20230213

Dirige el que, probablemente, es el mejor termómetro de la temperatura económica del entorno y los datos del último año tienen zonas claras y otras oscuras. Un descenso en el tráfico de mercancía general, que revela una desaceleración, junto al impacto de las dificultades logísticas, son el lado negativo. El positivo ha estado marcado por la ebullición en el mercado del petróleo y del gas. Ricardo Barkala, el presidente del Puerto de Bilbao, está convencido de que el futuro de esos muelles es «muy prometedor». Sin conflictividad entre los estibadores, con un buen número de proyectos industriales entre manos, con un ‘Brexit’ que ha impulsado el tráfico marítimo con Reino Unido y un relanzamiento de la economía a partir del segundo semestre de 4045, cree que hay mucho camino despejado. Incluso, apunta, se ha disuelto la mala imagen que arrastraba el puerto vizcaíno. "El petróleo y el gas salvan buena parte de la estadística. Es cierto, pero también hay otro tipo de tráficos que han evolucionado de forma muy positiva. Por ejemplo el ‘ro-ro’, la mercancía que llega en remolques de camiones en el interior de buques. Brittany Ferries ha puesto dos barcos nuevos y el doble de grandes de los que tenía. Vamos a tener seis escalas semanales con Reino Unido e Irlanda...Es conocido que ha surgido un problema por la escasez de chóferes de camiones y eso ha hecho que se reduzca el tráfico de estos vehículos que atravesaban Francia para llegar a Inglaterra. Hemos captado parte de ese tráfico y va a seguir creciendo. El ‘Brexit’ nos ha generado complicaciones burocráticas pero nos ha dado más actividad...El tiempo lo cura casi todo y afortunadamente nos hemos quitado el sello de conflictividad. Pero hay que reconocer que no hemos recuperado algunos de los tráficos que se han ido como consecuencia de las huelgas..."

El despliegue de puntos de recarga para vehículos eléctricos en España ha desatado todo tipo de tensiones políticas y empresariales. Las petroleras como Repsol, Cepsa y BP cargan contra las grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa y Naturgy por ralentizar a propósito las conexiones necesarias a la red eléctrica de esas electrolineras. Entre las propias eléctricas también hay trifulcas porque las redes de distribución –necesarias para que los puntos de recarga tengan flujo eléctrico–, pertenecen a distintos grupos según cada región, pero todas las eléctricas quieren desplegar instalaciones en todo el territorio. Las energéticas, a su vez, cargan contra la Administración (sea local, autonómica o estatal) por el atasco burocrático en la tramitación de permisos. Hay unas 40.000 solicitudes pendientes de resolver, lo que supone cerca de 6.000 millones de euros de inversión en juego. La situación es tan absurda que se están dando situaciones en las que, aunque haya puntos de recarga ya instalados –en las gasolineras, en los párking públicos u otro tipo de recintos–, en realidad no tienen luz. No están operativos porque falta algún permiso de enganche a la red o cualquier otro documento final. Este colapso no sólo provoca que España se sitúe a la cola de Europa en el despliegue de electrolineras, con 1,6 puntos de recarga cada 100 kilómetros, frente a 64 kilómetros en Países Bajos, o 27 en Portugal, por poner algunos ejemplos. Además, España está incumpliendo sus propias metas. Estén o no operativos, en estos momentos se estima que existen en España entre 16.000 y 18.000 puntos de recarga ya desplegados. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia lanzado por el Gobierno en 2021 contemplaba un despliegue a medio plazo de entre 80.000 y 100.000 puntos de recarga eléctrica.

Aunque comercialmente se han creado enormes expectativas con respecto al coche eléctrico en España, la verdad es que su despliegue, y el de toda la infraestructura de puntos de recarga que necesita para ser una realidad de mercado, va a paso de tortuga. Sobre todo si se compara con otros países del entorno. El parque de vehículos eléctricos puros en España se sitúa en unos 206.000 según datos de la Dirección General de Tráfico. Las ventas de vehículos eléctricos puros en 2022 ascendieron a 36.450. En términos de porcentajes con respecto a a las ventas del total de vehículos la cifra apenas alcanza el 3,7 %. Es un número prácticamente irrelevante comparado con el 80% de Noruega, o el 23% de Países Bajos. En Alemania, el porcentaje llega al 18% y en Francia al 14%. Incluso Portugal, que en términos energéticos siempre se ha comparado con España como el patito feo, el porcentaje es muy superior, con el 11%. Lo peor no es el escaso volumen de ventas de eléctricos con respecto al total, sino el limitado impulso que tienen. Las ventas de eléctricos entre 2022 y 2021 crecieron un 20%. Aparentemente es mucho. Hasta que se compara con Alemania o Francia, donde se duplican (más del 100%).

