20230612

La economía ha logrado mantener el paso en los primeros meses sustentada casi exclusivamente en el consumo y en el sector servicios, al tiempo que se apagan la inversión, la construcción y la industria, y las exportaciones amenazan con hacer lo mismo. Sin embargo, empieza a flaquear en muchos aspectos porque no puede funcionar sostenida únicamente en un sector. En términos globales, la economía está creciendo con fuerza, con un alza del PIB del 0,5% entre enero y marzo y unas previsiones, tanto por parte del Gobierno como de la OCDE, que apuntan a crecimiento del 2,1% en el conjunto del año. Pero cuando se analiza en detalle se observan algunas grietas, debido a la cada vez más intensa divergencia entre unos sectores agrario e industrial muy débiles, golpeados por el alza de los costes energéticos, la sequía y el difícil contexto internacional agravado con la recesión de la eurozona, y unos servicios que tiran con fuerza de la actividad. Así, el campo se arriesga a tener pérdidas por valor de 10.000 millones de euros este año, mientras que la producción industrial cede un 0,9% en abril, lastrada por las fuertes caídas de los bienes de consumo duradero (4,9%) y los bienes intermedios (4,3%). Y, aunque la facturación del sector servicios sigue creciendo con fuerza por el momento (un 10,5% en mayo), cabe preguntarse hasta qué punto puede seguir haciéndolo, dado que cerca de la mitad de su actividad está ligada directamente a los dos sectores antes mencionados. E, incluso dentro del sector servicios, si se mira el desglose, hay algunas lagunas. Un ejemplo de ello es la venta de automóviles, que todavía se sitúa muy por debajo de las cifras previas a la pandemia. Entre enero y mayo se matricularon 404.337 turismos, un 28% menos que en el mismo periodo de 2019, lo que se puede deber a la pérdida de poder adquisitivo, pero también a las crecientes restricciones al uso de vehículos particulares o a la incertidumbre sobre el futuro. De hecho, la compra de vehículos siempre se ha considerado el mejor termómetro sobre la economía. 

El Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado entre sindicatos y patronal el 10 de mayo y en el que se sentaron las bases para subidas de sueldo del 4% este año y 3% en 2024 y 2025, ha actuado como revulsivo para la negociación colectiva, disparando el número de convenios colectivos registrados en mayo. Según la Estadística de Convenios del Ministerio de Trabajo, publicada el pasado viernes, en mayo se registraron 136 convenios colectivos nuevos, con lo que el número de trabajadores protegidos en España pasó a 1,5 millones, 758.000 más que en el mes anterior. En mayo de 2022, el número de trabajadores cubiertos por los convenios registrados en los primeros cinco meses del año se situaba en 416.660 en total. En lo que va de 2023, en España se han registrado 397 convenios colectivos, la mayor parte de ellos (251) en el sector servicios; mientras que 134 corresponden a la industria, ocho a la construcción y sólo cuatro al sector agrario. España cuenta con 2.513 convenios registrados a cierre de mayo –frente a los 2.198 a cierre de mayo de 2022–, que dan cobertura a ocho millones de trabajadores de un total de 777.700 empresas en el país. Todos ellos se beneficiarán de una subida salarial media en el ejercicio del 3,26%. Este incremento se obtiene tanto de los convenios que se firmaron antes de 2023 pero se aplican este año, como de los sellados este año, en los que la subida media acordada es mayor: del 4,28%, por encima de la recomendación. El alza será más acentuada para aquellos empleados afectados por convenios superiores al ámbito de la empresa (de un grupo de empresas o ámbito territorial) que tendrán una revalorización de sueldo del 3,28%, mientras que para los que aplica el convenio de empresas el incremento será del 2,94%.

