20230421

El empresario donostiarra José María Ruiz Urchegui, que fue secretario general de Adegi durante más de 25 años, falleció ayer en San Sebastián a los 76 años de edad, que había cumplido el pasado día 10. Con su muerte, desaparece la figura de un hombre cuya trayectoria al frente de la patronal guipuzcoana estuvo marcada por su firme defensa del tejido empresarial de Gipuzkoa y por su compromiso por la paz y contra ETA, que intentó asesinarle en 1996 en un atentado con bomba lapa bajo su coche que acabó mutilando las dos piernas a su primo, Santiago Leceta Urchegui, que, en su ausencia por motivos laborales, conducía el vehículo. Casado y padre de cinco hijos –cuatro chicas y un chico–, Ruiz Urchegui dejó la dirección de Adegi en 2008 y desde entonces se alejó del foco público. Solo reapareció en octubre de 2017, ya con el cese definitivo de la violencia, en un emotivo homenaje institucional a los empresarios vascos que sufrieron el terrorismo y la extorsión. «El homenaje era una deuda pendiente. Ahora, con nuestro trabajo, los empresarios tenemos que seguir logrando la paz y el mayor consenso social». Su trayectoria al frente de Adegi terminó en 2008 y el entonces presidente de la asociación empresarial, Eduardo Zubiaurre, le relevó por el actual inquilino del cargo, José Miguel Ayerza, en lo que supuso un cambio generacional al frente de la asociación empresarial guipuzcoana. Desde entonces, el empresario donostiarra se alejó del foco público.

El servicio de estudios de BBVA estima que Euskadi recuperará este año las cifras de PIB previas a la pandemia, tras un proceso de crecimiento de la economía que no se ha detenido pese a las incertidumbres generadas por la invasión de Ucrania, el alza de precios de la energía y la generalización del aumento de precios. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA, presentó ayer los resultados de las últimas previsiones económicas realizadas por la entidad en torno al País Vasco, que trasladan una imagen bastante positiva. Una imagen que, además, está muy alineada con las últimas previsiones elaboradas por el Gobierno vasco. En ese contexto, el banco cree que la economía vasca crecerá este año el 1,3% mientras que en 2024 se registrará una aceleración para escalar hasta el 2,9%. Una evolución que, dijo, permitiría la creación de 24.600 puestos de trabajo este año y el próximo. Con ello la tasa de desempleo el próximo año se situaría en torno al 7% en 2024. En la práctica, las nuevas estimaciones de BBVA suponen una visión más optimista en relación con las anteriores que habían elaborado y que situaban el crecimiento para este año en un exiguo 0,7%, seis décimas menos que el que se intuye ahora. Esta evolución del PIB –el valor agregado de los productos y servicios que se generan en el País Vasco– es algo más débil que lo que el propio BBVA espera para el conjunto de España. La razón es de sobra conocida y está basada en que el sector que en estos momentos actúa como tractor del consumo es el de servicios y en especial las áreas de actividad ligadas al turismo, que tiene mayor trascendencia en otras zonas de España. Cardoso indicó también que a corto plazo se esperan problemas en el sector industrial, que es clave en la economía vasca, debido no solo al alza de costes de las materias primas sino también a que persisten los problemas de abastecimiento.

La desaceleración económica que se visualizaba para el arranque de este año no se ha dejado sentir en las exportaciones vascas todavía. Según el dato publicado ayer por Eustat, las ventas en febrero crecieron un 15,5% con 2.923 millones de euros y, en lo que llevamos de año, el acumulado registra un crecimiento del 18% respecto a 2022. Otra cosa es la importación, porque las compras que las empresas vascas necesitan realizar en el extranjero de productos energéticos sí dieron síntomas de enfriamiento en febrero. Especialmente en el caso del petróleo, que se desplomó un 34% con 126 millones menos en el mismo mes del año anterior. La tendencia se repite en el gas con un descenso del 50%, 55 millones menos. Los analistas interpretan en estos datos una señal de alerta, ya que evidenciaría unas planificaciones en las que la actividad decae y, por lo tanto, el combustible industrial requerido será menor. Así pues, el tejido económico sigue en un escenario de incertidumbre muy expuesto a la evolución de la guerra de Ucrania, los precios o los tipos de interés. De momento, la fabricación para el exterior sigue funcionando y los grandes clientes de Euskadi (Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido e Italia) demuestran fuerza manteniendo los pedidos. La exportación vasca sigue descansando en la automoción y el combustible.

