20231002

El País Vasco solo capta 2 de cada 10 euros llegados a España en un entorno marcado por la incertidumbre internacional. Las inversiones extranjeras cada vez vienen más marcadas por la compra de empresas y no tanto por el desarrollo de nuevas infraestructuras o proyectos que logran atraerse para Euskadi. Así se desprende de los datos de la Secretaría de Estado de Comercio en su análisis del primer semestre del año publicado por el organismo del Gobierno central la pasada semana. La estadística revela que en Euskadi, con 310,7 millones de euros, la inversión extranjera se ha desplomado un 42,2% respecto a los 538 millones que llegaron desde el exterior en el mismo periodo del año pasado. Las cifras reducen al 2,59% el poder de captación de capital foráneo del País Vasco sobre el total invertido en España, que hasta el mes de junio de este año ascendió a 11.996 millones. Unos datos que sitúan a la comunidad vasca en la quinta posición por detrás de la de Madrid (63,18%), Comunidad Valenciana (18,9%), Cataluña (6,8%) y Murcia (3,15%). La caída es muy notoria respecto al pasado año, cuando Euskadi logró atraer el 16% de toda la inversión extranjera en España colocándose en la segunda posición y solo superada por la Comunidad de Madrid. Los datos evidencian el enfriamiento inversor provocado por la subida de tipos de interés. Así, en el conjunto del país las inyecciones de capital extranjero se han reducido un 26,6%, una caída importante, aunque no tan pronunciada como en Euskadi. Con ese marco, y en este momento de espera, el elemento determinante en el mapa de las inversiones brutas que viene actualizando el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo está marcado en gran medida por las operaciones corporativas. Es decir, por la compra de empresas que el capital internacional viene realizando en el País Vasco, lo que agrava la deriva de la salida del territorio de los centros de toma de decisiones. Y es que los 310,7 millones de euros recibidos en lo que va de año tienen la mayoría de su origen en Alemania y están relacionados con la operación de Siemens Energy para absorber Gamesa. 

Alemania resulta cada vez más cara como centro de producción, especialmente en comparación con EEUU y China. Además, el mercado inmobiliario afronta una ruptura abrupta. El actual Gobierno alemán ha perdido la confianza y la capacidad de abordar estos problemas. El proyecto de construcción más importante de Berlín Oeste, en plena milla de oro de Kurfürstendamm, desde hace varios meses está parado. El complejo abarca una manzana completa de usos mixtos, 80.000 metros cuadrados. Y debería haber estado terminado en verano de 2023. Actualmente es un esqueleto de hormigón, con la promotora en quiebra. Un síntoma más del desequilibrio económico que sufre Alemania. Y que se agrava por momentos. El sector inmobiliario está sufriendo un colapso como el de la burbuja de España en 2008. Es un sector con exceso de oferta en oficinas y locales. Y con la vivienda en propiedad a precios demasiado altos como para poder financiarse. Las quiebras inmobiliarias no dan tregua. La herencia de Merkel se ha convertido en un peso insoportable. Resumiendo: enorme subida de la deuda pública, gasto social disparado, aumento generalizado de impuestos, pérdida de competitividad internacional, atraso en el proceso de digitalización, servicios públicos colapsados y un precio de la energía desbocado. Las consecuencias de este panorama económico son: 1) la temible estanflación; 2) una dramática desindustrialización, 3) la caída de la inversión directa extranjera en Alemania. El Institut der Wirtschaft señala que, entre 2019 y 2022, se produjo un descenso de 132.000 millones de euros en la inversión extranjera neta, la mayor caída de los países europeos. A esta situación ha contribuido el aumento del coste de la energía y la inseguridad de abastecimiento, tras la guerra en Ucrania. Algo que está llevando a muchas empresas industriales a ubicar sus sedes y sus plantas de producción fuera del país. Se trata de la peor situación de la industria alemana desde los años cincuenta. Está en juego Alemania como eje industrial y su Estado del bienestar; no es una crisis coyuntural. 

