20230711

Kutxabank ha sido el único acreedor que ha apoyado a los propietarios frente a los fondos de inversión. Hoy finaliza en un juzgado de lo mercantil de Barcelona el juicio en torno al futuro del grupo siderúrgico Celsa, que cuenta con tres factorías en el País Vasco: Nervacero, la más importante, con unos 340 trabajadores en el municipio vizcaíno de Trapagaran, y dos plantas de Celsa Atlantic en Álava (Vitoria y Urbina), que emplean a 110 personas entre las dos. Es una pelea con pocos precedentes en España, pero la decisión final determinará quién es el propietario de la compañía. Además de la estrategia futura de la empresa, la decisión judicial va a condicionar también la entrega de los 550 millones de euros que el Gobierno aprobó como rescate financiero del grupo. Las condiciones impuestas por el Ejecutivo para entregar el dinero –básicamente un acuerdo entre propietarios y acreedores– no se han cumplido hasta ahora. El origen del conflicto se remonta casi una década atrás, cuando la banca aceptó refinanciar la compañía, que había sufrido un duro golpe en la crisis del ladrillo. Buena parte de su producción, como es el acero corrugado que fabrica Nervacero, va destinado al sector de la construcción y es además un producto que viaja mal porque su valor añadido es reducido. En 2017 los bancos comenzaron a deshacerse de la deuda, traspasando los créditos a precios de saldo a fondos de inversión. El algunos casos con descuentos de hasta el 80% –los bancos llegaron a la conclusión de que el futuro de la empresa era muy negro–, la deuda acabó en manos de fondos que, por sus características, suelen llevar el apellido coloquial de ‘buitres’. La deuda es abultada. Unos 2.800 millones de euros en cifras actuales. En 2020 la empresa dejó de pagar algunos de sus vencimientos de deuda, aquejada en este caso por el parón de la pandemia y la negativa de la banca a abordar una nueva refinanciación.

La incertidumbre económica y el descenso en la valoración de las grandes firmas tecnológicas ha hecho caer drásticamente la inversión en ‘startups’ durante el primer semestre del año. En el caso de Euskadi, este descenso representa un 65% menos de la actividad del pasado año, al reducirse la cifra inyectada en las empresas emergentes hasta los 19 millones de euros, según los datos registrados por el ‘Observatorio del Ecosistema de Startups’ de la Fundación Bankinter. La situación supera la caída vivida a nivel nacional, donde el dinero invertido en estas mercantiles se redujo un 49%. En total llegó hasta los 1.015 millones repartidos en más de 200 actuaciones, después de cerrar el peor dato de un trimestre desde el año de la pandemia, el 2020. En los primeros tres meses de este ejercicio las inversiones se redujeron un 46,2% en España, y de abril a junio cayeron, por su parte, un 53%. Las inversiones se encuentran en caída desde el año pasado, cuando se registraron unos datos un 20% inferiores a los de 2021. Entonces el Observatorio ya citó un enfriamiento del ecosistema tras el pico reciente, e incidieron en que los datos superaban en todo caso las cifras previas a ese ejercicio. La desaceleración viene marcada por una mayor cautela con el capital riesgo.

Por cada vasco hay depositado en fondos de inversión un total de 16.089 euros. Es un dato que coloca a Euskadi a la cabeza, y con mucha distancia, de todas las comunidades autónomas en el ahorro que sus ciudadanos destinan a estas figuras para canalizar el ahorro. En total, son 35.090 millones de euros según se desprende del último informe del Observatorio Inverco, una cantidad que equivale a casi la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi, en concreto, al 44,5%. Los datos evidencian una cultura financiera muy arraigada en el País Vasco con estas figuras de inversión en las que se nota de manera especial las EPSV. Y es que las Entidades de Previsión Social Voluntaria para completar la pensión gozan en las haciendas forales de una fiscalidad más benévola que en el conjunto de España, con lo que se ha desarrollado una tradición hasta el punto de acumular más de 26.000 millones, el 73% de todo lo depositado en fondos. El caso es que con esa ratio de 16.089 euros por ciudadano, Euskadi lidera esta clasificación seguida por La Rioja con 13.715 euros, Aragón con 12.802, Navarra con 11.522 y Madrid con 11.017. Si se analizan las cifras globales, los 35.090 millones de euros que hay invertidos desde Euskadi suponen el tercer importe, solo por detrás de Madrid con 75.190 y Cataluña con 55.730. Estas tres comunidades juntas aglutinan el 53,7% de todo el conjunto de España. Otro dato relevante es la rentabilidad de los fondos, que también encabeza el País Vasco. 

