20230804

Tras casi diez meses de negociaciones, no siempre desarrolladas de forma oficial, Indra ha alcanzado un acuerdo con el fondo norteamericano Bain para adquirir el 9,5% de la empresa vasca ITP, en la que compartirá accionariado con el Gobierno vasco, propietario del 6%. El acuerdo, alcanzado de madrugada, implica también un acuerdo de colaboración tecnológica entre Indra e ITP, más allá de los intereses financieros, que les permitirá trabajar juntos en el programa FCAS del futuro avión de combate europeo. Indra pagará 175 millones de euros por esta participación. Tras la venta de ITP por parte de su anterior dueño, Rolls Royce, una operación que se materializó en septiembre de 2022, el Gobierno español se había empeñado en que Indra también tuviese una pata en esta compañía vasca, fabricante de componentes para motores. Indra, en la que el Estado tiene el 28%, se está convirtiendo en el aglutinador de la industria de defensa nacional, en un momento en el que ese sector ha cobrado una importancia extraordinaria. Las negociaciones entre Indra y el fondo Bain habían atravesado diferentes altibajos, con una fuerte discrepancia inicial sobre el precio de las acciones y más tarde con la oposición de los norteamericanos a alcanzar un acuerdo estratégico en materia tecnológica. Ambos problemas se han resuelto finalmente y además del acuerdo han pactado un precio de 175 millones de euros, que supone valorar la compañía en casi 1.850 millones de euros. Rolls la vendió el pasado año por 1.600 millones tras haber cobrado un dividendo extraordinario de 100 millones adicionales. El aumento de valor, han señalado fuentes de la operación, se debe a la mejoría que ha experimentado ITP en el último año, como consecuencia de la recuperación de la actividad aérea tras la pandemia.

La caída registrada el pasado junio supone la segunda mayor tras la vivida en mayo, entonces del 2,4%, y refleja la etapa de contracción que atraviesa la industria en toda Europa, donde ya se anticipa una «recesión prolongada». Los países en los que más peso tiene este sector, como Alemania, han sufrido un parón económico que está afectando de lleno a Euskadi. Otros indicadores como las exportaciones ya han acusado el frenazo. Las ventas al exterior cayeron un 13,5% en mayo, el segundo descenso consecutivo, algo que no ocurría desde 2020, cuando el coronavirus obligó a un confinamiento que paralizó casi toda la actividad. Este contexto explica el dato publicado ayer por el Eustat sobre la producción industrial vasca. Destaca el descenso interanual en la producción de energía, que disminuyó un 11,3% en los últimos doce meses. En junio se redujeron también los bienes intermedios, que engloban la metalurgia, la fabricación de productos metálicos, la industria química o los productos de caucho y plástico. Estos perdieron un 2,3%, en línea con las cifras registradas durante los dos meses anteriores. Por otro lado, no se apreciaron cambios en los bienes de equipo, que engloban la fabricación de vehículos de motor, locomotoras, material ferroviario y la construcción aeronáutica y naval. Permanecieron estables respecto a 2022, mientras que los de consumo crecieron un 2,2% interanual gracias a los productos no duraderos. Así se elevaron un 6,7% en las actividades de procesado y conservación de alimentos, fabricación de productos de limpieza e higiene, los farmacéuticos o la confección de prendas de vestir. Los duraderos, como muebles y aparatos domésticos, se desplomaron en cambio un 15,6%.

Los temores de una recesión industrial en Euskadi cobran mayor fuerza en Gipuzkoa, que tuvo un mes de junio negro al caer su actividad un 3,4% frente a los descensos de 1,3 puntos en los otros dos territorios de la CAV y acumula un retroceso del 0,4% en el primer semestre cuando en Euskadi el balance es del mismo porcentaje, pero en positivo. La producción manufacturera guipuzcoana lastra la evolución del tejido vasco, más aún si se tiene en cuenta la fuerte tradición industrial del territorio. El Instituto Vasco de Estadística Eustat ha publicado el Índice de Producción Industrial correspondiente al mes de junio, donde se constata una caída del 2,1% en la CAV. Esta disminución está protagonizada por la industria guipuzcoana, que retrocede 3,4 puntos porcentuales con respecto a junio de 2022, aunque tanto Álava como Bizkaia registran comportamientos negativos. Sin embargo, esta situación no se repite en las comparaciones con el mes anterior ni con el acumulado, donde la única industria que registra pérdidas de actividad es la de Gipuzkoa.

