20220413

Bingen Zupiria, tras detallar las ampliaciones de partidas presupuestarias para incorporar los 200 millones de euros en ayudas que había adelantado el lehendakari Urkullu el pasado viernes en el Parlamento vasco, quiso dejar constancia con un mensaje contundente de que el Presupuesto permite más ampliaciones. «Se harán las que hagan falta para que nadie que necesite una ayuda se quede sin ella». El Consejo de Gobierno aprobó ayer aumentar las partidas del Presupuesto en 200 millones de euros para ampliar varias líneas de actuación. Una, la social, con 15 millones destinados a personas en riesgo de pobreza o vulnerabilidad. Otra vertiente, con 143 millones, se centra en la pequeña y la mediana empresa –para facilitar sus inversiones– y en el sector agroganadero y pesquero, más afectado por el incremento de precios de combustibles. Así como en el comercio, que recibirá 20 millones para recuperar las cifras prepandemia y hacer frente a la imparable subida de precios. El programa recién aprobado tiene también una tercera línea centrada en facilitar la financiación de las empresas. Destaca la ampliación en un año de la moratoria para pagar los ‘créditos covid’, que el Gobierno vasco había avalado a través de Elkargi durante la pandemia. Se trata de una medida que había solicitado la patronal y que se alinea con la anunciada por la Administración central para estos mismos créditos que vehiculizó a través del ICO. Ver nota medidas Gobierno Vasco. 

El Gobierno vasco dio vía libre ayer, en su reunión semanal de los martes, al documento estratégico que detalla los objetivos del departamento de Trabajo y Empleo que dirige la vicelehendakari Idoia Mendia. Se trata de un plan que traza las líneas maestras de esta legislatura y las metas hasta 2024, y que el Ejecutivo cifra en la ambiciosa cantidad de 80.000 nuevos empleos y el impulso a 23.000 compañías. Es lo que espera el Gobierno de la economía vasca en estos cuatro ejercicios (2021-2024) y que supone, a pesar de la pandemia, crear 20.000 puestos de trabajo al año. Según explicó Mendia, la tarea del Ejecutivo es generar el clima y las condiciones para que se ponga en marcha un nuevo «pacto social» que desarrolle un empleo «de calidad, que permita la inclusión sociolaboral, que reduzca la temporalidad y que dé respuestas a los retos de igualdad de género, al empleo juvenil y a los parados de larga duración». Para lograr estos objetivos, el Gobierno pretende gastar un total de 2.071 millones de euros hasta 2024 que permitan reducir la tasa de paro por debajo del 10%. Así, Mendia anunció la puesta en marcha de, al menos, 149 acciones que se tratarán entre diferentes foros. Ver nota Gobierno Vasco. 

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco tramitó ayer la salida del viceconsejero de Fondos Europeos, Jordi Campás. Licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor por la de Toulousse, Campás fue director de Economía y Planificación en el Departamento de Economía y Hacienda desde 2016 hasta 2021, cuando fue aupado a la viceconsejería de Fondos Europeos. Un cargo creado para gestionar los recursos que la Unión Europea puso en marcha para afrontar la recuperación tras la pandemia. El hasta ahora viceconsejero deja el puesto por motivos personales y tras elaborar, en colaboración con el consejero Pedro Azpiazu y su jefatura de gabinete, el documento ‘Euskadi Next Generation EU’, que establece las líneas estratégicas y los proyectos que el Gobierno vasco identificó en Euskadi susceptibles de recibir la financiación europea. La segunda versión, aprobada en mayo de 2021, fijaba una inversión total, entre pública y privada, de 18.000 millones de euros para los que se aspiraba a recoger algo más de 5.000 millones de Europa. Según fuentes del Gobierno vasco, no se nombrará a un sustituto de modo inmediato.

