20231114

El número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social ascendió a 57.777 en octubre, 218 menos que en septiembre de este año y 71 por debajo de las existentes en el mismo mes del año pasado. Ese descenso en términos interanuales supone retomar la senda negativa tras dos meses de subidas y es el peor dato para un mes de octubre, según el último boletín elaborado por Confebask sobre la evolución del tejido empresarial vasco publicado ayer. La patronal vasca constata en su boletín que respecto a febrero de 2020, al comienzo de la pandemia, todavía hay en Euskadi 1.116 empresas menos (-1,9%). Por sectores, y tomando como referencia las cifras existentes antes de la pandemia, las caídas «más intensas» siguen registrándose en Industria (-4,4% y 294 empresas menos), seguido de Servicios (-1,7% y 798 empresas menos), mientras que en Construcción se registran 68 empresas más que en febrero de 2020, un 1,3% más. En cuanto al número de autónomos, creció en octubre en Euskadi en 629, quedando el total en 167.164, con un descenso interanual del 1,1%. Ver más en Confebask

El Gobierno se pondrá de inmediato manos a la obra para llevar a cabo una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que beneficiaría a más de 2,5 millones de trabajadores. En realidad esta fue casi que la primera gran decisión que tomó Pedro Sánchez cuando llegó a La Moncloa en la anterior legislatura y su intención parece que es repetir de nuevo este mismo golpe de efecto. Así se desprende de las palabras pronunciadas ayer por la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, con las que, además, parece que da por seguro que se mantendrá al frente del Ministerio de Trabajo o, como mínimo, que esta cartera seguirá en manos de Sumar. «Con carácter inmediato vamos a convocar a los agentes sociales para seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional», prometió ayer Díaz durante la reunión que mantuvo en el Congreso con los 31 diputados de Sumar de cara a preparar la coordinación del grupo parlamentario para la sesión de investidura y la legislatura. Pero mucho han cambiado las cosas desde aquel 2020 cuando, sin haber pasado siquiera un mes tras ser investido presidente, la primera gran decisión de Sánchez fue subir de 900 a 950 euros el salario mínimo, con el compromiso de situarlo en el 60% del salario medio. Esta medida se produjo además con acuerdo en la mesa del diálogo social, algo que se da prácticamente por descartado esta vez. La patronal CEOE, o mucho cambia la situación, o no estampará su firma en ningún documento para elevar de nuevo el salario de los trabajadores que menos ganan. Las relaciones entre los empresarios y La Moncloa están prácticamente rotas. 

El sindicato UGT presentó ayer un informe que analiza cómo y cuánto se despide en España, que termina con una serie de propuestas que marcan la posición del sindicato. Las claves son la recuperación de los salarios de tramitación, de los 45 días de indemnización (frente a los 33 actuales), una compensación mínima de al menos seis meses que compense las relaciones laborales cortas y una reparación por daños. “Una de las cuestiones pendientes en la reforma laboral fue el despido. Queremos situarlo entre los temas fundamentales que deben ser objeto de debate”, ha dicho este lunes en rueda de prensa el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Ha asegurado que el acelerón en los despidos anuales (476.000 en lo que llevamos de 2023, un 40% más que promedio que hace un año) por la reforma laboral, dado el desplome de los contratos temporales, justifica la urgencia de la reforma. Muchos de ellos son “caprichosos, sin una causa clara”, reflexionó. “Queremos romper los tópicos habituales en nuestro país, como el que dice que despedir es caro”, El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, repasó los datos que sustentan esta afirmación. “No es cierto que en España sea más caro despedir que en el resto de Europa. Para valorarlo no nos podemos limitar a la indemnización tasada”. Así, el sistema tasado en días de España sí está entre los que más protege. Pero, como señala el informe, esto genera un esquema a dos velocidades: la de trabajadores muy protegidos que llevan mucho tiempo en la empresa, y la de los que llevan menos. El informe toma como referencia el índice de rigidez del despido de la OCDE. Según esta fuente, España (2,05) protege peor que la media y sustancialmente menos que Países Bajos (3,61), República Checa (326), Portugal (3,14) o Alemania (2,6). El informe señala que “España es el país de la OCDE que más ha reducido la protección frente al despido arbitrario” en los últimos años. 

