20230329

Las principales patronales vascas dieron ayer un sonoro portazo a la propuesta diseñada por EH Bildu bajo el título ‘Bases para una política industrial emprendedora’, un proyecto al que la coalición soberanista otorga gran importancia y cuya presentación se realizó en Bilbao. Al acto celebrado en el Palacio Euskalduna estaban invitadas las asociaciones territoriales –Cebek, Adegi y SEA–, pero las tres declinaron asistir en una demostración de cómo las relaciones entre ambas partes siguen condicionadas aún por el efecto que tuvo la violencia sobre el tejido empresarial vasco. La fractura, en todo caso, no sólo tiene su origen en el papel de ETA. La izquierda abertzale también busca impulsar una «asociación» alternativa a Confebask al considerar que no representa a todos los empresarios. El texto de la formación liderada por Arnaldo Otegi aboga por recuperar el peso industrial del País Vasco, mantener el «arraigo» de las empresas y facilitar la entrada de capital público en determinados sectores económicos para evitar deslocalizaciones y la llegada de fondos de capital extranjeros. Pero más allá del contenido concreto, supone un intento de aproximación a un sector que sigue viendo con enormes dosis de recelo a Bildu.  Aunque desde la coalición soberanista se subraya que no se llegó a cursar la invitación oficial, fuentes de las patronales territoriales confirmaron a este periódico que sí fueron recibidas. Cebek, Adegi y SEA evitaron agrandar la tormenta y no especificaron los motivos de la ausencia. La única que no estaba invitada era Confebask. Bildu no sólo hace un desglose de las iniciativas que a su juicio deben ser puestas en marcha para mejorar el sistema productivo. También realiza una profunda crítica hacia las propias organizaciones que representan a los industriales vascos. Porque, según Otxandiano, el modelo que defiende la coalición soberanista en realidad ya existe, pero «no tiene la suficiente proyección social». Por eso, para EH Bildu es necesario crear «una asociación o similar» que «adquiera una referencialidad colectiva» y ‘compita’ con Confebask. De hecho, la coalición soberanista está convencida de que hay «un vasto tejido empresarial que no se siente identificado con las ideas que difunden las grandes organizaciones empresariales, muy alineadas con una determinada ideología y que tratan de influir en las políticas públicas de forma que no les corresponde».

Euskadi prevé que entre 2020 y 2023 se incentiven un total de 134.827 empleos, esto es, por encima de los 130.000 previstos para el conjunto del periodo 2020-2024, lo que significa que adelantará un año la creación de empleo prevista en el Programa Berpiztu para la Reactivación Económica y el Empleo. El lehendakari, Iñigo Urkullu, presidió ayer la reunión del Consejo Rector del plan, en el que también participaron la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia; la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia; y el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, además de los diputados generales. Durante la reunión, el lehendakari destacó la “evidente” reactivación de la economía vasca y el empleo que ha tenido Euskadi en los últimos diez años. “Sin embargo, tenemos que seguir mejorando. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que seguir reforzando el crecimiento, la competitividad y el empleo de calidad. En este camino tenemos que mantener el esfuerzo que estamos haciendo juntos”, destacó a modo de conclusión.

Euskadi goza de buena salud en lo que a innovación se refiere. Así lo atestigua el informe presentado ayer por la Oficina Europea de Patentes (OEP), que sitúa al País Vasco como la tercera comunidad con más solicitudes de patentes presentadas el año pasado en España. Fueron 255 (un 13,8% más que el año anterior), solo por detrás de Cataluña (604) y Madrid (410). El número de patentes es un indicador valioso de las inversiones de las empresas e instituciones en investigación y desarrollo, clave para el crecimiento económico. Gipuzkoa se sitúa a la cabeza del País Vasco con 124 –casi la mitad de las solicitudes–, por delante de Bizkaia (107)– y Álava (24). El predominio guipuzcoano se explica por el peso de San Sebastián, que es la ciudad vasca con más inventos registrados el año pasado, con 54 –Vitoria registró 20 y solo 4 Bilbao–, mientras que en territorio vizcaíno destacan, por sus potentes polígonos industriales, Derio (31) y Amorebieta (26). El peso de la innovación vasca también se refleja en el top 10 de empresas e instituciones más activas en este ámbito en España. De las diez primeras, tres están radicadas en Euskadi: Autotech Ingeniering –Gestamp–, tercera con 25; Tecnalia, cuarta con 20; y la Universidad del País Vasco, séptima con 14. 