Las ventas de las empresas no financieras de Gipuzkoa empiezan a flojear hasta el punto de que encadenan ya dos meses consecutivos de bajada, con lo que se confirma en mayo la tendencia descendente iniciada en el mes de abril, que fue la primera desde finales de 2020. Pese a ello, en el acumulado del año todavía resisten y se anotan un incremento del 4,1%. Así lo pone en evidencia el informe que elabora la Diputación de Gipuzkoa a partir de las declaraciones del IVA, así como de las retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos de trabajo y de actividades económicas de las empresas no financieras con sede social en el territorio. En lo que respecta al mes de mayo, las ventas caen sobre todo en la construcción, donde se reducen un 14,8%. Este sector se había resistido en abril, cuando se anotó una subida del 18,6%, pero ahora se suma a la que inició la industria. En este caso, el considerado motor de la economía guipuzcoana, reduce sus ventas un 5,2%, lo que se añade al 11,2% del mes anterior. Unos datos que concuerdan con la contracción producida en la actividad de la industria guipuzcoana y vasca en esos dos meses. De hecho, en nuestro territorio cayó en mayo un 2,7%, lo que se sumaba al descenso del 2,9% registrado en abril. Aunque se trata de dos meses seguidos de descensos, lo que podría indicar un ligero enfriamiento de la economía del territorio, habrá que esperar a los siguientes datos para ver si se mantiene esa tendencia que, en cualquier caso iría en línea con las previsiones del Gobierno Vasco, que augura una desaceleración para este ejercicio, en consonancia también con la economía española y mundial. 

El B Accelerator Tower (BAT), el centro internacional de emprendimiento inaugurado el pasado septiembre en la Torre Bizkaia, crece nada más empezar. Apenas ocho meses después de abrir sus puertas la Diputación acaba de sacar a licitación las obras de ampliación debido al alto número de ‘startup’ y firmas tradicionales que han mostrado interés por instalarse en las oficinas del icónico rascacielos de la Gran Vía bilbaína. El objetivo es duplicar el espacio disponible y pasar de los 400 profesionales que trabajan actualmente en el edificio a rozar los 900. El BAT es una de las grandes apuestas del Ejecutivo foral dentro de su estrategia por diversificar el tejido industrial e intentar convertir Bizkaia en una meca de las tecnológicas. El «Silicon Valley europeo», sueñan los más optimistas. El plan arrancó en 2018 con una batería de ajustes fiscales para intentar atraer al territorio talento y negocios en proceso de crecimiento, y dio un salto adelante con la creación del centro de emprendimiento. El Gobierno foral alquiló posteriormente –paga 235.000 euros al mes– el antiguo rascacielos del BBVA, símbolo del poderío financiero de antaño, para convertirlo en el emblema del I+D+i. Lo ‘vació’, solo quedan las históricas vidrieras, y tras años de obras lo volvió a inaugurar transformado en un punto de encuentro para empresas, emprendedores con nuevas ideas, universidades, mecenas e instituciones. El objetivo foral es ambicioso: en 15 años quiere contribuir a la creación de 1.500 empleos y un impacto económico de 200 millones. De las 21 plantas de la Torre Bizkaia las cinco primeras están ocupadas por la multinacional Primark. El BAT se extiende a lo largo de las cuatro siguientes –de la 6 a la 10–.  Echó a andar en septiembre con una ocupación del 80% y para noviembre ya era del 95%. 