El polígono Casablanca de Laguardia espera desde hace medio año a que la compañía Aeternal Mentis inicie la construcción del centro de inteligencia artificial (IA) que aspiraba a ser referencia en Europa. En septiembre anunciaron que las excavadoras entrarían a trabajar «en las próximas semanas» y aún no se aprecian avances. Y es que el proyecto, que se presentó a bombo y platillo con su salida a Bolsa, está «bloqueado» ya que los promotores exigen una bonificación en la licencia de obra y el Ayuntamiento riojanoalavés no está dispuesto a conceder rebajas para una iniciativa que pretende competir con gigantes como Amazon, Google o Microsoft. Esta empresa con sede en Bilbao había reclamado que se le abaratase la tasa –lo máximo que permite la ordenanza es un 95%–, pero el pleno municipal se opuso y en las posteriores conversaciones tampoco se han observado cambios. Ni retrocesos ni avances. Así, el proyecto se ha quedado en ‘stand by’ para preocupación de unas administraciones supramunicipales que cuando trascendió hace nueve meses lo observaban como un «imán» para otras industrias tecnológicas y la garantía para la creación de «empleos de calidad». Todo eso está ahora en el aire. Fuentes conocedoras de la operación descartan que se trate de un problema económico, ya que supondría algo menos de 400.000 euros sobre una inversión que superaría los 530 millones, sino de un posible ‘desapego’ por parte de las autoridades locales. 

El Gobierno Vasco ha concedido a la planta que se proyecta en Bergara para obtener cal a través de la recuperación de residuos de empresas de reciclaje de papel la Autorización Ambiental Integrada con la que poder seguir adelante con la iniciativa. El proyecto cuenta con el rechazo del Ayuntamiento de la localidad, que ayer mismo anunció, antes incluso de que se hiciera pública la concesión de los permisos medioambientales, que recurrirá esa autorización apelando a que esta instalación no se ajusta a la normativa urbanística local. El equipo que dirige Gorka Artola (EH Bildu) alega que «el uso de infraestructuras para la gestión de residuos no está contemplado en el Plan General, por lo que no está admitido en la parcela H del polígono Larramendi», donde está previsto ubicar la planta. A ello añade que «el uso de la gestión de residuos tampoco es compatible, ya que está reconocido como uso complementario, pero no como principal», y que existe un informe de «incompatibilidad urbanística». 

La Diputación de Bizkaia y el Gobierno vasco anunciaron el pasado mes de febrero la firma de un convenio –aún pendiente de formalizar– para acometer a partes iguales la construcción de la llamada Línea 5 del metro, la que llevará al suburbano hasta Galdakao y el hospital de Usansolo. Una faraónica operación presupuestada en 360 millones de euros que durante años quedó guardada en un cajón por su alto coste. Pero en un sorprendente giro, ambas instituciones cambiaron a comienzos de año de criterio y se comprometieron a llevarla a cabo incluso si no llegan desde Bruselas los deseados fondos Next Generation, que podrían aportar al proyecto hasta 245 millones. La duda que se generó aquel día es de dónde iban a sacar las dos instituciones 180 millones de euros cada una. La incógnita, al menos la correspondiente a la Diputación, fue despejada ayer por el diputado general, Una Rementeria. La institución foral recurrirá a los remanentes de tesorería que dispone tras cerrar el ejercicio de 2021 y que en su gran mayoría son fondos que estaban reservados para luchar contra la crisis generada por el covid y que no han sido utilizados.

Los sindicatos del sector del metal en Álava mantienen las huelgas convocadas el 18, 24 y 26 de mayo después de que en la reunión que han mantenido este martes con la patronal SEA no se hayan producido avances sobre el convenio colectivo. Desde SEA se ha criticado "la falta absoluta de responsabilidad" de los sindicatos con "un total inmovilismo en sus planteamientos maximalistas, que amenaza con el bloqueo de las negociaciones". Tachan la propuesta sindical de "irracional" por recoger un incremento salarial acumulado del 14 %, una cláusula de subrogación empresarial al 100 % "mucho más gravosa que la existente en Bizkaia y todo ello a cambio de trabajar 24 horas menos al año". SEA ha emplazado a las centrales sindicales a "acercar posturas y propiciar un acuerdo razonable que garantice el mantenimiento del empleo en las mejores condiciones posibles, dada la actual coyuntura". Patronal y sindicatos volverán a sentarse en la mesa negociadora el 5 de mayo.