Un total de 777 startups de 76 países de todo el mundo se han inscrito en la octava edición del programa de emprendimiento BIND 4.0 del Gobierno Vasco, con el objetivo de «desarrollar proyectos innovadores» en las áreas de industria inteligente, energía limpia y sostenible, y tecnología de la alimentación y salud. Para participar en esta octava edición, las startups serán seleccionadas por las setenta empresas partner del programa de aceleración, entre las que se encuentran Mercedes-Benz, ITP Aero, CIE Automotive, Erhardt, Danobatgroup, Iberdrola, GH Cranes, BTI Biotechnology Institute o Eroski, entre otras. La Spri explica que como «principal novedad en esta edición» se han propuesto doce casos de uso para que las startups candidatas planteen «soluciones concretas a estas necesidades».

El festival Passion for Knowledge reúne desde hoy y hasta el sábado a científicos internacionales. Passion for Knowledge (Pasión por el conocimiento), P4K, es mucho más que un congreso. Es un festival, algo así como el Zinemaldia, pero en ciencia. Uno de sus objetivos es «transmitir que la ciencia es hermosa y divertida», explicó el presidente del Donostia International Physics Center (DIPC), Pedro Miguel Etxenike. el pasado día 4, cuando presentó las jornadas que a partir de hoy y hasta el próximo sábado traerán a San Sebastián, y también a Bilbao y Beasain, a una fulgurante constelación de relevantes científicos cuyos logros han servido para aumentar nuestro conocimiento de lo que nos rodea. Serán unas fechas en las que diversión y conocimiento irán de la mano. Durante estos días Donostia acogerá a ocho premios Nobel. La alemana Özlem Türeci, descubridora de la vacuna anticovid, abre esta tarde el festival de la ciencia en el teatro Victoria Eugenia Jean Marie Lehn (Química, 1987) está considerado como el padre de la química supramolecular. Didier Queloz (Física,2019), descubrió el primer exoplaneta fuera del Sistema Solar. Sandra Myrna formó parte del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que recibió el Nobel de la Paz en 2007. Donna Strickland (Física, 2018) ha desarrollado distintos tipos de láseres que han sido de gran relevancia en la investigación óptica y han alcanzado infinidad de aplicaciones médicas. Albert Fert (Física, 2007) es uno de los descubridores de la magnetorresistencia gigante, que ha revolucionado la tecnología de los discos duros al aumentar enormemente su capacidad. Jean Pierre Sauvage (Química, 2016) investiga el diseño y síntesis de máquinas moleculares. Su equipo ideó el primer músculo molecular. George Smoot (Física, 2006) explora el origen del universo y Jack Szostak (Medicina, 2009) descubrió cómo los telómeros protegen nuestros cromosomas de la degradación, lo que marcó un antes y un después en el estudio del envejecimiento de las células.

El Preco, el servicio público gratuito de resolución de conflictos laborales en Euskadi, ha recibido en los ocho primeros meses del año un total de 450 conflictos que afectan a 101.145 trabajadores del País Vasco. Esto supone un 40,8% más de operarios que los que recurrieron en el mismo periodo del pasado año a este órgano mediador del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) del País Vasco. Según datos facilitados por el propio CRL, un total de 111 desacuerdos (+7,8%), con 12.523 operarios (-29%), provenían de Gipuzkoa, mientras 127 conflictos (+67%), con 38.893 personas implicadas (+92,5%), se localizaban en Álava. El mayor número se produjo en el territorio de Bizkaia, con 212 desavenencias planteadas en los ocho primeros meses de este año (un 38,6% más que en el mismo periodo de 2022), con 49.729 afectados (46,4% más).

La vendimia se volvió a teñir ayer de luto en Rioja Alavesa. Dos hombres de 60 y 61 años fallecieron poco después de la una de la tarde en la bodega familiar Crespo Zabala del municipio de Lanciego tras caer accidentalmente al interior de un tanque e inhalar el ‘tufo del vino’; es decir, tras respirar el tan temido dióxido de carbono que se desprende durante el proceso de fermentación alcohólica de la uva. Se trata de Gerardo Jubera y Félix Crespo, que eran cuñados y miembros de una familia muy querida en el pueblo, como evidenciaron las muestras de dolor por parte de los vecinos que se acercaron a las puertas de las instalaciones en las que ocurrió la tragedia. Según relató la alcaldesa Itziar de Álava, Gerardo se acercó al depósito para comprobar cómo evolucionaba el vino con tal mala suerte que se resbaló y cayó al interior. Un peón que se encontraba en la bodega alertó rápidamente a Félix, que en ese momento se encontraba sobre la báscula pesando la uva que se había recogido, y subió acompañado de otros dos vecinos hasta estas instalaciones donde elaboraban vino, aunque no lo embotellan. Entre todos intentaron sacar de forma manual al hombre accidentado, pero al comprobar que resultaba imposible, Félix cogió una escalera y se introdujo en el tanque con la esperanza de salvar a su cuñado. El desenlace resultó doblemente trágico. Ninguno de los dos volvió a salir con vida. «Es algo que hubiésemos hecho cualquiera para salvar a un familiar o un amigo», destacó apenada la regidora.

