20230219

El viento que impulsa la energía eólica llega a Euskadi a rachas. Y ahora, más de una década después de que se enchufara el último de los cuatro parques levantados sobre suelo vasco, el del Puerto de Bilbao, vuelve a soplar con fuerza. Tanta que en los despachos del Gobierno autonómico se multiplican las solicitudes para plantar aerogeneradores. Hay casi una veintena de proyectos, la mayoría en una fase muy, muy inicial, en un territorio que aspira a sumar 783 megavatios de potencia instalada en 2030. Hoy acaricia los 153 (152,7 para ser exactos) y, si mantiene el objetivo marcado, necesitaría más de una decena de infraestructuras como las aprobadas ya en Álava (40 MW en Labraza y otros 40 en Azáceta), o que alcancen el límite de los 50MW, para cumplirlo. Con los enormes plazos de tramitación y los permisos concedidos a cuentagotas en mitad del debate político y social sobre el impacto de estos planes, no parece fácil. Y la emergencia climática, con la factura energética disparada, no espera. En el Ente Vasco de la Energía (EVE), el organismo encargado de fijar los escenarios a futuro, asumen el calendario de objetivos con un «ojalá». El anterior, 167 megavatios en 2020, no se alcanzó. El próximo, 463 en 2025, se asoma improbable. «Hay que trabajar día a día, pero es verdad que vivimos en una zona con muchísima densidad poblacional, con todo tipo de instalaciones, y hay que preservar el entorno», explica su director, Iñigo Ansola, consciente del retraso respecto a las previsiones como consecuencia del «vacío» de proyectos durante años.

El Gobierno vasco jugará un papel determinante en el primer proyecto de generación de hidrógeno que se pondrá en funcionamiento en Euskadi. Y es que la aportación de Lakua, que ha reservado 30 millones de euros, supone casi un tercio de los 106 millones en que Petronor ha presupuestado para desarrollar una planta de combustibles sintéticos elaborados con el hidrógeno verde obtenido por un electrolizador de 10 MW. Según han confirmado fuentes del Ejecutivo, su participación en la sociedad se reparte con 6 millones para el dispositivo que obtiene la molécula del gas del agua –el electrolizador–, 15,1 millones de euros para el parque de generación de energía renovable que alimentará ese elemento y se han reservado además 9 millones para la red de distribución del combustible sintético que se elaborará con el nuevo gas llamado a jugar un papel clave en la descarbonización de la movilidad y la gran industria electrointensiva. La iniciativa, aunque todavía reviste cierto carácter experimental, es la primera de calado que se va a desarrollar en Euskadi con el empleo de hidrógeno para obtener combustible destinado a la automoción y la aviación y está previsto que pueda estar en funcionamiento en 2025. Es una de las apuestas de Petronor, dentro del Corredor Vasco del Hidrógeno, y que comparte como socios al Gobierno vasco, el operador estatal de gas, Enagas, y la petrolera saudí Aramco. Las instalaciones, ubicadas en el Puerto de Bilbao con casi 50.000 metros cuadrados, acogieron la colocación de la primera piedra el pasado mayo a la que acudieron el lehendakari Urkullu y el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. Es uno de los pasos importantes del Corredor Vasco del Hidrógeno y será la primera instalación que genere hidrógeno verde en Euskadi tras el pequeño electrolizador de 2,5 MW que Petronor pondrá en marcha antes de verano para alimentar el Parque Tecnológico de Abanto.

Mientras avanzan las obras para convertir a Júndiz en uno de los nodos estratégicos del transporte de mercancías del eje Atlántico europeo –la autopista ferroviaria que sacará camiones de las carreteras le dará el empuje decisivo–, diferentes proyectos se van desarrollando en paralelo para que la futura infraestructura sea, además de inmensa en extensión, mucho más digital y sostenible. El calendario va marcando hitos al proyecto, que ya está ejecutando Aldesa Construcciones y Coalvi por cerca de 27,5 millones de euros. Y el primero de ellos debería cumplirse a lo largo del próximo año. Se espera que la plataforma ya esté preparada para que los trenes que circulen por el ancho ibérico transiten sin interrupción hacia una ‘Y’ vasca en ancho internacional. Un flujo, lógicamente, de ida y vuelta. Porque las mercancías de Vitoria a Burgos (y viceversa) se moverán por el actual trazado de vías. La conexión TAV entre las dos ciudades se reservará exclusivamente a trenes de pasajeros. Júndiz será, en todo caso, el primer nodo ferroviario del Estado que tendrá esa suerte de llave maestra, con capacidad para acoger convoyes de 750 metros de longitud. A partir de ahí, todo lo demás: conexiones de red de alta velocidad, detectores de trenes que permitan su desplazamiento autónomo y telemático e incluso terminales completamente digitalizadas.

