20231201

Primero fue el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, el que advirtió de que el gravamen especial implantado en España a las compañías energéticas y el deseo de transformarlo de extraordinario en permanente –un compromiso recogido en el pacto PSOE-Sumar para la investidura de Pedro Sánchez– ponía en peligro inversiones futuras de Repsol. Más tarde fue el presidente de la filial Petronor, Emiliano López Atxurra, quien realizó una advertencia similar. Ayer incidió en la misma advertencia el presidente de la compañía, Antonio Brufau, quien cuestionó el futuro de 1.500 millones de inversión del grupo en proyectos relacionados con el Hidrógeno. Brufau, que participó en la presentación de una nueva cátedra en la Universidad de Navarra, aseguró que esos millones de inversión están condicionados «a una cosa que se llama estabilidad. Estabilidad jurídica y estabilidad fiscal. Si nosotros tenemos que tener un impuesto que no tienen los franceses o los portugueses para producir hidrógeno, pues seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o a Francia», dijo. Brufau insistió también en recordar que las inversiones en el sector de la energía se hacen pensando en décadas, porque requieren un amplio periodo de maduración. «O se hacen en un marco de estabilidad, en un marco fiscal atractivo, competitivo con el resto de regiones próximas a nosotros o no volarán. Y esperemos que puedan volar».

La multinacional siderúrgica ArcelorMittal ha planteado la salida de unos 440 trabajadores de su plantilla en el Estado nacidos entre 1962 y 1963 y sin aplicar el contrato relevo, una decisión que vincula a la inversión que deberá acometer para afrontar la puesta en marcha del horno eléctrico híbrido de Gijón, vinculado a su proceso de descarbonización. Según han indicado a Efe fuentes sindicales, la dirección de la siderúrgica se ha reunido en la planta de Etxebarri (Bizkaia) con los sindicatos en la Comisión Negociadora del Empleo donde se ha planteado ese número de salidas por la vía de un Expediente de Extinción de Empleo (ERE) pactado para poder acceder a las ayudas públicas disponibles en este tipo de casos. Hasta ahora, el contrato relevo, vigente desde hace veinte años, permitía la prejubilación del personal con 61 años y la entrada de eventuales para ocupar sus puestos y mantener las plantillas. La propuesta será debatida de nuevo en una próxima reunión de la Comisión de Negociación del Empleo con el rechazo sindical, que ve en la medida "una amortización de empleo brutal".

El PSOE y Sumar han prometido que la jornada de trabajo se reducirá a 38,5 horas semanales en 2024, y 37,5 en 2025. BBVA Research, el servicio de estudios del banco, advirtió ayer de los efectos negativos a nivel macroeconómico que puede esconder esta mejora para los trabajadores: de no tomarse medidas que corrijan el alza en los costes laborales, el recorte de horas podría costar seis décimas al crecimiento anual del PIB durante los dos próximos años. “Las estimaciones preliminares”, asegura la entidad, “indican que, de no tomarse medidas compensatorias que alivien la tensión en los costes laborales (que se estiman que pueden aumentar en torno a un 1,5% del PIB), el recorte del tiempo de trabajo podría restar en torno a seis décimas al crecimiento anual del PIB durante el próximo bienio y ocho décimas al desempleo”. Estas dudas se suman a las que otros economistas han expresado últimamente. Entre ellos está, por ejemplo, el coordinador de investigación del área laboral de Fedea, Marcel Jansen. Este especialista explicaba recientemente a este periódico que no hay “argumentos solventes” para justificar que ahora mismo en España sea “conveniente, urgente o eficiente la reducción de horas lineales para todas las actividades”. En la misma línea se pronunció María Jesús Fernández, economista senior de Funcas: cree que España “no se puede permitir” esta contracción de jornada ordinaria. “Sí se lo pueden permitir países de productividad elevada, los que están en la frontera tecnológica, pero no España; es inasumible”.

La Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi (Aefame) premió ayer a las compañías familiares Grupo Lazpiur (Bergara, 1914), Chinchurreta (Oñati, 1963) y Altuna Uria (Azpeitia, 1966). Estas tres firmas guipuzcoanas han cumplido este año 50 y más de 100 años de actividad, mientras que la vitoriana Lazpiur fue galardonada por sus 200 años de vida. La Aefame celebró ayer en San Sebastián su tradicional encuentro de fin de año con el objetivo de poner en valor la continuidad y longevidad de las empresas familiares así como su compromiso con el territorio donde están instaladas. El encuentro, inaugurado por José Miguel Lanzagorta, presidente de Aefame, contó con la participación de Ane Insausti, diputada de Promoción Económica y proyectos Estratégicos de Gipuzkoa; Unai Andueza, director general de Proyectos Estratégicos de Gipuzkoa; Jokin Perona, diputado de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa; Lara Vettorazzi, socia responsable del área Legal de la Zona Norte de EY; y Nerea Uribe-Etxebarria, presidenta de Kimua. Lazpiur, con 109 años de actividad, comenzó su andadura siendo una empresa de zapatos, y ha terminado convirtiéndose en una de las principales compañías de bienes de equipo que vende a más de 25 países. Chinchurreta nació en Oñati hace 60 años y desde entonces no ha parado de fabricar tubos de acero soldados. La azpeitiarra Altuna y Uria cuenta con un importante prestigio para la ejecución de obras públicas de gran envergadura y en especial en la construcción de túneles.

Eroski se libró ayer de un plumazo de una deuda de 703 millones de euros en un gesto cuya verdadera importancia no es lo que parece a simple vista –puesto que el pasivo no ha desaparecido, sólo ha cambiado de manos– sino lo que esconde la operación, que da muchísimo más margen de maniobra a la firma de Elorrio, que ahora tiene despejado el horizonte para poder dedicarse al negocio sin la losa de la deuda sobrevolando permanentemente la empresa. Y es que la cooperativa liderada por Rosa Carabel ha cancelado anticipadamente 503 millones que debía abonar el 31 de julio del próximo año y otros 200 a los que tenía que hacer frente justo tres años después y que en su mayoría estaban en manos de un grupo de fondos de inversión que podríamos calificar de ‘oportunistas’. Unos compañeros de viaje un tanto incómodos –aunque su relación con Eroski haya sido siempre buena y no tengan nada que reprochar al grupo de Elorrio, que nunca dejó de pagarles lo que les debía– y a los que su propio ADN impone la obligación de cobrar sí o sí cuando toca sin pensar demasiado en el deudor. «La cooperativa y los fondos tenían intereses no coincidentes», explican fuentes conocedoras de la relación entre ambos, que apuntan que esos acreedores, que en su día compraron con descuento la deuda de Eroski a varios bancos, «tienen una vocación de corto plazo y quieren retornos rápidos en una filosofía alejada y desconectada del negocio del grupo». Eroski habla de «optimizar la estructura financiera». ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el esquema financiero es ahora bien distinto y bastante más cómodo.

El Ministerio de Trabajo negocia con los agentes sociales una revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI) de cerca del 4% para el próximo año. Responsables del departamento que dirige Yolanda Díaz se reunieron ayer con representantes de los sindicatos UGT y CC OO y de las patronales CEOE y Cepyme para abordar la siguiente subida del sueldo base. El encuentro, que tuvo lugar en la sede ministerial, sirvió para trasladar al diálogo social los planteamientos que han venido anunciando públicamente las partes, aunque Trabajo se limitó a escuchar, sin llegar a hablar de cifras, según reconocen fuentes del ministerio. Los sindicatos, por su parte, explicaron los “parámetros” y los “vectores” por los que consideran que debe transitar la nueva subida. Los representantes de los trabajadores expresaron su aspiración de que el SMI aumente un 10%, frente al 4% que venía sugiriendo el departamento de Díaz. Los empresarios, por su parte, mantuvieron su propuesta del 3% de incremento, apelando al acuerdo de subidas salariales en los convenios colectivos que pactaron con los sindicatos para los próximos dos años. Y reclamaron, una vez más, la actualización de los contratos públicos, puesto que siguen sin poder repercutir sobre las contratas los aumentos del SMI. Una petición que secundaron, pero con matices, los sindicatos. “Siempre y cuando la actualización vaya destinada a los salarios de los trabajadores y se garantice la estabilidad en el empleo”, remarcó Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

