan a abordar ese campo por explorar. Y la convocatoria ha sido un éxito. Y es que instituciones y compañías como la Real Sociedad, CAF, Multiverse Computing, Enigmedia, Danobat, Copreci, Countrercraft, Ikergune, Mondragon Goi Eskola, VIVEbioTECH, Fagor Electrónica o AVS se han subido al carro sin dudarlo. «Se abre una oportunidad que tenemos que aprovechar», explica a DV el diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Jabier Larrañaga, quien subraya que «Gipuzkoa y Euskadi tienen todos los ingredientes para convertirse en un polo de referencia a nivel europeo» en la materia. Las ayudas, que buscan impulsar las tecnologías cuánticas en el tejido económico de Gipuzkoa, han superado todas las expectativas posibles. De hecho, revela Larrañaga, «hubo que ampliar el presupuesto, de un millón a 1.275.933 euros para atender la elevada demanda». Ya en 2020 hubo una primera versión, con 435.000 euros destinados a centros de investigación con proyectos en este campo y de la que se beneficiaron Tecnun, DIPC, CIC NanoGUNE y el Materials Physics Center. «En breve habrá nuevas ayudas para poder atender a los proyectos que se han quedado fuera y también a otros individuales», confiesa. Pero, ¿de qué estamos hablamos? Se trata, explican fuentes forales, de tecnologías que intentan aprovechar las propiedades que se presentan a escala microscópica en la que ya no rigen las leyes newtonianas sino las leyes cuánticas. «Estos fenómenos, que ocurren a escala subatómica, permitirán generar tecnologías altamente disruptivas con un gran impacto en la sociedad, que supondrán un cambio de paradigma en muchos campos», añaden.

 El viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno Vasco Adolfo Morais asegura con orgullo que la Formación Dual sigue avanzando su modelo con relevantes novedades. Entre ellas, una de las más importantes es la perspectiva de una mayor de colaboración entre la Formación Dual y las propias empresas. Destaca que se trata de “un concepto de Educación Superior Dual Vasca”. Esta perspectiva de colaboración abre un nuevo y amplio abanico de ofertas que integra niveles educativos para los estudiantes y también para las empresas. Al viceconsejero y a su equipo le corresponde diseñar la política universitaria del departamento, así como el desarrollo del sistema universitario vasco. Además, también gestionan la política de becas y de las diferentes ayudas universitarias. Fomentan, asimismo, el desarrollo científico y tecnológico, junto con el fomento de la cooperación de la universidad con los diferentes centros de investigación tecnológicos. “En el ámbito de las Universidades estamos trabajando en el contexto de colaboración entre los dos ámbitos del nuevo plan de Formación Dual y el nuevo Plan del Sistema Universitario”, explica. En su valoración, la Formación Dual “marca un factor diferenciador” ya que la clave del éxito de esta modalidad es que un alto porcentaje de las horas del ciclo formativo deben reservarse a la formación presencial en el lugar de trabajo. “Las titulaciones que tenemos, ofrecen una perspectiva de profesionalización. Pero esto se acelera con la Formación Dual ya que entramos antes en ese conocimiento de entornos que van a ser nuestro futuro por lo que se consigue mejorar cuestiones que la titulación ya tiene de por sí”.  

