20230523

Lo que comenzó siendo dificultades puntuales y limitadas a sectores muy concretos y punteros, como los tecnológicos, ha derivado ya en problemas serios y enquistados que ponen en riesgo la recuperación española en actividades clave como las relacionadas con el turismo y la construcción. Y más ante un verano que se espera de récord y cuando se están empezando a ejecutar los fondos europeos. No hay mano de obra. Y no la hay en «un montón de sectores», advirtió ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en declaraciones a los periodistas durante un encuentro empresarial sobre inversión en Marruecos organizado por la patronal española. «En España, por el motivo que sea, hay tres millones y medio de parados y la realidad es que, sin embargo, nos falta gente para un montón de sectores. Estoy hablando de la construcción, de la hostelería...», aseguró Garamendi, que hizo hincapié en que esta escasez de trabajadores no es solo en las profesiones STEM (las relacionadas con las ciencias, la tecnología y digitalización), al faltar perfiles de este tipo, sino en muchos otros oficios no cualificados, como camareros, cocineros, conductores, electricistas, pintores, gruistas...Ante este problema acuciante, el presidente de los empresarios urgió al Gobierno a «trabajar con seriedad» para hacer un análisis riguroso y una evaluación exhaustiva del tema y poner encima de la mesa soluciones para paliarlo. Y ofreció su ayuda para hacerlo. «Nosotros estamos abiertos a que se pueda hacer un trabajo serio precisamente para poder incorporar a gente para cubrir estos puestos», recalcó el dirigente vasco, ante las reiteradas manifestaciones realizadas por diferentes patronales provinciales, que critican la dificultad para cubrir vacantes en diversidad de sectores. De hecho, Garamendi reconoció que están «en contacto» con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para hacer frente a esta situación. Precisamente Escrivá está ahora en conversaciones con sindicatos y patronal para flexibilizar las condiciones para dar papeles a los que viven en situación irregular, que tendrán que hacer cursos de formación de menos horas, podrán realizarlas en fin de semana y de forma ‘online’. Para ello, publicará en breve cambios en los requisitos para acceder a la nueva figura de arraigo por formación.

En España había 140.000 empleos vacantes a final de 2022, el 0,9% del total. Los sindicatos aseguran que no faltan trabajadores, sino mejores condiciones laborales. Los empresarios aseguran que encuentran obstáculos para encontrar mano de obra. El diagnóstico difiere para cada sector. En la metalurgia, todas las partes admiten que cuesta encontrar perfiles como los de tornero o fresador. En la hostelería o en la construcción, señalan los sindicatos, los bajos salarios (combinados con alquileres disparados) son disuasorios. Las organizaciones empresariales rechazan esta premisa y esgrimen las múltiples encuestas a empresarios en las que la mayoría manifiesta trabas para encontrar mano de obra. No hay consenso ni en el Gobierno. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defiende recurrir a la mano de obra extranjera para algunos perfiles, ya sea mediante regularizaciones o contingentes, mientras que el de Trabajo calca el discurso sindical. De fondo, el debate sobre si reclutar mano de obra extranjera. La Encuesta de Población Activa, que elabora el Instituto Nacional de Estadística, indica que en el último trimestre de 2022 había 140.000 vacantes sin cubrir. Es el registro más alto en ese periodo al menos desde 2013, cuando empieza la estadística, que ha ido creciendo progresivamente desde entonces —con la excepción de 2020—. En la comparación europea, España destaca como uno de los países con un menor nivel de vacantes, con una tasa del 0,9%, frente a la media europea de un 2,8%. Solo Bulgaria y Rumanía notifican un porcentaje inferior (0,8%). Los que arrojan registros más altos son Austria (4,6%), Bélgica y Países Bajos (4,5%).

El inversor continúa paulatinamente dirigiendo su ahorro hacia fondos de inversión, que han logrado doblar su peso en la última década en relación al PIB (producto interior bruto). En 2022 el patrimonio invertido en este tipo de vehículos se situó en 306.198 millones de euros, el equivalente al 23% de la economía española, cuando hace diez años superaba ligeramente el 11%. Una vez más la estadística demuestra una clara división por territorios. La inversión en fondos adquiere un peso especialmente destacable en las regiones del norte del país en contraposición a comunidades autónomas como Andalucía, Islas Canarias, Ceuta y Melilla donde el porcentaje es muy inferior. En concreto, cinco comunidades autónomas presentan una inversión en fondos que supone una tercera parte o más de su PIB. Es el caso de La Rioja, País Vasco y Aragón donde el dinero depositado en fondos supera el 40% de las economías de cada región, seguidas de Castilla y León con el 34,4% sobre el PIB, Navarra (en el 33,9%) y Madrid, por encima del 29%, según datos elaborados por el último Observatorio de Inverco sobre la distribución de los fondos por comunidades autónomas y provincias de 2022.