La pérdida de arraigo empresarial y la compra de grandes e históricas compañías industriales de Euskadi es un problema creciente para el que ya no vale solamente la incentivación. El Gobierno vasco dará un paso más y analizará la reclamación por ley de las ayudas públicas ofrecidas a las empresas que salgan del País Vasco. Así lo confirmaron los grupos políticos que sostienen al Ejecutivo de Urkullu (PNV y PSE) al respaldar la toma en consideración de la proposición de ley defendida ayer en el Parlamento por EH Bildu. La propuesta solo encontró la oposición de la coalición de PP y Ciudadanos, que defendió el apoyo a las empresas, y de Vox. El PNV votó a favor con el objetivo de «plantear una actitud proactiva en el debate» que «ya veremos qué forma le damos», afirmó el jeltzale Mikel Arruabarrena. El caso es que supone un paso más en la estrategia del Ejecutivo vasco que, hasta ahora, se había mostrado más partidario de facilitar con regulación y flexibilidad un clima favorable a los proyectos empresariales. De hecho, una iniciativa de parecido tenor fue rechazada en la Cámara hace tres años. El PNV entiende que esta iniciativa presentada por EH Bildu, más coercitiva, encaja con otras normativas forales impulsadas en Bizkaia en 2007 y en Álava en 2016 «con las que nos sentimos cómodos» para disuadir a las empresas que analicen su salida de Euskadi con la reclamación de las subvenciones recibidas.

El mercado inmobiliario se resiente en toda España y también echa el freno en Euskadi, aunque en menor medida. Así, en el País Vasco, las 2.160 operaciones realizadas durante el mes de febrero según los datos trasladados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) supusieron una reducción del 1,5% respecto al año pasado, mientras que el descenso de la media del país alcanza el 6,6%, tras contabilizar 50.186 ventas, en un contexto de tipos de interés más elevados para contener la inflación. Los datos en Euskadi no difieren en gran medida de lo registrado ya en enero, cuando se había contabilizado una subida interanual del 9,4%. Entonces la cifra de ventas alcanzó las 2.147 viviendas de un total de 3.880 transmisiones (en febrero estas últimas alcanzaron las 3.777). En cuanto a fincas, en el País Vasco se produjeron 8.265 transmisiones lo que supone otro descenso, esta vez del 1,3%. De estas, 7.485 fueron de tipo urbano, y más de la mitad de operaciones se trataron de compraventas. El resto incluyó 1.831 herencias, 121 donaciones, 19 permutas y 1.147 adquisiciones de otro tipo. En España el frenazo se agudiza tras un mes de enero en el que se había registrado un incremento del 6,6% interanual, con 56.300 operaciones. El descenso reflejado en los datos del INE supone, de hecho, la mayor caída en febrero de los últimos cinco años. La caída del dato español se refleja tanto en la compraventa de viviendas usadas, que se redujo el 5,5% con 40.479, como especialmente en la de las nuevas, que se dejó en febrero el 11,1% con 9.707. En el País Vasco, por contra, la venta de las nuevas experimentó un crecimiento del 16,8%, compensado por una ligera pérdida del 3,7% en las de nueva construcción. 

La política estrella del Gobierno central para limitar el impacto del euríbor, que se ha multiplicado por 12 en el último año, se queda sin efectos en Euskadi, al menos en los casi primeros cuatro meses desde que entró en vigor el pasado 1 de enero. Y es que no llegan a medio millar los titulares de una hipoteca que lo han solicitado y solamente un centenar han visto formalizado el trámite. Los datos del País Vasco responden a los principales bancos en el mercado hipotecario de Euskadi: Kutxabank, Laboral Kutxa, BBVA y Caixabank. Son cifras que quedan muy por debajo de las 33.000 hipotecas vascas que reunían el principal requisito: exigir a sus titulares dedicar el 40% de sus ingresos a pagarlas cada mes. Y es que la escalada del euríbor, por encima del 3,5%, puede incrementar el coste mensual de una hipoteca media de 150.000 euros hasta 400 euros. Un estrés en el gasto que para muchas familias es difícil de soportar. De ahí que, entre las medidas aprobadas se ofreciera un periodo de carencia de cinco años, la congelación de la cuota durante 12 meses o una prolongación del préstamo para reducir el pago mensual. El Gobierno impulsó una ampliación de ese código de buenas prácticas bancarias para hacer beneficiarios de estas ayudas también a las rentas de hasta 29.400 euros, pero siempre que el pago de la hipoteca haya aumentado al menos en un 20%. Son requisitos que, como ha asegurado esta semana el Banco de España, hacen muy difícil el acceso a las ayudas. La entidad gobernada por Pablo Hernández de Cos alertó de que el escudo de protección solo llegará a 200.000 personas, el 20% de lo previsto por el Gobierno central. El caso es que Euskadi tampoco escapa a esa lectura. Y, de momento, tan solo el 1,5% de esas 33.000 hipotecas en condiciones de cumplir los requisitos han solicitado acogerse al programa. 

