20230926

Los ministros de Industria de la Unión Europea (UE) llegaron ayer a un acuerdo para retrasar la entrada en vigor del reglamento que busca reducir las emisiones contaminantes de los vehículos en el continente y rebajar las exigencias climáticas marcadas por la Comisión Europea. El texto –conocido como Euro 7– busca ayudar a la industria automovilística en su transición hacia el coche limpio en 2035, cuando los Veintisiete han acordado el fin de la venta de coches nuevos de diésel y gasolina. La presidencia española del Consejo Europeo iniciará ahora el proceso de negociación con el Parlamento Europeo. La propuesta del Ejecutivo comunitario llevaba encima de la mesa desde octubre de 2022, ya que varios países –entre ellos Francia, Italia, Polonia y Hungría– mantenían bloqueada la normativa por las medidas que imponía a los fabricantes de automóviles. La presidencia española de la UE se había marcado como objetivo alcanzar un acuerdo, que llegó finalmente ayer después de que las capitales europeas se hayan inclinado por «el equilibrio» y adoptaran requisitos «realistas» para la industria automovilística, a la vez que se llevan a cabo inversiones para impulsar la producción de coches eléctricos. Los países europeos pactaron que el reglamento entre en vigor dos años más tarde de lo previsto y comience a aplicarse a partir de 2027 para los vehículos ligeros –turismos privados y furgonetas– y en 2029 para los pesados (camiones). Mientras que el enfoque original del Euro 7 pretendía reducir aún más las emisiones contaminantes. El reglamento acordado por los Estados miembros mantiene las exigencias de la normativa anterior (Euro 6) en cuanto a emisiones para turismos y furgonetas, mientras que rebaja las de los vehículos pesados.

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, aplaudió ayer la decisión de la Unión Europea de flexibilizar la entrada en vigor de las exigencias de emisiones de los coches de combustión. «Es una decisión que tarde o temprano tenía que llegar, si tenemos en cuenta la incertidumbre que se estaba generando en uno de los sectores industriales clave de la economía europea. En todo caso, esta flexibilización nos exige mantenernos atentos y sin bajar la guardia en los procesos de descarbonización y en la implantación de medidas para reducir emisiones», señaló Tapia. El Gobierno Vasco y Euskadi siempre han apostado por la progresiva descarbonización, también en el ámbito de la automoción, pero sin precipitarse para no perjudicar a la automoción vasca. Como explica la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, «son equilibrios complicados y Europa no puede sacrificar su industria y empleo, por lo que habrá que diseñar una nueva hoja de ruta, con los mismos objetivos pero otros ‘tempos’, en la que la tecnología y la innovación sean las aliadas también para la obtención de biocombustibles y/o combustibles sintéticos para automóviles menos contaminantes». Desde la consejería siempre han defendido 2050 como meta para alcanzar el reto de las cero emisiones, pero sin que ello suponga la inmediata «desindustrialización» sino una transición energética «adecuada».

Temas como reindustrialización, digitalización o innovación no son ajenos al tejido económico vasco. De hecho, según Justino Martínez Salinas, CEO de Zucchetti Spain, “desde hace 30 años la industria vasca comenzó a preocuparse por estar informatizada, o lo que hoy diríamos, digitalizada”. Por ello, los participantes citados por Expansión para conversar sobre la Reindustrialización en clave verde y digital coincidieron ayer en que Euskadi está en buena posición para abordar unos retos comunes a todos los agentes sociales y económicos. Junto al directivo de la firma tecnológica aportaron sus opiniones el director de innovación de Iberdrola, Roberto Mariscal, el presidente de Innobasque, Manuel Salaverria, y la presidenta de Cebek, Carolina Pérez de Toledo. Todos ellos señalaron algunos ejemplos de iniciativas y programas desarrollados en Euskadi que constatan su anticipación a este escenario de reindustrialización, aunque también coincidieron en que hay que seguir empujando en esta dirección. “Tenemos que ser capaces de seguir profundizando en este ecosistema”, insistió Mariscal, de Iberdrola. Para el director de innovación de la energética, “hay que aprovechar nuestras capacidades, dotarnos de más competitividad e internacionalización y ser capaces de atraer más industria”. En este sentido, Mariscal insistió en que el efecto tractor de las energías renovables no puede dejarse pasar por alto. “Es clave que la industria pueda tener unos precios estables y control de los costes. La oportunidad de atraer esas industrias a Euskadi y a España es fantástica”. El tamaño de las empresas o el problema demográfico también fueron abordados en el coloquio, ya que el tejido vasco es de pequeña empresa; y además Euskadi es una de las regiones más envejecidas de Europa. La presidenta de Cebek, Pérez de Toledo, coincidió en que la tecnología ha permitido a muchas pequeñas empresas “alcanzar niveles de ventas e internacionalización”, que no se hubieran imaginado. Emplazó a las administraciones a simplificar la burocracia para las ayudas.

