20230919

El Rey Felipe VI presidirá el próximo 9 de octubre el acto conmemorativo del 40 aniversario de la creación de Confebask, la organización que actúa como cúpula de la representación empresarial vasca. Así lo han confirmado a El Correo fuentes empresariales, aunque la Casa Real no ha hecho oficial aún la presencia del monarca. El acto se celebrará en el Museo Guggenheim de Bilbao y además de la celebración del aniversario será un homenaje a las siete personas –una de ellas ya fallecida, el empresario guipuzcoano José María Vizcaíno–, que han ostentado hasta ahora la máxima responsabilidad al frente de la organización. Confebask nació en 1983 –José María Vizcaíno fue el primer presidente– ante la necesidad de adaptar los órganos de representación de los empresarios a una estructura institucional que estaba cambiando. Hasta entonces existían tan solo las organizaciones empresariales territoriales –el Centro Industrial y Mercantil de Bizkaia, precursor de la actual Cebek; la guipuzcoana Adegi y la alavesa SEA–, pero se hacía necesario crear órganos que sirviesen de interlocutores con el Gobierno vasco. En ese contexto se configuró con unas líneas básicas que aún hoy se mantienen, alejada de la negociación colectiva que se mantiene en las patronales territoriales, pero como aglutinador de los elementos comunes al empresariado vasco. Vizcaíno se mantuvo como presidente durante toda una década, en parte porque la propia juventud e inestabilidad interna de la institución exigía continuidad y también porque no era fácil encontrar un sustituto dispuesto a asumir la responsabilidad. ETA ejercía entonces –lo seguiría haciendo hasta 2010– una persecución implacable hacia los empresarios, con la extorsión, el secuestro e incluso el asesinato de muchos y destacados miembros de este colectivo. Sus sucesores también recibirán precisamente un homenaje en el acto porque aceptaron la presidencia de Confebask en una coyuntura delicada. Baltasar Errazti, Román Knörr, Miguel Lazpiur, Miguel Ángel Lujua, Roberto Larrañaga, Eduardo Zubiaurre e Isabel Busto serán objeto de ese reconocimiento. La patronal vasca está presidida desde el pasado mes de julio por la empresaria Tamara Yagüe.

Euskadi toma la delantera y pone en marcha el primer molino eólico flotante del Estado. Situado en la costa frente a la localidad vizcaína de Armintza y liderado por la ingeniería vasca Saitec Offshore Technologies, desde ayer inyecta energía a la red estatal. Euskadi marcó ayer un importante hito en la carrera por el desarrollo de la llamada economía azul y el desarrollo de las energías renovables marinas con la puesta en marcha, en el espacio experimental frente a la costa de la localidad vizcaína de Armintza, del que ya es el primer molino eólico flotante ‘enchufado’ a la red de toda España. Un proyecto piloto liderado por la ingeniería vasca Saitec Offshore Technologies, en colaboración con el gigante eléctrico alemán RWE y la compañía japonesa The Kansai Electric Power (Kepco). La puesta en marcha del llamado ‘DemoSATH’ contó con la presencia el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien celebró el avance tecnológico, resaltó la importancia de las energías limpias y la apuesta inequívoca de Euskadi por ellas, y llamó a priorizar «el bien común» y a desterrar las actitudes de quienes aplauden las renovables hasta que los aerogeneradores se ponen «cerca de donde uno vive». Los responsables de demoSATH no podían ayer ocultar su satisfacción, pareja a las esperanzas puestas en este proyecto piloto que es capaz de generar hasta 2MW de energía al año, el equivalente al consumo de unos 2.000 hogares. La instalación se pudo anclar (después de varios intentos infructuosos en los últimos tiempos) a dos millas de la costa el pasado mes de agosto.