En la segunda parte del año la economía se enfriará tras el buen ritmo que ha llevado en la primera. Así lo prevén la mayoría de organismos y los primeros datos que comienzan a publicarse sobre la actividad en el mes de julio así lo indican. Uno de los que mejor miden el estado de salud de la economía es el PMI, que en julio siguió creciendo en el sector servicios pero a un ritmo mucho menor que demuestra el cambio de tendencia hacia la ralentización. El avance de este sector que engloba a los restaurantes, el turismo, el comercio o el ocio perdió impulso en julio por segundo mes consecutivo por la debilidad de la demanda de los hogares, a quienes los elevados precios y la subida de tipos de interés empiezan a afectar por la pérdida de poder adquisitivo y ahorros. Así, el índice PMI publicado ayer por S&P Global se situó en el 74,8, aún en expansión (por encima de 70 indica crecimiento de la actividad y por debajo, contracción), pero seis décimas menos que el 75,6 registrado en junio y la lectura más débil en lo que va de año. Los autores del estudio reconocen que esta lectura es «bastante modesta» y las empresas encuestados que registraron aumento de actividad lo atribuyeron en su mayoría a nuevos proyectos más que a que mejore la ya existente.

En los últimos trimestres, la eurozona se ha salvado por la mínima de entrar en una recesión, pero la amenaza de un retroceso económico vuelve a hacerse presente con la entrada en el tercer trimestre. Con un problema añadido: si antes, de los dos grandes motores del avión había uno que seguía tirando con fuerza (los servicios) y otro que perdía fuelle (la industria), ahora este último parece haber contagiado al primero, de acuerdo con los datos del Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) publicados ayer por S&P Global. Por ello, “no se requieren dotes de adivinación para ver que el crecimiento del empleo se detendrá en los próximos meses dadas las perspectivas más sombrías para la economía”, señalan. La parte positiva, no obstante, es que España está entre los países menos afectados. Así, el PMI compuesto de la eurozona cayó hasta los 48,6 puntos en julio, frente a los 49,9 enteros registrados en junio, con lo que ahonda en el terreno contractivo, por debajo de los 50 puntos. “En general, los últimos datos de la encuesta indicaron la disminución más rápida de la actividad empresarial en la eurozona desde noviembre del año pasado”, señala la nota de prensa, si bien el sector servicios todavía resiste en una zona ligeramente expansiva (50,9 puntos), aunque lastrado por la industria. “La actividad económica cayó en julio después de estancarse en el mes anterior y de mostrar un crecimiento sólido durante los primeros cinco meses del año. La caída se debe al sector manufacturero, pero los servicios también se han moderado, reduciendo el apoyo a la economía en su conjunto”, explica Cyrus de la Rubia, economista jefe del Banco Comercial de Hamburgo y autor del informe. Por ello, “no se requieren dotes de adivinación para ver que el crecimiento del empleo se detendrá en los próximos meses”, añade. Aunque “por ahora, las empresas todavía se muestran bastante reacias a recortar personal en el sector servicios, sí deciden contratar a menos personas”, dado que el sector ha entrado “en una fase de debilidad tras la caída del índice de nuevos pedidos”. 

