20230713

La industria vasca va ganando poco a poco terreno, recuperando parte del que ha había perdido, y ya supone el 23,4% de la riqueza que genera la economía vasca. Un dato que está muy por encima de la media española, que es del 16,9%, pero también de Francia (13,1%) o de la Unión Europea 27 (19,9%), y solo ligeramente por debajo de Alemania, que es el gran referente de nuestra economía como gran potencia industrial, con un 24%. Así lo constata el Eustat en los datos dados a conocer ayer sobre el panorama de la industria vasca, con datos de cierre de 2021, que son los últimos. Y es que después de la caída registrada en 2020 por la pandemia, el valor añadido de la industria mostró su recuperación el siguiente ejercicio, con un aumento del 6,1%. Euskadi ha sido tradicionalmente un país industrial, hasta el punto de que llegó a representar el 31% de la riqueza que generaba en el 2000. La crisis financiera que hundió la economía mundial entre 2008 y 2014 supuso un fuerte adelgazamiento de este sector, hasta situarlo en el 24%. En 2019 se llegó a recuperar hasta el 24,6% y en el año de la pandemia se redujo hasta el 22,3%. Pero el Gobierno Vasco ya no se conforma con llegar a ese 25% que se había marcado, sino que aspira a que la industria y los servicios ligados a la misma lleguen al 40%. Y es que si por algo se ha caracterizado la evolución del sector industrial en los últimos años e incluso quinquenios es por un mayor desarrollo de lo que se denomina como ‘nueva industria’, es decir, los servicios conexos que antes estaban dentro de las propias fábricas y ahora están externalizados, o los que se han ido generando. Hablamos de las telecomunicaciones, informática o I+D, con lo que esa industria en su conjunto se sitúa en torno al 36%.

El dato de la inflación en Euskadi se eleva cuatro décimas respecto al nacional y cierra al 2,3%. Sin embargo, la cesta de la compra consigue unos resultados ligeramente mejores con los alimentos creciendo al 9,9% –4 décimas por debajo de la media española–, y las bebidas alcohólicas al 7,3% –ocho décimas menos–. La inflación en el conjunto delpaís supera a la del País Vasco en el resto de datos salvo en vivienda. Aquí cae el 13,3% frente a la bajada del 12,7% nacional. Por su parte, en hoteles, cafés y restaurantes sube el 6,1% en Euskadi en contraposición al 6,8 nacional. Gipuzkoa tiene el peor dato anual, con un 2,7% de variación en el IPC, mientras que Bizkaia cierra al 2,3% y Álava marca un 1,5%.

La inflación anual ya se sitúa por debajo de la cota del 2% que se marca como objetivo el Banco Central Europeo pero que, al mismo tiempo, uno de cada cuatro bienes y servicios se encarece a ritmos que superan el 10% anual. Y, entre ellos, la mayoría se encuentran en la partida que probablemente más difícil es de esquivar y más se nota en el bolsillo, junto con los gastos del hogar: la alimentación. En concreto, la tasa de variación anual del IPC se moderó en junio al 1,9%, 1,3 puntos menos que el mes anterior, debido fundamentalmente al abaratamiento de los precios energéticos (tanto los carburantes como la luz y el gas) y del transporte respecto a las cifras récord del año pasado, lo que está permitiendo al Gobierno celebrar unos datos que aparentemente mejoran la competitividad de la economía española (ver información a la derecha), pero muchos otros componentes de la cesta de la compra siguen subiendo con fuerza. De hecho, 38 alimentos y otros doce productos escalan a ritmos de doble dígito, liderados por el azúcar (44,9%), el aceite de oliva (31%), las patatas (27,8%), el arroz (21,9%), frutas en conserva (21,7%), la leche entera (20,1%) y la mantequilla (20%). Así, tras estos siete productos con subidas superiores al 20% se encuentran otra treintena de alimentos, además de una docena de bienes relativos a otras categorías. Entre ellos, algunos con una elevada presencia en el presupuesto de las familias, ya sea por su coste, por la recurrencia de la compra o porque su consumo se eleva precisamente en esta época del año, 