En vísperas de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra el próximo día 28, los sindicatos nacionalistas, por un lado, y CC OO, por otro, comparecieron ayer para realizar una lectura de la situación y dar a conocer los actos que llevarán a cabo en torno a esa jornada. Todos ellos coincidieron en que la elevada siniestralidad es «inasumible» y que la subcontratración abusiva «mata». ELA, LAB, Steilas, Ehne e Hiru denunciaron que los accidentes laborales y las enfermedades profesionales aumentaron el año pasado un 10,2% en el País Vasco y un 16,7% en Navarra. Las centrales constataron en 2021 al menos «68 muertes en el trabajo, 48 en la CAV y 20 en Navarra, frente a las 35 y 13 que arrojan las estadísticas oficiales». Unas cifras que consideran «incomprensibles y más teniendo en cuenta que todo accidente y enfermedad profesional es evitable si se ponen medios técnicos y humanos adecuados». Pero añade que «es aquí donde un año más siguen fallando».

«La morosidad va a crecer, la incertidumbre es muy elevada todavía». El Banco de España lleva semanas advirtiendo del impacto que la crisis energética y la guerra en Ucrania tendrán en la actividad y en la situación financiera de empresas y familias. Y los datos empiezan a mostrar cómo las entidades ya se están planteando un cierre parcial del grifo del crédito ante el pánico a que el complejo escenario derive en un incremento insostenible de los impagos. Según la última Encuesta de Préstamos Bancarios, publicada ayer por el supervisor, los criterios de concesión a las empresas ya se endurecieron en el primer trimestre de 2022. Un fenómeno común en toda la zona euro pero que preocupa especialmente en España. En el documento, explica que esta evolución se debe, sobre todo, a una mayor percepción por parte de las entidades del riesgo que se avecina y por la menor tolerancia al mismo. Es decir, tras una época durísima para el sector marcada por el aumento de las provisiones para hacer frente al impacto de la pandemia, nadie quiere que el máximo control que se ha logrado sobre la morosidad, actualmente situada en el 4,3%, se rompa con la nueva crisis.

Vuelve la normalidad al euribor que apunta que la era de las anomalías financieras va tocando a su fin. El índice que sirve de referencia para gran parte de las hipotecas de tipo variable en España cerró ayer en su tasa diaria a 12 meses en el 0,03%, una diferencia mínima, pero que le permite situarse por primera vez en seis años en terreno positivo. El rally del euribor está siendo espectacular. En menos de cuatro meses, el indicador ha escalado desde el -0,49% en el que comenzó el año. La subida vertiginosa comenzó en marzo, cuando el BCE cambió el tono de su discurso y abrió la puerta a posibles subidas de tipos por primera vez en 11 años en Europa cuando finalice el programa de compras de deuda dentro de unos meses. La escalada de la inflación que redobla la presión sobre el banco central, ha seguido alimentando este notable movimiento. Según la visión del consenso del mercado, en los próximos meses es probable que la subida del euribor siga su curso, aunque con vaivenes y no de forma tan vertical como se ha visto en marzo.

La inflación alcanzó el 8,5% en marzo en Estados Unidos, volviendo a registrar una máximo en las últimas cuarenta décadas, como ya viene siendo habitual desde noviembre de 2021, cuando los precios comenzaron a registrar subidas históricas en el país y cuyos incrementos, lejos de moderarse, siguen disparados. Si a finales del año pasado el foco estaba puesto en los problemas ocasionados por la cadena de suministros y la rápida recuperación económica tras el fin de los confinamientos, ahora son las sanciones a Rusia y las consecuencias de la guerra en Ucrania lo que está presionando al alza el Índice de Precios al Consumo (IPC), con la cotización de la energía en máximos, así como los costes de producción de los alimentos que forman parte de la cesta de la compra. El registro del 8,5% es el mayor incremento en la inflación de EEUU desde diciembre de 1981. Respecto a febrero de este año, supone una subida de seis décimas, frente al 7,9%. Estas cifras cada vez están más lejos del objetivo del 2% que se ha marcado la Reserva Federal, que en su última reunión, celebrada en marzo, decidió subir los tipos de interés en 25 puntos básicos. En ese momento, ya alertó de que si los precios no daban signos de moderación, estaban dispuestos a acelerar más el endurecimiento de la política monetaria, abriendo la puerta a un revisión de los tipos del 0,5% a principios de mayo. Según los datos publicados ayer por el Departamento de Trabajo de EEUU, los precios de la energía se incrementaron en marzo un 11% respecto al mes anterior. 