El importe de las pensiones de los recién jubilados se han disparado en el arranque de este año. En el caso de Euskadi en el régimen general ha superado por primera vez en la historia los 2.000 euros mensuales –en concreto, 2.074 euros de media en enero– tras aumentar un 9,4% respecto al mismo mes del año anterior. Hay varias razones que explican este espectacular incremento: además de los mayores salarios que tienen los que ahora abandonan el mercado laboral, la revalorización de la pensión máxima en un 8,5% ha sido un importante incentivo para adelantar el retiro de los trabajadores de sueldos altos. A ello ha contribuido también el endurecimiento para este colectivo de la jubilación anticipada voluntaria a partir de enero de 2024, cuando las penalizaciones se aplicarán sobre la pensión. El caso es que por una razón u otra la cuantía de las nuevas pensiones se ha disparado hasta un récord histórico. En el régimen general ha alcanzado los citados 2.074 euros mensuales de media frente a los 1.764 del conjunto de España. Si se incluye a los autónomos y otros colectivos la media vasca roza los 1.900 euros; en concreto, 1.888, un 7,5% más que en el mismo mes de 2022. De esa forma, las nuevas pensiones se acercan al salario medio vasco, que en el último trimestre del año se situó en los 2.693 euros tras registrar un incremento del 6,2%. Hace ya tiempo que las prestaciones de los nuevos jubilados superan los sueldos de los trabajadores de menos de 35 años. La brecha entre salarios y pensiones aviva el debate sobre la reforma pactada por el Gobierno con los sindicatos y que será votada en el Congreso mañana.

El Gobierno ha conseguido amarrar los votos necesarios para convalidar mañana el decreto que incluye la reforma de las pensiones, una vez que se ha asegurado los apoyos de Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, PDeCat, Más País y Compromís. A los 154 votos del Gobierno de coalición ya se ha anunciado que se sumarán los 13 de ERC, los 5 de Bildu, los 4 de PDeCat y los 3 de Más País y Compromís, lo que suma un total por encima de la mayoría absoluta. Además, la promesa del Gobierno es tramitar el decreto ley como proyecto de ley para dar la posibilidad de introducir cambios vía enmienda. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha asegurado que con esta reforma el Gobierno está “cumpliendo con los acuerdos del Pacto de Toledo y sus 22 recomendaciones”. Escrivá hizo hincapié en que este cambio es resultado del diálogo con los diferentes actores sociales, ello pese a la oposición de la CEOE. La reforma de Escrivá saldrá adelante después de que ERC haya anunciado ayer el acuerdo con el Gobierno. Ofrecerá su apoyo a cambio de que las mujeres que se reduzcan su jornada para cuidar a un hijo coticen el 100% de su jornada anterior a la reducción durante todo el periodo que dure la misma.  En el caso del PNV todavía no ha decidido el sentido de su voto, ya que está negociando con el Gobierno algunas cuestiones, entre ellas que se tenga en cuenta la especificidad de los cooperativistas a la hora de cotizar en el sistema de autónomos, aunque descarta el NO. 