El sector de la construcción de Bizkaia retomará esta semana las movilizaciones iniciadas este pasado viernes para exigir subidas salariales que se equiparen al IPC real. La de este próximo día 16 será la segunda jornada convocada. También hay otros dos paros convocados para los días 19 y 20. CC OO Euskadi, el sindicato mayoritario que representa a prácticamente la mitad del sector (el 48%), cifró en un 80% el seguimiento de la primera jornada de huelga. La cita incluyó una manifestación que recorrió las calles de Bilbao, hasta desembocar en la patronal del sector Ascobi. Allí los concentrados encendieron bengalas y lanzaron gritos de «ladrones». «Están obteniendo unos resultados como nunca y tienen que repercutir en una parte en los trabajadores, que son los que sostienen el sector», defendió la secretaria general del sindicato, Loli García. También ELA, con el 32,75% de representación, se reconoció satisfecho con el apoyo de la movilización. El responsable del área de construcción en Bizkaia, Josean Martín, recordó que, antes de las protestas convocadas ahora, llevaban «29 años sin haber hecho un día de paro siquiera». El conflicto también está suponiendo un cruce de reproches entre los sindicatos CC OO y ELA. Desde el primero acusaron a la segunda formación de no firmar el convenio de la construcción en Bizkaia desde hace 24 años, «lo que refleja cuál es su postura sindical». Por su parte, ELA criticó la decisión de convocar varias horas de paro cuando no se entiende «un convenio en condiciones sin movilizaciones del cien por cien de la jornada». El sector, que supone el 10% del PIB vasco, movió el año pasado 1.147 millones de euros. En las dos reuniones mantenidas con la patronal, en enero y mayo, ésta planteó una subida del 3,7%, insuficiente para los sindicatos.

El fabricante de neumáticos Michelin atraviesa uno de los momentos más convulsos en lo que va de siglo. Los trabajadores de las fábricas de Vitoria y Lasarte-Oria (Gipuzkoa) vienen realizando paros en demanda de un convenio “digno” que han tenido un alto seguimiento y han logrado parar la producción. A estas movilizaciones se van a sumar ahora el resto de factorías de Valladolid, Aranda de Duero (Burgos) y Almería. Hay un alto grado de “crispación”, reconocen las partes. El comité intercentros trasladó el viernes a la dirección su rechazo “unánime” a la última propuesta para renovar el convenio y lanzó un órdago: los días 19 y 23 de junio habrá una huelga generalizada en las cinco fábricas de España si no se recuperan las negociaciones antes de este lunes. La situación es “delicada”, señalan fuentes de la dirección, y de esto da cuenta la amarga despedida del director de la fábrica de Vitoria, César Moñux. Dejará su puesto para ser director industrial en la central francesa en Clermont Ferran y se va “muy triste” por la crisis en la compañía. “Hoy en día, en Michelin no se entiende la confrontación para llegar a acuerdos. Estos acontecimientos están afectando no solo a nuestras personas, sino también están dañando lo más importante para nuestro futuro que es nuestra credibilidad”, dice en un escrito remitido a su equipo de confianza. “El acuerdo está muy lejos”, asegura David Martínez de Marigorta, delegado del sindicato ELA en Vitoria, que exige una mejora salarial para “recuperar una pérdida de poder adquisitivo del 27% en los últimos años”. “Estamos satisfechos con el desarrollo de las huelgas”, añade, que han “conseguido parar la producción en Vitoria con un seguimiento superior al 90%”. La presión de los sindicatos se traslada ahora al conjunto de los centros. Dicen estar “todos a una”. 