El futuro de las rebajas fiscales aplicadas en la factura de la luz pasa por la decisión que tome el Gobierno –el actual, en funciones, o uno constituido si finalmente así ocurre– sobre el programa de ayudas para paliar el impacto de la guerra en Ucrania y la inflación en las familias. Después de más de dos años con algunos de los tributos energéticos en mínimos, el Ejecutivo tiene que decidir si prorroga la excepcionalidad o los españoles regresan a la normalidad en sus recibos de luz y gas. La decisión no es baladí. Y menos aún cuando el veredicto final llegará en un nuevo contexto de tensión para el mercado energético. La recuperación de los impuestos que ahora se encuentran minimizados de forma excepcional supondrá un repunte de la factura de entre un 20% y un 25% con respecto al recibo ordinario, según los cálculos elaborados por los analistas del Grupo ASE. Ese repunte se explica por una normalización que restablecería los tipos habituales de tres grandes tributos. Por una parte, el IVA, cuyo gravamen se encuentra en el 5% (para los hogares con una potencia inferior a los 10 kilovatios) desde mediados de 2022. Hasta entonces ya regía un IVA reducido del 10% frente al 21% ordinario, que fue reducido doce meses antes cuando el precio de la electricidad comenzaba a dar los primeros sustos a la población en los meses previos a la guerra. El otro impuesto energético que se encuentra reducido a su mínima expresión es el Especial Eléctrico. El gravamen autorizado por el Gobierno se encuentra fijado actualmente en el 0,5% frente al 5,1% que regía habitualmente hasta que durante el año 2021 también fue acotado para hacer frente a la crisis de precios energéticos. Ese tipo del 0,5% es el mínimo que obliga a aplicar la UE. Y el tercer gran tributo que condiciona el recibo de la luz es un impuesto que abonan las compañías de generación, y no el usuario final, aunque sí se ve reflejado indirectamente en los precios de la luz al incorporar este coste en el ‘pool’ diario en el que se negocian los precios energéticos por parte de las compañías. Su tipo es del 7% sobre el valor de generación y actualmente se encuentra suspendido.

El 14 de septiembre de 2021, desatada ya la crisis de los precios de la energía por el recorte de la oferta del gas natural ruso, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que establecía un límite de subida trimestral para los consumidores con tarifa de último recurso (TUR) del gas. Según dicha norma, esta tarifa regulada, a la que tienen derecho los usuarios con un consumo inferior a 50.000 kWh anuales, no podía subir en cada trimestre más del 5% de media. Más concretamente, se imponía el tope cuando el coste de la materia prima en la fórmula de revisión trimestral superase el 15%, lo que se traducía en aquella subida límite en la factura final. De no haberse aplicado esta medida, el gas se habría incrementado casi un 38% desde el 1 de octubre de ese año, pues la materia prima se había disparado un 130%. En sucesivos RDL, el Ejecutivo fue renovando el tope, lo que se traducía en una deuda para los usuarios de la TUR a pagar de manera diferida (a partir de abril de 2022) y con intereses a las comercializadoras reguladas (CUR). Estas, por tanto, no dejarían de cobrar lo que les costaba suministrar el gas a los domésticos, sino que lo financiaban. En aquel momento con un interés del 1,4% y en la actualidad del 2,8%. Sin embargo, tras el recrudecimiento de la crisis en 2022, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno optó por hacerse cargo del agujero de la TUR del gas. Así, en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 el Ejecutivo incluyó una dotación de 3.000 millones de euros para pagar a las comercializadoras los déficits acumulados por los clientes regulados en el último trimestre de 2021, en el año 2022 y el que se generase en 2023. Fuentes del sector energético aseguran que el Gobierno prevé ampliar un año más el límite a la TUR, cuya vigencia termina el 31 de diciembre.

