20230312

Evitar el cortoplacismo en la acción política, que las decisiones estratégicas se apoyen en datos y no en tendencias demoscópicas, favorecer la financiación, simplificar los trámites administrativos, estabilidad normativa y entregarse a una cooperación más estrecha con los agentes privados. Quieren que se les escuche. Son, en trazo grueso, algunos de los deberes que las principales empresas de Álava, 26 en concreto, ponen al Ayuntamiento de Vitoria y a la Diputación en una hoja de ruta con horizonte en el año 2050. El informe ‘retos y oportunidades’ está impulsado desde la Cámara de Comercio y aún no ha salido de los despachos. Se trata de una gran evaluación de la economía local con una propuesta de objetivos a más de veinticinco años para dar con un modelo que «refuerce el desarrollo y la competitividad» del territorio alavés. Detrás hay meses de trabajo por sectores (automoción, aeronáutica, ferroviario, logística, construcción, comercio, servicios...), liderados por algunos de los principales empresarios de la provincia como el ex director general de Mercedes, Emilio Titos, que ha pilotado la iniciativa, Josu Sánchez (Lagunketa Construcción), Fernando Salamero (Marqués de Riscal) o José Barreira (hoteles Ruta de Europa y Gran Lakua). Firmas líderes del territorio como Mercedes, Michelin, Aernnova, Amurrio Ferrocarril y Equipos, Tubacex, Vidrala, DHL o UPS han jugado un papel importante para definir «el nuevo modelo de Álava» que persigue el proyecto. Como en todo diagnóstico, el informe analiza síntomas. Y el punto de partida es la nueva situación global. El impacto de la pandemia, las tensiones geopolíticas por la invasión rusa de Ucrania y las disputas entre EE UU y China han acelerado la transformación, disparado la incertidumbre y generado importantes daños comerciales. El documento apela a una estrategia que aglutine a empresas, colectivos sociales e instituciones. El foco está puesto en estas últimas, con un listado de deberes reflejado con un lenguaje conciliador. En realidad, desde hace tiempo se ha extendido una sensación de desasosiego entre los empresarios locales. Interpretan que, sobre todo el Ayuntamiento, adolece de una «visión a largo plazo». La atomización política, los gobiernos en minoría y el discreto perfil industrial del alcalde Gorka Urtaran, más ‘green’ que fabril, han enfriado una relación de altibajos entre la clase empresarial y los responsables municipales. La aprobación inicial del nuevo Plan General –que no prevé más suelo público en Júndiz, por ejemplo– ha provocado un nuevo choque de trenes entre la patronal SEA y la Cámara con el Ejecutivo PNV-PSE. La relación ha sido más fluida con el diputado general, Ramiro González, que ha defendido en todo momento y con más vehemencia que el alcalde el futuro industrial de Álava. «Ha sido más sensible» a las demandas empresariales, reconocen fuentes consultadas por este periódico, «aunque luego cueste concretarlas».

El nuevo modelo de Álava que los empresarios proponen a las instituciones asume que los paradigmas industrial y ‘green’ son un patrimonio valioso que el territorio ha de seguir explotando porque le capacitan para «competir en el nuevo panorama internacional». El documento habla de una «audaz gestión medioambiental» y resalta que la provincia que ofrece el «mayor capital natural de Euskadi», con más de la mitad de su superficie convertida en espacios protegidos, tiene que seguir jugando la baza del turismo sostenible. Otra de las variables que también se resaltan entre las fortalezas de Álava es su «fuerte apuesta tecnológica». Los gastos en innovación ascendieron a 438 millones de euros. Según el informe ‘Álava 2050’, el 55% de la I+D es realizada aquí por empresas mientras que en otros territorios como Bizkaia esta cifra no consigue alcanzar el nivel del 50%. Y en cuanto a empleo y formación, se destaca que «Álava cuenta con uno de los índices de productividad más altos de Europa. La media por trabajador la sitúan en los 74.800 euros; un 27,6% superior a la media de la UE. Un guarismo justificado por «el elevado peso industrial, que podría favorecer la atracción de inversiones». Potenciar la formación dual se plantea como objetivo. Aunque resaltando, eso sí, que la «oferta formativa» en Álava es «innovadora», y que las redes de centros de Ikaslan y Egibide «desarrollan un modelo referente a nivel internacional».