Hay un déficit de profesionales, sobre todo en el desarrollo de proyectos. A más competencia para acaparar el talento, más suben los salarios. España tiene una oportunidad de oro con las renovables: para reducir su huella de carbono —el principal objetivo de la transición energética—, disminuir su dependencia y su factura energética y, por qué no, atraer actividad de firmas industriales extranjeras que pagan millonadas en la factura de la luz. Aunque la buena marcha del mercado laboral es generalizada, el auge de la solar y la eólica empieza a dejar su huella como uno de los principales motores del empleo, atrayendo, también por lo económico, al talento: los puestos más buscados del sector son remunerados con entre 35.000 y 100.000 euros anuales, según la última encuesta salarial de la consultora Robert Walters. Con más de 1.400 proyectos de eólica y, sobre todo, de fotovoltaica en los dos próximos años, el sector está viviendo un auténtico auge. De salir adelante, se sumarán casi 69 nuevos gigavatios (GW) de potencia verde, muchos más de los 50 que hay hoy instalados. En 2021, en España había 55.400 personas trabajando directamente en el sector de la solar (31.500) y de la eólica (23.900), según la Agencia Internacional de las Energías Renovables. Para la próxima década, el organismo espera que se llegue a los 468.000 entre las dos. La tendencia es global —según la Organización Internacional del Trabajo, el sector de las renovables ha pasado de contratar a 7,3 millones de personas en 2012 a 12,7 millones en 2022—, pero es especialmente evidente en la Península ibérica, el rincón de Europa llamado a liderar la transformación. La altísima demanda de profesionales energéticos —generalmente de alta cualificación, pero no solo— también tiene una cara b: son cada vez más las empresas que no consiguen los perfiles que necesitan. Según la consultora Manpower, el 78% de las empresas de energía y suministros tienen dificultades para encontrar trabajadores. Y esto no ha hecho más que empezar.

El Gobierno, que ya quiso obligar a las eléctricas a vender parte de su producción hidráulica y nuclear a otras empresas para evitar oligopolios verticalmente integrados, resucita esa idea a raíz de un informe de Competencia que anima a realizar también subastas forzosas para las renovables. El volumen de negocio por esta vía, que las eléctricas considerarían una “expropiación encubierta” a efectos legales, podría rondar los 3.000 millones de euros al año. El detonante que ha hecho que se abra de nuevo la caja de Pandora de las subastas –un viejo fantasma para las eléctricas– ha sido el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el mercado minorista de electricidad y gas del año 2021 y el avance del 2022, publicado recientemente. En él, entienden las eléctricas, el organismo recomienda que las subastas se extiendan no solo a las nucleares y las hidráulicas, sino también a renovables que hubieran obtenido ya suficientes subvenciones. Las grandes eléctricas tendrían que vender, en concurso, a terceros, pero de forma obligatoria parte de su producción. El argumento del Gobierno, además de abaratar la luz, es que así se evitarían prácticas anticompetitivas por parte de las eléctricas gracias a su negocio verticalmente integrado. Al ser productores y distribuidores de luz al mismo tiempo, siempre existe la posibilidad de que las eléctricas vendan su producción a sus propias comercializadoras, dejando fuera del mercado a otros competidores.

Aprobada ya la ley estatal de Vivienda, que entró en vigor el 26 de mayo, el Gobierno Vasco se ha puesto manos a la obra y ha iniciado el proceso para poder cumplir algunas de las disposiciones que autoriza la norma para tratar de contener el alza de los precios del alquiler, como la posibilidad de declarar zonas tensionadas (aquellas con los precios más elevados y/o en las que exista un «especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población») y establecer en ellas límites a las rentas que pueden pedir los propietarios. Siguiendo un mandato del Parlamento Vasco, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes que dirige Iñaki Arriola (PSE) está elaborando ya un documento en el que se analizará cómo podrá aplicarse en Euskadi la nueva ley en todos aquellos aspectos que «puedan suponer incorporación de medidas complementarias al desarrollo del derecho a la vivienda». Es decir, una valoración de las decisiones que posibilita la nueva normativa estatal y su posible impacto en el mercado inmobiliario vasco. La medida más polémica, la determinación de zonas tensionadas en las que la Administración podrá limitar las rentas que reclamen los propietarios, no es obligatoria. Lo que hace la Ley estatal es ofrecer un paraguas legal a las comunidades que quieran recurrir a esta posibilidad. Gipuzkoa superó por primera vez en 2022 los 10 euros por metro cuadrado en los alquileres del mercado libre, hasta alcanzar los 10,1 euros. Pero es que en Donostia el metro cuadrado cerró el año pasado a 13,3 euros. Estos datos se extraen del ‘Informe sobre la comparación de los precios de contratos de compraventa y alquiler con los precios de oferta de vivienda en la CAV’, que acaba de publicar el Departamento de Vivienda. 