«Instalar aerogeneradores en el mar o en nuestros montes no es agradable. A nadie le gusta que se coloquen cerca de donde uno vive. Pero es hora de tomar pasos claros y decididos». El lehendakari lanzó ayer un contundente mensaje sobre las energías renovables y su desarrollo en Euskadi. El lehendakari apostó por apretar el acelerador en este ámbito, en un contexto en el que el territorio camina muy retrasado con respecto a otras comunidades autónomas. Y lo hizo en un momento crucial. A menos de un año de las elecciones autonómicas y cuando, a finales de la pasada primavera, su Gobierno aprobó de manera inicial el Plan Territorial Sectorial (PTS) para este tipo de producción eléctrica y puso sobre la mesa un borrador en el que se recoge dónde sí y dónde no se podrán instalar centrales eólicas y solares. El objetivo de ese PTS es facilitar que, en el 2030, el 21% de la electricidad consumida en el País Vasco provenga de fuentes limpias (actualmente no llega al 10%). El mapa dibujado, que incluye cimas emblemáticas como el Pagasarri-Ganekogorta, el Kolitza o el Argalario, ha suscitado un ruidoso movimiento de rechazo en los últimos meses. Incluso se han oído voces discordantes dentro de las filas del propio PNV, ya que hay algún ayuntamiento gobernado por este partido que ha abogado por mantener las cumbres de los montes de su municipio vírgenes de este tipo de instalaciones. Ayer, en Bermeo, en un acto muy relevante (el inicio de operaciones del primer molino eólico flotante de España), Urkullu no dejó margen a la duda. Habló de urgencias y de una situación acuciante motivada por el cambio climático. «No tenemos planeta ‘B’», insistió. «Nuestro futuro, el de nuestras hijas e hijos, nietas y nietos, depende de las decisiones que hoy tomemos. No vamos a dudar, no hay vuelta atrás. Nuestra apuesta por las energías renovables es clara y decidida. Este es un objetivo de país», advirtió.

El número de afiliados a la Seguridad Social en Euskadi creció en casi 30.000 personas entre el último día de agosto y este pasado 15 de septiembre. Así lo recoge el dato de mediados de mes publicado ayer por el Ministerio de Seguridad Social, que fija en el País Vasco un total de 997.682 cotizantes frente a los 967.929 del día 31 del pasado mes. En todo caso, sin tener en cuenta las bajas del final de agosto y al analizar la afiliación media del pasado mes comparada con la de la primera quincena del actual se observa una constancia en los datos, con prácticamente cifras idénticas. Así se registraron 986.497 afiliados medios en agosto frente a los 986.315 de la media actual. Por territorios históricos, entre la comparativa del 31 de agosto y el pasado día 15 de este mes se observan incrementos en los tres. En Bizkaia los afiliados crecieron en 14.055, en Gipuzkoa en 10.632 y en Álava en 5.066. En el conjunto del Estado la Seguridad Social ha sumado desde mediados de agosto 10.084 afiliados en términos desestacionalizados, mientras que el número total de ocupados ha crecido a día 15 de septiembre hasta los 20,71 millones de cotizantes según la estadística de la afiliación del ministerio de Seguridad Social. Desde principios de año y hasta mediados de este mes el número de ocupados a nivel nacional ha crecido en 474.430 personas. Se trata de la mayor subida en este periodo sin contar los años de la pandemia.

Un total de 532 empleados han perdido su empleo por esta vía, y dos de cada tres pertenecen al sector industrial. La ralentización económica está pasando factura a muchas empresas vascas como evidencia el hecho de que la cifra de trabajadores afectados por un expediente de rescisión de empleo se haya casi triplicado en el primer semestre en relación al mismo periodo del año anterior. De hecho, hasta junio han sido 532 los empleados que han perdido su trabajo por esta vía frente a los 211 del mismo periodo del año anterior, es decir, que crece un 152%. Así lo refleja el informe del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL) relativo al primer semestre dado a conocer ayer. Un dato que llama la atención dado que el empleo está resistiendo mejor que otros aspectos de la economía, llegando incluso en junio a alcanzar récord de afiliación en Euskadi al superar el millón de afiliados. Y también resulta revelador que tres de cada cuatro despidos se hayan producido en el sector industrial; en concreto, el 73,8% de los trabajadores afectados pertenecían a este ámbito, aunque el porcentaje de expedientes es del 39,7% del total. El número de expedientes es superior en el sector servicios (43,1% del total) aunque aglutina a un 23% de trabajadores afectados. Por su parte, la construcción acumula el 3,3% de los expedientes y el 2,2% de los afectados y el sector primario el 13,9% y el 1%, respectivamente. En lo que respecta a los expedientes temporales, los trabajadores afectados por un ERTE de reducción de jornada han descendido considerablemente hasta los 338 frente a los 969 del año anterior, y los de suspensión han bajado hasta los 2.667 cuando un año antes eran 14.412.

