20221223

El Producto Interior Bruto (PIB) de Reino Unido cayó el 0,3 % entre julio y septiembre, más de lo estimado en el primer cálculo, según las cifras revisadas divulgadas ayer jueves por la Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés). El mes pasado, la ONS había estimado la caída en el 0,2%, frente al crecimiento del 0,2% en los tres meses anteriores. El sector servicios, que en el primer cálculo había quedado plano, subió el 0,1% en el tercer trimestre, pero el sector industrial retrocedió el 2,8% (más que en la primera estimación, del 2,3 %), mientras que la construcción cayó el 0,2% (frente al aumento del 0,6% en el primer cálculo de noviembre). El director de estadísticas de la ONS, Darren Morgan, dijo que “nuestras cifras revisadas muestran que la economía se desempeñó un poco peor durante el último año de lo que habíamos estimado anteriormente”. “Los ingresos de los hogares continuaron cayendo en términos reales, aunque a un ritmo más lento que en los dos trimestres anteriores”, agregó. Tras conocerse los datos de ayer, el ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, dijo en un comunicado que “la alta inflación impulsada por la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin está ralentizando el crecimiento económico en todo el mundo. Ningún país es inmune y menos aún Reino Unido”. “Bajar los precios para que los salarios de las personas rindan más es mi principal prioridad, por lo que estamos manteniendo bajas las facturas de energía este invierno”, añadió. El ministro subrayó que para conseguir el repunte de la economía, el Ejecutivo “tiene un plan que ayudará a reducir la inflación a más de la mitad el próximo año, mientras sienta las bases para un crecimiento a largo plazo a través de una inversión récord en infraestructura y nuevas industrias”.

El conflicto de Ucrania, la escalada de los precios de la energía, los problemas de suministros, la inflación. Todas estas variables entrelazadas apuntalan esa sensación de incertidumbre que obliga a atar en corto las expectativas de la economía alavesa para 2023. Es el diagnóstico que arroja el último informe de Perspectivas Empresariales elaborado por la Cámara de Comercio de Álava. Augura para el territorio un tímido repunte del PIB, del 1%. Y desvela un índice de confianza empresarial que se desploma a niveles de hace una década. «Caída dramática», se subraya. Porque la evolución de la actividad durante este año que llega a su fin «ha sido peor de lo que inicialmente estaba previsto». Tanto, que todos los indicadores (inversión, ventas interiores, exportación y empleo), han arrojado resultados tan discretos que las empresas participantes en este informe (un total de 200 en el territorio) hacen hincapié en que los problemas conocidos persistirán. Y se acusarán más si cabe. El informe, que tiene carácter anual y se enmarca en el realizado por la organización de Cámaras de Comercio europeas vuelve a señalar como «principales condicionantes de la actividad empresarial» para 2023 los costes laborales y el acceso asequible a la energía y materias primas. Y refuerza la inquietud sobre un empeoramiento de las condiciones de financiación. A partir de ahí, lo que se espera en cada una de las categorías consultadas. ¿Confianza? Poca o la justa. 

El gasto de las empresas en innovación aumentó un 8,7% en 2021 y supera por primera vez los 3.000 millones de euros en Euskadi, hasta situarse concretamente en 3.030. El 30,4% de estas empresas innovadoras recibe financiación pública para actividades de innovación, en su mayoría del Gobierno Vasco, que alcanza el 21,5% del total de compañías, según datos elaborados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, difundidos ayer. En esas actividades, el gasto en I+D interna representa el 54,4%, la Adquisición de I+D externa), el 14,7% y Otras actividades innovadoras, el 31% restante. Estas otras actividades innovadoras son Ingeniería, diseño y otras actividades creativas; Marketing y creación de marca; Actividades relacionadas con los derechos de propiedad intelectual; con la formación del personal; Desarrollo del software y actividades relacionadas con el trabajo de bases de datos; y con la adquisición o alquiler de bienes tangibles. El porcentaje de empresas innovadoras de diez o más personas empleadas en 2021 se eleva al 32,6% en Euskadi, 1,2 puntos más. Si se analizan los dos tipos de innovación observados, la innovación de Producto la realizan el 19,9% y la innovación de Procesos de negocio, el 28,8%.