Las grandes compañías del sector agroalimentario y de la industria de la distribución han disparado sus márgenes sobre ventas en plena ola inflacionista. Así lo reflejan los últimos datos oficiales del Observatorio de Márgenes Empresariales, una herramienta puesta en marcha conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Economía y por el Banco de España que permite desagregar los resultados tanto por sectores como por volúmenes de ingresos. La tendencia es similar en otras actividades como la energética, la turística o la inmobiliaria, en las que las empresas con mayores cifras de ingresos también anotan máximos históricos. El observatorio analiza todo tipo de industrias, dividiendo a su vez a las compañías estudiadas en quintiles en función de sus ingresos, es decir, en cinco grupos del mismo tamaño. Esto permite ver, por ejemplo, que el 20% de las empresas agrícolas y pesqueras con mayor cifra de negocio llevaron la ratio entre el resultado bruto de explotación y sus ventas al 19,9% hasta la primera mitad del año, un récord en la serie analizada por el observatorio y que parte de 2015. La industria de la alimentación, en la que se engloban los grandes supermercados y superficies, llevó sus márgenes al 10,7%, en línea con los resultados anotados en plena pandemia, una de las épocas doradas del sector. También anotó tasas récord el comercio al por mayor de productos alimenticios, con una ratio del 10,6%. La tónica es similar en otras actividades y negocios que también están influyendo de manera notable en el alza de los precios, cuyo avance se situó en el mes de septiembre en el 3,5% anual, según el dato adelantado por el INE. Un ejemplo claro es la industria energética, que registra márgenes récord en las grandes empresas que suministran y comercializan electricidad y gas (del 26,8%) y en las compañías extractivas de gas y petróleo (del 16,9%). El sector inmobiliario, la hostelería o las agencias de viajes, entre otros, también contabilizan cifras históricas o muy cercanas al récord.

Entrevista con Elizabeth McCaul, miembro del consejo de supervisión del Banco Central Europeo. Supervisa y monitoriza minuciosamente los movimientos de la banca para asegurarse de que las entidades cuentan con suficientes colchones de capital. En un momento de incertidumbre general de la economía europea debido a la alta inflación, las continuas subidas de tipos de interés y la guerra en Ucrania, McCaul explica que el supervisor tiene todos los protocolos activados para detectar y corregir posibles turbulencias y garantizar la estabilidad financiera. "Venimos advirtiendo a los bancos desde hace tiempo que nos encontramos en tiempos de incertidumbre. Hemos hecho mucho hincapié en que estén alerta para vigilar sus carteras de crédito. Les hemos pedido que analicen sus niveles de provisiones para asegurar que tienen una visión nítida del potencial de deterioro de sus carteras. Es el momento de que los bancos inviertan en sus procesos de gestión del riesgo de crédito y en procesos de gobernanza suficientemente robustos...Hasta el momento, la resiliencia operativa de las entidades ha funcionado muy bien y sus balances han demostrado capacidad de resistencia...Si el impuesto a la banca se mantiene durante un periodo relativamente largo, puede castigar a un banco en un momento en el que los márgenes están en un mínimo cíclico y eso puede tener un efecto en su gestión general del balance. Para los préstamos concedidos en el pasado, esto haría imposible tener una visión clara en el futuro. Desde el punto de vista del supervisor, la verdadera preocupación es que los bancos entiendan claramente su margen de interés neto. Que entiendan su coste de riesgo cuando conceden préstamos, para después incentivarlos a dotar provisiones adecuadas. Creo que ese es un componente clave. Pero, por otro lado, no se trata solo de que los bancos sean atractivos para los inversores, también tienen que asumir alguna responsabilidad. Por ejemplo, han tardado demasiado en aumentar la remuneración por los depósitos..."