El nuevo sistema de cotización de los autónomos, que se aprobó a mediados del año pasado y se aplica desde enero, ha supuesto un gran golpe para las cooperativas. El modelo impulso por el Ministerio de Seguridad Social establece que los autónomos deben cotizar por sus ingresos reales y en el caso de los cooperativistas se incluyen conceptos como los retornos que reciben o los intereses sobre el capital aportado. Por otro lado, pone en riesgo los modelos mixtos como el de LagunAro, el sistema de previsión del Grupo Mondragón, que combina una aportación del 60% a la Seguridad Social con un 40% a la EPSV. Justo mañana jueves se debate en el Congreso el texto y todavía no se sabe con certeza qué votará el PNV. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha dejado claro que descartan el ‘no’, puesto que se trata de una reforma necesaria y completa que cuenta con el aval de la Comisión Europea. Pero también cabe la posibilidad de que se abstengan. A pesar de que el real decreto de las pensiones no ha recogido matización alguna sobre el régimen de las cooperativas en el RETA, el PNV trata de arrancar un compromiso de que se introducirá en la tramitación como proyecto de ley de la reforma o en otra ley. Para los cooperativistas el nuevo régimen de autónomos supone una importante penalización. Sus bases de cotización y por tanto la cuota a pagar se va a elevar de forma considerable. En su caso al contabilizar los rendimientos netos no solo se van a tener en cuenta sus salarios sino también otros conceptos como los dividendos (retornos). El roto es mayor aún en LagunAro, donde se junta el problema de que si los socios tienen que cotizar por el 100% de sus ingresos a la Seguridad Social va a ser imposible que aporten el 40% a la EPSV.

Esta subida, que supone un fuerte acelerón respecto a la tendencia que venía observándose durante los años anteriores, se debe fundamentalmente a la revalorización de las pensiones con el IPC, que este año supone un incremento del 8,5% de las nóminas previas. Una actualización que, además, ha incentivado las prejubilaciones, dado que la revalorización excede con creces cualquier penalización por adelantar un año la edad de retiro (entre el 4,75% y el 5,5%, dependiendo de los años jubilados). De hecho, el número de personas que decidieron jubilarse a los 64 años en diciembre del año pasado, para aprovechar esta subida con la inflación, triplica con creces la media de los diez años anteriores, lo que da una idea del efecto llamada que ha conllevado y del incremento del gasto que supone. Todo ello ha sido determinante para que las pensiones hayan subido más de mil millones en los últimos tres meses, casi tanto como en el acumulado de los tres años anteriores. Por otra parte, al efecto de la revalorización hay que sumar también el aumento del número de pensionistas (espoleado por la revalorización ya comentada) y el factor sustitución; es decir, el hecho de que las nuevas altas en el sistema perciben una pensión bastante superior a las que se dan de baja.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, defiende la reforma de las pensiones que ha logrado el visto bueno de la Comisión Europea y de los sindicatos, y que mañana se votará en el Congreso. Escrivá responde a los ataques del PP y CEOE al proyecto, así como a las críticas de BBVA, Fedea o Funcas. “Casi todas las críticas proceden de los autores de la reforma de pensiones de 2013. Los críticos, que son siempre los mismos, se llevan equivocando los últimos 20 años”, afirma. La reacción de Feijóo, que aplaudió la reforma impuesta por decreto en Francia, le resulta “desconcertante” al ministro, que ve reflejarse en el líder de la oposición “políticas ultraliberales de recorte del Estado del bienestar”. En su opinión, el problema de la sostenibilidad de las pensiones está acotado a las décadas de los próximos años treinta y cuarenta. “La visión de que es un problema creciente a largo plazo es falsa”, afirma.

Numerosos expertos han puesto en cuestión la eficacia de esta reforma en términos de sostenibilidad del sistema, entre otras críticas. Pero faltaba un análisis, el de unos profesionales que están entre los más autorizados para emitir un juicio de valor sobre los cambios en pensiones: los actuarios. Estos profesionales están entre los menos conocidos del mundo económico pero son expertos en cálculos matemáticos y en los conocimientos estadísticos, jurídicos y financieros de los sistemas de aseguramiento, como son los sistemas de pensiones. Así, el Instituto de Actuarios Españoles ha diseccionado las reformas recién aprobadas –que aún deben convalidarse este jueves en el Congreso– para llegar a tres grandes conclusiones a las que ha tenido acceso este periódico. En primer lugar, consideran que la reforma “deteriora la equidad contributiva” entre distintas generaciones y entre los salarios más altos y más bajos de una misma generación. En concreto, perjudica especialmente a los jóvenes y/o a aquellos con salarios más elevados, aseguran estos expertos. En segundo lugar, lejos de contribuir a la mejora de la salud financiera del modelo español de pensiones, “supone un empeoramiento de la sostenibilidad financiera del sistema”. Y finalmente, los actuarios reprochan a los autores de esta reforma que, a diferencia de los cambios operados en otros sistemas de pensiones europeos en los últimos años, en el caso español los cambios “se han centrado en el aumento de los ingresos sin incluir apenas esfuerzos para la racionalización de los gastos”. Muy al contrario, estos últimos se incrementan un 0,25% sobre el PIB solo por los efectos de la reforma, según sus cálculos.