El número de firmas de hipotecas que tuvieron lugar el pasado mes de octubre en Euskadi se disparó un 33% respecto al año pasado. Un incremento que se ha venido recogiendo a lo largo de este 2022 y que en los primeros diez meses del año ha alcanzado un total de 19.722 créditos de vivienda, la cifra más alta en los últimos doce años y un 13% más que las 17.445 firmadas en el mismo periodo del año pasado. Así se desprende de los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de este crecimiento, la cifra está todavía lejos de las 27.437 hipotecas que se registraron de enero a octubre de 2008, antes del impacto en el sector de la crisis financiera provocada por las hipotecas ‘subprime’ y cuando el sector inmobiliario estaba en la cresta de la ola. En cualquier caso este volumen de firmas hipotecarias en Euskadi, que mantiene un alza constante desde 2014, coincide con una escalada récord del euríbor y la aplicación de protocolos por parte de los bancos para tratar de facilitar el pago de las cuotas a las rentas más castigadas. El índice de referencia para la actualización de los pagos de estos créditos estaba hace un año en el -0,5% y ahora, empujado por los tipos de interés, está en el 3%. Esta subida está impactando en las mensualidades que pueden subir una media de hasta 250 euros. Según explican los analistas del mercado, a pesar de los problemas generados por la subida de precios y del coste de la energía, la demanda interna en el País Vasco sigue funcionando gracias al ahorro embolsado durante la pandemia.

El mercado hipotecario español también continúa ajeno, como en Euskadi, a las subidas de tipos de interés aplicadas por el Banco Central Europeo (BCE) desde julio y al incremento del euríbor, que se ha situado ya claramente por encima del 3%. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó en España un 13,5% el pasado mes de octubre respecto al mismo mes de 2021, hasta sumar 41.022 préstamos. La mayor cifra en un mes de octubre desde 2009, en pleno inicio de la anterior gran recesión provocada por la quiebra de Lehman Brothers, cuando se firmaron más de 52.000 hipotecas, según el INE. Euskadi fue la tercera comunidad con más alzas (un 33,2%, con 2.008 préstamos) tras Canarias y Aragón. Según el INE, los mayores incrementos de nuevas hipotecas en Euskadi durante este año se habían dado en marzo (22,8 %) y junio (19,5 %), menores que el dato actual y cuando todavía los tipos seguían en negativo. Eso sí, también hubo meses con descensos en la firma de hipotecas como abril (-3,2 %), julio (-5,3 %) y septiembre (-1,4 %). Con la subida interanual de octubre en el conjunto del Estado, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena 20 meses de ascensos interanuales consecutivos. La subida de tipos de interés sí ha comenzado a provocar un cambio lento en el tipo de hipotecas. Las variables vuelven a ganar terreno. 

Una de las derivadas de una crisis económica suele ser el aumento de la morosidad. Una situación que nadie descarta y que de hecho se anticipa en el actual contexto económico, marcado por la guerra de Ucrania, la elevada inflación y la subida abrupta de los tipos de interés en pocos meses. Un cóctel perfecto para que se dé esa subida de la mora, pero por ahora ese escenario no se está cumpliendo y la morosidad bancaria aguanta en niveles bajos y aún más en Euskadi, donde la tasa es de las más bajas del Estado. Así lo atestiguan las principales entidades financieras ubicadas en el País Vasco, quienes señalan que en esta recta final de año no se está produciendo un aumento de la morosidad. Incluso, en algunos casos está descendiendo y esperan que todavía lo haga algo más. No obstante, quieren dejar claro que el impacto de la recesión económica se puede dejar sentir más adelante porque suele haber un decalaje. Quizás la duda es exactamente cuándo y con qué intensidad. Eso sí, descartan que se vaya a producir una situación de morosidad disparada como la que tuvo lugar a raíz de la crisis financiera de 2008. Y es que cabe recordar que en diciembre de 2013, al final de la recesión, escaló hasta el 13,62% en el conjunto del Estado. En la actualidad la media del sistema bancario español se sitúa en el 3,9%. Es el dato de septiembre, el último aportado por el Banco de España. Un mes antes marcaba el 4,43%. Kutxabank, Laboral Kutxa, Banco Sabadell, Caixabank y BBVA coinciden en señalar, tras ser consultados por este periódico, que la morosidad se mantiene y resiste.