Los fondos de inversión sufrieron el año pasado el peor golpe de su historia, con una caída en la rentabilidad del 8,4% debido al mal comportamiento tanto de las bolsas como de la renta fija. Debido a esta debacle, el patrimonio que gestionan descendió, aunque la entrada de ahorro nuevo de los inversores amortiguó el retroceso. En Euskadi la caída fue insignificante, de solo un 0,5% hasta los 35.090 millones de euros, mientras que en el conjunto nacional se elevó al 3,6%, según el balance publicado ayer por el Observatorio Inverco. Frente a esta caída, el dinero metido en depósitos aumentó el año pasado más de un 1% hasta los 87.806 millones de euros. Y eso que los bancos siguen sin apenas remunerarlos pese a la escalada de los tipos de interés, que ha sido rápidamente trasladada al crédito. De hecho, España está a la cola en retribución de los depósitos, con una media actual del 0,86% frente al 2% de la Unión Europea (UE). Debido a esta evolución contraria, el volumen de ahorro vasco gestionado en fondos equivale al 40% del invertido en depósitos, ligeramente por debajo del 40,6% del año anterior. No obstante, en otras comunidades autónomas es inferior al 20% y la media se sitúa en el 23%. El patrimonio en fondos no había descendido en Euskadi desde 2018, cuando también sufrió un ligero retroceso por la negativa evolución de la Bolsa. Pero el año pasado fue particularmente aciago porque las pérdidas fueron generalizadas, tanto en las modalidades de renta variable como en las de renta fija. No hay que olvidar que los bonos en cartera pierden valor cuando suben los tipos de interés y el BCE inició la subida en julio de 2022.

La negociación colectiva ha registrado un fuerte impulso en este arranque de año en Gipuzkoa, ya que se han renovado la mayoría de los convenios sectoriales que tocaba negociar en este 2023, además de algunos que ya habían vencido en años anteriores y que se han actualizado o incluso recuperado porque habían decaído. Entre los que se han acordado está el del Metal, el más importante por afección de trabajadores y por ser también todo un referente para otros pactos. Un acuerdo que se firmará hoy con Adegi y que finalmente solo suscribirán ELA y UGT, ya que tanto LAB como CC OO –esta central lo anunció ayer– no lo suscribirán. Además del convenio del Metal, en estos primeros cuatro meses se han acordado o registrado en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) otros cinco pactos sectoriales. Se trata del de Artes Gráficas, que se acordó y firmó a finales del año pasado pero que ha quedado registrado por el CRL en enero; el del Textil; Hostelería; Pastelerías y Confiterías, y el de Industria y Comercio de Alimentación. En total aglutinan a más de 60.000 trabajadores, aunque tres de ellos estaban decaídos o pendientes de renovar de años anteriores, como son el del Textil, Hostelería y Pastelerías y Confiterías. Estos suman casi 24.000 trabajadores afectados. Los otros tres –Artes Gráficas, Industria y Comercio de Alimentación y Metal, que sí tocaban negociar este año, aglutinan a 36.517 trabajadores, lo que supone que el 94% de todos los empleados afectados por convenios sectoriales que tenían que actualizar este año sus condiciones, lo han hecho. Según el CRL, solo quedan por negociar este año dos convenios que tocaba hacerlo: el de Limpieza pública viaria y recogida de Residuos Sólidos Urbanos, y el de Intervención Social, aunque hay otros de años anteriores cuyas mesas están abiertas. Pocas veces se ha dado un impulso tan importante a la negociación colectiva sectorial en tan poco tiempo. 

Trabajadores de hostelería se concentraron ayer en Bilbao en defensa de la negociación de un convenio «digno» y acusaron a la patronal de pretender cobrarles «la factura del covid» al no haber registrado «ninguna subida salarial» desde enero de 2020. La protesta contó con el apoyo de todos los sindicatos con representación en la mesa sectorial –ELA, LAB, CC OO y UGT– y exteriorizó el malestar de los empleados, que lamentaron «seguir pagando» las consecuencias de la pandemia, lo que «no vamos a permitir», advirtieron. Frente a la pérdida de poder adquisitivo que sufre el colectivo desde antes del estallido del coronavirus, los empleados reprocharon la carestía del sector, con incrementos del 15%. En este tiempo los trabajadores «hemos sufrido tanto Ertes totales como parciales y un IPC disparado. Nuestros salarios no han subido nada. Sin embargo, el café ya no cuesta un 1,10 euros, sino 1,50», concretaron. Los afectados, que se concentraron por espacio de una hora debajo de la sede de la Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB), en plena Gran Vía, acusaron a los empresarios de aumentar, «una vez más, sus márgenes de beneficio a costa de la clase trabajadora. Quieren apretarnos».