El debate se ha intensificado estos días, después de que el Parlamento Europeo aprobara –en el marco el programa ‘Objetivo 55’– la prohibición de vender coches y furgonetas nuevos con motores de combustión (diésel, gasolina o híbridos) a partir de 2035. Una medida que ha caído como un jarro de agua fría en algunos de los principales países productores de coches –como Alemania o Italia, que ya han puesto pie en pared en este asunto– y que ha tensado las cuerdas en la industria. Euskadi no ha sido una excepción, y el lehendakari, Iñigo Urkullu se ha mostrado «preocupado» y, dejando clara la apuesta por la sostenibilidad, ha señalado que el paso «no será nada sencillo, exigirá un gran esfuerzo y requerirá tiempo». En el extremo contrario, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que entiende que el mensaje alemán «genera ruido e incertidumbre». Así las cosas, DV ha contrastado la situación con el sector. Acicae –el cluster de la Automoción de Euskadi–, antes de nada, descarta cualquier problema serio y explica que «la industria vasca está más que preparada, es resiliente y se ha sabido adaptar siempre a todos los escenarios». Y recuerda que el mundo no se acaba en Europa (un mercado más bien de reposición) y que nuestras empresas venden «en todo el planeta» y tienen «la vista fijada también en Asia, un mercado de enorme potencial en el que nuestras empresas van a seguir a los grandes fabricantes». La organización recuerda que España sufre una evidente falta de electrolineras, sobre todo en comparación a los países nórdicos, que puede complicar el escenario y que, entienden las empresas, cuestiona directamente la imposición de ese ultimátum de 2035. Acicae aboga por una transición neutra tecnológicamente que tenga en cuenta a todo tipo de motores (también de gas o hidrógeno). «En mi opinión particular, la transición va a exigir más tiempo, y se deberían de haber planificado todos los efectos colaterales (de la prohibición en 2035), señala Juan Mari Palencia, vicepresidente de la división de Automoción CHP de Mondragon Corporación y gerente de Fagor Ederlan.

La vicelehendakari anunció su intención de llevar a la Mesa de Diálogo Social un proyecto para «ensayar con empresas que quieran participar» la semana de cuatró días, sin reducción de salario. Solo unas horas después, Confebask le respondió, con todo crítico, que «votará en contra de la creación de un grupo específico para estudiar la viabilidad de esta opción porque la actual coyuntura económica de crisis e incertidumbre no permite ocuparnos sino de soluciones y compromisos prácticos». Vamos, que la patronal no considera que estemos como para experimentos de este tipo. Todo un jarro de agua fría. La cosa no quedó ahí. Esta semana el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, insinuó que la «iniciativa puede sonar electoralista» y la cuestionó abiertamente: «A todos nos gustaría trabajar menos e incluso cobrar más, ¿pero es posible?». En tono más conciliador, el lehendakari, Iñigo Urkullu, calmó los ánimos, defendió la idea y matizó que se trata de poner en marcha un «programa piloto voluntario», sin imponer nada a nadie. ¿Y ahora qué? La vicelehendakari Idoia Mendia está decidida a seguir adelante con la iniciativa pese a las reticencias. Se trata de hacerlo en positivo, evitando cualquier choque con Confebask. No llevarán la iniciativa a la Mesa de Diálogo Social y la desarrollarán al margen de este foro de la mano de los sindicatos, que han valorado de forma muy positiva el proyecto. «La ausencia de acuerdo en el seno de la Mesa en ningún caso impedirá o suspenderá la tramitación del plan o iniciativa de que se trate», recuerdan fuentes de la Consejería de Trabajo y Empleo. Defienden, en este sentido, que el Gobierno debe «arriesgar con nuevas políticas públicas no ensayadas antes» ante el desafío de atraer talento y que ya le han contactado empresas interesadas en participar.