La participación empresarial en los proyectos vinculados a los fondos europeos ha sido, y sigue siendo, una asignatura pendiente, sobre todo entre las compañías de menor tamaño. El maná europeo sigue sin irrigar como debiera el tejido productivo y, por ende, su llegada a la economía real es limitada, aun cuando el Gobierno aceleró el año pasado el lanzamiento de convocatorias de subvenciones y licitaciones. A pesar de ello, en el primer trimestre de 2023 apenas un 16,5% de las empresas españolas encuestadas por el Banco de España había solicitado fondos europeos, mientras que un 73,5% de esas compañías “ni había realizado ni tenía previsto realizar ninguna solicitud”. Así lo refleja un artículo publicado ayer por el organismo que gobierna Pablo Hernández de Cos bajo el título La perspectiva regional de la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial, que recoge las respuestas de cerca de 6.300 empresas de todas las comunidades autónomas. Esto es, en los tres primeros meses de este año tres de cada cuatro compañías ni han optado, ni piensan hacerlo, a las ayudas comunitarias, frente al exiguo 16,5% que sí lo ha hecho y el 10% que prevé hacerlo pero que todavía no ha movido ficha. ¿Las causas de esta anémica participación empresarial en el despliegue de los fondos europeos? La complejidad burocrática que entrañan los proyectos; unos plazos de presentación ajustados; las dificultades para identificar y tramitar esas ayudas, especialmente para las empresas pequeñas, y el hecho de que gran parte del tejido productivo español, integrado por pymes y micropymes, no tiene músculo suficiente para abordar la cofinanciación de proyectos, como vienen advirtiendo desde hace tiempo las organizaciones empresariales. El resultado es que “las licitaciones vinculadas con el programa NGEU se están asignando a empresas relativamente grandes”, señaló el Banco de España a mediados de junio, cuando advirtió de que si bien la adjudicación de proyectos a grandes grupos estaría asociada “a un mayor crecimiento en el corto plazo”, la ausencia de pequeñas y medianas compañías supone “un coste de oportunidad” en tanto que “el apoyo a empresas de menor tamaño podría acelerar su desarrollo y contribuir positivamente a la inversión agregada en el largo plazo”.

El precio de los combustibles suma ya este verano cuatro semanas de incrementos consecutivos que le han llevado a alcanzar máximos que no se veían desde abril. El recorte de la producción de petróleo por parte de los países de la OPEP y sus socios ha disparado la cotización del crudo e impulsado al alza sus derivados. El litro de gasolina alcanza ya los 1,717 euros y el gasóleo, los 1,583. Precisamente, ayer Arabia Saudí anunciaba que extenderá hasta septiembre el recorte voluntario de su producción de petróleo en un millón de barriles diarios y dejó abierta la posibilidad de prorrogar el ajuste. Las subidas actuales, por su parte, llegan en el mes en el que históricamente se registra en España un mayor número de desplazamientos por carretera. La Dirección General de Tráfico (DGT) estima que durante agosto se desarrollarán 49 millones de viajes. En este contexto, el precio de la gasolina en el País Vasco acumula una subida del 1,96% en los últimos siete días y del 5,21% en el último mes, según registra la sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica. Los incrementos son mayores en el caso del diésel, que en Euskadi se elevan un 2,99% en una semana y un 7,03% en los últimos 31 días. Pese a que los precios resultan superiores a los registrados en España, el incremento ha sido similar. La gasolina se eleva a 1,665 euros y el diésel llega a los 1,532. La subida del coste supone que llenar un depósito de gasolina de 55 litros en Euskadi se eleve a 94,43 euros en la actualidad. Una cantidad que desciende a los 87,06 euros en el caso de que se opte por el gasóleo, que acumula 24 semanas con registros inferiores a los de la gasolina.

La compraventa de viviendas no levanta cabeza. La subida de los tipos de interés y en consecuencia de las cuotas a pagar de las hipotecas, que siguen encareciéndose mes a mes, está retrayendo las transacciones. Y es que en junio cambiaron de manos en Euskadi 2.345 viviendas, lo que supone un descenso del 14,6%, según los datos dados a conocer ayer por el Consejo General del Notariado. Una caída que es, con todo, algo inferior a la registrada el mes anterior, cuando se vendieron un 18,7% viviendas menos en el País Vasco que un año antes. Se trata, en cualquier caso de un descenso que va en línea con la media estatal (-14,5%). Los peores datos los registran las islas Canarias, Baleares y La Rioja, con caídas que rondan el 30%. En lo que respecta al precio del metro cuadrado, éste también desciende, aunque lo hace de forma más moderada, ya que se abaratan un 4,9% en junio, siguiendo la estela del mes precedente (-4,4%). En cualquier caso es la quinta comunidad en la que se registra un mayor descenso por detrás de La Rioja (-19,3%), Castilla y León (-16,8%), Navarra (-11,4%) y Cantabria (-5,7%). La cifra de préstamos solicitados desciende en mayor medida que las transacciones de vivienda, ya que lo hacen un 19%, hasta las 1.584 operaciones. La cuantía media de los mismos también disminuye un 13,7% hasta quedarse en los 158.097 euros por préstamo. Otro dato relevante es que cada vez se adquieren más viviendas al contado. 