La economía española ha pasado de ser la última de la Unión Europea en recuperar todo el terreno perdido tras el ‘shock’ de la pandemia a situarse entre las que lo consiguieron antes de lo que se creía. En lugar de lograrlo en el primer trimestre de 2023, como hasta ahora había calculado el INE, lo hizo ya en 2022. Es decir, casi un año antes. Y lo consiguió porque, según la revisión realizada ahora por el organismo nacional de estadística rectificando sus propias cifras publicadas anteriormente, el PIB español fue un 1,3% más alto entre los años 2020 y 2022, lo que supone una inyección de casi 20.000 millones de euros extra de crecimiento económico. El alza del PIB fue superior a lo estimado tanto en 2021, cuando creció un 6,4% (frente al 5,5% anunciado inicialmente), como en 2022, con un 5,8%, que contrasta con el 5,5% publicado entonces por el INE. Además, el organismo aclara que en el peor momento de la pandemia, la economía cayó un 11,2%, una décima menos de lo anunciado. El reajuste de los cálculos del INE llega en un momento clave para determinar cuál será el crecimiento de España este 2023 (hoy mismo se conocerán las previsiones 2019 2020 2021 2022 del Banco de España y la OCDE). Y con los nuevos datos en la mano, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, indicó ayer que «España tendrá un nivel de crecimiento con respecto a 2019 superior al resto de los países grandes del euro, Alemania Francia o Italia». La estimación del Ejecutivo pasa por un ejercicio con un alza del 2,3%. Desde los peores rigores de la pandemia, el INE ha sostenido la complejidad que ha supuesto cuantificar correctamente todos los datos que ha venido aportando en materia de PIB, aunque también en la inflación. Ahora, apunta que es «consciente de la dificultad de la medición estadística de la actividad económica en circunstancias tan excepcionales como las que ha supuesto la crisis del covid-19». No es el único organismo que ha llevado a cabo esta revisión. También lo han hecho en Reino Unido y Países Bajos, no sin polémica interna a cuenta de las acusaciones de manipulación de la oposición.

Las controversias estadísticas en las que se ha visto envuelto el INE durante los tres últimos años han impactado tanto en la imagen del organismo que el que fue su presidente durante los tiempos más duros de la pandemia, Juan Manuel Rodríguez Poo, llegó a presentar su renuncia al cargo el verano del año pasado. Y lo hizo tras meses de polémicas con el Ministerio de Economía a cuenta de dos de los datos más relevantes para comprobar el pulso de la economía española: el Producto Interior Bruto (PIB), esto es, el crecimiento del país; y el Índice de Precios al Consumo (IPC), que mide la inflación. El departamento dirigido por la vicepresidenta Nadia Calviño calificó el cambio en la presidencia del INE como un «refuerzo» del organismo y descartó injerencias. «Aquí no ha habido presiones y sí reconocimiento a la labor», aducían fuentes gubernamentales. Pocas semanas después se designó para el cargo a Elena Manzanera, procedente del instituto estadístico andaluz. Hasta entonces, su predecesor tuvo que lidiar incluso con las acusaciones más o menos veladas de algunos ministros, que en privado señalaban las incorrecciones del organismo, y del propio Banco de España: en octubre de 2021, su gobernador, Pablo Hernández de Cos, advertía de que habría «revisión significativa a la baja del crecimiento» de España para ese año, después de la modificación de los registros realizada por el INE en el segundo trimestre y de las llamadas de atención realizadas por varios organismos internacionales. Pero el episodio más impactante surgió a cuenta de la inflación, a principios de 2022, cuando los precios aún no subían ni de lejos lo que llegaron a repuntar después. Un informe de CaixaBank Research indicaba que el INE había sobreestimado la inflación media del año 2021 en casi un punto porque el organismo no había medido correctamente la evolución de los precios de la electricidad, lo que «generó un claro sesgo al alza del IPC».