Kutxabank ha firmado un acuerdo con la sociedad Alantra, especializada en banca de inversión y operaciones de financiación alternativa, con el objetivo de aumentar su campo de juego en el mercado de empresas, del que la entidad financiera vasca se han mantenido alejado en las últimas décadas. Con ello, Kutxabank se apoyará en esta sociedad, presidida por Santiago Eguidazu, para atender la demanda de las empresas que ya son clientes de la entidad financiera y que por sus características o tamaño se desviaban a otras empresas de intermediación. Hasta ahora las pocas operaciones que ha captado Kutxabank en el ámbito de la banca de inversión –fusiones, adquisiciones y operaciones de financiación alternativa– se habían gestionado a través de su participada Norbolsa y si bien han tenido protagonismo en el ámbito de la Administración pública –emisiones de deuda del Gobierno vasco, por ejemplo– su participación en el ámbito de las empresas privadas ha sido reducido. Norbolsa, señalan fuentes próximas al acuerdo, «seguirá teniendo un papel destacado en la coordinación con Alantra de las operaciones que realicen en común». Las mismas fuentes indican que el acuerdo nace con la vocación de actuar sobre todo en operaciones ligadas al ámbito de las empresas industriales vascas y en especial en aquellas de gran dimensión que hasta ahora se desviaban a bancos de inversión ajenos al País Vasco. El acuerdo, añaden, contempla también el compromiso de que profesionales de Kutxabank se formen en este tipo de operaciones sofisticadas participando de forma directa en los equipos de trabajo que las lleven a cabo.

Casi 700 inmigrantes irregulares tramitan en Gipuzkoa los ‘papeles’ para cubrir empleos sin mano de obra. La reforma del reglamento de la Ley de Extranjería aprobada en agosto del año pasado facilita la regularización de este colectivo con su incorporación al mercado laboral a través de programas de formación en sectores con escasez de mano de obra como es el caso de la hostelería. De esta manera, la figura del ‘arraigo por formación’ permite a los inmigrantes irregulares acceder a permisos de residencia y trabajo si acreditan estar recibiendo una formación de, mínimo, un curso de 200 horas lectivas además de rebajar de tres años a dos la estancia necesaria en España para su regularización. Al amparo de este nuevo marco legal, la asociación Hostelería de Gipuzkoa ha desarrollado durante la pasada primavera el programa Eskolanbide, que permite la formación de estos inmigrantes irregulares en dos acciones diferentes: cocina o servicios de restaurante/bar (camareros). Se calcula que solo en Gipuzkoa hay medio millar de puestos de trabajo sin cubrir en hostelería durante el verano. Los primeros 27 alumnos que han finalizado el curso recibieron ayer sus diplomas. Todos ellos cursan ahora prácticas retribuidas a la espera de que se les tramite el permiso de trabajo y se les pueda hacer un contrato laboral. El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, participó en la entrega de estos certificados y aprovechó la ocasión para reforzar la idea de que «la reforma del reglamento ha introducido mejoras y cambios drásticos para simplificar los trámites, acortar los plazos y flexibilizar los requisitos necesarios para conseguir un permiso de trabajo. Y es especialmente novedosa en el ámbito de las personas en situación irregular y que cumplan un compromiso efectivo de formación para obtener un permiso de residencia».

El tráfico aéreo despega en todo el mundo, también en Bilbao. Tras la emergencia sanitaria del coronavirus y pese a la incertidumbre económica y el alza de precios, se han disparado las ganas de viajar, de disfrutar y de resarcirse de los encierros y de las privaciones. Aunque los principales aeropuertos de España (Barajas y El Prat) no lograron en junio igualar sus cifras previas a la pandemia, el de Loiu las superó con creces. Registró 604.247 pasajeros el pasado mes, que se ha convertido ya en el mejor de su historia, con un incremento del 13% respecto al mismo periodo del año anterior. El tráfico nacional aumentó un 6,5% y el internacional un 23,8% en pleno ‘boom’ turístico. Las operaciones de despegue y aterrizaje también se incrementaron en cinco puntos. Desde su inauguración en 1948 y desde que la nueva terminal de Loiu se estrenara en noviembre del año 2000, nunca se había registrado tal volumen de pasajeros en un solo mes. Tradicionalmente, julio y agosto habían sido los de más movimiento y jamás se había superado la cifra mensual de los 600.000 viajeros, según fuentes de Aena. Hasta ahora, el mejor periodo se firmó en julio del 2019, cuando 580.000 personas cruzaron la terminal de ‘La Paloma’, añadieron. Ese fue el año en el que el aeródromo ha cosechado sus mejores cifras. Después, el covid cortó las alas al turismo y a los viajes de negocios, sumiendo al sector en un largo letargo. Aun así, el aeropuerto confía en que los dos próximos meses sean aún más prósperos que el del arranque del estío y que se firme no solo el mejor verano de la terminal, si no también su ejercicio más productivo.