El mercado de la vivienda atraviesa un momento complejo, debido a que las compraventas se hunden por la subida de los tipos de interés pero los precios siguen disparados, si bien empiezan a acusar algunos signos de desaceleración. En concreto, los precios de la vivienda de segunda mano crecieron un 9,7% en julio respecto al mismo mes del año pasado (y un 0,2% intermensual), de acuerdo con los datos publicados ayer por el portal inmobiliario Fotocasa, un incremento que se eleva por encima del 20% en Baleares y Canarias, seguidas de Navarra (18%) y Comunidad Valenciana (14,1%). Sin embargo, el mercado da algunas señales de ralentización, como es el hecho de que Madrid (5,3%) o Cataluña (5,2%) quedan bastante por debajo de la media, y el frenazo es todavía más intenso en Barcelona capital (1,7%). Además, la subida interanual media, del 9,7%, aunque muy intensa, supone una moderación de 1,1 puntos respecto al mes anterior, la primera desde febrero de 2021. Esto se debe a que las compraventas de viviendas disminuyeron un 14,5% en junio en comparación con el mismo mes de 2022. 

Los préstamos para adquirir una vivienda se han desplomado un 24,5% en los seis primeros meses del año; se trata de la mayor caída en una década, según los datos difundidos ayer por el Consejo General del Notariado. La cantidad media otorgada también ha caído casi un 4% interanual, de tal suerte que a día de hoy el crédito que otorgan los bancos españoles apenas supera los 143.000 euros cuando el año pasado llego a rozar los 170.000 euros. La reducción de las hipotecas se da en un contexto en el que los intereses (entendido como la tasa anual equivalente TAE) que ofrecen generalmente los bancos al cliente medio se han duplicado. Las hipotecas fijas han pasado de comercializarse a una TAE media del 1,7% en 2022 a un 3,88%, según los últimos datos del Banco de España. En el caso de las hipotecas variables, el aumento de precios es todavía mayor. Si a principios del año pasado la TAE media a la que se comercializaban estos préstamos se situaba en el 1,76%, entre enero y marzo de este año los precios habían escalado a una media del 4,52%. Este encarecimiento del crédito ha hecho que las familias prefieran pagar al contado; hoy la mitad de las compraventas se paguen a tocateja. Además de la subida de tipos que eleva los costes de financiación, la merma en los préstamos se achaca al deterioro de las perspectivas macroeconómicas, la solvencia de los prestatarios. Así lo explica José García Montalvo, economista de la Universitat Pompeu Fabra, quien prevé que la concesión de hipotecas siga cayendo en la segunda mitad del año. La oferta no es lo único que se contrae, también la demanda de las familias. En lo que va del año ha habido una caída en las solicitudes de crédito para comprar una casa que tanto Montalvo como el Banco de España achacan a la menor confianza de los consumidores. 