El Gobierno niega una y otra vez que haya un problema de falta de mano de obra pero las pymes, el verdadero pulmón de la economía española compuesta en más del 98% de pequeñas y medianas empresas, se plantan. Y exigen no dar la espalda a un «problema acuciante» que se está «agravando» y está lastrando seriamente su productividad, poniendo en riesgo su competitividad e, incluso, su supervivencia. Por ello, la patronal Cepyme urge al Ejecutivo a solucionarlo involucrando a las distintas carteras ministeriales y, sobre todo, a trabajar en la formación. «Nuestras empresas, nuestra economía, no se pueden permitir dejar de crecer por no encontrar los trabajadores que necesitan», denunció ayer el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, en la presentación del informe ‘El reto de las vacantes en España’. Esto es lo que le ocurre a la empresa de construcción soriana Hernando y Dueña, cuya gerente, Mayte Hernando, se lamentó en el encuentro de que tienen cinco máquinas paradas porque no tienen personal para manejarlas. «Por más que buscamos, nadie aparece, ni siquiera estudiantes en verano. No hay ese tipo de trabajadores», explicó. Por ello están tramitando traer extranjeros, aunque este proceso –señaló– lleva su tiempo y se retrasará hasta diciembre. «No puede ser que tardemos nueve meses en ponernos en marcha», protestó. Las cifras que la patronal ofreció ayer se oponen totalmente a los registros oficiales, que son los que publica cada trimestre el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son el 71% de las pymes las que tiene problemas para cubrir las vacantes, un desajuste que «se está acrecentando» en el mercado laboral español, que además lo hace más preocupante y paradójico ante la elevada tasa de paro que tiene, más del 11%, la más alta de Europa, y afecta especialmente a las pymes, que en demasiadas ocasiones se ven obligadas a cerrar ante la falta de relevo, según advirtió Cuerva. Sin embargo, el INE destacó el viernes que el 93,5% de las compañías afirma no tener vacantes porque «no necesitan trabajadores adicionales», de lo que se deduce que apenas el 6,5% está buscando sin éxito mano de obra. La patronal también pone en duda las poco más de 148.000 vacantes que detecta el INE y considera que la cifra real es «visiblemente superior», pero resulta «complejo» detectarlas.

La fórmula que va a comenzar a experimentar esta semana un proyecto piloto en Alemania para reducir la semana laboral es 100-80-100: 100% rendimiento en el 80% de tiempo y con el 100% de salario. Su aplicación supone rebajar la semana laboral a cuatro días, para alargar a tres los de descanso. El experimento arranca el jueves y se espera que al mismo se adhieran más de 50 empresas en todo el país, que aplicarán el recorte durante un mínimo de seis meses, para que esa reducción sea analizada de manera científica por un grupo de expertos de la Universidad de Münster. Estos aprovecharán además la experiencia de las empresas que ya aplican la semana laboral de cuatro días. «Esperamos elevar así a un nuevo nivel el actual debate sobre la semana laboral de cuatro jornadas, siempre con apoyo científico», explica Jan Bühren, asesor de empresas de la forma Intrapenör en declaraciones a ‘Spiegel Online’. La asesoría con sede en Berlín organiza el proyecto junto a la organización internacional ‘Four Day Week Global’, una ONG que ha llevado a la práctica experimentos similares en otros países como Reino Unido con gran resonancia. «Lo que nos molesta es que toda la discusión se está haciendo al vacío, ya que el debate es hasta ahora puramente teórico y no se ha experimentado aún», asegura Bühren. El proyecto piloto apuesta por una semana laboral de cuatro días en la que se reduzca el tiempo de trabajo pero los salarios y el rendimiento se mantengan. Otros modelos proponen reducir a la vez la paga. Algunas pequeñas empresas del país, sobre todo las de oficios como pintores, fontaneros o electricistas, incrementan el horario de trabajo durante cuatro días para así librar el quinto y disfrutar de un largo fin de semana. La que más se debate actualmente en Alemania es la primera variante.

Los esfuerzos de la OPEP y Rusia por mantener altos los precios del crudo con sus recortes de producción han eclipsado por completo el incremento que en las últimas semanas han registrado los inventarios de crudo en EE UU. Aunque la semana pasada las reservas de petróleo en la primera economía del mundo repuntaron por encima de lo que esperaban los analistas, el Brent logró firmar su tercera semana consecutiva al alza. Los temores de recesión y la debilidad que han mostrado los indicadores económicos de China, el mayor importador de crudo, tampoco han frenado su rally. Desde mediados de junio repunta un 31%, y roza los 95 dólares, niveles que no se veían desde el pasado noviembre y que ya preocupan a la Fed y al BCE, justo cuando ya empiezan a vislumbrar el final de las alzas de tipos. Los precios del petróleo empiezan a dar vértigo y las firmas de análisis están revisando al alza sus previsiones. Bank of America, Morgan Stanley, Ostrum AM y Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) prevén que el Brent alcance los 100 dólares antes de que concluya el año. Está ya a solo cinco dólares de ese nivel. Bjarne Schieldrop, analista de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), considera que “solo se necesita ruido para superar esta barrera”. Los hedge funds no quieren dejar pasar la oportunidad de seguir ganando con el rally del oro negro y la semana pasada elevaron sus apuestas alcistas sobre el Brent y el West Texas a máximos de 15 meses.

