20250511

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

La diputada de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Itziar Agirre, afirma que la reforma aprobada incorpora las conclusiones del informe de la ponencia que se desarrolló en las Juntas Generales. "La reforma es sobre todo para las personas, pero sí hemos incorporado un bloque de apoyo al tejido productivo. En lo que se refiere a las más vulnerables, las micropymes y los autónomos, les hemos consolidado los forfaits de los últimos ejercicios, y hemos hecho una pequeña pero importante mejora en la limitación de las bases imponibles negativas de las micropymes para eliminar este límite. En cuanto a las empresas en general, incrementamos de manera muy importante la deducción por inversiones en la transición energética o que tengan un impacto medioambiental positivo y contemplamos deducciones para las que realicen aportaciones para los trabajadores a las EPSV. Fruto del acuerdo con Elkarrekin Podemos, subimos el tipo mínimo efectivo del 17% al 19% sólo para el caso de que se pierda empleo o no se invierta, y se contemplan los beneficios extraordinarios siempre que lo sean, y no como resultado del esfuerzo de la empresa. Con esas medidas venimos a decir que son medidas para las empresas que igual no tienen un compromiso con el territorio. Creo que no van a afectar a muchas porque el tejido económico guipuzcoano invierte y está en continua renovación.- ¿Responde así a las críticas de la Cámara y de Adegi? - Sí, porque cuando hemos oído las críticas lo que hemos querido transmitir es tranquilidad, estas medidas se han aprobado, pero ellos son conscientes de que son empresas que invierten en el territorio, que aquellas que no generan empleo es porque están en una determinada situación económica y por lo tanto no tiene beneficios y no pagan. Una empresa que está funcionando bien y que tiene beneficios, en Gipuzkoa por lo menos son negocios que invierten, que mantienen y generan empleo, que tienen compromiso con el territorio. La empresa guipuzcoana no debería sentirse llamada a estas medidas...". 

Entrevista con Adolfo Plaza, Presidente de Laboral Kutxa. "Estamos muy satisfechos. En 2024 batimos nuestro récord histórico con ganancias de 275 millones y en el primer trimestre seguimos aumentando el beneficio en el entorno de un 5%. Hay incertidumbre, pero todavía no lo hemos notado. La financiación de la inversión está creciendo. Los préstamos a la empresa están por encima del 40% sobre el año pasado. Y, curiosamente, en pymes, ahí casi hemos duplicado el crédito. Y en los préstamos hipotecarios hemos crecido por encima del 40%...Hubo un momento en que el 100% de nuestra exposición estaba en las empresas, por las cooperativas. Hoy las cooperativas representan el 3% del crédito. En cuanto a nuestro balance, un tercio son hipotecas, otro está invertido en deuda pública y tesorería, y el otro tercio en el inmovilizado. La parte que está en deuda pública puede irse sustituyendo por inversión crediticia. Y en empresas creemos que nuestra posición es mejorable. Desde 2020 nos hemos planteado un crecimiento ahí que está siendo sostenido para crecer siete puntos por encima del mercado y nos está saliendo bien. Hemos apostado por la especialización y está dando frutos, como en la evolución del préstamo a pymes...– ¿Le parece competitiva la reforma fiscal vasca para las empresas? – Creo que el hecho de que sea armonizada en los tres territorios es una buena noticia. Más atendiendo a los equilibrios de fuerzas políticas, que complican un cambio relevante. Se me hace difícil decir si es un acierto o no, cuando vea los resultados, lo podré analizar. Lo que está claro es que la fiscalidad debe responder a los servicios sociales que queremos tener...