Entrevista con Jonan Fernández Secretario general de Transición Social y Agenda 2030. "Viene una etapa complicada porque toda la generación del ‘baby boom’, que somos muchos, va a entrar en edad de jubilación, y en los próximos 20-30 años el desequilibrio demográfico va a ser muy evidente. Es un problema que afecta a todo Europa, aunque a Italia, España y Euskadi con especial intensidad... Se va a notar en muchos ámbitos, como en el descenso de las matrículas de los centros educativos o el sostenimiento de las políticas sociales al haber menos cotizantes. La reposición de mano de obra en el mercado laboral es una preocupación reciente y empieza a ser patente un déficit de profesionales en casi todos los ámbitos, por lo que va a ser un campo de actuación prioritario.– ¿Qué papel juega la población inmigrante en este caso?– Empieza a ser patente un déficit de profesionales en casi todos los ámbitos y vamos a necesitar a las personas migrantes. Les vamos a necesitar. Hasta hace unos años hemos exhibido unos argumentos solidarios y humanitarios en relación con la migración, y ahora a todo eso tenemos que añadirle un argumento de necesidad ‘egoísta’. Vamos a necesitar la contribución de personas migrantes en cualquier ámbito del mercado laboral. Para ello hay que generar políticas de atracción de la migración y de talento, aunque tenemos un handicap porque no tenemos capacidad de gestionar permisos de trabajo o de residencia. Se han conseguido mejoras, como con los menores extranjeros no acompañados, que ahora una vez tienen 18 años hay posibilidad de regularizar su situación, pero hay mucho por hacer...El diagnóstico es claro: la inseguridad en el trabajo, la temporalidad, la insuficiencia de los salarios y la carestía e insuficiencia de vivienda son factores claves que dificultan los procesos de emancipación y de construcción de familia, y ahí estamos interviniendo. El papel de las instituciones no es convencer, sino ayudar a crear condiciones para que quien quiera desarrollar proyectos de maternidad o paternidad lo pueda hacer. Eso obliga a intervenir en varios ámbitos, en el empleo, la vivienda, la renta...

Entrevista con Iñigo Ansola Director General del EVE. "Hay que ser conscientes de que en Euskadi consumimos mucha energía y, de ese consumo energético, obtenemos un 10% de autoabastecieminto. Dependemos mucho de los combustibles fósiles y reducir esa dependencia a favor de las renovables va a requerir mucho esfuerzo. Creo, no obstante, que vamos por la buena senda, promoviendo intensamente pequeños proyectos de autoconsumo. En los dos últimos años hemos tramitado más de 1.350 expedientes y solicitudes de ayuda con una potencia instalada de alrededor de 32MW. Para hacernos una idea de lo que esa cifra significa, el mayor parque fotovoltaico de Euskadi tiene 24MW. En dos años hemos instalado más potencia en proyectos de autoconsumo que en el mayor parque fotovoltaico del País Vasco. Desde el EVE nos consta que hay muchos proyectos eólicos y fotovoltaicos en tramitación y, si finalmente llegan a buen puerto, tendremos una cuota de participación importante. Pero, recalco, somos muy consumidores de energía y cambiar el pastel o el mix energético a favor de las renovables nos va a costar muchísimo...El reto es claro. Necesitamos tecnologías limpias. Empezando desde los proyectos más pequeños hasta los más grandes. En Euskadi necesitamos de esa energía renovable por varias cuestiones. En primer lugar, porque tenemos que combatir el cambio climático y reducir las emisiones de CO2 y, por otro, para reducir la factura energética. El verdadero reto está en la instalación de parques fotovoltaicos y eólicos respetuosos con el medio ambiente y hacer participe a la ciudadanía a través de la propiedad física de estos proyectos o mediante el beneficio directo que se genere en la comercialización de esta energía. Repito, tenemos una industria que consume mucha energía y necesitamos proveerla de energía más barata y con precios estables. Otro de los desafíos a los que nos enfrentamos está en la mar, donde hay una energía de las olas muy importante. Para ello, ya se trabaja en energía eólica con plataformas flotantes de gran profundidad. Estamos convencidos de que esta tecnología tendrá un futuro prometedor y queremos que nuestra industria esté bien posicionada..."