El fabricante de trenes Talgo ha conseguido cerrar un acuerdo que le permitirá suministrar las primeras unidades que un operador ferroviario galo adquiere en el mercado español. Le Train, la primera empresa privada de trenes de alta velocidad de Francia, con licencia para la comercialización de operaciones desde diciembre, suscribió ayer un compromiso con la firma española «que abarca la potencial adquisición futura» de una flota de hasta diez trenes de muy alta velocidad basados en la nueva plataforma Avril, que pueden circular a 360 kilómetros por hora. El acuerdo incluye eventuales ampliaciones y la posibilidad de ocuparse del mantenimiento de los equipos en el país vecino, así como la creación de una unidad conjunta de investigación y desarrollo en Nueva Aquitania, según confirmó ayer la empresa española, que cuenta con una planta casi sexagenaria en Rivabellosa en la que trabajan en torno a 600 personas. Sería precisamente esta factoría alavesa la encargada de producir los vagones de los convoyes. Las locomotoras saldrían de la factoría que Talgo tiene en la madrileña Las Matas. La construcción de los diez trenes se iniciaría, según el acuerdo, antes de junio. Las primeras unidades saldrían de los talleres de Rivabellosa (Araba) a principios de 2025. «El diseño a medida propuesto por Talgo nos permitirá desarrollar una experiencia única para el viajero, sobre todo por el transporte a bordo de material de ocio y deportivos, tales como las bicicletas y las tablas de surf», destacó Alain Getraud, Director General de Le Train.

La comarca de Ayala se enfrenta al reto de la innovación en las pequeñas y medianas empresas y en ese objetivo estratégico se han aliado veinte empresas privadas que forman Laudiogrup. Firmas que pertenecen a sectores tan dispares como el mantenimiento o el mecanizado industrial, la ingeniería eléctrica o la calderería y que se disponen a trabajar juntas. «Queremos abordar retos innovadores no sólo a nivel tecnológico o de diseño de nuevos productos, sino de procesos, de gestión o de organización», explicó ayer su presidente, Gorka Aguirre. Muchas de estas empresas ya llevaban tiempo dedicándose a este asunto, pero ahora confían en mejorar su estrategia. «Veíamos difícil atraer ‘startups’ que puedan desarrollar en nuestra zona este trabajo de manera genérica, así que hemos dado la vuelta las cosas y los haremos al revés. Ver qué necesidades tenemos las empresas de la zona, no sólo las de Llodio, y después buscar quién puede resolver estas situaciones», expuso Aguirre. «Así, también podremos atraer ‘startups’ que nos ayuden a innovar allí donde lo necesitamos . Y creemos que para ellas supone una oportunidad de crecer». Este es el proyecto más ambicioso en el que trabaja este grupo de empresas que participará el 2 de febrero en un encuentro abierto en Laudio Hazi para todas firmas de la zona que deseen acudir. Será para una primera toma de contacto porque «solamente a través de la colaboración entre todos los agentes va a ser posible aprovechar la revolución tecnológica en beneficio de nuestra industria», explicó ayer el concejal de desarrollo urbano, Ander Larrinaga, dado que el proyecto cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento.

La capital superó el millón de huéspedes en 2022, pero la ocupación en el resto del territorio se estanca. El precio medio de los hoteles de Bilbao es de 100 euros, el más alto de la historia. El año 2022 fue de récord para el turismo en Bilbao. Los hoteles de la villa superaron por primera vez el millón de huéspedes y sumaron más clientes que en 2020 y 2021 juntos. Y eso pese a situarse el precio medio por encima de los cien euros. Pero la velocidad de recuperación de la capital no es igual en el resto de Bizkaia. Y los datos publicados ayer por el Instituto Vasco de Estadística revelan que el sector no ha terminado de atraer el mismo número de visitantes que antes de la pandemia. La recuperación, sin embargo, es un hecho. Una vez dejada atrás la crisis sanitaria, o al menos las mayores restricciones, el número total de entradas ascendió a 3.340.493 y el de las pernoctaciones en los hoteles vascos a 6.442.631. Los establecimientos de Bizkaia registraron a lo largo del pasado año 1.513.570 entradas, 4.500 menos que en 2019. Pese a que esas cifras pueden calificarse de éxito si se tienen en cuenta los malos datos de los dos años marcados por las restricciones, lo que ponen de relieve es precisamente esa diferencia entre el 'botxo' y las comarcas que lo rodean. Eso y que, quien acude a Bizkaia, lo hace a Bilbao. Concretamente, recoge el Eustat, siete de cada diez personas que durmieron en alguno de los 237 hoteles de la provincia en 2022 lo hicieron en la capital.