Desde que la Unión Europea puso fecha de defunción a los coches de combustión (en 2035 ya no se podrán matricular vehículos de este tipo), los Gobiernos del Viejo Continente se han lanzado a una carrera para atraer la producción de coches eléctricos y de baterías, un elemento clave de estos automóviles que a día de hoy se fabrica sobre todo en Asia. Alemania, principal productor automovilístico de Europa, se ha dado prisa y ya se ha asegurado varios proyectos de fabricación de baterías que, en total, suman una capacidad de 264 GWh, según datos recopilados hasta noviembre por CIC energiGUNE, el centro de investigación para almacenamiento de energía electroquímica y térmica del País Vasco. España, que es actualmente el segundo productor de coches del continente (en 2022 ensambló 2,2 millones de unidades), sin embargo, no va tan bien en la carrera de las baterías. Hasta el momento, nuestro país se ha asegurado los proyectos de producción de baterías del grupo alemán Volkswagen en Sagunto, con 40 GWh; Envision en Navalmoral de la Mata, con 30 GWh; Phi4tech en Badajoz, con 10 GWh; y Basquevolt en Vitoria, que podrá producir, cuando alcance su máximo, 10 GWh. Todo esto hace una capacidad futura de 90 GWh, posicionando a España como la cuarta nación de Europa en ensamblaje de celdas de baterías. Por delante de nuestro país se encuentra Hungría, que a día de hoy apenas es el duodécimo productor de vehículos del Viejo Continente, pero que se ha asegurado ya varios proyectos importantes de producción de baterías. Estos son el del gigante chino Catl, el mayor fabricante de este componente en el mundo, que ha anunciado una gigafactoría de 100 GWh en Debrecen, la cual se prevé que comience a funcionar en 2025, y en la que invertirá 7.340 millones. Solo esta planta ya supera toda la capacidad de producción de baterías anunciada para España. Tras Hungría se sitúa Francia. 

Entrevista con José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). El jefe de la agencia europea, que ha lanzado un nuevo test de estrés para las entidades del continente, se muestra preocupado por los mensajes que vuelven a golpear la reputación de la banca. Durante la entrevista, defiende al sector, pero también le invita a cambiar algunos comportamientos. "-La gran banca ha presentado resultados de 2022, con unos 21.000 millones de beneficio. ¿Son unas ganancias excesivas o la vuelta a la normalidad?- El sector europeo ha tenido rentabilidades por debajo del coste de capital durante muchos años. Y esta es una de las anomalías que a medio plazo tendrían que normalizarse. Ahora hemos visto algunos de los bancos españoles con beneficios en máximos históricos. Y eso es un proceso, en parte, de normalización. Tengo más dificultad en definir qué es un beneficio excesivo, porque al final los beneficios tienen que dar una rentabilidad adecuada al capital...Los bancos tienen que involucrarse con aquellos clientes con dificultades para hacer frente a sus obligaciones financieras. Y lo están haciendo. En España se aprobó la ampliación del Código de Buenas Prácticas con medidas de apoyo a los más vulnerables. Eso va en la dirección correcta...El impuesto está propuesto por el Gobierno y aprobado por el Parlamento. Es legítimo. No hay nada más que decir. Y coyunturalmente, no creo que tenga impacto negativo en la solvencia de las entidades o en la menor provisión de crédito para la economía..."