El mercado de la vivienda chocará contra la cruda realidad en 2023 y experimentará un ajuste significativo, principalmente por el aumento de los tipos de interés. Según el Informe inmobiliario de CaixaBank Research al que ha tenido acceso este diario, el numero de operaciones de compraventas de vivienda retrocederá en torno a un 20% en 2023, hasta las 480.000 unidades, si bien todavía se situaría en un nivel superior del promedio anual desde 2007 de 450.000. El impulso que ha venido registrando el mercado de compraventa de vivienda desde la segunda mitad de 2021 toca a su fin. Los efectos derivados de la pandemia y especialmente el periodo de confinamiento fue decisivo a la hora de que las familias españolas se planteasen un cambio de lugar donde vivir, buscando espacios más amplios y canalizando una gran parte del “ahorro forzado” hacia el mercado inmobiliario. Durante el presente 2022, la demanda ha batido todas las expectativas, continuando la tendencia alcista iniciada en 2021. La explicación reside en este caso en el anticipo de las operaciones de compraventa con el propósito de contratar una hipoteca a tipo fijo más favorable, ante la idea interiorizada de que el Banco Central Europeo llevaría a cabo un importante incremento de sus tipos de interés para combatir la inflación, como así ha sido. También el precio se irá desacelerando en 2023. El enfriamiento de la demanda por las peores condiciones de financiación y el empeoramiento de las perspectivas económicas contribuirá a que el precio mantenga una modesta tasa de crecimiento del orden del 1% en términos nominales que se corrige hasta una caída del 7,1% en términos reales, como consecuencia de la inflación.

Siemens Gamesa ha vuelto a poner un ‘puente de plata’ –ya lo hizo y con idénticas características en 2019– para reducir su plantilla en España a lo largo de los próximos dos años, en un intento de reconducir la maltrecha situación económica de la compañía. La dirección de la empresa y los sindicatos CC OO y UGT han sellado un acuerdo que recoge la salida de 352 trabajadores, con carácter preferentemente voluntario y con una oferta económica idéntica a la que se aplicó en anteriores ajustes. Por su parte, el sindicato ELA se ha negado a respaldar el acuerdo ya que la compañía no se ha comprometido a garantizar de forma estricta la voluntariedad de las salidas. El proceso se va a estructurar formalmente como un Expediente de Regulación de Empleo que la empresa presentará a principios de 2023. La negociación del ERE, en la práctica, ya se ha avanzado con el acuerdo que han alcanzado sindicatos y empresa ahora y el periodo para llevarlo a efecto se prolongará hasta finales de 2024, aunque la compañía podrá proponer otras salidas hasta diciembre de 2026. Siemens Gamesa había planteado inicialmente un ajuste de 2.900 trabajadores en todo el mundo, de ellos 475 en España, pero la empresa ha decidido rebajar considerablemente la cifra total. Una parte, además, corresponde a contratos eventuales que no van a ser renovados. El ajuste afecta principalmente a las áreas corporativas de oficinas y no a las plantas de producción, ocho de las cuales se encuentran además inmersas en un proceso de venta que puede demorarse hasta bien entrado 2023. Además de propiciar las prejubilaciones y salidas voluntarias –si no se alcanza el número suficiente la empresa podrá activar los despidos forzosos–, el acuerdo contempla prejubilaciones a partir de los 55 años. Los trabajadores que puedan acceder a ellas recibirán una indemnización entre el 75% y el 80% de su salario –los salarios bajos más, los altos menos– hasta que cumplan 63 años, momento en el que podrán solicitar la jubilación voluntaria y pasar a ser pensionistas. El límite a percibir por cada año en ese proceso de prejubilación es de 80.000 euros. Según los cálculos realizados por la empresa, cada una de esas prejubilaciones tendrá un coste medio de 400.000 euros. 