“Por supuesto que un pacto de rentas tiene que incluir los márgenes empresariales”, dijo ayer Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, tras el Consejo de Ministros. Con ello, Calviño mandó un mensaje a la patronal CEOE de que la limitación de los beneficios empresariales tiene que entrar en la negociación social. Justo un día después de que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, pidiese al Gobierno que deje a los empresarios y los sindicatos que negocien un acuerdo salarial para la negociación colectiva, en el trienio 2022-2024. “Que el Ejecutivo nos deje en paz [a la CEOE y CCOO y UGT] negociar con discreción” el acuerdo para la negociación colectiva, dijo Garamendi para reivindicar la autonomía de los agentes sociales en esta materia. Calviño respondió que respeta a los agentes sociales, pero volvió a la carga sobre la necesidad de controlar los beneficios, preocupada por la evolución de la inflación, que se resiste a bajar, aunque ya anunció que este mes descenderá. Se trata del llamado efecto escalón, por la comparación con la evolución de los precios en marzo del año pasado. En dicho período, el Índice General interanual subió hasta el 9,8%, tras elevarse en marzo un 3%. La tasa anual de la inflación subyacente fue del 3,4%. Por lo tanto, es difícil que este mes suban tanto los precios como en dicho período del año pasado. En estos momentos el Índice General de Precios interanual es del 6,1%, y del 7,7% la inflación subyacente. En todo caso, la vicepresidenta primera insinuó sus sospechas de que detrás de la resistencia de los precios a bajar está la práctica de muchas empresas –no de todas– de subir los precios para mantener sus márgenes de actuación, y sus beneficios. 

Los ministros de Energía de los Veintisiete dieron ayer la luz verde definitiva al veto de los vehículos de diésel y gasolina a partir de 2035. La normativa, que llevaba bloqueada desde principios de marzo por Alemania, salió finalmente adelante con el voto en contra de Polonia y las abstenciones de Italia, Rumanía y Bulgaria. Bruselas llegó a un acuerdo con Berlín para que retirara su veto a esta importante medida medioambiental a cambio de que el Ejecutivo europeo presente en otoño un acto delegado que blinda el futuro de los coches impulsados con combustibles sintéticos de cero emisiones. La nueva normativa contempla la reducción en un 55% de la fabricación de coches de combustión de diésel, gasolina e híbridos para 2030 y un 50% la de furgonetas, antes de vetar su venta cinco años después.

Después de cuatro década, Volkswagen Navarra dejará de fabricar el Polo el año que viene. Así lo ha comunicado hace apenas dos horas la dirección de la empresa al comité, que ha considerado asimismo preocupantes las noticias relativas a los volúmenes de producción previstos para el periodo 2024-2027. Supondrán, según ha comunicado UGT a sus afiliados, un fuerte excedente de empleo, próximo a las 2.000 personas durante año y medio. "Estos escenarios -han destacado- son previsiones que pueden ser cambiantes, aunque desde noviembre a esta parte la tendencia se ha mantenido a la baja". Junto al final de la producción del Polo, la fábrica acusará asimismo la entrada en vigor de la normativa Euro 7, que limita drásticamente las emisiones de los vehículos, así como las obras necesarias para acondicionar la planta.