La distribuidora de gas natural Nortegas ha finalizado con éxito la segunda fase de pruebas de su proyecto H2SAREA, en la que ha inyectado una mezcla del 10% de hidrógeno y 90% de gas natural durante 3.000 horas en una réplica de la red de distribución de gas natural actual, con elementos reales de la red de distribución que llevan más de 20 años en operación, incluyendo las instalaciones de usuario doméstico. Así lo recoge el estudio Resultados de evaluación de pruebas para mezclas del 10% H2 y estudio de casos industriales, realizado por la compañía, que adelanta que actualmente se están realizando las pruebas al 15% de mezcla de hidrógeno y el plan es finalizar las pruebas de 20% de mezcla antes de que acabe este año, con el objetivo de ir probando y analizando la respuesta de la red existente. El proyecto pretende impulsar el empleo seguro del hidrógeno en la red de distribución de gas natural, junto a otros gases renovables tales como el biometano o el e-metano y descarbonizar, de este modo, los actuales consumidores que se abastecen de la red de distribución.

El grupo sevillano de hidrógeno verde H2B2 facturó 3,5 millones de dólares en 2022 y tuvo pérdidas de 4,3 millones. La empresa, en fase de desarrollo, ha rebajado sus previsiones para este año y el próximo, en los que seguirá en números rojos. El auditor ha subrayado as dudas sobre la viabilidad de la empresa que, sin embargo, aspira a cotizar en el Nasdaq con una valoración de 750 millones de dólares (unos 685 millones de euros). El folleto de la fusión, por otro lado, advierte del riesgo de que la valoración esté inflada por los conflictos de intereses. H2B2 Electrolysis Technologies, controlada por la familia Benjumea, es una promesa de futuro, pero aún es un pequeño grupo en pérdidas. Sus ventas fueron de 3,49 millones de dólares en 2022 y sus pérdidas, de 4,3 millones, según sus cuentas anuales. En abril, la empresa preveía lograr este año ingresos de 25,8 millones de dólares y volver a multiplicarlos hasta los 114 millones. Sin embargo, en junio ha rebajado esas previsiones. Según las nuevas cifras, también en dólares, este año tendrá ingresos de 15,8 millones y pérdidas de 16,6 millones y en 2024 las ventas serían de 78,4 millones y los números rojos, de 17,1 millones. La entrada en rentabilidad quedaría para 2025, cuando espera facturar 206,8 millones y ganar 7,4 millones. La empresa no prevé dar dividendo en “el futuro previsible”. Fuentes de la compañía señalan que la rebaja de previsiones se debe a que la regulación se está retrasando y que es algo común en las empresas del sector. “Lo importante es que hemos cumplido todos los objetivos cualitativos que realmente marcan el futuro de la compañía: el programa de I+D y la terminación y puesta en marcha de Sohycal que es la referencia más importante en estos momentos en EE UU”. El informe del auditor estadounidense subraya que “la sociedad ha sufrido pérdidas recurrentes y flujos de tesorería negativos de las operaciones y ha declarado que existen dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento”. 

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer las bases reguladoras para conceder ayudas por importe de 450 millones de euros a la industria gasintensiva para la compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural durante el año 2022. Estas ayudas se basan en el Marco Temporal de Crisis y Transición de la Comisión Europea y se concederán únicamente durante el año 2023 para compensar los costes extraordinarios en los que incurrieron las industrias más intensivas en consumo de gas natural durante 2022. Esta línea de ayudas permitirá a estas industrias recibir una compensación de hasta cuatro millones de euros por empresa para equilibrar el aumento del precio del gas natural, pudiendo recibir hasta 25 millones de euros por empresa si acreditan una reducción de su ebitda de más de un 30% en 2022 con respecto al año anterior. Los sectores beneficiarios incluyen la alimentación, pasta y papel, química básica, los sectores del vidrio, azulejos, fritas y esmaltes y otros productos cerámicos, cal y yeso, así como varios sectores de las metálicas básicas. Además de estas ayudas de 450 millones de euros, el Gobierno también aprobó una línea, dotada con 500 millones de euros, que ya está a disposición de las empresas. Las subvenciones podrán alcanzar hasta los 25 millones por compañía gasintensivas para mitigar sus problemas de liquidez. 