Con un año de retraso y tras superar numerosos inconvenientes, la futura Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU ya tiene fecha para el inicio de sus obras. Será en poco más de dos semanas, el viernes 28 de julio. Ese día se colocará la primera piedra de esta nueva instalación académica. Se levantará a unos pocos metros del hospital sobre una parcela ubicada entre el centro sanitario y las torres de Garellano, y que hasta ahora había acogido uno de los dos aparcamientos que dan servicio a los empleados del hospital. El acto formal de comienzo de los trabajos contará con la presencia de diferentes autoridades políticas y educativas, entre ellas el lehendakari Iñigo Urkullu y la rectora Eva Ferreira. Previsiblemente sean ellos los que coloquen esa primera piedra. Por delante quedarán 36 meses de trabajos. Si no surgen nuevos incidentes y se cumplen los plazos previstos, las futuras instalaciones recibirán a los primeros alumnos en el curso 2026/2027. Porque si algo ha tenido la que es una de las actuaciones estrella de la Universidad vasca para esta década son piedras en el camino. Primero la crisis de los suministros y después la guerra de Ucrania dispararon el coste de los materiales de construcción. Hasta el punto de que la unión de empresas que ganó el primer concurso público hace un año, pocas semanas antes del inicio previsto para las obras, a acometer los trabajos. No le salían los números. La UPV tuvo que revisar entonces todo el proyecto, recalcular al alza sus costes e iniciar de nuevo el proceso de licitación. Todo ello demoró en un año el cronograma previsto y los trabajos pasaron a encarecerse en 10 millones más. Se adjudicaron por 62,1 millones de euros el pasado mayo a la UTE formada por Ferrovial Construcción S. A. y Eraikuntza Birgaikuntza Artapen S. L., que presentó la mejor oferta.

La empresa alavesa SPC presentó ayer su nueva gama de móviles. La firma, especializada en terminales para personas mayores –ocupa una cuota de mercado del 40% en España–, ha optado por mantenerse fiel a la venta de ‘smartphones’ adaptados a ese segmento de población con teléfonos de gama media a precios más asequibles. En concreto, para la nueva línea de productos, la compañía de Miñano apuesta por cámaras de mayor calidad y la incorporación de sistemas como la huella dactilar. El anuncio se produjo en un evento en el Buesa Arena precedido por una visita a las instalaciones de la firma en Miñano. Allí Teresa Acha-Orbea, directora general de la firma, afirmó que esperan superar los 30 millones de facturación a lo largo de este mismo año. SPC cuenta en la actualidad con 85 trabajadores entre la sede de Miñano y un segundo emplazamiento en Briviesca. La propia Acha-Orbea señalaba ayer la dificultad de encontrar plantilla en su sector –«no es fácil»–, algo que procuran solventar «haciendo formación». Aunque la fama de la empresa esté consolidada, los encargos para compañías del nivel de Vueling, Telefónica, Inditex o el Banco Sabadell suponen el 35% de los ingresos de la compañía. El negocio de mayores sólo aporta un 15% a las cuentas de la empresa, de la que Acha-Orbea destacaba también las soluciones de domótica que están ofreciendo a particulares. Sin ir más lejos, los servicios extra de videovigilancia del hogar que oferta Orange cuentan con tecnología ‘made in Vitoria’.