El Ente vasco de la Energía (EVE) ha abierto este fin de semana el plazo de presentación de solicitudes de ayudas a la generación eléctrica para autoconsumo y la electrificación de los consumos térmicos mediante energías renovables, dotadas con 80 millones de euros. Pueden solicitar estas subvenciones: personas físicas; personas jurídicas privadas; consorcios, asociaciones o agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin personalidad jurídica; entidades locales: municipios, mancomunidades, cuadrillas y concejos; Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi; y autoridades portuarias dependientes de la Administración general del Estado, siempre que estén ubicadas en Euskadi. Según recogen las bases de la convocatoria, el Programa de ayudas tiene el objetivo prioritario de promover acciones que buscan el despliegue de las energías renovables eléctricas, por medio de instalaciones de generación eléctrica para autoconsumo (fotovoltaico y eólico), así como instalaciones térmicas de energías renovables basadas en bombas de calor para climatización y/o ACS (aerotermia, geotermia con sondeos verticales, e hidrotermia), todo ello en el territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

La escasez de profesionales de la medicina y, en menor medida, de la enfermería no es algo que afecta solo a Osakidetza y a los servicios públicos de salud. Es un problema generalizado a nivel nacional. Esto hace que haya ámbitos en los que las dificultades para contratar a estos sanitarios sea aún mayor que las que se encuentran los hospitales o los ambulatorios. Es el caso de las residencias de mayores. En algunos centros tienen verdaderos contratiempos para contar con unos perfiles profesionales que, por ley, deben figurar en su plantilla. Es por ello que desde las patronales del sector de las residencias se plantea que sea personal médico y de enfermería de la propia Osakidetza el que acuda a las residencias que no hayan logrado contratar a estos sanitarios para atender a los internos y garantizar así su asistencia sanitaria. Es algo que han trasladado los representantes de Gesca, Elbe y Lares, las tres principales organizaciones empresariales del sector, a los representantes del Gobierno vasco y de la Diputación en diferentes reuniones que han mantenido con estas administraciones en los últimos tiempos. «Llevamos desde 2021 advirtiendo de este problema porque garantizar que se presta una adecuada atención sanitaria a las personas dependientes es lo que más nos preocupa», sostiene Aitor Pérez Artetxe, portavoz de Gesca. El representante de la organización mayoritaria dentro de la patronal de residencias en Bizkaia defiende que no se puede exigir a los centros «que encontremos profesionales sanitarios donde no los hay» y recuerda que hasta la propia Osakidetza tiene dificultades para disponer de todos los que necesita. «Si a ellos les cuesta poder contratar personal, porque existe una carencia de estos profesionales, para nosotros es aún más difícil», asevera.

Los médicos, sobre todo los de familia, están muy cotizados en España: el Ministerio de Sanidad calcula que hay un déficit de más de 4.500 en esta especialidad. A esto se suma un aumento de la asistencia sanitaria desde la pandemia —las consultas en atención primaria han crecido un 9%— que tiene a los centros de salud más saturados que nunca. Algunas comunidades autónomas empezaron a mover ficha hace un par de años, tratando de incentivar que los residentes se quedaran, mejorando condiciones y salarios. El último movimiento lo ha hecho Cantabria, subiendo el sueldo de los especialistas que terminan el MIR hasta los 61.000 euros brutos al año, lo que el consejero vasco de salud tachó la semana pasada de “una opa hostil” para quedarse con sus facultativos. Ante la falta de médicos, las autonomías (especialmente las del PP) llevan años quejándose al Gobierno central por la escasez. Desde 2017 el número de plazas de Médicos Internos Residentes (MIR) no para de crecer, pero pasan cuatro años hasta que se incorporan al sistema. La ministra de Sanidad, Mónica García, suele contestarles que ellas son las que contratan y las que tienen que ofrecerles las condiciones para que se queden. Como dijo el expresidente estadounidense Joe Biden a los empresarios que se quejaban de la falta de mano de obra: “Pagadles más”. Pero no es solo el sueldo. Al terminar la residencia, era frecuente que los médicos encadenasen contratos de sustitución precarios: de días, semanas o, como mucho, meses. 