La nueva ayuda a familias con hijos menores de tres años ya es una realidad. Los solicitantes de este cheque, que en Euskadi son 42.530, empezarán a cobrarlo a partir de la próxima semana y será de carácter retroactivo desde el 1 de enero. El Gobierno vasco comenzará en los próximo días a abonar esta prestación económica de 200 euros al mes, que ha causado gran expectación entre las familias vascas. La ayuda se estrenará con más de 1.500 familias y en mayo serán ya 8.000 las que percibirán el cheque, que es universal –lo pueden cobrar todas aquellas personas con hijos menores de 3 años independientemente de la renta–. Así lo confirmó ayer la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa. Hasta la fecha, el Ejecutivo autónomo ha registrado 20.343 solicitudes correspondientes a Bizkaia, 14.893 a Gipuzkoa, y 7.210 a Álava. A pesar de que la mayoría son de padres y madres con hijos de entre 0 y 3 años, también hay peticiones de familias numerosas, que se benefician de esta prestación con 100 euros mensuales siempre que el tercer hijo o los siguientes sean menores de 7 años.

Entrevista con Juan José Etxeberria, nuevo rector de la Universidad de Deusto. "Tenemos un plan estratégico aprobado justo ahora, que define las líneas de trabajo hasta 2026. Me gusta nuestro lema: ‘Personas que transforman el mundo’. Creo que es importante ver el potencial humano que tiene en este momento la Universidad. Personas comprometidas, implicadas, capacitadas. Hay retos vinculados al tema de la docencia; tendremos que diversificar e innovar. También me parece muy importante todo el ámbito de la investigación y de la transferencia...Seguramente ahí podamos ver más opciones. También hemos desarrollado mucho las ingenierías, en el tema de data analytics, inteligencia artificial y otro tipo de ingenierías. Ahí también se nos abren nuevos caminos y son importantes. Y ofertamos grados en educación y deporte, que son áreas que van teniendo mucha fuerza...El contexto social en este momento del País Vasco ciertamente ayuda a que vengan los estudiantes. Quizá hace unos años era más complejo, lo sabemos todos. Pero hoy día el contexto social, político, económico, la cultura... Todo eso puede tener un atractivo para estudiantes internacionales...Nuestro estudiante fundamentalmente es local y el País Vasco demográficamente va bajando. Así que nos llegará. ¿Cómo podemos afrontar eso? Pues buscando todo tipo de ofertas docentes. Considero que en el futuro las personas tendrán que actualizarse constantemente para poder adaptarse en sus profesiones. Y para eso necesitamos formaciones más de tipo continuo, no de grado o de posgrado, que nos ayuden a entender mejor nuestro mundo, nuestra sociedad. Ahí tenemos un reto claro. No estamos hablando de jóvenes, sino que estamos hablando de otra franja de edad...En los últimos años no nos ha bajado el número de estudiantes, sino que nos ha subido. Pero va a haber un momento lógicamente en el que va a haber una bajada demográfica. Y eso nos va a afectar a todas las universidades vascas..."