Los vehículos electrificados siguen ganando terreno en Euskadi. En la primera mitad del año su matriculación creció un 40% respecto al primer semestre de 2022. En total se alcanzaron las 1.582, una subida aún inferior a la de toda España, donde el aumento fue del 48% con 57.216 unidades. El incremento se mantiene constante, según la empresa especializada en transición energética Emovili. En el último trimestre creció un 6,8%, al pasar de 765, entre enero y marzo, a 817, de abril a junio. Los resultados colocan a Euskadi la sexta en la lista de regiones con vehículos electrificados, tras Madrid (27.244), Cataluña (8.381), Comunidad Valenciana (4.878), Andalucía (3.642) e Islas Canarias (2.436). El informe de Emovili, que usa datos de Aedive y Anfac, recoge que Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana son los territorios con más puntos de recarga públicos, pese a estar lejos de las metas fijadas para finales de este año. Para entonces se estimaban 45.063 y los últimos registros, de marzo, apuntan a menos de la mitad: 20.243. Emovili destacó además el aumento de las matriculaciones de vehículos Tesla en España. En lo que va de año llegaron a los 5.305, pulverizando récords del ejercicio pasado. En 2022 el primer semestre estuvo marcado por Mercedes, entonces con 4.100 coches registrados en toda España.

Eroski tiene previsto acudir a los mercados de capitales para refinanciar 725 millones de euros en deuda que están principalmente en manos de fondos oportunistas. La cadena vasca de distribución ha comenzado ya con los preparativos para protagonizar una emisión de bonos por importe de hasta 500 millones de euros en el último trimestre del año, siempre y cuando las condiciones de mercado lo permitan, según coinciden varias fuentes financieras. La operación se produce después de que la cooperativa haya contratado los servicios de Evercore en calidad de asesor financiero para su refinanciación. Deutsche Bank y BNP Paribas se encargarán de liderar la colocación, en la que también participarán, en un escalón inferior, bancos españoles como Santander, BBVA y CaixaBank, con el papel de passive bookrunners. La idea de Eroski es emitir un bono de entre 400 y 500 millones de euros hacia la última ventana del ejercicio y, en paralelo, suscribir uno o varios préstamos bilaterales, ya sea con bancos o inversores institucionales. Para ello, el grupo ha solicitado ya a las agencias de ráting una calificación crediticia, que previsiblemente se situará dentro del segmento high yield, es decir, por debajo de BBB- o equivalente, según explican las fuentes consultadas. La deuda de la cadena de supermercados –compuesta principalmente por lo queda del préstamo de 1.500 millones suscrito a mediados de 2019– está actualmente en manos de fondos oportunistas, entre los que sobresalen Hayfin, Davidson Kempner o Cross Ocean, después de que la banca española (Santander, CaixaBank, BBVA, Bankia y Sabadell) eliminara el riesgo de Eroski de su balance en 2020. Sí que se mantienen en la deuda las entidades vascas Kutxabank y Caja Laboral.

Si se mira la evolución del PIB a lo largo de los últimos cuatro años se observa que España ha sido el segundo país que peor parado ha resultado de la segunda legislatura de Pedro Sánchez, ya que el volumen de la economía es prácticamente el mismo que el existente en 2019 mientras que la mayor parte de la Unión Europea acumula crecimientos por encima del 6% y algunos países llegan a alcanzar incluso el doble dígito. Esta es una de las principales conclusiones del informe Situación económica y respuesta a la crisis de Ucrania, publicado ayer por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que también constata que el empleo efectivo todavía no ha alcanzado los niveles previos a la pandemia. El elemento positivo es que la inflación acumulada en España es muy inferior al de la mayor parte de los países europeos, si bien también hay que tener en cuenta que la subida de sueldos ha sido inferior a la media. En concreto, “entre el primer trimestre de 2019 y el primero de 2023, el PIB real español aumentó solo en torno a un 1%, por delante únicamente de Alemania”. En cambio, “en el otro extremo de la distribución hay cuatro países del Este (Croacia, Polonia, Eslovenia y Rumanía) que han crecido más de un 10% durante el mismo período”, seguidos de “Grecia y Portugal, con crecimientos acumulados del 7,7% y 6,3% , que se sitúan claramente por encima de la media europea (3,9%)”, mientras que “Italia y Francia (con el 2,3% y 1,9%) están mucho más cerca de España”, si bien el país “ha aguantado mejor de lo esperado en el primer semestre , tanto en términos de actividad como de precios”, con un acelerón del PIB y la moderación de la inflación. Y es precisamente el hecho de que muchos sectores, como el turismo, todavía no hayan recuperado el volumen de actividad previo al estallido de la pandemia . 