La presencia de la mujer es cada vez más predominante en el pequeño comercio vizcaíno, un sector que intenta sacudirse el tremendo golpe causado por el coronavirus. Tanto en su faceta de empresarias como de asalariadas los negocios minoristas tienen un rostro mayoritariamente femenino, según destaca el último informe de Cecobi. El 68% de los 45.643 empleos los ocupan mujeres. No obstante, el liderazgo femenino no solo se pone de manifiesto a través de las cifras globales de afiliación en el gremio. También es reseñable su papel como empleadoras, subraya Pedro Campo, presidente de la Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia. De hecho, el 67,35% de los 17.254 establecimientos repartidos por el territorio son propiedad de mujeres. nAhora bien, si las grandes superficies, autoservicios, hipermercados, supermercados y pequeños establecimientos de gominolas y refrescos son los grandes generadores de empleo para ambos sexos, «existen claras diferencias para determinados subgéneros». Por ejemplo, las tiendas de cuidado personal, textiles y zapaterías, junto con las de alimentación, son los segmentos comerciales con una mayor proporción de autónomas. A la hora de lanzarse por cuenta propia, la empresarias vizcaínas controlan más del 70% de los establecimientos especializados en productos cosméticos e higiénicos y dedicados al equipamiento del hogar. Tanto si trabajan «por cuenta propia como ajena», las mujeres están al frente de la mayoría de joyerías. Esta línea contrasta claramente con los negocios especializados en la venta de artículos tecnológicos y electrodomésticos, así como ferreterías, donde se registra un mayor porcentaje de autónomos, según datos aportados por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Los hombres juegan un papel clave en los establecimientos de bebidas y de venta de combustibles «para la automoción».

Por tercer año consecutivo en esta legislatura, el Gobierno Vasco dará luz verde a los Presupuestos autonómicos sin ningún sobresalto que pueda hacer tambalear la aprobación de unas Cuentas récord que en 2023 ascenderán hasta los 14.250 millones de euros, con un alza del 8,7%; un montante económico que en su mayoría estará destinado a Salud, Educación y gasto social. La mayoría absoluta que suman PNV y PSE en el Parlamento de Vitoria facilita sin fisuras que el proyecto salga hoy adelante; aunque este año lo hará con una diferencia respecto a los dos ejercicios anteriores: los socios del Ejecutivo aprobarán por primera vez esta legislatura en solitario sus Presupuestos, con el ‘no’ rotundo de todos los grupos de la oposición. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PP+Cs y Vox escenificarán hoy, durante el pleno que arrancará a las 9.30 horas en la Cámara autonómica, su rechazo absoluto a unas Cuentas, dicen, que no han sabido recoger las demandas de todo el arco parlamentario. De hecho, el Gobierno de Iñigo Urkullu, a través del Departamento de Economía y Hacienda que dirige Pedro Azpiazu, solo ha admitido 12 de las 661 enmiendas parciales presentadas por la oposición –excepto Vox– que ascendían hasta los 1.483 millones de euros. Finalmente, apenas han logrado modificar un total de 39,4 millones.

El País Vasco pretende mantenerse a la cabeza de las comunidades españolas en sus políticas sociales y aprobó ayer una nueva ley que eleva hasta los 1.031 euros las pensiones mínimas que recibirán los jubilados vascos que soliciten complementar la prestación del Estado. En la actualidad, 12.000 jubilados vascos ya tienen asegurado un incremento de sus ingresos mensuales gracias a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), pero la nueva normativa suaviza los requisitos y eleva las cuantias mínimas. La RGI vasca, además, asegura ingresos de 800 euros a los jóvenes de 18 años que estén en paro, no estudien y se hayan independizado. «Es una ley atrevida, osada para hacer frente a una nueva revolución económica profunda y radical, en la que no queremos que haya perdedores», enfatizó ayer la vicelehendakari socialista Idoia Mendia minutos antes de que PNV, el PSOE y Podemos aprobaran la norma que forma parte de una profunda remodelación del sistema subsidiario vasco. La nueva ley de la RGI se complementa con una ley de Empleo que el Gobierno que lidera Iñigo Urkullu pretende aprobar en el primer trimestre del año 2023. También emprenderá una reforma del Servicio Vasco de Empleo tras constatarse sus dificultades para coordinar el pago de prestaciones sociales con la formación y empleabilidad de los parados. La ley que regula las ayudas sociales en Euskadi entrará formalmente en vigor a partir del próximo 1 de abril con un incremento de la cuantía de las pensiones mínimas que el Gobierno vasco complementa.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, fracasará en su compromiso de tener lista la segunda fase de la reforma de las pensiones antes de que termine el año. Así lo asume ya el ministro a la vista de que falta poco más de una semana para que termine 2022 y la negociación se encuentra totalmente estancada, según admitieron fuentes del diálogo social a este periódico. Hasta hace escasos días, Escrivá reiteraba que cumpliría con el hito comprometido con Bruselas y las dos medidas que faltaban por completar de la reforma de las pensiones aprobada hace un año, la ampliación del periodo de cálculo y la subida de las bases máximas de cotización, verían la luz en tiempo y forma, es decir, en 2022. No ha sido posible y el discurso que mantienen ahora desde Seguridad Social es que no pasa nada por retrasar un poco el plazo y llevarlo hasta enero, puesto que mantienen constantes contactos con la Comisión y la revisión del plan de recuperación comienza en febrero. «Siempre existe un poco de margen. Sería suficiente con tenerlo antes de fin de enero», explican, al tiempo que recuerdan que sucedió lo mismo con la reforma de los autónomos, que se retrasó 21 días. Lo que Escrivá descarta totalmente es dar marcha atrás y retirar su polémica propuesta de aumentar el periodo que se utiliza para calcular la pensión de los actuales 25 últimos años a 30 años, descartando los 24 peores meses. Aquí ya no tiene margen de maniobra. Fuentes de su departamento explican que es una exigencia de Bruselas y, sí o sí, se va a aprobar con o sin acuerdo en la mesa del diálogo social. 

