20230417

Mikel Agirregabiria es un convencido del vehículo eléctrico. En 2019 se hizo con uno de los primeros Tesla Model 3 que desembarcaron en España y desde mediados del año pasado preside la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), con cerca de 6.000 miembros en toda España. Este vizcaíno de Getxo, de 70 años, físico teórico que también fue precursor del movimiento bloguero en internet, se reconoce convencido de que el futuro de la automoción será eléctrico. «No echo de menos ir a la gasolinera», reivindica. "Creo que son las ganas de no cambiar y el rechazo a la innovación. Ha habido muchas falacias, como decir que era para ricos. Creo que los vehículos eléctricos van a hacer que muchos mantenimientos y reparaciones sean historia. Entendemos que haya una transición controlada, pero es necesario mirar hacia delante y se están dejando pasar los plazos. Ahora tendría que haber más puntos de recarga y se están incumpliendo los plazos, igual que con las 149 ciudades de más de 50.000 habitantes que deben contar con Zonas de Bajas Emisiones. Pueden parecer hasta pocas, pero en ellas vive el 53% de la población. Aún así, se está siendo muy laxo con el tema de las etiquetas ambientales... Hay puntos de recarga de sobra y se añaden unos mil al mes –el año pasado los públicos superaban los 13.000, de los que cerca de un centenar eran puntos de carga rápida– frente a 11.800 gasolineras que tienen una media de ocho boquereles. Además, con el vehículo eléctrico uno sale de casa con el depósito lleno y actualmente ya existen zonas donde la carga para los coches nuevos puede hacerse en 15 minutos. Es que no te da tiempo ni a tomarte un café. Además los precios de la electricidad en ciertos horarios son casi simbólicos. El problema es que están poco usados. De hecho, no es cierto que haya colas. Lo único malo del vehículo eléctrico es tener que evangelizar de forma constante y refutar tanto cuñadismo..."

Los 264 millones de presupuesto con los que cuenta la segunda convocatoria del Plan Moves Proyectos Singulares II –que busca fomentar la madurez tecnológica del vehículo eléctrico y de pila de combustible de hidrógeno y también facilitar su comercialización– ya tienen destinatarios, con nombre y apellidos, tras la publicación de la resolución provisional por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Casi la mitad de estas ayudas públicas (46,4% y 122,4 millones), canalizadas a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), se destinará a la línea de desarrollo de las infraestructuras innovadoras de recarga de vehículos eléctricos y de hidrógeno y para la integración con otras redes inteligentes, lo que supone la mayor partida del total de subvenciones, mientras que un 12% de los fondos (31,7 millones) será para impulsar la movilidad eléctrica y las aplicaciones TIC. De su lado, las aplicaciones de nuevos desarrollos de baterías y almacenamiento eléctrico para movilidad recibirán un total de 13,99 millones de euros del presupuesto del Plan Moves Singulares II, lo que representa el 5,3% del total de fondos repartidos de forma provisional, mientras que el 36,2% restante (95,5 millones) recaerá sobre proyectos de desarrollo o innovación de nuevos procesos y prototipos de modelos o componentes de vehículos con motorización eléctrica.

The Rise Fund, un fondo de inversión con conocidos multimillonarios del mundo empresarial, tecnológico y artístico como Richard Branson, fundador del grupo Virgin, y Bono, vocalista de U2, ha lanzado, a través de Matrix Renewables, un ambicioso plan en España para entrar de lleno en el negocio del hidrógeno. Matrix ultima un acuerdo con el grupo español Rolwind Renovables para la creación de Hyren, una nueva plataforma dedicada al desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en España, según fuentes del sector energético. El objetivo es involucrarse en todas las fases del negocio, desde la producción de energía renovable para las plantas de hidrógeno, el desarrollo de éstas y de sus electrolizadores, y la fabricación y venta tanto del hidrógeno como de todos los productos derivados de esta fuente de energía, como amoniaco y metanol. El grupo cuenta ya con 1.500 megavatios en proyectos identificados en las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón, justo por donde pasarán los futuros corredores de tuberías de hidrógeno que Enagás está planificando para enlazar con el H2Med, el gran tubo que conectará España con Francia a través del Mediterráneo. Hasta ahora, la batalla empresarial del hidrógeno en España la habían protagonizado las grandes energéticas, sobre todo las dos petroleras, Repsol y Cepsa, y las dos grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa, con anuncios de ambiciosos proyectos, a cada cual más grandilocuente. Enagás, el gestor de los gasoductos, también se ha volcado con el hidrógeno, y participa en decenas de proyectos, algunos con Acciona Energía. The Rise Fund, con el proyecto Hyren, diseñado a través de Matrix y Rolwind, marca un punto de inflexión. Por primera vez aparece un gran fondo en esta batalla con un proyecto gigante.