Si la industria aspira a elevar su peso en el PIB nacional para contribuir al desarrollo económico del país en un contexto de fuerte competitividad global necesitará sumar un mínimo de 200.000 ingenieros en los próximos diez años. Esta es una de las principales conclusiones del primer estudio sobre la situación actual de los profesionales de la ingeniería, desarrollado por el Observatorio de la Ingeniería de España. La presentación del informe tuvo lugar anteayer en el marco de los Desayunos Deusto Ingeniería, una jornada en la que representantes de la Universidad de Deusto, que forma parte del Consejo Rector del Observatorio, de este organismo y de los gobiernos vasco y español analizaron los retos en materia de formación, capacitación y retención del talento que implica esta misión. Entre los principales datos que revela este informe sectorial figura que en España hay unos 750.000 ingenieros, un 20% de los cuales son mujeres. Esta aún escasa presencia femenina se compensa con una brecha salarial (10%) inferior a la media. El estudio también señala que el nivel de ocupación es del 98%, con una retribución superior en un 30% a la media del país, que un 85% trabaja por cuenta ajena, el 11% son autónomos y solo el 3% ha optado por crear una empresa. En el ámbito alcanzan la cifra de unos 323.000, lo que supone el 43% del total. En comparación con otros países europeos, hay más profesionales de esta rama de conocimiento por cada mil habitantes (15,7%) que en Francia (14,4%) o Italia (11%), aunque España figura 4,2 puntos por debajo de Alemania (20,4%). «Necesitamos aumentar la densidad de ingenieros», resumió la directora del Observatorio, Marta Margarit, encargada de exponer las grandes cifras de este informe. 

La ministra de Ciencia e Innovación Diana Morant ha visitado esta semana Gipuzkoa, un territorio que ve como un «referente» en el impulso a la ciencia e innovación que el Gobierno central ha tratado de reforzar desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia. Ingeniera en Telecomunicaciones, Morant se muestra «muy optimista» con el futuro de la investigación en España y defiende que la ley de Ciencia aprobada el pasado septiembre sienta las bases para un cambio radical. «Euskadi se mantuvo como una pequeña isla en la inversión en ciencia durante los años de recortes del PP, pero ahora estamos alineados», defiende. – En su visita a Gipuzkoa se ha reunido con científicos e investigadores en la Talent House de Donostia y ha visitado el centro Tekniker de Eibar. «El Gobierno participa en 1.250 proyectos científicos en Gipuzkoa, con una inversión de 350 millones desde 2020...Euskadi está muy bien situado para recibir proyectos en concurrencia competitiva, pero prefiero hablar de colaboración...La ciencia cobra sentido cuando la concretas: en Tekniker trabajan en unas pinzas para recoger muestras en Marte...Los fondos europeos están siendo una revolución, es difícil de imaginar lo que podremos hacer en cinco años...Durante los años de austeridad del PP, Euskadi se mantuvo como una pequeña isla en su apuesta por la ciencia. Ahora estamos alineados..."

La rebaja y, en algunos casos, eliminación del IVA a los productos básicos con la entrada del nuevo año prendió en el consumidor la esperanza de un abaratamiento real de los alimentos. Pero mes y medio después, ese descenso de precios apenas se nota y la cesta de la compra cuesta más, como se ha reflejado en la inflación de enero, que ha arrojado un incremento promedio del 0,8% en el precio medio de los alimentos en Euskadi respecto a diciembre (un 15% interanual). Cuatro son los factores que no dan respiro a los precios, según coinciden las principales firmas de distribución: el mantenimiento al alza de los altos costes de producción que el fabricante está repercutiendo a las cadenas de supermercados; el nuevo impuesto al plástico de un solo uso; la no rebaja del IVA en productos claves de la cesta de la compra como la carne y el pescado; y la estacionalidad de algunos productos básicos como la fruta. Sabedoras de estar en las últimas semanas en el ojo del huracán, las cadenas de supermercados señalan, en base a estudios del propio Gobierno central, que se llevan el menor porcentaje del precio final y que los márgenes de beneficio que tienen son relativamente bajos (entre un 1% y un 3%). «El proceso inflacionario no se ha detenido», resumen a modo de conclusión.