Las instituciones vascas estudiarán este mismo mes cuál será el destino de los más de 400 millones que se estima que Euskadi podría recibir en dos años a través de las nuevas tasas aprobadas en la última Comisión Mixta de Concierto a empresas energéticas y bancos. El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, compareció el viernes en el Parlamento Vasco para informar del resultado de dicha comisión celebrada el 27 de diciembre del año pasado. Azpiazu ha adelantado que el próximo 15 de febrero el Consejo Vasco de Finanzas, en el que están representados los niveles institucionales de la comunidad, analizará a qué se dedicarán los recursos que se conseguirán a través de estas tasas temporales para que luego se defina cuál debe ser el reparto interno entre los territorios. El consejero ha recordado que en la Comisión Mixta se acordó que el Estado aportará financiación a Euskadi para hacer frente a las "excepcionales consecuencias económicas y sociales" derivadas de la guerra en Ucrania y a los problemas de oferta y de suministros por la pandemia. Esta financiación será el 6,24 % del volumen de ingresos que recaude el Estado, generados por los gravámenes temporales a las energéticas y a los bancos en 2023 y 2024. En estos dos ejercicios, Euskadi podría recibir entre 400 y 450 millones de euros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el consejo de ministros aprobará este martes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.080 euros al mes y pidió “coherencia” y “responsabilidad” a la patronal. “No se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de arriba. En este país no puede haber doble vara de media, una para la mayoría para la gente de pie, y otra para la minoría elitista de este país”, afirmó Sánchez en su intervención en el acto de presentación del candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez. El jefe del Ejecutivo subrayó que con esta subida el Gobierno seguirá cumpliendo su compromiso con los trabajadores, como, ha destacado, también se hizo con la reforma laboral. Ahora, ha señalado que para mejorar la situación “hace falta” que los empresarios “se sienten con los sindicatos para poder aumentar el salario de los trabajadores”. En este sentido, criticó que la derecha diga que el Estado del bienestar en España “está sobredimensionado” y ha recordado que “muchos viven por debajo de las necesidades”, por lo que abogó por seguir reforzando el Estado del bienestar con pasos como la subida del SMI. Sánchez negó que en España haya un Estado sobredimensionado y que los ciudadanos vivan por encima de sus posibilidades, y explicó que lo que está ocurriendo en los últimos 15 años es la “erosión” de la clase media y trabajadora, ya que mientras los precios han subido en ese período un 16-17%, los salarios lo han hecho un 10%. “Es decir, se ha perdido poder adquisitivo”, incidió Sánchez, que reiteró su compromiso de hace cuatro años de lograr “el 60% de salario medio como salario mínimo interprofesional”, lo que, subrayó, se va a cumplir en el próximo consejo de ministros. Y advirtió de que “ahora lo que hace falta es que los empresarios se sienten con los trabajadores para subir los salarios”.

Pedro Sánchez adoptó este domingo en un mitin en Málaga la línea de Díaz y se lanzó a señalar a Garamendi por su mejora salarial–pasa de 350.000 a 380.000 euros– con el mismo argumento que la ministra de Trabajo: «Pido coherencia a la patronal:no se puede reclamar sacrificios salariales a los de abajo cuando hay un festín para los de arriba». El presidente de CEOE se revuelve ante lo que califica de «campaña contra contra los empresarios» y explica así su sorprendente cambio laboral: «Es que no hay nada que ocultar y lo han aprobado por unanimidad los 275 miembros de la junta directiva». Señala que, como tiene otras actividades empresariales además de su labor al frente de CEOE, él no estaba en plantilla hasta ahora de la patronal. «Soy también vicepresidente de Aenor», recuerda. Sin embargo, la Comisión de Control de CEOE que preside ahora Alejandra Kindelán concluyó que era más adecuado dar de alta a Garamendi y ofrecerle un contrato de alta dirección como a los presidentes y consejeros delegados de empresas. «Si lo consideran mejor yo lo acepto, aunque no lo pedí. Lo que sí me parece mal es que se distorsione todo esto», señala ante el ataque del Gobierno. «Ni me suben el sueldo un 9% este año ni voy a dejar de cotizar a autónomos», recalca Garamendi. En cuanto a lo primero, asegura que este año su incremento es del 3% como al resto de plantilla de la patronal y que el resto responde a actualizar su sueldo con las revisiones que hubo para otros empleados de los últimos años. «Es una subida del 9% en cinco años. Si se quiere comparar con la del SMI, ha sido del 45% en cinco años», se defiende el vasco. Y, en todo caso, el presidente de CEOE asegura que seguirá cotizando también, con independencia del cambio, en el régimen de autónomos. Considera que es lo que le corresponde al mantener otras actividades empresariales además de la que centra su vida al frente de CEOE. 