Los sindicatos consideraron insuficientes los planteamientos de las patronales, quienes, aunque tradicionalmente contrarias a estos aumentos, esta vez han movido ficha a favor de un aumento, aunque su límite sea el más bajo. Para la CEOE y Cepyme la estadística de referencia para fijar la subida del SMI deben ser las alzas acordadas con los sindicatos en el último Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). En él, se definía para 2024 una subida de las remuneraciones del 3% (y otro 3% en 2025), con un 1% adicional si la inflación rebasa estos porcentajes. Sin embargo, en su planteamiento los patronos dejan de lado ese 1%, que Trabajo sí asume. El escaparate del AENC al que se remiten los empresarios, no resulta apropiado para los sindicatos, puesto que creen que las cláusulas vinculadas a la evolución de la inflación son habituales en los convenios colectivos, pero resultan de difícil aplicación en el SMI.

La reforma de la protección por desempleo en España, que está pendiente para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos, ha generado esta semana un enfrentamiento inédito entre el Ministerio de Trabajo y el de Asuntos Económicos, con una escalada de tensión entre ambos que se agravó ayer alcanzando cotas no vistas antes entre dos miembros de un mismo Gobierno. La raíz del conflicto está en el diseño de esta reforma, ya que los ministerios que lideran Yolanda Díaz y Nadia Calviño tienen propuestas completamente diferentes. Fuentes conocedoras del planteamiento de Economía explicaron ayer que su idea se articula en dos ejes. Por un lado, compatibilizar el subsidio por desempleo –que cobran los parados cuando cumplen algunas características y ya han dejado de tener derecho a la prestación– con el empleo y el salario. La idea es que el parado que encuentre un puesto de trabajo mantenga durante un tiempo ambas fuentes de ingresos, pero que el subsidio por desempleo vaya reduciéndose progresivamente hasta desaparecer del todo. Trabajo está a favor de compatibilizar el subsidio y el empleo, pero sólo durante 45 días, una limitación que podría incentivar la economía sumergida, según apuntan esas mismas fuentes. Economía teme que si un trabajador deja de poder compatibilizar empleo y subsidio el día 46, a partir de entonces tenga un incentivo a trabajar en negro, algo que a su vez incidiría en los ingresos públicos. Para que compatibilizar ambas sea efectivo, Economía defiende que el subsidio debe ir reduciéndose gradualmente. Algunos de los borradores iniciales de la propuesta contemplan que el subsidio sólo se cobre 12 meses –frente a los 30 que dura en la actualidad– y que sea decreciente como en otros países europeos.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, logró ayer un apoyo inesperado a solo una semana de que los socios europeos decidan quién ostenta la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), pues Bélgica mostró su aval por Calviño acelerando todo el proceso. Y no es un actor cualquiera en este camino. El apoyo belga no es baladí porque este país ostenta el consejo de administración de la entidad y coordina el proceso, recabando la opinión de los demás Estados miembros. El ministro belga de Finanzas, Vincent van Peteghem, remitió una carta a sus homólogos de la UE dando su apoyo a la vicepresidenta primera –que se encuentra en París–, tras las consultas de estos últimos días. Con este paso «se infiere que, basado en las consultas realizadas por el presidente del Consejo de Gobernadores, Nadia Calviño es la única candidata que reúne los apoyos suficientes para lograr un consenso», apuntan fuentes gubernamentales. Estas mismas fuentes señalan que «constituye una buena noticia, un paso adelante en el proceso de elección del próximo presidente de este órgano internacional». Lo haría en detrimento de la otra candidata con posibilidades de hacerle frente, la danesa Margrethe Vestager. En cualquier caso, desde el Ejecutivo insisten en mantener «la máxima prudencia» porque nada es oficial aún. Estaba previsto que los socios europeos decidieran la presidencia del Banco europeo de inversiones el próximo 8 de diciembre en el seno del Ecofin, el Consejo de Ministros económicos europeos.