Kutxabank da por hecho que la llegada de los fondos Next Generation a Euskadi se va a convertir en “una palanca de oportunidad” en un contexto que, como el actual, está lleno de incógnitas y en el que se vive un cambio de paradigma a nivel mundial. Así lo indicó su consejero delegado, Eduardo Ruiz de Gordejuela, durante su ponencia sobre los fondos NextGen y su impacto en el País Vasco. Según dijo, como en el resto de Europa estos recursos se entendieron como un acelerador del modelo de desarrollo económico, dado que no tienen antecedentes similares. Y las ayudas se han puesto en marcha en un escenario marcado por la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis de la cadena de suministro, al que se han incorporado otros fenómenos nuevos, como el encarecimiento de la mano de obra de los países emergentes, la tentación proteccionista y el riesgo arancelario; y el mayor coste del transporte. Según Ruiz de Gordejuela, el mundo vive actualmente una “desglobalización” o “relocalización”, y muchas empresas se plantean reubicar sus fábricas y sus centros de decisión. Así, algunos países europeos, y también Estados Unidos, compiten con éxito frente a China y el Sudeste Asiático por hacerse con estos centros. Y es precisamente en esta competición donde el País Vasco tiene una oportunidad, dada su tradición industrial, su innovación y su productividad, y apoyado por los fondos NextGen. “Euskadi tiene mucho que decir y aportar en esta nueva competición por los centros de decisión y de producción”, dijo. Hasta el pasado junio, la comunidad recibió más de mil millones de euros en fondos Next Generation, y esta cifra aumentará con las próximas convocatorias. Pero la llegada del dinero a las empresas ha quedado lejos de las expectativas, según el CEO del banco de las excajas vascas BBK, Kutxa y Vital.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, elevó ayer las previsiones de crecimiento estimadas para la economía vasca en este 2023 una décima más, hasta alcanzar el 1,7%. Así lo confirmó tras los anuncios que en ese sentido ya había realizado tanto el pasado julio, como hace ahora dos semanas. A pesar del frenazo de la industria y de la caída de las exportaciones, el comportamiento de la demanda interior y el consumo han tirado de la economía generando un «segundo trimestre más dinámico de lo previsto». De ahí que el Gabinete Urkullu haya elevado sus previsiones macro hasta el 1,7%. Se trata de la segunda vez que ocurre en lo que llevamos de año. La primera fue en junio, cuando elevó la cifra inicial desde el 1,5% al 1,6% que se mantenía vigente hasta ahora. El Gobierno vasco es optimista y se muestra convencido de que se mantendrá la misma inercia que hará que durante el próximo ejercicio la producción de la economía vasca se llegue a elevar hasta un 2,1%. Se trata de la misma cifra que el departamento de Economía y Hacienda había mantenido hasta ahora y que, por lo tanto, desafía a la escalada de tipos de interés y sus efectos sobre el tejido productivo. Este ritmo, además, permitiría crear 13.000 empleos este año y generar hasta 16.000 más durante 2024, tal y como defendió el propio Azpiazu. Además, las previsiones del Ejecutivo autonómico estiman también una «moderación de la inflación a lo largo de estos dos años, con especial incidencia en 2024, cuando se podría volver a una tasa del entorno del 2%». Ver nota Gobierno Vasco. 

El número de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE y ERTE) se ha elevado a 151 en Euskadi en los seis primeros meses del año, lo que supone un descenso del 65,8% respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo a estos datos, recogidos por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) en los seis primeros meses del año, los 151 expedientes planteados afectaron a 3.537 trabajadores. En el primer semestre de 2022 habían sido 441 los expedientes presentados con 15.592 personas implicadas, de manera que los trabajadores afectados han descendido un 77,3% respecto a esas cifras del pasado año. La mayoría de los expedientes fueron por causas económicas (103), con 3.268 afectados, mientras que los expedientes de regulación de empleo de fuerza mayor ascendieron a 37 con 155 trabajadores implicados, mientras que por causas tecnológicas fueron 11 con 112 empleos afectados. El CRL subraya que, aunque la mayoría de las personas afectadas (el 85%) lo fueron por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE de suspensión o reducción), se constata un cierto aumento en el número de afectados por expedientes de extinción, que, a lo largo del primer semestre de este año, fueron 532 personas, duplicando las afectadas en el mismo periodo del año anterior, que fueron 211 personas.