La publicación del dato definitivo de inflación de enero (con la subida del 15,4% de los alimentos) ha acelerado la convocatoria del Observatorio de la Cadena Alimentaria a este lunes. El encuentro presidido por el ministro de Agricultura, Luis Planas, servirá para analizar las medidas aplicadas, como la rebaja del IVA, pero también para exponer qué puede hacer el Gobierno para aplacar la subida de la cesta de la compra. Planas pide serenidad ante el debate de un problema que, prevé, tardará tiempo en solucionarse del todo. "Hemos conseguido frenar el incremento de precios. Si estas medidas no se hubieran adoptado, muy probablemente habríamos superado una tasa del 17%. Aun así nos encontramos en la media europea. Esto significa que estamos confrontando un alza de costes con un factor adicional en España por la sequía. Ya sabíamos que pasaríamos por una etapa de estabilización y posterior disminución. Hay quien piensa que la subida y la bajada de precios se produce de la noche a la mañana, pero no es así. Al menos en la economía, en general, y en la cadena alimentaria en particular. Cuando un ganadero compra un pienso elaborado con maíz, y ese producto ha sido adquirido a un precio, desde la adquisición hasta su uso han pasado varios meses. Aunque la tendencia ya es decreciente. Las medidas adoptadas, como la del IVA o el cheque de 200 euros, han sido eficaces y debemos mantenerlas...Nos gustaría a todos que esa disminución se efectuara más rápidamente. Pero está claro que estamos en una senda de disminución. Nadie puede predecir cuándo y cómo porque estamos en un momento de altísima volatilidad de los mercados. Lo importante es mantener el rumbo sobre las medidas que hemos adoptado en alimentación, junto a otras destinadas a mejorar el ingreso de las familias, como el salario mínimo, el incremento de las pensiones, el ingreso mínimo vital o ayudas puntuales..."

"Las presiones inflacionarias tienen pinta de ser más persistentes de lo anticipado, con un IPC que apenas se ha beneficiado de las rebajas de enero o de los recortes de IVA, y con los alimentos disparados, avivando el descontento social. Detrás de las cifras agregadas, sin embargo, aparecen tendencias de fondo que pueden ser útiles de cara al buen diseño de la política contra la inflación, tanto la fiscal como la monetaria. Y es que los efectos de la desescalada de la primera onda expansiva de costes empiezan a notarse en el periodo más reciente. Así pues, desde el mes de agosto —clímax de la crisis del gas y de los alimentos— el IPC energético ha registrado un descenso cercano al 17%. El de alimentos no elaborados, los más golpeados por la sequía y el encarecimiento de los fertilizantes y otros insumos, se ha desacelerado hasta valores inferiores al 3%, menos de la mitad que durante la primera parte del pasado ejercicio. Naturalmente, el shock inicial todavía se está trasladando al resto de precios. Pero esos efectos indirectos también se están frenando: el núcleo central de precios, es decir, sin contar la energía y los alimentos, está creciendo a un ritmo anual del 3,6%, casi la mitad que durante el periodo central del shock. Los alimentos elaborados también se encaminan a una desaceleración, especialmente en el periodo más reciente —si bien desde tasas muy elevadas y de manera desigual—. Todo ello debería reflejarse en los datos agregados a partir de la primavera, cuando el efecto escalón posterior a la invasión de Ucrania haya desaparecido..."