Indra ha contratado los servicios del banco de negocios español AZ Capital en calidad de asesor financiero para negociar su entrada, con una participación en el entorno del 15%, en el fabricante vasco de motores de avión ITP Aero, propiedad del fondo estadounidense de capital riesgo Bain Capital, según fuentes del mercado consultadas, que precisan que la firma de servicios profesionales KPMG está a cargo de la due diligence financiera de la operación. Los próximos días van a resultar clave, pues la multinacional española dispone de un plazo que vence a finales de junio para concretar un acuerdo al respecto con Bain Capital, que, según las fuentes consultadas, ha puesto a Indra un precio de entrada en el capital de ITP que se sitúa muy por encima del que el propio fondo acordó con Rolls-Royce en el verano de 2021 para tomar el control de la compañía. Entonces, Bain Capital valoró ITP Aero en 1.625 millones de euros, de los cuales entorno a 950 millones de euros se corresponden con capital y los 675 millones restantes con deuda. El alza en el precio se justifica por la recuperación del sector de la aviación desde aquel momento –con pedidos de aeronaves récord en la actualidad– y por la revalorización que han experimentado los activos ligados a los sectores de Defensa desde el inicio de la guerra en Ucrania como consecuencia de los nuevos presupuestos militares en Occidente.

La inteligencia artificial (IA) propiciará una cuarta revolución industrial que disparará la productividad y rebajará los precios a costa de destruir 1 de cada 5 empleos. Así lo advierten Ignacio de la Torre, socio y economista jefe de Arcano, y Bjorn Beam, analista de tecnología de la firma y exoficial de operaciones de la CIA, en el informe ChatGPT: La disrupción que viene, un ambicioso estudio sobre el impacto económico de la IA. "Lo que tiene de particular esta tecnología es que afecta a la economía mucho más rápido que otras. La máquina de vapor o la electrificación tardaron en llegar a una industria 30 o 40 años. Blockchain que es muy revolucionario, todavía no ha tenido un impacto general. La IA es diferente porque el interfaz humano facilita que todo el mundo adopte muy rápidamente esa tecnología. Con ChatGPT fueron 100 millones de personas en mes y medio. Y la adaptación a empresas es muy rápida. En el informe damos el ejemplo de una compañía de software que ha aplicado ChatGPT para entrenar a sus vendedores y ha conseguido en un año 14 puntos más de productividad...La Universidad de Pensilvania calcula que aquellas profesiones que tienen más de un 50% de trabajo automatizable son las que pueden ser desplazadas. Estamos hablando de que pueden desaparecer el 20% de los empleos, uno de cada cinco, pero hay profesiones en las que serán el 50%, incluso algunas que sorprenden mucho como los programadores, un 30%, que pueden pasar de inflación salarial a deflación. A partir de ahí, todos nosotros tenemos tareas que son automatizables, entre el 10 y el 20%..."

La banca sigue detectando estos ciberataques. «Son oleadas que se suceden con una oscilación de tres o cuatro semanas. Ahora hay un pico, sí, pero dentro de esa normalidad», asegura un responsable financiero en el País Vasco. Esta rutina, que no cesa, ha llevado a las entidades a activar todo tipo de avisos, alertas y despliegues de formación para evitar fraudes. De esta forma, Kutxabank, el banco con más cuota de mercado en Euskadi, disparó un 90% el envío de alertas que advierten a sus clientes de los movimientos que se registran en sus saldos o en el uso de sus medios de pago hasta alcanzar los 43 millones de mensajes en el primer trimestre del año. En el caso de otra entidad con sede en País Vasco, Laboral Kutxa, han decidido fijar en la web un mensaje que salta como un ‘pop up’ y que no permite hacer ninguna operación hasta que no se lee. Se trata de advertencias y recomendaciones para prevenir estos ataques. Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), señalan que estos fraudes «han mejorado mucho y es mucho más fácil caer en el engaño». La mecánica, recuerdan, es siempre la misma: un SMS que se recibe en el móvil y que advierte de un posible fraude ofreciendo un link para evitar el ataque. El enlace nos lleva a una página que «reproduce de una forma casi exacta la pantalla de nuestra entidad bancaria y es donde se piden los datos». Desde Laboral Kutxa señalan que esas tretas logran el efecto en muchas ocasiones porque, gracias a esa imagen bien lograda, «y al ritmo de vida que llevamos, no nos paramos a pensar».