El balance de datos de quienes visitaron Gipuzkoa a lo largo del pasado año fue de récord. El territorio registró 2.704.954 pernoctaciones en 2022, con un incremento del 55,8% con respecto al año anterior –que aún estuvo marcado por las restricciones sanitarias–, lo que supone un 42% del total de Euskadi. Las entradas en establecimientos hosteleros vascos alcanzaron los 3.340.493, lo que supone 53,7 puntos más que en 2021. Gipuzkoa aportó 1.384.157 entradas al conjunto del territorio, un 41,1% del total. Las visitas de personas de origen extranjero fueron 108,1 puntos más con respecto a 2021 y un 126,8% de incremento en lo que se refiere a las pernoctaciones. El turismo de origen estatal también creció un 21,6% respecto al año anterior en entradas, y un 20,2% en pernoctaciones. Estos datos se desprenden de la encuesta de establecimientos turísticos receptores realizada por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, en la que se establece que la estancia media en Gipuzkoa fue de 1,97 noches, ligeramente por encima de la media vasca, situada en 1,93 días. En Araba, las cifras de entradas en los hoteles repartidos por todo el territorio sumaron 452.766 personas, lo que supone 46.000 visitantes más que en 2019, el último ejercicio antes de que el virus pusiera patas arriba un sector que aún se recupera del golpe. De hecho, si bien los datos van al alza no llegan a suponer el ansiado despegue. En todo caso, las cifras certifican un crecimiento anual de las entradas del 43,5% en el territorio, que, eso sí, se queda por detrás del 51,8% en Gipuzkoa y del 59,0% en Bizkaia. 

La Policía ha detenido a tres empresarios por explotación laboral a extranjeros en dos restaurantes de Donostia. Trabajaban los siete días de la semana, de lunes a domingo, en jornadas de 12 e incluso más horas en dos restaurantes de Donostia, donde les hacían firmar contratos mensuales de formación con la promesa de regularizar su situación. Les prometían que les darían de alta en la Seguridad Social, aunque luego eran aleccionados para que dieran otra filiación si eran sometidos a una inspección de trabajo. En total, 21 personas estaban siendo explotadas laboralmente en estos dos locales, la Esquina del Senra y el bar Senra, situados en la Parte Vieja, según ha concluido una investigación de la Inspección de Trabajo y la Policía Nacional, y que ha llevado a la detención de tres hosteleros por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores. Los investigados han defraudado 80.000 euros, según informa la Policía Nacional. La noticia ha causado estupor en el sector. La asociación Hostelería Gipuzkoa no dudó en desmarcar al conjunto de hosteleros de estas prácticas, defendió la «honradez y profesionalidad» del sector, y pidió que, si se confirman los hechos, «caiga todo el peso de ley» sobre estos «personajes».

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado por un defecto en la tramitación la orden de 24 de marzo de 2021 que establece el horario mínimo que los centros internacionales deben dedicar a la enseñanza tanto en lengua y cultura castellana como en euskera. La sala de lo Contencioso-Administrativo ha atendido el recurso presentado por el Colegio Americano de Bilbao al considerar que el Departamento de Educación no cumplió adecuadamente con el trámite de consulta pública, lo que va en contra del derecho constitucional a la participación ciudadana. Sin embargo esta decisión judicial no implica que estos colegios, cuatro en Bizkaia y uno en Álava, no tengan la obligación de dar docencia en ambas lenguas oficiales. Todo lo contrario. Al quedar invalidado aquel dictamen entra en vigor la normativa anterior, emitida en 2012 y que establecía un número de horas lectivas en estos dos idiomas aún mayor. De esta forma, estos centros pasarán de tener que impartir un mínimo de 1.050 horas de euskera y otras tantas de castellano y literatura española por ciclo educativo a sumar un total de 2.300 repartidas de forma análoga entre ambas lenguas. La consejería de Educación trabaja ya en la redacción de una nueva normativa, muy similar a la que ha sido anulada en cuanto a horas mínimas que estos centros educativos deberán dedicar a la enseñanza de ambas lenguas cooficiales. La intención es que pueda estar en vigor a lo largo del próximo curso escolar.