Empeorar antes de mejorar. Es el sentimiento que campa entre los inversores alemanes, que aún no atisban un punto de inflexión en la guerra en Ucrania y en su impacto sobre la economía europea y mundial. La confianza de los inversores germanos ha vuelto a hundirse en abril por segundo mes consecutivo ante el agravamiento del conflicto y el imparable avance de la inflación, que en marzo se disparó hasta el 7,3%, su tasa más alta en 40 años. Según el índice de expectativas del prestigioso Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW, por sus siglas en alemán), la confianza de los inversores alemanes se ha desplomado en abril hasta una tasa negativa de 41 puntos frente a los –39,3 puntos del mes anterior, su nivel más bajo desde marzo de 2020, cuando la pandemia del Covid provocó la mayor crisis internacional en décadas. Pero lo peor es que la brújula de las expectativas sigue apuntando a un mayor empeoramiento de la situación. "Los expertos son pesimistas sobre la situación económica actual y asumen que seguirá deteriorándose", advirtió ayer Achim Wambach, presidente del ZEW, quien añadió que persiste el riesgo de estanflación "en los próximos seis meses". 

Sin tregua entre un shock y otro, en el que los coletazos de la pandemia se entremezclan con el impacto económico del conflicto en Europa del Este, poniendo en jaque la recuperación global. La Organización Mundial del Comercio (OMC) recortó ayer drásticamente las perspectivas de crecimiento del PIB y del comercio mundiales tanto por la invasión de Ucrania, que “ha ensombrecido” el rumbo de la recuperación, como por la política de tolerancia cero de China con los rebrotes de Covid, que ha llevado a nuevos confinamientos en el país asiático, “perturbando de nuevo el comercio marítimo en un momento en que las presiones de la cadena de suministro parecían estar atenuándose”. La amenaza es relevante porque “esto podría dar lugar a una nueva escasez de insumos manufactureros y a una mayor inflación”. Con este telón de fondo, la OMC ha recortado hasta el 2,8% su previsión de crecimiento del PIB mundial en 2022, 1,3 puntos menos que en su estimación anterior, del 4,1%, y menos de la mitad que en 2021 (un 5,7%). Un tijeretazo que es fruto del cóctel envenenado del impacto directo de la guerra, que ha exacerbado la espiral alcista de los precios; del efecto bumerán de las sanciones económicas impuestas a Rusia por Occidente, y de la caída de la demanda agregada en el resto del mundo por el descenso en picado de la confianza de empresas y consumidores. 

En un comunicado conjunto, la Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE), la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) y la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica del Sector Servicios (Granceess) confiaron en que las medidas aprobadas “reduzcan los precios”, ya que los sobrecostes eléctricos “comprometen su viabilidad y merman su capacidad de seguir invirtiendo en descarbonización y eficiencia energética”. Así, han advertido de que son necesarias medidas “contundentes y eficaces” para reformar, temporal y excepcionalmente, el mercado marginalista eléctrico, desacoplando el precio de los combustibles fósiles de la fijación del precio. A este respecto, consideran que la propuesta del Gobierno a la Unión Europea para poner un tope al precio del gas en la producción de electricidad permitirá reducir notablemente el actual precio de la electricidad, a valores del entorno de los 100 euros/MWh. Las principales asociaciones quieren que profundice en las aprobadas y que se apliquen ya. 

Iberdrola ha comenzado los preparativos para protagonizar en los próximos meses la que puede ser una de las mayores operaciones corporativas de Europa en el ámbito de las energías renovables. El grupo español ha contratado asesores para iniciar un proceso de búsqueda de socios financieros para sus activos eólicos off shore en Alemania. Según coinciden varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN, Iberdrola trabaja con Banco Santander para sondear entre determinados inversores, como grandes fondos de infraestructuras, soberanos y de pensiones, la venta de una participación minoritaria en el parque eólico marino de Wikinger, situado en aguas alemanas del mar Báltico, así como en otros proyectos de la región. La idea de Iberdrola consiste en incorporar uno o varios socios financieros, sin interés en la gestión, que busquen activos capaces de generar una rentabilidad atractiva y estable durante un largo periodo de tiempo para después invertir el dinero conseguido en el desarrollo de nuevos proyectos, una estrategia habitual en el sector.