El euríbor da claras muestras de haber tocado techo. Tras protagonizar una escalada vertiginosa desde primavera de 2022, ya en agosto registró su primer retroceso y en noviembre volvió a caer. En concreto, descendió desde el 4,16% al 4,022%, su nivel más bajo desde junio. Se trata de un recorte de 0,138 puntos, el mayor en once años. Es una muestra más de que ha detenido su ascenso después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya puesto fin a la escalada de los tipos de interés, tras colocarlos en el 4,5% en septiembre. Pese al alivio que supone este retroceso, los hipotecados no lo van a notar en el bolsillo. Esto se debe a que el euríbor se encontraba hace un año en el 2,83%, más de un punto porcentual por debajo respecto al dato actual. Y la mayoría de hipotecas variables se revisan de forma anual. La subida será de algo más de 100 euros al mes para la hipoteca media vasca, que es de un importe de 156.000 euros y un diferencial del 1%. En ese caso la cuota hipotecaria con el actual nivel del euríbor subirá hasta los 914 euros frente a los 807 que pagaba cuando el indicador estaba al 2,83% en noviembre de 2022. La caída aún no se traduce en un abaratamiento de las cuotas, pero aún así es un importante respiro para las hipotecados, que ven cómo al fin se frena la subida del índice. Es más, en los dos últimos días de noviembre el euríbor se ha situado por debajo del 4%. En concreto, en la jornada de ayer llegó a retroceder al 3,926% desde el 3,983% del miércoles. La cuestión ahora es qué va a pasar. Hay datos para la esperanza puesto que ayer mismo se conoció que la inflación en la zona euro cayó en noviembre hasta el 2,4% desde el 2,9% de octubre. Pero la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya ha advertido de que puede haber «un repunte» en los próximos meses, debido a «ciertos efectos de base».

Europa sufre ya una «recesión leve» y registrará un crecimiento casi nulo en 2024, debido al efecto retardado de las subidas de los tipos de interés, que se mantendrán en los elevados niveles actuales del 4,5% al menos hasta el segundo semestre. Esta es una de las previsiones económicas que presentaron ayer los responsables del servicio de Estudios de CaixaBank, Oriol Aspachs, y el de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga, en una conferencia organizada por la asociación Adype en Bilbao. El análisis de Europa corrió a cargo de este último experto, que advirtió de que previsiblemente la zona euro ha entrado ya, en la recta final del año, en lo que se conoce como recesión técnica al encadenar dos trimestres consecutivos de contracción de la actividad. Entre julio y septiembre cayó un 0,1% y el pronóstico es que pierda un 0,4% en el último trimestre. «La debilidad persiste en este final de curso», señaló, a la vez que pronosticó un raquítico crecimiento del 0,5% para todo el ejercicio 2024. El principal motivo para este parón es el impacto de la escalada de los tipos de interés, «que se suele notar con retardo». El Banco Central Europeo aplicó el último aumento en septiembre, hasta el 4,5%, y ahí lo mantiene desde entonces. «No se espera una bajada antes del segundo semestre», señaló Madariaga.