Pontegadea, el hólding inversor de Amancio Ortega, está compitiendo frente a la petrolera estatal tailandesa PTTEP por aliarse a Repsol en una megacartera renovable en España, según coinciden varias fuentes del mercado consultadas. La operación, conocida bajo el nombre en clave de Proyecto Ebro, consiste en la búsqueda de un socio que tome una participación de entre el 40% y el 49% en una cartera compuesta por doce proyectos eólicos y dos fotovoltaicos en fases avanzadas de desarrollo que suman 618 megavatios (MW). El objetivo es limitar la carga inversora que conlleva la puesta en operación de este tipo de proyectos en un momento en el que las subidas de los tipos de interés han encarecido notablemente la financiación bancaria tradicional. Así, las empresas consiguen mantener a raya la deuda, al tiempo que ponen en valor los activos mediante alianzas con socios de prestigio. Se sacrifica, eso sí, una parte importante del beneficio futuro que puedan proporcionar los parques de renovables. Iberdrola marcó el paso con el Proyecto Romeo, una operación semejante al Proyecto Ebro en la que se alió con el fondo soberano noruego Norges Bank. Posteriormente, también ha sellado acuerdos similares con el fondo EIP, con el grupo estatal de Abu Dabi Masdar y con GIC, el fondo soberano de Singapur, entre otros.

De 29.900 megavatios (MW) operativos que había de eólicas en junio, se pasó en apenas dos meses a 26.200 MW. Y de 17.500 MW fotovoltaicos, se pasó en unas semanas a 15.600 MW. Es decir, una criba de entre 5.000 y 6.000 megavatios, sin ninguna explicación. ¿Se han desconectado de la red por estar obsoletos? ¿Han perdido sus derechos de acceso al sistema eléctrico por haber caducado? ¿Han sido desenchufados por falta de rentabilidad? ¿O ha sido simplemente un error estadístico de Red Eléctrica (grupo Redeia), la empresa que se encarga de monitorizar esas instalaciones y de regular los flujos de electricidad que producen? Nada de eso. Es algo más sencillo de explicar. O complejo, si se tiene en cuenta las consecuencias que puede acarrear, porque va a suponer poner patas arriba todo el mercado y, probablemente, la regulación. Sencillamente ahora no se sabe qué son exactamente esos megavatios. La culpa la tiene la nueva carrera energética que han empezado todas las grandes eléctricas y grupos de renovables, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Acciona Energía, Solaria, Ecoener, Forestalia, Grenergy, Solarpack, Opdenergy y otros. Esos 5.000 megavatios “desaparecidos” están ahora dentro de lo que se conoce como proyectos de hibridación, que combinan dos o más fuentes de energía distintas, por ejemplo fotovoltaica y eólica, o fotovoltaica y baterías, o eólica y baterías. La hibridación se está usando para sacar el máximo rendimiento a los emplazamientos de las renovables y para balancear las enormes fluctuaciones que tienen eólicas y fotovoltaicas. Así, una eólica y una fotovoltaica pueden aprovechar el mismo emplazamiento y punto de conexión a la red, aunque cuente como uno. 

Un terremoto de 3,6 grados en la escala de Richter sacudió Huizinge, una localidad de 129 habitantes en la provincia de Groningen (noreste de Países Bajos), en la noche del 16 de agosto de 2012. Fue el temblor más fuerte registrado hasta la fecha en la región, inducido por la extracción de gas natural. Situado a tres kilómetros de profundidad, en esa zona se encuentra el mayor yacimiento europeo de su clase. En uso desde 1963, es la joya de la corona del suministro holandés de energía y ha financiado en gran parte el Estado de bienestar. Sin embargo, el colapso de la capa de arenisca de la que se obtiene el hidrocarburo —una operación a cargo de las petroleras Shell y ExxonMobil— ha provocado desde 1986 más de un millar de movimientos telúricos. Hasta ayer, la fecha escogida por las autoridades para cerrar la válvula, que solo podrá reactivarse de haber una ola de frío. En 2024 el campo será desmantelado. Concluyen así seis décadas de actividad que han generado en total, ajustada la inflación, cerca de 429.000 millones de ingresos. El coste humano es de otra índole. El pasado febrero, la comisión parlamentaria encargada de investigar los seísmos señaló que el Gobierno y las petroleras primaron los intereses económicos y Países Bajos “tiene una deuda de honor con Groningen”. “Debe a sus habitantes dinero, perspectivas de futuro y atención”, señalaba un informe. El Ejecutivo ofreció 22.000 millones repartidos en 30 años, y un organismo oficial atiende las demandas por daños materiales y el sufrimiento padecido. Comparados con otros terremotos, estos parecen pequeños. Pero el efecto es mayor porque no ocurren a mucha profundidad y el suelo es arcilloso.