Vladímir Putin declaró ayer su convicción de que se lograrán los «nobles» objetivos de «ayudar» a los separatistas de Donbás por medio de la ‘operación militar especial’, eufemismo con el que en Moscú se refieren a la guerra, cuya mención les está prohibido a los medios de comunicación rusos. Putin hizo estas declaraciones en el cosmódromo ‘Vostochni’, en la región del Amur, en el Extremo Oriente ruso, en compañía de su homólogo bielorruso, Alexánder Lukashenko, con motivo del Día de la Cosmonáutica. Durante la visita, en una clara escenificación preparada de antemano, un trabajador le preguntó si «¿se cumplirán las metas y objetivos de la operación?» en Ucrania con la toma total del Donbás, a lo que el jefe del Kremlin respondió: «Así será. No hay duda. Los objetivos son absolutamente comprensibles y nobles». Recordó que en su discurso anunciando el inicio de la invasión, subrayó que su finalidad consiste en «ayudar a la gente en el Donbás». 

Una intensa operación policial buscaba anoche –hora española– a un sospechoso del tiroteo registrado en un vagón de metro en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Huyó armado y vestido con un chaleco similar a los utilizados por los trabajadores de la construcción y una máscara antigás. Previamente arrojó un bote de humo en el tren para distraer a la multitud antes de abrir fuego a bocajarro contra los pasajeros de la estación de la calle 36. Al menos 29 personas resultaron heridas, una decena de ellas de bala, y cinco ingresaron en estado crítico. Un desgarrador vídeo de un testigo –luego difundido por ‘The New York Times’– capturó el momento de caos en el que una avalancha de pasajeros aterrorizados abandonaba precipitadamente un vagón lleno de humo, seguidos de otros sangrando. Aunque existía una preocupación inicial sobre la posibilidad de que existieran artefactos explosivos, la Policía descartó con rapidez este riesgo, como confirmó su portavoz, Keechant Sewell, que no supo especificar qué arma utilizó el agresor en el ataque ni cuántos disparos se realizaron.

El confinamiento que sufren 25 millones de personas en Shanghái como consecuencia del rebrote del coronavirus desde hace ya más de tres semanas ha desbordado la capacidad de aguante de miles de ciudadanos. Desde el fin de semana, varios barrios de la ciudad han registrado disturbios y distintos incidentes, así como el saqueo de establecimientos y de puntos de suministro de alimentos ante la deficiente cadena de distribución de comida entre los aislados. En una imagen muy poco habitual en una urbe china, algunos vídeos mostraban ayer a masas de vecinos doblegando las vallas de contención, así como estanterías de supermercados completamente arrasadas. En muchas comunidades se practica una ‘economía de trueque’ al haberse terminado los productos de primera necesidad y aumenta una sensación de caos que las autoridades prometieron combatir con una distribución más rápida y eficiente de las raciones de alimentos. Asimismo, el descontento ciudadano se ve alimentado por la drástica política de las autoridades chinas, que han separado a numerosos hijos de sus padres para evitar la trasmisión del virus en familias donde se ha descubierto una infección.

A partir del curso que viene, todos los alumnos de primero de Primaria y de primero de la ESO realizarán un test para saber si pueden tener altas capacidades. Será un primer acercamiento que realizará el Departamento de Educación para su detección porque ante un posible caso, su confirmación se debe hacer a través de otras pruebas. La detección de altas capacidades en un estudiante depende del profesor que le toque. «Muchas veces está sensibilizado porque le ha tocado de cerca», dice Mertxe Cruz, presidenta de la asociación de altas capacidades en Gipuzkoa (Alcagi). En el imaginario colectivo educativo se ayuda al alumnado que no llega a asumir los retos académico. El reto también está en cómo abordar a los menores que superan las expectativas, alumnos con altas capacidades o con un alto rendimiento académico. Y, en este supuesto, dependen más todavía de sus profesores y su formación sobre el tema. Aquí es donde surge el primer problema. El 82,4% de los profesores reconoce que necesita formación en la detección e identificación de los casos, un porcentaje que sube al 86% en el caso de intervención. El contraste se manifiesta con la importancia que se le da a estos estudios: menos del 41% de los centros vascos lo consideran prioritario, y en el caso de Gipuzkoa baja al 34%.