ELA y LAB arremetieron ayer contra Adegi por «negarse a constituir» la mesa negociadora del convenio de la Madera de Gipuzkoa. Ambas centrales enviaron sendos comunicados en los que indican que ayer se celebró una reunión para conformar dicha mesa pero que la patronal guipuzcoana se opuso argumentando que ya existe un convenio estatal y que, en cualquier caso, estaríamos ante un pacto nuevo. El último convenio provincial terminó su vigencia en 2003. Ambas centrales reclaman que dignifique las condiciones laborales.

El sector de la automoción en España facturó 70.392 millones de euros en 2022, un 15,8% más, pero su resultado neto cayó un 33%, hasta 767 millones, según anunció ayer la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Son datos condicionados por las secuelas de la pandemia, la falta de suministros como consecuencia de la guerra de Ucrania y la crisis de los microchips, que ha afectado al ritmo de producción y matriculación, según explican los fabricantes, que esperan una estabilización en 2023 si mejora la coyuntura.  En cuanto a la recaudación fiscal, la automoción generó 39.177 millones de euros durante 2022, un 13,2% más. Sólo con el impuesto de matriculación se recaudaron 4.590 millones, un 7,8% más, pese a que éstas cayeron. Las marcas invirtieron 1.710 millones para su electrificación, un 14,5% más, y las fábricas aumentaron sus plantillas un 1%, hasta 62.341 trabajadores. “Esto refleja la resiliencia de una industria que aporta el 10% del PIB y del compromiso de los fabricantes y sus centros de producción por ser un referente económico y de empleo”, dijo el director general de Anfac, José López-Tafall. Para la asociación, esa resiliencia no se ha visto acompañada por las cifras de ventas de turismos, que en 2022 cerraron con 813.374 unidades, menos incluso que en 2020.

El Gobierno español ha entrado en la batalla por la producción de la versión eléctrica del Peugeot 208, que Stellantis planea asignar a la fábrica que tiene en Figueruelas (Zaragoza) a pesar de las presiones de Francia para conseguir que el modelo eléctrico, uno de los más vendidos del grupo, se fabrique en el país de origen de la marca. El ministro de Industria, Héctor Gómez, defendió ayer la probable llegada del e-208 a la factoría de Zaragoza y destacó que la planta española es la candidata más idónea. “Confiamos plenamente en que la multinacional decidirá la mejor ubicación para el coche Peugeot e-208”, indicó. Además, defendió que la planta de Zaragoza ha conseguido “unos resultados de calidad, eficiencia energética, productividad y clima social que la convierten en la candidata más competitiva”. Según fuentes del Ministerio, el contacto del Gobierno con fabricantes y grandes marcas es “constante”, aunque estiman necesario trabajar con “absoluta discreción” para que este tipo de proyectos “lleguen a buen puerto”. Stellantis cuenta con tres factorías en España (Vigo, Zaragoza y Madrid). En ellas se producen 16 modelos distintos, de los que 12 tienen versión eléctrica, entre ellos el Peugeot 2008 en Vigo, los Citroën C4 y C4 X en Madrid, y el Opel Corsa en Zaragoza. En Vigo también se fabrican varias furgonetas del grupo Stellantis con sus versiones 100% eléctricas.

Varapalo judicial a CaixaBank, Sabadell y BBVA por la utilización fraudulenta de los préstamos ICO concedidos a uno de sus clientes para hacer frente a los efectos económicos de la Covid-19. El Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra ha anulado la operación diseñada por estas tres entidades consistente en utilizar estos importes para amortizar las deudas que mantenía con ellas la empresa solicitante, en serias dificultades financieras y a un paso del concurso. El juzgado condena a las entidades financieras a devolver las cantidades recibidas (100.000; 277.565 y 197.478 euros, respectivamente) y ordena la inclusión de los correspondientes créditos en la masa activa del concurso. Además, rebaja la categoría de las deudas por la mala fe de los bancos y las califica de subordinadas. Estos fallos abren una nueva vía de conflictividad para los bancos. Es bastante probable, según fuentes del sector consultadas, que haya otros casos similares, por lo que puede iniciarse una oleada de demandas y recursos por todo el territorio. Las tres sentencias, de fecha 1, 2 y 3 de julio, estiman la demanda presentada por el administrador concursal de Almacenes Celso Míguez, una fábrica de pinturas en liquidación. El juez, Manuel Marquina, reprocha a las entidades condenadas que se aprovecharon de los préstamos ICO concedidos a la mercantil para tapar exclusivamente los agujeros que esta empresa tenía con ellas, vulnerando así el derecho de los demás acreedores a cobrar en igualdad de condiciones.