Los empresarios han querido dejar constancia de su oposición a los pactos de investidura a los que el PSOE ha llegado en los últimos días con Junts, ERC, PNV, BNG o CC, además de Sumar, para alertar de la «preocupante situación» a la que se enfrenta España en materia económica. Lo ha reflejado en un duro comunicado en el que las patronales alertan de que con el contenido de estos acuerdos «se está creando un clima de negocios cada vez más complicado» en el que «es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo». La reacción de la CEOE, presidida por Antonio Garamendi, salió a la luz después del comité ejecutivo extraordinario convocado para este lunes en el que, junto a Cepyme y ATA, consensuaron una respuesta a esos pactos cuando apenas quedan 48 horas para el inicio de la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El texto fue acordado «sin oposición» y «de forma unánime», apuntan diversas fuentes de la patronal, dejando claro que incluso los empresarios catalanes con presencia en ese comité no mostraron oposición alguna. Los empresarios consideran que todos esos acuerdos –con el de la amnistía como abanderado– suponen «una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española». De hecho, muestran su «preocupación» por «la falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva y, en general, el menosprecio del diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados en materia laboral». Lo hacen mirando a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, cuya relación con la patronal se ha ido deteriorando en los últimos meses por cuestiones como el salario mínimo. La patronal celebró ayer un comité ejecutivo extraordinario en el que alertaron del «complicado clima» empresarial. Ver comunicado de CEOE. 

 Siemens Energy ha pedido ayuda financiera al Gobierno español para poder armar su plan de reflotamiento de la compañía, lastrada precisamente por la crisis que atraviesa su filial Siemens Gamesa, con sede en el País Vasco. La multinacional germana ya había reclamado el respaldo del Gobierno alemán con una petición de 15.000 millones en avales, que el gabinete de Olaf Scholz parece dispuesto a conceder, según trascendió la pasada semana. Fuentes de toda solvencia han confirmado que los máximos responsables de la compañía se han dirigido también al Gobierno español en busca de un respaldo financiero que superaría los 3.000 millones de euros. También se materializaría en avales y, a cambio, la multinacional se comprometería a mantener su actividad industrial en España, muy afectada por los problemas en su división de generación eólica terrestre. Aunque los contactos de la compañía con la Administración española han sido múltiples, las negociaciones se han centrado en los ministerios de Economía y en Industria, que dirigen Nadia Calviño y Héctor Gómez, respectivamente. La multinacional presenta mañana miércoles sus resultados del último ejercicio fiscal y con toda seguridad serán escandalosamente malos. Las últimas estimaciones apuntaban a unas pérdidas de 4.500 millones de euros, pero la cifra puede ser aún mayor. Pese al buen desempeño de sus áreas de negocio más tradicionales, ligadas a instalaciones energéticas convencionales –que han experimentado un resurgir en el mercado tras una profunda crisis–, los problemas de Siemens Gamesa han abierto una profunda sima en la cuenta de resultados. 