Yolanda Díaz negocia con Junts con el respaldo de Sánchez, pero el empresariado mueve los hilos para intentar tumbar la reforma en el Congreso de los Diputados. Como sucedió con la reforma laboral de 2022, la negociación final de la reducción de jornada llega con un escepticismo total. Como entonces, pese a la convicción absoluta de Díaz, que siempre confió en lograr un acuerdo y vuelve a tener hoy la misma posición, muy pocos en el mundo del poder político y empresarial creen que vaya a salir. Aunque hay dos diferencias muy importantes con 2022: la primera, en la reforma laboral, en el último momento y cuando parecía imposible, la patronal decidió entrar al acuerdo y pactó la reforma con los sindicatos y con Yolanda Díaz, ya entonces vicepresidenta y ministra de Trabajo. Esta vez la patronal está fuera y maniobrando de forma intensa, según diversas fuentes políticas, empresariales y sindicales consultadas, para que la reducción de jornada descarrile. Y la segunda: que el Congreso de 2022 ya era difícil, pero el de 2025 es peor.

«Junts no va de farol», advierten en el ala socialista del Gobierno. El pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que acordó reducir a 37,5 horas la jornada laboral, Yolanda Díaz se mostró convencida de que mover a la formación de Carles Puigdemont de su rechazo a la medida, su gran apuesta política, no costaría demasiado. «Hemos vivido negociaciones mucho más complicadas que esta», se jactó incluso. Sus socios en el Ejecutivo, sin embargo, sostienen que se equivoca y ponen muy en duda que el proyecto de ley llegue a superar siquiera el primer filtro del Congreso. Los posconvergentes ya han anunciado una enmienda a la totalidad contra iniciativa. No proponen un texto alternativo sino su devolución al Ejecutivo y, en su caso, una negociación que parta de cero. La afirmación de Díaz de que su causa tiene el apoyo de «la calle» y ningún partido se atreverá a oponerse a ella de forma directa pincha, en este caso, en hueso porque los neoconvergentes se dirigen a una parroquia muy particular. El tejido empresarial catalán, del que se nutren, está formado en más de un 99% por pymes que rechazan con uñas y dientes la propuesta. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pretendió en su momento, durante los meses de diciembre y enero, que, antes incluso de que el texto fuera aprobado como anteproyecto de ley, se introdujeran modificaciones para hacerlo «más equilibrado» teniendo en cuenta lo difícil que podría resultar para las pequeñas y medianas empresas «digerir» el cambio. La vicepresidenta segunda, que ahora asegura estar dispuesta a discutirlo casi todo con Junts, acusó al PSOE de obstaculizar una iniciativa que en realidad nunca habría querido y llegó a afirmar que la posición del ministro era «casi de mala persona».

Entrevista con Unai Sordo, secretario general de CCOO. "Puigdemont ha hablado de todo menos de la cuestión de fondo, que es lo que va a hacer Junts con la reducción de jornada. Y de su actitud cuando habla con desprecio de ‘lobbies’ sindicales. Hay veces que hay que poner pie en pared. Aunque también le digo que ni es el papel que me gusta ni el tono que necesita el país...El Gobierno necesita concitar apoyos parlamentarios. Pero nosotros no somos el Gobierno. Y para nosotros es muy importante la reducción de jornada, sí, pero también la dignidad de los trabajadores y de los sindicatos. Hay momentos en los que hay que elevar el tono, enseñar el colmillo y tener, si me apura, hasta dignidad de barrio, porque no se puede hablar con esa chulería, con esa prepotencia, con esa ‘sobradez’. Por encima de la dignidad no se pasa...Hay dos cuestiones trascendentales. Una, que se mantenga la reducción por ley del tiempo de trabajo; es decir, que no se haga un birlibirloque para que solo la negociación colectiva la aborde, que es parte de lo que pretenden las patronales. Y la segunda, que no se desnaturalice con unos sistemas de control horario efectivos, porque nos estamos encontrando con millones de horas extras que se hacen, no se pagan y no se cotizan. El mensaje al Gobierno es clarísimo: ojo con desnaturalizar el acuerdo, con hacerlo irreconocible. Porque si eso es así, Comisiones se desentiende. Pero estoy convencido de que el Gobierno no se lo puede permitir. – Junts sostiene que hay que empezar a negociar desde cero.– No puede ser desde cero porque llevamos once meses con una negociación en la que ha estado también la CEOE..."