Oiane Niebla se ha convertido este mes en la primera mujer decana y presidenta del Colegio y la Asociación de Ingeniería de Telecomunicación de Euskadi. "Yo estudié en la Universidad de Deusto y allí ya no hay ingeniería de telecomunicación. Ya no sólo el tema femenino, sino el tema de vocaciones. Es otra de las patas que queremos seguir fomentando, las vocaciones científico-tecnológicas entre la juventud. Y en cuanto al tema de las mujeres, cuando yo estudié éramos mitad más uno de mujeres; éramos 75, y la mitad más uno éramos mujeres, no sabemos lo que ha pasado. Desde el colegio y la asociación realizamos eventos de innovación, hackathones, y tenemos dos versiones: la junior y la senior. En la junior, que está orientada a chavales de 12 a 18 años, vemos que la participación de la mujer es mayoritaria y que las acceden a los premios y las que suelen ganarlos son ellas, pero no sabemos qué pasa cuando llegan a la universidad, porque la participación femenina en esos hackathones es un 20%, si llega...El primer desafío es conseguir que la gente estudie una carrera tecnológica. Mucha gente no sabe qué es un ingeniero, así que lo primero es dar a conocer su trabajo y, a partir de ahí, seguir trabajando para que sea un profesión reconocida, porque otro de los handicap que nos encontramos es que antes tenías que sacar muy buenas notas para poder entrar y ahora no tiene nota de corte..."

El buzón anónimo para denunciar fraudes cometidos en el ámbito laboral, puesto en marcha por el Gobierno vasco en 2017, afloró el año pasado por primera vez casos por acoso sexual o de discriminación por razón de sexo en Euskadi. La cada vez mayor sensibilización que existe contra la violencia machista en la sociedad y el menor miedo a señalar injusticias que se sufren en el plano personal, llega también al mundo del trabajo con 24 personas que en 2022 comunicaron comportamientos de este tipo. En esencia, este buzón nace para proteger a todos los trabajadores, pero sobre todo busca dar cobijo a los más vulnerables, aquellos con contratos precarios en pequeñas empresas y carecen de representación sindical para la defensa de sus derechos. También se dirige a ciertos colectivos como el de empleadas del hogar. ¿Pero qué tipo de conductas se comunican por esta vía? Las más frecuentes guardan relación con horas extras no retribuidas o irregularidades en el contrato. Es decir, jornadas de 12 horas diarias de las que se retribuyen solo la mitad o encadenamiento continuo de contratos temporales irregulares. En los últimos tres años, 1.722 vascos han recurrido al buzón de denuncias del Gobierno vasco para comunicar irregularidades, a una media de 574 al año. Y a diferencia de los anteriores, en 2022 también se registraron denuncias de acoso sexual. Las empresas de más de 50 empleados están obligadas a tener un canal de delaciones y tienen hasta el 1 de diciembre de este año para adaptarse a la ley. En caso de no hacerlo, la norma contempla una serie de infracciones y multas. El incumplimiento tendrá la consideración de infracción muy grave, con multas de entre 600.001 y 1.000.000 de euros. Además, se podrá imponer otro tipo de sanciones, como la prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años o también la prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de tres años.