Las tres capitales vascas y sus áreas de influencia, es decir los municipios cercanos a ellas que forman su entorno de influencia laboral, figuran entre las cuatro ciudades con mayor renta media anual por habitante, encabezadas por Donostia y Bilbao, Madrid en tercer lugar y Gasteiz en el cuarto puesto. Así lo recoge el informe de Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado este lunes, que utiliza en este caso datos de renta neta media anual por habitante de 2020. Según este estudio, que adapta al ámbito nacional el contenido del proyecto europeo Urban Audit, cuyo objetivo es proporcionar información sobre las condiciones de vida en las principales ciudades de la UE, 10 de los 15 barrios más ricos del Estado español están en Madrid, cuatro en Barcelona y uno en Gasteiz, el de Armentia, con 27.499 euros de renta media anual por habitante. En cuanto a las menores tasas de paro (en este caso con datos de 2022) corresponden a Sant Cugat del Vallès (5,2 %), Pozuelo de Alarcón (5,8 %), San Sebastián (6,5 %) y Las Rozas de Madrid (6,7 %). Getxo va la sexta (6,9 %), Irun en el puesto 11 (9 %) y Gasteiz en el 14 (con un 9,2 % de paro).

El turismo sigue al alza en Gipuzkoa y Euskadi, batiendo récord tras récord. En Semana Santa ya se vio que Donostia y alrededores estaban a rebosar de excursionistas y los últimos datos del instituto vasco de estadística, Eustat, confirman esa sensación en forma de cifras. Así, las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros del territorio subieron un 15,3% en abril y las entradas lo hicieron un 12%, respecto a la misma fecha del año pasado, mientras que el aumento en el conjunto del País Vasco se sitúa en el 15,6% y el 11,8% respectivamente. En total, en abril en Gipuzkoa se registraron 135.156 entradas de viajeros y 258.405 pernoctaciones. Esto es, casi 140.000 turistas visitaron el territorio, que es más caro que el resto. Si bien la tarifa media diaria en Euskadi se sitúa en los 99,02 euros, en Gipuzkoa el precio por pasar una noche es superior, 107,39 euros en una habitación doble con baño. Se convierte así en el territorio vasco donde más caro resulta hospedarse. En la capital, Donostia, dormir cuesta 126,97 euros, según el cálculo de Eustat, frente a los 105,86 de Bilbao y los 68,86 de Vitoria. La estancia media es de 1,91 noches, muy similar al tiempo que pasan los turistas en Bizkaia y Araba. El grado de ocupación se situó, en este contexto, en el 59% al medirlo por plazas y en el 68,2% si se cuenta por habitaciones. En Semana Santa hubo un pico de un 76,3% y 81,4%, respectivamente, si bien estos porcentajes representan un ligero descenso. 

No es el mejor momento, con unos tipos de interés que encarecen la financiación y unos costes que reducen los márgenes del negocio de la alimentación, el pasado año en un 38%, con 64 millones de ganancias. Pero es el contexto en el que Eroski tiene que comenzar la renegociación de 525 millones de euros, el paquete de la deuda total de 909 millones que más apremia porque vence en 2024. Se trata de ampliar los plazos actuales que obligan a la cadena de supermercados a pagar 31 millones este año, esos 525 el ejercicio que viene y otros 200 en 2025, tal y como se recoge en el actual acuerdo de pago a los acreedores. Es el último paso para que la cooperativa de Elorrio cierre un duro proceso que arrancó en la crisis financiera de 2008 y que llega después de «normalizar» su deuda con el pago de 2.514 millones de euros en 15 años. Así se va a plantear en la Asamblea General que la cooperativa celebra este jueves con todos sus socios a los que propondrá también recuperar el pago de las aportaciones a los trabajadores que se hayan dado de baja en Eroski. Es un paso de especial significado simbólico porque, como señalan fuentes de la entidad, evidencia «la vuelta a la normalidad». La compañía llevaba cuatro años sin poder pagar la participación a los socios que se daban de baja o fallecían. La causa era principalmente la exigencia de la deuda que absorbía todas las ganancias. Las cifras del pasado 2022 permiten ahora destinar hasta 8 millones de euros con los que retribuir estas participaciones. 