España se prepara para vivir en los dos próximos años una explosión sin precedentes de renovables, imprescindibles para luchar contra el cambio climático y abaratar el precio de la luz. Hay ya en camino más de 1.400 proyectos solares y eólicos con una potencia conjunta de 68.856 megavatios (MW) —más que los 50.000 actuales— que han recibido el aval ambiental; entre ellos, 182 grandes plantas que, de salir adelante, multiplicarían por siete los macroparques. No todos prosperarán, pero sí la mayoría, que deberían estar funcionando en junio de 2025. Su aprobación ya genera algunas tensiones. Sobre todo, en zonas donde están previstos macroparques que riegan de dinero a los municipios, pero también alteran el paisaje y la convivencia en áreas rurales. “Lo que hay en la España vaciada es una sensación de abandono que precede a las renovables: hay una sensación de que siempre les tiene que tocar a ellos”, dice un antropólogo. Todos los expertos consultados para este reportaje coinciden: no hay precedentes de una explosión de energía renovable como la que se espera en los dos próximos años en España. ¿La razón? El visto bueno ambiental de las autonomías y el Gobierno a más de 1.400 proyectos de eólica y, sobre todo, solar. Esta nueva oleada se une a lo ya instalado en los dos últimos años, que también han sido de récord para la fotovoltaica, la tecnología que está viviendo el momento más dulce. Esta rápida y masiva expansión está ayudando a España a desengancharse de los combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático, y a obtener una electricidad más barata. Pero, a la vez, está causando tensiones derivadas de la competencia por el suelo, los impactos paisajísticos o la biodiversidad, lo que está acrecentando un cierto movimiento de rechazo en algunas zonas rurales.

Entrevista con Eva Ferreira Rectora de la UPV/EHU. "Las universidades públicas tenemos muchísimos corsés a la hora de ejecutar fondos en investigación. Yo suelo decir que es mucho más sencillo ejecutar un euro público en una institución privada que un euro privado en una institución pública. Hay veces que un equipo de investigación se demora seis, ocho meses para ejecutar un proyecto de un año. Si queremos competir, los procesos de acreditación tienen que ser más rápidos, tenemos que tener unas reglas más flexibles. – Usted ha formado parte de varios equipos rectorales. ¿No puede la universidad hacer algo más? ¿Una autocrítica?– Bueno, estamos haciendo todo lo que podemos, obviamente, pero tenemos que cumplir las leyes y los decretos de acreditación. Más que autocrítica, hablaría de la mejora continua...El alumnado vasco es el que más nutre nuestra universidad. Pero quedarnos ahí sería quedarnos con una mirada muy corta. El conocimiento no tiene fronteras y lo que tenemos que hacer es tener un plan de internacionalización. Tenemos que ser capaces de atraer gente, tanto en grado como en posgrado, que luego se quiera quedar...Desde la UPV aseguramos que el salario de nuestros contratados predoctorales y doctorales no va a bajar de un salario mínimo. ¿Que nos gustaría que el sueldo de nuestro profesorado joven fuera mayor? Por supuesto. Pero no ponemos los salarios, gestionamos mayormente presupuestos públicos y los márgenes de maniobra que tenemos son limitados. Aun así, somos una universidad muy atractiva y cada vez quieren venir más personas a hacer su tesis o una estancia..."