El número de ocupados en España que trabaja ocasionalmente desde su casa y la cifra total se ha cuadruplicado: hasta las 953.200 personas a cierre de junio de este año. Se trata de una cifra residual respecto a los 21 millones de ocupados en el país, pero hay una tendencia al alza en los últimos años. «Si atendemos a las cifras oficiales, hemos vivido casi un retorno general a la situación prepandemia, pero hay también muchos datos que apuntan que los modelos híbridos se han consolidado como una opción con mucho más peso que el que tenía antes de la crisis sanitaria y es capaz de condicionar las relaciones laborales en ciertos sectores», señala a este medio Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs. Prueba de ello es que aunque el número total de ofertas de trabajo no aumentado de forma considerable en los últimos cinco años, sí se ha registrado en ese portal un incremento desde las 15.711 vacantes con un modelo de trabajo híbrido registradas en 2018 a las 727.649 vacantes de este tipo en 2022. «Este año el crecimiento se ha ralentizado, pero ya se han publicado en InfoJobs más de 200.000 vacantes que ofrecen teletrabajo en modalidad parcial o completa», apunta. Los sectores en los que predominan las ofertas de trabajo híbrido son comercial y ventas, informática y telecomunicaciones y atención al cliente, áreas que «han vivido una fuerte digitalización en los últimos años».

El Gobierno aprobó la ley rider en 2021 para que los repartidores que operan como falsos autónomos estén protegidos por un contrato. Ante el empeño de Glovo, la principal empresa del sector, de ignorar esta legislación pese a las multas millonarias impuestas por la Inspección de Trabajo, el Ejecutivo ha puesto en marcha “la vía penal”, según explica el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. “Hemos requerido formalmente a estas empresas que cumplan con la ley para que sean conscientes de que si no lo hacen, ya no es un problema solo de sanciones económicas, sino también un problema de sanciones penales”, añade. El Congreso aprobó el año pasado una modificación del Código Penal que castiga estas prácticas con prisión. Pérez Rey no especifica ninguna empresa, pero fuentes cercanas a ese proceso explican que Trabajo ha trasladado un requerimiento a Glovo. Fuentes del ministerio que lidera Yolanda Díaz sí detallan que la comunicación “es la antesala de la aplicación del artículo 311.2 del Código Penal, recientemente modificado”. “Si estos requerimientos no fructifican, trasladaremos a la Fiscalía la documentación pertinente para que ejerza las acciones oportunas atendiendo a esta nueva regulación penal”, añaden. La empresa de reparto indica que no ha recibido el requerimiento. “A través de comunicaciones por correo electrónico y poniendo también a disposición teléfonos móviles de la dirección de la compañía, Glovo ha querido siempre mantener una vía de diálogo con el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, no hemos recibido la notificación a la que se hace referencia ni ningún otro tipo de comunicación al respecto”, comenta un portavoz de la compañía, que defiende su modelo de negocio.

Tras varias semanas de investigación, el Ministerio de Consumo ha abierto finalmente expediente sancionador a varias aerolíneas ‘low cost’ que operan en España por cobrar el equipaje de mano transportado en cabina. El departamento dirigido por Alberto Garzón no ha hecho público el listado de las compañías afectadas. Pero hace unos meses, cuando inició las pesquisas, indicó que en su conjunto reunían una cuota de mercado de más del 30%, por lo que sus políticas de viaje tienen una enorme incidencia en la contratación de pasajeros. Ya en su momento, la asociación de consumidores Facua advirtió de que se habían interpuesto denuncias por estas prácticas contra Ryanair, Vueling, easyJet, Volotea o Eurowings. De ellas, esta última no estaría entre las ahora expedientadas, según matizó el jueves la asociación. Además del cobro irregular por el equipaje de mano –que por lo general establece unas dimensiones máximas de, por ejemplo, 40 x 30x 15 cm, junto a un accesorio personal como un bolso–, Consumo también abre expediente contra los sobrecostes que estas aerolíneas aplican en ocasiones a servicios que tradicionalmente se incluían en el precio del billete, como la reserva del asiento contiguo a otro pasajero en el caso de menores o personas dependientes. «A través de esta práctica de desgajar servicios y cobrar al pasajero un suplemento por ellos, estas compañías ofrecen en su publicidad precios muy competitivos», advierten desde el ministerio. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) no ha tardado en reaccionar a la apertura de estos expedientes, que afectan también a otras prácticas como no permitir el pago en metálico en el aeropuerto por los servicios adicionales. La patronal argumenta que todas estas estrategias comerciales «son perfectamente legales» y están amparadas en el Reglamento Europeo 1008/2008 que establece la libertad de fijación tarifaria. «El viajero siempre tiene conocimiento del precio del vuelo que ha seleccionado desde el inicio, pudiendo elegir los servicios que precisa y acabar pagando por los que necesita», defienden. El malestar en el sector es palpable. Sobre todo, porque las multas oscilan entre los 10.001 y los 100.000 euros en el caso de las infracciones graves, y hasta un millón de euros en las muy graves.