Los fondos de pensiones vascos gestionados a través de las EPSV siguen remontando las pérdidas del año pasado. En lo que va de 2023 su patrimonio ha aumentado ya en 888,4 millones tal y como se desprende de los datos de la Federación de EPSV de Euskadi referidos al primer semestre, a los que ha tenido acceso EL CORREO y que señalan que el capital de más de 1,51 millones de ahorradores suma un patrimonio de 26.964 millones de euros. Es un 3,41% más que los 26.075 millones con los que se cerró el pasado año. Y es que 2022 fue el peor ejercicio para las EPSV desde la crisis financiera de 2008, con unas pérdidas acumuladas de 2.194 millones por el mal comportamiento de las bolsas que presentaron retrocesos del 15%, y de la renta fija, con una depreciación media del 10%. La dinámica ha cambiado este año y el agua va volviendo a su cauce. Desde la federación de EPSV siempre han señalado que este ahorro debe tener una mirada puesta a medio y largo plazo para no dejarse llevar por el comportamiento de un ejercicio puntual en el que, como el año pasado, una subida de tipos mucho más acelerada de lo esperado combinada con un mal año en los parqués hiciera pinchar la rentabilidad. El caso es que la subida del precio del dinero sigue siendo un valor seguro para las inversiones en renta fija de las EPSV, que destinan a este tipo de producto un 36% del capital. A esto se añade un comportamiento de las cotizaciones en bolsa que acumula una rentabilidad media en Europa del 2,3% y del 8,6% en Estados Unidos. El resultado es que en la primera mitad del año ya se han recuperado cuatro de cada diez euros de los que se perdieron en 2022. A este ritmo, en este ejercicio se estaría cerca de recuperar casi la totalidad de las pérdidas del pasado año.

No hay marcha atrás y los bancos dejarán de ingresar unos 30 millones por la gestión que realizan de los planes de pensiones en Euskadi. Según han confirmado fuentes conocedores del proceso, el Gobierno vasco mantendrá en el decreto que regula las EPSV su planteamiento inicial de rebajar el máximo que las entidades pueden cobrar a los clientes por la gestión de estas figuras de ahorro. El conjunto del dinero que los ahorradores vascos tienen en sus planes de pensiones en los bancos asciende a más de 12.000 millones, una cantidad que genera en torno a 175 millones de euros en comisiones de gestión y que con el nuevo decreto se reducirá en un 17% quedándose en algo más de 140 millones. Las reclamaciones que presentaron Kutxabank, BBVA y Laboral Kutxa a través de la Federación de EPSV de Euskadi no serán tenidas en cuenta. Los gastos que cobran las entidades financieras son hoy el 0,9% para planes de renta fija, que la nueva regulación mantendrá igual. Para la renta mixta, las comisiones son en la actualidad de un máximo del 1,5%, pero el Ejecutivo las reducirá al 1,3%, mientras que los bancos pedían el 1,45%. Y en la renta variable, el tope actual del 1,6% que los bancos querían mantener, bajará al 1,5%. El decreto lleva año y medio en preparación y el pasado mayo vio la luz en forma de proyecto con el objetivo de priorizar las ESPV preferentes de empresa, aquellas en las que las aportaciones son realizadas por la compañía y por el trabajador y que solo se pueden rescatar en forma de renta una vez llegada a la jubilación.

Easo Ventures, la sociedad de capital riesgo con sede en Donostia perteneciente al universo de la Fundación Artizarra, dedicada a la inversión en empresas innovadoras y ‘start up’, acumula ya una apuesta global de 6,6 millones de euros, que han servido para apoyar a un total de 29 compañías. El fondo, que inició su actividad en el año 2021 y se alimenta de capital privado principalmente del País Vasco, ha realizado durante el presente ejercicio seis operaciones por un valor de 1,6 millones de euros. Algunas de estas empresas son Cloudtainer, CLCircular, Tipsi u Ojer Pharma, pertenecientes a sectores como la inteligencia artificial, la salud o el intenet de las cosas. El vehículo, pilotado por Pedro Muñoz-Baroja, tiene pendientes otras dos operaciones que están ya aprobadas pero aún deben pasar por el notario; operaciones que movilizarán medio millón de euros adicionales de inversión. «Aunque el mercado de rondas de inversión ha sufrido un frenazo importante, nosotros seguimos activos y analizando nuevas oportunidades», dijo el ejecutivo.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, cargó ayer con dureza contra la política restrictiva del Banco Central Europeo (BCE), del que dijo que «mata moscas a cañonazos» con sus subidas de los tipos de interés. A su juicio, no son los movimientos del organismo europeo los que estarían domando, siquiera de manera incipiente, la inflación, sino las medidas y los planes de ayuda y estímulo puestos en marcha por los países europeos. «Esta subida acelerada de los tipos de interés ha provocado algunos sobresaltos en el sistema financiero (en alusión al Silicon Valley Bank y a Credit Suisse) y una notable desaceleración económica», sentenció el consejero, durante un acto organizado por Expansión en Bilbao. En su discurso, Azpiazu llamó la atención sobre uno de los principales efectos indeseados de esa carrera restrictiva de la política monetaria en busca de una menor inflación, como es el impacto en la economía alemana. Un terremoto que tiene también sus intensas réplicas en Euskadi, que tiene al país germano como su primer socio comercial, con intercambios anuales de 9.000 millones de euros. Al repasar los efectos negativos de la subida de tipos, Azpiazu puso el foco en «la moderación del consumo», y aseguró que el alza de tipos «ha dejado sin viabilidad muchos planes de compra de vivienda e inversión empresarial», generando –añadió el consejero– un «efecto catastrófico en las expectativas de futuro de los agentes». «Ya son muchos los que advierten del riesgo de que Europa entre en un periodo de estanflación (poco crecimiento y alta inflación) del que costará mucho salir», afirmó el consejero, quien restó protagonismo al BCE como responsable real de la moderación que está mostrando la inflación para situar el ‘mérito’ en los planes de ayudas de los Gobiernos para contener el encarecimiento de la energía.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) aseguró ayer que la inflación da muestras de moderarse en agosto. Los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) apuntan a que los precios se redujeron al 5,2% el mes pasado. La tasa, aunque se mantiene aún lejos del objetivo del 2% marcado por el BCE, supone la mitad de lo que marcó en octubre de 2022. «La inflación subyacente también está en la senda de la reducción y cayó al 5,3% en agosto», destacó Lagarde en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. La institución volvió a elevar los tipos de interés en septiembre del 4,25% al 4,5% y Lagarde destacó que están en niveles que «si se mantienen por suficiente tiempo, contribuirán sustancialmente a devolver a la inflación al objetivo marcado por el BCE». En todo caso, dejó claro que el organismo seguirá adoptando sus decisiones monetarias en función de los datos a su alcance y «la inflación subyacente es un importante factor en esa toma de decisiones». Lagarde también aseguró ser consciente de que las altas tasas de interés provocan «sufrimiento» para los hogares que tienen créditos y la entidad lucha contra la inflación para minimizar estos efectos. Asimismo, reiteró que a medida que la crisis energética se desvanece, «los gobiernos deberán seguir revocando las medidas de apoyo relacionadas para evitar aumentar las presiones inflacionarias a medio plazo». De igual modo, agregó, las políticas fiscales «deben diseñarse para hacer más productiva la economía de la zona del euro y reducir gradualmente la elevada deuda pública». 