Hasta el momento, en líneas generales, los rendimientos por esas subidas de tipos de interés se están haciendo esperar, una situación que se espera que cambie a mejor para los depositantes en los próximos meses, aunque no de forma particularmente muy llamativa. Lejos aparecen las épocas previas al estallido de la crisis financiera de 2008, en las que los intereses de los depósitos entre 1 y 2 años fluctuaban de forma habitual entre el 3% y el 4%.  “Existe un exceso de liquidez; la banca ha acumulado muchísimo dinero y ya no va a premiar el ahorro como hacía antes”, explica Begoña Alfaro, delegada territorial en Euskadi y Navarra de EFPA España (Asociación Europea de Asesores Financieros). Al ahorro generado durante la pandemia se suma el resultado de las políticas de compra de activos de deuda por parte del Banco Central Europeo, que han conducido a que las entidades tengan a su disposición grandes remanentes y no tengan la misma urgencia en captar capital que en tiempos pasados. El mercado de los depósitos todavía no está experimentando movimientos, ya que los bancos “no tienen incentivo para hacerlo”, ha subrayado recientemente Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. “Las entidades siguen ensanchando su margen de intermediación por financiación en un contexto de mucha liquidez aún en el mercado financiero por las políticas de estímulo que ha aplicado el BCE”, ha explicado Asufin. 

Gipuzkoa bate récords y alcanza la cifra de emigrantes más alta de la historia. Las secuelas de la pandemia son cada vez más evidentes y ésta, en parte, es otra de ellas. El coronavirus ha tenido una influencia directa en los movimientos migratorios, lo que ha llevado a Gipuzkoa a registrar cifras récord de emigración. 11.555 personas salieron del territorio en busca de nuevas oportunidades en 2021 –últimos datos disponibles–, casi el triple que hace treinta años, cuando solo se fueron 4.700. Son cifras del instituto vasco de estadística Eustat, que empezó a recoger estos datos en 1988 y desde entonces no habían detectado un número tan alto de salidas del territorio. Los motivos son varios, pero principalmente se clasifican en dos: la falta de oportunidades laborales con las que se encuentran los jóvenes en Gipuzkoa tras graduarse y las dificultades en el empleo que trajo el coronavirus y que hizo que centenares de inmigrantes que residían en el territorio volvieran a sus países. La gran mayoría de quienes se van de su ciudad son, así, personas jóvenes, que se marchan a otros países en busca de nuevas y, sobre todo, mejores oportunidades laborales. Las causas, matiza Miren Saratxaga, directora de Juventud, «hay que contextualizarlas en relación a una tendencia global a la movilidad, y no como una huida de Euskadi». A pesar de la «tendencia constante» que observan en la emigración desde el Gobierno Vasco, «la tasa de retorno de las personas de 18 a 34 años se sitúa en el 50%», esto es, la mitad de los que se van, vuelven al cabo del tiempo. «Las personas que marchan al extranjero se dan un período de prueba, pero si las circunstancias favorecen la estabilidad personal, familiar y ocupacional es menos probable que vuelvan», explican. ¿Pero, qué hay que hacer para retener el talento de los jóvenes? «En un mercado de trabajo global, existen dificultades para atraer el talento de otros países y retener todo nuestro talento al mismo tiempo», admite Saratxaga. «Si las empresas vascas luchan por internacionalizarse es lógico que algunas trabajadoras cualificadas también lo hagan», reflexiona.

Siempre se ha dicho que España es un país de propietarios y así lo confirman los datos: el 75% de los hogares españoles tiene una casa propia, según los últimos registros de Eurostat. Una realidad que se vuelve cada vez más complicada. En un momento en el que los precios no paran de subir y firmar una hipoteca en condiciones favorables es prácticamente imposible, por las medidas tomadas por el Banco Central Europeo para contener la inflación, hablar de adquirir una vivienda parece hasta utópico. Sin embargo, el sentimiento de propiedad sigue muy arraigado en nuestra sociedad, también entre los más jóvenes. El Instituto Silestone, en su estudio La vivienda del futuro de la Generación Z en España, señala que el 75,4% de los jóvenes menores de 28 años se ve comprando una vivienda en un futuro, pero, ¿es esta una realidad factible o es el alquiler la única opción para los jóvenes? En 2022, el precio de la vivienda aumentó un 7,5%, según las cifras proporcionadas por el portal inmobiliario Fotocasa, y la previsión es que continúe al alza. Ignasi Martí, profesor en Esade y director del Instituto de Innovación Social, se muestra escéptico al respecto. «Pinta mal. Mi percepción es que cada vez serán menos los jóvenes que puedan comprar una casa». Por su parte, María Matos, Directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa sostiene que los jóvenes se enfrentan a dos problemas: el precio de la vivienda, pero sobre todo a la precariedad laboral, lo que impide que se conviertan en propietarios. «Muchos de ellos tienen trabajos inestables, temporales y con salarios bajos y esto es el gran obstáculo que tienen a la hora de acceder al mercado. Si un joven no tiene el dinero suficiente para dar la entrada, que es en torno al 30%, se queda fuera. El 74% de los ciudadanos necesita una ayuda inmobiliaria, es decir, tiene que pedir un crédito al banco».