El primer semestre del año ha terminado con un importante “frenazo” en el número de reestructuraciones tras un comienzo de año “frenético” arrastrado de 2022. La oleada de ayudas públicas (créditos ICO, fondos Sepi, Cofides…) ha provocado un exceso de liquidez que ha llevado a que no haya tantos procesos en marcha, a lo que se suma que muchas empresas han recuperado gran parte de su negocio tras la pandemia. No obstante, el incremento de los costes debería llevar a un nuevo pico de actividad en los próximos meses, sin obviar que no todas las empresas están cumpliendo con las devoluciones de las ayudas. Ese es el diagnóstico de la situación actual que hacen Mikel Ortega y Yago Fernández, managing directors-financial reestructuring de Alvarez & Marsal, en una entrevista.. “Con la nueva ley concursal todos esperamos un cambio de reglas importante, pero todavía hay incertidumbre sobre los efectos de la nueva legislación”, señalan. “Todos tenemos en mente qué va a pasar con Celsa. Es el caso que va a marcar las reglas de juego de las reestructuraciones”. Los dos expertos apuntan que la nueva ley pone las herramientas para agilizar las reestructuraciones y recuerdan que aunque hay casos como el de la inmobiliaria Single Home en que han sido los socios los que han llevado las riendas, en general son los acreedores los que están tomando el liderazgo en estos procedimientos, en muchos casos para capitalizar deuda y quedarse con la compañía. A este respecto avisan: “Si te haces con el control de una empresa tienes que tener capacidad para gestionarla”, apunta Fernández.

España se encamina a convertirse en un país con una fuerza laboral cada vez más cercana a los 50 años, impulsado por el envejecimiento asociado a la baja natalidad que dificulta el relevo generacional de los trabajadores. Así, según un estudio publicado por Funcas, entre 2002 y 2022 se han más que duplicado los empleados de más de 50 años, frente al aumento del 18% de la población ocupada. En contraste, la población ocupada de entre 16 y 29 años se ha reducido a la mitad en el mismo periodo. El problema del envejecimiento es transversal a distintos ámbitos de la economía: los trabajadores ‘cincuentones’ se han multiplicado por 2,5 veces entre los asalariados en los últimos 20 años, mientras que en el caso del sector no asalariado se ha reducido en un 40% la población ocupada joven, lo que dificulta el reemplazo a los trabajadores de mayor edad. Esta brecha se replica además en todas las comunidades autónomas sin excepción. Si, en 2002, Galicia era la única región en España en la que había más trabajadores con más de 50 años que jóvenes situados entre los 16 y los 29, ahora las tornas se han invertido completamente. Así, no existe ninguna autonomía en España que cuente con más jóvenes que personas de más de 50 años en su mercado laboral. De hecho, en Asturias y Castilla y León la brecha entre trabajadores 'veteranos' y jóvenes supera el 30%. Esta brecha es además más elevada que la media de la Unión Europea, con lo que los autores del estudio consideran que el lastre que supondrá el envejecimiento en el alza de las tasas de empleo a futuro será «mucho más acusado». 

El peso que han ido ganado los trabajadores extranjeros a lo largo de las últimas décadas en la fuerza laboral les ha llevado de ser un colectivo prácticamente irrelevante en términos laborales a convertirse en una pieza clave en el mercado, y que todo apunta seguirá creciendo a lo largo de los próximos años. Si allá por 1976, en lo que puede definirse como el principio de la Transición, estos trabajadores extranjeros apenas representaban el 1,3% de los ocupados y el 2,6% de la población, hoy los extranjeros han multiplicado su presencia en el mercado de trabajo hasta representar el 20% de los empleos a cierre del primer trimestre de este año, según datos de la encuesta de población activa (EPA). Sin embargo y pese a que padecen una tasa de paro mucho más elevada (19,90%) que la de los españoles (12,15%), acaparan la creación de nuevo empleo. En los últimos 12 meses (del primer trimestre de 2022 al de 2023), periodo en que la economía ha recuperado la “vieja normalidad” pospandémica, se han creado 368.100 empleos, correspondiendo a extranjeros el 77%, o 284.400 puestos de trabajo. Según se desprende del Observatorio Demográfico CEU, La inmigración en el mercado laboral español, dirigido por Joaquín Leguina y coordinado por Alejandro Macarrón, este incremento del número de extranjeros ocupados no es algo novedoso, ya que según los datos de los últimos años vienen a confirmar que la mayoría del nuevo empleo neto lo ocupan extranjeros.