El jesuita Juan José Etxeberria tomó ayer posesión como nuevo rector de la Universidad de Deusto, en sustitución de José María Guibert, que ha ocupado el cargo durante la última década. Frente a más de 400 invitados, el acto solemne estuvo presidido por el Superior General de la Compañía de Jesús y Canciller de la Universidad, Arturo Sosa, y contó con la presencia del lehendakari, Iñigo Urkullu; la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria; el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso; y el obispo de Bilbao, Joseba Segura, entre otros. Etxeberria planteó las líneas maestras que guiarán su mandato, basadas en la «gratitud, responsabilidad-servicio, proyecto y comunidad». Asume el cargo con «muchísimo respeto» y prometió dedicarle sus «mejores energías en los próximos años» para afrontar el reto principal de «transformar» una institución con 137 años de historia. «El futuro inmediato nos plantea desafíos de gran calado, tan complejos como apasionantes», indicó. En un mundo global, la crisis ecológica, la transformación del modelo energético, las tensiones sociales y políticas derivadas de los cambios tecnológicos y la convivencia entre sociedades diversas serán algunos de los retos que, inevitablemente, marcarán el futuro de la institución, señaló el nuevo rector. Aunque hay otro mucho más acuciante por estar presente «en nuestro entorno más cercano»: la crisis demográfica. El ‘invierno’ en el número de nacimientos tendrá consecuencias «en los ámbitos económico, social y político» y «van a tener repercusiones en la Universidad». Se producirán cambios «relevantes en la forma de aprender y de formar, en la naturaleza y cantidad de los propios agentes universitarios y en la concepción social y política de lo que significa la formación universitaria o la generación del conocimiento», enumeró. Todo ello obligará a «repensar» las titulaciones, «diversificar la oferta universitaria e innovar en nuevas modalidades y formatos para llegar a nuevos públicos». Por su parte, Guibert señala en su despedida que la inteligencia artificial «va a ser un filón de mejora». 

Los técnicos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) acaban de publicar el último número de su Observatorio de ocupaciones en el que, sirviéndose fuentes y registros oficiales, detallan cuáles son las profesiones mejor posicionadas y con mejores perspectivas de empleo a corto plazo. Y, dentro de las actividades con buenas expectativas de ocupación, han detectado cuáles son aquellas que cuentan con importantes porcentajes de empleados con más de 60 años, en cuantías superiores a la media de afiliados a la Seguridad Social. “Esto supone una pérdida de mano de obra en un futuro próximo (...) e implica la necesidad de reponer a estos trabajadores en un corto espacio de tiempo”, indican desde el SEPE. Según esto, el 8,7% de los cotizantes a la Seguridad Social son actualmente mayores de 60 años, pero hay sectores que superan dicho porcentaje y, por tanto, se convierten en los nichos de empleo más envejecidos o, como indica el documento del SEPE, son las “actividades mejor posicionadas en cuanto al empleo de reposición”. Así, señalan que son precisamente las actividades relacionadas con la asistencia a mayores, tanto en residencias como en centros asistenciales –conocidos como centros de día– las que cuentan con un mayor volumen de trabajadores de más edad, ya que prácticamente el 15% de todos los empleados en el sector tiene más de 60 años. En este sector se registra, además, el mayor incremento de trabajadores de más edad el pasado año; y en las actividades de servicios sociales sin alojamiento las plantillas se recortaron más de un 10% en 2022. De hecho, desde el SEPE advierten de que “según la actividad económica de la que se trate (el envejecimiento de los empleados) podría ser una oportunidad para disminuir plantilla y adaptarla a las necesidades del mercado o para anticiparse y buscar perfiles con conocimientos que puedan sustituir a esas personas”. Tras los servicios sociales y de atención residencial, la siguiente actividad con más concentración de trabajadores mayores fue la de actividades inmobiliarias. Si bien, el sector envejecido con mayor peso en el tejido productivo fue el de los transportes por carretera y por tubería. 