Siemens Gamesa (SG) abandona el proyecto que suponía su desembarco industrial en Estados Unidos en el segmento de eólica marina. El país norteamericano solo cuenta con un pequeño parque de offshore, de poco más de 14 MW de capacidad, frente a sus dos costas oceánicas, así que la posibilidad de explotación de este recurso natural es inmensa. Con este escenario, alentado por el plan IRA de Joe Biden que busca la reindustrialización de EE UU, Siemens Energy (SE), accionista al 100% de SG, había aprobado la construcción de una fábrica de palas para turbinas offshore con una inversión de 200 millones de dólares, cerca de 187 millones de euros con el actual tipo de cambio. Tiene otros dos centros en EE UU, pero centrados en las turbinas terrestres y que producen componentes como palas y nacelles. Varios factores se han vuelto en contra del proyecto. El primero, la propia crisis de SG, que puede provocar que este año Siemens Energy registre unas pérdidas históricas de más de 4.500 millones. No está el balance para alegrías. El grupo ha tenido que recurrir al Gobierno alemán para que actúe como avalista principal de un plan de financiación de 15.000 para intentar rentabilizar la división eólica. En segundo lugar, las inversiones en eólica marina se han frenado por los trámites burocráticos (cada estado de EE UU es un país en sí mismo, con sus propias normativas). Además, los costes se han incrementado un 30% en los costes y los márgenes de rentabilidad se alejan de unos proyectos que requieren inversiones de miles de millones.

En un contexto en el que «las crisis se han concatenado una detrás de otra» es más necesario que nunca una «estrategia industrial y económica compartida» y que «dé una respuesta eficaz desde el modelo de colaboración público-privada». Así lo expresó ayer el lehendakari. Iñigo Urkullu, en la inauguración del ‘Basque Open Industry’ en el Bilbao Exhibition Center (BEC). Un evento que congrega hasta hoy a más de 2.100 personas con más de 150 expositores y conferencias que analizan las claves del sector. Una cita que, para Urkullu, hace de «Euskadi, la capital europea de la industria». El evento llega en un momento clave, ya que la industria vasca afronta el proceso desaceleración económica cuando estaba a punto de recuperar los niveles de producción de prepandemia. Una situación en la que la digitalización, la fabricación flexible, la industria 4.0 o la Inteligencia Artificial cobran especial valor para dotar a la actividad de las empresas de mayor valor añadido y más competitividad. Urkullu defendió la necesidad de «compartir conocimiento y experiencia» y reivindicado, en su intervención, las acciones públicas previstas en el proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco para 2024. Unas cuentas que contemplan 700 millones destinados a Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de los 2.000 millones contemplados para inversión. Así como un conjunto de 850 millones para impulsar la economía.

Euskadi sabe mucho de cooperativas, sociedades laborales y otras formas de economía social, hasta el punto de que se ha convertido en un referente no solo a nivel europeo sino también mundial. Un ámbito en el que el País Vasco puede sacar pecho, como quedó patente ayer durante la inauguración de la Conferencia Europea de la Economía Social que se está celebrando hasta hoy en Donostia bajo el lema ‘Economía Social, personas, planeta, acción’ y que reúne a medio millar de participantes, con motivo de la capitalidad de este ámbito de la economía que ha recaído en San Sebastián. El comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, el luxemburgués Nicolas Schmit, puso de hecho a «Euskadi como ejemplo de la Economía Social, en estos tiempos difíciles que requieren de nuevos modelos y paradigmas». Un modelo, añadió, «del que hay claras evidencias de que funciona y que es una garantía de prosperidad, innovación y solidaridad». Y no solo es una referencia del presente, sino también del futuro, «de la economía del mañana, donde son importantes los cuidados y la sociedad», remarcó, al tiempo que incidió en que «es un modelo que se asienta en la solidaridad, que es y va a ser muy importante en adelante. Es el camino para una sociedad mejor y más resiliente», recalcó Schmit. La viceconsejera de Trabajo y Seguridad del Gobierno Vasco, Elena Pérez, ofreció datos sobre el peso de la Economía Social en Euskadi, donde da empleo a 87.000 personas, supone el 10% del PIB al tiempo que «atraviesa todos los sectores y proporciona capilaridad en la sociedad que se traduce en cohesión». Tras destacar entre otras cuestiones el impulso que se le ha dado a la Economía Social con la nueva ley de Cooperativas, indicó que la estrategia 2030 identifica la Economía Social «como una de nuestras fortalezas competitivas y nuevo emprendimiento». Pero fue más allá y ofreció el impulso del Departamento de Trabajo y Empleo para la constitución de un HUB de vanguardia sobre la Economía Social que sea «una referencia para Europa en la identificación de estrategias de economía inclusiva, sostenible, solidaria, participativa y colaborativa y que ofrezca nuevos modelos de emprendimiento colectivo».