Parece claro que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la propia organización han cometido un error de imagen y de reputación, que al final es lo mismo, al subir en este momento las retribuciones del primero un 8,5%, desde los 350.000 a los 380.000 euros brutos anuales. En este momento, porque es un caso claro de que la propia confederación empresarial no predica con el ejemplo. Justo, cuando acaba de oponerse a que el Salario Mínimo Interprofesional suba un 8%, ochenta euros, desde 1.000 a 1.080 euros mensuales. Desde 14.000 a 15.120 euros al año. La renta de 2,5 millones de trabajadores. Cuando CEOE y Cepyme sostienen que la subida del SMI ahoga a muchas empresas y provoca la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo. En este momento, en el que la patronal se niega a negociar con los sindicatos un acuerdo salarial de convenios para el trienio 2022-2024. Entre otras cosas, porque, hasta ahora, los sindicatos han pedido que las retribuciones suban con la inflación. Es decir, lo mismo que ha hecho la CEOE con su presidente: un 8,5%, que es la media del Índice de Precios de Consumo (IPC) del año pasado. Es verdad, que la CEOE pide “respeto” para una decisión de sus órganos de dirección, pero no tiene razón. En primer lugar, porque Garamendi es el portavoz de los empresarios ante la opinión pública, que dice que los salarios del conjunto de los trabajadores no pueden subir lo mismo que el Índice de Precios del Consumo. La negociación colectiva cerró el año pasado, con un incremento medio del 2,7%, 5,8 puntos menos que la subida media del 8,5%. 2023 ha comenzado con un incremento medio del 2,8%, tres puntos menos que la tasa media anual de enero, que fue del 5,8%. En segundo lugar, porque CEOE y Cepyme reciben subvenciones públicas, igual que todos los sindicatos de este país. Entre otras cosas por su participación en instituciones como la Seguridad Social o el SEPE...La patronal, que es una de las instituciones rectoras de la economía, con influencia social, y que maneja fondos públicos, no puede socapar en una decisión de sus órganos de dirección, un acto manifiesto de insolidaridad con tantos trabajadores y familias que tienen el sueldo congelado y atraviesan por tantas dificultades. Una economía de mercado libre no es óbice para demostrar la solidaridad de las organizaciones empresariales y de las grandes compañías con los ciudadanos cuando éstos lo están pasando mal en un momento de crisis. Eso sí es mejorar la imagen social de los empresarios.

Las cúpulas del Ibex-35 se enfrentan a una oposición creciente a sus retribuciones en las próximas juntas de accionistas. Los inversores cada vez son más exigentes y este año apunta a que el tema estrella en los cónclaves de las grandes compañías serán las retribuciones de sus altos directivos y consejeros, señala Carlos Sáez, ‘country head’ de Georgeson, compañía que asesora a las empresas cotizadas. En las próximas juntas se mirará que no haya pagos extraordinarios a los consejeros ejecutivos. Una práctica especialmente penalizada en el mercado internacional. «Un mal desempeño en materia retributiva puede contaminar a los consejeros», advierte el experto. Las cotizadas españolas han hecho un intento de alinear sus políticas retributivas con los estándares internacionales, pero no tiene sentido que compañías que han despedido gente o reciben ayudas del Estado planteen subir la remuneración del primer ejecutivo, matiza el responsable para España de Georgeson. En las juntas de accionistas celebradas en 2022 se produjeron rechazos históricos y está por ver qué ocurrirá en las que están a punto de iniciarse este año. Así, el informe de remuneraciones de los consejeros de Telefónica de 2021 recibió el año pasado un rechazo del 42,9% de los accionistas, incluyendo el voto en contra del fondo de inversión británico BlacRock. La causa principal del rechazo fue una gratificación extraordinaria de 22,6 millones de euros que se repartieron 156 directivos tras la fusión de O2 con Virgin Media en Reino Unido y la venta de las torres de Telxius. También hubo un fuerte rechazo en la junta del Banco Sabadell del año pasado, cuando más del 38% votó en contra del informe de remuneraciones de 2021. El entonces consejero delegado Jaume Guardiola recibió casi 24 millones por su jubilación y el presidente, Josep Oliú, percibió 9,3 millones tras dejar sus funciones ejecutivas. Por su parte, Iberdrola obtuvo un rechazo que nunca había visto a las retribuciones de su consejo –incluidos los 13,2 millones para su presidente, Ignacio Sánchez Galán–, con la oposición de casi una cuarta parte del voto.