Los autónomos siguen sin remontar después del duro impacto que les asestó la pandemia, que obligó a muchos a cerrar sus negocios. Han pasado tres años desde entonces, pero la mayor parte de este colectivo no ve mejoría; al contrario, un 75%, tres de cada cuatro, está igual o peor que un año atrás tras encadenar una crisis con otra. La subida de costes les ha afectado de forma significativa y, debido a ello, un 67% ha tenido que subir sus precios para hacer frente a esta escalada de gastos dada la insostenibilidad de la situación económica que tenían. Pero no queda ahí la cosa y el 60% reconoce que no ve otra salida que volver a incrementar sus precios a lo largo de 2023, según el barómetro publicado ayer por ATA tras encuestar a más de mil trabajadores por cuenta propia. Y es que tres de cada cuatro autónomos considera que sus negocios no mejorarán en el corto plazo; es más, más del 31% piensa que su actividad disminuirá, y solo un 18% cree que le irá mejor en los próximos meses. Pero tienen motivos para este pesimismo: casi el 40% de los emprendedores admite que la facturación que registra en este 2023 es inferior a la de 2022 y otro 26,5% alega que se ha mantenido similar, mientras que solo un 31,8% afirma que se ha elevado, según los datos que se desprenden de esta encuesta. ATA señala que la disminución de la facturación para muchos autónomos y el aumento de los costes que han tenido que afrontar más del 82% ha hecho que los gastos crezcan por encima de los ingresos y que «cada día abran su negocio siendo conscientes de que les va a costar dinero». La inflación, junto con el alza de las cotizaciones y los impuestos, han sido las principales losas que han puesto seriamente en riesgo la continuidad de muchos negocios, según este informe. Sin embargo, el empleo apenas se verá impactado y solo el 16% del colectivo piensa que tendrá que reducir plantilla en los próximos meses.

El Gobierno lanzará este año una oferta de empleo público récord con el objetivo de reforzar las plantillas de la administración central, en especial de la Seguridad Social y de los servicios de atención a la ciudadanía. La convocatoria, que aprobará hoy el Consejo de Ministros a dos semanas de las elecciones generales, incluye entre 39.000 y 40.000 plazas ordinarias —entre nuevos ingresos y promoción interna, tanto en la Administración General del Estado, como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia—, un 14% más que en 2022, que fue un año histórico, según fuentes de la negociación entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda y Función Pública. A estas nuevas plazas, habrá que sumar otras 5.000 destinadas a convertir empleo temporal en fijo. En total, la convocatoria superará los 44.000 puestos. La oferta de empleo global, que debería haberse aprobado en el primer semestre del año como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se mantiene así en un nivel similar al de 2022 (44.788 puestos). Sin embargo, la distribución es diferente, ya que en 2022 el número de plazas de estabilización para que los interinos puedan consolidar su puesto de trabajo fue el doble que en la actual convocatoria.

La cúpula de Santander va a cumplir este año uno de los grandes sueños de Emilio Botín: que el banco lograra los 10.000 millones de beneficio. Se trata de una meta con la que fantaseaba el banquero en 2007, en pleno cénit del boom del crédito inmobiliario. Pero el pinchazo de la burbuja truncó ese objetivo, que tuvo muy cerca. Ahora, quince años después, puede hacerse realidad. El consenso de analistas pronostica para este año un beneficio de 9.988 millones, según recoge Bloomberg. Nunca en la historia el banco ha ganado tanto dinero. En 2022, que fue récord gracias al inicio del ciclo alcista de los tipos de interés y la baja morosidad, el resultado fue de 9.605 millones. El mercado también descuenta para los otros grandes cifras históricas. BBVA puede alcanzar un número redondo: 7.000 millones. En 2022, la entidad ganó 4.653 millones de euros. Y CaixaBank, el banco con mayor tamaño en España, también batirá su propia marca y obtendrá 4.049 millones de euros, según el consenso de analistas. Lo curioso de BBVA es que llegará a este nivel de resultados con prácticamente el mismo tamaño de balance que tenía hace 15 años. Recientemente ha multiplicado por dos su participación en el turco Garanti, pero al mismo tiempo ha vendido BBVA USA y BBVA Chile.