La salida del Tour generó en Euskadi un impacto económico de casi 104 millones. Multiplica por ocho y medio el dinero invertido por las instituciones implicadas en la organización de un evento que durante tres días abarrotó los arcenes de las carreteras del territorio. Se estima que un millón de personas vieron en directo el paso de los corredores durante la Grand Dèpart en el arranque de julio. Un tercio fueron turistas que llegaron atraídos por el nivel deportivo y el glamour de la ronda gala. El Gobierno vasco, las tres diputaciones y los ayuntamientos de las capitales comparecieron conjuntamente ayer en el Palacio Euskalduna de Bilbao, una imagen que se puede ver muy de vez en cuando, para presentar el balance oficial. Y congratularse de los réditos, todos positivos en su opinión. Algo más de cuatro meses han pasado desde que se diera el pistoletazo de salida a aquella histórica primera etapa desde San Mamés que terminó en el Parque de Etxebarria tras serpentear por media Bizkaia. La segunda unió Vitoria y San Sebastián, y la tercera partió de Amorebieta hacia Francia. Unas jornadas «que quedarán en la memoria de mucha gente durante mucho tiempo», se felicitó el consejero de Cultura y Política Lingüística Bingen Zupiria. El portavoz del Ejecutivo autonómico ejerció ayer de portavoz de todas las instituciones. Aunque Zupiria ya había dado en verano algunas pinceladas sobre la repercusión de la Grande Boucle, ha sido la consultora Ikertalde la que ha estado elaborando un exhaustivo análisis que, para empezar, supera las previsiones económicas que se habían anunciado. Se esperaba que los 12,2 millones de dinero público destinados a organizar y promocionar la Grand Dèpart tuvieran un retorno seis veces superior. Según lo anunciado, el impacto directo ha sido de 16,8 millones. Son los que han recibido las empresas que han participado en la organización. El 92% de los 113 contratos se los quedaron firmas vascas.

Nuevo récord en el aeropuerto de Bilbao. ‘La Paloma’ registró 611.659 pasajeros el mes pasado, lo que supone el mejor octubre de la historia de la terminal. Estas cifras son un 18,3% superiores a las obtenidas en 2022 durante el mismo periodo. En total, ya son 5,4 millones de personas las que han pasado este año por el aeródromo de Loiu. Estos registros, unidos a los de los últimos meses, confirman que el aeropuerto avanza a velocidad de crucero hacia un nuevo récord anual, que estará por encima de la barrera psicológica de los seis millones. El anterior máximo data de 2019, cuando 5,9 millones de pasajeros tomaron un vuelo con salida o llegada a Bilbao. Al igual que ocurrió durante el verano, es el empuje del turismo internacional lo que lanza al aeródromo vizcaíno a números nunca vistos. Mientras en octubre el tráfico nacional creció en un 7,7%, con lo que los pasajeros españoles ascendieron a un total 350.599, los viajeros internacionales fueron 259.784, lo que supone un crecimiento en el último año del 36,9%. Los movimientos de aterrizaje y despegue fueron 5.016 durante octubre, de nuevo una cifra récord para estas fechas, lo que supone un incremento del 12,8% en comparación con el mismo mes de 2022. En lo que va de año, la infraestructura vizcaína ha gestionado 43.989 vuelos que han entrado o salido de Loiu, un 15,1% más. Los números récord de ‘La Paloma’ son compartidos por la mayoría de aeródromos de la red de Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (Aena), lo que muestra la buena salud del transporte aéreo a pesar de la inflación.