Los empresarios defienden que los 94.300 millones de euros de fondos europeos adicionales que España se dispone a solicitar a comienzos de 2023 son una oportunidad para acometer rebajas fiscales que permitan paliar el impacto de la inflación sobre las empresas. Así lo plantea CEOE en un documento que la patronal difundirá hoy para tratar de que el Gobierno incluya algunas de sus iniciativas en la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobada esta semana y que se remitirá a Bruselas a inicios del próximo año para solicitar los fondos. En concreto, el documento elaborado por CEOE defiende que la adenda al Plan de Recuperación debería “recoger bajadas de impuestos e incentivos fiscales como hacen otros países europeos como Francia, Italia, Dinamarca, Austria, Suecia o Portugal como fórmula para combatir el alza inflacionista por parte de las empresas y familias”. En esta misma línea, la propuesta de la patronal insta al Gobierno a utilizar parte de los fondos europeos para favorecer “la reducción de cargas impositivas” así como “el establecimiento de moratorias y aplazamiento de pagos a la Seguridad Social y Hacienda”. De momento, el proyecto oficial de adenda que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, presentó ayer ante el Congreso de los Diputados se limita a concretar que el Gobierno planea crear un fondo específico, dotado con 2.000 millones de fondos comunitarios, dirigido a rebajar la factura del Impuesto de Sociedades a empresas que inviertan en I+D+i. Una medida que CEOE aplaude pero que considera insuficiente.

“El Plan de Recuperación ya ha alcanzado la velocidad de crucero en el despliegue de las inversiones del Estado y está muy avanzado el calendario de reformas”, defendió ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, al presentar la adenda de ampliación del programa ante la Comisión Mixta de la Unión Europea en el Congreso de los Diputados. “Los datos del Ministerio de Hacienda muestran la fuerte aceleración de la ejecución presupuestaria durante 2022”, agregó, incidiendo en que el ritmo de licitación supera los 2.000 millones de euros mensuales, lo que ha permitido comprometer 38.000 millones hasta el 14 de diciembre y resolver convocatorias de ayudas y licitaciones de obras por más de 22.000 millones. Ante el escepticismo de algunos parlamentarios sobre la cuantía de los fondos comunitarios que han alcanzado ya la economía real, Calviño subrayó que “las empresas son los principales receptores de los fondos europeos”, que han recibido ya “más del 40% de los fondos repartidos, 9.500 millones de euros en total” a cierre de noviembre. La documentación repartida por la vicepresidenta detallaba, concretamente, que se han registrado ya más de 100.100 empresas beneficiarias de fondos comunitarios, lo que supone que cada una de estas firmas habría recibido, de media, unos 94.900 euros europeos. Calviño puso como ejemplo la buena marcha de iniciativas como el llamado Kit Digital, que subvenciona la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Hasta ahora, detalló, el programa ha sumado 86.900 beneficiarios entre autónomos y empresas. La región donde más éxito ha tenido el plan, detalló, ha sido Cataluña, con 15.500 empresas acogidas, seguida de Andalucía y Madrid.