Continuación de la entrevista con Eva Ferreira. "– ¿Qué avances hay en el proyecto del laboratorio de movilidad de la escuela de ingeniería de Vitoria? ¿Han encontrado financiación?– Por un lado, contamos con una subvención directa del Ministerio de Ciencia e Innovación, que no nos permite acometer la construcción del nuevo edificio previsto inicialmente, por lo que estamos estudiando la posibilidad de acondicionar algún espacio en la Escuela de Ingeniería para llevar a cabo las actividades previstas. Además, esperamos firmar pronto un convenio de colaboración con la Fundación Vitoria-Gasteiz Araba Mobility Lab para comenzar a desarrollar actividades.– A la Facultad de Educación y Deporte le ha salido un competidor director con la Euneiz. ¿Ampliará su oferta académica el próximo curso?– Trabajamos en un nuevo posgrado relacionado con el alto rendimiento deportivo, pero su implantación sería a medio plazo.– ¿Qué previsión tienen de nuevos grados en el campus alavés? Desde la implantación en 2017 del grado de Ingeniería en Automoción no ha habido novedades. – Desde entonces se han implantado en el campus cuatro dobles grados. A corto plazo no tenemos previsto ampliar la oferta de grado, si bien en la Escuela de Ingeniería están trabajando en colaboración con la Technology Arts Sciences TH KÖLN para ofrecer dobles titulaciones con Alemania: serían Ingeniería en Automoción, Ingeniería Mecánica o Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Para ello, los estudiantes deben cursar uno de los títulos en la universidad de origen y un curso adicional en la otra universidad..."

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF), una organización de empresas de la que forman parte Inditex, Mercadona, Acciona, Puig o Gestamp, entre otras, emitió esta semana un comunicado reclamando al Gobierno que “evite descalificar a empresas y empresarios por decisiones adoptadas en el legítimo ejercicio de su libertad empresarial”. El presidente de esta asociación de compañías de origen familiar es Andrés Sendagorta (Madrid, 64 años), quien también dirige Sener, la multinacional de ingeniería vasca, fundada por su padre. Sener factura cerca 1.000 millones de euros al año y cuenta con cerca de 2.500 empleados en una treintena de países. " Creo que las cosas estaban llegando a un punto en el que teníamos que decir algo. Entre otras cosas para hacernos reflexionar a todos sobre dónde estábamos llevando este tema [la polémica decisión de Ferrovial y la reacción del Gobierno]. Las cosas estaban tomando un cariz que nos parecía que debemos pararnos y reflexionar. Primero sobre el discurso. No tenía ningún sentido descalificar así a los empresarios. Sentémonos y dialoguemos, porque este país ha demostrado que si lo hacemos podemos llegar a grandes soluciones. Esta situación es una pena. Yo no he visto en ningún sitio en Europa que personas del Gobierno descalifiquen a los empresarios...Hay seguridad jurídica y lo digo de forma contundente. Pero es cierto que el Gobierno tiene que estar pensando qué medidas necesitan esas compañías para que puedan competir. No con un señor que está en Soria o en Sevilla, es que van a competir en el mundo globalizado. No diré nunca que haya que legislar para beneficiar a los empresarios. Lo que digo es que legislemos para que esos empresarios puedan competir en ese mundo global..."

El esfuerzo extra que tendrán que hacer durante las próximas décadas las empresas, autónomos y trabajadores con la entrada en vigor de la segunda fase de la reforma diseñada por José Luis Escrivá no se traducirá en mejores pensiones para ellos e irá casi íntegramente para pagar las del ‘baby boom’. Así se desprende de la letra pequeña que establece el borrador del real decreto ley al que ha tenido acceso este periódico y que aún está pendiente de ser acordado con los agentes sociales. La nueva norma que busca equilibrar las cuentas de la Seguridad Social –en números rojos desde hace años– establece tres nuevas cuotas que en ningún caso se verán compensadas ni en el presente ni en el futuro para esos trabajadores. El primer gravamen afecta a todos los afiliados, independientemente de su sueldo, que sean autónomos o asalariados. Es el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que sustituye al derogado factor de sostenibilidad. Se trata de una cotización adicional del 0,6% que ya ha empezado a aplicarse este año, pero la nueva ley la eleva progresivamente hasta duplicarla al 1,2% en 2029 y, además, la mantiene hasta 2050 (ahora estaba prevista solo hasta 2032). Esa cuota extra «no será computable a efectos de prestaciones» e irá «automáticamente» a llenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social –también conocido como hucha de las pensiones–, según explica el borrador del real decreto, que establece a su vez que «no podrá ser objeto de bonificación, reducción, exención o deducción alguna».