La IA afecta a todos los sectores y el comercio minorista no es una excepción. Los analistas han estimado que el gasto anual en IA por parte de los ‘retailers’ superó los 7.000 millones de euros el pasado año, según Capgemini. «Hasta ahora, el coste era demasiado alto, pero la IA generativa ha democratizado su uso», apunta Ángel Delgado, ingeniero de Machine Learning en Paradigma Digital. De hecho, tres cuartas partes de los negocios minoristas hacen uso de esta tecnología con una orientación al consumidor. Algunos estudios elevan hasta el 85% de las relaciones entre cliente y comercio estarán gestionadas sin la mediación humana. El comercio ‘online’ ha aprovechado las mejores herramientas de la IA. La personalización ha sido una de ellas. Desde no hace mucho tiempo, esta característica era sinónimo de ser recibido en la tienda virtual con el nombre de usuario registrado. Sin embargo, con el paso de los años y gracias al ‘big data’ y la IA, la individualización de estos negocios ha llegado hasta ofrecer productos afines a los gustos de cada consumidor. Pero el uso de estas herramientas no es exclusivo de los comercios en internet, también son aplicables en las tiendas físicas. A finales de los 90 y antes de la irrupción del ‘ecommerce’, las herramientas de aprendizaje automático, a través del minado de datos, analizaron los ‘tickets’ de compra de centenares de clientes en un supermercado estadounidense. Gracias a este análisis descubrieron una correlación entre la venta de pañales y cervezas, ya que los padres jóvenes aprovechaban las compras de estos productos infantiles para su ocio.

El grupo cooperativista Ulma va a seguir una tendencia cada vez más extendida en el sector industrial guipuzcoano y afronta el inminente salto al sector Salud. Lo hará con el lanzamiento de Ulma Medical Technologies, una iniciativa que desarrolla soluciones basadas en Inteligencia Artificial para dar respuesta temprana a problemas de salud con fuerte impacto en la sociedad como la diabetes y su impacto en la visión, según ha podido saber este periódico. Este nuevo reto de la compañía con sede en Oñati, y una de las mayores empresas de Gipuzkoa, será presentado en sociedad este viernes en el bilbaíno Museo Guggenheim. Ulma Medical Technologies es el resultado de un proceso de investigación y desarrollo que ha durado más de diez años y ha supuesto una inversión superior a los cinco millones de euros. El proyecto nace con la convicción de que la innovación tecnológica proporciona nuevas soluciones más eficaces en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. En todo caso, Ulma Medical Technologies no se convertirá en una nueva división de la cooperativa oñatiarra, al estilo de las nueve que posee actualmente dedicadas en su mayoría a actividades industriales como construcción, envasado, logística o agrícola. El grupo cooperativista presenta su salto al sector de Salud coincidiendo con la conmemoración hoy del Día Mundial de la Diabetes. Y es que el primer gran proyecto de Ulma Medical Technologies consiste en una solución pionera basada en inteligencia artificial para prevenir afecciones visuales de la diabetes.

Las cotizadas del Ibex 35 consiguen desmarcarse de la desaceleración y trimestre a trimestre siguen aumentando sus beneficios a buen ritmo. La bancarización del selectivo y la recuperación del turismo están siendo las señas de identidad de 2023, un ejercicio en el que las economías empiezan a notar los efectos del ajuste monetario, pero cuyo impacto aún no está mermando las ganancias del selectivo. Si bien los resultados de los nueve primeros meses se han visto distorsionados por la caída del gigante ArcelorMittal, excluyendo a la acerera el beneficio neto de las cotizadas que han hecho públicas sus cuentas (faltan Merlin e Inditex) aumentó en su conjunto un 15,44%, hasta los 35.643,47 millones. Esta cifra supera los 26.087 millones registrados en el mismo periodo de 2019. Por su parte, el resultado bruto de explotación cayó un 12,41%, hasta los 51.352,14 millones, descenso que se modera al 2,33% (45-461,3 millones) si no se incluye Arcelor. Una vez que las cotizadas del Ibex han dado carpetazo a la pandemia, el reto pasa ahora por mantener el ritmo de crecimiento de los dos últimos años y superar los beneficios de 2022, un ejercicio en el que el beneficio conjunto alcanzó los 58.000 millones, el segundo mejor año de su historia. El consenso de los analistas de Bloomberg arroja un beneficio para el conjunto del año de 56.248 millones.