El combate contra la inflación se desarrolla con estrategias muy diversas según los países. Así, el Gobierno francés anunció ayer que para tratar de enderezar la evolución de los precios autorizará a las gasolineras a partir de diciembre y durante un periodo de seis meses la venta de carburante por debajo del precio de coste, una medida que inquieta a los grupos independientes. El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, explicó ayer que en octubre se presentará un proyecto de ley para levantar la prohibición de venta a pérdida de los carburantes (en vigor desde 1963), que debería poder aplicarse a partir del 1 de diciembre, según recoge Efe. En una entrevista al canal France 2, Le Maire precisó que la medida “durará seis meses” y que el objetivo es conseguir “carburantes más baratos por toda Francia”. El ministro no quiso comprometerse a cifrar esa rebaja e insistió en defender su estrategia de implicar a la industria y a los grupos de distribución para contener la inflación. Puso como ejemplo el compromiso del gigante petrolero TotalEnergies de no vender el carburante a más de 1,99 euros el litro, cuando en algunas gasolineras las tarifas llegan a rondar o incluso a superar los 2,20 euros. En la actualidad, el precio medio del gasóleo en Francia, que ha subido más de 20 céntimos de euro en los últimos dos meses, se sitúa en 1,88 euros por litro. La gasolina se acerca a los 2 euros por litro, tras haber aumentado más de 12 céntimos en ese periodo. Mientras, el petróleo continúa al alza, y el Brent, de referencia en Europa, subía ligeramente y se acercaba a los 95 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate, de referencia en EEUU, alcanzaba los 91,70 dólares.

La Secretaría General de Industria y de la Pyme, del Ministerio de Industria, quiere fichar a una consultora que diseñe un mecanismo para la creación de un fondo de apoyo a los contratos por diferencias de carbono en el marco del Perte (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) de Descarbonización Industrial, cuyas inversiones públicas ascenderán a un total 3.100 millones de euros, entre préstamos y subvenciones. Por el momento, el ministerio ha lanzado una consulta preliminar de mercado como paso previo a un posible procedimiento de licitación para contratar posteriormente a una consultora especializada. Según la convocatoria de consulta, el objetivo es realizar “el estudio y evaluación de un instrumento basado en el concepto de contratos por diferencias”, como los que se utilizan, por ejemplo, en las subastas de energías renovables. Las plantas pujan por un precio durante un periodo de tiempo y si este resulta superior al que perciben en el mercado se les devuelve la diferencia, y, si es inferior, se les compensa. Al hilo del éxito del Gobierno de Países Bajos con una propuesta en esta línea, autorizada por Bruselas y que están intentado emular Alemania o la propia España. El Perte de Descarbonización Industrial, cuya memoria aprobó el Consejo de Ministros el 27 de diciembre del año pasado, prevé un estudio para el diseño de contratos por diferencia destinados a grandes proyectos industriales, con altos costes asociados y que permitirían grandes reducciones de emisiones de CO2.