Los accionistas de IMQ, la principal aseguradora de salud de Euskadi, aprobaron en junio de 2021 la apertura de un proceso de negociaciones para vender sus títulos a la compañía SegurCaixa Adeslas. En marzo de 2022, en una junta extraordinaria, aceptaron las condiciones, que implicaban entre otras consideraciones la posibilidad de cobrar 255.000 euros por cada paquete de acciones de la compañía. Casi todo estaba previsto para que el traspaso de las participaciones de aquellos socios que quisieran vender se ejecutase el pasado noviembre. La nueva fecha es marzo, pero puede estar también en peligro. La clave es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, no ha autorizado todavía la operación. Aunque diversas fuentes aseguran que el trámite está en la recta final, si la autorización no llega antes de mediados de febrero IMQ deberá establecer un nuevo calendario. El supervisor debe analizar si el acuerdo mercantil genera algún tipo de distorsión en el mercado de los seguros y servicios de salud. Tras Competencia, aún será necesaria la autorización de la Dirección General de Seguros. Fuentes consultadas aseguran que los accionistas que ya han manifestado su deseo de vender ahora su participación representan algo más del 65% del capital social de la compañía. Con ello está garantizado que SegurCaixa Adeslas se hará con el control de IMQ, si bien se han pactado algunas líneas rojas para evitar decisiones unilaterales sobre algunos temas ‘sensibles’.

La entidad presidida por Anton Arriola completó una emisión de deuda preferente por valor de 500 millones con una muy buena demanda de inversores institucionales extranjeros solo horas después de que la firma de calificación canadiense DBRS le diera por primera vez ‘rating’, asignándole un A-low con perspectiva positiva. Según detalló el banco de las kutxas, la demanda para la emisión de esos 500 millones de euros, con un plazo de amortización de 5 años –no cancelable antes del cuarto– fue superior a los 1.200 millones. Finalmente, fueron compradores institucionales y extranjeros –de países como Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda o Corea– los que adquirieron esa deuda, que se colocó con un precio inferior a otras emisiones similares realizadas recientemente. El rendimiento de los bonos se fijó en 110 puntos básicos sobre el denominado ‘midswap’, la referencia utilizada en estas operaciones. Las entidades encargadas de la colocación fueron Norbolsa, Barclays, Crédit Agricole, JP Morgan y Santander. «La emisión nos permite diversificar la oferta disponible de instrumentos de financiación, ampliando la posibilidad de llegar a un número mayor de inversores. Además, refuerza la holgada posición de liquidez ante el próximo vencimiento de las facilidades de liquidez del BCE», el banco.

El próximo 1 de febrero la banca tendrá que empezar a pagar el nuevo impuesto al sector aprobado por el Gobierno para recaudar, según las estimaciones iniciales, 3.000 millones de euros en dos años. Las entidades llevan meses tachando de «injusto, discriminatorio y confiscatorio» este cargo con el que se gravará el 4,8% de los ingresos por comisiones y margen de intereses (diferencia entre lo cobrado por el crédito y lo pagado por los depósitos). Algunas de ellas ya han amenazado incluso con recurrirlo en los tribunales una vez entre en vigor. Sin embargo, la propia Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), rompe una lanza en favor de la medida, al defender su «legitimidad» al haber contado con el visto bueno del Parlamento. Es más, el presidente de la institución, el español José Manuel Campa, aseguró ayer que las entidades están perfectamente preparadas para asumir el coste del impuesto «sin que haya un impacto neto en sus ratios de solvencia». Durante su intervención en un evento organizado pro el Foro Nueva Economía, Campa sí reconoció que habrá un coste que afectará de forma negativa en los beneficios. Pero también dejó entrever que las entidades podrán compensar ese impacto al llegar esta nueva «prestación patrimonial» en un momento de mejora de rentabilidad esperado en los próximos años, ante el ciclo de subidas de los tipos de interés.