La Cámara de Comercio de España ha propuesto a los partidos políticos y propondrá al futuro Gobierno dos de las reformas más polémicas para aumentar el tamaño de las empresas españolas. Sobre todo, para avanzar desde la pequeña y la mediana empresa: elevar el número mínimo de trabajadores para obligar a la compañía a crear un comité de empresa. Y, en segundo lugar, aumentar de 6,01 a 10 millones el criterio de facturación para considerar a una sociedad gran empresa y, en consecuencia, elevarle los impuestos. Ambos puntos forman parte de las propuestas de política económica que la Cámara de Comercio de España, que agrupa a todas las cámaras, ha enviado a los partidos políticos con motivo de las elecciones generales del 23 de julio. Por supuesto, la institución que preside José Luis Bonet enviará el documento al nuevo Gobierno que se forme tras las elecciones. La plataforma empresarial hace la siguiente propuesta: “Aumentar el límite mínimo de asalariados que determina la aplicación de superiores exigencias desde el punto vista laboral. O flexibilización de los requisitos, de forma que no actúen como impedimento para el aumento de la dimensión empresarial y preservando, en todo caso, los derechos de los trabajadores”. Con esta propuesta la Cámara de España está nombrando uno de los principales frenos que dicen tener las compañías españolas para poder crecer: la obligación de tener un comité de empresa al llegar a los 50 trabajadores. De hecho, puede haber empresarios que prefieren quedarse en los 49 trabajadores o crear otra sociedad para hacer exactamente lo mismo.

La sociedad estatal Sareb, más conocida como banco malo, ha iniciado contactos con promotores e inversores para cederles suelos en una decena de comunidades autónomas para que construyan en ellos viviendas de alquiler asequible. Forma parte del plan del Gobierno para intentar movilizar miles de viviendas de este tipo. Las reuniones de los últimos días están siendo organizadas por la consultora PwC y, según aseguran fuentes conocedoras, el presidente de Sareb, Javier Torres, está ofreciendo suelos que son propiedad del grupo público sin cobrar canon durante un período de entre 65 y 80 años. Intenta así animar al sector privado a colaborar en el proyecto. La jugada que busca la Sareb es ceder gratis durante décadas esos suelos con la esperanza de que cuando el Estado recupere la titularidad a finales del Siglo XXI hayan experimentado una revalorización y, sobre todo, hayan servido para aumentar el número de viviendas a las que los españoles puedan optar a precios mejores que los del mercado. Torres impulsa así el llamado Proyecto Viena, consistente en ceder terrenos que, sin ser los mejores con los que cuenta Sareb -los principales son comercializados por Arqura- tienen posibilidades de servir de base para construir, en primera fase, 1.800 viviendas. Se trata de edificar sobre terrenos que no están situados en su mayoría en Madrid o Barcelona y que fueron asumidos por la Sareb tras hacerse cargo del ladrillo de las cajas de ahorros en 2012.

Europa debe buscar un lugar propio en el tablero geopolítico internacional, donde Estados Unidos y China mueven ficha en política económica hacia unas posiciones más proteccionistas, mediante políticas industriales más fuertes. La pérdida de actividad fabril, la pandemia y la guerra en Ucrania han impulsado a los países a reforzar su apuesta por la industria local. Rafael Myro Sánchez, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, cree que el continente europeo necesita desmarcarse con relocalización industrial y unas políticas robustas que apuesten por ella, en vista de reducir la actual dependencia ligada a la adquisición de bienes materiales procedentes del gigante asiático. Sin ir más lejos, la balanza comercial de la Unión Europea con China presentó en 2022 un déficit de casi 249.000 millones de euros, y según Eurostat, casi uno de cada cuatro productos importados por los países miembros procedía de aquella superpotencia. Todo envuelto además en los coletazos, primero, de la citada crisis sanitaria; segundo, de la de suministros y, tercero, de la energética a raíz del conflicto en Ucrania. Acontecimientos que han plantean la pregunta de dónde está entre políticas industriales y estrategias proteccionistas, una cuestión que el grupo de expertos de Foro Futuro, el observatorio de tendencias económicas de CincoDías y Banco Santander, se encargó ayer de analizar en un debate. Santiago Carbó, catedrático de análisis económico de la Universitat de València y director de Estudios Financieros de Funcas, pone como ejemplo aquellos hitos a nivel comunitario como Airbus, “una historia de éxito como proyecto europeo y como proyecto proteccionista”, señaló. La alusión es clara, y la redirigió hacia la idea de repetirla, pero en ámbitos como el de la inteligencia artificial (IA). La sensación es la de que a nivel individual cada país consigue establecer una hoja de ruta más clara: “Necesitamos una política industrial a nivel europeo”. 