La inflación en Europa mantiene su senda descendente, lastrada por el frenazo del consumo en los últimos meses. El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 2,4% en noviembre con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone una ralentización de cinco décimas respecto al mes anterior, de acuerdo con los datos que publicó ayer la oficina estadística comunitaria, Eurostat. Con ello, hay cinco países que ya se sitúan por debajo del 2% anual que el Banco Central Europeo se marca como objetivo y otros cinco están muy cerca de esta cota. La inflación en la eurozona se ha moderado cinco décimas el último mes, algo que se debe a una moderación de todos los componentes con excepción de la energía y los alimentos frescos. En concreto, los alimentos, bebidas y tabaco suben un 6,9%, cinco puntos menos que el mes anterior (si bien los alimentos frescos, en particular, se aceleran 1,9 puntos, hasta el 6,4%); los bienes industriales no energéticos se encarecen un 2,9%, seis décimas menos que el mes anterior; y los servicios, un 4%, también seis décimas menos que en octubre. En cambio, la energía cae un 11,2%, frente al descenso del 11,5% el mes anterior. Estas cifras muestran que el descenso de los precios no ha tenido un carácter exógeno, como sucedía meses atrás cuando el principal elemento a la baja era la energía. Al contrario, ahora la ralentización de la espiral inflacionista tiene lugar precisamente en aquellos elementos cuyos precios se ven más afectados por la evolución de la demanda, con mención especial a los servicios donde la caída del consumo está impidiendo a las empresas trasladar los fuertes incrementos salariales de los últimos meses, al calor de la falta de mano de obra capacitada. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEP+) acordaron ayer extender estos ajustes, que vencían en diciembre, pero lo hicieron de una forma descafeinada, solo hasta marzo, y únicamente después de que Arabia Saudí accediera a engrasar el acuerdo con un nuevo recorte adicional por su parte. Y eso no convenció a los mercados, que recibieron la noticia con una pequeña caída de la cotización del crudo. Los grandes exportadores de petróleo decidieron ayer extender el recorte de su producción por temor a que los precios del crudo se desplomaran por el aumento de la oferta en un momento en el que el consumo se está frenando sustancialmente. Sin embargo, se trata únicamente de una patada hacia delante para ganar tiempo, ya que el ajuste se extiende solamente durante tres meses más, hasta el 31 de marzo. Esto significa que muy pronto habrá nuevas reuniones para extender o modular estos recortes, con el fin de plantear un progresivo retorno a una situación de normalidad, habida cuenta de que cada vez son más los países que reclaman volver a aumentar la producción. De hecho, este acuerdo solo ha sido posible gracias a que el principal exportador mundial de crudo, Arabia saudí, ha ofrecido al resto de países un nuevo ajuste unilateral por su parte para engrasar el acuerdo, en caso de que el resto hicieran también un esfuerzo. 

El Grupo MásMóvil registró unas pérdidas de 170 millones de euros en los nueve primeros meses del año, frente al beneficio de 509 millones del mismo periodo del año anterior, en el que se computó la plusvalía de la venta de Netco, la red fija de Euskaltel. La operadora está sufriendo en su balance el incremento de los gastos financieros, que se dispararon un 27% hasta los 350 millones, para costear la abultada deuda, según los resultados comunicados ayer por la compañía. A cierre de septiembre, el endeudamiento neto ascendió a 6.504 millones de euros, por encima de los 6.282 millones con los que inició el presente ejercicio. La compañía, que se encuentra en pleno proceso de fusión con Orange, no ha logrado disminuir sustancialmente la deuda en los dos últimos años. Los préstamos se generaron por las grandes adquisiciones que realizó para aumentar su perímetro, como la compra de Yoigo o de Euskaltel, debido en parte al aumento de los tipos de interés. La empresa justifica las pérdidas en que “son fruto de amortizaciones y depreciaciones, sin salida de caja”, según un portavoz. El resultado bruto de explotación (ebitda) escaló un 7% y se situó en 903 millones. La inversión ascendió a 299 millones en los nueve primeros meses, un 24,1% menos que los 394 millones del mismo periodo de 2022. La facturación total de la operadora, incluidos todos los negocios, creció un 2,8% hasta septiembre en comparación con el mismo periodo de 2022. 

“Los bancos estaríamos encantados de participar en una mayor consolidación paneuropea, pero no es algo que vaya a ocurrir pronto” porque no se dan las circunstancias, aseguró ayer la presidenta de Santander, Ana Botín, durante su participación en un foro organizado por el Banco Central Europeo. Botín enumeró tres clases de obstáculos que impiden, en la práctica, las operaciones: 1. La macroeconomía: “¿Vamos a crecer en las áreas en las que estamos?”, preguntó, señalando que Europa ha crecido menos que otras geografías como Estados Unidos. 2. “El contexto operativo”. Los distintos regímenes fiscales y regulatorios en cada país europeo, en la práctica, restan atractivo a las fusiones en Europa, porque “tenemos un único euro en España o Italia, pero hay muchos otros inconvenientes que hacen todas las operaciones crossborder muy complejas”, criticó. 3. Aspectos regulatorios y supervisores que en especial afectan a los grandes bancos. La presidenta de Santander apuntó, por ejemplo, a una normativa que incrementa los recargos de capital a las entidades cuando crecen en tamaño. “Si Santander, con un trillón de euros en activos, adquiere otro banco de 200.000 millones, pasaría automáticamente a un escalón de requerimientos superior. La actual regulación lo haría prohibitivamente caro, porque nos costaría un 1% más de capital para todo el grupo”, explicó.