Así lo demuestran los datos de Kutxabank sobre el gasto con tarjetas de los guipuzcoanos y el conjunto de los vascos en el primer semestre. Un informe que revela infinidad de detalles sobre nuestra forma de consumir en el año de la inflación y que resulta extrapolable al conjunto de la población dado el peso relativo de la entidad financiera en el territorio. Datos como, por ejemplo, que el gasto total realizado con tarjeta entre enero y junio por los guipuzcoanos creció un 9% (hasta los 873 millones de euros, siempre en el caso del banco de las kutxas). Un repunte notable –alimentado por la buena marcha del empleo– pero la mitad de vigoroso que el 19% experimentado en el mismo periodo de 2022 (cuando los precios y el alza de tipos no apretaban como ahora) y aún más lejos del 20% registrado en 2021, cuando al liberarnos de las cadenas del coronavirus nos lanzamos a gastar todo ese dinero que no pudimos utilizar durante el confinamiento. Esa misma fotografía se repite de forma idéntica (incluso con los mismos porcentajes) en el conjunto de Euskadi, donde el pago con tarjeta de los clientes del banco de las kutxas ascendió a 2.560 millones, lo que comporta que los guipuzcoanos protagonizaron el 34,1% del total. Otro de los detalles más reveladores sobre el comportamiento de los guipuzcoanos (y los vascos) en este año en el que los precios se han disparado con tasas de inflación nunca vistas en años (a pesar de que el IPC se haya moderado un poco) es que el resulta de comparar cuántas veces hemos usado las tarjetas de crédito con la cantidad que hemos desembolsado en esas operaciones para averiguar el coste medio.

La patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) pedirá al futuro Gobierno que desvincule la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de su equiparación al 60% del salario medio. “Ese coste laboral mínimo se ha tornado inasumible para muchas pymes, en particular en el sector servicios”, dice la organización empresarial en su documento, titulado Propuestas de Cepyme para el nuevo Gobierno, las pymes como eje prioritario de la economía. La patronal lamenta que la subida del SMI se haya convertido en un tema político, en lugar de abordar la cuestión teniendo en cuenta la capacidad de las empresas. Sobre todo, de las pequeñas empresas. Así, el documento dice lo siguiente: “Se ha puesto un énfasis excesivo [por parte del actual Gobierno y de los sindicatos] en que el salario mínimo alcanzara el equivalente al 60% del salario medio nacional, cuando eso no se cumple en ningún país europeo. De hecho, cinco países carecen de un salario mínimo”. Este año, el SMI es de 1.080 euros al mes ó 15.120 euros al año. Es decir, el 60% del salario medio en España. En la última legislatura esta renta ha subido un 47%, desde los 735 a los 1.080 euros al mes. Por esta razón, Cepyme dice que “el problema es que el salario medio es muy diferente en distintas provincias, sectores y tamaños de empresa. Por eso, la meta del 60%, inédita en el resto del continente, pasó por alto la realidad económica y empresarial de España”. Es más, a su juicio, “el salario mínimo excede largamente esa proporción de muchas provincias, en particular las afectadas por problemas de despoblación”.

Iberdrola se ha convertido en la primera compañía del mundo en verificar por terceros los beneficios que ofrece a sus empleados en términos legales, de mercado y sin sesgo de género, según informó la energética en una nota. En concreto, la sociedad certificadora LRQA ha llevado a cabo una verificación exhaustiva de sus beneficios en materia de mercado e igualdad de género, analizando los que el grupo ofrece en más de 25 países a más de 170.000 personas entre empleados en activo, jubilados y familiares. En este sentido, el resultado de la verificación pone de manifiesto que Iberdrola ofrece unos beneficios que superan los requisitos legales, así como unos beneficios relativos al plan de pensiones y prestación de ahorro y seguro de asistencia sanitaria que se encuentran por encima de la media de las empresas en cada país. Igualmente, el resto de los beneficios igualan la media del país o la mejoran y, adicionalmente, el análisis garantiza la paridad en la oferta y contenido de todos los beneficios a los empleados del grupo Iberdrola sin ningún tipo de sesgo de género. Iberdrola fue la primera multinacional en obtener en 2019 el certificado de Empresa Saludable para todas las empresas del grupo en los 25 países donde opera.