La mayor comunidad energética de Euskadi se está creando en Barakaldo. El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Comercio y Empresa (ACE), lleva inmerso desde marzo en un proyecto que generará energía sostenible kilómetro cero mediante más de 1.300 placas fotovoltaicas instaladas en las cubiertas de una decena de edificios municipales. Esto propiciará, además de beneficios medioambientales, una rebaja en la factura de los hogares y de los establecimientos comerciales que se adhieran a ella. ‘TEK Barakaldo’, como se conoce a esta comunidad, ha logrado sumar ya a un total de 290 socios, de los que su gran mayoría, 251, se corresponden a viviendas. El resto, 39, son empresarios, comerciantes y autónomos que no han querido dejar pasar la oportunidad de contribuir al cuidado del medio ambiente y de paso dar un respiro a su bolsillo. Detrás de todo ello se encuentra Edinor, filial de Petronor, quien se ha encargado de diseñar el modelo TEK (Tokiko Energia Komunitatea), que ya ha implantado, o tiene previsto hacerlo, en otros lugares del territorio. En Bilbao, por ejemplo, colocaron 250 placas en el estadio de San Mamés. Este proyecto logró reunir en más de un año a un centenar de socios, por lo que los responsables de la iniciativa en Barakaldo, pese a que contemplan la participación de hasta 890 hogares y pequeños comercios, valoran «muy positivamente» que en apenas unos meses, y con el verano de por medio, hayan sumado ya aproximadamente a una tercera parte. Este mismo proyecto consiguió instalar 250 placas fotovoltaicas en el tejado del nuevo San Mamés. 

El Puerto de Bilbao cuenta ya con una conexión de transporte con el norte de Europa que utiliza buques híbridos –tienen propulsión convencional y también generan electricidad de forma autónoma–, lo que además de contribuir a la reducción de emisiones contaminantes permitirá aumentar la capacidad de movimiento de mercancías ‘ro-ro’. Una modalidad que se basa en que entran y salen del buque a bordo en remolques de camiones. En un acto celebrado ayer en la terminal de la empresa Toro y Betolaza en los muelles vizcaínos, los responsables de Finnlines, compañía que pertenece al grupo Grimaldi, junto a las autoridades del Puerto de Bilbao, presentaron la incorporación de tres buques a una línea que conecta con Zeebrugge, Amberes, Helsinki, Hanko y Paldiski, en Estonia. Los buques, construidos en China, cuentan con paneles solares capaces de proporcionar 5 megavatios de electricidad a la hora. Por otra parte, el Puerto de Bilbao aumentó el 1,5% el tráfico de mercancías hasta agosto, frente a un descenso acusado del 4,1% en el conjunto de Puertos del Estado.