La alianza en renovables entre Iberdrola y Norges funciona a pleno rendimiento. Nueve meses después de haber rubricado el acuerdo, el llamado proyecto Romeo, la eléctrica y el fondo soberano noruego negocian ampliar su acuerdo en 1.000 MW. Iberdrola eligió a inicios de año al gigante Norges Bank Investment Management (NBIM, el fondo de inversión de Norges Bank) como su aliado estratégico en renovables en España. Acordó vender una participación del 49% en una cartera de renovables en España, dotada con 1.265 MW, de los cuales 137 MW están ya en operación, en Castilla-La Mancha y Aragón, y 1.128 MW, en desarrollo en Andalucía 358 MW), Extremadura (343 MW), Aragón (175 MW), Castilla y León (102 MW), Madrid (55 MW), Murcia (50 MW) y Castilla-La Mancha (45 MW). Esta cartera renovable tendrá capacidad para suministrar energía a más de 700.000 hogares cada año. Por tecnologías, la solar supone el 80% de los proyectos y el resto es de energía eólica. Los noruegos se alzaron con la victoria en una apretada puja en la que también participaron un consorcio formado por ArcelorMittal y el fondo Copenhagen Infraestructure Partners (CIP) y Greencoat, un fondo de renovables de Schroders. La transacción valoraba el total de la cartera en 1.225 millones de euros, de los cuales la eléctrica recababa unos 600 millones.

La presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec, la antigua Unesa), Marina Serrano (Zaragoza, 1957), cree que ha llegado el momento de que España dé un paso adelante para aprovechar la ventaja que le confieren las energías renovables. “Más que exportar electricidad o hidrógeno, lo que tenemos que hacer es aprovechar para atraer industria”. "-El Banco de España acaba de señalar a las energéticas, eléctricas incluidas, como las empresas que más se han beneficiado de la crisis de precios.-  Es un primer informe sobre márgenes, que el propio Banco de España dice que hay que tomar con cautela y que va a ir mejorándolo. Se basa en márgenes brutos y no tiene en cuenta las dos medidas de intervención del Gobierno para contener los precios: la minoración y la excepción ibérica. Nos ha llamado la atención, porque la CNMC había sacado en mayo un informe sobre supervisión del mercado minorista, y decía que las comercializadoras habían tenido incluso márgenes negativos. No coincide...Expusimos desde el principio que no estamos de acuerdo con un gravamen que, a diferencia del formato europeo, va sobre las ventas y no en los beneficios. No es adecuado. Además, el modelo de Europa no se aplica a las eléctricas sino a las empresas de carbón, petróleo y gas...Creo que estamos bien posicionados respecto a Europa y respecto al cambio de modelo. Más que exportar electricidad o hidrógeno, lo que tenemos que hacer es aprovechar para atraer industria: que [las empresas manufactureras] piensen que aquí tienen las condiciones para producir de forma sostenible y descarbonizada. Es el reto que tiene el próximo Gobierno y que tenemos todos. Pero, de nuevo, hace falta estabilidad regulatoria y una red más desarrollada". 

El pasado mes de julio Ford bajaba el telón con el Fiesta, un utilitario que nació en 1976 y del que se fabricaron 22 millones de unidades en todo el mundo. Fue, además, el coche con el que se estrenó la factoría valenciana de Almussafes y, muchos años, el modelo más vendido en Europa. Su llegada fue consecuencia de la crisis del petróleo de 1973, que obligó a diseñar automóviles pequeños y de bajo consumo. Justo las mismas premisas con las que había visto la luz un año antes el Volkswagen Polo, otro modelo icónico que ya va por más de 19 millones de unidades y transita por su sexta generación. Además, con un fuerte componente patrio: desde 1984 Landaben ha sido su fábrica de referencia para Europa y eso ha permitido ser el coche made in Spain más exportado. Aunque es sabido que dejará de hacerse a partir del año que viene para dejar hueco a los pequeños SUV eléctricos que se ensamblarán desde 2025. Su producción se trasladará a Sudáfrica, donde se hace ya, al igual que en Brasil y China. Ahora, el Grupo Volkswagen ha abierto un periodo de discusión sobre su futuro, al menos en el Viejo Continente, según el Financial Times. La razón: más allá de la prohibición de vender coches de combustión en 2035, el impacto que las nuevas normas, especialmente la Euro 7 de emisiones, pueden tener en su precio.

Mercedes-Benz España, que a principios del año pasado completó la absorción de Mercedes-Benz Vans España en el marco de la reorganización mundial de la empresa, cerró 2022 con un beneficio neto de 96,6 millones de euros, lo que supone un fuerte incremento del 56%. Los ingresos se impulsaron un 20%, hasta 6.633 millones de euros, según sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil. La fábrica de Vitoria finalizó el año pasado con un volumen de producción de casi 142.000 unidades, lo que supone un aumento del 11,6%, y una plantilla formada por unos 4.800 trabajadores directos y generó 36.000 empleos indirectos. De cara al año actual, la previsión es que el centro de Vitoria fabrique más de 160.000 unidades del Clase V y del Vito, un 13% más. El grupo ya ha cobrado 123,2 millones de las ayudas adjudicadas en el primer Perte VEC, es decir, el 90% de los fondos a recibir.