Los bancos centrales están cada vez más cerca del punto final a las subidas de tipos de interés con las que han salido en tromba a combatir la inflación. Calibrar el momento definitivo de la parada, la intensidad del último ajuste al alza y el tiempo en que el precio del dinero deberá permanecer en ese punto de llegada es ahora la gran dificultad por delante y el motivo por el que toda la atención de los inversores está puesta en las reuniones que esta semana celebran la Reserva Federal de EE UU y el Banco Central Europeo. El alza de tipos en otros 25 puntos básicos por parte del BCE este jueves se da por hecha, tal y como se ha ocupado de anticipar la institución en las últimas semanas. Hay más dudas respecto a lo que anunciará la Fed este miércoles. Jerome Powell avanzó en la cita de mayo la conveniencia de hacer una pausa en las subidas de tipos para evaluar su impacto en la economía. Fue la primera pista para el principio del fin del encarecimiento del precio del dinero en la mayor economía del mundo. Pero la persistencia de la inflación y la tozuda resistencia de la economía de EE UU hacen que no se descarte la posibilidad de una nueva subida de tipos en junio. O si no, en julio. Según apuntan desde Bank of America, “la economía de EE UU sigue resistiendo y las previsiones del gráfico de puntos sobre los tipos que facilite la Fed podrían apoyar las expectativas de que, incluso si no suben los tipos en junio, es más probable que la próxima medida sea una subida antes que un recorte”. La publicación este martes, justo cuando comienza la reunión de dos días que celebrará la Reserva federal, del dato de IPC en EE UU en mayo puede dar una referencia clave sobre la decisión. El consenso apunta a que el IPC subyacente se mantendrá sin cambios en tasa intermensual, en el 0,4%.

Con la filosofía de asentar en la sociedad la conciencia de que debe perseguirse a quienes quebrantan la ley y que no deben consentirse ni silenciarse los incumplimientos de la misma, nació en febrero la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de luchas contra la corrupción. Con ella se traspone la directiva europea, conocida popularmente como Whistleblowing. Basada en la corriente anglosajona que regula desde hace años la protección de los que “usan el silbato para dar la alerta”, los whistlebowers, algunas comunidades autónomas ya han venido regulando determinados canales de denuncia y comunicaciones de los ciudadanos que informan de irregularidades. Tal es el caso de Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Navarra, Principado de Asturias o Andalucía, si bien solo se han centrado en la creación de oficinas o agencias con la función específica de prevenir e investigar casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos. La propia Agencia Tributaria, salvando las distancias, cuenta en su página web con una pestaña de denuncias, para que las personas físicas denuncien situaciones que pudieran ser constitutivas de infracciones tributarias o de contrabando, o tener trascendencia para la aplicación de los tributos.