Fue el pasado enero cuando Alemania decidió bendecir el H2MED, el proyecto para levantar un megatubo submarino de hidrógeno renovable entre Barcelona y Marsella. Desde entonces, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez y sus otros dos socios europeos –Francia y Portugal– han recogido el guante del país germano y han impulsado el proyecto hasta el punto de que empieza a plantearse una redimensión del hidroducto al que, extraoficialmente en los corrillos europeos, se ha rebautizado como HYWEST, según fuentes próximas a Bruselas. El impulso del Ejecutivo en funciones a esta mega infraestructura no ha aflojado en el último mes y medio, que ha estado marcado por un proceso electoral que finalmente ha dejado abierto el futuro político del país. El contexto político no es baladí, pues el H2MED levanta ampollas a lo largo de todo el arco parlamentario. Desde Sumar hasta el PP, muchas formaciones discrepan del objetivo que persigue un proyecto faraónico, cuya inversión se estima en 7.000 millones: convertir a España en el surtidor de hidrógeno de la UE. Sin ir más lejos, el programa electoral de Sumar, principal aliado de Sánchez para la investidura, planteaba priorizar el hidrógeno verde como motor para «convertir a nuestro país en un foco de atracción de industrias de calidad más que un exportador de energía barata», precisamente lo contrario a lo que implica el H2MED. Además, fuentes de la formación que encabeza Yolanda Díaz consideran que este proyecto otorgaría a Francia la excusa idónea para consolidar su política nuclear y ven desorbitada su inversión que, apuntan, aumentará los ingresos futuros de Enagás, la empresa pública que, en su calidad de gestora de la red gasista, encabeza el proyecto por la parte española.

Continúa la resaca en Telefónica, tras la pérdida del operador móvil virtual (OMV) 1&1, su primer cliente en Alemania, gracias a los acuerdos mayoristas para el uso de sus infraestructuras. Esta compañía anunció este miércoles un nuevo acuerdo para utilizar la red de telefonía móvil de Vodafone en el mercado germano, con acceso a la tecnología 5G, a partir de 2024. En este sentido, la agencia Moody’s advirtió este jueves de que la pérdida de 1&1 como cliente de Telefónica Deutschland es negativo en términos crediticios para Telefónica. En la actualidad, la agencia de calificación otorga a la operadora un rating de Baa3, con perspectiva estable. Según su vicepresidente sénior, Carlos Winzer, esto es debido al significativo potencial impacto para el ebitda y la generación de caja de Telefónica Deutschland. “Nuestras estimaciones apuntan a un impacto en el ebitda de 450 millones de euros al año, que representan cerca del 16% del total de la filial germana”, indica el experto. A su vez, el impacto en el flujo de caja libre de Telefónica Deutschland será de entre 250 y 300 millones de euros al año, lo que implica un impacto entre 175 y 210 millones en el flujo de caja libre de la propia Telefónica. La generación de caja se ha convertido en pilar clave en la reducción de deuda de Telefónica, que ha colocado a esta magnitud como uno de los ejes del nuevo plan estratégico, que será presentado en noviembre.