Zegona, la firma financiera que ha llegado a un acuerdo para comprar Vodafone España, prevé llevar a cabo en la teleco despidos y cierre de tiendas, entre las medidas que planea para mejorar la rentabilidad de Vodafone España una vez que tome el control, según documentos presentados a la Bolsa de Londres. Zegona señala que hay una serie de áreas en las que prevé actuar para reducir la base de costes, que considera más alta que la industria y, especialmente, que Euskaltel en la época es que estaba gestionada por la firma británica. Entre las medidas de ahorro señala textualmente el de costes de personal y explica que prevé “considerar un programa de despidos específico para reducir los costos de personal” que suponen un 7,1% de los ingresos en el último ejercicio –finalizado en marzo de 2023–, lo que supone, según Zegona, un 16% más que el impacto que suponía en Euskaltel. Esta previsión de despidos contradice las declaraciones públicas de Eamonn O’Hare, el presidente de Zegona, el pasado 31 de octubre, tras cerrar la compra de Vodafone. La filial de la teleco británica ha aplicado cuatro planes de reducciones de plantilla (ERE) en España en los últimos ocho años. Además del recorte de empleo, Zegona también prevé reducir la base de costes y de inversiones con el cierre de las tiendas menos productivas, dentro de un esfuerzo por reducir el coste de adquisición de cada cliente, un parámetro denominado SAC en la industria, que en el caso de Vodafone se elevó a 339 euros por cliente en el ejercicio 2022-2023. Para reducir ese coste –que considera un 38% más alto que el que tenía Euskaltel–, prevé elevar el porcentaje de clientes que se capten por los canales digitales (la web Vodafone.es, y las app Mi Vodafone y Mi Lowi). 

Holaluz se encuentra en una situación complicada debido a la desaceleración del mercado residencial de placas solares. La compañía energética, dedicada a la venta de electricidad y a la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo y generación distribuida, anunció ayer la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 200 trabajadores, aproximadamente el 27% de su plantilla. El recorte impactará en los equipos de instalación, ventas y apoyo a las operaciones solares, y llega después de que ya se hayan producido alrededor de 50 salidas individuales a lo largo de este año. Con estas medidas, el grupo pretende pasar de casi 800 a unos 500 empleados. Holaluz justificó ayer el tijeretazo para “seguir con la adaptación de la compañía a las necesidades reales y actuales del mercado”. Según la empresa dirigida por Carlota Pi, “los tipos de interés elevados y una falsa sensación de moderación de precios”, provocada por las subvenciones del Gobierno a la luz como la reducción temporal del IVA del 21% al 5%, “han ralentizado la toma de decisiones” de los particulares de cara a invertir en placas solares. Así, el mercado ha caído entre un 25% y un 50% respecto a 2022, cuando parecía que la tendencia iba a seguir in crescendo. A este hecho también han contribuido las ofertas agresivas que están lanzando las grandes petroleras y gasistas tras un último ejercicio de récord, lo que les permite ahora ofrecer paquetes “por debajo del precio de mercado”. El negocio fotovoltaico de Holaluz, en el que entró hace tres años, es deficitario. La compañía lo financia con su actividad de venta de electricidad. Sin embargo, forma parte integral de su apuesta por la generación distribuida con la idea de hacer de cada hogar un centro de producción, almacenamiento y distribución de energía.