El departamento vasco de Educación agiliza los trámites para que la semana que viene el texto definitivo de la nueva Ley de Educación sea aprobado en el Consejo de Gobierno que se celebra el día 25. Fuentes de Lehendakaritza han confirmado a este periódico que el área de Jokin Bildarratz «está trabajando para que pueda entrar en el orden del día de este martes». El Departamento, por el momento, «ni confirma ni desmiente». Tras los retrasos en los plazos autoimpuestos por el propio consejero de Educación, parece que la semana que viene se podrán conocer los cambios que se han introducido al borrador presentado en septiembre del año pasado y que fue acogido por críticas por su «inconcreción» desde numerosos sectores vinculados con el mundo educativo, así como por los propios firmantes del Acuerdo Educativo, germen de la futura norma que cambiará el sistema educativo vasco. El anteproyecto de Ley recoge en 103 artículos la puesta en marcha del futuro servicio público educativo vasco en el que la enseñanza será gratuita para todos aquellos colegios que reciban financiación pública, y la red pública será su referente. Los centros concertados, que no podrán cobrar cuotas de ningún tipo, estarán sujetos a auditorías. La educación será plurilingüe, con el euskera y la cultura vasca como eje. Además, habrá un único procedimiento de admisión, para garantizar que se evita la segregación que se ha puesto en marcha este año y que está dando más de un quebradero de cabeza.

La plataforma de críticos con Geroa –que busca que se puedan cobrar las prestaciones a voluntad tanto en renta como en un solo pago– celebró ayer una acalorada asamblea en el centro cultural Bastero de Andoain, donde sus responsables cargaron con dureza contra el Gobierno Vasco y los cuatro principales sindicatos de Euskadi (ELA, LAB, Comisiones Obreras y UGT) por su falta de apoyo y su «silencio». De hecho, el portavoz de los autodenominados agraviados por Geroa, José Mari Lazkano, llegó a insinuar a título personal –aunque acompañado de calurosos aplausos y vítores de las 400 personas allí presentes– una cierta «corrupción» en el Ejecutivo de Vitoria ante su falta de respuesta. Jaime de Carvajal, el abogado de la asociación Asufin (que se encarga de los temas jurídicos de la plataforma) presentó la jornada, con todos los presentes ataviados de amarillo como protesta. Lazkano explicó que horas antes había hablado con la directora de Política Financiera del Gobierno Vasco, Arantxa Larrauri, quien, aseguró, «no supo dar una respuesta» a sus preguntas. «Algo raro está pasando, algo esconden cuando quieren hacer por ley que cobremos en renta y no en capital, mientras en el 99% de las EPSV de Euskadi sí se puede», dijo. «Nos aseguran que su voluntad es que sea así en las entidades de previsión social preferentes (como Geroa), pero lo hacen con nuestro dinero y no con el suyo», apuntó, visiblemente enfadado, para añadir que «los dueños de Geroa somos nosotros, pero nos encontramos sólo el ‘ordeno y mando’».

El Gobierno tenía previsto que esta primavera ya estuviera operativo el macroplán de pensiones de promoción pública que está impulsando el ministerio de José Luis Escrivá, pero ahora retrasan su activación al menos hasta septiembre, ya que aún quedan trámites por hacer. Se trata de un plan de pensiones de empleo, es decir, un instrumento para que los trabajadores vayan acumulando un ahorro complementario de cara a su jubilación –que se sumará a su pensión pública en el momento del retiro– y al que vayan contribuyendo también sus empresas. «Esperamos que esté operativo en primavera», señaló el propio Escrivá a finales del año pasado. Pero en la práctica, para que el fondo esté activo y puedan ir adscribiéndose trabajadores, especialmente de pymes –que son las que menos cuentan con estos sistemas y para las que va dirigido–, habrá que esperar unos meses más: cinco, según el Ejecutivo, y hasta ocho, según Inverco, la patronal de instituciones de inversión colectiva.

“Las movilizaciones se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban” dijeron ayer en reiteradas ocasiones los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. Es la advertencia que hicieron los dirigentes sindicales a la patronal CEOE si no se aviene a negociar un acuerdo salarial para el trienio 2022-2024. Sordo y Álvarez presentaron las más de 70 manifestaciones que han convocado en toda España para el Primero de Mayo, la fiesta internacional del trabajo, con el lema: “Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios”. CCOO y UGT se plantean una escalada paulatina de las protestas, de manera que se unan las movilizaciones de aquellas empresas y sectores que no tienen un acuerdo salarial. En un segundo paso, Sordo y Álvarez explicaron que las movilizaciones laborales en las empresas pueden extenderse a otros sectores sociales. En este sentido, los dirigentes sindicales emplazaron a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos a que protesten contra la situación que viven en relación con las grandes empresas. “Deberían indignarse al comprobar que una parte de su trabajo va a parar a los dividendos de las grandes empresas”. “Pedimos a la gente, a los autónomos y a las pymes que se movilicen contra los beneficios de estas compañías que, en muchos casos, son de avaricia y usura”. En este sentido, emplazaron a ATA, la organización de autónomos que está dentro de CEOE, a que proteste por la situación injusta que, según los sindicatos, viven muchos profesionales del sector en sus relaciones con las grandes empresas.