Por doce se ha multiplicado el euríbor en el último año hasta cotizar al 3,9%. Y por dos se ha multiplicado el número de vascos que han reaccionado adelantando pagos de sus hipotecas para amortizarlas o para acortar los plazos y escapar del encarecimiento de sus letras mensuales. La escalada de este índice ha terminado por revolucionar el mercado inmobiliario en Euskadi. Es una tendencia que se ha disparado en los dos primeros meses del año, pero que ya venía apuntada en 2022. Ese año los vascos redujeron en 900 millones sus hipotecas tal y como afloran los bancos en el saldo vivo de estos créditos en Euskadi, con un descenso del 2% sobre el total de 55.000 millones que se acumulan pendientes de pago en las hipotecas vascas. En román paladino, que los clientes pagaron más dinero para devolver préstamos de vivienda al banco, que lo que estos concedieron en nuevas hipotecas. Un dato que es más que relevante porque en 2022, según el INE, se formalizaron 22.902 hipotecas, la cifra más alta de la última década. Las principales entidades financieras que operan en Euskadi han confirmado que en diciembre ya se registró un crecimiento medio del 25% en las amortizaciones, por encima de lo habitual en un mes que muchos clientes aprovechan para pagar más y obtener deducciones fiscales. Pero en enero y febrero la tendencia se ha disparado con porcentajes de subida respecto a 2022 que van desde el 90% al 130%. Desde Laboral Kutxa, explican que enero ha recibido también muchas aportaciones que se guardaron del año anterior para no superar el tope de las deducciones en IRPF por compra de vivienda habitual. Fuentes de Kutxabank señalan también que la liquidez embalsada en las cuentas corrientes tras dos años de pandemia ha alcanzado techos históricos, según el Banco de España en Euskadi por encima de los 90.000 millones. Una enorme capacidad de inversión que, como recuerda Oscar González de la Asociación de Usuarios de Bancos, cajas y Seguros (ADICAE), no encuentra remuneración en los depósitos «porque los bancos siguen sin pagar los intereses a los ahorradores», así que, a falta de mejor destino, el dinero se dirige a quitar peso a la losa que representa la hipoteca en muchas economías familiares.

El impacto de la subida del euríbor sobre las alrededor de 122.000 hipotecas variables que tienen los vascos está provocando una transformación del mercado inmobiliario sin precedentes desde la crisis financiera de 2008. Ya no es solo el aumento del gasto para amortizar el crédito de la vivienda, sino que el mercado ha pegado un frenazo. Tras un 2022 que en Euskadi registró 22.905 nuevas hipotecas confirmando la recuperación tras la pandemia con el mejor ejercicio desde 2011, en diciembre la caída de la firma de estos préstamos fue del 22%. La duda sobre el coste mensual que puede suponer la compra de una vivienda frena la decisión. Pero también está cambiando la política de los bancos, que han endurecido el préstamo a tipo fijo para llevar a los clientes al variable. Y en todo eso, la dificultad de financiar la compra empuja a muchos ciudadanos al alquiler en un mercado en el que las rentas suben muy por encima del IPC y en el que la escasez de oferta tampoco ayuda. Tal y como señala desde la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Leire López, «hay un punto de inflexión». La experta señala que no es tanto por la situación de los tipos de interés, «porque estar en el entorno del 4% no es alarmante, sino por la velocidad a la que se han incrementado». Eso, más el contexto de inflación están afectando a un sector que «venía registrando crecimientos muy altos».