All Iron Socimi, la compañía inmobiliaria fundada por el actual presidente del Athletic, Jon Uriarte, cerró el pasado año con un beneficio neto de 8,7 millones de euros y un activo valorado en 241 millones. La empresa ha anunciado que gracias al beneficio del último ejercicio repartirá dividendos por primera vez desde su creación. All Iron es una empresa que tiene su sede en Madrid, acogida al régimen fiscal especial de las Socimi, que no está contemplado por las diputaciones forales vascas. Goza por ello de una exención total en el Impuesto de Sociedades. En el caso de All Iron Socimi, cerró el pasado año con ocho inmuebles en explotación dedicados a albergar pisos turísticos y ‘hostels’, en varias ciudades de España. En concreto, la empresa tiene capacidad para alquilar 1.000 apartamentos turísticos y 300 camas en ‘hostels’, y este año entrarán en explotación cuatro nuevas ubicaciones, en Madrid, Barcelona y Bilbao.

Neinor ha dado un vuelco a su estrategia de crecimiento con un nuevo plan de negocio que busca premiar a sus accionistas con abultados dividendos en los próximos años. Para ello sacrificará tamaño, sin renunciar a capacidad de ejecución, ya que gran parte de la inversión que realizará a futuro será junto con socios. La compañía, participada por Orion, Stoneshield y Adar, anunció ayer un plan de remuneración al accionista que incluye el pago de dividendos por 600 millones hasta 2027, de los cuales 450 millones se van a distribuir en los próximos tres años. Desde su estreno en el mercado, en marzo de 2017, ha abonado a sus accionistas 200 millones en dividendos. El nuevo compromiso de retribución al accionista casi iguala al valor de la empresa en Bolsa (707 millones de capitalización según los datos de cierre de ayer). Desde la compañía apuntan que emplearán el “potencial de generación de caja” para incrementar el pago de dividendos “en la franja más atractiva de retribución”.

‘EDA (Edariak eta Ardoa) Drinks&Wine Campus’. Es la denominación elegida por el Basque Culinary Center (BCC), emblema de la gastronomía de Euskadi, para replicarse en Álava con una institución gemela que pondrá el foco en las bebidas, con el vino como eje vertebrador. Avalada por el Gobierno vasco y la Diputación, EDA aspira a convertir a Vitoria y Rioja Alavesa en referencias de la formación y la investigación enológica. Y hacerlo con proyección internacional. Dos años de trabajo para definir la idea –según sus promotores se plasma en un informe de doscientos folios–, que fue presentada ayer, a dos meses de las elecciones municipales y forales. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia; el diputado general, Ramiro González; y el director general del Basque Culinary Center (BCC), Joxe Mari Aizega, fueron los encargados de dar carta formal a este proyecto, que fue desvelado por EL CORREO el pasado 5 de marzo. Entre los datos nuevos, la inversión. Lakua ha consignado 9,6 millones de euros. Y el ente foral cofinanciará con la cesión de los distintos edificios y su mantenimiento anual. «Estamos analizando posibles sedes porque Vitoria y Rioja Alavesa van a caminar juntas, van a compartir el protagonismo», aseguró González. La capital será el epicentro de la formación académica mientras que la comarca concentrará las líneas de investigación e innovación con una red de aulas, laboratorios y espacios para eventos, que se complementarían con parcelas destinadas a la experimentación. En el caso de Rioja Alavesa, la Casa Palacio de Samaniego en Laguardia –de sus tres plantas sólo uno está ocupada por la oficina de la hacienda foral– es una de «las opciones» confirmadas por el diputado general. 

Los jóvenes viven la búsqueda de empleo en un clima marcado por la incertidumbre. La pandemia, una inflación por las nubes y una nueva crisis bancaria han dado una vuelta de tuerca más a las ya de por sí complicadas posibilidades de encontrar un primer trabajo. Es un ambiente marcado por la inestabilidad, pero también por una nueva reforma laboral dirigida a reducir la temporalidad. Las oportunidades de negocio derivadas del avance tecnológico también están ahí. Tratándose de la generación más preparada de la historia a nivel formativo las dificultades no deben desmotivar, sino estimular esta búsqueda laboral. Este mismo análisis se realizó ayer en el Bizkaia Aretoa la IX edición del programa Gazte Up, la jornada de juventud y empleo organizada por El Correo con el patrocinio de la Diputación de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y Lanbide. «Los poderes públicos estamos haciendo nuestros deberes y legislamos para mejorar la economía», destacó ayer Teresa Laespada, diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. No obstante, señaló que la actual oferta laboral no encaja con las cualidades de las personas que están en paro. La directora de Empleo de la Diputación, Susana González Rómulo, coincidió en el análisis: «Necesitamos adaptar la formación a las necesidades empresariales». Por su parte, el director general de Bilbao Ekintza, Javier Garcinuño, señaló la capacidad de generar y atraer talento como una de las claves para convertir Bizkaia en un territorio atractivo. «Cada vez es más necesaria una visión del conocimiento analizada en su conjunto», animó a los jóvenes presentes en la conferencia.