Dirige el brazo ejecutor de buena parte de las ayudas públicas ligadas a la transición energética y es un convencido de que solo hay un camino para eludir el problema del clima. Pese a la juventud de Joan Groizard –tiene 33 años aunque asumió la responsabilidad con tan solo 29–, este ingeniero mallorquín cuenta ya con una dilatada trayectoria en la Administración pública. Antes de dirigir el IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, fue director general de Cambio Climático del Govern Balear. Rechaza la idea de que se estén gestionando mal los fondos europeos, es un convencido de que la movilidad eléctrica va a triunfar, también el hidrógeno en algunos segmentos, al tiempo que se muestra crítico con quienes defienden las energías renovables pero solo admiten que las instalaciones estén en los patios de los vecinos. "– Está extendida la idea de que hay un enorme retraso en la aplicación de los fondos europeos. – Pues no se corresponde con la realidad. España es el país más avanzado en el progreso del plan. Incluso se ven ya impactos directos en movilización de la economía como en la transformación que se está produciendo. El caso del autoconsumo eléctrico es un buen ejemplo de ello...Es verdad que tradicionalmente se ha asociado el vehículo eléctrico con rentas altas. También las renovables tenían esa imagen y al igual que ha pasado con la generación de electricidad, el vehículo eléctrico ya puede competir en costes con el de combustión. En algunos usos es incluso más barato. El sector del taxi es un buen ejemplo de como está girando hacia el vehículo eléctrico. Es verdad que el vehículo es algo más caro en el momento de la compra, pero también más económico en el consumo de combustible, en las reparaciones y el tiempo que lo tienes parado en el taller y no puedes generar ingresos. Ya la experiencia que transmiten los usuarios es muy favorable... Creo que la realidad se va a imponer y esa fecha de prohibición de la combustión en Europa se adelantará. Si analizas las estrategias de los fabricantes de automóviles y las cuotas de mercado que proyectan para los próximos años ves que es posible. En cualquier caso era bueno poner un hito. Hay dos fotografías de la ciudad de Nueva York, con una diferencia de apenas dos años, una plagada de coches de caballos y la otra de vehículos a motor. La historia demuestra que son posible los cambios exponenciales..."

El consorcio automovilístico chino Chery Group tiene previsto llevar a cabo una fuerte ofensiva comercial en Europa con el lanzamiento de cinco marcas de coches nuevas y 15 modelos hasta 2025. El grupo asiático ha elegido España como primer mercado para dos de ellas, Omoda y Jaecco, que llegarán a finales de este año y principios de 2024 únicamente con vehículos crossover o todocamino. El Omoda 5 y el Jaecco 7 serán los dos primeros modelos que se comercializarán en España. En octubre de 2024 llegarán otras dos nuevas marcas del grupo Chery (Tiggo y Cougar), mientras que en 2025 la compañía lanzará en algunos mercados del norte de Europa una quinta enseña, que probablemente se llamará Exeed (así es como se denomina en China, aunque podría cambiar de nombre en Europa). Dicha firma tendrá un posicionamiento más alto que el resto y comercializará únicamente modelos eléctricos. Chery ha elegido España para desembarcar en Europa porque cree que hay hueco en el mercado para los coches made in China después del rotundo éxito de MG, que acumula más de 17.000 unidades matriculadas en 2023 y puede acabar el año entre las diez marcas más vendidas. Además, desde el punto de vista de la electrificación, España aún no es un mercado lo suficientemente maduro y sigue demandando vehículos térmicos e híbridos no enchufables. “España nos interesa porque es un gran mercado y porque más del 80% de los coches que se venden son de combustión o híbridos”, reconoció ayer el vicepresidente de Chery International, Shawn Xu, en un encuentro con periodistas españoles en su sede de Wuhu, en la provincia china de Anhui (al este del país).

Pocos días después de que el INE revisara al alza los datos de PIB de 2021 y 2022 (hasta el 6,4% y el 5,8%, respectivamente) y, por ende, también las tasas de crecimiento de los últimos trimestres, lo que conllevará un mayor efecto arrastre positivo sobre la evolución de la actividad este año, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, reivindicó ayer la gestión del Gobierno, enfatizando la “gran resiliencia” de la economía doméstica y la “buena posición” con la que encara un contexto de “ralentización del crecimiento en Europa”. Lo hizo mediante la presentación en el Consejo de Ministros de un informe sobre la situación de la economía que le sirvió como plataforma para, en vísperas del arranque del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, escenificar que “todos los organismos económicos han revisado al alza para 2023” sus pronósticos de PIB, y “prevén que España será la gran economía europea que más crezca en 2024”. La vicepresidenta primera admitió que “el escenario actual a nivel europeo e internacional está marcado por la ralentización del crecimiento económico y el comercio por la rápida subida de los tipos de interés a ambos lados del Atlántico y esto, naturalmente, afecta a la economía española”, afirmó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Sin embargo, minimizó el impacto que esa climatología adversa tendrá sobre España, subrayando que la economía nacional “está dando muestras de una notable fortaleza, una gran resiliencia y las perspectivas son positivas para los próximos meses”, añadiendo que “en esto coincidimos todos los organismos nacionales e internacionales”.