Entrevista con Roxana Mînzatu, vicepresidenta de empleo en la Comisión Europea. se distancia del proyecto de ley del Gobierno que reduce jornada sin consenso y resalta que hay que lograr que suba la productividad y que sea «sostenible para las empresas». Es socialista. "Las empresas nos dicen que no encuentran a las personas adecuadas. Y si las encuentran, no tienen suficientes aptitudes. La solución en parte es invertir en formación, talento y educación. Otra parte del problema es que en algunos sectores es posible encontrar talento pero los salarios no son lo suficientemente buenos o las condiciones de trabajo son difíciles y complejas. Así que mi cartera aborda estas dos vías: mejores condiciones de trabajo, mejor uso del capital humano, pero también invertir en la formación para poder apoyar mejor la competitividad europea que beneficie a la empresa y al trabajador...Hay que invertir en los periodos de prácticas y el aprendizaje, en esta experiencia inicial que tienen para que se les contrate y permanezcan en las industrias en las que reciben esta formación. Pero la situación no es la misma en la construcción, la sanidad, y muchos sectores donde se puede encontrar buenos empleos, pero no hay suficiente gente con cualificación necesaria...-¿Cree que es una buena idea reducir la jornada laboral en España?- Es competencia nacional. Desde la Comisión Europea queremos que los Estados miembros aborden en primer lugar las cuestiones de productividad y los problemas de conciliación de la vida laboral y familiar a través de las herramientas que vean útiles y el diálogo social también es importante. Ambas dimensiones son clave a la hora de tomar decisiones ambiciosas para responder a los cambios que se están produciendo en el mercado laboral. Hay que estudiar cómo aumentar la productividad y que sea sostenible para las empresas. Por eso es más fácil y es importante adoptar estas medidas con un buen diálogo social y acuerdo entre empresarios, sindicatos y Gobierno...En la patronal me dicen que pueden estar de acuerdo en el objetivo de reducir el tiempo de trabajo y que hay conexión con la productividad, pero quieren que se les implique y que puedan participar más en la consecución de este objetivo. En Bruselas tenemos el mismo paradigma en muchos temas. Los interlocutores sociales realmente están de acuerdo en la meta, pero no en cómo llegar allí o, al menos, quieren dialogar más sobre cómo hacerlo. ¿Es mejor con este proyecto de ley? ¿Hay que hacerlo más gradualmente? Es importante hacerlo con diálogo social, que significa negociación. Como comisaria del ramo, me voy a interesar por las medidas que toma España para reducir la jornada..."

Sobre el papel, el sector energético en España es un avispero que bulle de actividad. Más de 500 empresas registradas entre comercializadoras, generadoras y distribuidoras compiten en una actividad tan compleja como rentable. En la realidad, el negocio de la energía está dominado —y controlado— por un puñado de grandes compañías con intereses en el negocio eléctrico, petrolero y gasista, dueñas de las centrales nucleares (20% de la electricidad) y que han sabido adaptarse a la apuesta por las renovables. El sector energético es la encrucijada en la que convergen los intereses de la banca, los grandes fondos de inversión privados y estatales, y la gran industria. El paso del sector lo marcan gigantes de la inversión como BlackRock (Iberdrola, Repsol, Naturgy) o IFM (Naturgy); empresas estatales como la italiana Enel (Endesa), la argelina Sonatrach (Naturgy), Qatar Investment (Iberdrola) o la china CTG (EDP) y fondos soberanos como el noruego Norges (Repsol, Iberdrola) o Mubadala Investment de Dubai (Moeve). En el índice bursátil Ibex 35 solo la banca (31%) gana en peso a las compañías energéticas (21%). Un traspié como el del apagón del 28 de abril es un ataque en el corazón del sistema. Un infarto. Una sola empresa, Iberdrola, copa un 13% de la tarta del mercado de acciones. Solo Inditex está por encima. Un sabotaje o un error con tintes de escándalo en el sistema eléctrico provoca un terremoto con réplicas en la economía y en la política.