El Banco Central Europeo (BCE) también está acusando en sus cuentas el giro radical de su política monetaria. El banco central que dirige Christine Lagarde y el conjunto del Eurosistema –que incluye a los bancos nacionales de los países del euro– habían amasado en la última década beneficios de 300.000 millones de euros con la compra de activos y el cobro de intereses a la banca por su exceso de liquidez. La situación ha dado sin embargo un vuelco drástico: el BCE ahora debe pagar a la banca por esas reservas un interés superior a los ingresos que obtiene del cupón de sus bonos en cartera, en buena parte adquiridos a tipo negativo y con larga duración. El resultado será una pérdida en la cuenta de resultados de la institución en 2022, según reconocen fuentes del BCE. La entidad podrá recurrir al dinero guardado en años anteriores para provisionar esos números rojos, de modo que a efectos contables la pérdida neutralizada. Pero el actual escenario de tipos de interés más elevados y de enorme exceso de liquidez en la banca plantea todo un desafío contable para el medio plazo, con posibles implicaciones en la política monetaria y también en la política fiscal de la zona euro. En principio, las pérdidas de 2022 no serán un condicionante para el BCE. Según señaló Lagarde en rueda de prensa la semana pasada, “los bancos centrales pueden operar a pesar de encontrarse en una situación de pérdidas, y algunos de ellos también han operado con fondos propios negativos”. 

No suele ser lo habitual en pleno mes de diciembre y, por ello, lo excepcional se convierte en novedad: el coste de la electricidad se desploma este viernes hasta niveles que los consumidores no veían desde mucho antes de que comenzara esta crisis de precios. Hay que remontarse a mayo de 2021 para que los registros de la luz relevaran un precio de 21 euros/Mwh. Es decir, casi un 60% inferior al de este jueves, lo que implica un descenso significativo a la hora de utilizar cualquier electrodoméstico o calentar las viviendas justo antes del fin de semana de Nochebuena y Navidad. De hecho, durante la madrugada, la luz será prácticamente gratuita para los hogares con tarifa regulada (PVPC). Por poner estos precios en contexto, la luz se encontraba hace justo un año, a las vísperas de la Navidad, superando los 383 euros/Mwh, en lo que ya era uno de los peores momentos de la crisis energética que vivía España. En pleno verano, llegó a rozar los 500 euros/Mwh. Y no se recuerda que bajase hasta los 20 euros el 9 de mayo de 2021, cuando se situó en 10,5 euros/Mwh. Lo que ha sucedido en las últimas horas para que todos los factores confluyan en estos costes tan bajos tiene mucho que ver con las condiciones que diariamente determinan el mercado. Por una parte, la alta generación eléctrica procedente de las centrales eólicas, hidroeléctricas y solares. En concreto, el 66% de la luz generada este jueves en el sistema peninsular procedía de energías renovables. Y más aún: el 40% de la electricidad es eólica por las fuertes rachas de viento que se están registrando en muchas zonas del territorio.

La norma que regula la actividad de las empresas emergentes entra hoy en funcionamiento con importantes medidas para atraer talento que se quede a trabajar en España y potenciar la figura del emprendedor en serie. Después de formalizar su último trámite en el Congreso a principios de diciembre, la nueva ley de start up entra hoy en vigor. La cámara daba luz verde a la versión definitiva del texto, que introducía cambios y 80 enmiendas tras haber pasado por el Senado. La norma sirve para colocar a España a la vanguardia de Europa con una regulación centrada en la creación de empresas emergentes y en la atracción de talento internacional. Además, pone en valor el papel de las start up como creadoras de riqueza y empleo, y como impulsoras de la transformación del tejido industrial. Una de las novedades que se contemplan en los últimos cambios ha sido la eliminación del límite de proyectos puestos en marcha por los emprendedores en serie. En las primeras versiones de la norma se determinaba que fueran tres las start up creadas por los fundadores para poder acogerse a los beneficios. La insistencia desde el sector de eliminar este límite finalmente fue escuchada, ya que emprendedores e inversores alegaban que más del 60% de fundadores crea varios proyectos a lo largo de su trayectoria. La medida pone en valor y fortalece el papel de este perfil de creadores de compañías.