La izquierda abertzale y ELA, el sindicato mayoritario en Euskadi, han entrado en una guerra abierta que va mucho más allá de un enfrentamiento sindical entre la central liderada por Mitxel Lakuntza y LAB. Se trata de una pelea que está agitando el soberanismo, que se basa en gran medida en el giro estratégico puesto en marcha por EH Bildu y que estalla justo ahora que están a punto de cumplirse 25 años del Pacto de Lizarra, cuando los dos sindicatos unieron como nunca sus fuerzas para impulsar un proceso independentista. El escenario en estos momentos es justo el contrario. A lo largo de la pasada semana, los coordinadores generales de LAB, Garbiñe Aranburu e Igor Arroyo, han escrito un artículo que aclara qué clima se vive en estos momentos. En el texto no ocultan su malestar con ELA, a la que acusan de «lanzar una campaña de acoso y derribo contra LAB». Su relato ofrece poco margen para la interpretación. Cargan contra su «soberbia analítica», le reprochan haber convertido en «agua de borrajas» sus promesas políticas y aseguran que detrás de su apuesta por «dar lecciones a todo el mundo» se esconde su «incapacidad para aportar a la construcción de un proceso de emancipación nacional y social». Frente a ello, los dirigentes de LAB apuestan por un «sindicalismo constructivo». Lo que aparentemente ha desbordado el vaso de la paciencia de los dirigentes de la central vinculada a la izquierda abertzale es una entrevista publicada a finales de marzo en ‘El Diario Vasco’ en la que Lakuntza afirmaba que LAB mantiene «una alianza» con UGT y CC OO para «desactivar» a ELA. Pero la tormenta excede con mucho el ámbito sindical. Afecta de lleno a la línea estratégica impulsada en los últimos años por la izquierda abertzale.

Treinta y tres días de salario por año trabajado. Esa es la indemnización máxima por despido improcedente en contratos indefinidos que cualquier abogado laboralista aspiraba a conseguir en los tribunales en los últimos años. Es el tope que recoge la legislación laboral española desde 2012. Sin embargo, últimamente algunos afectados consiguen indemnizaciones superiores. “Desde hace tiempo notamos un impulso en las compensaciones que superan los 33 días”, explica Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas en España (Asnala). La razón, indica, es que en julio de 2021 España ratificó al completo la Carta Social Europea. Este texto legal, que supera a la normativa nacional, introduce un matiz que faculta a los jueces para decretar indemnizaciones que superen los 33 días, ya que reconoce “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Ese lapso, a criterio del juez, no tiene que coincidir con lo que considera “adecuado” o “apropiado” por el daño causado. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, cataloga este movimiento judicial como “tímido”, pero “suficientemente visible; va subiendo y terminará de estallar”. Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO, considera “fundamental” que los trabajadores conozcan la vía que abre la Carta Social. Eso sí, cree que “no hay que generalizar ni crear falsas expectativas”, ya que estas indemnizaciones se van a dar en “circunstancias muy concretas”. La patronal CEOE ha rechazado participar en este reportaje. La principal defensa de los empresarios es recordar que los 33 días con los que se compensa en España está muy por encima de la tasación de otros países. Según datos del Banco Mundial, España indemniza las rescisiones de trabajadores con 10 años de antigüedad con unas 28,6 semanas de salario, frente a las 10,8 de Francia, las 17,1 de Portugal o las 21,7 de Alemania. Los sindicatos insisten en que este dato, sin contexto, resulta engañoso. “En muchos países la readmisión es mucho más sencilla que en España, hay preavisos de hasta seis meses, salarios de tramitación... Hay que comparar los sistemas al completo, no solo los días de indemnización”, opina el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján.

En el documento Medidas para hacer frente a escasez de mano de obra: lecciones para la política futura, el organismo comunitario considera que la fuerte recuperación del mercado laboral tras la pandemia de Covid-19 junto con las actuales tendencias demográficas “han agravado la escasez de mano de obra en la UE, hasta el punto de que la tasa media de vacantes alcanzó en el tercer trimestre de 2022 máximos históricos del 3% de media y casi un tercio de los empleadores comunitarios aseguran que esta falta de trabajadores limita su producción y la prestación de servicios”. Sin embargo, las diferencias respecto a la escasez de mano de obra dividen a la UE en tres grupos. El primero estaría formado por los países donde la lucha por el talento es más aguda (Austria, Bélgica, Chequia, Alemania y Países Bajos) y su tasa de vacantes (ofertas laborales que no se cubren) supera el 4%, más de un punto superior a la media europea. Un segundo grupo tendría un nivel de vacantes en la media comunitaria (2%-3%) y está formado por Chipre, Estonia, Finlandia, Hungría Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Eslovenia y Suecia. Y, finalmente, estarían los Estados con menos vacantes (por debajo del 2%). En este grupo, junto a España estarían Bulgaria, Croacia, Grecia, Irlanda, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia. No obstante, el número de vacantes no es el único indicador de falta de mano de obra. De hecho, la diversidad del problema hace que haya otro elemento que refleja también esta escasez: se trata de la holgura del mercado laboral. Esto se define como la diferencia entre la cantidad de empleo que buscan o desearían los trabajadores y los puestos que oferta el mercado. Así, el documento de Eurofound destaca que en países como Italia o España, “el problema no es tanto de número de vacantes, sino de la falta de encaje entre la mano de obra disponible y las vacantes existentes en las empresas”. En este punto, España detenta el nada honroso primer puesto como país con el mercado laboral más holgado o más desajustado dentro de la UE-27 (ver gráfico).