En la negociación sobre esa subida apenas participó la parte empresarial, dirigida por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cuyo sueldo trascendió la semana pasada en las páginas de este periódico: cerca de 400.000 euros brutos al año. Es una retribución mucho mayor que la del resto de actores principales del diálogo social: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ingresa 84.601 euros brutos anuales; el líder de CC OO, Unai Sordo, 55.530; y el de UGT, Pepe Álvarez, 48.800. El sueldo de Garamendi ha suscitado muchas críticas en los últimos días. Una de las más contundentes fue la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Pido responsabilidad a la patronal. No se puede estar reclamando sacrificios salariales a los de abajo mientras hay un festín para los de arriba. Y hay muchos trabajadores y empresarios autónomos que van a entender lo que digo. En este país no puede haber dobles varas de medir”. Tampoco se quedó atrás la ministra de Trabajo: “Creo que en la vida hay que ser coherente. Y seguramente con un salario de 400.000 euros tendrá la perspectiva suficiente para ver que a los trabajadores y las trabajadoras les tienen que subir el salario las grandes empresas, que están teniendo enormes beneficios. Hago un llamamiento a la CEOE”. El salario de Garamendi contrasta con el régimen contributivo de los 17 principales líderes patronales autonómicos. De estos, 13 no tienen salario asignado por su cargo, según han explicado estas asociaciones empresariales a EL PAÍS (salvo las de Cantabria y Castilla-La Mancha, que no han contestado a este periódico pero sí a la agencia EFE). Son empresarios que compatibilizan las tareas derivadas de dirigir estos organismos con sus propias compañías. Sí hay una retribución específica para el presidente en la Confederación Empresarial de Madrid, de 139.956 euros brutos anuales en 2021 (la patronal no especifica el salario actual). También percibe un sueldo por su posición el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, pero esta entidad prefiere no detallarlo: “Es un acuerdo privado”. La Confederación Canaria de Empresarios y la Federación de Empresas de La Rioja son las únicas, de las 17 consultadas, que no explican a este periódico si sus dirigentes cobran o no. “Preferimos no hacer declaraciones”, dicen en el archipiélago. Así, el salario de Garamendi contrasta con la ausencia del mismo para la mayoría de patronos autonómicos y multiplica casi por tres el del jefe de la asociación madrileña. 

Simón Pedro Barceló (Palma, 56 años), copresidente de Grupo Barceló, está a punto de cumplir 30 años en la empresa familiar, fundada en la isla de Mallorca en 1931, y ha vivido de cerca más de una crisis económica. La última, la causada por la pandemia, que golpeó con dureza al turismo durante dos años. La compañía volvió en 2022 a los beneficios tras dos turbulentos ejercicios, gracias a la gran recuperación del sector, y confía en un muy buen 2023. “Somos prudentes, pero también optimistas, aunque hay que tener en cuenta que hay mucha incertidumbre”, advierte en una entrevista realizada el miércoles pasado en Madrid. El grupo empieza el año con la fortaleza que supone la incorporación del 50% que no tenía de la compañía de viajes Ávoris, que compró a Globalia en noviembre por un euro. Con ello, Barceló destaca que se convierte en el líder turístico español por cifra de negocio, con más de 5.500 millones: Ávoris representa unos 3.600 millones y los hoteles 1.900. Sobre las tensas relaciones entre los empresarios y varios miembros del Gobierno —como las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que llamó a Juan Roig, presidente de Mercadona, “capitalista despiadado”—, Barceló, que presidió entre 2008 y 2010 el Instituto de Empresa Familiar, pide una relación respetuosa entre políticos y patronal. "No conozco un solo país democrático que no tenga empresarios pequeños, grandes y medianos. Yo soy amigo de Juan Roig desde hace años, y un gran admirador suyo, y creo que es increíble que se critique a un empresario como él. Dicho esto, seguro que en el colectivo empresarial, como en cualquier otro, hay personas que son criticables. Los empresarios estamos como todos sujetos a la crítica, pero partiendo de la base del respeto y, desde luego, la imprescindible necesidad de que haya empresarios en el país. También creo que los empresarios no estamos para dar muchas lecciones. Tenemos que ser respetuosos. En el pasado no hemos sido siempre ejemplares. En cualquier caso, el Gobierno y los partidos harían bien impulsando la iniciativa empresarial..."