Iberdrola, Repsol, Naturgy y Factorenergía están siendo los grandes vencedores de la batalla comercial desatada en el sector eléctrico en los últimos meses. Esas cuatro compañías son las únicas que han conseguido acabar 2022 notablemente con más clientes de luz que los que tenían en 2021. En cambio, TotalEnergies, Eni, CHC, Holaluz, Audax y Feníe Energía pierden posiciones. También retroceden Energía Colectiva, marca que ahora gestiona MásMóvil, y la cooperativa Som Energia. Endesa, históricamente la primera eléctrica por número de clientes, ha tenido un comportamiento desigual, con trimestres de repunte de clientes y trimestres de bajón. Así se desprende de los últimos datos que maneja la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Estas estadísticas analizan los datos de todas las comercializadoras eléctricas en España, tanto de clientes que siguen bajo los precios regulados (PVPC) como de los que están en el mercado libre (con contratos fuera de los precios regulados). Los datos permiten realizar la primera gran radiografía de los devastadores efectos que ha tenido la revolución comercial que ha ocurrido en el sector.

La recuperación de la demanda de los mercados europeos tras la crisis de los chips y los bajos volúmenes de matriculaciones en los que se mueve el mercado español –con 237.563 unidades vendidas hasta marzo, un 44% más que hace un año, pero todavía un 25% por debajo de 2019– están motivando un incremento del porcentaje de los modelos fabricados en España que se exportan a otros mercados. En total, se enviaron a otros países 594.383 vehículos made in Spain hasta marzo sobre los 658.282 fabricados, un 25% más, y 214.460 unidades en el mes, sobre los 237.318 producidos, un 39,8% más. En los tres primeros meses del año, las factorías españolas exportaron el 90,3% de su producción, lo que representa el dato trimestral más elevado en al menos los tres últimos años. En marzo, se mantuvo esta tendencia, puesto que se envió a otros países el 90,4% de los vehículos ensamblados en España, según datos publicados ayer por Anfac. En los últimos diez años –entre 2012 y 2022– nunca se había superado a cierre de año una cuota de exportación de más del 90%. De hecho, las cifras más altas se contabilizaron en 2012 (87,4%), 2013 (86,9%) y 2021 (86,8%). Sin embargo y los registros más bajos de la serie se alcanzaron entre 2017 y 2019, con cifras siempre por debajo de 82%.

Es la seguridad lo que le quita el sueño a Larry Fink. Así se lo trasladó el CEO de BlackRock a la pléyade de ejecutivos del Ibex con los que el primer espada del mayor fondo de inversión del mundo se reunió el pasado martes en Madrid. Fue el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, quien preguntó a Fink por su mayor preocupación. Éste no dudó, dos incertidumbres inquietan al directivo: las cadenas de suministro y el abastecimiento energético. Mientras Europa se centra en apuntalar su independencia energética de Rusia, BlackRock mira a China. A nadie en el sector escapa que es el país asiático quien se ha hecho con el mando de la transición renovable, al alzarse como el mayor proveedor mundial de componentes y materias primas necesarias para la industria solar, un pilar sobre el que se asienta la revolución verde a la que Europa fía su autonomía energética. El hecho de que la potencia asiática se haya coronado como la reina de los paneles solares, «le da absolutamente todo el poder a China», apuntó ayer Reynés en un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de Madrid en el que hizo referencia a la cita con el CEO de BlackRock. Fink trasladó a los presidentes de los mayores referentes del selectivo español tres mensajes clave. El primero, que pese a la reducción paulatina de la inflación, la vuelta a un escenario como el de antes de la crisis con tipos de interés negativos es improbable. El segundo, que cuando se habla de transición energética, quienes regulan deben tener en cuenta plazos realistas para no comprometer empleos ni inversiones. El tercero, que las cadenas de suministro se han roto y que el mundo vuelve a dividirse en dos bloques: China y EEUU. Aunque el segundo se ha convertido en el principal proveedor del gas que llega por barco a la UE, Pekín controla, a día de hoy, la revolución verde.