"...Crecemos bien, aunque somos los últimos de Europa en aumento de PIB per cápita. La creación de empleo es gratificante, con más de 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social, aunque al tiempo seamos el país con mayor paro de la OCDE. La minirreforma laboral ha reducido los contratos temporales, pero se ocultan los datos de ese fantasma llamado fijo transitorio y nuestra productividad continúa siendo famélica. Con todo, nada de lo anterior subleva a las masas ni tuerce el rumbo del voto. Más criticable resulta la Ley de la Vivienda, que obtendrá en pocos meses resultados opuestos a los deseados. O la reforma de las pensiones, que se come el margen fiscal del país sin soluciones definitivas. Pero 11 millones de jubilados que han visto subir sus pagas un 8,5%, sin considerar si las pensiones serán más sostenibles en el futuro, no van a rebelarse contra sus benefactores. Los impuestos ‘exprés’ a las entidades financieras y empresas energéticas solo han enfadado a unos pocos. Son sumas considerables y de legalidad dudosa, pero los perjudicados no se han subido a la parra: su enojo es razonable y civilizado. La gran nebulosa que envuelve la asignación de los fondos del Plan de Recuperación nos desconcierta y nos hace encogernos de hombros. Pero no induce a una manifestación callejera de nadie. Los resultados de PISA son malísimos y deberían incitar a una protesta. Pero no pasa nada. Nadie convoca una reclamación colectiva pidiendo una mejor educación para nuestros menores. De modo que gran parte de las políticas económicas del Gobierno de coalición presumiblemente perdurarán. Lo que nos lleva a inferir que debe haber otras razones que expliquen el descontento del país. Tiene que haber algo de más calado que esté actuando de revulsivo de la conciencia de muchos españoles...Esta columna huye de consignas, pronósticos o posicionamientos sobre las elecciones generales. Esa es tarea de los politólogos. Proclama que tampoco hay material que permita cabalmente el análisis de las alternativas económicas de la derecha. Considera con preocupación que la división del país es grave sin distinguir entre culpables e inocentes. Y concluye que no se promueven aquí disyuntivas de carácter económico. Se trata de otra cosa". 

El Gobierno vasco quiere aprobar este año y aplicar a partir del 1 de enero de 2024 un sensible recorte a los gastos de administración de las entidades de previsión social voluntaria (epsv), la versión de los planes de pensiones en Euskadi. En su proyecto de decreto de Epsv, ahora en fase de alegaciones, fija el tope de los gastos de gestión –incluidos los de depositaría– en una horquilla que va del 0,9% al 1,5%, en función del tipo de inversión de cada producto. Así, las entidades de renta fija y las garantizadas aplicarán el umbral del 0,9% de comisión, y las de renta variable el techo del 1,5%, habida cuenta de que su gestión es más costosa, admiten los expertos. Las gestoras de epsv de renta fija mixta aplicarán un 1,3%. Éste es precisamente el tipo de entidad preferida por los inversores vascos y por la que optan el 90%, según responsables del sector. En la actualidad, con independencia de su tipología, todas las entidades de previsión social tienen el mismo tope máximo de comisión por gastos de administración: el 1,6%. Las epsv gestionan en Euskadi un patrimonio de más de 26.000 millones de euros. De ellos, 11.800 en productos individuales administrados por entidades financieras, con Kutxabank y su Baskepensiones en cabeza (5.600 millones); y 14.186 millones en entidades de empleo, con Lagun Aro (del grupo Mondragón) al frente, con 6.660 millones.

La fuerte revalorización registrada este año por las pensiones, que crecieron un 8,5% por la alta inflación registrada el año pasado, está llevando a las prestaciones a niveles inusitados y ha aflorado los contrastes entre lo que perciben los distintos grupos de pensionistas. Muchos de ellos siguen cobrando menos que el Salario Mínimo Interprofesional, 1.080 euros, e incluso hay un grupo numeroso, ni más ni menos que 40.279 jubilados que perciben por debajo de los 600 euros. Una realidad que contrasta con la de aquellos que rebasan los 3.000 euros y que suponen más de 45.000. Así lo pone en evidencia un informe elaborado por el Movimiento de Pensionistas de Euskadi que entregó recientemente –el pasado 15 de mayo– en el Parlamento Vasco precisamente para reclamar al Ejecutivo de Iñigo Urkullu que complemente las pensiones mínimas hasta esos 1.080 euros en tanto no se apruebe una norma estatal que así lo recoja. Hay que recordar que los pensionistas vascos exigen en principio que sea el Gobierno central el que fije ese mínimo en las prestaciones. Si nos referimos al conjunto de pensiones –no solo las de jubilación–, el 32,4% (167.718) percibe por debajo del SMI, el 58% (300.317) entre los 1.080 euros y la pensión máxima y el 9,6% restante (49.866) por encima de los 3.059 euros, como figura en el gráfico que acompaña esta información. Pero volviendo a las de jubilación, donde los contrastes son más evidentes, el informe revela, con datos de la Seguridad Social relativos a marzo, que el 33,24% de estas prestaciones son inferiores a los 1.080 euros.