El globo de la deuda pública sigue hinchándose. Lleva haciéndolo desde hace más de medio siglo, aprovechando las grandes crisis: ha crecido con los vientos de Buenos Aires, Bangkok o Atenas. Y la pandemia fue otra espectacular bocanada de aire. Las obligaciones de los gobiernos de todo el mundo ascienden a casi 85 billones de euros, lo cual equivale prácticamente al tamaño de toda la economía global. Durante la década pasada, la de los tipos de interés ultrabajos o negativos, ese ingente monto no fue un problema. Pero la palanca del encarecimiento del precio del dinero, usada de forma masiva por los bancos centrales para atajar la inflación, puede prender ahora la mecha que eleve el globo. Las instituciones internacionales señalan a los países más empobrecidos como las primeras víctimas. “Se está intensificando una crisis de deuda en los países más pobres del mundo”, advierte el Banco Mundial. Aun así, los puntos rojos se extienden también en el hemisferio norte, de Tokio a Roma. Los gobiernos salieron al rescate de sus economías en 2020, cuando el mundo sufrió un batacazo sin precedentes. Sectores de actividad quedaron completamente parados durante meses y el Estado respondió a la emergencia sanitaria y tendió una enorme red para impedir la caída de empresas y trabajadores. Ante la parálisis económica, tuvo que financiar ese gasto recurriendo a la deuda. Según el FMI, ese año se produjo “el mayor aumento de deuda desde la II Guerra Mundial”, pasando de suponer el 84% del PIB mundial en 2019 al 100% en 2020. “La deuda pública ahora representa casi el 40% de la deuda mundial total (que equivale al 247% del PIB), la proporción más alta desde mediados de la década de 1960”, dice un informe del FMI.

Xavier Vives (Barcelona, 68 años), acaba de ser nombrado miembro del comité científico de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, responsable de la supervisión de las amenazas para la estabilidad financiera en el continente. Doctor en Economía por la Universidad de California y profesor de IESE, Vives sostiene que el panorama económico ha mejorado, pero advierte de que eso no ha despejado todos los nubarrones. "Hay una desaceleración económica menor, pero más resiliencia de la que creíamos. Las proyecciones para España son mejores que las de la zona euro. La incertidumbre persiste. No sabemos si la inflación subyacente, que está muy alta, caerá porque el IPC ya lo está haciendo o si bien los niveles actuales indican que el riesgo todavía no se ha disipado porque depende de las dinámicas salariales y de costes. Y hay muchos interrogantes...Hay dos escenarios posibles. Y no está claro dónde estaremos. Uno: que la subida de los tipos sea transitoria y volvamos al escenario de poca inflación y tipos bajos, cerca de cero, dentro de poco. Dos: que el alza de precios sea más persistente y los tipos de interés estén más altos. Son dos situaciones muy diferentes para la sostenibilidad de la deuda. Me inclino más por el segundo. Pero es un debate de fondo, que depende de las tendencias demográficas o de si se revierte la globalización, lo cual hará caer la productividad… Creo que la situación de inflación persistente y tipos más altos no es transitoria...En la zona euro, el peligro número uno es Italia. El número dos, España. Pero España ha tenido políticas más o menos razonables. Italia tiene una gran deuda y poco dinamismo económico, si bien ha ido haciendo los deberes fiscales. Si hay nuevas tensiones o resurge el peligro de fragmentación, se verá en Italia o España..."