El mayor apagón de la historia de España es una potente llamada de atención en varios flancos: la generación firme quizá era más importante de lo que se creía; la red debe mejorar; la interconexión con el resto de Europa es insuficiente; y la capacidad de almacenamiento sigue a años luz de lo necesario. En este último punto, particularmente acuciante, el sector espera desde hace meses el plan de ayudas para baterías. Hasta ahora, las voces que urgían a conectar más almacenamiento se centraban, sobre todo, en el aspecto económico: guardar electricidad renovable en las horas diurnas y los fines de semana para inyectarla a la red en los picos de demanda, cuando los precios son más altos. Bajaría, así, el precio que pagan los consumidores, y las empresas de generación verde mejorarían sustancialmente sus ingresos. A ese argumento económico se une ahora uno de seguridad de suministro. La implementación masiva de baterías convertiría en firmes unas tecnologías —eólica y solar fotovoltaica— que hoy no lo son, al depender de un recurso intermitente. “Aumentar el número de baterías mejoraría la gestión de la red: al ser activos extremadamente reactivos, pueden controlarse de manera que se limite la probabilidad de que ocurran eventos” como el apagón, sostiene por correo electrónico el consultor belga Julien Jomaux. Un estudio publicado esta semana por la patronal solar del Viejo Continente, SolarPower Europe, deja a las claras el retraso de España en baterías: representa apenas el 4% de las instalaciones del continente, pese a contar ya con el mayor parque de fotovoltaica de los Veintisiete. Ese rezago debería acortarse: en 2029, según estas previsiones, España ya tendrá el 7% de las baterías europeas a gran escala. 

El precio del petróleo también ha sucumbido a la segunda legislatura del presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump. En la víspera de su victoria electoral el pasado 5 de noviembre, se movía en los 75,08 dólares por barril tipo brent, y esta semana ha llegado a bajar de los 60 dólares (el viernes cotizaba en 63 dólares) tras el reciente anuncio de los países productores de aumentar el bombeo en junio. En lo que va de año, el descenso del crudo ronda el 15%. La explicación a este retroceso se encuentra en las incertidumbres que ha planteado Trump sobre el conjunto de la economía mundial con su política arancelaria. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) recortaba en medio punto su previsión de crecimiento en el mundo para situarlo en el 2,8%. Y unas economías que crecen menos necesitan menos combustible. Además, el mismo día en que el presidente Trump anunció los aranceles contra la mayoría de los países, el 2 de abril, los grandes productores (OPEP+) comunicaron un aumento de la producción en mayo mayor del previsto. Eso provocó una caída del 15% en los precios del petróleo en tan solo tres días. Y el nuevo anuncio del pasado fin de semana volvió a presionar su cotización. Más oferta y menos demanda prevista auguran nuevos descensos, según los expertos. No obstante, el panorama geopolítico también puede jugar una baza inesperada y romper con este consenso bajista sobre el llamado oro negro.