La banca ha abierto un frente para rebajar la factura fiscal del impuesto temporal diseñado por el Gobierno. Las entidades están preparando un escudo frente a Hacienda para determinar qué ingresos deberán incluirse en el cómputo para calcular el importe final que abonarán por el gravamen al sector, ya que consideran que deberían quedar excluidos los negocios que no se verán beneficiados por la subida de tipos de interés, como la banca de inversión, los seguros o las comisiones no bancarias. Fuentes del ministerio aseguran que no les consta, pero están abiertos al diálogo. Los departamentos jurídicos y tributarios de los bancos ya se han puesto manos a la obra para discutir cuál es la base real sobre la que debe abonarse el nuevo tributo. Según explican las fuentes financieras consultadas, lo que se está estudiando es el desglose de los ingresos que entrarían en el cómputo y los que quedarían excluidos. Se trata de una cuestión técnica, pero clave, que podría reducir significativamente el importe final que pagarán los bancos y en algunos casos podría liberarles de abonar la prestación. La redacción final de la ley que regula el impuesto al sector financiero señala que se gravará al 4,8% la suma de margen de intereses y comisiones netas de los bancos que alcanzasen 800 millones de euros entre ambos conceptos en 2019, el año previo a la pandemia. De esta forma, el Ejecutivo prevé recaudar unos 1.500 millones de euros en cada uno de los ejercicios en los que estará vigente (2022 y 2023). Sin embargo, a una semana de empezar a ejecutar el primer pago, las entidades explican que los detalles no están cerrados.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el think tank de CEOE, ha identificado dos puntos de inconstitucionalidad de forma y otros dos de fondo en el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas. En total, cuatro argumentos que permiten a la patronal mostrarse segura de que el gravamen caerá más temprano que tarde, una vez que el Tribunal Constitucional lo analice. El centro de estudios de CEOE presentó ayer El impuesto sobre las grandes fortunas. Un análisis académico y doctrinal de su inconstitucionalidad, un documento elaborado por siete catedráticos de Derecho Tributario y Hacienda Pública en el que se denuncia la “inconstitucionalidad”, un “fraude de ley” y el “carácter confiscatorio” del impuesto, así como los efectos que tendrá para la economía española y la seguridad jurídica del país. Las conclusiones de los catedráticos parten del supuesto carácter inconstitucional, tanto en forma como en fondo, del gravamen. En cuanto a la forma, los expertos denuncian que el tributo se aprobó como una enmienda a una proposición de ley cuyo contenido no fue público hasta el pasado noviembre, algo que limitó “de manera absoluta el debate y, por tanto, la posibilidad de mejora del texto legal” al no permitirse la presentación de enmiendas. Los catedráticos también denuncian la “intromisión en las competencias normativas de las comunidades autónomas”. En cuanto al fondo, los visos de inconstitucional se encuentran en otros dos aspectos: el no cumplimiento de los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad, por un lado, y en la falta de seguridad jurídica, por el otro.

“Que invierta su patrimonio en lo que quiera y cuanto quiera”. El último órdago fiscal de Isabel Díaz Ayuso llega en víspera de los comicios autonómico y abre otro frente de batalla con el Ejecutivo central y se sumaría a los generosos incentivos ya vigentes en la región. La presidenta de la Comunidad de Madrid pretende con ello ganar residentes procedentes del exterior, siempre y cuando estén dispuestos a realizar una inversión, aunque esta no sea en la región. A cambio, promete una rebaja en el IRPF que no tiene igual en otras comunidades: una deducción en el tramo autonómico del 20% de lo invertido en la declaración de la renta de los siguientes seis años. Si el incentivo logra ver la luz competirá con los beneficios estatales y atraerá, más que a inversiones productivas, a grandes patrimonios, pensionistas con elevada capacidad y profesionales en activo que no se puedan beneficiar de las ventajas de la nueva ley de start-ups para atraer talento desde el exterior. Varios expertos fiscalistas coinciden en ello: la última flecha lanzada por la presidenta popular en la diana de Hacienda es un incentivo adicional a los ya existentes, más funcional para la atracción de residentes que de inversiones. Primero, porque no obliga a invertir en Madrid salvo que se trate de inmuebles; segundo, porque los incentivos estatales en el IRPF para trabajadores cualificados e inversiones son mucho más potentes. No es casualidad que Díaz Ayuso subrayara que va a ser un “contrapeso al impuesto de patrimonio de Pedro Sánchez”.