Las empresas españolas han vivido un primer semestre en la cresta de la ola. Según las cifras publicadas ayer por el Banco de España, el beneficio ordinario de las compañías que operan en España (sin contar las financieras) creció un 17,7% en la primera mitad de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior. Un alza cosechada a pesar del descenso del 7,6% de la facturación. “Los resultados y la rentabilidad de las empresas no financieras de la muestra trimestral de la central de balances se incrementaron en el primer semestre de 2023, si bien los resultados lo hicieron a un ritmo más reducido que en idéntico periodo de 2022. Por el contrario, la cifra de negocios tuvo una evolución negativa, por el impacto de los sectores relacionados con la energía (energía, refino y comercialización de carburantes) y el excesivo peso que tienen en la muestra”, explica el Banco de España. De esta forma, la rentabilidad de las empresas ha mejorado en el primer semestre, y se sitúan por encima de los niveles que se anotaron antes de la pandemia. Y la cifra neta de negocio de las empresas descendió un 7,6% hasta junio de 2023, frente al incremento del 46,8% registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior. Este descenso se explica, fundamentalmente, por la disminución en el sector de la energía, donde la facturación cayó un 20,8%, tasa que contrasta con el crecimiento registrado en el primer semestre de 2022, cuando en plena crisis energética se dispararon un 92,2%. Por otro lado, los sectores de industria y comercio y hostelería también presentaron caídas de su cifra de negocio, mientras que en los sectores de información y comunicaciones y resto de actividades se observaron incrementos.

Casi un año después de que se produjera la macroinspección contra las cuatro grandes consultoras, Deloitte, PwC, KPMG e EY, también conocidas como big four, para comprobar el cumplimiento de las jornadas laborales y las horas extraordinarias, Trabajo ha concluido su investigación y ha comenzado a notificar a cada una de las firmas las sanciones que prevé establecer. Ahora, el proceso culmina con la aplicación de diversas multas por diferentes conceptos. De hecho, las cuatro han cometido infracciones, que suman al menos 1,4 millones de euros, que deberán reintegrar en concepto de cuotas a la Seguridad Social no abonadas o por no disponer de registro horario, entre otros supuestos. Fuentes de la Inspección de Trabajo explican que los expedientes no están concluidos, por lo que es ahora cuando se ha iniciado el proceso de notificación a las empresas y las cifras totales de las sanciones aún pueden variar. El proceso fue abierto de oficio por la autoridad laboral al no mediar denuncia alguna, pero ya desde la primavera de 2022 la autoridad laboral estuvo recopilando documentación sobre cómo verificaban estas empresas el cumplimiento de la jornada laboral de sus plantillas y si las horas extras realizadas eran remuneradas o compensadas con tiempo de descanso. Esa primera fase concluyó el pasado noviembre con una visita a las sedes centrales de las cuatro compañías en Madrid, en la que los inspectores que acudieron a las oficinas solicitaron los datos de sus registros horarios para comprobar si se estaban realizando horas no declaradas. Fuentes cercanas a la investigación admiten que recopilar los datos no fue sencillo. Primero, se pudo constatar que ninguna de estas firmas disponía de registro horario, circunstancia que, según la legislación actual, se sanciona con una multa máxima de 7.500 euros, independientemente del tamaño de la compañía (según plantilla o facturación). Además, según ha podido saber este periódico de trabajadores de estas empresas, dos de las cuatro big four investigadas no facilitaron el acceso a sus ordenadores de los especialistas informáticos que participaron en la investigación llevada a cabo por la Inspección de Trabajo, lo que también llevará aparejado sanciones.

Las críticas vertidas este fin de semana por la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, a la reforma laboral en Grecia no han pasado desapercibidas para su homólogo del país heleno. En un contundente mensaje a través de las redes sociales Adonis Georgiadis criticó que «la querida señora Díaz tal vez desee pedirnos algún consejo sobre cómo reducir el desempleo en el país, que ahora es campeón». En su mensaje, Georgiadis califica a Díaz como «la nueva dama de hierro de Podemos», asegurando que «aunque es normal que tengamos diferencias ideológicas y políticas entre nosotros, esta referencia me da la oportunidad de demostrar nuestra gran superioridad ideológica y política con datos sólidos». La polémica se remonta al pasado viernes, cuando el país heleno aprobó una reforma que permite, entre otras cosas, un sexto día de trabajo a la semana, además de jornadas laborales de hasta 13 horas para los pluriempleados, repartidas en un máximo de cinco horas diarias para su segundo empleo además de las ocho de su actividad principal. En un acto de su partido, Díaz calificó el plan como «el camino hacia la involución: menos tiempo, vidas peores, economía ‘low cost’». Y tras la respuesta del ministro de Trabajo griego, lejos de retractarse, Sumar elevó aún más el tono para replicar que el nuevo marco laboral griego supone «legalizar la esclavitud moderna».