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell entra en su recta final con más incertidumbre si cabe que al inicio del proceso, hace ahora justo un año. El visto bueno de Competencia el pasado 50 de abril provocó que el mercado valorase una mayor probabilidad de éxito de la operación, algo que se vio reflejado los días posteriores en la cotización de las dos entidades, con subidas más notables en Bolsa para BBVA, que se revalorizó casi un 6% en las tres sesiones posteriores a la decisión. Esa evolución hizo que la prima que el banco vasco ofrece por la vallesana se acercase de nuevo al equilibrio. Aún estaba en negativo, pero en el entorno del -4%, frente al -7% que marcaba antes de la decisión de la CNMC. «Ahora hay una mayor probabilidad de que BBVA adquiera Banco Sabadell, puesto que la autorización de Competencia allana el camino para la opa que se lanzará al término del segundo trimestre de 4047 o principios del tercero, una vez el Gobierno español comunique su posición, que puede incluir condiciones», apuntaba esta semana la agencia de rating Fitch. Esa prima, sin embargo, ha vuelto a ejercer mayor presión para el comprador en los últimos días de la semana, tras la insólita consulta pública lanzada por el Gobierno para decidir si finalmente eleva el dictamen de Competencia al Consejo de Ministros, con la posibilidad de introducir nuevas condiciones. El proceso ha añadido incertidumbre en torno a la evolución de la opa y, sobre todo, al momento en el que se iniciará el periodo de aceptación. Pero el sentimiento generalizado es que la opa saldrá adelante, aunque con el riesgo de un veto a la fusión.

Un acto de grave sabotaje». Las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el robo de cable de cobre en cuatro puntos distintos de la provincia de Toledo todavía arrancan una sonrisa entre alguno de los agentes de Policía Judicial de esa provincia. Esta unidad de la Guardia Civil es la que lidera la investigación de esa «acción coordinada» que llevó al caos ferroviario durante el domingo y el lunes a media España. «¿Qué diferencia hay entre lo nuestro de Toledo y, por ejemplo, la operación de los compañeros de Valencia en febrero?». «Ninguna», se responde a sí mismo uno de los mandos. El operativo policial al que se refiere este jefe uniformado es un claro ejemplo de este fenómeno. Y en aquella ocasión el Ministerio del Interior no dudó ni un instante en apuntar a que los siete detenidos, acusados de robar más de 46.000 kilos de cableado ferroviario con diferentes asaltos, a veces sincronizados, eran parte de una mafia dedicada a la sustracción de cobre para su venta clandestina. Interior, que nunca ha calificado estos robos de sabotaje, en aquella «operación paradigmática» de Valencia informó oficialmente de dos detalles importantes, que habitualmente no incluía en sus notas. El primero, que aunque la patronal del sector insista en los grandes controles para evitar que las chatarrerías españolas ayuden a blanquear el origen ilegal del cobre, en este caso, como en otros, sí que había una empresa nacional involucrada que «adquiría el material sustraído sin dejar constancia administrativa de las compras ni registros oficiales y que, además, abonaba el pago del cobre ilícito en dinero efectivo». Y no solo eso, sino «que el propietario y algunos trabajadores de la empresa camuflaban el cobre sustraído entre el material tratado legalmente y con su trazabilidad correcta».

Soplan buenos vientos para el empleo público. En los próximos 10 años se jubilan el 60% de los funcionarios. Además, el sector califica de “histórica” la próxima convocatoria, que prevé superar las 100.000 plazas del pasado año. Este escenario dispara el número de opositores en busca de seguridad, estabilidad y buen horario. Si a esta ecuación se suma la incertidumbre política, que ralentiza la inversión; la excesiva burocracia y la presión fiscal, se obtiene una caída de la intención emprendedora que la III encuesta anual de emprendimiento en España, que impulsa e-Residency, cifra en un 17%. De igual modo, la presidenta del Observatorio del Emprendimiento de España, Ana Fernández Laviada, habla de “estancamiento en la intención de emprender, con un índice del 11,2% en la población española”. Una casuística que impacta en las academias que preparan oposiciones con un aumento significativo de alumnos. OpositaTest lo cifra en un 80% y tanto Adams como Centro de Estudios Financieros hablan del 20%. Coinciden en que la próxima oferta de empleo público (OEP), que publicará el BOE en junio, tanto para los cuerpos de la Administración General del Estado (63.000 plazas) como para el autonómico (25.000) y local (5.200), verá incrementadas estas cifras de la anterior convocatoria. Y narran importantes novedades: crece el número de universitarios candidatos a funcionarios; sube la franja de edad (pasa de los 24-30 años a los 30-40 años) y dan cuenta de una auténtica migración de trabajadores del sector privado al público. Según un estudio de OpositaTest, el 68% los trabajadores abandonaría un empleo estable en el sector privado por una plaza pública. 