Kutxabank está a punto de completar su ambicioso plan de expansión de la banca personal a toda su red con la incorporación de nuevos gestores en sus oficinas de Galicia, Asturias y León. El banco de las antiguas cajas BBK, Kutxa y Vital empezó hace tres años su crecimiento en banca personal fuera del País Vasco. A finales de 2021 gestionaba 20.200 millones y tenía 80.000 usuarios; y en la actualidad da este servicio a casi cien mil clientes, muchos de ellos antiguos usuarios particulares o carterizados que han sofisticado su demanda de productos y buscan asesoría profesional. En seis años, el número de usuarios ha crecido un 114%. El banco vasco gestiona hoy en día 21.900 millones de euros en banca personal, volumen que supone el 33% de los recursos administrados en su red minorista; y cuenta con 239 gestores para ofrecer el servicio, con una edad media de 40 años y formación especializada. De ellos, 14 se han incorporado en lo que va de 2023, y nueve lo han hecho en Galicia y Asturias. Kutxabank explica que los productos fuera de balance representan el 73% del total de recursos que gestiona en banca personal. Son, sobre todo, fondos de inversión, fondos de pensiones y entidades de previsión social voluntaria (su versión vasca); y carteras delegadas. 

El colchón de ambos bancos está por debajo del límite que permite la regulación. La crisis en el mercado de CoCos desatada por las condiciones del salvamento suizo a Credit Suisse ha disparado el precio de esta deuda y ha trastocado los planes de financiación de los bancos de medio mundo, incluidos los de Santander y BBVA. Las dos entidades son las más afectadas en el panorama nacional: no solo son las que tienen más CoCos cotizando en el mercado, sino las que más necesitarían de nuevas emisiones para llenar los colchones que permite la regulación y tener la estructura de capital más eficiente posible. Entre ambas suman casi 3.000 millones de euros en nuevos CoCos a emitir para optimizar su solvencia. El problema es que llueve sobre mojado. Santander lleva más de un año y medio sin pisar el mercado de CoCos. Su última incursión fue en septiembre de 2021, cuando logró colocar estos bonos contingentes convertibles o AT1 al precio más bajo conseguido nunca por un banco del sur de Europa (empatado con CaixaBank). A partir de ahí empezó la escalada del coste de los CoCos, azuzados por la guerra en Ucrania y la inflación, así que el banco prefirió esperar a que bajaran de las alturas para volver al ruedo.

El Consejo de Ministros dio ayer su visto bueno a la prolongación de la excepción ibérica hasta final de año, que ya cuenta con la aprobación de la Comisión Europea. El mecanismo, que evita la transmisión directa de los precios del gas natural sobre el mercado eléctrico, sufrirá una revisión al alza en sus umbrales de activación: el nivel de cotización de este combustible a partir del cual entra en vigor. Ese límite dejó sin actividad la excepción ibérica en el último mes, tras el fuerte abaratamiento del gas en el mercado mayorista. La prórroga de la herramienta, conocida como tope al gas, supone no obstante para España y para Portugal un cortafuegos frente a una potencial escalada en el precio del gas, que marca el precio de la luz en muchas franjas horarias. Los dos países ibéricos son los únicos de la UE que cuentan con un seguro de este tipo. En el caso español, el ahorro para los consumidores ronda los 5.000 millones de euros en su año escaso de vigencia, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Aunque las centrales de ciclo combinado y las de cogeneración obtienen la misma retribución que antes del tope, sí se evita una remuneración excesiva para el resto de fuentes: la nuclear y las renovables de primera (hidráulica) y segunda generación (solar, eólica y biomasa), más económicas.