Las empresas con licencias de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) planean presentar en los próximos días o semanas reclamaciones patrimoniales masivas a las comunidades autónomas que no han regulado esta actividad después de que se aprobase el llamado decreto Ábalos, en septiembre de 2018. Esta norma habilitó a las comunidades autónomas a regular el servicio de los VTC para transporte urbano (algo que hasta ese momento hacía el Estado) y otorgó un periodo transitorio de cuatro años (a modo de indemnización) para compensar en tiempo unos derechos perdidos. Las reclamaciones se producirán también contra aquellas comunidades que habiendo regulado han establecido condiciones que, según denuncian, les impide ofrecer el servicio y les expulsa del mercado. Con esta acción, muchas empresas buscarán que los tribunales les reconozcan el supuesto perjuicio económico derivado del cambio normativo. Solo Moove Cars, participada en un 30% por Uber y la mayor por número de licencias en el país (posee 4.300 de las 18.477 que hay, según los últimos datos del Ministerio de Transportes), planea interponer reclamaciones patrimoniales por 540 licencias en País Vasco, Castilla y León, Galicia, Murcia, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Navarra, comunidades que no han regulado. Esta compañía ya ha presentado también reclamaciones patrimoniales en Cataluña, Baleares, Valencia, Galicia y Aragón, donde suman 1.490 licencias.

España es el único país de la Unión Europea que tiene un Impuesto sobre el Patrimonio. En ningún otro país existe esa misma figura. Y el objetivo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que el sistema fiscal español siga siendo una excepción en la UE y vaya contra los estándares europeos, ya que su ambición es perpetuar este impuesto. Esta situación no deja ser un tanto contradictoria con el objetivo del Ministerio de converger con Europa en puntos como los niveles de recaudación, pero la intención de Montero es clara y ella misma la puso de manifiesto la pasada semana. «En la Unión Europea, solo España tiene el Impuesto sobre el Patrimonio», subraya el Consejo General de Economistas, que ayer publicó el informe Tributación de la riqueza: estado de la cuestión. En este documento se expone que Francia, por ejemplo, sustituyó la figura de Patrimonio por «un impuesto que grava sólo activos inmobiliarios». Países Bajos, por su parte, «lo sustituyó por un impuesto sobre el rendimiento fijo del patrimonio», y Bélgica «sólo grava las cuentas de valores cuyo valor medio supera el millón de euros». Pero en ningún otro país se grava «el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que es titular», como define la propia Agencia Tributaria. «El Impuesto de Patrimonio y el de Grandes Fortunas es darle vuelta a un tema que está superado. No es lo estándar en Europa", añadió ayer Valentí Pich, presidente del Consejo de Economistas. 

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) denunció ayer el diseño del impuesto al plástico y las cargas administrativas que supone para las empresas este tributo cuya aplicación entró en vigor el 1 de enero de 2023 y que la asociación cataloga como “engendro fiscal”. Tal es así que Aedaf ha denunciado el tributo ante la Comisión Europea al advertir que “impone barreras administrativas que podrían afectar a las adquisiciones intracomunitarias, por lo que podría vulnerar el tratado fundacional de la Unión Europea”. “No discutimos su finalidad”, indicó ayer la presidenta de Aedaf, Stella Raventós, durante la presentación de un informe sobre este impuesto, en la que explicó que “lo que cuestionamos es la técnica del impuesto y su complejidad”. Belén Palao, abogada y miembro del grupo de expertos en impuestos indirectos de Aedaf y autora del informe, critica que el impuesto fue diseñado con “prisas”, que su técnica y arquitectura “no es la más adecuada” –generando muchas dudas en las empresas y un gran número de consultas a la Dirección General de Tributos (DGT)– y que va a suponer “mucha litigiosidad” debido a los problemas tanto para su declaración y liquidación como para la comprobación por parte de las autoridades fiscales. Para Palao, el impuesto al plástico conlleva “obligaciones de difícil cumplimiento” para las empresas, por lo que señala que “si todos los operadores tienen tantos problemas, es que [el impuesto] está mal”. A este respecto, recordó que el tejido empresarial español está formado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas para las que los requerimientos técnicos de este impuesto son aún más difíciles de cumplir.