"El espectáculo de idas y venidas que ofrece la Administración de Trump, cuya última peripecia se plasma en el “acuerdo” comercial con el Reino Unido (otro retroceso, con zonas grises, que contrasta con los anuncios atronadores del “día de la liberación”), no debería ocultar la tarea que nos queda por delante para adaptarnos a un mundo en plena transformación. Los flujos comerciales ofrecen una imagen esclarecedora a este respecto: contrariamente a una opinión extendida, los intercambios con los bloques no comunitarios han mantenido una senda ascendente, mientras que el tan cacareado mercado único europeo ha seguido perdiendo vigor, evidenciando la persistencia de las carencias diagnosticadas por el Informe Draghi. Comparando el promedio de enero y febrero con el mismo periodo dos años atrás, se desprende que las exportaciones españolas de bienes hacia países no europeos se incrementaron un 2,2%, mientras que los envíos a los socios comunitarios descendieron un 7,2%. La tendencia es similar en toda Europa: el comercio intraeuropeo ha descendido un 4,5%, mientras que las exportaciones fuera de la UE se han expandido un 6,3% (siempre con datos hasta febrero), poniendo de manifiesto la inquietante contracción del mercado único, lastrado por todo tipo de trabas o cuasi aranceles. El crecimiento de los mercados extracomunitarios precede el regreso al poder de Trump, pero se ha acelerado desde entonces, ya que los exportadores han intentado adelantar sus envíos transatlánticos ante la inminencia de la escalada arancelaria (el fenómeno del frontloading). La situación ha cambiado radicalmente desde el comienzo de la ofensiva comercial. Uno, por el efecto escalón que necesariamente se está produciendo tras haber adelantado los envíos a EE UU en el primer tramo del año. Dos, porque los aranceles merman la competitividad de los exportadores europeos en un mercado como el norteamericano, que se enfrenta además a un riesgo de recesión. Y finalmente, por la mayor competencia de China, cuya economía se sostiene por las exportaciones..."

Un golpe encima de la mesa antes de tender la mano. La coacción antes de sentarse a negociar. La estrategia del presidente estadounidenses, Donald Trump, para lograr mejores acuerdos con sus socios comerciales mediante la imposición de aranceles continúa su rumbo y empieza a dar sus frutos. Esta misma semana, Washington ha firmado un acuerdo con el Reino Unido y quiere continuar esa buena racha citándose con el viceprimer ministro y principal funcionario económico chino, He Lifeng, para tratar de desescalar la guerra comercial entre Estados Unidos (EE UU) y China, previsiblemente con bastantes réditos a su favor. Ginebra (Suiza) –un territorio neutro– ha sido el lugar elegido para este primer contacto entre las dos potencias desde que se inició la guerra comercial. El secretario de Estado del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, llegaron ayer a la reunión para sentar las bases de una posible negociación y poner fin a la notable tensión entre Washington y Pekín, surgida a raíz de que Trump impusiera una batería de aranceles al gigante asiático en abril. La cita de alto nivel en Suiza arrancó sobre las cinco de la tarde, informó la agencia oficial de noticias china, Xinhua, y acabó sin acuerdo. Pero la delegación china observó «avances importantes» en el diálogo con EE UU. «El contacto establecido en Suiza es un paso importante para promover la resolución del problema», indicó un comentario publicado por la misma agencia.