El Consejo de Ministros aprobó ayer en segunda lectura la Ley de Familias para su envío inmediato al Congreso, donde el Gobierno solicitará su tramitación por la vía de urgencia con el objetivo de que entre en vigor antes de que acabe la legislatura. El Ejecutivo da así el empujón definitivo a una de las medidas estrella de Podemos y, en concreto, del Ministerio de Derechos Sociales, que encabeza Ione Belarra, que, paradójicamente, fue ayer la gran ausente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar la nueva norma, a pesar de que había solicitado expresamente su comparecencia. Su ausencia, que el Gobierno justificó alegando que “no hay cambios sustantivos” en el texto definitivo de la ley y que, por tanto, no era necesaria una nueva presentación, no sentó nada bien en las filas de la formación morada. De hecho, Belarra contraatacó enviando declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la rueda de prensa del Consejo y publicando un vídeo en redes sociales para reivindicar la autoría de la ley, lo que da idea de las tensiones que se respiran en el Gobierno de coalición, donde los choques se han multiplicado en los últimos meses. La nueva ley, que pivota en torno a cuatro grandes ejes: la extensión de la protección social a las familias y el apoyo a la crianza; el reconocimiento jurídico de los diferentes tipos de familia; el derecho a la conciliación, y la protección de los derechos de niños y adolescentes, incorpora algunos cambios técnicos tras las reticencias mostradas por el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial a algunos apartados del texto, dejando a un lado, por ejemplo, la prohibición del “pin parental”, controvertida medida retirada finalmente por el Ministerio de Belarra a instancias del Consejo de Estado.

Italia tendrá que esperar un mes más para recibir el tercer bloque de ayudas europeas contemplado en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), el paquete de reactivación económica tras la pandemia estimado en 191.500 millones de euros hasta 2026, aportados en buena parte por Bruselas. La necesidad de revisar tres de las medidas incluidas en este programa, entre ellas la reforma de las licencias comerciales para la gestión de los puertos, ha llevado a la Comisión Europea a postergar un mes la entrega de los 19.000 millones previstos en esta fase. El Ejecutivo conservador liderado por Giorgia Meloni explicó ayer que el retraso se decidió de manera «concordada» y que las tres reformas que lo motivan fueron diseñadas por el Gabinete anterior, liderado por Mario Draghi. «El Gobierno seguirá trabajando de manera constructiva con la Comisión Europea para garantizar que se completa de manera positiva la valoración», remarcó. La decisión se tomó entre Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, y Raffaele Fitto, ministro de Asuntos Europeos y encargado de vigilar la ‘hoja de ruta’ para recibir los fondos del plan de recuperación. La entrega a Roma por parte de Bruselas de esos 19.000 millones de euros está ligada a los objetivos que Italia debía alcanzar a finales del pasado año, cuando el Gobierno presentó los resultados logrados en 55 de los hitos incluidos en el PNRR.

La décima jornada de movilizaciones en Francia contra la reforma de las pensiones impulsada por el presidente, Emmanuel Macron, estuvo ayer blindada por la presencia de 13.000 policías y gendarmes en las calles, 5.500 de ellos en París. Era una cita considerada de alto riesgo, sobre todo tras los graves disturbios de días atrás y que sólo el pasado jueves se saldaron con más de 400 detenidos y otros tantos agentes heridos. El despliegue policial no impidió por completo los incidentes, ni la presencia de alborotadores de los ‘black blocs’, pero permitió que las protestas transcurrieran con menos violencia. El Ministerio del Interior calcula que 740.000 personas se manifestaron ayer en todo el país (93.000 en la capital) contra Macron y su proyecto para cambiar las pensiones, ya aprobado por decreto, que elevará la edad de jubilación de los 62 años actuales a 64. La Confederación General del Trabajo (CGT) reivindicó dos millones de participantes, 450.000 en París. Las cifras están lejos de las logradas hace menos de una semana, el jueves pasado, cuando salieron entre un millón de franceses, según el recuento oficial, y 3,5 millones, según los sindicatos. Las centrales no se rinden y convocaron una nueva protesta para el 6 de abril.