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, avisa a la banca de los primeros deterioros. Durante su intervención ayer en unas jornadas financieras celebradas en Fráncfort, Guindos detalló que el supervisor ya ha empezado a observar deterioros en las carteras de créditos, sobre todo en empresas pequeñas y en el sector inmobiliario. “Si bien los indicadores de calidad de los activos han sido sólidos durante el último año, los primeros signos de deterioro se están volviendo visibles, particularmente en las empresas más pequeñas y en algunos sectores como el inmobiliario comercial”, apuntó. Igualmente, detalló que a pesar de los beneficios (en muchos casos históricos) que están obteniendo los bancos desde el año pasado, las cotizaciones en Bolsa se mantienen por debajo del valor en libros, lo que podría reflejar que el mercado descuenta un entorno macroeconómico más complicado. “Esto parece reflejar preocupaciones persistentes sobre la sostenibilidad a largo plazo de las ganancias de los bancos, ya que enfrentan mayores riesgos debido a la perspectiva de un deterioro de la calidad de los activos, menores volúmenes de préstamos y mayores costos de financiamiento”, expresó Guindos. En todo caso, Guindos ha querido tranquilizar al explicar que el sistema bancario de la zona del euro ha sido una fuente de resiliencia en este año turbulento. Así, ha asegurado que las reservas de capital y liquidez de los bancos siguen siendo sólidas, y que la rentabilidad ha mejorado aún más en los últimos trimestres gracias a los ingresos más altos por el alza de tipos de interés.

La reconversión de la industria española del motor para producir vehículos a pilas parece no tener ya marcha atrás. Todas las marcas con presencia industrial en España han aprovechado las ayudas europeas para asegurarse líneas de producción de un componente que representa una tercera parte del coste de un coche eléctrico: la batería. Stellantis, Seat, Ford y Renault han tirado del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del vehículo eléctrico (PerteVEC) para asegurarse en conjunto casi 100 millones de euros de subsidios a fondo perdido para poner en marcha líneas de ensamblaje de baterías eléctricas, a los que se suman tres gigafactorías que les suministrarán las pilas que se conectan en esas baterías. La convocatoria cerrada la semana pasada por el Ministerio de Industria ha logrado el fin que perseguía: crear ese primer cordón de protección de las fábricas españolas ante la disrupción del sector, que necesitaban instalaciones cercanas para ahorrar en un componente crítico como las baterías, pero también pesado y costoso de transportar. En esta línea de ayudas se han repartido 550 millones de euros, que se añaden a los 877 millones repartidos en 2022 en la primera convocatoria de este Perte, menos de un 30% de lo que se pretendía, lo que ha obligado a habilitar nuevas ventanas. Como contrapartida a esas inversiones, han sido más discretos los proyectos que no están tan cerca de las cadenas de ensamblaje de vehículos. Actividades como la extracción y el tratamiento de minerales o el reciclaje de baterías ya usadas, que en el futuro pueden ser un importante campo de negocio ante la falta y el encarecimiento de materias primas, apenas han captado una cuarta parte de los fondos Next Generation repartidos en esta convocatoria, que cuenta con dos patas: una centrada en la cadena de valor de la batería eléctrica (550 millones en total además de los créditos) y otra más centrada en la producción de vehículos y de componentes (344 millones en subsidios y 215 millones en créditos blandos).