Acabar con el monopolio de Dufry, maximizar ingresos y ampliar la oferta son tres de los objetivos que se ha marcado Aena con el concurso de las tiendas libres de impuestos. La licitación se publicó ayer con el objetivo de que el consejo de la cotizada dé luz verde a los adjudicatarios en julio para que los ganadores comiencen a explotar sus contratos el 1 de noviembre de 2023. La directora comercial del grupo, María José Cuenda, insistió en la voluntad de “maximizar los ingresos”. No dio datos concretos y se remitió al plan estratégico 2022-2026, que prevé que los ingresos comerciales habrán crecido un 23% respecto de 2019, consecuencia de un mayor gasto medio (+12%) y de un aumento de pasajeros (+10% en la horquilla media). La cifra superará con creces los 400 millones anuales y, de hecho, podría acercarse a los 600 millones. Debe tenerse en cuenta que en la última valoración pública realizada por Aena de los ingresos por las tiendas libres de impuestos para el ejercicio 2022, el cálculo se situó en 382 millones de euros. La cifra ahora debería ser sustancialmente superior por motivos como la inflación y la ampliación tanto del perímetro de negocio en un 50% como de la cantidad de productos que se pueden vender, amén de que los aeropuertos ya registran el 97% de los viajeros pre-Covid y Aena ya suma más ingresos por la vía comercial que antes de la pandemia en general, aunque en las tiendas libres de impuestos está a un 4% de recuperar el nivel pre-Covid.

Occidente recibirá el impacto de una nueva oleada de coronavirus, pero su envergadura y gravedad será mucho más leve a la trágica pandemia de 2020. Este es uno de los modelos predictivos que los expertos de diferentes sociedades científicas internacionales manejan sobre los posibles efectos de la crisis epidemiológica china. Otros sostienen que la oleada no será tan notable, pero admiten que el gigante asiático «no es una isla» y resulta inevitable que la nueva pandemia salte sus fronteras. De hecho, ese salto ya se ha producido. La incógnita reside en conocer cuántos contagios causará. La alerta internacional, que la OMS ya anunció este miércoles, se ve engrandecida por los terribles datos que llegan de China. Desabastecimiento de fármacos, hospitales saturados, un incremento sustancial de los fallecimientos según las funerarias y un avance galopante de las últimas variantes de ómicron, que algunos científicos calculan que infectarán a 800 millones de personas. Afortunadamente, la mayoría con síntomas menores. El riesgo sería mayor si Pekín elimina la cuarentena para los viajeros, una decisión que el Gobierno de Xi Jinping prevé anunciar el próximo mes, según la agencia Bloomberg, dentro de su plan de relajación de las medidas preventivas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la afección será más leve en Occidente debido a una elevada tasa de inmunidad consecuente con los altos niveles de vacunación de la población. Contrastan con los del gigante asiático, donde buena parte de los habitantes no está suficientemente protegida ante el coronavirus, bien porque no se ha vacunado o por la falta de dosis de refuerzo. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó ayer a España por el incumplimiento sistemático de la norma comunitaria de calidad del aire en Madrid y el área metropolitana de Barcelona. En estas aglomeraciones urbanas —donde residen alrededor de 7,5 millones de personas, más del 15% de los habitantes del país— se han superado reiteradamente desde 2010 los límites anuales de seguridad fijados por la UE para la exposición al dióxido de nitrógeno (NO2), una sustancia nociva vinculada principalmente a los vehículos de combustión. La condena conocida ahora no acarrea una sanción de momento, pero, si persisten los incumplimientos, la Comisión Europea puede llevar de nuevo a España ante la justicia y pedir que haga frente a una multa, como ha ocurrido ya con los 74,85 millones de euros que ha tenido que pagar hasta ahora por no depurar bien sus aguas residuales. La Comisión aprobó en 2008 la directiva de calidad del aire en la que se establecían los nuevos límites de NO2 que no se deben superar. Entraron en vigor en 2010 y en Madrid y los municipios del área metropolitana de Barcelona (que incluye la capital catalana y las localidades que la rodean) se han incumplido año a año durante la última década.