La alta inflación, persistente desde hace más de año y medio, y agudizada por los efectos de la invasión en Ucrania en el coste de las materias primas, sigue haciendo mella en la industria y el pequeño comercio. Los empresarios están especialmente preocupados por esta situación. La Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE, agrupa a los 5.500 comercios del sector) y la patronal Confemetal (220.000 empresas del metal) acaban de diseñar un plan renove de sustitución de electrodomésticos que sirva para paliar los efectos de la crisis en las empresas del sector y ayude también a los objetivos de transición energética, marcados por el Gobierno. Los presidentes de FECE y Confemetal, Diego Giménez y José Miguel Guerrero, respectivamente, han enviado una carta conjunta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para solicitarle una reunión que aborde esta situación, y explicarle el diseño del citado plan, “en estos momentos de especial vulnerabilidad para las pymes del metal así como para el pequeño comercio (rural y urbano) y también para los consumidores y usuarios, debido a la crisis económica y especialmente energética”. Otras entidades empresariales, como la patronal de la gran distribución Anged y la asociación de fabricantes e importadores de electrodomésticos Applia, ya se han sumado a esta iniciativa.

La evolución de algunos de los principales costes que soporta la cadena alimentaria, a la baja desde que se inició el año, abre la puerta a un cambio de tendencia en los precios de los alimentos, tras un año de fuertes subidas en los lineales. En marzo, el IPC alimentario arrojó otro fuerte incremento anual, del 16,5%, aunque el precio en origen de algunos productos e insumos empieza a reflejar cierto alivio para su traslado a precio final. Mercadona, líder de la distribución alimentaria en España, puso de manifiesto la semana pasada que los costes de producción, aunque lentamente, han comenzado a bajar, al menos lo suficiente para rebajar el precio a 500 de sus referencias. Las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Agricultura ponen de manifiesto un alivio, cuando no una caída, en algunas partidas de costes desde que comenzó el año, aunque siguen muy por encima de los niveles que tenían hace dos años. Por ejemplo, una decena de tipologías de piensos: los utilizados para alimentar a gallinas ponedoras o pollos de engorde han caído un 9% y un 13%, respectivamente, desde el inicio del año. A cierre de marzo, su precio era en torno a un 17% inferior a los de la misma fecha de 2022, ubicándose en precios preguerra, aunque todavía altos si se compara con toda la serie histórica.

Durante su intervención en la conferencia municipal que el PSOE ha celebrado el fin de semana en Valencia, el presidente del Gobierno anunció que movilizará 50.000 viviendas de la Sareb, el banco malo creado en 2012 para liberar al sistema financiero de activos inmobiliarios tóxicos, con el objetivo de destinarlos a «alquileres sostenibles». Que se trasladaran al parque público las viviendas de esa sociedad, que desde hace un año es de titularidad mayoritariamente estatal (50,14% es propiedad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria creado también a raíz de la crisis de 2008) ha sido una reivindicación tanto de los socios del Gobierno como de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los sindicatos durante los casi tres años que ha durado la negociación de la norma desatascada ahora, a un mes escaso de que dé comienzo la campaña para las autonómicas y municipales del 28 de mayo. Según la página web de la Sareb, desde 2021, en virtud de un protocolo firmado con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y con el de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ya hay 15.000 viviendas cedidas temporalmente a las administraciones para el alquiler social y asequible. La propuesta del presidente del Gobierno –que no tiene que pasar por el Congreso y ejecutará directamente la entidad– más que triplicará esa cifra.