El flujo de ingresos de las empresas españolas está más comprometido que en el resto de Europa. De hecho, solo hay un país que ve el futuro más negro en este ámbito, que es Estonia. Así lo establece el Informe Europeo de Pagos, realizado por la empresa de servicios de gestión de créditos Intrum y que arroja datos reveladores. Por ejemplo, que el 67% de las compañías españolas cree que el riesgo de impagos o retrasos en los pagos de sus deudores va a crecer en los próximos meses, según explica el trabajo, este nivel de alerta no tiene precedentes: el 65% de ellas está más preocupada que nunca por la capacidad de pago de sus deudores, puesto que, entre otras problemáticas, supone un freno a la inversión empresarial destinada a crecer o a la contratación de nuevos empleados. Así, el dato español se sitúa seis puntos porcentuales por debajo del país báltico, pero siete por encima de la media europea, con datos por países como el 66% de Italia, el 61% de Reino Unido, el 59% de Francia, el 58% de Portugal o el 56% de Alemania. No sólo eso, sino que es un dato sensiblemente por encima del mismo del año pasado. Por entonces, el 57% de las empresas españolas expresaban esta preocupación, aunque en un contexto distinto: buena parte de las encuestas de las que se nutrió la edición de 2022 se realizaron antes del estallido del conflicto en Ucrania, que ha tenido unas consecuencias muy negativas en la economía mundial. Por tanto, el informe es, en parte, un reflejo del efecto de las nefastas consecuencias que ha tenido el conflicto en las perspectivas económicas de las empresas, no solo europeas sino también mundiales. Entre estas preocupaciones se encuentra la permanencia del escenario inflacionista, así como los tipos de interés, consecuencia estos de la primera, puesto que los bancos centrales han ido subiendo el precio del dinero para intentar domar los precios al consumo.

Después de dos crisis económicas casi consecutivas –la de la pandemia, con el cerrojazo a la economía, y la de la inflación por la guerra en Ucrania–, el endeudamiento de las grandes economías mundiales se ha disparado para poner en marcha los planes de ayuda que ahora hay que pagar. Así lo advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyos estudios anticipan que este conjunto de economías tendrán que afrontar un vencimiento de su deuda superior a los 21 billones de euros (con ‘b’) durante «los tres próximos años». Para hacer frente al impacto económico que tuvo la pandemia todos los países activaron mecanismos de ayuda (social, laboral y empresarial) que sirvieron para evitar un colapso histórico. Después, con el inicio de la invasión rusa de Ucrania y los precios disparados, muchos de esos planes se reconvirtieron en ayudas públicas para que hogares y compañías pudieran hacer frente a un incremento de precios también récord. Pero la OCDE avisa de que este tipo de actuaciones van llegando a su fin de forma clara: «2023 marca el final de un largo período de condiciones de financiación favorables para los emisores soberanos», señala el secretario general de la OCDE, Mathias Corman, subrayando que la rápida evolución del entorno se ha visto agravada por los efectos financieros y económicos de la guerra en Ucrania. En un informe publicado ayer, la OCDE advierte de que los costes de endeudamiento para los emisores soberanos «se han más que duplicado» desde 2021. 

La multinacional Meta, propietaria de las aplicaciones Facebook, Instagram y WhatsApp, ha sido sancionada con una multa de 1.200 millones de euros por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda en un proceso en el que se le acusa de transferir datos personales de sus usuarios desde la Unión Europea a EE UU. La sanción, la más elevada impuesta hasta la fecha por vulnerar las reglas de privacidad de la UE, superando la multa de 746 millones a Amazon por las autoridades de Luxemburgo, exige también que la firma registrada en Irlanda por Meta suspenda las transferencias de datos personales a EE UU durante cinco meses. Después de tres años de investigación, Irlanda ha llegado a la conclusión de que las transferencias de datos por parte de la multinacional se llevaron a cabo en violación del Reglamento General de Protección de Datos, considerando que, en estas circunstancias, deberán suspenderse las transferencias de datos. «Infringió ese artículo cuando continuó transfiriendo datos personales tras la emisión de la sentencia del TJUE en el asunto Comisionado de protección de datos contra Facebook Ireland Limited y Maximillian Schrems», expone Irlanda. En este sentido, apunta que si bien Meta, cuyo CEO es Mark Zuckerberg, efectuó esas transferencias sobre la base de cláusulas contractuales estándar actualizadas que fueron adoptadas por la Comisión en 2021 junto con medidas complementarias adicionales que implementó Meta Ireland, no lo hizo cumpliendo la normativa. De hecho, la Comisión Europea asegura que la multa es «un ejemplo de que las compañías deben acatar la legislación europea. La UE está abierta a los negocios, pero hay unas reglas que deben respetarse».