Las empresas de distribución de alimentos han cargado contra los “continuos e injustificados” ataques de Unidas Podemos. El último se produjo este domingo cuando la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra (integrante del Ejecutivo de coalición por la parte de Unidas Podemos), llamó a frenar los pies a “capitalistas despiadados” como el presidente de Mercadona, Juan Roig, a quien acusó “de estar haciéndose de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania”, por lo que pidió que se fijen los precios de una cesta básica de alimentos para que no sean superiores a los que tenían antes de la invasión rusa. Mercadona prefirió ayer no realizar comentarios públicos al respecto, pero la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), patronal a la que pertenece el gigante de la distribución, circunscribió las críticas de Belarra a un “posicionamiento ideológico en un año de elecciones”. Fuentes de la organización recalcaron que las causas que motivaron el incremento de precios “siguen presentes”, por lo que la insistencia en que se impida la subida de precios de determinados alimentos carece de fundamento. “La crisis está afectando a todos los eslabones de la cadena y las empresas de distribución son las mismas que garantizaron el suministro en el inicio de la pandemia. Todas hacen esfuerzos para servir al consumidor y la competencia entre ellos es un elemento que favorece la contención y no la subida de precios”, añadió. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió ayer subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) este año «hacia el tramo alto» de la recomendación de grupo de expertos. Eso significaría que el salario mínimo se situaría en 1.082 euros mensuales en 14 pagas, un 8,2% más que en la actualidad. La subida del SMI la decide el Gobierno a finales de año para que entre en vigor el 1 de enero del ejercicio siguiente; no obstante, Díaz optó por retrasar la decisión para intentar consensuarla con los agentes sociales. Sin embargo, la vicepresidenta no aclaró si esta semana convocará a patronal y sindicatos para cerrar esta negociación y poder aprobarla antes de que acabe el mes. En todo caso, el papel de los agentes sociales es meramente consultivo. «Vamos a tener una subida del SMI y conocen mi vocación, es la mejor medida y la más eficaz para combatir la pobreza laboral, que sustancialmente afecta a jóvenes y mujeres», declaró la ministra en un acto de Ayuda en Acción. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, señaló tras las declaraciones de Yolanda Díaz que «no todas las empresas van bien» para poder afrontar la subida del SMI que quiere el Gobierno. «Estamos en un año electoral y nos vamos a encontrar soluciones mágicas», dijo en Zaragoza.

En torno a 70 personas se concentraron ayer frente a la sede de Inspección de Trabajo en Madrid, donde se manifestaron durante media hora para reclamar una mejora de sus condiciones y un refuerzo de la plantilla. La protesta es la antesala de una jornada de huelga de mañana como la del 21 de diciembre (con un seguimiento de en torno al 80%, según los sindicatos) y que se repetirá el 22 de febrero, si no hay avances. El conflicto empezó por el incumplimiento de un acuerdo al que llegaron los sindicatos y Trabajo. Este texto, firmado en julio de 2021 establece tres objetivos: reorganizar la estructura de Inspección, mejorar las condiciones y reforzar la plantilla. “Para la consecución de estos objetivos se han acordado las líneas generales del contenido de la relación de puestos de trabajo que se propondrá a la comisión ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones para su aprobación”, especifica el texto. Sin embargo, no hay avances desde entonces, defienden los sindicatos, porque Trabajo no aplica las mejoras acordadas porque su desarrollo depende del Ministerio de Hacienda (donde está integrada Función Pública), y este no acelera los planes. Trabajo depende de Unidas Podemos y Hacienda, del PSOE. “El Ministerio de Trabajo nos da largas diciendo que está negociando con Función Pública, pero ya estamos en 2023 y no hay visos de cumplir el acuerdo. Esperamos que Trabajo dé un golpe en la mesa y haga cumplir ese acuerdo. Hay un Gobierno, no dos”