Los precios en Estados Unidos siguen subiendo, pero al menor ritmo de los últimos dos años, concretamente, desde abril de 2021. En junio, el indice de precios al consumo (IPC) interanual se situó en el 3%, un dato mucho mejor de lo esperado por los analistas y un punto porcentual por debajo del registro de mayo, lo que supone también el mayor descenso en el registro de la inflación del último año, según se desprende de las cifras publicadas ayer por la Oficina de Estadísticas Laborales. Lejos queda ya el máximo del 9,1% que se registró en junio del año pasado. Desde entonces, el alza de los precios se ha ido moderando, acelerando especialmente en los dos últimos meses. De esta manera, la inflación se sitúa más cerca del objetivo que se ha marcado la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Este dato pone de manifiesto que el endurecimiento de la política monetaria está surtiendo efecto, al menos, en el capítulo de los precios, ya que el enfriamiento de la economía no se está dejando ver en otros ámbitos, como en el mercado laboral, que con un 3,6% de paro sigue en registros cercanos a los mínimos de los últimos cuarenta años. Con este escenario, la gran duda ahora que se plantean los inversores en Wall Street es qué hará la Fed en la reunión que mantendrá a finales de este mes. Todo apunta a que el banco central estadounidense subirá los tipos en un cuarto de punto, hasta situarlos en la franja entre el 5,25% y el 5,5%, nivel máximo que se alcanzó en junio de 2006, justo antes de estallar la crisis financiera (habría que remontarse hasta el año 2000 para encontrar una cifra superior, cuando el precio del dinero llegó al 6,5%). Con este último dato de la inflación, son muchos los analistas que alertan de que seguir subiendo los tipos sería un error. 

La arena fiscal es una de las principales plazas en la que se disputan los votos del 23-J. Las Elecciones Generales son un plebiscito sobre la gestión del Gobierno de coalición, una consulta sobre la alternancia política, pero, también, una suerte de referéndum sobre el futuro de los nuevos impuestos a fortunas, banca y empresas energéticas o la modulación del nivel de presión fiscal. Las izquierdas, que en líneas generales abogan por elevar gravámenes a rentas altas y patrimonios para obtener recursos adicionales con los que reforzar los servicios públicos, y las derechas, partidarias de rebajar impuestos para dinamizar actividad e inversiones, dibujan en sus programas electorales dos bloques –con notables matices entre partidos– de propuestas fiscales antitéticas entre los que se dirime el signo de la próxima legislatura. “A lo largo de esta legislatura hemos impulsado una política fiscal acorde a los principios constitucionales de equidad y progresividad, de manera que las mayores rentas y patrimonios, así como los grupos multinacionales y grandes empresas, contribuyan en mayor medida mientras que los más desfavorecidos reciben el mayor nivel de ayuda protegidos por el escudo social”, reivindica el PSOE en el capítulo Una fiscalidad justa para un país moderno de su programa electoral, en el que básicamente promete dar continuidad a su gestión. “Tras años de constantes subidas de impuestos, el Partido Popular reafirma su vocación de reducir la presión fiscal a los ciudadanos”, contrapone el principal partido de la oposición, garantizando que busca “aliviar la carga fiscal de las familias, de los autónomos, de las empresas” con “una política fiscal no confiscatoria”, que conjugue bajadas impositivas con “equilibrio presupuestario”.