El presidente y CEO de Siemens AG, Roland Busch, de visita en España, anunció ayer en Tres Cantos que la compañía reforzará su compromiso con el país a través de la inversión de 160 millones de euros para la creación de un nuevo campus inteligente en la zona de Las Tablas, en el norte de Madrid, que albergará la nueva sede central de la firma en España. Este edificio, que estará ubicado en el barrio de Las Tablas, próximo al futuro eje de Madrid Nuevo Norte, se convertirá en un referente en la ciudad como edificio e infraestructura inteligente, digital y neutra en carbono, según explicó la compañía en una nota. Su construcción se prevé que esté concluida a finales 2028. Hasta entonces, mantendrá su sede actual. En palabras del CEO de Siemens, “el nuevo Siemens Smart Campus cumplirá con los más altos estándares ESG, en línea con la apuesta estratégica de la compañía para convertirse en una empresa neutra en emisiones en 2030. Además, será un nuevo símbolo en la ciudad que reflejará la identidad y valores de la compañía”. En la actualidad, Siemens cuenta con cerca de 3.700 empleados en España repartidos entre diferentes sedes regionales y la actual sede central en la localidad madrileña de Tres Cantos.

Los matices que esconde la nueva figura de ahorro para la jubilación son muchos. Los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) –este es el antiglamuroso nombre que le reserva la legislación– pueden convertirse en un poderoso instrumento de previsión social complementaria, aunque para ello es clave que la ciudadanía entienda en qué consisten. Son un fondo de pensiones de “promoción pública”, que es algo muy distinto a un 'fondo público'. Aquí no hay ningún dinero de las arcas del Estado que vaya a este vehículo. Los FPEPP son una fórmula impulsada por el ministro Escrivá para promover los planes de pensiones de empleo, frente a los individuales. Los primeros se han desarrollado poco y solo entre grandes empresas y Administraciones. Con los FPEPP se quiere que la figura llegue a más gente, sobre todo a autónomos y a trabajadores de pymes. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va a elegir a cinco gestoras para que cada una de ellas administre tres FPEPP; 15 en total. Cada uno de los tres vehículos tendrá un perfil de riesgo, uno más conservador, otro mixto y otro más arriesgado. CaixaBank, Santander, BBVA, Ibercaja... se han postulado para administrar estos vehículos. No es lo mismo un fondo de pensiones que un plan de pensiones. El plan es el acuerdo entre empresa y trabajadores para ir pagándoles parte de su retribución en un vehículo que sirva para completar su pensión pública cuando se jubilen. El fondo de pensiones es ese vehículo. Cuando se constituyan los FPEPP, previsiblemente en otoño, tendrá que haber planes de empleo antiguos que se adhieran a los nuevos fondos de promoción pública. También se podrá incorporar una nueva categoría recién creada, los planes de pensiones simplificados, que son como los pero más sencillos para su constitución...