Los primeros ejecutivos de veinte de las mayores operadoras de telecomunicaciones de Europa, entre los que se encuentran José María Álvarez-Pallete, el presidente ejecutivo de Telefónica; Tim Höttges, CEO de Deutsche Telekom; Christel Heydamann, CEO de Orange; y Margherita della Valle, CEO de Vodafone, han hecho público un documento destinado a la clase política de Europa en el que reclaman un cambio total en el marco regulatorio y exigen a los responsables políticos que garanticen una contribución justa de las empresas –las grandes tecnológicas– que más se benefician de la infraestructura que construyen y explotan las telecos, según Financial Times. Las grandes tecnológicas que se benefician del tráfico creciente son empresas estadounidenses como Alphabet (Google), Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix, o la china TikTok que sumadas suponen más de la mitad del tráfico de datos que cursan las telecos. La Contribución Justa o Fair Share es una iniciativa de las telecos europeas –que se va extendiendo en otras geografías, como Corea del Sur y EEUU– por la que las telecos exigen que la media docena de grandes empresas tecnológicas o BigTech, que son las generadoras de más de la mitad del tráfico creciente que inunda las redes, contribuyan financieramente a sostener las inversiones que las operadoras se ven obligadas a realizar –sin ningún retorno económico para ellas– para poder atender ese boom incesante del tráfico, tanto en las redes fijas como en las móviles.

España prepara la maquinaria necesaria para comenzar a canalizar los 84.000 millones de euros en créditos blandos que la Unión Europea ultima entregarle como parte del programa Next Generation. Cerca de la mitad del montante, revelan fuentes oficiales, será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que los distribuirá a través de cinco grandes fondos de financiación a empresas en ámbitos de transición medioambiental, inversión productiva y emprendimiento, sector audiovisual, vivienda social y tecnología. En total, el ICO asumirá 39.500 millones que canalizará apoyándose en la banca, aprovechando su amplia red de territorial de oficinas y su experiencia en la evaluación del perfil de riesgo de las empresas demandantes. De las cinco grandes líneas de financiación a través de las que el ICO distribuirá los préstamos blandos de la Unión Europea destaca la dirigida a inversiones ligadas a la transición energética, que alcanzará los 22.000 millones. La dotación permitirá sufragar inversiones sostenibles efectuadas por empresas de cualquier sector y tamaño; organismos públicos y hogares, incluyendo las ligadas a reducir el consumo energético, uso de fuentes limpias, la descarbonización industrial o el transporte sostenible. Así, por ejemplo, una pyme podrá aprovechar esta línea para renovar su flota de vehículos, al sustituir modelos contaminantes por eléctricos, o mejorar la eficiencia energética de su establecimiento u oficina. El segundo paquete de créditos gestionado por el ICO se centrará en cubrir inversiones productivas de todo tipo de empresas, independientemente de su actividad y ubicación geográfica, con especial atención a pymes y autónomos. Contará con 7.000 millones de euros de los que 1.000 se reservarán para el sector turístico.

Las medidas aprobadas a última —ultimísima— hora en el Congreso en Washington han evitado el cierre del Gobierno de Estados Unidos. Pero la ley firmada por el presidente Joe Biden a pocos minutos antes de la medianoche del sábado, que permite financiar temporalmente el funcionamiento de las instituciones federales, ha dejado a una víctima por el camino: Ucrania. La medida —presentada por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, y refrendada por el Senado, de mayoría demócrata— excluye fondos para continuar la asistencia militar al país invadido por Rusia. Los partidarios de esa ayuda, clara mayoría de los dos partidos en el Capitolio —el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, es uno de sus defensores más entusiastas— han prometido que en los próximos días presentarán de nuevo una propuesta de fondos. Pero algo ha quedado claro en las negociaciones y votos a lo largo de esta semana de órdago del ala dura republicana: la resistencia de los republicanos radicales a continuar la ayuda al Gobierno de Volodímir Zelenski es cada vez más firme y se extiende más entre las filas de ese partido, especialmente en la Cámara baja. Es una perspectiva que, de cara al futuro, preocupa mucho en la Casa Blanca y entre los partidarios de la ayuda a Kiev.