La guerra entre Estados Unidos y el gigante asiático no es solo comercial, también es tecnológica. Pekín planta cara y marca hitos sorprendentes: desde un automóvil eléctrico que se carga en cinco minutos, hasta la llegada a la cara oculta de la luna. Occidente cometió un error de cálculo. Creyó que sería capaz de mantener la distancia que separaba a su tecnología y capacidad de innovación de las de China. Porque hace ya tiempo que el país dejó de ser la fábrica del ‘todo a cien’ para tutear a los líderes de cualquier sector. Es una realidad que Donald Trump trata de combatir con aranceles, armas propias de un régimen comunista. Pero es demasiado tarde. El último ejemplo que lo demuestra es un coche eléctrico capaz de cargarse al 100% en cinco minutos. Se trata del sistema de carga Super e-Platform desarrollado por BYD, la marca que más vehículos eléctricos vende en el mundo, aunque ninguno en Estados Unidos. Alcanza una potencia de 1.000 kilovatios que duplica la de los supercargadores de Tesla y hace realidad un objetivo que el presidente de la empresa china, Wang Chuanfu, se impuso hace años: «Lograr que un automóvil eléctrico con autonomía de 400 kilómetros se cargue en el mismo tiempo que se tarda en llenar un depósito de gasolina». BYD es una buena muestra del despegue chino: comenzó fabricando baterías y ahora planea abrir una fábrica de coches en Alemania, justo cuando Mercedes Benz anuncia el cierre de varias de las que opera. Este hito empresarial y tecnológico no es fruto de la casualidad. Cada cinco años, el Partido Comunista chino delinea el camino que la segunda potencia mundial recorrerá el siguiente lustro.

Muchos economistas creen que los aranceles no son la solución al desequilibrio exterior: el problema está en que la economía americana gasta más de lo que produce. La Administración de Trump tiene motivos legítimos para preocuparse por el déficit exterior. Estados Unidos lleva décadas acumulando balanzas comerciales negativas. Es un artefacto de relojería que podría acabar explotando si no se actúa. Sin embargo, las soluciones que plantea, basadas en aranceles, son, según el consenso de los economistas, erróneas y pueden agravar el problema. Un estudio que acaba de publicar Maurice Obstfeld, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y miembro del Peterson Institute, describe Los mitos y realidades del déficit comercial estadounidense. Este documento cuestiona los motivos tradicionales a los que se achaca tal desequilibrio, fundamentalmente la competencia desleal de otros países y la entrada en EE UU de una enorme masa de ahorro foráneo. Y argumenta que las razones de este agujero más bien residen en la economía americana: EE UU toma prestadas grandes cantidades del mundo para financiar un déficit presupuestario de sus administraciones públicas que inevitablemente lleva a un desfase con el exterior. “Ambos déficits, el presupuestario y el comercial, simplemente reflejan que los estadounidenses gastan más de lo que ingresan”, afirma Manuel Balmaseda, director del Instituto Español de Banca y Finanzas en Cunef.

En uno de los movimientos diplomáticos más importantes de los últimos meses, los líderes de cuatro de los países europeos más poderosos viajaron ayer a Kiev en una muestra conjunta de apoyo a Ucrania en un instante decisivo: todos ellos aumentaron los llamamientos a Rusia para que acepte un alto el fuego de un mes en la guerra, propuesto por Donald Trump, y que Volodimir Zelenski ya ha aceptado. Antes de eso, Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Donald Tusk pasaron por la plaza Maidán para rendir homenaje a los combatientes caídos en los campos de batalla, representados cada uno por una bandera. Fue la primera visita conjunta de los líderes de los cuatro países a Ucrania y la primera de Friedrich Merz como nuevo canciller de Alemania. «Reiteramos nuestro respaldo a los llamamientos del presidente Trump para un acuerdo de paz y hacemos otro llamamiento a Rusia para que deje de obstruir los esfuerzos para garantizar una paz duradera», afirmaron en una declaración conjunta. El canciller alemán advirtió después, en rueda de prensa, que habrá un «drástico aumento de las sanciones» contra Rusia en el caso de que su presidente, Vladimir Putin, no acepte la tregua de 30 días para entrar en negociaciones de paz. En una conversación telefónica con el presidente de EEUU, Donald Trump, el líder ucraniano, Zelenski, y los aliados europeos escenificaron una unidad que no se había visto hasta ahora y que habrá escocido en Moscú.