La economía china parece ir a contracorriente del resto de países. Mientras Estados Unidos y Europa llevan meses luchando por bajar la inflación, el gigante asiático se enfrenta a una disminución generalizada de los precios que pone en peligro su previsión de crecimiento del 5% para este año. En junio, su IPC interanual se situó en el 0%, lo que supone una desaceleración de dos décimas respecto al mes previo y su nivel más bajo en 28 meses, cuando la caída de los costes de la carne de cerdo arrastró el resto de productos. La inflación subyacente, que excluye el impacto de la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos frescos, se desaceleró al 0,4% desde el 0,6% del mes anterior. Y los precios al productor cayeron un 5,4% interanual, el mayor frenazo desde diciembre de 2015 y la novena caída consecutiva. Son cifras que contrastan con el resto de grandes economías, que se mantienen lejos del objetivo del 2%. En Estados Unidos, los precios registraron un crecimiento interanual del 4% en mayo, nueve décimas menos que en el mes previo que, sin embargo, no va a evitar que la Reserva Federal suba los tipos hasta el 5,5% en julio. La eurozona se enfrenta a un escenario similar. También ha registrado una importante caída en junio (alcanzando el 5,5% frente al 6,1% de mayo) que le deja a medio camino en la normalización de los precios, pero que no le salva de que el Banco Central Europeo suba el precio del dinero hasta el 4,25% en julio. Hasta ahora, España ha sido el único país en el Viejo Continente que ha conseguido rebajar la inflación por debajo del 2%.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo libraron anoche un debate eléctrico, vibrante, durísimo en la confrontación de argumentos, de tan alto voltaje retórico y político que evidenció que ambos se lo juegan todo en la cita con las urnas del 23 de julio. Y todo es todo, porque salvo que el escrutinio en las generales de dentro de trece días arroje un país absolutamente ingobernable, solo podrá quedar uno de los dos en pie: el líder del PP ya ha anticipado que se irá si no consigue el triunfo que le auguran las encuestas y una eventual «derogación del ‘sanchismo’» abriría una crisis de liderazgo en las filas socialistas. Ambos –dos estilos, la misma voluntad de poder– sabían que su duelo al sol en Atresmedia, el único que celebrarán esta campaña, podía hacer cundir la esperanza en la remontada que pretende alentar Sánchez o asentar la estrategia de Feijóo: ‘voy a ganar, la duda es con cuánto margen me dejará el electorado’. Lo soprendente fue que quien se presumía que iba a salir a amarrar su imagen de vencedor ‘in pectore’ salió al ataque arrinconando durante buena parte de la intensísima discusión a un Sánchez incómodamente a la defensiva que puede que acabe agradeciendo que su rival se haya negado a mantener algún cara a cara más de aquí al 23-J. Nada ejemplificó tan gráficamente que el candidato del PP a la Moncloa salía a la arena de Atresmedia dispuesto a no dejarse arrugar por Sánchez, que se había encerrado todo el fin de semana a preparar el debate, y a tratar de afianzar la sensación ambiental de que va a ganar dentro de dos domingos como la alusión al aniversario del secuestro –ayer– y del asesinato de Miguel Ángel Blanco para hurgar en el talón de Aquiles del presidente: sus pactos con Bildu y, por extensión, con el independentismo catalán que desafió al Estado constitucional.

Único cara a cara entre los dos candidatos a la presidencia del Gobierno. Un solo debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo antes de las elecciones del 23-J. Frente a frente y ante las cámaras de televisión disputándose los votos indecisos, consolidando los afines e intentando robar alguno al adversario. En el duelo dialéctico, muy airado, el candidato socialista se presentó nervioso y durante buena parte del debate fue a la zaga de la iniciativa que marcó el aspirante popular, más sosegado y menos a la defensiva. El líder del PP ofreció a su contrincante un pacto: permitir gobernar al que gane las elecciones. «Yo lo firmo aquí mismo delante de los españoles ¿y usted?», le instó reiteradamente. Y Sánchez lo rechazó con evasivas, risas e interrupciones. Feijóo insistió en que si el PSOE gana los comicios, el PP se abstendrá para dejarle gobernar y urgió al candidato socialista a comprometerse a lo mismo, pero no lo consiguió. El líder del PP aseguró que si consigue los votos necesarios no dará entrada a Vox en su hipotético Gobierno y añadió que jamás pactará con EH Bildu, el brazo político de quienes asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Sánchez contraatacó con los pactos firmados por el PP con Vox pero él, por su parte, no se comprometió a no volver a pactar con ERC y EH Bildu, uno liderado por Junqueras y el otro por Otegi. El líder del PSOE insistió en que PP y Vox son lo mismo, lo hizo continuamente, y acusó a los populares de haberse apuntado al eslogan «que te vote Txapote». Pedro Sánchez se quejó de los insultos que, asegura, le han dedicado dirigentes del PP, y Feijóo respondió enhebrando una lista de improperios que ha recibido de ministros y dirigentes socialistas.