Wayne Griffiths, primer ejecutivo de Seat y Cupra, está llegando al final de su mandato al frente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y ha hecho balance de estos casi dos años y de los retos a los que se enfrenta el sector a corto y largo plazo. El directivo mira con envidia a Estados Unidos y China por las medidas, con grandes presupuestos económicos, que están implementando para apoyar al vehículo eléctrico y a la industria del automóvil. “El apoyo en Europa al automóvil debe estar al mismo nivel de EEUU y China si no queremos perder competitividad”, asegura Griffiths. “España está haciendo todo lo que puede dentro del marco europeo, pero tengo mis dudas de si va a ser suficiente para competir con EEUU y China”, apunta. Además, señala que los Perte se lanzaron en un entorno de recuperación tras el Covid, pero afirma que el mundo ha cambiado “radicalmente” desde entonces en términos de competitividad con la ley IRA de EEUU o el empuje de las marcas chinas. Por ello, pide al recién constituido Gobierno de España que tome medidas “contundentes” y “más claras”, ya que la transformación hacia el vehículo eléctrico “no está funcionando como estaba previsto”. Los coches eléctricos representan apenas un 5% de las matriculaciones en España, frente al 10% en el que deberían estar para alcanzar los objetivos europeos. Entre las medidas que demanda Griffiths destacan la supresión del IVA para los vehículos eléctricos, una iniciativa que ya está dando resultado en otros mercados, al tiempo que apuesta por rebajar el impuesto de sociedades a las empresas que apuesten por la movilidad eléctrica, así como por impulsar la infraestructura de recarga. 

Uno de los problemas que más están afectando a la competitividad de las fábricas españolas de automóviles desde la crisis del Covid es el significativo aumento del absentismo laboral. El presidente de Anfac, Wayne Griffiths, destaca los niveles fuera de lo normal en cuanto a absentismo en la industria de automoción, aunque indica que es un fenómeno que también afecta a otros sectores. El directivo subraya que los niveles son récord, con un 8,2% a cierre de 2022, frente al 6,55% del último año antes de la pandemia. Es más, este dato no para de subir año tras año desde 2013, cuando era del 4,6%. En el primer trimestre de 2023, el porcentaje de absentismo fue del 8,01%. Apunta, además, que las cifras de ausencias laborales “no están bajando” y están lastrando la competitividad de las plantas españolas. “No sólo hay que hablar de la jornada laboral de las 37,5 horas, sino que hay que medir el tiempo medio efectivo que se trabaja a la semana, que en la industria está por debajo de la propuesta de reducción de jornada del nuevo Gobierno”, afirma Griffiths. Además, también destaca que si España quiere atraer inversiones tiene que garantizar la productividad con niveles de absentismo en línea con el resto de países europeos.

Las empresas de entre 50 y 249 trabajadores han tenido ocho meses y medio para implantar un canal de denuncias sobre posibles casos de corrupción o infracciones que se detecten dentro de la compañía (para las empresas y Administraciones con 250 o más empleados el plazo expiró a mediados de junio), tal como establece la nueva Ley de Protección del Informante, que entró en vigor el pasado 13 de marzo, aunque con un periodo de adaptación que, en el caso de las pymes, se extendía hasta hoy, 1 de diciembre. Para ellas, la cuenta atrás definitiva finaliza y a partir de hoy viernes las pequeñas y medianas compañías afectadas (unas 20.000 en 2022, según las estadísticas más recientes del INE) se enfrentan a una nueva exigencia regulatoria cuyo incumplimiento puede salir muy caro. Un escenario que atañe también a los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes y a aquellas empresas que, con independencia del tamaño de su plantilla, operan en sectores críticos para la UE, como la prevención del blanqueo de capitales, la seguridad del transporte y otros servicios esenciales, o los productos y mercados financieros. La nueva ley, transposición de una norma comunitaria conocida como Directiva Whistleblowing, que España adoptó con catorce meses de retraso, prevé multas de entre 1.001 euros paras las infracciones más leves y de hasta un millón para las más graves. Esas sanciones pueden llevar nombres y apellidos; esto es, la norma contempla multas de entre 1.001 y 10.000 euros para las personas físicas en los incumplimientos leves; de entre 10.001 y 30.000 en los graves y de hasta 300.000 en los muy graves. Es el catálogo de sanciones al que se enfrentan aquellos directivos y administradores que no hayan adaptado sus canales de denuncia e incumplan la norma. Para las personas jurídicas; es decir, las propias empresas, el mazazo económico es aún mayor, con multas de 100.000 euros para los incumplimientos leves; de hasta 600.000 para los graves y de hasta un millón para los muy graves.