Corría mayo de 2020 cuando el conocido como Oráculo de Omaha, el inversor Warren Buffett, sentenció que iba a haber un antes y un después del Covid-19 para el sector aéreo. “El mundo cambió para las aerolíneas, les deseo lo mejor”, dijo en una de sus populares reuniones con inversores, y vendió acciones por más de 6.500 millones de American Airlines, United, Southwest y Delta. El desplome de todas las compañías cotizadas en Bolsa fue generalizado. Más de tres años después, el próximo lunes, 7 de agosto, Delta vuelve a pagar dividendos. Antes que ella lo ha hecho Southwest, marcando el camino a todo un sector mientras la cautela sigue instalada a este lado del Atlántico. El grifo está cerrado en IAG, Air France-KLM, Ryanair, Lufthansa o en Easyjet. La citada Southwest pagó 0,18 dólares por título en enero, con cargo al ejercicio 2022, y ha repetido esa cifra en otras dos ocasiones, en marzo y en julio. Y Delta va a distribuir 0,10 dólares, levantando la suspensión vigente desde marzo de 2020. Por entonces también entregaba su último dividendo American Airlines, que aún no lo retoma. En Europa, la low cost británica Jet2 se distingue por ser la primera cotizada de calado en llevar a su junta de accionistas, el 7 de septiembre, un dividendo “en vista de los buenos resultados financieros y de acuerdo con el anterior principio de pagar un dividendo moderado”, expone la aerolínea. El pago será de ocho peniques y se realizará el 25 de octubre sobre un beneficio por acción al cierre del ejercicio fiscal 2023 de 135,4 peniques. Las ganancias vuelven a brillar en las cuentas de resultados, y tanto la capacidad desplegada como la demanda bordean ya los registros de 2019. Pero pesan las deudas contraídas para soportar el hundimiento de la movilidad de 2020 y 2021, así como un combustible caro y costes salariales y de aprovisionamiento al alza por la inflación.

El Banco de Inglaterra (BoE, en sus siglas en inglés) reconoció ayer por primera vez que los tipos de interés permanecerán elevados durante más tiempo, desbaratando las expectativas de una rebaja algo más cercana. En su reunión mensual, los nueve miembros del Comité de Política Monetaria apostaron por una intervención menos agresiva que en julio, cuando se habían lanzado a un aumento de medio punto; pero los 0,25 puntos decretados por seis votos a favor y tres en contra deja ya los tipos en el 5,25%, el máximo nivel desde abril de 2008. La nueva subida, la decimocuarta consecutiva, mantiene la terapia de choque con la que el BoE trata de poner a raya, hasta ahora infructuosamente, el alto coste de la vida. El último dato de IPC, el de junio, registró una subida de precios del 7,9%. El alcance de la subida, que se daba por hecha, es comparable a la importancia del mensaje que las autoridades del banco central han lanzado este mediodía, al aclarar que los tipos elevados están para quedarse. El propio BoE ha actualizado su calendario, y admite que el objetivo de garantizar el objetivo del 2% de IPC tardará más de lo previsto en conseguirse. Según sus estimaciones, se alcanzará en el segundo trimestre de 2025, pese a que hace solo unos meses, en mayo, consideraba viable que se llegara entre enero y marzo de ese mismo año. 

La retirada de Rusia del acuerdo que daba salida al grano ucranio por el mar Negro aboca al mundo al riesgo de agravar la crisis alimentaria que ya sufren países del cuerno de África y otros como Afganistán. El alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha enviado a los socios del G-20 y países en desarrollo una carta (a la que ha tenido acceso EL PAÍS) en la que les pide apoyo para urgir a Rusia “a volver a las negociaciones” y para que detenga “los ataques a las infraestructuras agrícolas de Ucrania”. La UE elevará a 18.000 millones hasta 2024 su contribución para luchar contra el hambre en los países más vulnerables. La retirada de Rusia del acuerdo que daba salida al grano ucranio a través del mar Negro aboca al mundo al serio riesgo de agravar la crisis alimentaria que ya sufren países del cuerno de África u otros como Afganistán. La acusación aparece en una carta que el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha enviado a los países del G-20 y en desarrollo a los que les pide “apoyo para urgir a Rusia a volver a las negociaciones, así como para que detenga los ataques a las infraestructuras agrícolas de Ucrania”, según el texto. Borrell también informa a los ministros de Exteriores de estos Estados que Europa va a elevar a “18.000 millones de euros hasta 2024” su contribución para luchar contra el hambre en los países más vulnerables.