El Tribunal Supremo (TS) respalda la posición de las empresas y avala la deducción en el Impuesto sobre Sociedades (IS) de las retribuciones a los altos directivos cuando forman parte también del consejo de administración de la compañía. El Supremo afianza así este beneficio fiscal y rechaza el criterio de la Administración, que entendía que la relación laboral de estos profesionales quedaba absorbida por la relación mercantil. Un nuevo fallo consolida y refuerza la doctrina que el Tribunal ya había expresado este mismo año, cuando en junio rechazó que estas cantidades percibidas por los administradores fueran una liberalidad fiscalmente no deducible. Ahora, el Supremo amplía este criterio de admisibilidad en la deducibilidad de estas cantidades. La sentencia subraya que “resultan deducibles en el Impuesto sobre Sociedades las retribuciones satisfechas a los directores generales de las sociedades, con contrato laboral de alta dirección que, al mismo tiempo, formen parte como vocales de los Consejos de Administración de las mismas, siempre y cuando correspondan con una prestación de servicios reales, efectivos y no discutidos”. Daniel Tarroja, socio responsable del área de Tax Litigation de Crowe Spain y profesor del CEF-UDIMA, es quien ha llevado la dirección letrada de este nuevo asunto. “Con este segundo pronunciamiento del Tribunal Supremo en lo que va de año, se consolida el cambio de criterio efectuado en su anterior sentencia de junio de 2023, por lo que ya podemos hablar de criterio consolidado y de pacificación necesaria de una cuestión que lleva demasiados años perturbando a las compañías de nuestro país”, explica el abogado. “El criterio establecido por el Supremo lo podemos resumir en una premisa básica: la retribución de un Alto Directivo que al mismo tiempo forma parte del Consejo de Administración, no puede considerarse en ningún caso como una liberalidad o gasto no deducible en sede de la entidad”, apunta el especialista.

La polémica ley de amnistía del ‘procés’, aceptada por Pedro Sánchez como moneda de cambio para su investidura después de años de defender su inconstitucionalidad, está ya a punto de iniciar su singladura en el Congreso de los Diputados. Los socialistas, que tenían intención de registrar la norma en el Congreso junto a todos sus socios, a excepción de Coalición Canaria, lo hicieron finalmente en torno a las 18.00 horas de ayer en solitario después de que ERC alegara que veía preciso pulir algún «fleco técnico». El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, dio por sentado, no obstante, que el texto, que ahora se pretende tramitar por el procedimiento de urgencia, saldrá adelante por mayoría absoluta de 178 votos (PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Bildu y BNG) en «unas semanas» y que Sánchez será reelegido sin problemas el jueves. Los socialistas han pasado meses negociando el alcance de esta medida contestada de antemano por la oposición, por algunos (no muchos) sectores del PSOE y por buena parte del mundo judicial con el partido del prófugo Carles Puigdemont, uno de sus principales beneficiarios, y también los republicanos, que, no obstante, ya advirtieron la semana pasada, después de que se diera a conocer el acuerdo entre socialistas y posconvergentes, de que exigirían una última revisión. Finalmente, como demandaban los partidos independentistas, el conjunto de delitos amparados por la norma será amplio. Y el plazo del que dispongan los tribunales para aplicar la ley, breve: un «máximo» de dos meses a partir de su aprobación. La proposición de ley –entregada para su lectura a aliados como el PNV o Bildu ayer mismo, tan solo minutos antes de que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, convocara oficialmente para este miércoles y jueves la investidura– fija como amnistiables «todos los actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, (...) entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023».

1 Existen precedentes. La proposición insiste en presentar la amnistía como parte de la tradición jurídica española. «La amnistía ha sido utilizada en numerosas ocasiones en nuestra tradición jurídica. No es una vía novedosa, cuenta con numerosos precedentes en España. El más importante, pero no el único, es la Ley de Amnistía de 1977», apunta el documento. 2en La figura de la amnistía existe Europa. Los proponentes subrayan que esta figura «se reconoce en el orden constitucional de buena parte de los países de nuestro entorno geográfico e influencia jurídica». Y en particular citan a Italia, Francia o Portugal, «que han aplicado esta medida en diversas ocasiones». 3 Está amparada por Europa. El texto intenta conjurar uno de los grandes miedos del PSOE y sus socios: el no de Europa. Por ello, sostiene que una amnistía estaría amparada por la legislación europea, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la validez y oportunidad política de la amnistía, «fijando como límite las graves violaciones de los derechos humanos»...