"...La necesidad de una política de subvenciones beligerante ha sido claramente entendida en España como reacción a las crisis Covid y a la derivada de la guerra en Ucrania. Las políticas de austeridad generalizada aplicadas tras la gran crisis de 2008 causaron paro y pobreza y la recuperación económica tardó muchos años en llegar. De modo que la reacción fue espectacular. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo añadió un despliegue nunca visto de donaciones a fondo perdido. Y en buena hora...La bondad de las subvenciones se da por demostrada. Pero al margen de las criticas habituales volcadas sobre el sector público, tales como la escasa equidad o transparencia, la alta carga burocrática de los procedimientos administrativos, la excesiva documentación requerida, la tardanza en la resolución y en mayor medida en la llegada de la ayuda, y otras más, las subvenciones encierran peligros mayores para el eficiente funcionamiento del mercado. La AIReF ha sido a menudo muy crítica con la política de subvenciones, destacando la ausencia de vinculación entre políticas, planes sectoriales, programación presupuestaria y planificación estratégica de las subvenciones. En determinadas circunstancias, las ayudas públicas pueden distorsionar la competencia en los mercados en contra del interés general. Simultáneamente, subsidios a unidades poco productivas reducen la productividad del sector al aumentar su número en la renta nacional. En el sector empresarial es frecuente criticar la subvención a empresas ‘zombis’ o ineficientes que debilitan la salud de las verdaderamente eficientes, a las que sería más importante preservar...Macro económicamente los ‘pros’ de las ayudas superan probablemente a las desventajas, pero el fraude o la picaresca siempre están listas para sacar provecho ilícito de unos fondos que en última instancia provienen de los contribuyentes". 

La Comisión Europea ultima una reforma del mecanismo de gestión de crisis bancarias. El plan, que Bruselas ha acelerado ante las turbulencias financieras, consiste en agilizar y unificar el marco para intervenir entidades y evitar el pánico y las fugas de depósitos, según los borradores. La Comisión Europea ultima una reforma del mecanismo de gestión de crisis bancarias tras las recientes tensiones financieras desatadas por los problemas de tres bancos estadounidenses (Silicon Valley Bank, First Republic y Signature) y el suizo Credit Suisse. Este plan ya se estaba preparando antes del terremoto, pero se ha acelerado ante el temor a nuevos episodios de turbulencias bancarias. La idea consiste en agilizar y unificar todavía más el marco existente para intervenir ante la caída de una entidad, evitando la propagación del pánico y la consiguiente fuga de depósitos. Esa es la noticia positiva: Bruselas es consciente de que hay que apuntalar los mecanismos para gestionar crisis bancarias. La mala es que sigue bloqueada la negociación para crear un fondo de garantía de depósitos europeo, la solución que permitiría dar una mayor red de seguridad a los clientes de las entidades. De esta manera, el dinero guardado en un banco estaría garantizado hasta el importe cubierto de 100.000 euros por un fondo único de la eurozona en lugar de por los nacionales. Así, cualquier euro bancario sería exactamente igual en todos los países.

Sólo unas horas después de que Alemania desconectara el sábado de su red eléctrica sus últimos tres reactores nucleares, culminando así más de 20 años de eliminación gradual de la energía atómica en el país germano, uno de sus vecinos del Mar Báltico, Finlandia, puso ayer en funcionamiento el reactor nuclear Olkiluoto 3, el mayor de Europa. Tras 18 años de obras, y con 13 de retraso sobre el calendario inicialmente previsto, el reactor ubicado en la costa suroeste del país nórdico –limítrofe con Rusia y recientemente integrado en la OTAN– «comenzó a producir electricidad», según informó en un comunicado la compañía operadora de la planta TVO. Con 1.600 megavatios de potencia está previsto que Olkiluoto 3 suministre alrededor del 14% de la electricidad que se consume en el país. Construido por el grupo francés Areva y el alemán Siemens, el nuevo reactor nuclear emplea tecnología de agua presurizada EPR de última generación. Esta fórmula, considerada más potente y segura, fue concebida para relanzar la energía atómica en Europa tras la catástrofe de Chernóbil de 1986. Olkiluoto es el tercer reactor EPR en el mundo, después de dos que ya operan en China. El apoyo a la energía nuclear civil ha crecido en Finlandia en los últimos años, impulsado por la preocupación por el clima y las tensiones energéticas mundiales. Según la última encuesta publicada, un 60% de los finlandeses la apoya.