«Esta será la presidencia que adopte una decisión firme que se involucre con empresas petroleras y gasísticas», señaló el Sultán Al Jaber frente al plenario de la cumbre del clima. Sin embargo, el deseo de muchas partes de que aparezca la palabra «eliminación gradual» en el texto final de la cumbre parece estar lejos de cumplirse. Antes de que los focos alumbraran el plenario Al Hairat de la Expo City de Dubái, lugar donde tiene lugar la vigésimo octava Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el ministro de Asuntos Exteriores de la India arrojó un jarro de agua fría sobre las esperanzas de un acuerdo para olvidar los fósiles como combustibles en el futuro: «El carbón seguirá siendo nuestra principal fuente energía». A pesar de ello, Al Jaber ha pedido colaboración y, sobre todo, aportar soluciones. «Tenemos que encontrar métodos para incluir los combustibles fósiles en el acuerdo», ha advertido. «Sé que hay convicción para conseguirlo». Sin embargo no se han dado detalles sobre cómo lograr esos métodos. «Numerosas empresas han hecho grandes esfuerzos, pero tienen que saber que no es suficiente hay que hacer más», apostilló. Todo con un objetivo final: mantener los 1,5 grados de aumento de la temperatura media del planeta con respecto a la era preindustrial. «Es la estrella que guía a esta presidencia», señaló. Sin embargo, tocará encontrarla entre tanta nube, ya que las previsiones del mundo científico apunta a los 3 grados de incremento.

Henry Kissinger, el estratega que marcó la política exterior de EE UU durante la segunda mitad del siglo XX, falleció ayer a los 100 años. Secretario de Estado de dos presidentes y polémico Nobel de la Paz, fue protagonista en la guerra de Vietnam, en el deshielo entre EE UU y China y en el golpe de Pinochet. Su poder creció en el Watergate, mientras Nixon se debilitaba El polémico premio Nobel de la Paz tenía 100 años y seguía en activo Muchos consideran que precipitó que los jemeres rojos tomaran Camboya. El estratega que marcó el rumbo de la diplomacia estadounidense en la segunda mitad del siglo XX, el que fuera secretario de Estado bajo dos presidentes y polémico premio Nobel de la Paz, protagonista del restablecimiento de las relaciones entre EE UU y China, responsable de bombardeos en Vietnam y defensor del golpe de Estado de Pinochet en Chile, murió en su residencia de Connecticut. Una de las figuras más controvertidas del siglo pasado, inconfundible con sus características gafas de pasta y un acento alemán que nunca terminó de perder, había permanecido activo hasta el último momento: este año, el de su centenario, promocionaba su libro sobre estilos de liderazgo, había testificado ante un comité del Senado sobre la amenaza nuclear de Corea del Norte y en julio se había desplazado a Pekín para una reunión con el presidente chino, Xi Jinping. Judío nacido en Alemania en 1923 —su nombre original era Heinz Alfred Kissinger—, llegó a Estados Unidos de adolescente, en 1938, huyendo del régimen nazi junto a su familia. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en el ejército estadounidense y estuvo destinado en Europa. Tan intelectualmente brillante como arrogante, con un agudo sentido del humor e interesado en numerosas disciplinas, estuvo a punto de inclinarse por los estudios científicos antes de decidirse por las relaciones internacionales.