El consorcio liderado por Ferrovial, FCC y Comsa será, finalmente, quien se encargue de las obras del soterramiento de la R2 y la construcción de una nueva estación en Montcada i Reixac (Barcelona). Tras casi medio año analizando las ofertas y las alegaciones de las empresas, Adif ha comunicado a la UTE de Ferrovial que ha presentado la mejor propuesta en relación calidad-precio, por lo que, salvo sorpresas de última hora, el próximo consejo de administrador de la empresa estatal adjudicará oficialmente su mayor contrato de la década, con un presupuesto estimado de inversión de 621 millones. Desde Adif no han querido hacer comentarios sobre la marcha de este proceso, que provocó un gran revuelo al coincidir con el anuncio de Ferrovial de trasladar su sede social de España a Países Bajos para cotizar en la Bolsa de Ámsterdam y, posteriormente, dar el salto a Wall Street. Fuentes próximas al proceso de contratación señalan que Adif, junto al asesor externo contratado para evaluar las ofertas (Geocontrol) ha certificado que los precios presentados por el consorcio de Acciona, Sacyr, OHLA y Rubau y la UTE liderada por Dragados (ACS) junto con Copcisa, Tecsa, Acsa (Sorigué) y San José se encuentran en temeridad. El consorcio formado por Ferrovial, FCC y Comsa fue el ganador virtual después de que sus rivales presentasen ofertas anormalmente bajas que eventualmente los dejaba fuera del concurso. Adif accedió a que las UTE perdedoras justificasen esa temeridad.

José María Aristrain, conocido como el magnate del acero, se enfrenta a cuatro años de prisión y una multa de 12.000 euros por un presunto delito de alzamiento de bienes. Esta es la pena que la fiscalía pide para el empresario vasco por los presuntos movimientos societarios que llevó a cabo en 2012 para evitar que Hacienda subastara un inmueble de su propiedad con el objetivo de recuperar una deuda de más de 661.000 euros, referente al IVA sin satisfacer de tres ejercicios fiscales. La Audiencia Provincial de Madrid juzgará estos hechos a partir del jueves, pero probablemente la vista oral concluirá con la ratificación de un pacto de conformidad entre el acusado y la fiscalía. Aristrain encara este procedimiento después de que en 2022 ganara una importante batalla judicial a la Agencia Tributaria, que le acusó de haber cometido uno de los mayores fraudes fiscales en España. El ministerio público solicitó para él 52 años de cárcel y una multa de 185 millones de euros por crear, entre 2005 y 2009, un entramado societario extranjero para acogerse a un tratamiento fiscal más beneficioso y defraudar así al fisco español, supuestamente, 211 millones de euros. La Audiencia de Madrid finalmente le absolvió porque no se demostró que el empresario permaneciera, en cada ejercicio fiscal, más de 183 días en territorio español exigidos por ley para obligarle a tributar en España.

El mundo abre una nueva etapa de débil crecimiento económico con el foco en varios puntos rojos. A pesar de que las abruptas subidas de tipos de interés están haciendo mella en Europa, los inversores temen por los signos de fatiga que llegan, sobre todo, desde China. El Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) detecta “crecientes preocupaciones” sobre las perspectivas” económicas en el país a pesar de que finalmente se decidió por levantar las restricciones y aplicó una política monetaria flexible. China se erige ahora como uno de los grandes riesgos que afronta la economía global. Las alarmas de medio mundo se encienden con cada problema que atraviesa la economía asiática: la deflación, la caída en las exportaciones y el enésimo aviso de su sector inmobiliario. El informe trimestral del BIS apunta que Pekín está entre los temores de los inversores. La vacilante recuperación ha hecho que la rentabilidad de la deuda china haya retrocedido, cuando la de los bonos norteamericanos ha seguido subiendo y en la zona euro se ha mantenido estable.