José Luis Bonet (Barcelona, 1941) inició en diciembre su tercer mandato al frente de la Cámara de Comercio de España, entidad pública que representa y defiende los intereses de las compañías nacionales. Bonet atiende a EXPANSIÓN para analizar las medidas planteadas por el Gobierno para aliviar las nefastas consecuencias de la crisis provocada por la guerra en Ucrania y opina sobre el SMI y sobre las críticas que se han producido en el seno del Gobierno a los empresarios. "Ione Belarra está equivocada, Juan Roig es un gran empresario; Hay exabruptos que califican a quien los dice. El SMI debe subir, pero con sentido común. Lo que no se puede hacer es llevar a las empresas a la inviabilidad. Los impuestos a la banca y a las energéticas caerán en los tribunales; creo que tienen otro propósito. En España todavía hay quien discute el modelo empresarial; están trasnochados en el siglo XIX...Yo soy optimista y 2022 no ha sido ningún desastre. ¿Por qué soy optimista? Por varias razones. La primera es la estabilidad, España es un país seguro, con normalidad en las calles, aunque haya algunos que se manifiestan. La segunda es absolutamente clave y es el ánimo de los empresarios. No les veo preparados para la muerte, quieren luchar. El ánimo está ahí: encuestas que hemos hecho demuestran que existe no sólo en grandes empresas sino en todo el tejido empresarial. Otra razón a la que le doy mucha importancia es la entrada de turistas extranjeros. Dicen que el turismo es el 12% del PIB, pero es más que eso, porque arrastra a toda la economía: al alimentario, al comercio, a los servicios... Todos los sectores están regados por él. Todas estas razones podrían quedar negadas si hubiera otro cisne negro, pero soy optimista..."

La reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2021 y que desplegó todos sus efectos en la primavera del año pasado ha supuesto una conversión masiva de contratos temporales en contratos indefinidos –tanto ordinarios, como fijos discontinuos– lo que tendrá un impacto en las relaciones laborales dentro de las empresas: se reforzará la presencia de los sindicatos con más representantes de los trabajadores, sobre todo en los sectores en los que hay mucha incidencia de trabajo temporal. El cambio se debe a que el Estatuto de los Trabajadores estipula, en su artículo 66, que para determinar cuántos miembros debe tener el comité de empresa (el órgano que representa a los trabajadores, que se renueva cada cuatro años) se tendrá en cuenta el número de trabajadores de la misma: si hay de 50 a 100 empleados, el comité tendrá 5 miembros; si son de 101 a 250, tendrá 9; si son de 251 a 500, tendrá 13; si la plantilla tiene entre 501 y 759 trabajadores, habrá 17 representantes sindicales; de 751 a 1000 trabajadores, serán 21; y si son más de mil, habrá dos representantes sindicales por cada mil empleados, con un máximo de 75. La clave está en cómo se mide cuántos empleados tiene una empresa cuando ésta recurre a trabajadores temporales o fijos discontinuos, que no están trabajando todo el año. El artículo 72.2 estipula que los temporales se contabilizaran en función del número de días trabajados y que tendrán que trabajar al menos 200 días para computar como un trabajador ordinario. Sin embargo, los fijos discontinuos «se computarán como trabajadores fijos de plantilla», independientemente del número de días que trabajen en el año.

La escasez de mano de obra se agrava en la construcción de vivienda por la falta de relevo generacional, un problema que está afectando al sector promotor. La carencia va desde distintos oficios a los jefes de obra, con especial afección en grandes urbes, islas y alguna zona de costa. “No hay relevo generacional, las personas jóvenes no ven atractivo trabajar en la construcción”, confirma Daniel Cuervo, secretario general de APCEspaña, la patronal de los promotores. Ignacio Miyar, mánager de LHH Recruitment Solutions (Grupo Adecco) coincide en que una razón es la falta de relevo generacional, “además de la necesidad de mayor diversidad e inclusión laboral, la alta siniestralidad de este sector y, muy especialmente, la escasez de trabajadores cualificados capaces de gestionar las nuevas innovaciones y tecnologías que están llegando”. Además, el experto de Adecco recuerda que después del estallido de la burbuja inmobiliaria a partir de 2008, “la fuga de talento fue muy relevante y aún no hemos visto una recuperación”. Los datos son bastante claros en ese sentido. Si en el primer trimestre de 2008 había 2,7 millones de personas trabajando en la construcción (incluyendo la obra civil), según los datos de la encuesta de población activa, en el tercer trimestre de 2022 la cifra había caído hasta 1,3 millones de empleados. El peso de esta actividad pasó del 13% del total de ocupados a ser, actualmente, el 6%, según esa misma estadística.