La inestabilidad en Turquía se ha convertido en un aliado de la banca de inversión de BBVA, hasta el punto de que el país ha desbancado a México y a España y se ha alzado en la primera mitad del año como el principal motor de los beneficios de la división de banca mayorista. Nunca había sucedido hasta ahora y no ha sido por poco. Tres de cada 10 euros ganados por BBVA Corporate & Investment Banking (CIB) entre enero y junio de 2023 proceden de Turquía. Y no es porque el negocio se haya desplomado en todo el mundo o porque los resultados hayan menguado, ya que el beneficio de esta división se ha disparado un 48% en el periodo, a tipos de cambio constantes, y ha generado 1.233 millones de euros de excedente, según muestran los datos del banco. El resultado no tiene en cuenta el ajuste contable por la hiperinflación en la que vive la economía turca, pero tampoco lo computaba en el mismo periodo del año pasado y entonces Turquía aportó el 19% del beneficio de BBVA CIB. Desde ahí el camino ha sido en vertical, porque en 2023 ha llegado al 30%. Las cuentas de Turquía en 2023 han sido mejores para BBVA no solo en banca de inversión, sino en todos los frentes. La filial Garanti ganó 525 millones en el primer semestre, cuando entre enero y junio de 2022 se quedó en 59 millones. Eso supone el 10,6% del total del grupo, descontando el centro corporativo y aquí sí, teniendo en cuenta el ajuste por hiperinflación, frente al 1,8% de un año atrás.

El gran transatlántico de la economía europea está varado desde hace meses. Alemania se sumergió en una recesión técnica en el cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023, y entre abril y junio pasados no se contrajo pero tampoco creció, mostrando un encefalograma plano. Y Bruselas vaticina que el PIB germano se contraerá un 0,4% este año fruto de la caída del consumo privado, de la pérdida de fuelle de sus exportaciones ante el debilitamiento de la demanda externa, y de la caída de la inversión, especialmente en construcción. Con este telón de fondo, el pesimismo ha cundido entre el tejido productivo germano. La confianza de los empresarios alemanes ha registrado en septiembre su quinto retroceso mensual consecutivo, de acuerdo con el índice que elabora el prestigioso Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo). Dicho indicador se ha deslizado hasta los 85,7 puntos desde los 85,8 del mes anterior, marcando su peor lectura desde agosto de 2022. “El sentimiento entre los directivos alemanes sigue siendo sombrío”, afirmó ayer el presidente del Ifo, Clemens Fuest, quien añadió que la insatisfacción de las empresas con la actual situación de negocio ha alcanzado su peor nivel desde 2020, mientras que sigue aumentando el pesimismo. “La economía alemana aún no está fuera de peligro”, alertó Clemens, en referencia a la evaluación que los empresarios germanos hacen de la actual coyuntura económica y de negocio, que ha descendido hasta los 88,7 puntos en septiembre frente a los 89 de agosto, encadenando en este caso su sexto deterioro consecutivo y marcando su nivel más bajo desde verano de 2020; es decir, en plena embestida de la pandemia de Covid.

La cuenta atrás está en marcha. El nuevo año fiscal de Estados Unidos empieza el 1 de octubre y el Congreso no ha aprobado aún las leyes que habilitan el gasto para el nuevo ejercicio. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no ha logrado para sus propuestas el apoyo del ala dura republicana, espoleada por el expresidente Donald Trump. La veintena de representantes más radicales exigen recortes drásticos de gasto que ni parte de sus compañeros de partido ni el Senado, de mayoría demócrata, están dispuestos a aceptar. Queda solo esta semana para lograr un acuerdo que parece muy difícil. Incluso la alternativa de una prórroga temporal de las partidas de gasto está de momento bloqueada, lo que amenaza con provocar el llamado cierre del Gobierno, esto es, la suspensión de parte de los servicios públicos no esenciales y del pago de los sueldos a los funcionarios de la Administración federal. La Casa Blanca se prepara para lo peor. Los representantes más radicales no se han dado por satisfechos con la apertura formal de una investigación contra el presidente, Joe Biden, como paso previo a un posible juicio político (impeachment). McCarthy lo veía como un precio a pagar para ganar puntos entre los díscolos, pero no ha servido de mucho. Es rehén del ala dura de su propio partido, que ya se rebeló contra él cuando pactó con Biden suspender por dos años el techo de deuda. Aquel acuerdo fijaba algunos recortes moderados del gasto y fue una gran victoria para Biden. El pacto llevaba implícito que se aprobasen las partidas de gasto para 2024, pero, llegado el momento, los radicales no están dispuestos. “Vuelven a las andadas, incumplen su compromiso, amenazan con más recortes y amenazan con volver a cerrar el Gobierno”, decía Biden en un reciente discurso. El sábado, en una entrega de premios organizada por los congresistas afroamericanos, recordaba que había pactado ya con McCarthy. “Ahora, un pequeño grupo de republicanos extremistas no quiere cumplir el acuerdo, por lo que todos los estadounidenses podrían verse obligados a pagar el precio. Seamos claros. Si el Gobierno se cierra, eso significa que los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses van a tener que seguir trabajando, pero sin cobrar. Un cierre del Gobierno podría afectar a todo: desde la seguridad alimentaria a la investigación del cáncer, pasando por los programas Head Start [de educación y asistencia] para niños. Financiar el Gobierno es una de las responsabilidades más básicas del Congreso. Es hora de que los republicanos empiecen a hacer el trabajo para el que los eligió Estados Unidos. Hagámoslo”.