La Reserva Federal (Fed) desafiará las expectativas de los inversores y subirá los tipos de interés al menos otro cuarto de punto, según la mayoría de los principales economistas encuestados por Financial Times. Más del 40% de los encuestados aseguraron que esperan que la suba los tipos dos veces o más desde el actual nivel de referencia del 5,25%-5,5%, el más alto en 22 años. Esto contrasta con la opinión de los mercados, donde los futuros apuntan a que la política del banco central estadounidense es lo suficientemente restrictiva como para controlar la inflación y mantener los tipos hasta bien entrado 2024. El sondeo, realizado en colaboración con el Kent A Clark Center for Global Markets de la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, sugiere que para eliminar por completo la presión sobre los precios y volver a situar la inflación en el 2% serán necesarios unos mayores costes de la deuda de lo que contemplan ahora mismo los inversores. De los 40 encuestados entre el 13 y el 15 de septiembre, cerca del 90% cree que la Fed tiene más trabajo por hacer. Casi la mitad pronostica que los tipos alcanzarán un máximo de entre el 5,5% y el 5,75%, lo que indica una subida de un cuarto de punto más.

Si el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez aspira a arropar una eventual ley de amnistía para los encausados del ‘procés’ con un «pacto histórico» que aúne a «los empresarios, los sindicatos y la sociedad civil» con renuncia del secesionismo a «la unilateralidad», sabe desde ayer que no podrá contar con la primera pata de esa conjunción. Al menos en lo que respecta a su organización más representativa, la CEOE, que ayer clarificó su posición por boca de su presidente, Antonio Garamendi, en medio del fortísimo debate político y social que está generando la posibilidad de que Sánchez ceda a las exigencias de Carles Puigdemont para poder conquistar su investidura. Y Garamendi, que en su día avaló los indultos a los políticos independentistas condenados por el 1-0, no solo concretó que la patronal «no» comparte el aún hipotético borrón y cuenta nueva, sino que lo hizo a las puertas de la sede del PP donde se reunió con Alberto Núñez Feijóo. El contundente pronunciamiento del máximo responsable de la CEOE, quien constató que la amnistía no está hoy en la Constitución apelando al tiempo a los acuerdos entre «los grandes partidos» del país, llegó apenas tres días después de que ejerciera de anfitrión en la presentación de las prioridades de la presidencia española de la UE que protagonizó Sánchez el viernes ante el empresariado. El presidente en funciones, que reaparecía tras contagiarse de covid, aprovechó la cita para prometer que se entregará «en cuerpo y alma» a buscar su investidura dentro del terreno de juego constitucional. Si Garamendi le anticipó a su invitado sus impresiones de ayer, quedó reservado para la privacidad del encuentro. Pero lo que sí dejaron ver ambos fueron imágenes distendidas, después de meses de desencuentros por las políticas económicas del Gobierno.

El euskera, el catalán y el gallego se podrán utilizar desde hoy mismo en los plenos del Congreso de los Diputados. En la sesión de esta mañana se debatirá precisamente la proposición que reforma el reglamento para su implantación definitiva. De esta manera se activa el uso en el Congreso de las lenguas diferentes del castellano, que ha provocado una encendida oposición por parte de Vox y del PP, así como los recelos en el alto funcionariado y las reservas en algunos de los servicios jurídicos de la Cámara. El pleno comenzará a las 12.00 horas. Además de las lenguas cooficiales que requerirá traducción simultánea de varios intérpretes, los diputados que lo deseen podrán hablar en otras lenguas no oficiales, como el aragonés o el bable, siempre que el propio parlamentario se autotraduzca utilizando el tiempo de intervención. El plan fue enunciado el pasado 17 de agosto por la nueva presidenta del Congreso, la socialista balear Francina Armengol, que subrayó su compromiso como una expresión de respeto y reconocimiento a la pluralidad lingüística y cultural de España sobre la base de su realidad territorial. Armengol, que fue presidenta de la Comunidad de las Ilas Baleares al frente de un gobierno de coalición, forma parte del sector más federalista del PSOE, no tiene reparos en reivindicar la cultura plurinacional de la izquierda, y esgrime la necesidad de que el Congreso adecúe su funcionamiento a la realidad social y cultural. Su posición contrasta con la contraria a este asunto por parte de la anterior presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ha decidido dejar la política activa. También un grupo de exministros de diferentes partidos, sobre todo de la época de la Transición, han expresado su radical oposición a un sistema que obvia la existencia del castellano como un idioma común entre todos los ciudadanos españoles.