La Unión Europea, en general, y Alemania, en particular, se han percatado con la crisis energética motivada por la invasión rusa de Ucrania cuál es una de las debilidades del Viejo Continente: la dependencia del exterior. Ya ocurrió en la pandemia, con la fabricación de mascarillas. Y después con la crisis de semiconductores y tecnologías. Por eso, Berlín se acaba de sumar al proyecto del H2Med, el corredor que permitirá transportar hidrógeno limpio a través de la península ibérica hacia el norte de Europa. Y desconectarse de Moscú. Estas son las claves de un proyecto que nació bajo la necesidad de transportar gas natural a través de los Pirineos y que ha derivado en una infraestructura que unirá Barcelona con Marsella. El proyecto final del H2Med discurrirá entre la costa catalana y la francesa a través de un conducto de unos 360 kilómetros de recorrido. Transportará unos 2 millones de toneladas de hidrógeno verde al año entre Francia y Portugal a través de Barcelona y Zamora. El corredor tendrá un coste que rondará los 2.500 millones de euros y podría estar listo a finales de esta década. Supone el fin del proyecto MidCat, la unión por tierra con Francia completada parcialmente hasta la provincia de Girona, aunque aspiraba a llegar hasta Toulouse.

La UE romperá los lazos con su mayor proveedor externo de gasóleo cuando a principios del mes próximo entren en vigor las sanciones a las importaciones de combustible refinado de Rusia. La medida, que a partir del 5 de febrero coincidirá con una limitación mundial de los precios de los combustibles refinados rusos respaldada por el G7 – similar a las medidas ya aplicadas al crudo desde diciembre– puede desencadenar más turbulencias en el mercado global del petróleo. El suministro de gasóleo escasea, lo que contribuye a que los precios en el surtidor sean muy superiores a los de la gasolina en muchas regiones. Los países europeos son los mayores consumidores de gasóleo del mundo y durante décadas, Rusia ha sido su principal fuente de importaciones. Uno de los principales operadores de petróleo de una empresa europea de materias primas aseguró que cabe la posibilidad de que se produjera un “nefasto espectáculo” en los mercados del petróleo en las próximas semanas, debido a los retos logísticos que ello implica, dado que todo apunta a que la reapertura de la economía china impulsará la demanda. “Cualquier déficit de las exportaciones de productos rusos podría coincidir con una mayor demanda en China, tensando aún más los mercados y aumentando la perspectiva de subidas de precios que renueven la presión inflacionista”, opina Henning Gloystein, analista de Eurasia Group.

Los boletines oficiales, del Estado y de las comunidades autónomas, llevan días echando humo. La cascada de resoluciones administrativas sobre declaraciones de impacto ambiental de centenares de proyectos es una constante jornada sí jornada también. Estas prisas tienen una explicación: están en el limbo y, de no recibir el visto bueno antes de mañana, caerán al cajón del olvido. Los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y, sobre todo, de las autonomías, apuran las últimas horas para dar el visto bueno a decenas de proyectos. El mayor cuello de botella, según media docena de fuentes del sector, está en la segunda pata, la autonómica, por lo general más rezagada. Mientras que el Gobierno central, por boca de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se ha comprometido a que “el 100% de los proyectos cuya valoración depende del ministerio” estén “resueltos” el 25 de enero, la realidad es radicalmente distinta en un puñado de regiones. En cualquier caso, fuentes del ministerio descartan cualquier tipo de peligro para el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la verdadera hoja de ruta de las renovables: “No hay riesgo ninguno; eso seguro”. “La inmensa mayoría de comunidades nos aseguran que están en condiciones de hacerlo, sí nos preocupa que alguna esté aún con la inquietud de si va a ser capaz o no de resolver estas tramitaciones”, deslizaba Ribera la semana pasada. 