El vino español se enfrenta a un futuro incierto marcado por la caída del consumo, los bajos precios de la exportación y la subida de costes. Los franceses, los mismos que consideran el vino como una especie de sello de civilización, están empezando a arrancar sus adoradas cepas. Los consumidores están dando la espalda a los tintos, lo que ha provocado una sobreproducción que ha afectado especialmente a Burdeos y, en menor medida, a Languedoc y al valle del Ródano. De modo que el Gobierno ya ha aprobado ayudas para deshacerse de las primeras 9.500 hectáreas de viñedo, algo que comenzó a ejecutarse esta misma semana. Es un primer paso para sacar del mapa hasta 35.000 hectáreas con el fin de equilibrar oferta y demanda. La situación, recoge Les Echos, está lejos de ser pasajera: el Consejo Interprofesional de Vinos de Burdeos cree que el consumo caerá un 60% en 10 años. A este lado de los Pirineos, los productores españoles comienzan a estar preocupados. Por distintas circunstancias, algunas zonas se han quedado con bastantes botellas en el almacén. Las existencias de vino envasado estaban en el mes de diciembre un 5,1% por encima del año precedente, que ya fue bastante malo, y sumaron 5,6 millones de hectolitros. En el supermercado, los datos de la consultora IRI muestran que la venta de vinos y espumosos se ha mantenido estable en valor porque las botellas son un 6,7% más caras, pero la demanda en volumen ha caído un 6,4%. Y eso que los aumentos de precio de los vinos han sido más moderados que los de otros productos alimentarios. Por si no fuera poco, la campaña de 2022, que se comenzará a comercializar este año, fue bastante abundante, sobre todo por los más de 3.000 millones de kilos de uva blanca cosechados.

«Hasta 2021, la falta de retención de impuestos sobre intereses y ‘royalties’ resultaba muy atractiva para las compañías», explica el profesor de Finanzas Públicas en la Universidad de Tilburgo, el holandés Arjan Lejour. Esta situación favorecía la elusión de impuestos a través del denominado «sándwich holandés», del que se valieron empresas como Google entre otros. Como explica este experto, se trataba de la fórmula más común para evadir impuestos en territorio europeo y con ella, las arcas públicas dejan de ingresar unos 22.000 millones al año a nivel global. La compañía en cuestión crea una empresa pantalla en Holanda –sin empleados ni actividad real– y, a través de ella, canaliza los ingresos logrados en otros países europeos para después trasladarlos a un paraíso fiscal. Holanda no impone recargos a los beneficios logrados en el extranjero, lo que facilita ese flujo de dinero y supone una gran ventaja para las compañías –en España estos ingresos tienen un recargo del 5%–. En el caso del Impuesto de Sociedades, pese a que el tipo general ronda el 25% en ambos países, los primeros 200.000 euros de ingresos tributan al 19% en Holanda. Pero el principal atractivo del sistema neerlandés consiste en la «gran certeza fiscal» que ofrece. «Los impuestos de retención bajos o insignificantes sobre los dividendos también son importantes, junto con la posibilidad de tener resoluciones fiscales por adelantado», apunta Lejour. El país cuenta además con acuerdos fiscales privados con otras regiones que, en la práctica, reducen la presión fiscal. España, en cambio, forma parte del grupo de grandes economías europeas donde las empresas realizan un mayor esfuerzo fiscal.

La impopular reforma de las pensiones de Emmanuel Macron va franqueando obstáculos, a pesar de la oposición que tiene en las calles y en el arco parlamentario. Ayer sábado decenas de miles de personas se manfiestaban en las principales ciudades de Francia contra la ley, mientras el Senado aceleraba el debate para poder aprobar el texto. Lo hizo a medianoche, con 195 votos frente a 112 en contra. Se votó la ley en bloque, gracias a que el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, activó al artículo 44.5 de la Constitución que permite votar un texto en su conjunto, y no por artículos. El Gobierno lo ha justificado en que la izquierda está «bloqueando el debate parlamentario y boicoteándolo». La oposición acusa al Gobierno de usar todas las estrategias para aprobar la ley por la fuerza. Hoy, a medianoche acababa el plazo para que el Senado votara el texto. El debate en la Asamblea ya fue polémico, pues los partidos de la oposición, sobre todo izquierda radical de La Francia Insumisa, presentaron decenas de miles de enmiendas que ralentizaron tanto el debate que finalizó el plazo máximo para aprobar el texto sin que se llegara al artículo más polémico: el que retrasa la edad de jubilación de los 62 años actuales a los 64. El Gobierno no tiene mayoría en la Asamblea y Macron no tiene prácticamente apoyos para sacar adelante esta reforma. Sólo cuenta con el voto de Los Republicanos, aunque en los últimos días el rechazo en las calles a la ley es tal que hay dudas de que pueda pasar el trámite.