El año turístico ha arrancado con muy buenas sensaciones. Durante el primer trimestre del año la actividad en el sector alcanzó un dinamismo mayor que el prepandémico: en ese periodo, el PIB turístico superó en un 10,8% el del mismo trimestre de 2019, año de referencia para analizar el pulso del sector, teniendo en cuenta que los datos de años posteriores están distorsionados por la pandemia, que afectó a toda actividad económica, pero especialmente al turismo. “El arranque del año ha sido muy bueno, corroborado por una Semana Santa excelente”, confirmó ayer José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, asociación que agrupa a un buen número de las empresas más relevantes del sector. Con estos mimbres se da la situación idónea para que el sector se desembarace de una vez de los lastres que trajo consigo la pandemia y continuar creciendo. Tan buenas son las sensaciones, que Exceltur ha mejorado sus previsiones para final de año: prevé que el PIB turístico cierre en 172.200 millones de euros, es decir, un 9,4% más que en 2019. De esta forma, tendría un 12,3% de peso en la economía española. Se consolidaría así la fuerte recuperación del sector, tan afectado por los confinamientos y por las restricciones a la movilidad. En 2020 tocó suelo con 64.500 millones de euros, avanzó hasta los 97.000 millones en 2021 y cerró el pasado año en 159.500 millones, el máximo hasta la fecha.

La escalada inflacionista y las subidas históricas de los tipos de interés han ensombrecido la economía global y erosionado el poder adquisitivo, pero no han logrado frenar las ganas de viajar. El turismo arrancó 2023 con una fuerte tendencia al alza: el sector español registró en el primer trimestre un nivel de actividad un 10,8% superior al de 2019 (último año antes de la pandemia) impulsado por las subidas de los precios, según los cálculos de Exceltur, que agrupa a las grandes empresas del sector. La recuperación se ha traducido también una mayor oferta de pisos turísticos, según el principal lobby del sector, que considera que este negocio está en una situación de “descontrol” y teme que la nueva ley de vivienda lo agrave. La patronal turística teme que la norma recién aprobada por el Gobierno para topar el alquiler provoque una fuga de pisos en alquiler residencial a turístico. El número de anuncios de alquileres vacacionales en las principales plataformas ha pasado de 66.000 en el primer trimestre de 2022 a los 80.000 actuales, según la entidad. Su vicepresidente, José Luis Zoreda, considera un “despropósito” que la ley de vivienda no incluya una regulación a nivel nacional que facilite el control de estas viviendas, cuya supervisión depende ahora de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Exceltur ya pidió en octubre pasado al Gobierno que aprovechara la tramitación de una nueva ley para aprobar nuevas medidas. “No hay ninguna mención”, destacó Zoreda en una conferencia de prensa convocada ayer para presentar los resultados en el primer trimestre.

Estados Unidos quiere una relación económica “justa y constructiva” con China, pero en su interacción con Pekín siempre antepondrá sus intereses de seguridad nacional al beneficio económico. Es el mensaje que envió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, al Gobierno del gigante asiático en un discurso pronunciado ayer en Washington sobre la relación bilateral. Los vínculos entre las dos potencias se encuentran en su momento más bajo en años después de que EE UU derribara un globo chino que había sobrevolado su territorio y del que aseguraba que tenía funciones de espionaje. En este clima, el discurso de Yellen en la Universidad Johns Hopkins podía interpretarse como un intento conciliador. Pero, sobre todo, como una declaración de las líneas rojas del Gobierno estadounidense. Las relaciones entre las dos capitales, hoy por hoy, son tan gélidas que deberían medirse en grados Kelvin. La visita que el secretario de Estado, Antony Blinken, canceló a raíz del incidente del globo continúa suspendida sine die, sin que los intentos de Washington de acordar una nueva fecha hayan encontrado respuesta en Pekín. La visita que la propia Yellen busca a Pekín tampoco acaba de concretarse. Ni hay fecha para una conversación telefónica entre los respectivos líderes, Joe Biden y Xi Jinping, pese a que la Casa Blanca insiste una y otra vez en que ese diálogo tendrá lugar en algún momento.