La Formación Profesional en España está a punto de experimentar su mayor transformación en décadas. El borrador del nuevo decreto de ordenación de la FP, al que ha tenido acceso El País, implanta nuevas asignaturas obligatorias en todos los ciclos de grado medio y superior, como inglés, digitalización y sostenibilidad del sistema productivo. Permite matricularse fácilmente de asignaturas sueltas (una opción pensada para los trabajadores), tunear titulaciones agregándoles materias de otros ciclos, o concentrar toda la carga lectiva de una formación en un solo día a la semana. Aumenta las horas de prácticas en empresas. Incorpora nuevas figuras a los centros educativos para aprovechar el conocimiento “sénior” de los docentes jubilados o la experiencia laboral de profesionales externos en activo. Y crea grados conjuntos de FP básica y media para combatir el abandono escolar. La Formación Profesional es la etapa educativa con mayor auge: sus matriculaciones han crecido hasta acercase a los 1,1 millones de estudiantes, jóvenes y no tan jóvenes. Y su reforma está siendo mucho más tranquila que la de la etapa obligatoria, el bachillerato o la Universidad. La FP lleva, además, tiempo conectada a la realidad y siendo una enseñanza competencial, dos elementos que la nueva normativa, que el Gobierno prevé aprobar antes del verano, potencia. El real decreto desarrolla la Ley Orgánica de FP aprobada en 2022 y obligará a las administraciones a integrar en una misma planificación la oferta de los centros educativos y de los centros de formación para el empleo (la orientada a trabajadores y desempleados).

La actividad económica está próxima a recuperar las cifras previas a la crisis del coronavirus, y el empleo ya lo supera con creces (al menos, en cuanto al número de trabajadores), pero el poder adquisitivo de los ciudadanos no podría estar más lejos, debido al efecto combinado que supone la espiral inflacionista junto con el estancamiento las horas trabajadas y la contención salarial para evitar que la situación se agrave y acabe desembocando en pérdidas de empleo. De hecho, los españoles han perdido un 7,8% de poder adquisitivo desde 2019 mientras que el resto de los países desarrollados ya han salido de la crisis de la pandemia y ganan un 1,9%, de acuerdo con las cifras publicadas la semana pasada por la Organización para la Cooperación y el desarrollo económicos (OCDE). En concreto, España sufrió una gran pérdida de poder adquisitivo del 8,8% al inicio de la pandemia, debido al desplome del empleo, que tuvo especial incidencia en el sector turístico, si bien los ERTE y el Ingreso Mínimo Vital consiguieron atemperar la pérdida de ingresos. De hecho, el efecto combinado de la recuperación del empleo por el rebote de la actividad con el desconfinamiento y de la caída de los precios por la debilidad de la demanda internacional logró que en un primer momento los ciudadanos mejoraran su capacidad de compra ligeramente, con un incremento del 0,8% respecto al inicio de la pandemia.

Izaskun Larrañaga, consejera delegada del Grupo Lacor Ibili, y Leire Etxetxikia, directora de Operaciones Central en España y Portugal de DHL, son dos ejemplos de que el talento, la dedicación y la valentía pueden romper muros y llevar a mujeres a altos puestos en empresas. Una, Larrañaga, lo ha logrado en una empresa familiar de Bergara dedicada al menaje y el equipamiento de cocina, referente en el sector. La otra, Etxetxikia, ha conseguido el éxito profesional en una gran multinacional. En ambos casos, se trata de dos referentes para las empresarias y trabajadoras y por ello han sido premiadas por la Asociación de Empresarias de Gipuzkoa (Aspegi) en sus galardones anuales. Mónica Vergara, secretaria general de Aspegi, explica las razones de la concesión de este galardón, que se otorgará el próximo 23 de febrero, jueves, a las 18.30 horas en un acto en el Aquarium de San Sebastián. De Izaskun Larrañaga Frías, la dirigente de Aspegi destaca, como empresaria, «su enorme capacidad para hacer evolucionar y crecer una empresa familiar dando un ejemplo de adaptación y de éxito. Y demostrando que la igualdad y la conciliación familiar son valores estratégicos fundamentales para el desempeño de una actividad empresarial rentable, competitiva e innovadora». Sobre Leire Etxetxikia Etxebeste, Mónica Vergara subraya que «ha sido capaz de superar desafíos, crecer y destacar como directiva dentro de un sector muy masculinizado. Y además lo ha hecho aportando talento, visión y liderazgo. Ejemplifica la profesionalidad, la integridad y el compromiso con la igualdad, siendo un referente inspirador para las mujeres».