Silicon Valley Bank (SVB) no es Lehman Brothers. La caída el pasado viernes del banco californiano no va a desatar una debacle como la crisis que aquella entidad financiera precipitó en 2008. Pero su caso, que provocó la mayor retirada de depósitos en un solo día en la historia reciente de Estados Unidos, ha puesto de manifiesto una serie de vulnerabilidades en el sistema, que tienen su origen en la pandemia y a las que están más expuestas las entidades de menor tamaño. Como muchos otros bancos en Estados Unidos, SVB vio dispararse sus depósitos en efectivo a raíz de la pandemia de covid y los confinamientos que acarreó. Desde abril de 2020 y durante casi tres años se depositaron en los bancos cerca de 4,2 billones de dólares (3,95 billones de euros). Numerosas entidades financieras optaron por invertir una buena proporción de ese dinero —en total, unos dos billones de dólares— en bonos de renta fija. En concreto, en bonos estatales, considerados de muy bajo riesgo en comparación con el de la concesión de nuevos préstamos. Durante un par de años, la idea funcionó. Pero llegó la era de la inflación: un alza de precios de unas dimensiones —llegó al 9,06 % en junio del año pasado— y una duración no vistas desde los años setenta. Esa escalada y la subida de tipos de interés motivaron una drástica caída del valor de esos bonos y un agujero sobre el papel de 600.000 millones de dólares (560.000 millones de euros) para la banca. Se trata de una cantidad manejable para el sector en su conjunto y, sobre todo, para las entidades de mayor tamaño y las que no invirtieron en exceso en esos títulos. Pero creaba riesgos para bancos pequeños y regionales que habían apostado en demasía por esa estrategia. Entidades como la también californiana Pac West acumulan un billón de dólares en pérdidas, una cuarta parte de su capital. Este banco ha visto caer un 50% el valor de sus acciones esta semana.

No hay rastro de los viejos titanes tecnológicos de China en los asientos de la sesión parlamentaria anual que cerrará mañana, lunes, sus puertas en Pekín. Antes siempre tenían un hueco al menos en las reuniones del mayor órgano asesor del Gobierno. Por allí solía asomar tanto el fundador de Tencent, Pony Ma, como su competidor, Jack Ma, del gigante Alibaba. También Robin Li, director de Baidu, el Google chino, y William Lei Ding, fundador del grupo de videojuegos NetEase. Pero los tiempos han cambiado y la influencia política de esa élite de multimillonarios ha menguado. Todos sucumbieron, guardando un perfil bastante más bajo, ante la cruzada reguladora contra los gigantes tecnológicos que el presidente Xi Jinping desató personalmente en 2020. El mandamás del régimen quiso lanzar un mensaje muy claro al sector privado: nadie está por encima del Partido Comunista, que por extensión en el sistema unipartidista chino representa a todo el Gobierno, y que ahora más que nunca concentra el poder en la figura personalista del propio Xi. Los capos de Internet que ayudaron durante décadas a impulsar el crecimiento desenfrenado del gigante asiático no están entre los casi 5.000 delegados que durante toda esta semana se han reunido en las llamadas Dos Sesiones, la Asamblea Popular Nacional (APN), donde la cúpula del partido firma las reformas, y su órgano asesor, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh). Los que sí han estado invitados son unos cuantos ejecutivos e ingenieros de dos industrias claves para el futuro de la segunda potencia mundial: semiconductores e inteligencia artificial. Los cerebros de estos campos integran una lista de 81 ricos empresarios disfrazados de diputados y asesores.