El fabricante de vehículos estadounidense Ford planea recortar 3.200 puestos de trabajo en Europa, según afirmó ayer el sindicato alemán IG Metall en declaraciones recogidas por Reuters. Entre esos trabajadores afectados se encontrarían 2.500 personas dedicadas al desarrollo de producto y 700 empleados de administración. Según explicó el sindicato, el plan de la compañía es llevarse parte del trabajo de desarrollo de producto a EE UU. Si bien IG Metall señaló que el recorte se produciría sobre todo en Alemania (Ford tiene allí importantes centros de producción, como su sede europea en Colonia y la fábrica de Saarlouis), también habrá despidos en España, en la fábrica de Almussafes (Valencia), que cuenta con 6.000 empleados. La automovilística indicó que quiere redimensionar el tamaño de su plantilla en la factoría valenciana para adaptarla a la llegada de los vehículos eléctricos, un tipo de coche que requiere menos mano de obra. Según palabras de Martin Sander, director de la división de coches eléctricos de Ford (llamada Model e) en Europa, la reducción de mano de obra entre el coche eléctrico y el de combustión oscila en la fase de producción entre el 30% y el 50%.

La polémica reforma de las pensiones de Emmanuel Macron fue aprobada ayer en consejo de ministros a pesar de las protestas de los franceses. El presidente francés pretende elevar la edad de jubilación de los 62 años a los 64 en 2030. Esta medida busca «el restablecimiento del equilibrio del sistema con 18.000 millones de euros de ahorro», explicó Olivier Dussopt, titular de Trabajo, quien dejó claro que ceder sería «una falta de responsabilidad para las generaciones futuras». Aun así, dijo que se han introducido mejoras: se tendrán en cuenta «las carreras largas» y la dureza del trabajo. La izquierda, los sindicatos y la extrema derecha afirman que es una reforma «injusta» y «brutal», pues obligará a los franceses a trabajar dos años más que ahora y cotizar 43 años. La Asamblea Nacional comenzará a examinar el texto el día 30 y luego lo hará el Senado. Para ser aprobado, Macron y sus aliados necesitan a Los Republicanos, la derecha moderada, ya que no tienen mayoría. El Gobierno confía en que la reforma entre en vigor a finales de verano. Los sindicatos han anunciado una segunda gran jornada de marchas el 31 de enero para exigir la retirada de la norma. 

El ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, advirtió este lunes del deterioro “sin precedentes” que padece la salud fiscal del país debido, en parte, a la “respuesta presupuestaria ante la crisis del coronavirus y otros problemas similares”. La deuda pública nipona es más del doble de su producción económica anual, lo que convierte a Japón en el país industrializado que afronta una mayor presión. Las declaraciones de Suzuki llegan días después de que el banco central optase por mantener intacta su política monetaria ultraflexible y en un momento en el que la inflación ha alcanzado un tope sin precedentes en las últimas cuatro décadas. En su intervención en la primera sesión parlamentaria del año en Japón, Suzuki enfatizó que las finanzas públicas “son la piedra angular de la confianza en un país” y destacó la necesidad de “garantizar el espacio fiscal suficiente para evitar que el bienestar de sus ciudadanos se vea socavado en momentos de emergencia”. El endeudamiento público de Japón es el mayor entre los países del G7 (grupo de los siete países más desarrollados), y se ha visto agravado en el último año por la pandemia de Covid-19 y por el aumento global de la inflación. En 2021 se situó en un 262,5% de su producto interior bruto (PIB), según datos del Fondo Monetario Internacional. Más del 51% de los bonos de deuda pública de Japón está en manos del banco central.